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Blanca Rodríguez Ruiz

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ

PROPUESTAS (DE)CONSTRUCTIVAS PARA UN ESTADO PARITARIO

EL DISCURSO DEL CUIDADO

EL DISCURSO DEL CUIDADO

Erradicar la discriminación entre mujeres y varones nos obliga a indagar en sus raíces estructurales. Ello nos remite a la construcción sexuada, dicotómica, de la ciudadanía que está en la base del Estado como forma de organización política moderna, y a la necesidad de articular otra distinta, paritaria. Es éste el reto que asume este libro. En él se explora el papel estructural que la construcción dicotómica de los géneros, como masculino y femenino, ha jugado dentro del Estado. La propuesta, a continuación, es que la sustituyamos por un modelo de ciudadanía paritaria vocacionalmente inclusiva basada en presupuestos comunicativos. Este modelo descansa en un doble compromiso: con la autonomía de las personas como principio democrático básico y con la realidad de esas mismas personas como seres relacionales necesitados de cuidados. La propuesta final es un modelo de ciudadanía del cuidado, de cuidadanía, que ponga a la persona y sus cuidados en el centro y lo haga desde el compromiso democrático con la autonomía, contemplada siempre a la luz de nuestra realidad relacional.

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PROPUESTAS (DE)CONSTRUCTIVAS PARA UN ESTADO PARITARIO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL DISCURSO DEL CUIDADO

PROPUESTAS (DE)CONSTRUCTIVAS PARA UN ESTADO PARITARIO

BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ Universidad de Sevilla

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Esta publicación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Democracia y Participación Política: Hacia una Redefinición de la Ciudadanía Democrática” (DER2015-66324-P), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Unión Europea (Fondos FEDER)

© Blanca Rodríguez Ruiz

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-114-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

BREVE NOTA INTRODUCTORIA Este libro persigue tres objetivos. El primero es indagar en el papel estructural que la construcción dicotómica de los géneros, como masculino y femenino, ha jugado en la construcción del Estado como forma de organización político-jurídica (Parte I). El segundo es proponer una construcción alternativa que, partiendo de presupuestos comunicativos inclusivos, nos permita articular la ciudadanía en términos paritarios (Parte II). El tercero es explorar un modelo de ciudadanía paritaria que ponga a la persona y sus cuidados en el centro, un modelo de cuidadanía que descanse, como base axiológica, en el principio de autonomía relacional (Parte III).

Para ello, este libro se nutre de reflexiones desarrolladas en escritos precedentes, algunas de las cuales aparecen reproducidas aquí en todo o en parte, con mayor o menor fidelidad respecto de su publicación original. Se trata de: “Discourse Theory and the Addressees of Basic Rights”, Rechtstheorie vol. 32 (2001), pp. 87-133; “Caring Discourse. The Care vs. Justice Debate Revisited”, Philosophy and Social Criticism, vol. 31 (2005), pp. 773-800; “Hacia un Estado Postpatriarcal. Feminismo y Cuidadanía”, Revista de Estudios Políticos, núm. 149, (2010), pp. 87-122; mi aportación al libro colectivo, del que fue coeditora, The Struggle for Female Suffrage in Europe.

Voting to Become Citizens, Leiden-Boston: Brill (2012), pp. 1-46; “¿Identidad o autonomía? La autonomía relacional como pilar de la ciudadanía democrática”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 16 (2013), pp. 75-104; “Las dos caras de la ciudadanía moderna: entre la nacionalidad y el status participativo”, Revista Europea de Derechos Fundamentales (núm.

Extraordinario: La participación política y los extranjeros residentes), núm. 27 (2016), pp. 17-42.

Todas las citas tomadas de ediciones de obras en idioma distinto del castellano han sido traducidas por mí.

Índice PARTE I

EL GÉNERO DEL ESTADO Capítulo I. Estado y ciudadanía sexuada.................................................. 13 Capítulo II. Transición a la modernidad y ciudadanía de las mujeres....... 33

PARTE II

LA TEORÍA DEL DISCURSO COMO BASE DE LA PARIDAD CIUDADANA Capítulo III. Discurso, derechos fundamentales y poder político.............. 57 Capítulo IV. Ciudadanía discursiva: entre la justicia y el cuidado............. 83

PARTE III

CUIDADANÍA Y AUTONOMÍA RELACIONAL HACIA UN MODELO DE CIUDADANÍA PARITARIA Capítulo V. De la ciudadanía sexuada a la cuidadanía......................... 113 Capítulo VI. Del mito de la independencia a la autonomía relacional....... 125 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 157

PARTE I

EL GÉNERO DEL ESTADO

Capítulo I

ESTADO Y CIUDADANÍA SEXUADA I. INTRODUCCIÓN Desde los albores de la construcción teórica del Estado como forma de organización política moderna, su sujeto se ha venido definiendo en masculino. El modelo ciudadano que introdujo la modernidad, y que sirvió de base para la construcción del nuevo Estado-Nación, ha sido siempre un varón. Esto es así en las dos tradiciones, republicana y liberal, de que se nutre el Estado y que le aportan, respectivamente, su pilar social comunitario, articulado a través del principio democrático con base en la soberanía popular, y su pilar individual emancipador, articulado mediante el reconocimiento de derechos. El primero de ellos se alza sobre los principios de igualdad y participación ciudadanas y sobre la idea de Nación, entendida como un colectivo homogéneo de personas, un cuerpo de asociados que por derecho natural se erige en soberano (soberanía nacional) y vive bajo una ley común, expresión de la voluntad general1. El segundo descansa en el principio de libertad natural del ser humano, en la necesidad universal de garantizar la natural vocación de libertad de los individuos2 mediante el reconocimiento de derechos individuales. Tanto la búsqueda republicana de la igualdad y del bien común sobre la que descansa la democracia, como las ansias liberales de libertad que sustentan el reconocimiento de los derechos individuales, informan el Estado sobre la base de una lógica sexuada que lo diseñó en masculino. Tanto una como otras contribuyeron así a la construcción del sistema sexogénero moderno, entendiéndose por tal el “sistema de acuerdos sociales por el que la sexualidad biológica se transforma en productos de la actividad humana y en los que se da satisfacción a las necesidades sexuales que resultan de esa transformación”3; productos de la ac-

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SIÈYES, 1789 [2003]: esp. 92; 112; 142 y ss.

Véase por todos KANT, 1793 [2006]: esp. 258 y ss.

RUBIN, 1975: 159.

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tividad humana que el Estado enmarcó en un modelo masculino de ciudadanía y otro, femenino, de pseudo-ciudadanía.

Enseguida entraremos a desentrañar ese perfil masculino que el Estado y su sujeto político tienen en las tradiciones republicana y liberal.

Antes, con todo, conviene dedicar unas páginas a aclarar, a modo de preámbulo, en qué sentido se está haciendo aquí uso de los términos ciudadanía y ciudadana/o.

II. LA CIUDADANÍA EN EL ESTADO MODERNO No siempre existe claridad en torno a los términos ciudadanía y ciudadana/o y a lo que con ellos se quiere expresar. Lo cual no puede resultarnos sorprendente. Y es que nos encontramos ante términos que con su incorporación al acervo teórico de la modernidad adquirieron un contenido anfibológico. La modernidad quiso aglutinar en el término ciudadanía dos de los elementos que dan forma al proyecto político moderno, elementos que apuntan, sin embargo, en direcciones distintas. El primero de ellos es el que otorga a la población del Estado-Nación4 capacidad para participar activamente en los designios de éste. A esta capacidad se adjudicó un papel mediador entre el individuo y la Nación, entendida como comunidad socio-política, y entre el individuo y el Estado, entendido como estructura políticojurídica. La ciudadanía adquiría así, en esta primera acepción, un contenido sustantivo, convirtiéndose en el mecanismo participativo a través del cual la Nación y el Estado modernos lograban legitimarse con base en el principio democrático5. Al mismo tiempo, y en una segunda acepción, el término ciudadanía se convertía en sinónimo del estatuto formal de pertenencia a un determinado Estado-Nación: a una comunidad nacional, conceptualizada como única dentro de cada Estado, y a un Estado, conceptualizado como fuente también única de un poder político y de un marco jurídico comunes sobre la base del principio de igualdad.

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PITKIN, 1967: 173.

ZAPATA-BARRERO, 2003: 114, 118. Véase también LISTER et al., 2007: 1820.

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De este modo, la ciudadanía ingresó en la modernidad como un término bifronte, que pasó a designar, de un lado, la capacidad de participación activa en el Estado-Nación, y de otro, el estatuto de pertenencia formal al mismo. Y lo hizo bajo la pretensión de que los dos sentidos en que cabe entender la ciudadanía son complementarios entre sí. Con este ánimo, la modernidad estableció una relación triádica, de dependencia recíproca, entre los conceptos de Estado, Nación y Ciudadanía, erigiéndolos en la “Santísima Trinidad”6 de los valores socio-políticos de convivencia de las democracias modernas.

En esta tríada, el Estado se configura como “la entidad política que define quién es el ciudadano y que limita territorialmente su actividad. La ‘Nación’ es la entidad simbólica que vincula culturalmente el territorio estatal con la ciudadanía, creando la lealtad necesaria” entre ambos. Y la Ciudadanía se entiende, de un lado, como el estatus sustantivo de contenido participativo que opera la legitimación democrática del Estado-Nación; de otro, como el estatus de pertenencia formal a dicho Estado-Nación, como sinónimo de nacionalidad en un territorio cuyas fronteras (territorial closure) delimitan también los límites de la interacción social (social closure)7.

El problema que encierra la tríada Estado-Nación-Ciudadanía es que, al igual que sucede con otras construcciones modernas8, en ella se pretenden reconciliar conceptos que tendencialmente apuntan en direcciones diversas e incluso en sentidos opuestos. Sabemos, para empezar que, aunque bien pueden serlo, Estado y Nación no son necesariamente conceptos co-extensos. Y sabemos, en lo que aquí interesa, que ambos conceptos y la dimensión formal de la ciudadanía no necesariamente conviven de forma pacífica con la dimensión sustantiva, participativa, de ésta última. La cual difícilmente se acomoda a las tendencias igualitarias, homogeneizantes, del Estado-Nación y de la ciudadanía entendida como sinónimo de nacionalidad. Antes bien, la dimensión sustantiva de la ciudadanía apunta hacia el reconocimiento de un estatus participativo distinto a colectivos diversos de personas en función de su diversidad, tendiendo incluso a la divi-

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ZAPATA-BARRERO, 2003: 115.

BRUBAKER, 1992: esp. pp. 23-27.

Notable es la tensión entre representación y de democracia que informa el concepto de democracia representativa (RODRÍGUEZ RUIZ, 2018).

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sión de tareas ciudadanas. Así, y por poner el ejemplo más evidente, puede haber colectivos ciudadanos, entendido el término en sentido sustantivo, cuyos integrantes gozan de capacidad de participación en el Estado-Nación (reconocida en el artículo 9.2 de la Constitución española —en adelante CE—9), pero no del derecho a hacerlo a través del sufragio (reconocido en el artículo 23 CE, y cuya titularidad se establece en el artículo 13.2 CE); al igual que puede haber distintos colectivos ciudadanos cuyos integrantes gozan de un derecho de sufragio de alcance diverso (artículos 13.2 y 23 CE). Entendida pues en términos democrático-participativos, la ciudadanía moderna no responde a la idea de homogeneidad que impregna los conceptos modernos de Estado, de Nación y de ciudadanía, entendida ésta como nacionalidad, como la pertenencia formal a uno y a otra.

Esto conecta con los antecedentes históricos de la ciudadanía entendida como status civitatis, antecedentes que son tanto anteriores como políticamente distintos de los que comparten, ellos sí, los conceptos de Estado y de Nación10, aliados en el proceso de consolidación de las formaciones políticas modernas. En este proceso, y en lo que aquí interesa, el Estado-Nación se construyó con base en el principio de igualdad para culminar el proyecto, iniciado en el siglo XVI, de tránsito desde la diversidad hacia la homogeneidad, desde la dispersión del poder hacia un poder soberano monopolizado y centralizado11, un proyecto que la modernidad culmina desplazando la soberanía desde un monarca único (absoluto) hacia la también única Nación. La ciudadanía, por su parte, tiene un pasado más lejano, más participativo y menos homogéneo, respondiendo a un “patrón republicano; un patrón que se caracteriza por la participación política, por el sentido de la identidad colectiva, por la desigualdad entre los sujetos” que viven en las ciudades12. Y se caracteriza, en su pasado más inmediato, por su contenido diverso y descentralizado, tanto cuanto mayor fuere el número de “ciudades libres” en que se podía disfrutar

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Sobre este tema, véase RODRÍGUEZ RUIZ, 2015: esp. pp. 54-59.

RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, 1999: 171-185; COSTA, 2008: 26 y ss.

COSTA, 2008: 25.

COSTA, 2008: 24.

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de ese status civitatis13. Convertirla en sinónimo de pertenencia formal al Estado-Nación no fue sino un intento de acomodar su contenido participativo a los patrones homogeneizantes de la modernidad política.

Es con esta dimensión sustantiva, participativa y diversa de la ciudadanía con la que inicialmente conecta el Estado-Nación. La ciudadanía, tal y como aparece en los documentos políticos de la Francia revolucionaria, en concreto en la Declaración de Derechos de 1789 y en la Constitución de 1791, se apoyaba entonces en la idea premoderna de pertenencia a una comunidad socio-política, pertenencia que se hacía depender de la existencia de vinculación fáctica con el Estado, condicionada por el nacimiento (ius sanguinis), la residencia (ius solis), el matrimonio o incluso la titularidad de propiedad o intereses económicos en suelo francés (Constitución de 1791, Título II, artículos 2 y 3). Así definida, la ciudadanía confería la titularidad de derechos de participación política. El ejercicio de estos derechos, con todo, correspondía en exclusiva a algunas personas, a quienes formaban parte de lo que vino a denominarse ciudadanía activa; una ciudadanía activa, o política, dentro de la cual existían, por lo demás, grados o niveles diversos, siendo el local el más ampliamente accesible (Constitución de 1791, Título II, artículo 9)14.

Es también de esta dimensión sustantiva, participativa y diversa de la ciudadanía, no de la ciudadanía como sinónimo de nacionalidad, de la que se van a ocupar estas páginas. En ellas se hablará de la exclusión estructural de las mujeres de la ciudadanía moderna, no como estatuto formal de pertenencia al Estado-Nación, sino como estatuto sustantivo de participación en los designios del mismo. Ciertamente, y en un principio, las mujeres participaron en la Revolución Francesa.

Las mujeres contribuyeron así a los cuadernos de quejas (cahiers de doléances) presentados en cada circunscripción a los representantes que se reunirían en los Estados Generales en 1789, reivindicando protección laboral, reforma del derecho de familia, educación, incluso

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Dicho sea esto con los matices pertinentes y teniendo en cuenta las diferencias que separan la ciudadanía centralizada y participativa de la Antigüedad clásica de la ciudadanía, atomizada y de perfil más pasivo, propia de la pre-modernidad.

Véase ALÁEZ CORRAL, 2006: 25-35.

TROPER, 1998.

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derechos políticos e igualdad15. Y las mujeres participaron también activamente en reuniones y debates públicos. Entre 1789 y 1793 llegó a haber en Francia hasta 56 grupos documentados de mujeres, que en su diversidad cubrían un amplio espectro social, político y temático16.

Con todo, pese a la lógica participativa ciudadana que presidió la Revolución Francesa y a la implicación en ella de mujeres, la Constitución de 1791 les negó la ciudadanía activa, excluyéndolas de los derechos de sufragio y de llevar armas17, reduciéndolas a la condición oximorónica de ciudadanas pasivas, “ciudadanas sin ciudadanía”18, participantes pero sólo de facto, que no de derecho, en el proceso revolucionario. Pronto tal oxímoron se resolvería mediante la prohibición de toda intervención de las mujeres en la esfera pública. Tras años de exclusión de clubes y sociedades revolucionarias, su participación en ellos fue formalmente prohibida en Francia durante la represión jacobina, en virtud de un decreto del 30 de octubre de 1793, por considerarse incompatible con su vocación doméstica. La misma línea sería seguida más tarde por otros Estados: en 1851, la Ley de Prensa Sajona, conocida como Lex Otto, privó a las mujeres de la libertad de prensa, mientras las leyes de asociación prusiana (1850) y austríaca (1867) abolieron su derecho de asociación con fines políticos19.

De nuevo en Francia, la Constitución de 1793 confirmó la exclusión de las mujeres de la ciudadanía activa20. Más adelante, la Constitución de 1795 vendría a convertir la ciudadanía activa o política

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PULEO, 1993 [2011]: 109-133.

Los había filantrópicos, defensores del clero constitucional (el que había jurado la nueva Constitución) o del clero refractario (el que se había negado a hacerlo), así como grupos, más radicales, que reivindicaban el derecho de las mujeres a defender el país con las armas cuando fuera necesario. Véase CHAPERON, 2012: 306.

LANDES, 1996: 302.

LANDES, 1996: 305.

SACKSOFSKY, 2012: 129; BADER-ZAAR, 2012: 194.

LANDES, 1996: 302. Pese a haber sido oficialmente excluidas del referéndum sobre la Constitución de 1793, muchas mujeres participaron en él en las cerca de 30 asambleas electorales provinciales. Finalmente, con todo, no se contabilizaron sus votos, lo que llevó a las mujeres a escribir cartas aprobando la Constitución, pero expresando su malestar por haber sido privadas del derecho a votarla (CHAPERON, 2012: 307).

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en sinónimo de ciudadanía tout court21, al tiempo que le superponía una dimensión formal que la identificaba con la nacionalidad. El resultado de esta evolución fue, como hemos visto, la construcción de la ciudadanía como un término bifronte, anfibológico: estatus formal, homogéneo, de pertenencia al Estado-Nación, sinónimo pues de nacionalidad, de un lado; estatus participativo dentro de ese Estado-Nación, fuente de su legitimación soberana, de otro22. Y el resultado fue también una construcción restrictiva de la ciudadanía participativa, reservada a la minoría de ciudadanos formales, de nacionales, que al abrigo de la soberanía nacional conformaban el cuerpo electoral: a los varones que gozaban de un mínimo nivel de renta23. El resto de la población era tan sólo titular de la ciudadanía formal, de la nacionalidad; lo cual ha llevado a Michel Troper a afirmar que la verdadera función del concepto de nacionalidad “no fue distinguir a francesas/es de extranjeras/os, sino diferenciar a las/os francesas/es entre sí”24. De este modo, quienes integraban la población de meras/os nacionales quedaban reducidas/os a la categoría de “protegidos”25, beneficiarias/ os indirectas/os de la actividad que desarrollara el colectivo, reducido, de ciudadanos. Es en esa categoría donde, en Francia como en la mayoría de los nuevos Estados-Nación que fueron surgiendo en Europa, se integró a las mujeres. También en España, en un momento en que precisamente estaba en juego la construcción de la nación española26, la Constitución de Cádiz de 1812 excluyó a las mujeres de la ciudadanía entendida como estatuto participativo (véanse por todos sus artículos 18 a 26); las excluyó incluso de la ciudadanía formal o nacionalidad (artículo 5), e incluso de la categoría jurídica de personas, reduciéndolas a meras “almas” (artículos 31-33; 310) sin personalidad jurídica27. El Estado-Nación se consolidaba así como una estructura jurídico-política excluyente de la ciudadanía de las mujeres.

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TROPER, 1998. Véase también GUIGUET, 1998.

PITKIN, 1967: 173.

Sobre la evolución del sufragio en los países que integran la Unión Europea, hasta llegar al sufragio universal, véase RODRÍGUEZ RUIZ y RUBIO MARÍN, eds., 2012.

TROPER, 2012: 50.

KANT, 1795 [2006]: 265. ÁLVAREZ JUNCO, 2001: 119-149; 187-279.

Sobre este tema, véase CLAVERO, 1987.

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Ciertamente, las mujeres no fueron las únicas inicialmente excluidas de la ciudadanía en el nuevo Estado-Nación. También lo fueron en sus orígenes los varones que no reunieran determinados requisitos, variables según los países, de renta (artículo 92 de la Constitución española de 1812) y/o de educación28. Con todo, la exclusión de la mayoría de los varones de la ciudadanía difiere de la exclusión de todas las mujeres, y no sólo por razones cuantitativas: lo relevante aquí es que, mientras la exclusión de la mayoría de los varones tenía, al menos en teoría, carácter coyuntural, subsanable mediante la adquisición de un determinado nivel educativo y/o de renta, la de las mujeres era inamovible, desempeñando, tanto en la tradición republicana como en la liberal, una función estructural en la construcción de dicha ciudadanía.

III. ESTADO Y CIUDADANÍA SEXUADA EN LA TRADICIÓN REPUBLICANA La construcción de la ciudadanía en la tradición republicana se basa en una división de tareas entre varones y mujeres, a partir de la cual los individuos se diluyen dentro del colectivo nacional a que pertenecen, quedando los primeros al servicio de los intereses del segundo, y éstos al servicio del bien común. Con base en esta lógica republicana, se entendió que correspondía a los varones hacerse cargo de lo público, y a las mujeres encargarse de la gestión de la esfera doméstica. La función de las mujeres consistía aquí en proporcionar a los varones el sustento físico y emocional que precisaban para poder funcionar como ciudadanos en lo público. Esta división de tareas ciudadanas entre lo público y lo doméstico descansaba a su vez en una división de virtudes y deberes republicanos. Se reservaba así a los varones un compromiso patriótico con la esfera pública, mientras la tarea de las mujeres consistía en la reproducción de la nación en términos tanto físicos como culturales y simbólicos. Se les reservaba la reproducción pues de los valores republicanos, cultivando y transmitiendo el apego a los mismos y actuando como guardianas de la virtud y de la moral29.

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RODRÍGUEZ RUIZ y RUBIO MARÍN, eds., 2012.

LISTER. et al., 2007: 21.

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El mejor exponente de esta construcción sexuada de la ciudadanía entendida en clave republicana lo encontramos en Jean-Jacques Rousseau, padre teórico de la democracia moderna, y cuya construcción de la misma, desarrollada en Del Contrato Social, se complementa de forma necesaria con la construcción de dos modelos simbólicos de género, desarrollados en Emilio, o de la Educación30, modelos simbólicos que vienen sustentando el Estado hasta nuestros días. Nos encontramos ante dos obras contemporáneas, publicadas ambas en 1762, reflejo pues de un pensamiento coherente y que son, como decía, complementarias: mientras la primera articula el pacto social que da origen al Estado, la segunda articula la construcción de los géneros que subyace a dicho pacto, que hace dicho pacto posible. Es más, mientras Rousseau articula el primero en un opúsculo de unas 120 páginas, la construcción de los géneros ocupa en Emilio alrededor de 600, muestra de que nos encontramos ante “un tema central y no un tema periférico en su obra política”31.

Los primeros cuatro capítulos (libros) de Emilio están dedicados a la educación del ciudadano modelo en el nuevo Estado, educación que se centra en inculcar a éste, a Emilio, las nociones de independencia, racionalidad, justicia, valor y conocimiento de un mundo en cuya esfera pública se quiere que sepa desenvolverse con soltura. El quinto y último capítulo (libro) está dedicado al modelo de ciudadana moderna, simbolizado en la figura de Sofía, y que es el contrapunto de Emilio. Siempre atento a los dictados de la naturaleza, Rousseau observa que el varón es naturalmente libre y construye su ciudadanía en torno a esa libertad. Observa que, por otro lado, la mujer “está hecha especialmente para complacer al hombre” y “para ser subyugada” por él32. La base de esta diferencia tan esencial entre los sexos se encuentra en su diferente fortaleza física. La naturaleza ha hecho fuerte a un sexo, débil al otro. Y como para Rousseau lo natural con-

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ROUSSEAU, 1762b [1996]: 275; ROUSSEAU, 1762a [1985].

RUBIO CASTRO, 1997: 74; WINGROVE, 2002: 336-341; KUKLA, 2002. La educación, como instrumento más disciplinario que emancipador, es en efecto un tema central en la construcción de la ciudadanía republicana (LISTER et al., 2007: 21).

ROUSSEAU, 1762a [1985]: 412.

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duce necesariamente a lo moral, “el uno deber ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil”33.

Es importante recordar que para Rousseau lo natural no es un hecho estático, sino algo que, con ayuda humana, evoluciona vocacionalmente hacia el ideal de la perfección, medida en términos de lo que es bueno para la humanidad34. Es más, para el autor del Discurso sobre el origen y los fundamentos de la igualdad entre los hombres, entendidos obiamente como varones, entre éstos “la desigualdad apenas es sensible en el estado de naturaleza, y […] su influencia en él es casi nula”35. Esta situación debe trasladarse a la sociedad civil, razón por la cual “la desigualdad moral, solamente autorizada por el derecho positivo, es contraria al derecho natural, siempre que no concurra, en igual proporción, con la desigualdad física”36. En lo que hace a la relación entre los sexos, sin embargo, la diferente fuerza física entre varones y mujeres adquiere relevancia estructural, erigiéndose en un dato objetivo e inamovible, origen y justificación de todas las diferencias morales y políticas entre ambos, y ello con base en el instinto de preservación común a ambos sexos. Este requiere que uno, el más fuerte, adopte un rol agresivo, idóneo para la actuación en la esfera pública, mientras que el otro, físicamente más débil, reserve sus energías para la reproducción en el ámbito de lo doméstico. Es más, concluye Rousseau, la libertad contradice la naturaleza de las mujeres, cuya debilidad física y cuya función reproductora las conducen más bien a someterse y obedecer dócilmente a los varones37 en un matrimonio de sumisión. Sólo en él se verá realizado su destino ciudadano, complementario del de aquéllos. Ambos pasan por que los

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ROUSSEAU, 1762a [1985]: 412 –mi cursiva.

KUHLA, 2002: 349-350.

ROUSSEAU, 1762b [1996]: 275.

ROUSSEAU, 1762b [1996]: 316.

ROUSSEAU, 1762a [1985]: 457-458; 471. KUHLA (2002) argumenta que la subordinación de las mujeres a los hombres no es, en la obra de Rousseau, la única relación posible entre los sexos, pero sí es el modelo de relación que se corresponde con sus designios políticos, el modelo por tanto paradigmático en el contexto de dichos designios. Para una lectura en clave de performatividad política de la relación entre los sexos en Rousseau, y del lugar destacado que en ésta ocupa la sumisión sexual de las mujeres, léase el estimulante artículo de Elisabeth WINGROVE (2002).