COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
GÉNERO Y VIOLENCIA Análisis del fenómeno de la violencia de género tras 10 años de aplicación de la ley: En el umbral de un gran cambio de modelo de sociedad
SUSANA GISBERT GRIFO
Fiscal Sección de Violencia sobre la Mujer de Valencia Portavoz de la Fiscalía de Valencia
ELENA MARTÍNEZ GARCÍA
Profesora Titular (Catedrática de Derecho Procesal Acreditada) Directora del Centro de Estudios Multidisciplinares en Violencia de Género Universitat de València Codirectora del Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género
Valencia, 2015
Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de las autoras y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Este libro ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad I+D DER 33045/2012 “La protección de las víctimas en la Unión Europea: la Orden Europea de Protección
© Susana Gisbert Grifo y Elena Martínez García
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9086-796-9 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
“El poder resultante de un abuso de poder, nunca es para siempre” (Victoria Sau) Por un nuevo pacto social que, ahora sí, integre a las mujeres
PRÓLOGO Pienso que no hay manera más completa y gratificante de conmemorar el recorrido de diez años de la Ley de Violencia sobre la Mujer que el hecho de que dos mujeres juristas, aúnen sus conocimientos desde la práctica del día a día y del estudio de la Ley Integral para presentarnos un “Análisis del fenómeno de la violencia de género tras 10 años de aplicación de la Ley: En el umbral de un gran cambio de modelo de sociedad”. Susana Gisbert Grifo, como Fiscal especializada desde el inicio en la Sección encargada de esta singular violencia y Elena Martínez García en su condición de Profesora Titular (Catedrática acreditada) y Directora del Centro de Estudios Multidisciplinares en violencia de género de la Universidad de Valencia, abordan cuestiones que son de interés para conocer este fenómeno, con sus pros y sus contras, y que atañen no solo a los juristas, sino que cumpliendo con el carácter integrador y multidisciplinar que predica esta normativa, se introducen en caminos sin los cuales nunca podremos prevenir y proteger adecuadamente a las mujeres sometidas a la sin razón del maltrato por parte de sus parejas o sus ex parejas en base a una mal entendida relación afectiva cuajada de dominio. Las autoras de forma valiente en las primeras páginas de su trabajo ya hacen una afirmación que yo comparto y que va a contracorriente de lo que vienen postulando diferentes sectores desde los inicios de la puesta en marcha de esta Ley: su modificación. Como conocedoras de esta normativa solidaria apuestan por el más eficaz desarrollo de las líneas previstas por la normativa, poniendo su foco de atención en impulsar las políticas en materia de igualdad, porque no olvidemos, que el fondo de la cuestión es combatir la tradicional y arcaica desigualdad basada en el género. Como nos indicaban los clásicos Fiscales “toda disposición legal no alcanza el apogeo de su fuerza sino cuando perdura y, por el contrario, si se suceden y reemplazan frecuentemente pierden a la par del respeto que se las debe, su fuerza y autoridad”. A pesar de este planteamiento que trata de evitar improvisaciones y apuesta para esperar a que se obtengan los resultados deseados a medio y largo plazo,
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sostienen estas dos juristas tan vinculadas en el combate contra estas injustificadas e injustificables conductas, la necesidad de modificar la dispensa a no declarar, recogida en los art. 416, 707 LECrim., según la fase procesal en la que nos encontremos y que nos deja en demasiadas ocasiones “huérfanos de prueba de cargo”, propiciando la impunidad del agresor y que pueda seguir mediatizando a esta singular víctima. Esta cuestión vinculada por su frecuente utilización en los asuntos de violencia sobre la mujer, no está regulada en las disposiciones de la L.O 1/04, de 28 de diciembre, sino que es propia de las normas procesales y, sobre la disfunción que podría ocasionar en estos procedimientos, ya advertía la Fiscalía General del Estado en la Instrucción 3/1998, sobre “La exigencia de los Fiscales en el mayor empeño en la persecución de las lesiones y malos tratos causados a las mujeres y que suplieran con su investigación las deficiencias de prueba originadas por los naturales temores de las víctimas a comparecer en los procedimientos”. Como conocedora del problema, mejor dicho, de los muchos problemas que provocan estos delitos y de las no fáciles soluciones que, solo el derecho como herramienta no puede dar, junto con la realidad diaria del ámbito judicial que nos es de gran utilidad para observar y analizar los avances y parones inesperados, a modo de radiografía de la tutela judicial institucional, ahondan en cuestiones vitales para prevenir estas infracciones criminales y sensibilizar a una sociedad que no puede ni debe consentirlas. Me refiero, siguiendo el texto de este trabajo a las “líneas para el cambio efectivo”, la educación y los medios de comunicación. Comparto con las autoras, en lo que ellas definen como “líneas divulgativas”, que en la educación de calidad y en los medios de comunicación debe de ponerse el mayor empeño para paliar esta enfermedad social que se padece en cualquier continente del planeta. Los datos estadísticos que recogen son el exponente de que la juventud del siglo XXI no se ha alejado de los parámetros de la educación propia del patriarcado aunque usa unos “maquillajes distintos”, por ello me permito como prologuista de esta obra, incidir en que no hay que fomentar tanta competitividad curricular sino enfatizar en la solidaridad y en la igualdad, porque como indicaba, Dña. Concepción Arenal Ponte (S.XIX), sino “tendremos niños muy instruidos, pero muy mal educados”.
Prólogo
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Si esencial es la educación de la juventud desde la niñez y la reeducación de una sociedad, hay que prestar especial atención al papel que desempeñan los medios de comunicación y, así lo hacen las autoras. Sus reflexiones sobre la función esencial en la concienciación ciudadana, su influencia en el cambio radical de nuestra sociedad, el riesgo de que se exponga el contenido morboso de una noticia relativa a la violencia contra la mujer, las taimadas justificaciones que de forma velada puedan hacerse… son, no solo afortunadas, sino motivo de que se trate de buscar un consenso para “tratar bien los malos tratos, informativamente hablando”. Sirva como ejemplo de un buen trato informativo de esta grave cuestión y del efecto pedagógico que se puede obtener, la lectura del contenido de un editorial del diario El País titulado “Maltrato sin fin” que viene a vincularse con el contenido de este libro y de estas breves líneas. Después de plasmar datos sobre la macro encuesta sobre la violencia sobre la mujer elaborada por el C.I.S. y el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de los que cabe destacar que casi el 70% de la población femenina nunca ha denunciado a su agresor, pese a las campañas institucionales. La desmoralización que produce que entre los jóvenes y adolescentes estén calando hondo las actitudes machistas, ya que una de cada cuatro chicas de entre 16 y 19 años es objeto de “violencia psicológica de control, concluye el medio de comunicación citado, afirmando se necesitan acciones firmes en los centro educativos encaminados a la sensibilización y a la prevención para cortar de raíz determinados estereotipos —que dan alas al maltrato— anclados en la sociedad. Porque insultar, vejar o menospreciar implican de por sí una forma de violencia”. A lo que yo añado, ejercer un control sobre la pareja. Un paso más dan las coautoras de este libro, paso sin el cual no se entendería el silencio de las maltratadas que tanto les cuesta romper y, sin su voz, poco podemos hacer todos los que desde las instituciones y sociedad civil, estamos para protegerlas, este paso se resume en ¿Por qué no se denuncian estos delitos como se hace con cualquier otro? Diferentes razones se vislumbran en este trabajo que pueden darse de forma aislada o concurrentes pero que hace que “nuestras víctimas” no respondan a los parámetros normales de actuación de los sujetos que han visto transgredidos sus derechos y reclaman justicia y repa-
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ración del daño, y esta es la primera enseñanza que hay que aprender cuando de violencia de género se habla. Terminan Susana y Elena con una aproximación a la Orden Europea de Protección que tiene su origen en la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, recogida en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, Título VI. Esta normativa supranacional tiene como misión esencial que la protección de las víctimas de delitos (no solo por violencia contra la mujer) no se vea interrumpida por el hecho de trasladarse o permanecer en otro Estado de la Unión Europea. Nuevo marco legal que incide en la eficacia de las medidas para garantizar la paz y seguridad en los sujetos pasivos de los delitos, en todos. Como Fiscal encargada por la Ley 1/04, de 28 de diciembre de la supervisión y coordinación de la actuación de la Fiscalía ante los múltiples problemas que se suscitan por actos de violencia contra la mujer, me produce una gran satisfacción la unión y colaboración de una compañera especialista del Mº Público y una experta catedrática, en la elaboración de este libro que aborda posibles soluciones ante una realidad tozuda en base a la discriminación que necesita mucho trabajo y tenacidad para conseguir una igualdad real. ¡Ah¡ y mucho tiempo para consolidar la entrada de luz del derecho en lo que por tradición, o por la complejidad de estos asuntos, en cuanto drama personal se confinaban en la intimidad de las relaciones personales, a modo de actos que concernían a la privacidad del “hogar” sin consecuencias jurídicas, o muy benevolentes estas consecuencias, para los agresores. Por último, puesto que el libro parte de dos conceptos íntimamente vinculados como son “Igualdad y Justicia”, la prologuista no cumpliría bien con su función de introducir al lector en las interesantes líneas del texto, si habiendo hecho mención a la Fiscalía General del Estado, no se refiriera a lo que los “maestros del derecho” nos enseñaban tiempo atrás vaticinándonos el problema oculto que acompañaba a nuestra sociedad. Quiero terminar con la reflexión del Catedrático de Derecho Penal y gran Jurista D. Luis Jiménez de Asua, que planteaba hace más de 60 años, lo siguiente: “Con frecuencia suelen aparecer en los periódicos de todos los países noticias sobre sucesos acaecidos con dolorosa repetición, en que una mujer ha perdido la vida a manos de su marido o de su amante, y son muchos a diario los que comentan en calles y estrados el último ‘crimen pasional’. Estos denominados ho-
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micidios pasionales, de los que tanto se ha hablado… ¿qué es lo que tienen dentro? ¿Es tan solo la muerte dada a la hembra por un hombre ofendido en su calidad de macho, agitado por los celos, herido en su amor propio, acuciado por el resentimiento? ¿O abarca territorios mucho más extensos?”. Pues sí, abarca territorios mucho más profundos que afectan a los derechos fundamentales de las mujeres, de sus hijos e hijas y a todas las sociedades democráticas. En Madrid, el 6 de abril de 2015
SOLEDAD CAZORLA PRIETO Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer
I. INTRODUCCIÓN Con motivo de la intervención de las autoras de esta obra en una ponencia ante el Consell Valencià de Cultura, celebrada con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género de 2014, decidimos escribir unas líneas divulgativas que definieran las numerosas reflexiones generadas tras diez años de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en un camino no carente de dificultades. Han sido años de intenso trabajo desde el Poder Judicial y desde los Ministerios de Justicia, Sanidad y del Interior. También la ciudadanía ha experimentado el cambio impuesto por esta Ley en el que se diseña un nuevo modelo de sociedad; todos y todas hemos tenido que admitir, por un lado, una realidad dura de aceptar en la que hemos crecido y una sociedad injusta que heredamos, que revela la existencia de un modelo de pareja y de tratamiento hacia la mujer que —en definitiva— atenta contra los derechos fundamentales de éstas, como personas y como miembros de una sociedad. Hasta ahora como ciudadanos mirábamos a un lado, nuestras instituciones hacían lo propio y desde el año 2004 sabemos que algo está cambiando y queremos que cambie. Se ha consensuado un nuevo modelo de construcción social y cultural y la aprobación por unanimidad de la Ley Orgánica 1/2004, objeto de estas líneas, le dio la legitimidad democrática necesaria para que en los años sucesivos no se minimice, desprecie o vuelva a ocultar esta realidad a los ojos de nuestros/as representantes políticos y de la ciudadanía. En este largo avance y lucha por los derechos de las mujeres a fin de conseguir la igualdad en el reconocimiento de los derechos, que cómoda y ampliamente tenían reconocidos históricamente los hombres1, es necesario reconocer el valor y arduo trabajo de los grupos de mujeres feministas. Llegado el siglo XXI tenemos la esperanza de que sea el siglo de la Igualdad entre el hombre y la mujer; un nuevo
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VARELA, N., Feminismo para principiantes, S.A Ediciones B, 2005.
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pacto social está por llegar, un pacto más justo, que se haga con y por las dos partes componente de nuestra sociedad, a saber, la mujer y el hombre. No puede haber una economía saludable si el cincuenta por ciento de esta sociedad se encuentra en franca desventaja. Las formas de violentar a una mujer son muy variadas, como veremos, y a menudo la construcción de las normas aparecen con sesgos de género, casi de forma invisible; las próximas reformas deben de ser tan valientes como lo fue la LO 1/2004 para poder atajar de raíz este problema. Solo así, reescribiendo las normas que hacen nuestra sociedad y asumiendo colectivamente este cambio, podremos modificar las estadísticas tan vergonzosas para nuestras conciencias en relación a las numerosas agresiones y muertes de la mujer a manos de sus parejas o ex parejas. Actualmente, corremos el riesgo de haber “normalizado” la violencia de género como algo inevitable, con una cierta resignación que incluso lleva a pensar en una bajada de la guardia que no podemos ni debemos consentir. Parece que sólo cuando la realidad estalla ante nosotros con una nueva mujer asesinada, se reactivan las alarmas de la lucha contra la violencia de género. Y hay que insistir que esta lucha debe estar presente todos los días del año. Este trabajo se desarrolla dentro de la investigación financiada por el Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad MINECO 33045_2012 sobre la “Protección de las Víctimas en la Unión Europea: La orden Europea de Investigación” y que llevamos desarrollando desde hace años. Éstas líneas son más un conjunto de conclusiones, fruto del trabajo de investigación que iniciamos el año 2004 —en colaboración entre el Grupo Investigador Multidisciplinar en Violencia de Género. Universitat de València y las diferentes instituciones públicas implicadas en la prevención y erradicación de la violencia sexista—, y que ahora concluimos con propuestas y líneas de reflexión para desarrollar en los próximos años. Un agradecimiento añadido a las personas que han hecho posible la firma del Convenio entre la Universitat de València y el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, con la Fundación para la Ayuda de las Víctimas del Delito y con el Ilustre
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Colegio de Abogados de Valencia, que día a día avalan este proyecto de estudio y transformación de nuestra sociedad2.
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Un especial agradecimiento a Javier Boix Reig, Catedrático de Derecho penal y Dña. Gemma Gallego Sánchez, ex Vocal del Consejo General de Poder Judicial, motores de tantas iniciativas que es esta materia hemos llevado en la Universitat de València. También agradezco la colaboración prestada para escribir estas líneas a Herminia Rangel (Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 3), Pilar Gil (Oficina de Ayuda a la Víctimas), Toya Vázquez (Facultad de Ciencias de la educación), Ángela Escribano (Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana), Cristina Nadal (Centro Mujer 24 Horas Generalitat Valenciana). Igualmente, a la Fiscalía de Valencia y en especial a la Sección de Violencia Sobre la Mujer. Y una mención especial para Soledad Cazorla Prieto (Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer) por su inestimable ayuda y por su contribución con el prólogo de esta obra. En su memoria se publican hoy estas líneas.
II. DÓNDE ESTAMOS: DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA A LA ASUNCIÓN DEL MISMO 1. La localización de problema El uso de la expresión “violencia de género” es tan reciente como el reconocimiento de esta realidad. El legislador realizó una conceptualización de este fenómeno acogiéndose a una pequeña parte de lo que es en la realidad la violencia de género. Fue indudablemente un gran paso el dado con la aprobación de la Ley, pero hoy 10 años después podríamos reconocer que se quedó corto. Bien podemos afirmar que el legislador de 2004 (Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra los actos de Violencia de Género, a partir de ahora LOVG) fue valiente frente a las resistencias que ofrecía nuestra sociedad a crear una norma de tal tipo, una norma que reconocía que no estábamos ante una cuestión doméstica, familiar ni biológica sino de género, entendido como el “resultado de una construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a los varones y mujeres”3. Por eso, ese artículo 1 de la LOVG, fue tan importante y tan complejo y, además, levantó tantas ampollas entre sus aplicadores que incluso, a día de hoy, sigue sin haber una gran comprensión de lo que quiso conseguir el legislador, a saber, romper con una estructura social de discriminación y abuso contra la mujer en la pareja y familia, por tanto, ese complicado artículo se debe de entender en clave cultural y no subjetiva ni biológica, como a menudo se ha hecho. Es decir, el hombre que pega a su pareja o ex pareja, además de una determinada violencia física o moral, atenta contra el nuevo modelo de sociedad diseñado por la Constitución y desarrollado por esta Ley orgánica.
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MAQUEDA, M.L., “La violencia de género. entre el concepto jurídico y la realidad social”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2006.
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Llama la atención que la diferenciación —mínima, y solo respecto de algunos tipos— de penas marcada por el legislador para este tipo de conductas delictiva ejercidas por el hombre contra la mujer haya generado tantas controversias… Sin profundizar ahora en este aspecto, adelantamos que no es la primera vez que el legislador diseñaba en el Código Penal una estrategia punitiva similar donde se protegiera, a demás del bien jurídico en cuestión, valores tales como la igualdad, vulnerabilidad de determinados grupos…de acuerdo con el modelo diseñado por la Constitución4. Sin embargo, creemos que la Ley de Violencia de Género diseñó un sistema de protección contra la violencia sexista, que solo atiende o lucha contra una pequeña parte de la misma. Cuando insinuamos que el legislador se quedó corto, nos referimos al hecho de que la violencia contra la mujer es también, la flexibilización de las normas laborales o la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia…, porque las personas que sufren los efectos adversos de estas Leyes son la mujeres que en la estructura social y de poder actualmente existente, con roles diferenciados y jerarquizados, serán ellas con toda seguridad las que resultarán perjudicadas por las malas condiciones laborales y que, a su vez, éstas les llevarán a renunciar a esa inserción profesional para poder hacerse cargo de la persona dependiente. En ese mismo sentido, el acoso sexual en el trabajo nos recuerda que deberíamos volver a nuestro ámbito doméstico y si seguimos en ese ámbito profesional es porque el hombre nos lo permite. Esta situación es insostenible si queremos igualdad entre el hombre y la mujer e independencia de la mujer frente al hombre. En este sentido, llama la atención el Tratado de Ámsterdam, por el que se modificó el Tratado de la Unión Europea en 1997, ya que introdujo la transversalidad o mainstreaming del género y la igualdad en la creación de normas jurídicas. Desde entonces, todas las normas de la UE deben integrar estos dos contenidos, es decir, se impone la necesidad de realizar una “evaluación del impacto de género” cada vez que hacen una norma. Además, en el marco del Tratado se introdujo la
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Sobre un estudio completo de la Ley 1/2004 véase MARTÍNEZ GARCÍA, E., La prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Un estudio multidisciplinar y forense, Aranzadi 2012.
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prohibición de las discriminaciones indirectas (derivadas de las normas aprobadas como discriminaciones no declaradas que pueden ser probadas por cualquier medio, incluso estadístico)5. Se regula incluso la inversión de la carga de la prueba para facilitar al discriminado su posición procesal (Nils Draehmpaehl C-180/1995). Son muchas las voces que ahora, tal vez haciendo un uso político de la violencia que sufre la mujer y viendo que las cifras no cambian, apuestan por modificar la Ley. Sin embargo, apostamos en este trabajo porque se desarrollen líneas ya existentes y programadas en la actual Ley de Violencia de Género, dirigidas a intervenir activamente en materia de Igualdad y crear las condiciones aptas para que las próximas generaciones puedan vivir la igualdad entre el hombre y la mujer como una realidad y no simplemente una apuesta dialéctica o epistemológica; hay que afectar al núcleo que sustenta, alimenta y perpetúa esta violencia, la cultura. Todo ello lo permite la ley actual, sin necesidad de enmienda o cambio. La violencia de género es fruto de la desigualdad, de la existencia de una estructura de poder por definición —desigualitario— y solo puede combatirse con igualdad. Este concepto hay que abordarlo desde tres pilares básicos íntimamente relacionados: – Ámbito laboral: La independencia económica de la mujer es un concepto clave en el modelo de sociedad productivo actual. La inserción profesional ubica a la persona en su proyección personal y vital, permite diseñar un modelo independiente de vida. – Ámbito doméstico o familiar: La libre determinación de la capacidad reproductiva de la mujer, una conciliación realista entre la vida profesional y familiar… generan igualdad y coloca a la mujer en posición competitiva respecto del hombre. – Ámbito social o cultural: La construcción social patriarcal atribuye roles y expectativas desigualitarias y jerarquizadas entre la mujer y el hombre; es necesario hacer un cambio de dichas expectativas y creencias sobre la mujer en el siglo XXI, acorde con nuestro modelo constitucional. En la medida que socialmente cambien, queda deslegitimado cualquier comportamien
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Directiva 2006/54/CE sobre la Igualdad de oportunidades entre la Mujer y Hombre.
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to desigualitario bien en el ámbito profesional, doméstico o como ejercicio de cualquier forma de violencia dentro o fuera de la pareja Y gran parte de este cambio en estas áreas, vendrá dado por una implicación realista de los gobiernos de turno por crear nuevas bases en la educación de las futuras generaciones. Y esto no es parte de una ideología determinada, sino como elementos integradores de los derechos fundamentales diseñados por la Constitución y de un modelo de sociedad más justa y eficiente.
2. La asunción del problema Si bien este primer eje sobre la educación aparece diseñado en la LOVG, poco o nada se ha hecho por el mismo durante estos 10 años. El legislador apostó por un cambio desde lo judicial y desde el sistema punitivo, olvidando que cuando entran los jueces ya ha fracasado el sistema y hay siempre una víctima y un delincuente. Y, si bien la ley, desde su propia denominación como “integral”, preveía otras medidas más allá de las meramente judiciales, lo cierto es que su desarrollo y la práctica posterior han confirmado esta tendencia, pudiendo apreciar una hipertrofia de la parte judicial y una atrofia del resto. Debemos afirmar, no obstante, que esta decisión fue adecuada, dado que simbólicamente es el “gesto” más contundente que se le puede mostrar a una sociedad —el derecho penal—, pero no es el “freno” más eficaz, pues por su propia naturaleza éste es siempre la última ratio, cuando ya no quedan otras estrategias preventivas. Además, si partimos de que los Juzgados hasta el 2004 minimizaban esta conducta y la posible denuncia que hacía la mujer o su entorno la devolvían para su resolución al ámbito “familiar”, es verdad, que es la mejor forma de avisar a la ciudadanía e instituciones públicas del cambio en la percepción, consistía en transmitir un nuevo mensaje dirigido a advertir que a partir de ahora, no pertenece al ámbito privado o familiar la violencia que sufre la mujer en la pareja, sino que es algo público y, consecuencia de ello, pensamos que en la medida que desde lo público se reprochen y castiguen estas conductas, más se aislará al maltratador.
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En conclusión, siendo loable y acertada esta postura, consideramos que será ineficaz si no la acompañamos de un cambio de valores y creencias. Para ello contamos con la educación de nuestros/as jóvenes y estudiantes y con la intervención de los medios de comunicación en sentido amplio. En ninguno de estos dos palos se ha hecho nada relevante en estos diez años, como veremos en estas líneas.
3. Los datos estadísticos como marco de reflexión para el cambio Desde que la violencia de género ha pasado a integrar las agendas políticas, se ha hecho visible la necesidad de obtener datos para poder poner nombre a una realidad soterrada, claramente necesitada de una solución ante el alcance de dichos datos estadísticos. En España se dio magnitud a esta situación creando el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género en el Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio Estatal de la Violencia de Género en el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad6, en el marco de lo preceptuado por la LOVG en el 2004. A partir de ahí deberíamos saber, aproximadamente, la violencia de este tipo que llega a policía, juzgados, hospitales y servicios sociales, los datos que ofrecen las encuestas telefónicas, los centros educativos, el análisis de las sentencias dictadas en casos juzgados… y podemos trabajar en la dirección de política educativa y criminal que se desee7 y ser conscientes de los costes sociales y económicos de esta lacra8. Recientemente, en Europa hemos sufrido el shock ofrecido por la Macro encuesta realizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sobre la violencia de género sufrida por las ciudadanas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero y http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm, respectivamente. 7 A tal fin responden también el estudio Análisis de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado y por otras Audiencias Provinciales en el año 2011, relativas a homicidios y/o asesinatos consumados entre los miembros de la pareja o ex pareja, formulado por el Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial 2014, que se puede encontrar en la web www.poderjudicial.es 8 http://eige.europa.eu/content/news-article/cost-of-violence-against-women-largely-underestimated 6
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europeas9 a petición del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Para dicho estudio se entrevistaron a 42000 de los 28 Estados Miembros de la UE, con una media de 1500 entrevistas por país. La encuesta ofrece datos tan reveladores como que el 18% de las mujeres han sido objeto de acoso a partir de los 15 años de edad, un 5 % de las mujeres lo habían sufrido en los 12 meses previos a la encuesta, una de cada 20 mujeres (5%) había sido violada desde los 15 años de edad o, datos tan claros como el hecho de que el 53% de las mujeres entrevistadas procuran evitar ciertos lugares o situaciones por temor a la violencia sexual. En resumen, 13 millones de mujeres en la UE experimentaron violencia física por su pareja o ex pareja durante los 12 meses previos a la entrevista de la encuesta; 3,7 millones violencia sexual en ese mismo lapso de tiempo y, entre otros datos, 21 millones habían sufrido agresiones sexuales antes de los 15 años de edad por un adulto. Igualmente, se han analizado las consecuencias de la violencia física y sexual contra las mujeres, la realidad que se esconde tras el acoso sexual, el cibernético o la situación de la mujer en la infancia. Los resultados arrojados entre países son muy llamativos. Se observa que en aquellos países en los que existe una tradición en políticas de género e igualdad, se ha hablado más abiertamente del tema en dichas entrevistas y ello ha repercutido en unos resultados numéricos superiores a aquellos otros países donde no existe una cultura de género. Igualmente, el modelo de consumo de alcohol ha repercutido en los resultados. Estos resultados coinciden en líneas generales con las encuestas internas realizadas por algunos países, tales como, Alemania o Reino Unido. Ante esta coyuntura, la Unión debe ratificar y armonizar sus legislaciones de acuerdo con el Convenio de Estambul, así como garantizar la plena aplicación de sus Directivas, sobre las que nos pronunciaremos más adelante en el último capítulo de este trabajo. Por su lado, el Estado tendrá que proveer una red de servicios bien formada para abordar esta nueva situación, algo que va a resultar muy dispar según el modelo más o menos intervencionista de gobierno ante el
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Violence against women: an EU-wide survey 2014 fra.europa.eu.
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que nos encontremos. Igualmente, deben de abordarse las campañas de sensibilización y formación adecuadas para prevenir episodios de violencia sexista y dar a conocer los derechos de las mujeres, etc. Con estos datos la Unión Europea debe de actuar si quiere afirmarse como una Unión Democrática y de Derecho, fijando estrategias sobre la igualdad y continuando con la labor iniciada hace años por los programas Daphne y otros programas de ayudas a mujeres, jóvenes y niños y niñas. En este proceso se debe de actuar conjuntamente con el Consejo de Europa, Naciones Unidas, así como el Instituto Europeo para la Igualdad de Género10. Sobre los nuevos instrumentos europeos creados para proteger a la mujer frente a esta violencia sexista, más adelante, expondremos el lento pero seguro avance que van a suponer. España es francamente un modelo a seguir en la construcción del sistema legal destinado a combatir la violencia de género, aunque verdaderamente en el plano de la implementación de las políticas reales de igualdad no llegue a los niveles que exige un verdadero cambio y apuesta destinada a acabar de forma realista con el patriarcado que alimenta de desigualdad y la discriminación de la mujer.
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Véase el estudio sobre todos los recursos administrativos en la materia realizado por este Instituto en http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrativedata-sources