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tratados

SISTEMA DE JUSTICIA DE EJECUCIÓN PENAL

MIGUEL SARRE GERARDO MANRIQUE

tratados

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Sujetos procesales en torno a la prisión en México

MIGUEL SARRE GERARDO MANRIQUE

SISTEMA DE JUSTICIA DE EJECUCIÓN PENAL

Con la promulgación en México de la Ley Nacional de Ejecución Penal (2016), se materializan y desarrollan aportes de fuente interna e internacional, para lograr una prisión sin abusos ni privilegios; una prisión con ley. Así, los autores —ante la evidente insuficiencia de enfoques acotados a la gestión penitenciaria— examinan las bases conceptuales y los cauces procesales para la funcionalidad de este nuevo subsistema de justicia penal; de ahí la utilidad de esta obra para adentrarse en su conocimiento, participar en su instrumentación o beneficiarse por su aplicación. Tirant lo blanch se enorgullece de irradiar este pensamiento jurídico renovado en América Latina, el Caribe y la península ibérica.

Prólogo de

MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY

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SISTEMA DE JUSTICIA DE EJECUCIÓN PENAL Sujetos procesales en torno a la prisión en México

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

SISTEMA DE JUSTICIA DE EJECUCIÓN PENAL Sujetos procesales en torno a la prisión en México

MIGUEL SARRE Profesor del itam

GERARDO MANRIQUE Defensor público federal

Prólogo de

maría amparo hernández chong cuy Magistrada de Circuito

Ciudad de México, 2018

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Miguel Sarre

Gerardo Manrique

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO

Río Tiber 66, Piso 4

Colonia Cuauhtémoc

Delegación Cuauhtémoc

CP 06500 Ciudad de México

Tel: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es

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Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Prólogo. Ni un miserable más.................................................................. 17 María Amparo Hernández Chong Cuy

Abreviaturas y nomenclatura.................................................................. 29 Nota del editor y de los autores.............................................................. 33 Agradecimiento conjunto de los autores............................................... 35 Agradecimientos personales y dedicatoria de Miguel Sarre................. 37 Agradecimientos personales y dedicatoria de Gerardo Manrique....... 39 Capítulo I EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA DE EJECUCIÓN PENAL EN MÉXICO 1. Derecho de Ejecución Penal.................................................................... 44 1.1. Fundamento constitucional y debido proceso............................... 45 1.2. Alcance: desde la prisión preventiva o cautelar hasta la extinción de la pena.......................................................................................... 48 1.2.1. La prisión preventiva como medida cautelar en la instancia declarativa y como situación jurídica en la instancia ejecutiva................................................................................ 50 1.3. Consecuencias jurídicas del reconocimiento de la identidad del Derecho de ejecución penal............................................................ 57 2. Destinatarios del Derecho de ejecución penal (ámbito personal)........ 59 2.1. Autoridades administrativas de ejecución penal............................ 60 2.1.1. Normas de ejecución penal de carácter nacional.............. 60 2.1.2. Leyes orgánicas y administrativas locales y federales......... 61 2.1.3. Normas reglamentarias de los centros (incluyendo protocolos)................................................................................. 61 2.2. Autoridades judiciales de ejecución penal..................................... 65 2.2.1. Autoridad judicial competente para resolver sobre las condiciones de las personas en prisión preventiva y sobre la modificación de medidas cautelares............................... 66 2.3. Personas privadas de la libertad...................................................... 78 2.3.1. Internos por delitos militares en prisiones militares......... 79 2.3.2. Internos en prisiones civiles por delitos militares.............. 82 2.4. Otros sujetos del dep........................................................................

82 3. Contenidos del Derecho de ejecución penal (ámbito material)........... 84 3.1. Normas sustantivas del dep..............................................................

87 3.2. Normas procedimentales del dep...................................................

88

8

Índice

3.3. Normas reguladoras de procedimientos administrativos.............. 88 3.4. Normas procesales del dep..............................................................

89 3.5. Coercibilidad o ejecutabilidad del dep...........................................

97 4. Centros de origen y centros receptores. Competencia judicial sobre los mismos (ámbito espacial)................................................................... 98 4.1. Competencia de las autoridades judiciales de ejecución penal.... 99 4.1.1. Regla general para establecer la competencia................... 99 4.2. Controversias sobre la legalidad de traslados involuntarios.......... 115 4.3. Competencia para resolver las controversias sobre el incumplimiento de condiciones de libertad condicionada y de medidas de seguridad en libertad.................................................................. 116 5. Vigencia del Derecho de ejecución penal (ámbito temporal).............. 116 5.1. Problemática de la entrada en vigor de algunas normas de la lnep................................................................................................... 117 5.1.1. Regla general. Normas que entraron en vigor el día siguiente de la publicación de la Ley.................................... 118 5.1.2. Consideraciones sobre la entrada en vigor de normas procedimentales, sustantivas y procesales previstas en el primero y segundo párrafos del artículo segundo transitorio....................................................................................... 118 5.1.3. Consideraciones sobre la entrada en vigor de normas de ejecución penal de carácter sustantivo............................... 119 5.1.4. Consideraciones sobre la aplicación de las normas procesales de la lnep con independencia de las normas sustantivas de ejecución penal....................................................... 121 5.1.5. Consideraciones sobre normas de ejecución penal de carácter procesal...................................................................... 122 5.1.6. Consideraciones sobre la aplicación de la lnep con independencia del sistema procesal que motivó la imposición de la prisión.......................................................................... 129 5.1.7. Sobrecalentamiento de la justicia de amparo por inaplicación de la lnep..................................................................... 131 5.1.8. Consideraciones sobre la aplicación de la lnep con independencia de la designación de jueces especializados en ejecución penal y de los Acuerdos del Consejo de la Judicatura.............................................................................. 132 5.1.9. Aplicabilidad limitada del plazo de cuatro años previsto en el penúltimo párrafo del artículo octavo transitorio.... 134 5.1.10. Caso especial del artículo noveno transitorio.................... 135

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Capítulo II PANORAMA GENERAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL MEXICANO 1. Evolución de la Ejecución Penal en el ámbito interno.......................... 138 1.1. Primera época, la regeneración moral....................................... 139 1.2. Segunda época, la readaptación social...................................... 143 1.3. Tercera época, la reinserción social........................................... 151 1.3.1. Reforma relativa al sistema de seguridad y justicia, junio 2008....................................................................................... 151 1.3.2. Reforma al artículo 18 constitucional de junio de 2011.... 152 1.3.3. Interpretación constitucional sobre el Derecho Penal de acto........................................................................................ 153 1.3.4. Reforma al artículo 73, fracción xxi constitucional.......... 156 1.3.5. Interpretación constitucional sobre la naturaleza jurídica de las controversias en materia de ejecución penal........... 156 1.4. Síntesis de la evolución de la ejecución penal en México: de la regeneración a la reinserción social (1917-2016).................................. 157 2. El principio constitucional de la mayor protección a los derechos humanos y fuentes internacionales del Derecho de Ejecución Penal....... 160 2.1. Estándares de fuente interamericana: el caso de la insuficiencia presupuestaria para satisfacer los derechos de las ppl................... 172 2.1.1. Derecho de fuente interna.................................................. 173 2.1.2. Ámbito convencional........................................................... 174 2.1.3. Derecho comparado............................................................ 175

Capítulo III SUBORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PENAL A LOS FINES DEL DERECHO PENAL 1. Delimitación de competencias en la ejecución penal............................ 178 2. Naturaleza secular o desideologización de la pena................................ 185 2.1. Prevención general............................................................................ 188 2.1.1. Prevención general positiva, o de la integración............... 188 2.1.2. Prevención general negativa................................................ 191 2.2. Prevención especial.......................................................................... 192 2.2.1. Prevención especial positiva................................................ 193 2.2.2. Prevención especial negativa............................................... 200 3. Perspectivas............................................................................................... 204

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Capítulo IV DERECHOS SUSTANTIVOS EN LA EJECUCIÓN PENAL 1. De la sujeción especial al sistema de derechos humanos en la ejecución penal.......................................................................................................... 212 2. Clasificación de los derechos en reclusión.............................................. 217 2.1. Carácter progresivo propio y justiciabilidad de los derechos en reclusión............................................................................................ 222 2.2. Criterios orientadores para la ponderación de derechos.............. 224 2.2.1. Análisis del test de proporcionalidad en la ejecución penal..................................................................................... 225 2.2.2. Análisis del parámetro de plenitud en el cumplimiento de las resoluciones judiciales............................................... 228 2.3. Consideraciones sobre las condiciones de internamiento, así como sobre la gobernabilidad de los centros.............................. 230 2.3.1. Aspectos materiales.............................................................. 231 2.3.2. Gobernabilidad.................................................................... 234 2.4. Parámetros de exigibilidad, cualitativos y de no discriminación de los derechos prestacionales en reclusión................................... 247 3. Derechos de visitantes, defensores y observadores................................. 250 3.1. Derechos sustantivos de los visitantes............................................. 253 3.1.1. Derecho a ingresar al centro; su periodicidad o carácter esporádico y su duración..................................................... 254 3.1.2. Derechos durante el ingreso, egreso y estancia en el centro........................................................................................ 256 3.1.3. Visitas entre ppl, en el mismo o en distinto centro......... 258 3.1.4. Derechos de los visitantes relacionados con los traslados de las ppl............................................................................... 259 3.2. Derechos sustantivos de los defensores........................................... 259 3.2.1. Derechos ante las autoridades administrativas................... 260 3.2.2. Derechos de los defensores ante autoridades judiciales.... 262 3.3. Derechos de los observadores......................................................... 265

Capítulo V PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JURISDICCIONALES 1. Antecedentes............................................................................................. 271 2. Actos procedimentales y las garantías orgánicas (materiales) de inmediación y publicidad................................................................................. 277 2.1. Funciones administrativas (procedimentales) de los órganos jurisdiccionales de ejecución penal.................................................... 279 2.1.1. Integración de la carpeta judicial de ejecución penal....... 280 2.1.2. Formación del cuaderno de precedentes obligatorios...... 281 2.1.3. Acreditación de visitantes, familiares y defensores............ 281

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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

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Funciones de los consejos de la judicatura..................................... 283 Funciones de las autoridades administrativas................................. 285 Funciones de las defensorías públicas............................................ 285 Funciones del Ministerio Público y, en su caso, asesoría jurídica de la víctima...................................................................................... 291 3. Aspectos generales de los procedimientos administrativos y de los procesos judiciales.................................................................................... 292 4. Procedimientos administrativos............................................................... 294 4.1. Peticionarios legitimados dentro de los procedimientos administrativos............................................................................................... 296 4.2. Tramitación y suspensión del acto.................................................. 299 4.2.1. Casos urgentes, peticiones confusas sobre la urgencia del caso y suspensión el acto...................................................... 300 5. Procesos jurisdiccionales.......................................................................... 301 5.1. Sujetos legitimados en procesos jurisdiccionales........................... 305 5.2. Principios constitucionales comunes al Derecho procesal penal y el Derecho de ejecución penal. Carácter autónomo del Derecho de ejecución penal, y supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales................................................................... 309 5.2.1. Medidas cautelares o casos urgentes de protección en la ejecución penal.................................................................... 313 5.2.2. Tarea de las juezas y los jueces de ejecución penal............ 314 5.3. Distintos tipos de controversias....................................................... 316 5.3.1. Controversias judiciales durante la prisión preventiva y a lo largo del cumplimiento de la pena: C1-C6..................... 320 5.3.2. Controversias judiciales derivadas de puntos resolutivos de la sentencia dictada del proceso penal distintos a la pena de prisión..................................................................... 322 5.3.3. Otras controversias propias de la ejecución penal en reclusión................................................................................... 322 5.4. Sustanciación de las controversias durante la instancia de ejecución en reclusión.............................................................................. 322 5.4.1. Aspectos formales................................................................. 323 5.4.2. Medio electrónico de videoconferencia para la celebración de audiencias................................................................ 323 5.5. La garantía probatoria en la ejecución penal................................. 324 5.5.1. Testimonio de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil observadoras..................................................... 325 5.5.2. Testimonios de los visitadores de las comisiones públicas de derechos humanos, así como otros elementos probatorios aportados por dichas instituciones y por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (mnp).. 328 5.5.3. Testimonios de las autoridades corresponsables................ 331 5.5.4. Preparación y seriación de audiencias de ejecución penal..................................................................................... 331

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5.5.5. Desarrollo de la audiencia de controversia de ejecución penal..................................................................................... 334 5.5.6. Incidentes en las audiencias................................................ 336 5.5.7. Consideraciones sobre la prueba testimonial en la ejecución penal............................................................................. 336 5.5.8. Acumulación de procedimientos y sentencias con efectos generales............................................................................... 336 5.6. Recursos............................................................................................ 339 5.6.1. Revocación............................................................................ 339 5.6.2. Apelación.............................................................................. 340 5.7. Herramientas de acceso a la justicia y medios para prevenir represalias por los procedimientos administrativos y los procesos judiciales instaurados....................................................................... 343

Capítulo VI BENEFICIOS CONSTITUCIONALES: PENA MÍNIMA ORDINARIA Y PENA MÁXIMA POSIBLE 1. Origen y justificación del derecho a los beneficios vinculados con la temporalidad de la pena.......................................................................... 348 2. Aplicación de los beneficios constitucionales......................................... 356 2.1. Referencia a la individualización de la pena por el juez de la instancia declarativa......................................................................... 357 2.2. Cómputo de la pena por la autoridad judicial de ejecución penal.................................................................................................. 358 3. Criterios constitucionales para determinar el cumplimiento de una pena superior a la mínima ordinaria......................................................... 362 3.1. Criterio de materialidad.................................................................. 366 3.2. Criterio de lesividad o afectación a bienes jurídicos...................... 366 3.3. Criterio de igualdad ante la ley....................................................... 367 4. Criterios legales respecto al cómputo de la pena................................... 369 4.1. Cómputo anual y cómputo acumulado de los beneficios constitucionales.......................................................................................... 369 5. La libertad condicionada......................................................................... 372 5.1. Regulación de la libertad condicionada......................................... 374 5.1.1. Tramitación y supuestos....................................................... 375 5.1.2. Modalidades......................................................................... 375 6. Libertad anticipada o absoluta................................................................. 379 7. Requisitos para obtener la libertad condicionada y la anticipada o absoluta...................................................................................................... 380 7.1. Negativa de los beneficios constitucionales por mala conducta e impunidad consistente en obtener beneficios indebidos en el centro como formas de impunidad..................................................... 395 7.2. Siete pasos para determinar la duración y extinción de la pena... 396

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8. Violaciones a los derechos a la libertad personal con motivo de la dilación o negativa injustificadas de los beneficios constitucionales........... 397 9. Cuestiones sobre la legislación sustantiva y procesal aplicable a los beneficios constitucionales............................................................................. 400 9.1. Aspecto sustantivo............................................................................ 400 9.1.1. Ultra actividad...................................................................... 401 9.1.2. Retroactividad....................................................................... 402 9.2. Aspecto procesal............................................................................... 402 10. Aspectos de inconstitucionalidad sobre las normas que restringen el acceso a los beneficios................................................................................. 405 11. Consideraciones sobre el régimen de semilibertad................................... 407

Capítulo VII DEL DERECHO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A SER ADECUADAMENTE UBICADAS, Y DE LOS TRASLADOS 1. Derechos sustantivos y adjetivos relativos a la ubicación........................ 410 1.1. Debida asignación de la persona privada de libertad a su centro.................................................................................................... 414 1.1.1. Personas sentenciadas: ubicación en el lugar más cercano a su domicilio; la regla general, y sus excepciones....... 416 1.1.2. Personas sujetas a prisión preventiva y detención previa: la regla general de la ubicación en el lugar del proceso y sus excepciones.................................................................... 424 2. Sustanciación de las controversias sobre la debida asignación a un centro específico..................................................................................... 428 2.1. Autoridades competentes para decidir sobre la ubicación antes de la sentencia firme........................................................................ 429 2.1.1. Durante la detención previa a la vinculación a proceso en casos de excepción............................................................... 429 2.1.2. Durante la prisión preventiva, independientemente de que se trate delincuencia organizada o casos similares..... 433 2.2. Decisiones judiciales sobre el centro específico en el que se habrá de cumplir la pena..................................................................... 438 2.2.1. Ante solicitudes de traslado voluntario............................... 438 2.2.2. Ante traslados involuntarios................................................ 440 2.3. Caso especial del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial... 443 3. Control judicial y administrativo en la operación de los traslados........ 444 3.1. Obligaciones de información.......................................................... 444 3.2. Cadena de custodia de las personas y otras medidas de prevención de violaciones a los derechos humanos.................................. 445 3.3. Cadena de custodia de las pertenencias de las ppl........................ 447 3.4. Transferencia del expediente y de la carpeta de ejecución al centro de destino................................................................................ 448

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4. Traslados internacionales......................................................................... 448 5. Ubicación dentro del centro.................................................................. 450

Capítulo VIII DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA EJECUCIÓN PENAL 1. Derecho de las víctimas del delito en materia penal y en la ejecución penal.......................................................................................................... 460 1.1. Derecho de las víctimas a la verdad en la instancia de ejecución penal.................................................................................................. 464 1.2. Derecho a la justicia de las víctimas del delito en la instancia de ejecución........................................................................................... 465 1.2.1. Derecho a que los delitos no queden impunes.................. 466 1.2.2. Correlación entre los derechos de las víctimas a la persecución penal y los derechos de las víctimas a la debida ejecución penal.................................................................... 466 1.2.3. Correlación entre la prohibición de hacerse justicia por propia mano y el deber del Estado de sancionar los delitos.......................................................................................... 467 1.2.4. Las víctimas como titulares del derecho a la plena ejecución de las resoluciones judiciales........................................ 468 1.2.5. Límites a los derechos de las víctimas del delito en razón del principio non bis in idem y del artículo 118 de la lnep. 470 1.3. Derecho a la reparación del daño a la víctima del delito en la instancia de ejecución...................................................................... 473 1.4. Otros derechos procesales de las víctimas del delito en la instancia de ejecución................................................................................ 474 2. El Ministerio Público en la ejecución penal........................................... 476 2.1. Funciones del Ministerio Público antes de la unificación en materia de ejecución penal................................................................... 476 2.2. Función del mp en la lnep............................................................... 478 2.2.1. Cuestiones procesales sobre la intervención del Ministerio Público en la Ejecución Penal....................................... 484 3. Especialización del mp en la ejecución penal......................................... 487

ANEXOS I.

Declinación de la jurisdicción de la jueza de ejecución penal local de Chiapas............................................................................................... 491 II. Rechazo de la jurisdicción del juez de ejecución penal del juez local de Guanajuato........................................................................................ 492

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III. Bifurcación de la competencia entre la jueza de ejecución local del estado de Chiapas y el juez federal de ejecución penal con jurisdicción sobre el centro receptor................................................................ 493 IV. Variante de la bifurcación de la competencia de ejecución penal durante la época de transición................................................................ 494 V. Pauta para la apertura de una audiencia.............................................. 495 VI. Extracto del sentido de los votos que corresponde a los debates de los días 16 y 17 de febrero de 2015 en el Pleno de la scjn.................. 499 VII. Proyecto de Ley Orgánica reguladora del procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en España.................................. 503 VIII. Protocolo para el resguardo de personas en situación de especial vulnerabilidad del Servicio Penitenciario Federal Argentino............. 504 Bibliografía...................................................................................................... 505

Prólogo

Ni un miserable más Hace unos meses, por razones del todo circunstanciales, di con un libro que despertó en mí mucha curiosidad. Era un libro sobre un libro. Un libro que pretendía explicar por qué otro libro, en apariencia del género de ficción, escrito hace varios centenares de años, era una pieza maestra, intemporal en sí misma. Lleva por título The novel of the century, the extraordinary adventure of Les Miserables, escrito por el profesor David Bellos (Farrar, Strauss and Giroux, Nueva York, 2017).

Lo leí con singular interés y fui descubriendo por qué, tal como lo anunciaba su título, la célebre obra de Víctor Hugo puede ser considerada como la novela del siglo, si es que a la luz de todo lo que queda ahí al descubierto sobre las vivencias de su autor, seguimos pensándola como novela. Ciertamente, no necesitaba haber leído este libro para admirar la obra hace ya tantos años escrita.

Desde mi primer acercamiento a Les Miserables, que ocurrió en mi época adolescente, en versión teatral musical, había sido cautivada por la historia y sus múltiples personajes, así como impresionada por las enormes injusticias ahí retratadas. La había ido conociendo a través de distintas versiones en cine, adaptaciones literarias e incluso, más recientemente, en versión manga. Pero a pesar de ya conocerla, ir descubriendo, de la mano de este pequeño libro que ahora tenía en mis manos, tantas cosas, biográficas, históricas y contextuales, que hay detrás de ella y que la explican, ahondó en mi la fascinación que desde hace ya algunos años albergaba.

Pensarán, estimados lectores, a estas alturas, ¿a qué viene a cuento esto ahora? Permitan explicarles que, en una obra como la que aquí se presenta, tiene todo que ver. Cuando empecé a adentrarme en ella y conforme la fui conociendo, constantemente recordaba aquél libro y, sobre todo, el libro sobre el que habla el libro. Las asociaciones que, una tras otra, hacía involuntariamente en mi interior no cesaban y no me dejaron de acompañar durante todo el viaje por sus páginas. Espero poder explicarles por qué.

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María Amparo Hernández Chong Cuy

*** Desde mucho antes de conocer la obra que aquí presentamos, tenía presente que con la promulgación de la reforma constitucional de 2008, que sentó las bases del actual Derecho de ejecución penal, se daba un enorme paso en esta temática. Tenía presente también lo importante que fue cuando en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera (por fin) la materialidad penal de todo lo inherente a la ejecución de las penas y la competencia y rectoría judicial que ello demanda.

Como también tenía presente el parteaguas que representó que, en junio de 2016, se promulgara la ley nacional de ejecución penal. Pero, con todo, debo confesar que no fue sino hasta que leí esta obra que realmente creo haber comprendido, en todas sus dimensiones, lo verdaderamente relevante de esta legislación. Así como me pasó con el libro que me llevó a redimensionar la valía del otro libro. Y —debo decirlo— ha sido una grata, muy grata sorpresa la que me he llevado.

Esta es, una obra sobre una obra. No como la que he referido antes, pero sí parecida. Es un libro sobre una Ley, que, por la vasta información que ofrece, por sobre todas las cosas, permite entender y calibrar la enorme relevancia que la expedición de la ley nacional de ejecución penal tiene para el sistema jurídico mexicano, para el Derecho penal en su conjunto y, particularmente, lo crucial que resulta para posibilitar la realización misma de sus fines últimos. Entendí, a través de esta obra, que se trata de una Ley que tiene el potencial de dignificar lo que históricamente ha sido dejado de lado, que es legislación de avanzada y que, aplicada en sus términos, puede llevar a erradicar la personificación de la miseria humana en que, en muchos casos, se convierte la vida en prisión. *** Con sus páginas me transporté a una tarde, quizá de 2011 o los primeros meses de 2012 —ya no tengo claras las fechas, en la que, siendo Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, llegaron a entregarme un montón de cajas llenas de papeles. “Un

Prólogo

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asunto que te toca”, me dijeron. Ante mi espanto, Jeannette y yo, mi colaboradora entonces (y aún ahora), alumna (intramuros) de Miguel, empezamos a abrir una tras otra para ver de qué se trataba. Cual fue nuestra sorpresa que eran un buen número de amparos en revisión, que tenían en común haber sido promovidos por prisioneros en contra de la orden de traslado o cambio de centro penitenciario. Eran personas que habían sido cambiados de una prisión a otra, de un momento a otro, sin preguntar, sin avisar y, como era antes y era “normal”, sin pedir autorización judicial.

Pero los tiempos constitucionales ya no eran los de antes.

Estos juicios, muchos de ellos —creo recordar— promovidos por defensores públicos —como Gerardo— abrían paso a que las discusiones sobre la regularidad constitucional de los actos suscitados después de dictada una sentencia penal fueran reabiertas en la Suprema Corte, precisamente porque el escenario constitucional ahora era radicalmente distinto. La justicia penal había tocado fondo y la Constitución había reconfigurado su modelo hacia uno de orden acusatorio y oral, como también se habían constitucionalizado nuevos aspectos de la ejecución penal (2008), y había recién entrado en vigor la reforma en derechos humanos (2011). Se venían nuevas discusiones, impulsadas por defensores públicos activos, comprometidos con sus causas, movidos por su servicio, más por vocación que por deber.

Estos asuntos, aun cuando no los proyecté —estaba entonces en la Secretaría Técnica de la Presidencia— me adentraron en el estudio del ahora llamado Derecho de ejecución penal, proceso en el cual fui descubriendo el sensible potencial de transformación social que, bien entendido y debidamente puesto en marcha, puede alcanzar; estudio que me llevaría a concluir que, entre los derechos de mayor trascendencia que tienen las personas privadas de libertad, está el derecho a compurgar su pena en el lugar más cercano a su domicilio, porque se trata de un derecho de cuyo respeto pende que el castigo penal no sólo sea para quien delinquió, sino que también trascienda a sus afectos. Y lo digo, imposible negarlo, pensando sobre todo en quienes son madres, en quienes tienen a su cargo los deberes de cuidado de otros que las

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María Amparo Hernández Chong Cuy

necesitan. De ahí y por esto, la publicación del breve estudio, generosamente citado en esta obra, que intitulé “El derecho humano a cumplir las penas de prisión en un lugar cercano al domicilio. Dimensionar la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte”.

Los amparos en revisión de los que hablo llevarían a la Corte a sentar el primer precedente en el que, pese a la apertura hacia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que ahora estatuía el artículo 1º constitucional, se reconociera que no era el caso voltear hacia esas normas porque, en esta temática, el derecho mexicano era más protector del ser humano. El poco derecho constitucional mexicano que había en el tema era más amplio que el del derecho internacional, algo no usual en los litigios de derechos humanos.

Al final, la Corte, efectivamente, modificó su anterior criterio, para ahora considerar estos amparos como del orden penal (ya no de Derecho administrativo); clasificación que no es meramente teórica, pues en ello conlleva el reconocimiento de todas las vulnerabilidades y vicisitudes con que se codea la problemática de las personas privadas de libertad. Y, también, igual de importante, llevarían a que se reconociera la judicialización de la ejecución penal, la maximización de la presencia del juez, y la sujeción de las autoridades penitenciarias a su jurisdicción. Y en ello iba, no un cambio de formas ni de mero proceso, sino un cambio de paradigma en la situación jurídica de los presos. *** Volver a estas temáticas, a propósito de escribir este prólogo, ha sido tan nostálgico como alentador. La obra de Miguel y Gerardo comprende pasajes de información que nos ayudan a entender las discusiones, jurisprudenciales y académicas que están detrás de cada uno de los rubros que tiene la Ley. Tiene piezas de información histórica y de derecho comparado, que nos ayudan a tener referentes que van dejando en claro el gran paso que México da frente al mundo con este cuerpo legal.

Los autores incluyen varios elementos gráficos que condensan de modo altamente pedagógico una gran cantidad de informa-