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derecho procesal práctico

Clara Fernández Carron

La presente monografía tiene por objeto el estudio de la conﬁguración legal del derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales tras la reforma operada en nuestro Ordenamiento jurídico en virtud de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010. Tras ofrecer un breve panorama de los derechos procesales reconocidos a los sospechosos o acusados y proceder posteriormente al examen de la Directiva, se aborda el análisis detenido de la normativa reguladora del derecho a interpretación y a traducción en la LECrim –los nuevos arts. 123 a 127–. La obra se centra ﬁnalmente, de forma especial, en la previsión legislativa que posibilita que la interpretación se lleve a cabo por medio de videoconferencia, y las consecuencias que ello conlleva en relación con el derecho de defensa del sospechoso o acusado. Las conclusiones a las que se llega son, desgraciadamente, poco alentadoras: además de las importantes limitaciones a que se encuentran sometidos los derechos a interpretación y traducción, lo que lleva inevitablemente a una reducción de su ámbito de protección, la reforma legislativa, de nuevo “a coste cero”, articula en nuestro sistema unos derechos cuyo ejercicio real en la práctica no va a resultar nada fácil.

EL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES

derecho procesal práctico

EL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES

Clara Fernández Carron

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EL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES

CLARA FERNÁNDEZ CARRON

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Este estudio ha sido realizado en el marco del Proyecto I+D “Nuevas Tecnologías y Derechos Fundamentales: posibilidades y límites en el proceso”, dirigido por la Dra. Cedeño Hernán, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, referencia DER 2012-33052.

Colección Derecho Procesal Práctico Directores:

IGNACIO DÍEZ-PICAZO Catedrático de Derecho Procesal

FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI Catedrático de Derecho Procesal

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-404-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

A mi sobrina Clara, por regalarme tantos momentos felices y, sobre todo, por traducir e interpretar la vida siempre con una sonrisa.

Índice Abreviaturas ............................................................................................. 11 Introducción ............................................................................................ 15

Capítulo 1 PANORAMA GENERAL DE LOS DERECHOS PROCESALES DE SOSPECHOSOS Y ACUSADOS EN LOS PROCESOS PENALES .................. 19

Capítulo 2 LA DIRECTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES 2.1. LÍNEAS GENERALES..................................................................... 39 2.1.1. Ámbito de aplicación subjetivo.............................................. 41 2.1.2. Ámbito de aplicación objetivo................................................ 44 2.1.3. Derechos procesales reconocidos en la DIT............................ 47 2.2. SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN.............................................................. 63 2.3. ALUSIONES AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA PROPORCIONAR AL SOSPECHOSO O ACUSADO EL DERECHO A INTERPRETACIÓN: EN CONCRETO, LA VIDEOCONFERENCIA...................................................................... 67 Capítulo 3 LA LEY ORGÁNICA 5/2015, DE 27 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES 3.1. CUESTIONES GENERALES........................................................... 73 3.2. DEL DERECHO A INTERPRETACIÓN......................................... 77

Índice

3.3. DEL DERECHO A TRADUCCIÓN................................................ 97 3.4. GRATUIDAD DE LOS DERECHOS................................................ 112 3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DEL TRADUCTOR O INTÉRPRETE JUDICIAL................................................... 114 3.5.1. ¿Se pueden considerar los intérpretes y traductores como peritos?........................................................................................ 120 3.6. MECANISMOS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN O INTERPRETACIÓN................................................. 125 3.7. DE LA RENUNCIA DE LOS DERECHOS A TRADUCCIÓN Y A INTERPRETACIÓN........................................................................ 136 3.8. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN............................................................................... 140 3.9. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO: EL PROBLEMA DE LAS REFORMAS INCOMPLETAS................. 143 Capítulo 4 LA VIDEOCONFERENCIA Y OTROS MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN 4.1. EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO EQUITATIVO: POSICIÓN DEL TEDH AL RESPECTO................................................................................................... 155 4.2. ALUSIONES EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA Y A OTROS MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN................................................................. 159 4.2.1. Jurisprudencia de nuestros Tribunales sobre la videoconferencia.......................................................................................... 169 4.3. EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA O DE CUALQUIER OTRO SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN COMO MEDIO PARA ASISTIR AL SOSPECHOSO O ACUSADO........................... 184 4.3.1. Cuestiones generales.............................................................. 184 4.3.2. Ventajas................................................................................. 189 4.3.3. Inconvenientes....................................................................... 190 Conclusiones finales ................................................................................. 199 Bibliografía .............................................................................................. 205 Jurisprudencia .......................................................................................... 215

ABREVIATURAS AC AEVD AJA AJMER AJUM AP Apdo. APTIJ

Aranzadi Civil Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Víctima Actualidad Jurídica Aranzadi Auto del Juzgado Mercantil Actualidad Jurídica Uría & Menéndez Audiencia Provincial Apartado Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes judiciales y jurados Art. Artículo Arts. Artículos BOCG Boletín Oficial de las Cortes Generales BOE Boletín Oficial del Estado CC Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil CDFUE Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea Cdo. Considerando CE Constitución Española CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos CGPJ Consejo General del Poder Judicial CP Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal CPP Code de Procédure Pénale (Francés) DAL Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad DGPM Directiva 2016/800/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales

12 DIPP

Abreviaturas

Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales DIT Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales DOUE Diario Oficial de la Unión Europea DPIJ Directiva 2016/343/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio DPVD Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos JORF Journal Officiel de la République Française LAJ Letrado de la Administración de Justicia LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil LECrim Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal LOEV Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial LO 6/1985 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial LO 5/2015 Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales LO 13/2015 Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica Núm. Número Pág. Página Págs. Páginas

Abreviaturas

PLO

RITAP RTDE SAP SSAP SSTC SSTEDH STC STEDH STJUE STS TEDH TJUE TS TSJ UE

13 Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (Proyecto de Ley núm. 121/000139, presentado el 13 de marzo de 2015) Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública Revue Trimestrielle de Droit Européen Sentencia de la Audiencia Provincial Sentencias de la Audiencia Provincial Sentencias del Tribunal Constitucional Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tribunal Supremo Tribunal Superior de Justicia Unión Europea

INTRODUCCIÓN ¿Quién no ha escuchado o leído algo alguna vez y no ha entendido nada de lo que estaba escuchando o leyendo? Si alguien puede negar que esto le haya pasado en alguna ocasión, para nosotros, desde luego, no tiene ningún mérito. Y es que, en cuanto a uno le interese aprender, sabe que irremediablemente tiene que asumir que, en algún momento de su proceso de aprendizaje, algo le pueda llegar a “sonar a chino”. Esta expresión, aparentemente graciosa y que, por cierto, tiene sus equivalentes en otros idiomas1, en el lenguaje coloquial puede no tener mayor relevancia que la de poner de manifiesto que no se está entendiendo algo. Sin embargo, en otros contextos, escuchar a alguien utilizarla puede llegar a ser dramático. Y es que, si ya cuando se incoa un proceso penal en España que se dirige frente a un sujeto conocedor de la lengua que se utiliza durante su tramitación no siempre podemos estar seguros de que esté comprendiendo realmente lo que está pasando, ¿qué podríamos decir de quiénes, además de esto, son alófonos? La respuesta es clara: no podemos permitir que, quienes hablan una lengua diferente a la utilizada por nuestros Tribunales sientan la sensación de que todo lo que pasa a su alrededor “les suena a chino”; no, bajo ningún concepto. Nuestro legislador debe proporcionar en todo caso a quienes no hablan o no entienden la lengua que utilizan nuestros Tribunales una situación que, en la medida de lo posible, les permita estar en la misma tesitura en la que se encuentran quienes sí conocen la lengua del proceso o, para ser más exactos, casi en la misma, porque idéntica, por la propia naturaleza de las cosas, resulta imposible. Esta exigencia, que parece obvia, entronca directamente con el derecho de defensa: ¿cómo podría defenderse quien no entiende y no puede comunicarse para que le entiendan? De ninguna manera. Así, queda fuera de toda duda que el derecho a entender y a ser entendido

A modo de ejemplo, los alemanes utilizan como equivalente “me sueña a español”; para los polacos, lo que no se entiende “suena a turco”; a los italianos “les parece árabe”; o cuando en inglés no se entiende algo, se dice que “suena a griego”.

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es un presupuesto ineludible para que la parte pasiva del proceso penal pueda ejercitar su derecho de defensa. Aunque, salvo error u omisión por nuestra parte, no contamos con estadísticas en que se recojan datos relativos al número de procesos penales en los que el sujeto pasivo haya sido un extranjero o, por mejor decir, un justiciable que no conociera nuestra lengua, sí que disponemos por lo menos de datos que, aunque de 2014, sirven para hacernos una idea del número de población reclusa en centros penitenciarios y, en concreto, del número de personas que, estándolo, son extranjeras2. Así, frente a un total de 65.017 reclusos en 2014, 19.697 de ellos eran extranjeros. De estos datos se deduce que, siendo casi la tercera parte de la población reclusa extranjera, el número de procesos penales incoados en España frente a justiciables no nacionales es muy elevado. Partiendo de esta premisa, nos planteamos en su día si España podría considerarse como un Estado en el que, con independencia de la lengua que uno hablara, cualquier justiciable podía tener la seguridad de que, en caso de verse inmerso en un proceso penal, sus derechos procesales y, concretamente los relativos a la asistencia lingüística, y por tanto sus derechos a interpretación y a traducción, se verían o no realmente garantizados. Tras profundizar en el estudio de esta cuestión, y pensando a priori que no cabría duda de que podría contestarse afirmativamente a esta pregunta, nos fuimos dando cuenta de que no iba a ser tan fácil poder decirles a quienes desconocen nuestra lengua, sin faltar con ello a la verdad, que pueden estar tranquilos en este punto. Hemos llegado a esta conclusión hace meses, en concreto a finales de mayo de 2015 cuando ya, por fin, y tras más de año y medio de retraso, España transpuso a su Derecho nacional la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (en adelante DIT). Y es que, al analizar la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y

Datos estadísticos provenientes del Instituto Nacional de Estadística, que pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/ a052/a1998/l0/&file=j10050.px&type=pcaxis&L=0.

Introducción

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales3 (en lo sucesivo LO 5/2015), que ha sido la que ha incorporado a nuestro Derecho interno la DIT, nos hemos percatado de que la incorporación de este Derecho comunitario a los parámetros de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) no ha resultado tan acertada como debiera. Teniendo en cuenta que la transposición de la DIT suponía incorporar a nuestro Ordenamiento jurídico una normativa de mínimos, creemos que, pese a que no se le pueda quizá afear al legislador el haber transgredido sus previsiones, aunque en algunos puntos, como veremos, sí que lo ha hecho, lo que sí que tenemos claro, e intentaremos demostrar a lo largo de nuestro trabajo, es que podía haberla transpuesto mejor, de modo que los derechos a interpretación y a traducción en los procesos penales, tan estrechamente vinculados al derecho de defensa, podían haberse consagrado en nuestro Ordenamiento jurídico como realmente merecen. Para comenzar nuestro estudio, analizaremos brevemente el panorama de los derechos procesales reconocidos a los sospechosos o acusados en los procesos penales4. Después nos centraremos en las disposiciones de la DIT, tras lo cual examinaremos la LO 5/2015. Llegados a este punto, focalizaremos nuestra atención en la facultad que nos brinda el legislador de hacer uso de las nuevas tecnologías en el marco del proceso penal y, más en concreto, en la posibilidad de que la interpretación se realice por medio de videoconferencia, centrándonos en las consecuencias que, para con el derecho de defensa del sospechoso o acusado, conlleva en la práctica hacer uso de aquélla. Ello nos va a llevar irremediablemente, y muy a nuestro pesar, a una conclusión inevitable: en este punto ya no podemos hablar de derecho de defensa porque lo que realmente se reconoce a día de hoy en

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Publicada en el BOE de 28 de abril de 2015, núm. 101, págs. 36559 a 36568. A lo largo de nuestro estudio utilizaremos de forma genérica los términos “sospechosos” y “acusados” por ser éstos a los que alude la DIT. No obstante, más adelante, concretamente en el epígrafe 2.1.1, analizaremos con mayor profundidad qué sujetos pueden entenderse comprendidos bajo tales conceptos.

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nuestra LECrim a los sospechosos o acusados alófonos ha dejado de ser lo que tradicionalmente conocemos como derecho de defensa y ha pasado a sustituirse por lo que hemos venido a denominar “derecho de video-defensa” o “derecho de defensa virtual”.

Capítulo 1

PANORAMA GENERAL DE LOS DERECHOS PROCESALES DE SOSPECHOSOS Y ACUSADOS EN LOS PROCESOS PENALES Como por todos es sabido, la protección de los Derechos Fundamentales se ha ido desarrollando tradicionalmente en el ámbito del Derecho interno de los distintos Estados a través de la promulgación de sus respectivas Constituciones y del establecimiento de su correspondiente control jurisdiccional5. Sin embargo, esta realidad se ha visto alterada en estos últimos tiempos a consecuencia de la apertura internacional de los Estados que, en materia de Derechos Fundamentales, han ido transfiriendo de forma progresiva su tutela al Derecho internacional6. Ahora bien, pese a los esfuerzos realizados por los distintos Estados miembros para alcanzar un texto unitario en el que se regulen los Derechos Fundamentales, lo que permitiría establecer un mismo elenco de derechos y libertades aplicables de forma uniforme a todos sus habitantes asegurándoles con ello un trato común en todo el territorio de la Unión, a día de hoy no contamos todavía con él. Por ello, por el momento, habremos de seguir conformándonos con la regulación que, a este respecto, se recoge en los Tratados de la Unión Europea, especialmente en el Convenio Europeo de Derechos Huma-

En todos los Estados miembros de la Unión Europea (en adelante UE) la primera garantía de la protección de los Derechos Fundamentales compete a los Jueces ordinarios, ya sea a través de recursos ordinarios o de procedimientos específicos, garantizándose tal protección jurisdiccional en algunos países, además, a través de Tribunales específicos (véase, a modo de ejemplo y entre otros, el caso de Estados como Italia, con su Corte Constituzionale; Francia, con su Conseil Constitutionnel; Alemania, con su Busdesverfassungsgericht; etc.). Con gran detenimiento a todo este respecto, se aconseja la consulta de López Basaguren, A., “Comunidad Europea, integración de ordenamientos y pluralidad de jurisdicciones en la protección de los derechos fundamentales”, en La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea (Coord. Corcuera Atienza, J.), Dykinson, Madrid, 2002, págs. 119 y ss.

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nos (en adelante CEDH) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante CDFUE)7. Sentada esta realidad, y centrándonos ya en el análisis de los derechos procesales de los sospechosos y acusados en procesos penales celebrados en el ámbito de la UE, el punto de partida no puede ser otro que el de admitir desde un principio que una armonización en esta materia resulta clave si lo que realmente se quiere conseguir es que exista una verdadera cooperación judicial en materia criminal en el seno de la Unión8. Esta armonización, entendida en el sentido de 7

El reconocimiento y protección de los Derechos Fundamentales en el ámbito del Derecho de la UE es un tema problemático y complejo. Pese a que la Unión se ha comprometido con estos derechos, no existe un sistema o mecanismo específico y propio de protección de éstos, ni tampoco un texto jurídico vinculante que establezca el catálogo de tales derechos. A todo este respecto, resulta especialmente interesante la consulta de Iglesias Buhígues, J.L., quien califica la situación de los Derechos Humanos en la UE como una auténtica paradoja, señalando al efecto que, aunque la Unión es una convencida defensora de los derechos humanos, ofreciéndoles una protección amplia sobre la base, no de un texto o catálogo escrito de estos derechos, sino creada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de las CE, no puede afirmarse que cuente con una política global o integral en materia de Derechos Humanos, al no existir ni un mecanismo específico de protección de éstos ni un texto vinculante que establezca el catálogo de tales derechos. Continúa afirmando el autor que la ausencia de un reconocimiento general de los Derechos Fundamentales, que sólo aparecen protegidos en función de lo que se estima necesario para el logro de los objetivos comunitarios no resulta satisfactorio, y que la falta de un texto normativo que contenga el catálogo completo de tales derechos con un alcance general crea una situación alejada de los principios de previsibilidad y de seguridad jurídica [“Derechos Fundamentales y Derecho Comunitario”, en El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: avances y derechos fundamentales en materia procesal (Coords. Calderón Cuadrado, M.P., e Iglesias Buhígues, J.L.), Aranzadi, Navarra, 2009, págs. 25 y 30]. Cooperación judicial entre los distintos Estados miembros que encuentra su eje en el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones (véase en este sentido el apdo. 33 de las Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, en el que se señala que la implementación de este principio debe servir para facilitar la cooperación, y por lo que a nosotros interesa en concreto, también debe servir para promover la protección judicial de los derechos individuales). Lógicamente, el principio de reconocimiento mutuo sólo puede funcionar eficazmente en un espíritu de confianza recíproca en el que todos los actores del proceso penal consideren que las decisiones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros son equivalentes a las suyas, y por lo tanto no se cuestione la capacidad judicial de ninguno de ellos. En otros términos, que las autoridades competentes de cada Estado