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LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL A LA GESTIÓN DEL ESTADO Análisis y desafíos del caso colombiano

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania) Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL A LA GESTIÓN DEL ESTADO Análisis y desafíos del caso colombiano

Diana Carolina Valencia-Tello

tirant lo blanch Bogotá, 2023

COLECCIÓN ADMINISTRATIVO PRÁCTICO COLOMBIANO Copyright ® 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com Director de la colección: Jorge Iván Rincón Córdoba

Valencia-Tello, Diana Carolina La buena administración en el control a la gestión del Estado. Análisis y desafíos del caso colombiano / Diana Carolina Valencia-Tello. -- 1. edición. -- – Bogotá: Tirant lo Blanch, 2023. 242 páginas. – (Colección Administrativo Práctico Colombiano) ISBN: 978-84-1147-549-5 1. Derecho administrativo – Colombia. 2. Administración pública – Colombia-Control. 3. Finanzas públicas – Derecho y legislación – Colombia. 4. Control interno – Colombia. I. Título. II. Serie LC-KHH3230 342.861/06-DDC Catalogación en publicación de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH Calle 11 # 2-16 (Bogotá D.C.) teléf.: 4660171 Email: tlb@tirant.com Librería virtual: www.tirant.com/co/ ISBN: 978-84-1147-549-5 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Esta obra es el fruto de años de estudio y de investigación desde el desarrollo de mi monografía de pregrado en 2001 en la Universidad del Rosario, mi casa de estudio, razón por la cual son muchas las personas e instituciones que debo agradecer por el apoyo y las enseñanzas que hicieron posible las reflexiones que aquí se presentan. El control sobre la administración pública es un tema que siempre me ha llamado la atención, precisamente por su capacidad de mejorar nuestras instituciones y hacer más efectivos los derechos y las garantías en nuestras democracias. Sin embargo, también es un tema difícil de abordar debido a la diversidad de conceptos que pueden existir sobre el control del Estado, así como a la existencia de fuertes ideales de centralización del poder político y jurídico en ciertas instituciones, que dificultan el adecuado equilibrio entre los diversos poderes y la participación ciudadana. Por ello, esta obra no ha sido fácil de escribir y ha requerido de muchas horas de reflexión y análisis para ver finalmente la luz. En este sentido, quiero agradecer especialmente a mi familia, a mis padres Ricardo y Piedad, así como mis hermanos Marcela, Andrés y Cristina por su constante apoyo a lo largo de todos estos años, por ser mi puerto seguro en todas las etapas de mi vida. A mis orientadores de investigación Dr. Rodrigo Naranjo en el pregrado de la Universidad del Rosario, Dr. Egon Bockmann Moreira en la maestría en la Universidad Federal del Paraná, Dra. Vera Karam de Chueiri en el doctorado y post-doctorado en la Universidad Federal del Paraná y al Dr. Jaime Rodríguez Arana en la Universidad de La Coruña. Sin sus consejos, análisis y revisiones esta obra no sería posible. A mis jefes y compañeros en el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el Fondo Paz-Presidencia de la República y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por la gran oportunidad de vivenciar los desafíos y las dificultades de implementar nuevos modelos de gestión en las administraciones públicas, así como también por la posibilidad de participar en la elaboración e implementación de normas tan importantes para el desarrollo institucional, tales como el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y la Norma Técnica de Calidad para el Sector Público (NTCGP).

A la Universidad del Rosario y a mis compañeros del Grupo de Investigación de Derecho Público por permitir estos espacios de reflexión y análisis, que nutren la academia. A mis queridos amigos, Claudia, Carolina, Leydi, Jimena, Marlenne, Patricia, Anita, Micheli, Hugo, Daniel, Joty y Jairo por todas las alegrías compartidas. A la Editora Tirant por su excelente gestión para la publicación de esta obra. A la vida y a Dios ¡Muchas gracias!

Contenido

Prólogo...................................................................................... Introducción..............................................................................

11 17

1. La buena administración pública en el siglo XXI.................................

1.1. Contenido jurídico y alcance del derecho a la buena administración pública.......................................................................... 1.2. Principales características de la buena Administración Pública..

29 36

2. El control del Estado............................................................................

2.1. El modelo de Europa Continental............................................... 2.2. El modelo Anglosajón................................................................ 2.3. El modelo en América Latina.....................................................

44 57 67

3. Tipos de control en el Estado...............................................................

3.1. Controles Políticos..................................................................... 3.2. Controles Jurídicos..................................................................... 3.3. Controles Sociales...................................................................... 3.4. Controles sobre la administración pública..................................

79 82 85 88

4. Antecedentes del control externo a la administración pública en Colombia 101 4.1. Los controles del Estado liberal en Colombia............................. 4.2. La creación de la Contraloría en el Estado colombiano.............. 4.3. Las reformas al control del Estado en la Constitución de 1886.

102 106 113

5. Los controles a la Gestión Pública en la Constitución de 1991.............

123

5.1. La Contraloría General de la República como órgano independiente y autónomo frente a las ramas del poder público............ 5.2. Funciones del Contralor General de la República....................... 5.3. Elección del Contralor General de la República.......................... 5.4. La Auditoría General de la República.........................................

125 128 129 132

5.5. El control fiscal territorial........................................................... 5.6. El control fiscal posterior y selectivo........................................... 5.7. El control interno de gestión.......................................................

134 137 141

6. El control interno de gestión................................................................

149

6.1. Módulo de control de planeación y gestión................................

155

6.1.1 Talento humano........................................................................... 6.1.2. Componente de direccionamiento estratégico.............................. 6.1.3. Componente administración del riesgo........................................

156 157 163

6.2. Módulo de control de evaluación y seguimiento.........................

166

6.2.1. Componente de autoevaluación institucional............................... 6.2.3. Componente planes de mejoramiento..........................................

167 169

6.3. Eje transversal información y comunicación...............................

170

7. Reformas constitucionales al control del Estado...................................

173

7.1. Acto Legislativo 2 de 2015. La elección del Contralor General de la República.......................................................................... 7.2. Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo modelo de control fiscal...

175 182

7.2.1. El control preventivo y concomitante.......................................... 7.2.2. El control preferente de la CGR frente a las entidades territoriales................................................................................................ 7.2.3. Nuevas competencias del Contralor General de la República...... 7.2.4. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)............. 7.2.6. Auditoría General de la Nación................................................... 7.2.7. Inconstitucionalidades del Decreto-Ley 403 de 2020...................

186

Conclusiones preliminares...................................................... Bibliografía................................................................................

221 225

199 203 205 213 214

PRÓLOGO

Saludamos jubilosamente esta nueva publicación de la doctora Diana Carolina Valencia-Tello sobre un tema de palpitante y rabiosa actualidad como es el de la buena administración del control en el seno de la Administración pública. Se trata una cuestión capital del actual Derecho Administrativo como es el de la buena administración, en este caso proyectado sobre la función de control que se realiza del entero quehacer de la actividad administrativa. En efecto, si no hay control real, control efectivo, control independiente, no puede haber control y, por ende, la buena administración brilla por su ausencia. La profesora principal de Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario una vez más demuestra en este documentado y completo estudio, que maneja adecuadamente las fuentes y la metodología del Derecho Administrativo en el marco de la proyección de la buena administración sobre el control de la actividad administrativa. Por ello, tras exponer el estado de la cuestión sobre la buena administración en el siglo XXI, se adentra en el proceloso mundo del control, una función hoy relevante que precisa de una nueva regulación si es que queremos que esta fundamental función pública se realice con objetividad e independencia. La profesora Valencia-Tello estudia en la monografía que tenemos el honor de prologar los diferentes tipos de control público que existen atendiendo a la cultura jurídica continental europea y anglosajona, analiza con detalle el control de la gestión pública en la Constitución colombiana de 1991, así como la reforma constitucional en la materia para terminar con unos atinados comentarios al nuevo modelo de control fiscal instrumentado a través del Acto Legislativo de 4 de 2019 por el que se instaura el sistema de control preventivo y concomitante Como es bien sabido, el tema del control en la Administración Pública, el control en el Derecho Administrativo como actividad administrativa, como función pública, es una cuestión medular de nuestra disciplina. Es de esas materias sobre las que hay que volver una y otra vez porque constituye uno de esos temas testigo en los cuales la fuerza

Prólogo

del Derecho, la fuerza de la justicia, aparece, por sí misma, como uno de los elementos fundamentales que ayudan a entender el sentido de la democracia, el recto alcance del Estado Social y democrático de Derecho. Por eso es tan importante que el control del funcionamiento los Poderes públicos se opere con arreglo a los más elevados estándares de buena administración pues un adecuado sistema de control hará posible que el ejercicio del poder siempre discurra por los cauces de la limitación inherente al sentido mismo que tiene el poder público en el sistema democrático, escapando del abuso y exceso, hoy, en tiempos de emergencia sanitaria, tan frecuentes en tantas latitudes. En efecto, si hacemos una incursión histórica en las fuentes del pensamiento democrático, nos encontramos que los antiguos, los clásicos que estudiaron y que pusieron en funcionamiento el sistema democrático, nos dicen por activa, por pasiva, y por perifrástica, que hay dos características básicas y fundamentales, además de la participación ciudadana, que ilustran la fortaleza de un sistema democrático. Por una parte, la ética en el ejercicio del poder público, es decir, el poder público como función de servicio a la sociedad, y por otra, la existencia de mecanismos y sistemas de control del poder público para gestionar con eficacia los intereses generales. Por eso, esta idea de los límites inherentes al poder constituye una consideración bien relevante en la filosofía y en el pensamiento moderno que también se debe aplicar sobre el sistema democrático. Analizar los límites que el propio sistema impone al funcionamiento de la Administración es trascendente y permite precisamente fortalecer el propio sistema democrático. El límite es consustancial a la idea misma del poder en la democracia. Los fundadores del Estado de Derecho nos alertaron certeramente desde los orígenes acerca de la necesidad de que existan mecanismos de control, de que existan contrapoderes que aseguren el ejercicio equilibrado, mensurado y moderado del poder mismo. Por eso, en la teoría del control en la Administración pública, como demuestra la profesora Diana Carolina Valencia-Tello en esta monografía, existen diferentes técnicas y procedimientos que, correctamente empleados, más que obstáculos o dificultades al ejercicio del poder, son efectivamente fórmulas que ayudan a que su ejercicio y realización se realicen en el marco y conforme a cánones o estándares democráticos. El control impide que el poder se ejerza desde una mentalidad del Antiguo

Prólogo

Régimen porque el poder en el Estado de Derecho es de titularidad ciudadana y el pueblo, que es el dueño del poder, lo confía provisionalmente a los funcionarios y políticos para que lo ejerzan en su nombre y con arreglo a unos principios de racionalidad y motivación que hoy han ayudado a construir esa idea tan central de la rendición de cuentas. Al aproximarnos a la cuestión del control de la gestión pública desde una perspectiva general, no podemos perder de vista, ni mucho menos, que hemos de partir de la metodología que en mi opinión hoy permite analizar con mayor rigor en el solar del Estado de Derecho, esta materia. Me refiero, es claro, a los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. En este contexto adquiere pleno sentido la teoría integral del control del poder público y en este marco se comprende mejor la panoplia de diferentes técnicas de control existente. Y, por si fuera poco, en este ámbito se comprende mejor la necesidad de que el control de la gestión pública sea objetivo, real, genuino, independiente y autónomo. Como es sabido, existen controles internos y controles externos sobre la gestión pública. Los controles externos por ejemplo en el Derecho Español se refieren fundamentalmente al control de los fondos públicos de que dispone la Administración para cumplir sus fines y que realiza el Tribunal de Cuentas, que es un órgano adscrito al Parlamento y de designación parlamentaria. También, como control externo se puede considerar el Defensor del Pueblo, órgano de control de la actuación de la Administración Pública en la medida que conoce de las quejas y reclamaciones que los ciudadanos le presentan en relación con el funcionamiento de los servicios públicos y el conjunto de las Administraciones públicas. Igualmente ejerce control, de naturaleza jurídica, el poder judicial en lo que se refiere, como dice el artículo 106 de la Constitución española, a la legalidad de la actuación administrativa y a la potestad reglamentaria, así como respecto de los fines de justifican el quehacer de la Administración pública. En lo que se refiere a los controles internos, habría que citar, por lo que se refiere al Derecho español, el control de los servicios jurídicos que existen en los Ministerios, que requiere de informes de conformidad al Ordenamiento jurídico para la actuación administrativa, y los informes que hace la Intervención Delegada del Estado en los Ministerios por lo que se refiere al control relativo al uso y manejo

Prólogo

de los fondos públicos. También se pueden considerar controles internos cuestiones relativas a la valoración del rendimiento de la función pública, determinados sistemas de dirección por objetivos de la Administración pública. Finalmente existe un metacontrol, un control fundamental que es que el que viene determinado por las exigencias éticas inherentes al funcionamiento de la Administración Pública, que son muy importantes, y que marcan la temperatura real de la percepción democrática de los ciudadanos en relación con su sistema político y con el funcionamiento de la Administración Pública. Una buena administración de la gestión pública es una administración que realiza la función de control sin caer en el formalismo exagerado ni en el principialismo al margen de la realidad. Para ello es relevante comprender el sentido de la actividad de control desde una perspectiva integradora, pues en su realización encontramos diversos aspectos y dimensiones que deben ser contemplados con coherencia y sentido de la complementariedad. En efecto, cada una de esas dimensiones atiende a la existencia o no de fondos económicos asignados a la tarea administrativa, otra se refiere a si la decisión administrativa de que se trate se va a operar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y, además, fundamentalmente, y esto sería una reflexión sobre el control de orden filosófico, si las decisiones adoptadas respetan o no los derechos de los ciudadanos. El libro de la profesora Diana Carolina Valencia-Tello acierta en el tema elegido y en su desarrollo y ofrece, sobre todo a la comunidad jurídica del Derecho Administrativo Colombiano, valiosos aportes que permiten comprender la historia y el sentido actual del control en el país. La monografía no se queda, como se espera de una jurista comprometida como la doctora en una mera exposición descriptiva de los apuntes históricos y del régimen actual del control en Colombia. Va más allá y propone mejoras y propuestas que deberían tener bien en cuenta legisladores y gobernantes. En fin, termino con una reflexión sobre el fin del control en un el Estado Social y Democrático de Derecho, pues el control no es un fin en sí mismo, es un medio, muy importante, pero un medio, al fin y al cabo, para asegurar que la gestión pública discurra por las cauces legales y jurídicos, por el presupuesto y la eficacia y la eficiencia. En efecto, la Administración Pública en democracia, antes lo recordamos, está sometida a diversos controles, tanto internos como

Prólogo

externos. La finalidad de la existencia de esos controles se orienta a garantizar una buena gestión de los intereses públicos, de la gestión pública y, sobre todo, asegurar una correcta aplicación del gasto que realizan los poderes públicos al ejecutar sus políticas y prestar los servicios públicos que reclama la sociedad. El control cada vez es una tarea más importante por la sencilla razón de que cada vez más funciones de interés general son realizadas bajo un régimen de responsabilidad pública, aunque no necesariamente por Administraciones públicas. Por eso las Administraciones tienen que disponer de medios personales y materiales adecuados para que la tarea de control, de verificación, de evaluación, se pueda hacer en las mejores condiciones posibles. La actividad de control, para ser constitucional y eficaz, ha de ser independiente. Y para ello, nada mejor que conformar para estas tareas órganos colegiados e independientes. Hoy tenemos muchos controles, pero no hay el control que debiera. Si lo hubiera en verdad, la corrupción no alcanzaría, lamentable, las dimensiones actuales. A Coruña, 13 de mayo de 2022. JAIME RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ Catedrático-Director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo

INTRODUCCIÓN

La hipótesis que plantea esta obra es que el concepto de buena administración está muy relacionado a los mecanismos de control que se utilizan en las administraciones para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas por los gobiernos, conforme las necesidades y las prioridades identificadas por los mandatarios o exigidas por el pueblo, según la forma de gobierno imperante. Esto porque en todas las épocas, las estructuras de gobierno han procurado que los poderes instituidos no despilfarren, desfalquen o utilicen indebidamente los recursos públicos que tienen bajo su disposición. Por ello, todas las grandes asociaciones han establecido diferentes mecanismos para controlar el uso del poder y en especial, el uso de los recursos públicos. Desde el señor feudal, hasta el príncipe absolutista, el dictador totalitario o el presidente democrático, todas las autoridades están interesadas en establecer controles a los funcionarios encargados de tomar decisiones en nombre de todos, para efectos de garantizar la legitimidad y efectividad de las acciones, así como el uso apropiado de los recursos1. También, en cada periodo se determinan parámetros sobre lo que se entiende por buena administración, conforme los criterios imperantes de legitimación de la acción pública, los cuales en muchas oportunidades no han servido adecuadamente al pueblo, ni han procurado el interés general en las comunidades. Por ello, existen diversos mecanismos de control, según los diferentes principios legitimadores de la acción pública, acordes a cada cultura y época. Desde las burocracias patrimoniales de Egipto, de China y de Roma hasta las burocracias modernas, en los Estados autoritarios o democráticos, todos los gobiernos, cuentan con diferentes mecanismos de control, aplicables tanto a los funcionarios, como a 1

STERN, K. El tribunal de Cuentas en la Constitución Federal. In: THIESING, Josef; WILHELM, Hofmeister (Ed.). El control financiero en la democracia. Buenos Aires: CIEDLA, 1995. p. 15. Apud. NARANJO GALVES, R. Eficacia del control fiscal en Colombia. Derecho comparado, historia, macroorganizaciones e instituciones. Bogotá: Ed. del Universidad del Rosario, 2007. p. 32.

Introducción

los integrantes de la comunidad. En los Estados modernos, cada ordenamiento jurídico tiene instituidas diferentes formas de control, las cuales dependen no solo de las reglas formales, sino también de las tradiciones jurídicas que condicionan de manera especial, la forma en que se interpretan y manifiestan las instituciones de control en la práctica. Esto porque en las culturas jurídicas occidentales, existe una diferencia sustancial entre el sistema civilista o de Europa continental de la “legalidad”, donde la centralización del poder político y jurídico se concentra en determinadas figuras de autoridad, como la ley o el presidente y, el sistema del common law o anglosajón, que determina competencias repartidas entre varias autoridades públicas para el ejercicio del poder, ayudando a consolidar ordenamientos jurídicos basados en los checks and balances o sistemas de pesos y contrapesos. Entre las finalidades principales que tienen los controles sobre las administraciones públicas, en los Estados modernos, encontramos, garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la protección del interés general y promover los derechos fundamentales de los individuos, entre otros. No obstante, numerosos casos de corrupción, ineficiencia administrativa, mala atención al ciudadano y el poco cuidado sobre la calidad y oportunidad en la prestación de bienes y servicios en las comunidades, han causado profundas revisiones sobre el funcionamiento de las administraciones, así como sobre la efectividad de los controles instaurados. Por ello, las administraciones públicas en todos los Estados han pasado por diversas reformas estructurales, con la finalidad de ajustar su funcionamiento a las necesidades y requerimientos de las sociedades y de los gobiernos para mejorar la entrega de bienes y servicios públicos. Hasta el momento no existe una única solución para enfrentar los problemas de corrupción, ineficiencia o falta de integridad de las administraciones públicas. Sin embargo, aquí queremos resaltar el derecho a la buena administración, como un “novedoso derecho-garantía de última generación”2, que busca hacer explícita la coherencia que debe existir entre la Constitución y el ordenamiento interno, en Estados Democráticos y Sociales de Derecho, con la finalidad de impactar 2

CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio. “Buena administración, ¿Un principio, un mandato o un derecho subjetivo?”. In: Los principios jurídicos del derecho administrativo. Madrid: La Ley. 2010. p. 1152.

Introducción

positivamente la relación entre el Estado y los particulares, donde el ciudadano debe estar en el centro de toda política pública. El derecho a la buena administración nace en el Derecho Comunitario Europeo, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de diciembre de 2000, buscando por un lado, asegurar los derechos fundamentales de los individuos establecidos en las Constituciones y en los tratados internacionales, y por el otro lado, establecer parámetros mínimos que deben ser obedecidos por las administraciones públicas para garantizar un adecuado servicio público, que tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos3. Posteriormente, los gobiernos de Iberoamérica adoptaron la “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública”, en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Ciudad de Panamá el 18 y 19 de octubre de 2013, donde fue proclamado el derecho a la buena administración pública, procurando que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazos razonables al servicio de la dignidad humana4. 3

Entre el 1º de septiembre de 1995 y el año 2000, el Defensor del Pueblo Europeo recibió más de 7.000 reclamaciones, habiéndose incluido más de 1000 investigaciones sobre casos de mala administración. Las quejas trataban, entre otros temas, situaciones de morosidad administrativa, demora en efectuar pagos, falta de trasparencia, litigios sobre procedimientos de licitaciones y contratos, así como de selección del personal para los organismos comunitarios. SÖDERMAN, Jacob. El derecho fundamental a la buena administración... Op. Cit., p. 10. APUD. WUNDER HACHEM, Daniel, VALENCIA-TELLO, Diana Carolina, “Reflexiones sobre el derecho fundamental a la buena administración pública en el derecho administrativo brasilero”, Revista digital de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, n.o 21, 2019, pp. 47-75. CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública. Caracas, 2013. Disponible en: <http://www.clad.org/documentos/declaraciones/ Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20deberes%20y%20derechos%20-%20documento%20aprobado.pdf/view>.