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RÉGIMEN FISCAL Y LIMITACIONES A LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PARTICULARES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Jorge A. Cerdio Herrán

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Luis González Cussac

Ignacio Sancho Gargallo

Luis López Guerra

Elisa Speckmann Guerra

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

RÉGIMEN FISCAL Y LIMITACIONES A LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PARTICULARES

PASCUAL ALBERTO OROZCO GARIBAY

tirant lo blanch

Ciudad de México, 2023

Copyright ® 2023 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex. Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

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Índice I. PROPIEDAD PRIVADA....................................................... II. RÉGIMEN FISCAL DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN EL PAÍS.................................................. III. RÉGIMEN FISCAL DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS O RESIDENTES EN EL EXTRANJERO . IV. RÉGIMEN FISCAL DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PERSONAS MORALES...................................................................................... V. CASOS PRÁCTICOS........................................................... FUENTES CONSULTADAS...........................................................

9 25 35 40 57 64

RÉGIMEN FISCAL Y LIMITACIONES A LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PARTICULARES Pascual Alberto Orozco Garibay Notario 193 de la Ciudad de México SUMARIO: I. PROPIEDAD PRIVADA. II. RÉGIMEN FISCAL DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN EL PAÍS. III. RÉGIMEN FISCAL DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS O RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. IV. RÉGIMEN FISCAL DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE INMUEBLES POR PERSONAS MORALES. V. CASOS PRÁCTICOS. FUENTES CONSULTADAS.

I. PROPIEDAD PRIVADA 1. Concepto Es un derecho humano que se caracteriza por ser un derecho real de todo particular para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones prescritas en las leyes y con las modalidades asumidas voluntariamente. Se lo transmite el Estado y comprende, únicamente, la superficie y los componentes del terreno porque los bienes del subsuelo y el espacio aéreo están

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atribuidos a la federación. Se desprende de los artículos 1°, 14, 16 y 27, fracción I, constitucionales; y del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La propiedad privada en México no es absoluta como en el derecho romano, ya que se encuentra limitada por las restricciones prescritas en las leyes. Dichas limitaciones se traducen en restricciones o prohibiciones a los derechos de usar, disfrutar o disponer de los bienes. Nuestra Carta Magna en su artículo 27 prescribe que la propiedad privada está condicionada y limitada por su función social, y determina que se pueden imponer modalidades a la misma por causa de interés público o incluso expropiarse por razones de utilidad pública. Nuestro texto constitucional denomina modalidades a las restricciones a la propiedad, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque válidamente es posible distinguir las limitaciones o restricciones impuestas por las leyes de las modalidades asumidas voluntariamente por los propietarios.1 La propiedad privada, como derecho humano, debe estar protegida y garantizada, y únicamente en situaciones excepcionales se debe restringir. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el derecho relativo a la propiedad privada está limitado por su función social.2 Las limitaciones a ésta pue1 2

Tal como se precisa más adelante. Novena Época.—No. de registro: 175,498.—Instancia: Pleno.—Jurisprudencia.—Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.— Constitucional.—Tomo XXIII, marzo de 2006.—Tesis: P./J. 37/2006.— Página: 1481.—“PROPIEDAD PRIVADA. EL DERECHO RELATIVO ESTÁ LIMITADO POR SU FUNCIÓN SOCIAL.—La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y principalmente en el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés

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den ser impuestas tanto por el Congreso de la Unión como por las legislaturas de las entidades federativas, en sus respectivas jurisdicciones. 2. Características a)

Comprende tres derechos: de usar, de disfrutar y de disponer:

Es un derecho real;

Es un derecho que recae sobre un bien determinado;

Es un derecho oponible a todo mundo;

Es un derecho que confiere a su titular una preferencia en relación a cualquier otro tipo de derecho; y

Debe estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad para que sea oponible a los terceros y pueda gozar de los derechos de persecución y de preferencia.

Es de suma importancia recalcar que la propiedad, como cualquier otro derecho real, para que surta efectos contra terceros debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad, de lo contrario el derecho del propietario no es oponible a los terceros. Al respecto los artículos 3007, 3011 y 3013 del Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) establecen: Art. 3007. Los documentos que conforme a este código sean registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de terceros. Art. 3011. Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efec-

público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la Norma Fundamental”.

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tos contra terceros, deberán constar en el folio de la finca sobre que recaigan, en la forma que determine el reglamento [...]. Art. 3013. La preferencia entre derechos reales sobre una misma finca u otros derechos se determinará por la prioridad de su inscripción en el registro público, cualquiera que sea la fecha de su constitución [...].

La oponibilidad, persecución y preferencia que generan los derechos reales se encuentran condicionados a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad para que puedan ejercitarse. En la materia de los derechos reales no se aplica el principio de “primero en tiempo, primero en derecho” sino “primero en registro, primero en derecho”. 3. Limitaciones a la propiedad privada Concepto. Son restricciones o prohibiciones a los derechos de usar, disfrutar o disponer de los bienes. Actualmente la propiedad privada está limitada en cuanto a: a)

Su objeto, ya que sólo abarca la superficie;

Su extensión, porque están prohibidos los latifundios y no se puede adquirir una superficie de terreno agrícola o ganadera mayor de la pequeña propiedad;

Los sujetos, ya que las asociaciones religiosas únicamente pueden adquirir los bienes indispensables para su objeto, a juicio de la secretaría de gobernación; en el caso de los extranjeros, éstos tienen la prohibición absoluta de adquirir inmuebles en la zona restringida y en cualquier otra parte del país; requieren obtener previamente un permiso o constancia expedida por la secretaría de relaciones exteriores;

En cuanto al destino, uso permitido y aprovechamiento, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo urbano.

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Fundamento constitucional. Las limitaciones encuentran su soporte constitucional en el párrafo tercero del artículo 27, que en su parte conducente establece: La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad […].

Derivado de lo anterior: Nuestra carta magna señala que se dictarán las medidas necesarias para: a)

Ordenar los asentamientos humanos, estableciendo adecuadas: provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

El fraccionamiento de los latifundios.

La organización y explotación de los ejidos y comunidades.

El desarrollo de la propiedad rural.

El fomento de la agricultura, ganadería, silvicultura y demás actividades económicas. (De la Mata Pizaña y Garzón Jiménez, 2019, p. 274)

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Las principales limitaciones son las siguientes: a.

Las establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano3

Las que se traducen en que el propietario de un inmueble debe sujetarse a los usos permitidos, a los destinos, reservas y provisiones que le corresponden a su predio contenido en los planes y programas de desarrollo urbano.4 La obligatoriedad de las disposiciones que dicten las autoridades conforme a la referida ley general se encuentran prescritas en los artículos 48 y 61; asimismo, la federación, las entidades federativas y los municipios tienen un derecho preferente para adquirir los predios comprendidos en las zonas de reserva territorial cuando vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso (artículo 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano). La violación, tanto a la ley general como a las estatales, al igual que a los planes y programas de desarrollo urbano, trae como consecuencia la nulidad de los actos jurídicos.5 3

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2016. “Artículo 3.°. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por [:..] XVI. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población o Asentamiento Humano […] XXVIII. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro de población […] XXX. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento […] XXXVI. Usos del suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población o asentamiento humano […]”. “Artículo 110. No surtirán efectos los actos, convenios, contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta Ley, la legislación estatal en la materia y los planes o programas a que se refiere este ordenamiento”. “Artículo 111. Serán de nulidad los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios que: I. Contravengan las disposiciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano en cualquiera de sus modalidades, así como a las Provisiones, Usos de Suelo, Reservas o Destinos que establez-

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Adicionalmente, establece las obligaciones a los notarios de verificar previamente, antes de autorizar cualquier acto jurídico traslativo de la propiedad o relacionado con algún derecho real o con la posesión, el cumplimiento de las prescripciones establecidas en las leyes tanto general como estatales de desarrollo urbano, señalando las autorizaciones, permisos y licencias respectivas en las escrituras, en las cuales igualmente deben consignar una cláusula especial en la que se haga constar las obligaciones de los adquirentes de respetar los planes o programas de desarrollo urbano y en especial el uso o destino del predio objeto de dicho acto jurídico (artículo 112 de la Ley General de Asentamientos Humanos). Cabe aclarar que estas limitaciones también se hacen extensivas para el aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que forman parte de las zonas de urbanización ejidal, incluyendo las tierras de asentamiento humano en ejidos y comunidades (artículo 62 de la Ley General de Asentamientos Humanos).6

can; II. No contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, licencias o permisos para la Acción Urbanística que proceda, y III. Los actos jurídicos de traslación de dominio que se realicen sin respetar el derecho de preferencia a que se refiere el artículo 84 de esta Ley. La nulidad a que se refiere este artículo, será declarada por las autoridades competentes. Dicha nulidad podrá ser solicitada por la instancia de procuración de justicia mediante el ejercicio de la denuncia popular o a través de los procedimientos administrativos regulados en la legislación local”. “Artículo 62. El aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los Centros de Población o que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del Asentamiento Humano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley Agraria, en la legislación estatal de Desarrollo Urbano, en los planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables, así como en las Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios.—La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales correspondientes, de acuerdo a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de

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b. El propietario de un inmueble es dueño de la superficie y de los componentes del terreno únicamente Porque corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos en los términos de los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional. c.

Una persona no puede adquirir una superficie de terreno agrícola o ganadero mayor de la pequeña propiedad

La cual se encuentra establecida en el artículo 27-XV constitucional, y en caso de rebasarla, el excedente lo deberá enajenar (artículo 27-XVII constitucional). d.

Las consignadas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos7

Los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación y son inalienables e imprescriptibles (artículos 7-VIII y 13 de la Ley General de Bienes Nacionales) y los monumentos históricos y artísticos; si bien es cierto que pueden ser materia de propiedad privada, sus propietarios deben conservarlos y en su caso restaurarlos, previo permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), e igualmente existen restricciones y prohibiciones para exportar bienes artísticos (artículos 6.°, 7.°, 13, 16, 25 Y 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y

este ordenamiento y otras disposiciones en la materia. El Registro Agrario Nacional y los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas no podrán inscribir título alguno de dominio pleno, de cesión de derechos parcelarios o cualquier otro acto tendiente al fraccionamiento, subdivisión, parcelamiento o pulverización de la propiedad sujeta al régimen agrario, que se ubique en un centro de población, si no cumple con los principios, definiciones y estipulaciones de esta Ley y de las establecidas en la Ley Agraria, así como no contar con las autorizaciones expresas a que alude el párrafo anterior. Los notarios públicos no podrán dar fe ni intervenir en ese tipo de operaciones, a menos de que ante ellos se demuestre que se han otorgado las autorizaciones previstas en este artículo.” Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972.

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Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y 32, 33 y 34 de su reglamento). e.

Las prescritas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente8

Entre otras restricciones contempladas en esta ley destacan las siguientes:

La autorización en materia de impacto ambiental expedida por la secretaría de medio ambiente y recursos naturales para quienes pretendan llevar a cabo, en los términos del artículo 28, determinadas obras o actividades;

Los propietarios de tierras, aguas y bosques, comprendidos dentro de las áreas naturales protegidas, quedan sometidos a las modalidades establecidas en los decretos por los que se constituyan dichas áreas (artículo. 44 De la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. “Artículo 1.°.—La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: I.—Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; II.—Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; III.—La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; IV.—La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; V.—El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas […]”.

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Las establecidas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable9

Esta ley establece que la propiedad de los recursos forestales corresponde a los propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen, e igualmente prescribe que los procedimientos señalados en este cuerpo normativo no alteran el régimen de propiedad de dichos terrenos (artículo. 5.° De la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en adelante Ley de Desarrollo Forestal). Entre las principales obligaciones y restricciones a los propietarios usufructuarios o poseedores de terrenos forestales destacan las siguientes:

La enajenación de terrenos en donde exista un área de protección10 deberá hacerlo del conocimiento del adquirente y del fedatario, quien deberá hacer constar esa circunstancia en la escritura (artículo 54 de la Ley de Desarrollo Forestal);

Si realizan el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales o reforestación, están obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles y prevención cultural, y realizar el ataque inicial de los incendios forestales (artículo 120 de la Ley de Desarrollo Forestal);11

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Junio de 2018 “Artículo 1.°. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […] tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos […]”. “Áreas de Protección Forestal: Comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la extensión que en cada caso fije la autoridad”. (artículo 7.°-IV, Ley de Desarrollo Forestal). “Recursos forestales maderables: Los constituidos por vegetación leñosa susceptibles de aprovechamiento o uso:”

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Deben respetar las vedas forestales decretadas por el ejecutivo federal. (Art.124 De la Ley de Desarrollo Forestal).

La derivada de la facultad otorgada al Presidente de la República para la revisión y anulación de contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año 1876

El fundamento es el artículo 27 constitucional, al establecer: Artículo 27 […] XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público […].

Dichos contratos y concesiones derivaron de la aplicación del decreto de la colonización del 31 de mayo de 1875. 4. Modalidades a la propiedad privada Concepto. Es la forma en que se pueden manifestar, condicionar o escindir los derechos que integran la propiedad por voluntad de los particulares. Las principales modalidades son: 1)

El patrimonio de familia;

La copropiedad;

El derecho del tanto;

“Recursos forestales no maderables: La parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y preferentemente forestales”. “Reforestación: Establecimiento de especies forestales en terrenos forestales” (artículo 7.°-XLVIII, XLIX, LII de la Ley de Desarrollo Forestal).

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Régimen de propiedad en condominio;

Usufructo, uso y habitación;

Servidumbre.12

5. Diferencias entre limitaciones y modalidades Tal como se expresó anteriormente, el artículo 27 constitucional al establecer que la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, se refiere a las limitaciones a los derechos de usar, gozar o disponer establecidas tanto en ella como en las leyes administrativas respectivas y no tanto a las modalidades asumidas por el propietario y debido a ello es factible distinguir las limitaciones a la propiedad de las modalidades de la misma, a pesar de que los tratadistas y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación las identifican. Sus diferencias son las siguientes:

Una limitación se encuentra establecida imperativamente en la ley, sin que se requiera un acto o consentimiento del propietario. La Ley la impone a todos, a diferencia de una modalidad que necesita de la voluntad del propietario, tal como se requiere para constituir el patrimonio de familia, el régimen de propiedad en condominio, el usufructo, el uso o la habitación.

La limitación a la propiedad implica una restricción general a todos los propietarios y la modalidad únicamente a los propietarios que así lo consintieron o pactaron.

La limitación sólo se puede eliminar mediante una reforma legal, a diferencia de una modalidad que por voluntad de las partes se puede suprimir o extinguir.

En este tema se puede consultar a De la Mata Pizaña y Garzón Jiménez, 2019, p. 359 y s.