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arbitraje Legislación básica 3ª Edición

Actualizada de acuerdo a la Ley 11/2011, de 21 de mayo de 2011

Silvia Barona Vilar

Catedrática de Derecho Procesal Universidad de Valencia Presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

Carlos Esplugues Mota

LLM (Harvard), MSc (Edinburgh) Catedrático de Derecho internacional privado Universidad de Valencia

tirant lo b anch Valencia, 2011

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Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

Obra elaborada en el marco del Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología DER2010-17126: “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del Siglo XXI” y del Programa PROMETEO de la Generalitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia PROMETEO/2010/095 “Mediación y arbitraje: piezas esenciales en el modelo de justicia del Siglo XXI”.

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ÍNDICE Nota a la tercera edición................................................................

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Nota a la segunda edición..............................................................

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Presentación.................................................................................

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I. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.....

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II. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 21 de junio de 1985..

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III. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958........................

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IV. Convenio Europeo sobre arbitraje comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961..........................................................................

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V. Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965........................................................

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VI. Convenios bilaterales concluidos por España en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras susceptibles de aplicarse al arbitraje comercial internacional...

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VII. Listado de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) concluidos por España..........................................................

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Índice analítico..............................................................................

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NOTA A LA TERCERA EDICIÓN El arbitraje goza de una envidiable salud en Europa. La voluntad de adaptar el marco normativo para canalizar y a la vez fomentar el recurso creciente a esta institución se ha reflejado en la reforma de prácticamente todas las legislaciones europeas durante la última década.

España se sumó de forma decidida a este proceso en 2003, con la aprobación de la Ley 60/2003, que de forma absolutamente unánime fue considerada como una norma impulsadora del arbitraje en nuestro país, y muy bien acogida desde los sectores económicos y los académicos. Si bien su apuesta palmaria era la consolidación del arbitraje internacional en nuestro país, cierto es que supuso un gran revulsivo para la proyección de los grandes centros de arbitraje nacionales.

Tras la reforma introducida en la Ley 60/2003 por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y de las interesantes aportaciones incluidas en 2006 en la Ley Modelo de la CNUDMI, nos sorprende el legislador con una nueva reforma de la Ley 60/2003, la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional de la Administración General del Estado (BOE 21 de mayo de 2011).

La reforma se refiere: por un lado, a determinadas normas de la Ley 60/2003 que, por un implican un cambio de regulación de determinados ámbitos del arbitraje, por razones diversas, que demuestran una evidente apuesta del legislador español por una institución que está siendo impulsada y con una proyección nacional e internacional creciente; por otro lado, suponen la incorporación en esta Ley de un instrumento de solución de controversias jurídicas en la Administración, que nada tiene de relación con el arbitraje, a salvo de ser una fórmula no jurisdiccional ni judicial de

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solucionarlos. Debe por ello hacerse un esfuerzo por entender la incorporación de este procedimiento administrativo en una Ley de Arbitraje. Se introduce un mal llamado arbitraje institucional en la Administración del Estado. Insistimos en que la única razón que ha llevado a esta incorporación en esta norma, lejos de tener vinculación o relación con el arbitraje, es el de economía legislativa.

De forma sintética, entre las novedades referidas específicamente a la institución arbitral común, debe señalarse: 1.- La atribución competencial a las Salas de lo Civil Y penal de los Tribunales Superiores de Justicia para conocer de el nombramiento y remoción de los árbitros, de la acción de anulación, y para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros; la ejecución de los laudos o resoluciones arbitrales nacionales y/o extranjeros será competente el Juzgado de primera instancia.

2.- La incorporación de dos preceptos sobre arbitraje estatutario en las sociedades de capital, reconociéndose su naturaleza arbitraje pero estableciendo las garantías necesarias para la incorporación de la cláusula de sumisión al arbitraje.

3.- Se incide en los arbitrajes institucionales, desde una clara apuesta por la seguridad jurídica arbitral, favoreciéndose una mejora en el nombramiento de los árbitros (valorando la capacidad...), especialmente cuando se trata de arbitraje de derecho, donde se requiere no un abogado necesariamente, sino ser jurista.

4.- Se fija la incompatibilidad para ser mediador y posteriormente árbitro de la misma contienda.

5.- Se articula la exigencia a los árbitros o instituciones de la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.

6.- En el procedimiento se favorece el uso de la lengua propia de las partes, testigos, peritos etc., (mayor flexibilidad en el idioma).

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7. En relación con el laudo, se flexibiliza los efectos del laudo dictado fuera de plazo, en cuanto se otorga la posibilidad de su validez, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurrirá el árbitro que se haya extralimitado. E igualmente, en línea con las nuevas tendencias internacionales se flexibiliza la forma, pero siempre con la exigencia de motivación del mismo. Cabe rectificar la extralimitación parcial del laudo cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

8. Por su parte la acción de anulación también encuentra una flexibilización del procedimiento, además de una aclaración de lo que la doctrina veníamos afirmando desde el texto de 2003: el laudo es firme desde el momento en que se dicta, de ahí el absurdo de seguir distinguiendo entre definitivo y firme.

Estas ocho esenciales y puntuales reformas implican un intento de adaptar algunos aspectos que la práctica del arbitraje en estos años habían venido planteando. Sin embargo, junto al artículo único del texto de 2011, que recoge estas reformas del arbitraje común, el legislador ha querido aprovechar la norma para incorporar, como señalábamos, en la Disposición Adicional única un cauce procedimental —que no es arbitraje— de carácter ordinario e institucional para resolver los conflictos internos entre la Administración General del Estado y sus Entes instrumentales. Implica cuanto menos un lugar poco apropiado para su incorporación y generó ciertos recelos incluso antes de que se aprobara el texto definitivo. Creemos que hay que entenderlo como una mera oportunidad legislativa de incorporación de esta fórmula, que no es arbitraje, pero que ofrece una vía de naturaleza jurídico-pública, nada vinculada al ámbito de arbitraje de la Ley 60/2003.

Si así es como se le considera e interpreta, debe tenerse presente que la Ley de Arbitraje de 2003, reformada por la de 2009 y actual 2011 debe seguir siendo la que dio sentido a aquélla,

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un impulso para consolidar en España la tutela heterocompositiva arbitral que favorezca la convivencia pacífica y colaborativa entre la Judicatura y los árbitros o en su mayoría las instituciones arbitrales. A la postre, y en el marco de la modernización de la Justicia española en el Siglo XXI, una pieza más que trata de favorecer la total adecuación del arbitraje —y próximamente de la mediación— como piezas indiscutibles de la Justicia.

Junto a las reformas introducidas en el nuevo texto legal de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, los autores hemos querido incorporar la actualización del listado de Acuerdos de Protección recíproca de inversiones concluidos por España.

Podremos estar más o menos de acuerdo con las novedades incorporadas, pero no podemos negar que, como ya escribíamos hace unos cuantos años, “el arbitraje está de moda”.

Silvia Barona Vilar y Carlos Esplugues Mota Valencia, a 22 de mayo de 2011

nota a la segunda edición La obra que el lector tiene en sus manos pretende ser un compendio de aquellos textos legales en materia arbitral esenciales para España. Se trata de textos que tienen una eficacia directa en nuestro país o que, como en el caso de la Ley Modelo de la CNUDMI cuentan con una influencia manifiesta en la normativa arbitral española.

Si bien el objetivo inmediato de esta legislación es proporcionar al lector un instrumento de trabajo claro y sencillo en el ámbito arbitral. Su finalidad mediata estriba en poner de manifiesto la pujanza que el arbitraje y el resto de mecanismos de ADR han alcanzado en los últimos años en el mundo y, por ende, en España.

Reflejo, y también causante, de ello, son las reformas constantes a las que se ha visto sometida la normativa arbitral en los últimos tiempos. Reformas que buscan acentuar la dimensión privada del arbitraje, flexibilizando aún más —si cabe— sus planteamientos y soluciones. En este sentido, esta segunda edición de la Legislación arbitral incluye las reformas introducidas en la Ley 60/2003 por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, amén de las importantes modificaciones incluidas en 2006 en la Ley Modelo de la CNUDMI. En esta tarea de actualización se incorpora también el texto de la relevante “Recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2) del artículo II y del párrafo 1) del artículos VII de la Convención de Nueva York, de 10 de junio de 1958”, de 2006. Todo ello se complementa con la actualización del listado de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones concluidos por España así como con la puesta al día de los países vinculados a los distintos Convenios de los que España es parte.

Silvia Barona Vilar y Carlos Esplugues Mota Valencia, enero de 2010

PRESENTACIÓN La aprobación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, ha supuesto un paso más en la ya larga historia jurídica del arbitraje en España. Una institución cuyo origen se remonta al Derecho Romano, aún cuando han existido diversos momentos históricos en los que se ha incidido con mayor o menor énfasis en ella: el Breviario de Alarico, Las Partidas de Alfonso X el Sabio, la Constitución Española de 1812, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, etc.

Esta larga presencia de la institución arbitral en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, no se ha traducido en un recurso habitual a la misma en la práctica. Quizás por ello, los últimos cincuenta años han visto la aprobación de tres leyes de arbitraje por parte del legislador patrio; en cada una de la cuales se ha incorporado una distinta concepción en torno al arbitraje, atendiendo a coordenadas histórico-políticas propias La primera de ellas es la Ley de Arbitraje Privado de 22 de diciembre de 1953. Su propia denominación responde a una concepción puramente contractualista del arbitraje. Esta Ley regulaba el arbitraje limitándolo a la resolución de conflictos jurídico-privados, lo que otorgaba al mismo una naturaleza puramente contractual. El paso de los años demostró que fue un error concebir el arbitraje referido únicamente a un sector tan restringido del ordenamiento jurídico, por cuanto motivaba un escaso recurso a los árbitros para resolver las disputas generadas en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas, siendo como es —precisamente— esta institución un espléndido medio de solventar los conflictos jurídicos que se suscitaban entre los operadores económicos, y que, sin embargo —como decimos—, quedaban excluidos de la aplicabilidad de la Ley de 1953.

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La segunda etapa queda abierta con la aprobación de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre. La sustitución del régimen jurídico del arbitraje de Derecho Privado venía siendo reclamada a voces desde diversos sectores y corporaciones. De esta suerte, la nueva Ley trató de paliar las deficiencias de la rígida concepción privatista y contractualista asumida por su antecesora. Así, partía de una concepción mixta del arbitraje, asumiendo que si bien es cierto que en la base y el origen del arbitraje se halla el convenio arbitral, de naturaleza innegablemente contractual, el desarrollo del proceso, y la función que se ejerce por los árbitros, se inspira en la concepción jurisdiccionalista del mismo. Es indudable que la Ley de 1988 abrió las puertas del arbitraje, permitiendo que los sectores económicos se sirvieran del mismo como medio de solución de los conflictos jurídicos basado en el ejercicio de la función heterocompositiva por los árbitros. En este sentido, el mayor éxito de la nueva Ley se focalizó, fundamentalmente, en la permisibilidad y fomento que, desde la misma, se ha ido efectuando de los arbitrajes sectoriales, al ofrecer una respuesta efectiva para un sector corporativo o específico del ordenamiento jurídico.

Con todas sus limitaciones, la ley ofreció una concepción coherente y sistemática del arbitraje. Los tres lustros de vigencia de la Ley de 1988 han servido para permitir asentar un cuerpo doctrinal relevante en torno al arbitraje, amén de conformar una mínima cultura arbitral. Muy probablemente las razones de este solo tímido impulso de la institución arbitral en España al amparo de la Ley de 1988 se debieron al momento histórico en que la misma se aprobó —1988—, década postconstitucional, marcada por un fortalecimiento del Poder Judicial, lo que evidentemente chocaba con la idea de formas de tutela no judiciales. El culto al proceso judicial impedía, en todo caso, el fomento de la institución arbitral, que, a la postre, se entiende que no ofrecía a priori las garantías

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que tanto respecto del órgano como del proceso podían cada vez más encontrarse en el ámbito del Poder Judicial.

Es ahora, tras quince años de vigencia de la Ley de 1988, cuando se inaugura la tercera etapa arbitral. Una etapa que viene marcada por la aprobación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Las coordenadas socio-económicas y políticas en que se aprueba esta nueva Ley son notablemente diversas de las anteriores: desde una perspectiva económica, la actual realidad española muestra un país con una posición mucho más relevante que la de hace 15 años, hasta el punto de contar con un volumen de inversión en el extranjero en sectores estratégicos muy importante. Todo ello, en el marco de una economía mundial caracterizada por la consolidación del incremento de los flujos comerciales y la interdependencia de las economías. Estos datos se proyectan, en el plano jurídico, de forma polimorfa, provocando una creciente tendencia hacia la armonización de distintos sectores del derecho del comercio internacional. En este entorno se produce, probablemente influenciados por los países anglosajones, un impulso de los medios de tutela no judiciales ni jurisdiccionales, y, en especial, en el ámbito propio del comercio internacional, la necesidad de armonizar, como expresa la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003, el régimen jurídico del arbitraje. El nuevo texto legal se dirige, de forma preferente, a dar una respuesta jurídica a este fenómeno.

Muchos y variados son las características que podrían destacarse de la Ley 60/2003, de Arbitraje. Sin ánimo de exhaustividad podríamos referir como el punto de partida indudable de la nueva Ley es la apuesta por el fomento del arbitraje y, especialmente, del arbitraje comercial internacional. Este punto constituye, probablemente, la gran bondad de la Ley. La voluntad de ofrecer un marco normativo que permita y fomente en España el arbitraje comercial internacional, evitándose las ya constantes huidas de los arbitrajes internacionales a las instituciones arbitrales con sede en París, Lon-

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dres, Ginebra, etc—. Esto resulta especialmente relevante, dado el potencial económico alcanzado por España y el crecimiento de las relaciones comerciales internacionales con América Latina, Este dato, sin embargo, puede llegar a constituir también el gran punto débil de la Ley. Y ello por cuanto los parámetros que aporta, y las respuestas jurídicas que se incorporan en la misma, pueden dificultar los arbitrajes internos, tanto los institucionales como, sobre todo, los arbitrajes ad hoc, al ofrecer respuestas poco operativas para los arbitrajes internos, habitualmente menos complejos y relevantes económicamente que los internacionales.

El logro del objetivo de convertir a España en centro internacional de arbitraje se articula a través de la realización de una apuesta evidente por la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985, recomendada por la Asamblea General en su resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985. Un texto pensado para el arbitraje internacional, cuya proyección al arbitraje interno también es posible, tal como señala la Secretaría General de la CNUDMI. Esta opción, confirmada por la propia Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje, se plasma en la incorporación de una concepción monista del arbitraje, de tal suerte que, salvo contadas excepciones, sus preceptos se aplican por igual al arbitraje interno y al arbitraje internacional.

Asumiendo la plena validez de la opción realizada en lo que al arbitraje comercial internacional se refiere, cabe preguntarse, sin embargo, si la rígida vinculación a las soluciones de la Ley Modelo en el plano interno, va a servir para fomentar en la práctica el arbitraje interno. Si el legislador no ha desatendido en demasía el carácter ejemplificativo de la Ley Modelo, olvidando que el fomento del arbitraje comercial internacional debe de venir necesariamente acompañado del incremento del arbitraje interno, si se quiere lograr una cultura arbitral que fomente el recurso a la insti-

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tución. En este sentido convendría, quizás, haber realizado algunas adaptaciones en el texto de la CNUDMI, puliendo su terminología y soluciones a partir de la asunción de que se trata de un modelo que debe adaptarse al derecho e idiosincrasia de cada uno de los países. Algo que lamentablemente no ha hecho el legislador y que previsiblemente ciertos desacordes y desconciertos que la puesta en práctica de la misma mostrarán.

Este punto de partida se combina con una aproximación al arbitraje como una institución basada en la libertad. La Ley de Arbitraje abraza esta concepción ideológica sin matices. Son las partes las que libremente, y en aquello que es para ellas disponible, deciden acudir a los árbitros para su resolución. Es en ese ejercicio de libertad donde radica la esencia del arbitraje, tal como ya considerara el Tribunal Constitucional español hace algunos años (ATC 259/93, de 20 de julio). Ese ejercicio de la libertad —eso sí— comporta una exigencia previa de disponibilidad por mandato legal. En este punto es loable que el legislador haya optado en la nueva Ley por suprimir un elenco de materias sobre las que no cabría plantear pretensiones ante los árbitros por considerarlas indisponibles para las partes. Asumiendo, por el contrario, un criterio general: “Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho”. El resultado final es, en tal sentido, mucho menos restrictivo ahora que el alcanzado con la legislación de 1988.

Este canto a la libertad que subyace en la Ley encuentra acomodo en su articulado en el principio de la autonomía de la voluntad, que se presenta como el componente inspirador del arbitraje. La libre voluntad de las partes es el elemento esencial para la conformación del convenio arbitral, para la determinación de los árbitros o de la institución que administrará el arbitraje, amén del establecimiento de las reglas del procedimiento arbitral.

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A partir de estas dos premisas, muchos otros datos pueden destacarse. En este sentido, y con carácter general, pueden resaltarse los siguientes: - Un primer factor relevante es el referido a la inversión de la regla que la Ley de 1988 contenía a favor del arbitraje de equidad, apostándose inexplicablemente en la Ley 60/2003 por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de las partes. Y decimos “inexplicablemente” por varias razones: a) La primera, puramente numérica, en cuanto basta observar las estadísticas arbitrales de los últimos años para comprobar los laudos que se dictaron en derecho y los que lo hicieron en equidad, existiendo una fuerte apuesta en el ámbito propio de los arbitrajes internos, por el arbitraje de equidad. Muchas pueden ser las razones para ello, aunque de entre todas destaca que muy probablemente, si se huye de los tribunales, puede que en buena medida sea para buscar una solución menos agresiva, más pacificadora; y ésta puede hallarse más fácilmente en la aplicación del leal saber y entender, que en la aplicación de la norma al caso concreto. b) La segunda razón debe explicarse atendiendo a un plano conceptual o del sistema en su conjunto. La opción que se efectuó en 1988 fue la de preferir la equidad y coherentemente con ella, negar cualquier posibilidad de una segunda instancia; de una revisión de la aplicación del derecho al caso concreto. Al ser preferente la solución en equidad, ésta no puede ser revisada, dado que el leal saber y entender es o puede ser discutible. Si la opción asumida en la Ley de 2003 es preferenciar el arbitraje de derecho, se está privando a las partes de una garantía procesal innegable que se ofrece en sede judicial —el recurso— al consagrarse la anulación —como debe ser— como acción impugnatoria de la cosa juzgada (proceso nuevo, a la postre), mas no como una posible revisión de la decisión que se ha dictado.

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Esta situación presenta indudablemente al arbitraje como menos garantista que el proceso judicial, en cuanto se impide cualquier control de la decisión arbitral en un momento posterior, y ante sede diferente. Aún cuando efectivamente en la Ley de 1988 era imposible el recurso, y aunque se hablase de “recurso” de anulación, éste no contaba con tal condición de recurso, cierto es que los arbitrajes que predominaban eran los de equidad. El cambio puede, por lo tanto, provocar un cierto desequilibrio en el régimen de las garantías y, con ello, una tendencia regresiva hacia el arbitraje en determinados sectores.

- Junto a ello, en segundo lugar, una novedad interesante introducida por los redactores de la Ley es la apuesta efectuada a favor de las nuevas tecnologías. La adaptación a los tiempos modernos lleva a introducir la posibilidad del empleo de las mismas en ámbitos tales como la propia conformación del convenio arbitral —es una de las novedades de la Ley 60/2003 el que conste en soporte electrónico, óptico o de otro tipo—, o el laudo arbitral —en el mismo sentido que lo apuntado respecto del convenio arbitral—.

Incluso se admite que puedan efectuarse actos de comunicación, siempre con las debidas garantías previstas en la ley, por medio de instrumentos novedosas que requieren de las nuevas tecnologías: no sólo entrega personal en el domicilio sino también por télex, fax, u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase semejante que permita el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su remisión y recepción.

- En tercer lugar, si bien la Ley de 1988 ya había dado un paso hacia delante con la configuración del arbitraje institucional —en el que se encomienda a una institución especializada, de naturaleza corporativa, profesional o sectorial la administración del arbitraje—, la nueva Ley no sólo referencia en un precepto específico esta modalidad de administrar el arbitraje y las entidades que pueden desarrollar tal función, sino que de forma expansiva a lo largo

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de todo el articulado de la misma se hace patente la apuesta legal por este tipo de arbitrajes administrados. Entre dichas entidades se hace referencia expresa del Tribunal de Defensa de la Competencia. Naturalmente, todo ello sin excluir en absoluto la posibilidad de los arbitrajes ad hoc.

- Seguidamente, en cuarto lugar, resulta Interesante, asimismo, observar que en la nueva Ley se opta por clarificar la intervención judicial en el arbitraje. Tras unos años de recelos entre la Judicatura y los árbitros, la apuesta hoy es universalmente clara: los árbitros desempeñan su función fundada y permitida por las partes y la ley, resuelven conflictos jurídicos, y su intervención en determinados sectores permite que esta clase de litigios no termine desembocando siempre en sede judicial. Por su parte, los jueces y tribunales son buenos colaboradores de los árbitros, de manera que queda muy claramente reflejado en la nueva Ley las posibles colaboraciones judiciales en el arbitraje o, en su caso, las necesarias participaciones de los jueces en el mismo por mandato legal. Así, en unos casos, las partes pueden solicitar la intervención judicial al no ponerse de acuerdo en la designación de los árbitros, o puede solicitarse auxilio judicial en la prueba, o puede pedirse al juez la adopción de una medida cautelar... En otros supuestos, como en la anulación del laudo, o la ejecución del mismo, la intervención del juez es necesaria, de modo que solo es posible anular el laudo por una Audiencia Provincial y sólo es posible ejecutarlo por un Juez de Primera Instancia.

- Muy ligada al aspecto anterior, la Ley de Arbitraje asume una posición moderna en lo que a la adopción de medidas cautelares se refiere, alterando con rotundidad la lamentable situación generada en relación con este punto en la Ley de 1988. Si bien los jueces pueden seguir adoptando medidas cautelares, incluso ante causam —y, en este sentido, fue especialmente significativa la aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento

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Civil—, el legislador permite que sean los mismos árbitros los que adopten las medidas cautelares. Lógicamente, ello sin perjuicio de que la ejecución de la medida deberá efectuarse por el órgano jurisdiccional.

- Muchas más son las novedades que la nueva Ley de 23 de diciembre de 2003 aporta en el sistema arbitral: clarifica muchos aspectos del convenio arbitral, sustentando las soluciones legales en la jurisprudencia de los últimos años que se ha pronunciado —taxativamente— sobre los componentes de validez del convenio, los efectos que el mismo produce (positivos y negativos), la autonomía del mismo respecto del contrato principal en el que se pudiere encontrar, etc. Por su parte, en el tema de la designación de los árbitros, aún cuando pareciera compleja, se ha establecido una sucesión de posibilidades que llevan a favorecer, en todo caso, el nombramiento de los árbitros, ya por las partes, ya por éstas y los restantes árbitros o con intervención judicial.

Igualmente, se ha clarificado la etapa de control preprocesal de ciertas cuestiones que pudieren interferir en el fondo del litigio, de modo que se permite el control por los árbitros de su propia competencia (Kompetenz-Kompetenz), control de la validez y existencia del convenio arbitral, o de otras cuestiones (litispendencia, cosa juzgada...) que pudieran implicar el absurdo del proceso arbitral posterior; se pergeña el procedimiento desde el criterio preferente de configuración del mismo —la autonomía de la voluntad—, en cuestiones tales como la delimitación del lugar del arbitraje, su inicio, el idioma, los plazos, la forma oral o escrita de las actuaciones, el nombramiento de los peritos, incluso para configurar un plazo para dictar el laudo arbitral o, en su caso, la prórroga del mismo.

Asimismo se hace una regulación extensa del laudo arbitral, favoreciendo los laudos parciales para resolver algunas cuestiones previas o incluso anticipar parte de la resolución de la pretensión ejercitada cuando esto fuere posible; y todo ello sin perjuicio del