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Es propósito de este trabajo mostrar aquellos elementos que es necesario conocer sobre las formas sustitutivas de le ejecución penal. Y así desde la evolución legislativa de la institución de la condena condicional partiendo de sus orígenes, a lo que se ha unido la aportación que en distintos momentos ha ido ofreciendo la jurisprudencia de los Altos Tribunales de la nación y la Fiscalía General del Estado, se llega al examen de la regulación actual sobre la que se reﬂexiona y se aportan valoraciones que pretenden alcanzar un interés práctico sobre las cuestiones que se pueden suscitar. Es objetivo de este trabajo, en deﬁnitiva, ofrecer un compendio sencillo que ponga de relieve el aspecto artesanal de la ejecución penal de las penas privativas de libertad de corta duración. Y ello a través del conocimiento del instrumento legal con el que se cuenta que se analiza con detalle, y en especial de las pautas que han de primar en el ejercicio de la libertad reglada que se pone en las manos de los jueces y magistrados y en general de cuantos operadores jurídicos intervienen en la toma de decisiones al momento del cumplimiento de las penas, para facilitar así la respuesta acertada a través de los institutos sustitutivos, cuando proceda, como mejor logro de la reeducación y la reinserción social del penado tal y como exige el artículo 25 de la Constitución Española.

María Jesús Coronado

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

MARÍA JESÚS CORONADO

LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE EJECUCIÓN PENAL

La última reforma del Código Penal con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha proporcionado nuevos criterios de actuación como consecuencia de la ampliación de la discrecionalidad judicial en el ámbito de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad.

monografías

LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE EJECUCIÓN PENAL

LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE EJECUCIÃ“N PENAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE EJECUCIÓN PENAL

MARÍA JESÚS CORONADO BUITRAGO

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

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Para mi nieto Pablo que a día de hoy quiere ser criminólogo

ÍNDICE Introducción.............................................................................................. 11 JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA EJECUCIÓN PENAL........................................................................................... 15 LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN NUESTRO PAIS, DESDE LOS ORÍGENES DE LA CONDENA CONDICIONAL HASTA LA ACTUALIDAD...................................................................................................... 21 DESARROLLO LEGISLATIVO................................................................ 27 REGULACIÓN EN LOS CÓDIGOS PENALES. COEXISTENCIA CON LA LEY DE CONDENA CONDICIONAL............................................... 35 EL NUEVO RÉGIMEN LEGAL: CÓDIGO PENAL DE 1995.................. 49 LAS MODIFICACIONES SOBREVENIDAS AL RÉGIMEN LEGAL DEL CÓDIGO PENAL DE 1995.............................................................. 69 DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMAS SUSTITUTIVAS....................................................................... 105 LA REGULACIÓN ACTUAL................................................................... 109 APORTACIONES JURISPRUDENCIALES.............................................. 111 ACUERDOS DE LAS JUNTAS DE MAGISTRADOS DE LAS SECCIONES PENALES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID.......... 145 TEXTO ARTICULADO DE LA REGULACIÓN ACTUAL..................... 151 VALORACIÓN DE LA REFORMA......................................................... 191 ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DE LA NUEVA REGULACIÓN........................................................................................................ 199 OTRAS MODALIDADES DE SUSPENSIÓN........................................... 213 LA LEY APLICABLE................................................................................ 221 PRESCRIPCIÓN....................................................................................... 231 RECURSOS.............................................................................................. 239 EL ARBITRIO JUDICIAL........................................................................ 243 DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LAS FORMAS SUSTITUTIVAS.......... 255 LA JURISPRUDENCIA MENOR DESDE LA REFORMA....................... 259 EPÍLOGO Y CONCLUSIÓN................................................................... 283 OBRAS Y TRABAJOS CONSULTADOS................................................. 285

INTRODUCCIÓN El origen de este trabajo está en el estudio pero sobre todo en las reflexiones que mi propia experiencia profesional como Magistrada en el orden jurisdiccional penal y especialmente en los años que desempeñé la tarea en un Juzgado de Ejecuciones Penales primeramente y después en una Sección Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, me han suscitado. Y ello por el enriquecimiento profesional y personal que aquellos destinos me proporcionaron. Ahora con la perspectiva del tiempo y sobre todo conocidas las posibilidades que otorga la nueva regulación de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad de corta duración a consecuencia de la última modificación del Código Penal operada por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, surge la oportunidad de retomar una vez más el análisis de tan interesantes instituciones por si las reflexiones que dicha reforma me han suscitado pudiesen ser de interés para facilitar la tarea de los operadores jurídicos que intervienen en el proceso de la ejecución de las penas de corta duración, jueces, fiscales, letrados y peritos. La primera de las reflexiones que se me plantea no deriva del contenido de los textos legales que regulan la materia, sino de la percepción que los profesionales obtenemos cuando nos aproximamos a la ejecución en el proceso penal. Esta percepción, la mayor parte de las veces sorpresiva, deriva de la falta de atención que en general se presta a esta fase del procedimiento en los planes de estudio de las disciplinas jurídicas. Puedo aportar en este punto que durante los años que estudié la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, hace ya mucho tiempo de ello, y sin que conozca con mucha precisión lo que sucede en la actualidad, ni en la asignatura de Derecho Penal ni en la de Procesal se abordaba ni teórica ni prácticamente ningún aspecto relativo a la ejecución penal aunque pudiesen aparecer algunas mínimas alusiones en determinados manuales. Similar falta de atención se presta en la preparación al acceso a la carrera judicial y fiscal, y si bien tanto el Consejo General del Poder Judicial como los Colegios Profesionales para el ejercicio de la abogacía vienen presentando efectivas ofertas de cursos de forma-

María Jesús Coronado Buitrago

ción específicos sobre la materia coincidiendo especialmente con las últimas reformas legislativas, lo cierto es cuando se abordan aspectos de formación y de actualización de dicha problemática se olvida incidir en la necesidad de complementar la tarea jurídica con aportaciones del ámbito del trabajo social y otras ciencias sociales y de la conducta que pudiesen proporcionar a los profesionales jurídicos elementos imprescindibles de comprensión de los aspectos sociales y personales que entran en juego al momento de tomar decisiones, que en este ámbito de la ejecución de las penas de corta duración no hay que olvidar, están imbuidas muy especialmente por el ejercicio del arbitrio judicial. Dicho enriquecimiento ayudaría a los operadores jurídicos a superar el desconcierto que en ocasiones provoca tener que hacer frente a realidades desconocidas en anteriores fases del proceso, pero que se presentan abruptamente en el momento de la ejecución de la sentencia y que han de contar con una importante incidencia en el desarrollo de la ejecución de la misma. No puedo olvidar el acierto de una afirmación de un buen amigo Fiscal con el que trabaje durante años que decía que para el penado el momento de la ejecución de la sentencia era el Derecho Penal puro y duro. Se planeta en consecuencia en esta ámbito la coexistencia de situaciones y matices de distinta naturaleza, intereses personales y sociales muy fuertes, compromiso entre bienes como la libertad y la seguridad, y en definitiva cuestiones que exigen que la respuesta individual que se vaya a ofrecer a cada caso, más allá de los contenidos meramente técnicos, satisfaga tanto dichos intereses personales como los sociales que están en juego, sin olvidar que las formas sustitutivas de ejecución por su propia definición afectan a las penas de corta duración que no solo son las más frecuentes en su imposición sino que suelen representar el primer contacto del penado con el aparato judicial represivo. Pero es que además de aquella reflexión inicial, albergo otra que sin duda puede ser consecuencia de la misma y así que la posible falta de preparación para asumir en las mejores condiciones dicha tarea puede comportar un riesgo de automatismo en la toma de decisiones en la materia. Automatismo que podría provocar la devaluación de la eficacia de las instituciones de la suspensión o la sustitución de la ejecución de las

Las formas sustitutivas de ejecución penal

penas privativas de libertad de corta duración dando lugar a la percepción por parte de la sociedad de que en casos de concesión de los beneficios sin mayor justificación se hace un regalo al penado. O en otro sentido cuando se deniega, igualmente sin suficiente fundamento, que dicha práctica rigorista y estrictamente ejemplarificadora con sustento genérico en las razones de una prevención general, significa al abandono del debido proceso de individualización que la respuesta penal exige. Por ello valoro que el proceso de ejecución exige un mayor esfuerzo pedagógico y de dedicación en los programas de estudio de las disciplinas jurídicas para que se preste atención a las valiosas posibilidades que el propio sistema ofrece cuando se trata de las alternativas al cumplimiento de las penas privativas de libertad de corta duración, que como ya he mencionado son las más numerosas en su aplicación siendo además las más sensibles a las posibilidades del ejercicio de la discrecionalidad reglada, dado que la problemática que rodea el cumplimiento de las penas de larga duración trasciende del propio Derecho Penal para instalarse plenamente en el también importantísimo Derecho Penitenciario. La nueva regulación de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad, tal como se aborda en la Ley Orgánica 1/2015 de modificación del Código Penal, es un buen pretexto para adentrarnos en todo ello ya que se han potenciado enormemente las facultades discrecionales de jueces y tribunales, lo que no solo es una mayor oportunidad sino también una mayor responsabilidad a la hora de realizar el trabajo. Me propongo en consecuencia abordar en estas líneas cual ha sido la evolución legislativa en nuestro país de las instituciones sustitutivas desde su origen hasta la regulación actual para poder entender mejor lo que comportan en este momento con la intención, sobre todo, de poder profundizar acerca de qué es lo que en esta materia se espera de los operadores jurídicos para que su intervención pueda alcanzar la mayor eficacia.

JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA EJECUCIÓN PENAL La primera institución en nuestro ordenamiento jurídico penal que abordó alternativas al cumplimiento de las penas privativas de libertad de corta duración fue la condena condicional que se incorporó al ordenamiento jurídico penal a principios del siglo XX como alternativa básica a las penas privativas de libertad. La Ley de Condena Condicional constituyó el primer desarrollo legislativo sobre las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad. Promulgada el 17 de marzo de 1908 y complementada con el Real Decreto de 24 de marzo de 1908 por el que se adoptaban disposiciones para el mejor cumplimiento de la Ley, el Preámbulo de aquella fundamentaba la institución en la falta de eficacia que ofrecían para la corrección las penas que privaban de libertad por corto periodo de tiempo, lo que venía aconsejado en aquellos momentos en nuestro país, también, por las condiciones deficientes de los establecimientos en los que las condenas se cumplían. La Exposición de Motivos del Real Decreto explicaba a su vez que la Ley tenia por principal garantía de buen cumplimiento, el cuidado y celo con que los Tribunales debían corresponder a la confianza que en ellos había puesto el legislador, entregando a su facultad discrecional, salvo en los casos en los que se podía otorgar el beneficio por ministerio de la Ley, la concesión de la suspensión de condena. Y que dicha institución tan interesante, implantada tiempo hacía en otros países, arraigase en el nuestro, había de contribuir la solicitud y cuidado con que se procediese en cada resolución. De tal manera que ganada así la confianza pública se obtendría además aquella cooperación social que instituciones de esta naturaleza a un tiempo necesitan y sugieren y que por su parte incumbía promover. La Fiscalía del Tribunal Supremo dictó en fecha 4 de abril de 1908 una Circular sobre la aplicación de la condena condicional que hacía alusión a la buena acogida que la institución había tenido en los pueblos más adelantados lo que evidenciaba su importancia y ayudaba

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a razonar su justificación. Calificaba la institución como instrumento de restauración ética y jurídica en el doble aspecto individual y social, y señalaba que la Ley pretendía erigir sobre la remisión de la pena asignada a la primera culpa la corrección del que comparecía ante la justicia más que como reo como víctima de un momentáneo apartamiento de la senda del bien obrar. El sistema sustitutivo por lo tanto como ya anunciaba el Preámbulo de la Ley de Condena Condicional, se basaba o sustentaba en la reiterada y enconada crítica que la doctrina moderna había venido planteando a las penas de privación de libertad de corta duración, fundamentalmente desde que la Unión Internacional de Derecho Penal desencadenase en las postrimerías del siglo XIX una incesante campaña en su contra. Se planteaba ya en aquellos momentos que dichas penas por su brevedad, desde el punto de vista penitenciario, imposibilitaban todo régimen progresivo de corrección, mientras que tan reducido espacio de tiempo por otro lado era suficiente para la tarea de contagio criminógeno y desarraigo familiar y laboral del penado. Por otro lado la levedad del castigo desde la perspectiva de la prevención general, no comportaba finalidad alguna a su favor al intimidar escasamente a aquellos a los que dichas penas pudiesen estar destinadas. De todo ello se concluía que dichas penas en su conjunto hacían que la cárcel pudiese convirtiese en escuela del crimen. Aun así, es cierto que han existido defensores de las penas cortas en la medida que eran legalmente necesarias para las infracciones menos graves habiendo persistido por respeto al principio de proporcionalidad penal. Pero la doctrina ha venido propugnando desde siempre la necesidad de articular otro tipo de consecuencias penales sin el sentido represivo de dichas penas. Y así nació la condena condicional, que se consideró el sustitutivo ideal de las penas cortas en el Derecho Penal moderno. En este terreno doctrinal y teórico, se recordaba, que introducidas en el sistema penal por los positivistas, además de proporcionar las ventajas económicas que derivaban de la falta de ingreso en prisión, tenían la capacidad de someter a los reos, en los casos de delitos de escasa gravedad, a funciones de control y vigilancia por parte de la autoridad judicial.

Las formas sustitutivas de ejecución penal

Y en su origen surgieron, de entre las modalidades de sustitutivos posibles (trabajos o multa), como una variante institucionalizada del perdón por el que el condenado primario y ocasional en el que concurriesen además otros requisitos resultaba dispensado de la ejecución de la pena prevista en la sentencia bajo el apercibimiento de que de no cumplir determinadas condiciones durante el tiempo que se fijase, tendría lugar la ejecución de la pena suspendida. Desde esta misma perspectiva hay que recordar que el instituto de la condena condicional ha sido conocido con los nombres de “suspensión condicional”, “remisión condicional” y “prueba”, siendo esta última denominación la preferida por los sistemas anglosajones. Pero la “Probation” que es como se denomina en dicho ámbito anglosajón cuenta con un alcance distinto, que estriba en que no es propiamente la ejecución lo que temporal y condicionalmente se suspende, sino el pronunciamiento de la condena, de tal manera que en el sistema anglo-americano aquella figura ostenta una marcada naturaleza procesal, más afín al sobreseimiento y al perdón judicial sin pronunciamiento de pena, que al carácter sustantivo que caracteriza la condena condicional que nuestro sistema conoce, en el que existe condena pero el penado resulta técnicamente beneficiado en su ejecución por la suspensión. Antes de abordar los antecedentes y el desarrollo legislativo en nuestro país hay que recordar que la institución nació, como otros tantos progresos de orden penitenciario en Norteamérica, aplicada primero a los menores y jóvenes delincuentes con carácter legal (con anterioridad lo había sido con carácter consuetudinario) en la Ley de 1869 del Estado de Massachussetts y en Boston al año siguiente para los delincuentes adultos. Desde su nacimiento americano presentó las características a las que se viene haciendo referencia, que han sido conservadas. También en Inglaterra por Ley de 1887, es decir sin pronunciamiento de pena y velando por la conducta del beneficiario en libertad mediante funcionarios especiales (Probarion Officers), lo que en Europa continental se simplificó por razones más económicas que teóricas. Desde su plasmación legislativa los éxitos de la condena condicional han sido valorados siempre muy positivamente y no hay que olvidar que la Unión Internacional del Derecho Penal votó por aclama-

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ción su adopción en el Congreso de Bruselas de 1889 extendiéndose el sistema prácticamente por todos los países del mundo si bien con diversos grados de amplitud. Por ello desde las postrimerías del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX se dictaron leyes incorporando la institución a los ordenamientos jurídicos y así en Bélgica en 1888, en Francia en 1891, en Portugal en 1893, en Noruega en 1894, una nueva regulación en EEUU en 1902, en Italia en 1904 adoptándose inmediatamente después en sistemas legales de países como Rusia, Suiza y Alemania. El desarrollo legislativo en nuestro país que ha ido perfilando las alternativas al cumplimiento de las penas de prisión, no se ha apartado de la concepción inicial, de su fundamentación y de su justificación en el entendimiento de que se enmarcan dentro de la ejecución penal como máxima expresión del proceso de individualización de la pena. Y si bien la doctrina ha considerado, en lo que se refería a la naturaleza jurídica, que se trata de una figura compleja ofreciendo diferentes facetas según la perspectiva desde la que se la contemplase, es pacifica la consideración de que es una institución de Derecho Penal sustantivo que procesalmente se enmarca en la fase de ejecución penal. Cuyas notas caracterizadoras son: a) El carácter jurisdiccional al estar confiada a jueces y tribunales y no administrativo en cuanto que a la Administración Penitenciaria corresponde no la ejecución sino el cumplimiento de las decisiones judiciales. b) El sometimiento al principio de legalidad penal si bien coexistiendo con el de oportunidad reglada con amplios márgenes de discrecionalidad judicial. c) El carácter inmediatamente ejecutable de las decisiones judiciales que se adoptan. Y d) la orientación a la reeducación y reinserción social que ha de presidir todo tipo de decisiones en dicho ámbito. Todo ello bajo los principios procesales de la iniciación de oficio. La celeridad. Y la posible variabilidad de las consecuencias de la condena penal que es inherente al proceso de individualización de la pena.

Las formas sustitutivas de ejecución penal

Además desde este momento se pueden aportar los criterios de actuación a tener en consideración en la ejecución de las penas privativas de libertad de corta duración, que podrían conducir a la concesión o no de los beneficios legalmente previstos, y que son: • La falta de necesidad del cumplimiento de las penas de corta duración que no permiten un tratamiento resocializador y aportan riesgos criminógenos derivados de la inmersión en el ambiente carcelario (Criterio que se plasmó en el artículo 71.2 del Código Penal de 1995 y que ha tenido una específica incorporación en la regulación actual de la suspensión de la ejecución de la pena, en concreto en el artículo 80.1 del vigente Código Penal como consecuencia de la reforma por Ley Orgánica 1/2015), sobre lo que existía reiterada jurisprudencia y se había pronunciado la Resolución del Consejo de Europa 76/00, de 9 de marzo. • Distinto alcance temporal de la pena para la concesión de los beneficios y así que según las modalidades de suspensión o sustitución, podía variar exigiendose dos años de prisión para la suspensión ordinaria, cinco años para la especial por drogadicción, y en la actualidad un año para la sustitución por expulsión del extranjero del territorio nacional. • La valoración de la peligrosidad criminal (en estrecha relación con el criterio de la necesidad de la pena incorporado actualmente a la norma) y de las circunstancias personales del penado, en función, fundamentalmente, del pronóstico delincuencial que pudiese atribuírsele. Así como de la habitualidad delictiva en el caso de la suspensión sustitutiva vigente en el régimen legal actual. • La flexibilidad. • La ponderación y proporcionalidad, que primeramente como criterios jurisprudenciales han sido definitivamente incorporados al texto penal y en concreto y específicamente en los casos de sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional del extranjero. (Entre otras sentencias cabe desde este momento señalar la STC 202/2004, que cita a su vez la 25/2000, de 31 de enero y la STS 901/2004, de 8 de julio). Pero veamos cual ha sido la evolución legislativa en nuestro país.