Los drones y su legislación en México Samuel Chacón López Velarde Constitución y judicatura Miguel Bonilla López La Constitucionalidad de las candidaturas independientes Arturo Ramos Sobarzo La Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información en México María Luisa Hernández Chávez Juan Pablo Álvarez Enríquez
LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO El presente libro tiene la intención de mostrar la radiografía del régimen jurídico que regula la explotación de hidrocarburos transfronterizos en México y de poner en el centro del debate el impacto que la Reforma Energética del 2013 ha tenido en el mismo. En México históricamente se ha clasificado al régimen de explotación de hidrocarburos como altamente nacionalista. Sin embargo, la naturaleza y una política exterior respetuosa del Derecho Internacional, han hecho que en el caso de los recursos transfronterizos de hidrocarburos el Derecho Internacional sea la norma y no sólo la legislación nacional. En este sentido es clave comprender los alcances que el Derecho Internacional tiene en la materia para evitar caer en contradicciones con las obligaciones internacionales a las que el país se ha sujetado.
tirant
El Régimen de Deuda Pública Local a la luz de las Decisiones del Poder Judicial de la Federación Rodrigo Díez Gargari La Interpretación Judicial en Materia de Competencia Económica Josefina Cortés Campos Sergio López Rodríguez Daniel Sánchez Cordero Canela Tribunales, normas y derechos Miguel Bonilla López Cumplimiento de las Normas Fiscales, el Caso de México Alil Álvarez Alcalá Expropiación de bienes inmuebles en México Luis Gerardo González Parra Poder ejecutivo y Estado administrativo Armando David Rodríguez Maldonado Cumplimiento y ejecución de las sentencias. Nueva Ley de Amparo Carmen Vergara López Gabino González Santos Jueces, su función y el Control de Regularidad Gizeh Vicente Polo Ballinas Inmovilización de cuentas bancarias por autoridades fiscales María Concepción Vaca y González La Facultad de Averiguación Mariana Velasco Rivera El Delito de Delincuencia Organizada Pablo Hernández Romo Valencia
LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO
EL DERECHO SOBRE RECURSOS TRANSFRONTERIZOS Y LA REFORMA ENERGÉTICA
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EL DERECHO SOBRE RECURSOS TRANSFRONTERIZOS Y LA REFORMA ENERGÉTICA Guillermo J. García Sánchez
LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO
Ministro José Ramón Cossío Díaz (Coordinador) Mtro. Víctor Manuel Rocha Mercado (Secretario) Lic. Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez Dra. Alil Adriana Álvarez Alcalá Mendoza Dr. Clicerio Coello Garcés Dr. Eber Omar Betanzos Torres Dra. Gabriela Rodríguez Huerta Dr. Héctor Mercado López Dr. Jorge Cerdio Herrán Dra. Josefina Cortés Campos Mtro. Óscar Fernando Vázquez Cardozo Dr. Roberto Lara Chagoyán Mtro. Rodrigo Diez Gargari Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya
EL DERECHO SOBRE RECURSOS TRANSFRONTERIZOS Y LA REFORMA ENERGÉTICA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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EL DERECHO SOBRE RECURSOS TRANSFRONTERIZOS Y LA REFORMA ENERGÉTICA
GUILLERMO J. GARCÍA SÁNCHEZ
Ciudad de México, 2018
Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Comité editorial de la Colección:
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© Guillermo J. García Sánchez
© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9119-351-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice INTRODUCCIÓN.................................................................................. 9
I. LOS TRATADOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 1. El Tratado de 1978............................................................................. 15 2. El Tratado del 2000............................................................................ 16 3. El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México.............................................................. 22 A. Proceso Legislativo de Ratificación................................................ 31 B. El Régimen del Agua y otros Recursos como Antecedentes en la Práctica Bilateral............................................................................ 33
II. EL MARCO CONSTITUCIONAL Y LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE RECURSOS TRANSFRONTERIZOS 1. La Integración por Medio del Artículo 27 Constitucional................... 38 A. La Intención Legislativa................................................................. 39 B. La Interpretación Sistémica............................................................ 41 C. La Consecuencia de la Integración Directa a Nivel Constitucional. 44 D. La Reforma Energética del 2013.................................................... 46 2. La Integración por Medio del Artículo 133 Constitucional................. 53
III. LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 1. Las Convenciones Internacionales y los Tratados Bilaterales en Derecho Internacional del Mar sobre Recursos Compartidos.................... 55 A. La Convenciones Multilaterales en el Derecho Internacional del Mar sobre Recursos Compartidos.................................................. 56 B. La Convención de 1958 y la CONVEMAR................................... 57 a. El Concepto de Plataforma en el Derecho Internacional del Mar.......................................................................................... 59 C. Los Recursos Transfronterizos y los Estados Adyacentes................ 61 D. Los Tratados Bilaterales de Estados Adyacentes sobre Recursos Compartidos.................................................................................. 62 a. Los Esquemas de Desarrollo Compartido................................. 65 b. La Existencia de una Práctica General y Constante.................. 67 2. Otras Fuentes De Derecho Internacional y Los Recursos Compartidos..................................................................................................... 67
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Índice
A. Los Principios Generales de Derecho Relacionados con Recursos Compartidos.................................................................................. 68 a. El Concepto de Principio.......................................................... 68 b. Los Principios Existentes que Afectan la Materia Transfronteriza............................................................................................. 70 B. Las Decisiones Jurisdiccionales...................................................... 72 C. La Doctrina.................................................................................... 75 D. La Costumbre Internacional........................................................... 78 a. La Norma Consuetudinaria: su Origen.................................... 79 b. El Reconocimiento de la Costumbre y sus Elementos............... 80 c. Los Tratados como Reflejo de la Práctica de los Estados Generadora de Costumbre............................................................... 82 d. La Opinio Juris........................................................................ 85 CONCLUSIÓN....................................................................................... 89 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 93
INTRODUCCIÓN Diciembre de 2013 marcó la historia política y energética de México y Estados Unidos. Por un lado en el Capitolio se debatía arduamente un plan para definir el presupuesto federal que había dejado al gobierno en cierre oficial de operaciones por varias semanas; en paralelo en San Lázaro concluía la discusión de la Reforma Energética que modificó sustancialmente el régimen jurídico mexicano en la forma de explotar los recursos energéticos nacionales. Detrás de esta historia de paralelos políticos, hay un evento que pasó desapercibido y que colocó en el mismo carril de desarrollo la seguridad energética de México con la de su vecino del norte. El capítulo que pasó inadvertido por los radares mediáticos en las discusiones partidistas, es el referente a la regulación de los recursos transfronterizos en el Golfo de México. El Congreso de Estados Unidos, si bien estaba atrapado por el álgido debate entre republicanos y demócratas, también observaba con calma el desarrollo del debate de la Reforma Energética en México; no sólo por la trascendencia que ésta tenía para los intereses de las petroleras norteamericanas, sino porque existía un pendiente legislativo en la materia y lo que sucediera en México era trascendente para su futuro. En el 2012, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo binacional que establecía un marco regulatorio para la explotación de los recursos que traspasan la línea fronteriza en el Golfo. El Tratado había sido ratificado por el Senado estadounidense en octubre de ese año, pero bajo su régimen jurídico, para que fuera vinculante domésticamente requería una legislación que lo implementara, y ésta debía ser aprobada por ambas cámaras (Bradley y Goldsmith: 2011: Capítulo VII). La aprobación del Tratado estuvo paralizada por dos razones. Por un lado, un análisis de los debates parlamentarios demuestra que los congresistas estaban preocupados puesto que veían en PEMEX, el único autorizado hasta esa fecha para explotar hidrocarburos en México, un socio poco fiable para cumplir con las obligaciones de explotación eficiente de los recursos (Reporte del Senado de EE.UU. de 2012) (Audiencia del Senado EE.UU.: 2013). El segundo elemento que mantenía el impasse fue el hecho de que la propuesta de ley para
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integrar el Tratado contenía una cláusula que eximia a las compañías petroleras de hacer públicos los montos pagados al gobierno mexicano en materia de regalías, comisiones e impuestos por la explotación de los recursos, poniendo en riesgo la controvertida ley Dodd-Franks adoptada como respuesta a la crisis financiera de 2009 y que obligaba a las empresas americanas a transparentar sus ingresos y pagos hechos como parte de operaciones en el extranjero (Ley Dodd-Franks: 2010). El 18 de diciembre de 2013, seis días después de aprobada la Reforma Energética en México que abre la puerta a la explotación de hidrocarburos por empresas extranjeras, el Congreso de Estados Unidos incluyó silenciosa y sorpresivamente en el pacto presupuestal una clausula en la que se integraba como ley federal el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América Relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México (Tratado del 2012) y se designaba como autoridad competente para llevar la relación con México en esta materia al Secretario del Interior (Budget Plan: 2013). Con este hecho, el tratado entró en vigor entre ambos países y un nuevo capítulo en materia de hidrocarburos compartidos se abrió empujando aún más la integración del Derecho Internacional en México. El Tratado del 2012 sin duda es la fuente más clara de Derecho Internacional que rige el tema en México, pero no es la única. En la historia diplomática de México existe un proceso de integración lento pero constante del Derecho Internacional en la materia de explotación de recursos transfronterizos. En los años 50 y 60 cuando el nacionalismo revolucionario se asentaba firmemente en la clase política, a nivel internacional se discutían grandes reformas en materia de derechos nacionales sobre la explotación de recursos marinos. La tendencia otorgaba por primera vez en acuerdos multilaterales el derecho a los Estados a explotar aquellos recursos que se encontraban más allá de sus mares territoriales creando así los conceptos que conocemos hoy como plataforma continental y zona económica exclusiva. México no quiso quedarse atrás de esta tendencia y en la lógica diplomática mexicana de impulsar el Derecho Internacional como una estrategia de defensa contra el imperialismo europeo y norteamericano se abrieron debates parlamentarios para hacer mención a nivel constitucional de estas figuras jurídicas internacionales y darle
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un lugar central al Derecho Internacional en general para regularlas. Es así como se reformaron los Artículos 27 y 42 para incluir frases cómo “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma […] y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional”, o que los límites de las aguas territoriales y el espacio aéreo están sujetos a la “extensión y modalidades [‘términos’ en el caso de las aguas] que establezca el propio derecho internacional”. Los debates parlamentarios demuestran que el legislador mexicano estaba consciente de que los derechos del Estado sobre esos recursos estaban sujetos a lo que dictaba el Derecho Internacional. Esta sujeción quedó en consecuencia plasmada en la propia Constitución y a la fecha no ha sido retirada, puesto que implicaría revertir la política exterior mexicana que utiliza al Derecho Internacional como una herramienta esencial para defender la soberanía nacional (Becker Lorca: 2006). Ahora bien, si el Estado Mexicano está sujeto, respecto a la explotación de los recursos contenidos en el mar, a lo que dicte el Derecho Internacional la pregunta a responder es ¿cómo ha resuelto el Derecho Internacional la explotación de recursos que traspasan las fronteras y que por una realidad física son indivisibles? Para responder a esta pregunta es necesario analizar las fuentes del Derecho Internacional consagradas en el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (el Estatuto) que consisten en convenios y tratados internacionales; costumbre internacional; principios generales de derecho; decisiones jurisdiccionales y doctrina. Respecto de la primera fuente, México ha firmado dos tratados multilaterales que consagran la forma de delimitación marítima y los derechos que emanan de ésta: la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958 (la Convención de 1958) y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (la CONVEMAR). Conforme a dichas convenciones los Estados cuentan con el derecho de explotar los recursos contenidos en su plataforma continental y en la presencia de mares cerrados/semicerrados como el Golfo de México la obligación de los vecinos es cooperar para no afectar los derechos de los Estados donde se empalman sus plataformas. Ahora bien, al revisar diversos tratados bilaterales en casos de mares cerrados/semicerrrados encontramos que el elemento común
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ha sido la negociación de una explotación conjunta de los recursos cuando traspasan las fronteras. México no se ha quedado fuera de la práctica internacional y ha resuelto el fenómeno transfronterizo de manera bilateral estableciendo una explotación conjunta y eficiente de los recursos. El propio Tratado del 2012 es una muestra de ello, pero no es el primer acuerdo bilateral en donde así se ha hecho expreso. Los otros tratados relevantes para el caso con Estados Unidos, el Tratado de 1978 sobre la delimitación de la frontera marítima (el Tratado de 1978) y el del año 2000 sobre la delimitación del polígono occidental del Golfo más allá de 200 millas náuticas (el Tratado del 2000), reconocen también los principios de equidad, igualdad y cooperación en la explotación de los recursos transfronterizos. En el mismo sentido, cuando México se ha enfrentado a la existencia de recursos que traspasan las fronteras en tierra, como el agua de ríos, también a acudido a la administración conjunta, equitativa y eficiente de los mismos. Muestra de ello es el tratado de 1944 con los Estados Unidos respecto de la administración del Río Colorado, Bravo y Tijuana que creó una comisión binacional con rango de organismo internacional para tomar decisiones autónomas y vinculantes para ambos Estados respecto de la distribución del agua contendida en esos ríos. En materia de principios generales del Derecho Internacional encontramos que tres principios reconocidos no sólo en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sino por los Estados en diversas resoluciones de la ONU y en convenciones internacionales han jugado un fuerte papel en esta materia. Éstos son: (i) la resolución pacífica de controversias; (ii) la renuncia a la unilateralidad en la delimitación marítima y en la explotación de recursos marinos más allá de las aguas nacionales; y (iii) el reconocimiento de los Estados vecinos del derecho de explotar los recursos transfronterizos y de no realizar acciones que puedan generar perjuicio a estos derechos. Las decisiones jurisdiccionales y la doctrina al referirse a la delimitación marítima también han hecho mención al fenómeno transfronterizo. Por un lado la CIJ no ha dejado de enfatizar desde 1969 que la norma consuetudinaria en materia de delimitación siempre ha sido la negociación. Sin embargo, en algunos criterios, y votos disidentes, sin reconocer una norma consuetudinaria independiente, se ha dejado ver
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que la explotación conjunta es la única solución cuando los recursos son indivisibles. Ahora bien, la doctrina ha ido aún más allá que la CIJ, ya que varios doctrinarios han concluido que la explotación conjunta es una norma consuetudinaria puesto que forzosamente al negociar sobre recursos indivisibles y estar obligados a no aplicar la unilateralidad, se llega a la explotación conjunta (Okafor: 2006). El presente trabajo de investigación analiza detalladamente cada uno de los argumentos vertidos en esta introducción. Lo anterior con la intención de dar una radiografía completa del régimen que regula la forma en la que el Estado mexicano puede explotar los recursos contenidos en el Golfo de México. Los resultados presentados en esta obra son la continuación de trabajos de investigación realizados en la materia por el autor, pero ahora actualizados a raíz de la adopción de la Reforma Energética. (García Sánchez: 2009, García Sánchez y McLaughlin: 2015) Asimismo, es necesario aclarar que el análisis realizado en esta obra sólo contempla el marco constitucional y las leyes reglamentarias emanadas de la Reforma del 2013, por no haber estado disponibles al momento de la misma los reglamentos ni los modelos contractuales para los pozos transfronterizos. El primer capitulo revisa el Tratado del 2012, explicando el contexto en el cual fue firmado así como los tratados que se firmaron como preparación al mismo. Asimismo, el capitulo hace énfasis en el modelo creado de coordinación y establece las interrogantes que quedan pendientes, sobre todo respecto de su implementación ahora que ha entrado en vigor la Reforma Energética del 2013. El segundo capítulo analiza la forma en la que se integra el Derecho Internacional en la materia a nivel constitucional. En concreto estudia el Artículo 27, como quedó reformado en el 2013, y el Artículo 42, incluyendo los debates parlamentarios que hicieron referencia al Derecho Internacional como motivaciones para su reforma. Finalmente, hace una revisión de las leyes secundarias existentes en la materia; la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Reglamentaria al Artículo 27. El tercer capítulo está dedicado a la revisión de las fuentes de Derecho Internacional que se integran a nivel constitucional por medio del Artículo 27 y el 42: tratados internacionales, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia.
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Finalmente, el trabajo concluye con una serie de interrogantes que buscan provocar reflexión y debate sobre los temas pendientes. Por ejemplo, la posible contradicción entre normas constitucionales; los problemas de competencias entre diferentes entidades mexicanas para implementar el Tratado del 2012; los problemas relacionados con la interpretación del Tratado del 2012 y su mecanismo de resolución de controversias; y finalmente las cuestiones relacionas con la regulación de la inversión extranjera y su protección a nivel internacional.
I. LOS TRATADOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS La realidad geográfica presenta un reto al Estado mexicano; un reto que debe enfrentar con la mayor cautela e inteligencia. La frontera marítima en el Golfo de México es un ejemplo de la complejidad que existe para determinar cómo distribuir los espacios de explotación de recursos naturales entre Estados que comparten una plataforma continental. Lo contrastante en este caso son las dos aproximaciones jurídicas nacionales de los Estados involucrados en relación a la explotación de los hidrocarburos. El régimen estadounidense por un lado es un sistema que permite abiertamente la mejor explotación conjunta de diferentes actores privados a través de la división de bloques de explotación y principios de unificación. Mientras que por el otro lado, el régimen mexicano monopoliza la explotación del recurso considerado como propiedad de la Nación y prohibía, hasta el 2013, que empresas privadas pudieran realizarlas. Dentro de este contexto, no sobra mencionar la desproporcionalidad de tecnología existente entre la empresa monopolizadora mexicana, PEMEX, y las compañías internacionales exploradoras de carácter privado susceptibles de participar en estos espacios (Grunstein y Enríquez: 2007) (Szekely: 1991).
1. EL TRATADO DE 1978 El primer esfuerzo entre ambos Estados para regular la delimitación de sus fronteras submarinas dentro del concepto de plataforma continental ocurrió con la adopción del Tratado de 1978. En éste se dio un trato distinto a las fronteras colindantes en los dos océanos compartidos por México y Estados Unidos debido a la diferencia geográfica entre uno y otro. Para la demarcación de la línea fronteriza, se utilizaron los métodos de equidistancia consagrados en la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958 (la Convención de Ginebra de 1958). De ese método resultó que en el Golfo existían dos polígonos de espacios marítimos en los cuales ninguno
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de los Estados podía reclamar derechos puesto que su ubicación superaban las 200 millas náuticas (uno localizado en el occidente entre México y Estados Unidos y otro en el oriente compartido por los mismos Estados y Cuba). Los puntos de partida para su delimitación fueron islas tanto al sur de los Estados Unidos (las Dernier) como al norte de la península de Yucatán (Los Alacranes). En el caso de México años después, se cuestionó el punto de partida de conteo puesto que cartas geográficas históricas daban registro de una isla, la Bermejo, que hubiera podido otorgar alrededor de quince por ciento más de ventaja al Estado mexicano pero que no fue así por su inexplicable desaparición de la superficie marina (Punto de Acuerdo del Senado Mexicano: 2008). Los Estados decidieron dejar para un futuro la negociación de la delimitación de esos polígonos, situación que no se dio sino hasta el año 2000. Cabe mencionar que este Tratado de 1978 no fue ratificado por Estados Unidos sino hasta el año 2000 cuando el Estado mexicano lo impuso como requisito indispensable para poder negociar la delimitación del polígono occidental.
2. EL TRATADO DEL 2000 En el año 1997 se iniciaron las negociaciones para delimitar el polígono occidental a la luz de los constantes avances del Derecho Internacional del mar, y la reticencia de los Estados Unidos en ratificar las convenciones que lo codificaban. Durante el proceso de negociación, México manifestó la importancia de preservar y asegurar el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona que correspondía a las partes, así como garantizar la igualdad jurídica de los Estados y respetar el Derecho Internacional observando las normas de equidad y reciprocidad. Los Estados decidieron crear una comisión para realizar en conjunto un estudio de la zona. Los resultados mostraron que existe una distribución petrolera uniforme en toda la zona occidental y que es muy probable la existencia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. En tal virtud se aceptó delimitar la zona y negociar previsiones para el tratamiento bilateral de los posibles recursos (Dictamen Senado Mexicano: 2000). Lo anterior trajo como consecuencia los
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términos pactados en el tratado firmado en el 2000, y la aquiescencia de Estados Unidos en renunciar al principio de explotación por medio de la captura tecnológica. El Artículo I del Tratado establece el límite de la plataforma entre ambos Estados determinado mediante líneas geodésicas que conectan coordenadas específicamente establecidas en el instrumento bilateral. La Comisión Binacional para Determinar los Puntos de Partida, llegó a la conclusión de que para la medición del territorio en cuestión se utilizarían los mismos métodos empleados en el Tratado de 1978. La equidistancia arrojó como resultado la repartición de una superficie total de 17,190 km2. De esta negociación, México logró obtener el 61.78% del polígono, incrementando así el territorio nacional en 10.620 km2. El mismo Tratado afirmó que, en virtud de los estudios bilaterales, durante un periodo de 10 años después de la entrada en vigor del Tratado las Partes no autorizarían ni permitirían la perforación o explotación dentro del polígono. Asimismo, para reafirmar el principio de cooperación respecto al área, las partes se obligaron en el Artículo IV a que, conforme a sus leyes nacionales y reglamentos, compartirían la información geológica y geofísica de los yacimientos. Con dicho objetivo, las partes se comprometieron a reunirse periódicamente con el fin de identificar, localizar y determinar las características de dichos yacimientos y de buscar “un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos recursos”. En conclusión, el Tratado regula un área de más de 2.6 km2 a cada lado de la frontera donde se localiza el 99% de los posibles yacimientos transfronterizos; señaló un período de 10 años en el que se prohibía la explotación de recursos y por tanto dio a las partes cierta certidumbre de que no se podrían extraer recursos unilateralmente que potencialmente pertenecían a ambas partes; comprometió a las Partes a intercambiar información sustantiva sobre la existencia de posibles yacimientos y a celebrar consultas periódicas para la explotación eficiente y equitativa de dichos recursos. En el Derecho Internacional, las declaraciones y los preámbulos de los tratados son elementos que ayudan a probar la existencia del consentimiento de los Estados a las normas consuetudinarias. En este sentido, es importante resaltar lo declarado en el preámbulo del
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Tratado del 2000. Al hablar de la posibilidad de que existan recursos transfronterizos los Estados reconocieron que “es necesaria la cooperación y las consultas periódicas entre las Partes con el fin de proteger sus respectivos intereses”, lo anterior enmarcado en “la práctica de la buena vecindad [que] ha fortalecido las relaciones amistosas y de cooperación entre las Partes”. (Preámbulo del Tratado del 2000). Lo importante en términos de Derecho Internacional de la anterior declaración es la presencia expresa en el texto de los principios de cooperación, buena vecindad y el reconocimiento y protección de los derechos del vecino sobre los mismos recursos. Asimismo, no se hace una simple declaración de reconocimiento por parte de ambos Estados, sino que se integran mecanismos de protección para ello: (i) la moratoria de diez años; (ii) la posibilidad de extensión de la moratoria; y (iii) el comité binacional de información y consulta periódica sobre los recursos transfronterizos. Ahora bien, el Tratado no se queda solamente en las declaraciones sino que adopta la práctica internacional de una manera expresa y consistente al incluir en su Artículo V(b) que “las Partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos transfronterizos” (Artículo V, Tratado del 2000). Una vez más los principios de eficiencia y equidad rigen la relación entre los Estados y sus recursos transfronterizos. Como será analizado en los capítulos sobre la práctica internacional en los que la norma consuetudinaria de negociación, los principios de cooperación, buena vecindad, y el de equidad y eficiencia de los recursos transfronterizos trajeron como consecuencia acuerdos de explotación conjunta como una norma consuetudinaria en proceso de nacimiento, el caso del Golfo nos muestra que México y Estados Unidos se comportan conforme a la misma. No obstante lo anterior, ello no es suficiente para determinar que se sentían obligados a celebrar un acuerdo de explotación conjunta. Lo anterior quedó confirmado con las declaraciones hechas años después por los negociadores del Tratado del 2000. La actitud de ellos, en su calidad de servidores públicos, respecto de las opciones y los deberes que se negociaron, da una idea clara de la forma en la que el Estado se comportó frente a la norma consuetudinaria internacional en potencia.
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Basta con hacer una revisión de lo declarado por los dos negociadores más importantes en el Tratado del 2000 para darnos una idea de lo que se tenía en mente como la obligación de México frente a estos recursos. La Dr. Lourdes Melgar otrora representante oficial de la Secretaría de Energía ha expresado en varios foros la obligación que tenía México en ese entonces y que tiene en el futuro, de adoptar y preparar su legislación nacional para celebrar tratados de explotación conjunta. En efecto, durante el foro de reforma energética del 2007, la Dr. Melgar textualmente declaró: Al actuar bajo el argumento de que su Constitución no le permite llevar a cabo tareas de exploración y explotación conjunta con otras empresas, México estaría contraviniendo el derecho internacional y las mejores prácticas internacionales en la materia. (Dr. Lourdes Melgar en el 8vo Foro de la Reforma Energética)
Incluso la propia Dr. Melgar sugirió la forma en que éstos deben explotarse conjuntamente, la cual cabe decir es la misma que se ha venido reiterando como la práctica internacional: este punto es fundamental, pues hay que preparar las negociaciones que permitan establecer acuerdos de unificación y explotación de los yacimientos transfronterizos. Establecer un órgano regulador para supervisar la explotación y exploración de yacimientos transfronterizos de México. (Dr. Lourdes Melgar en el 8vo Foro de la Reforma Energética).
Lo anterior fue reiterado por el embajador Miguel Ángel González Félix, que como Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la época de la firma del Tratado del 2000, revisó las implicaciones jurídicas a nivel internacional que afectaban al Estado mexicano en la negociación. El Embajador reconoció que aunque el tema de mayor importancia durante la negociación fue la delimitación, siempre estuvieron presentes en las pláticas los recursos transfronterizos: “cuando se negoció el Polígono Occidental … el tema de los yacimientos transfronterizos estuvo subyaciendo todo el tiempo” (Intervención del Embj. Miguel Ángel González Félix el 8vo Foro de la Reforma Energética). Lo anterior, es igualmente consistente con lo expresado tanto en la práctica como en la doctrina del tema, lo importante para los Estados son los derechos que dan las delimitaciones y no tanto la línea per se.
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Atendiendo a la preocupación de su explotación eficiente, como una forma de respetar los derechos de ambos así como de cooperar, el Embajador ilustró lo que el Estado mexicano consideraba en ese entonces: … una vez que estos yacimientos tienen parte en territorio de otro país, hay dos fenómenos que ya han sido reiterados: el fenómeno de la migración del recurso, es decir, una vez que alguien intenta sacar el recurso, de cualquiera de los dos lados, ese recurso va a migrar; y segundo, que además de la migración, el hecho de que no se haga de una manera bilateral, puede afectar la presión de los pozos y puede hacer que incluso el yacimiento de la otra parte se colapse. (Intervención del Embj. Miguel Ángel González Félix en el 8vo Foro de la Reforma Energética).
Sobre la integración de este tipo de normas de explotación conjunta y la práctica del Estado mexicano, el Embajador fue claro en expresar que no sería la primera vez que México celebrara este tipo de acuerdos, y es mas, que éste hace una remisión directa al Derecho Internacional como la forma de resolver esos fenómenos: … nosotros vemos a lo largo de la Constitución, es que cuando estamos en zonas limítrofes, háblese de espacio aéreo, háblese de mar, se hace la derivación al derecho internacional. De ahí que en la zona de fronteras, como lo señaló el Embajador Iruegas, pues tengamos 15 tratados que versan sobre cuestiones que son compartidas. Tenemos espacio aéreo con Estados Unidos; tenemos los tratados que tienen que ver sobre límites y aguas; el tratado que da lugar a la SILA, para el manejo del agua en los ríos fronterizos; tenemos los tratados que tienen que ver con radio transmisión en frecuencia modulada en la frontera. Es decir, hay múltiples ejemplos, de que este régimen, es un régimen internacional. Conclusión: No hay nada en la Constitución que impida la negociación de un tratado internacional. Y la propia Constitución, orilla a que se acuda al derecho internacional; orilla a que se vaya a ver cuál ha sido la práctica internacional … (Intervención del Embj. Miguel Ángel González Félix en el 8vo Foro de la Reforma Energética).
Como podemos ver, esta última declaración es fundamental viniendo del representante de mayor jerarquía que negoció el Tratado del 2000. México así, a través de sus funcionarios, reconoció que la práctica internacional en esta materia es lo que estaba obligado a observar, no sólo por el propio Derecho Internacional, sino en virtud de que su propio sistema legal doméstico obliga al Estado a seguirla en materia de recursos compartidos.