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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

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COMPETENCIA, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EXTRANJERAS EN LA UNIÓN EUROPEA

VIRGINIA PARDO IRANZO Directora

Valencia, 2016

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Capítulo I

LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN EL REGLAMENTO (UE) 1215/2012 ROSA PASCUAL SERRATS Profesora Agregada Derecho Procesal. Universidad CEU Cardenal Herrera

I. INTRODUCCIÓN La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, así como el buen funcionamiento del mercado interior requería la adopción de medidas de cooperación judicial. El hecho de que cada Estado dispusiese de sus propias normas de competencia y sobre reconocimiento de resoluciones judiciales dificultaba la consecución de dichos objetivos. Por ello, se planteó la necesidad de unificar las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil. Con este objetivo, los Estados miembros, al amparo del artículo 220 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmaron en 1968 el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil. Posteriormente, con el Tratado de Amsterdam, se abrió la posibilidad de adoptar actos legislativos comunitarios, reafirmándose en el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al disponer en su apartado 2: “A los efectos del apartado 1, y en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar: a) el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, así como la ejecución; b) la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales; c) la compatibilidad de las normas aplicables en los

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Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción; e) una tutela judicial efectiva”. El Consejo, con base en dicha habilitación, adoptó el Reglamento (CE) núm. 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, instrumento jurídico obligatorio y directamente aplicable a los Estados miembros que vino a sustituir al Convenio de Bruselas. Posteriormente, con el fin de mejorar la aplicación de algunas de las disposiciones del citado Reglamento, facilitar en mayor medida la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia, se procede a su refundición en el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Los dos objetivos fundamentales del Reglamento son: a. La extensión de las reglas unificadas de competencia, con el propósito de suprimir la remisión a las reglas nacionales cuando el demandado no está domiciliado en un Estado miembro. Se trata de avanzar en la unificación de las normas de atribución de la competencia judicial internacional y en el desplazamiento de las normas internas de los Estados miembros. b. La eliminación del exequatur. Este Reglamento se aplica en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea1, en aquellos asuntos transfronterizos que versen sobre materias civiles y mercantiles, no excluidas por el propio Reglamento de su ámbito de aplicación. Como afirma IGLESIAS BUHIGUES, “cuestión distinta es la de determinar si se aplican las reglas uniformes o, por mandato de su artículo 6, las internas, en función del lugar del domicilio del demandado”2. El domicilio del demandado en un Estado miembro determina la aplicación de los criterios uniformes de atribución de la competencia judicial internacional previstos en el

Mediante Carta de 20 de diciembre de 2012, Dinamarca notificó a la Comisión su decisión de aplicar el contenido del Reglamento (UE) Nº 1215/2012. IGLESIAS BUHIGUES, J.L., “Competencia judicial internacional”, Dº Internacional Privado, Tirant lo Blanch, 2014, p. 113.

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Reglamento. Si, por el contrario, el demandado tiene su domicilio en un tercer Estado, habrá que atender, como dispone el mismo Reglamento, a las normas previstas en cada Estado miembro salvo que se trate de alguno de los supuestos exceptuados, esto es, competencias exclusivas, sumisión, contratos con consumidores y contratos individuales de trabajo; los dos últimos constituyen una novedad respecto a los previstos en el Reglamento 44/2001. Se prevén distintas reglas de determinación de la competencia siendo su objetivo que, por un lado, el demandante pueda determinar fácilmente ante los tribunales de qué Estado miembro debe presentar la demanda y, por otro, que el demandado pueda prever de forma razonable ante los tribunales de qué Estado miembro puede ser demandado. Vamos a analizar tan sólo algunas de las reglas de atribución de competencia previstas en el Reglamento 1215/2012 (Reglamento), especialmente aquellas en las que se han introducido cambios con relación a la regulación prevista en el Reglamento 44/2001. La aplicación de estas reglas, como ocurre en general cuando se trata de normativa europea, plantea problemas con relación al concepto de determinados términos. En algunos casos, el propio texto normativo establece una definición al efecto y, en otros, ha sido el Tribunal de Justicia el que los ha ido delimitando con el fin de garantizar una aplicación uniforme. Al respecto, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado a favor de una interpretación autónoma de los términos utilizados en el Convenio de Bruselas y posterior Reglamento 44/2001, para garantizar su aplicación uniforme y evitar, en la medida de lo posible, la multiplicidad de los criterios de competencia judicial respecto a una misma relación jurídica. Dado el breve periodo de tiempo en vigor del Reglamento 1215/2012, nos apoyaremos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Reglamento 44/2001. Como en su momento afirmaba este Tribunal, en la medida en que el Reglamento 1215/2012 lo sustituye en las relaciones entre los Estados miembros, la interpretación dada de las disposiciones del Reglamento anterior es igualmente válida para las del actual, cuando las normas de estos instrumentos comunitarios puedan calificarse de equivalentes.

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II. FORO GENERAL El artículo 4 del Reglamento dispone: “1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro, estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. 2. A las personas que no tengan su nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las normas de competencia judicial que se apliquen a los nacionales de dicho Estado miembro”3. Al igual que el Reglamento 44/2001, establece como criterio general de atribución de la competencia judicial internacional, el domicilio del demandado, siendo competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio. Esta regla general presenta excepciones, supuestos en los que se atribuye la competencia a los tribunales de un Estado miembro distinto de aquel en el que el demandado esté domiciliado. Estos son: a. Cuando resulten aplicables las reglas de competencia exclusiva previstas en el artículo 24 del Reglamento, las cuales tienen carácter exclusivo y excluyente, aplicándose con independencia del domicilio del demandado. b. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a los tribunales de un Estado miembro distinto de aquel en el que el demandado tiene su domicilio, siempre que sea posible dicha sumisión conforme a lo previsto en el mismo Reglamento. c. Cuando el demandante opte por la aplicación de las reglas especiales o facultativas de atribución de competencia previstas en las secciones 2, 3, 4 y 5 del Reglamento. La aplicación de este foro general puede plantear problemas dado que no se prevé una definición autónoma de domicilio del demandado. Debemos, no obstante, distinguir según que se demande a una persona física o jurídica. Con relación a las personas físicas, el artículo 62.1 del Reglamento remite a la ley interna de cada Estado miembro pudiéndonos, por

Este artículo reproduce literalmente el art. 2 del Reglamento 44/2001.

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tanto, encontrar con conceptos distintos. Dispone el citado precepto: “Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará su ley interna”. Como se ha manifestado, “en la remisión al derecho interno habrá que estar a una noción amplia, o cuando menos propia del ámbito procesal; aquella que en cada Estado miembro sirva para fundamentar la competencia judicial internacional”4. Respecto a las personas jurídicas, sí que prevé en su artículo 63 los criterios para su determinación: “1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra: a) su sede estatutaria; b) su administración central o, c) su centro de actividad principal”. El Reglamento también contempla en su artículo 6 la posibilidad de que el demandado no tenga su domicilio en un Estado miembro, en tal caso, “la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro por la legislación de este Estado miembro, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 18 apartado 1 —contratos con consumidores—, el artículo 21 apartado 2 —contratos individuales de trabajo—, y los artículos 24 —competencias exclusivas— y 25 —prórroga de jurisdicción—”. Por tanto, si el demandado tiene su domicilio en un tercer Estado, al margen de los supuestos exceptuados, no se aplicarán criterios uniformes sino la normativa interna de cada Estado miembro. El Reglamento 44/2001 limitaba la aplicación de las reglas especiales de protección a los supuestos en que el demandado tuviese su domicilio en un Estado miembro. El nuevo Reglamento prevé la aplicación de sus normas comunes de atribución de competencia en aquellos casos en que la parte más débil demanda al contratante o empresario domiciliado en un tercer Estado. Sigue manteniéndose la presunción de domicilio en un Estado miembro en aquellos supuestos en que el

GUZMÁN ZAPATER, M. y HERRANZ BALLESTEROS, M., “La competencia judicial internacional en el Reglamento (CE) Nº 44/2001(I): ámbito de aplicación, foros objetivos y atribución de la competencia judicial internacional por voluntad de las partes”, Curso Virtual. Un estudio sistemático del espacio judicial europeo en materia civil y mercantil 2009-2010. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial, p. 5.

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demandado posea sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro5. En los supuestos de contratos con consumidores, contratos individuales de trabajo y prórroga de jurisdicción recogidos en el artículo 6.1 del Reglamento se plantea la cuestión de si se está excluyendo la aplicación de las normas internas o si se le concede al demandante la opción de aplicar las normas internas o el Reglamento. El citado precepto utiliza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto” por lo que en principio no parece excluir su aplicación6. No obstante, no parece que ésta sea la voluntad del legislador dado que en el considerando 14 del Reglamento manifiesta “para garantizar la protección de los consumidores y los trabajadores, salvaguardar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en situaciones en las que gozan de competencia exclusiva, y respetar la autonomía de las partes, determinadas normas sobre competencia judicial contempladas en el presente Reglamento deben aplicarse con independencia del domicilio del demandado”. La expresión “deberán aplicarse” parece querer excluir la aplicación de otras normas. Uno de los objetivos iniciales del nuevo Reglamento era suprimir toda remisión a la legislación nacional a la hora de determinar la competencia judicial internacional. Este objetivo se ha conseguido en parte, dado que se han reducido los supuestos de remisión pero no por completo. En el Reglamento 44/2001, su artículo 4 sólo excluía de tal remisión a la normativa interna los supuestos de competencias exclusivas y de prórroga de jurisdicción, mientras que el actual Reglamento, como antes indicábamos, ha añadido los casos de contratos celebrados con consumidores y de contratos individuales de trabajo. El hecho de que no se haya suprimido por completo toda referencia a la ley interna de los Estados miembros, se ha considerado como “un fracaso de las instituciones de la Unión Europea para unificar las normas de competencia judicial internacional aplicables a las situaciones en que el demandado no está domiciliado en un estado miem

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Arts. 11.2, 17.2 y 20.2 del Reglamento 1215/2012. En este sentido se manifiesta, GARCIMARTÍN SÁNCHEZ, F.J. y SÁNCHEZ, S., “El nuevo Reglamento Bruselas I: qué ha cambiado en el ámbito de la competencia judicial”, Revista Española de Derecho Europeo 48, Octubre-Diciembre 2013.

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bro. En las normas de competencia judicial internacional elaboradas por la Unión Europea en materias excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001 y Reglamento 1215/2012 y menos directamente relacionadas con el mercado interior, se excluye o atribuye un papel absolutamente residual a la aplicación de las reglas internas de competencia judicial internacional”7. También se ha manifestado, justificando el que no se haya suprimido por completo tal remisión, que “quizá el propósito inicial de la reforma de extender la aplicación de las normas de competencia contenidas en el propio texto a todos los demandados con independencia de que tengan su domicilio en el territorio de la Unión Europea o en un tercer Estado, nos parece excesiva. Que la configuración de las reglas de competencia judicial internacional de nuestros tribunales, por parte del tribunal competente, debe respetar el principio de efectividad. Se entiende por dicho principio, que los tribunales ante los que se haya presentado la demanda no deben declararse competentes cuando la resolución que dicten no sea susceptible de ejecución en el único país donde verdaderamente fuera posible dicha ejecución. De tal forma que deben utilizarse foros que garanticen la “ejecución real” de la sentencia, ya sea en España, o ya sea en un país extranjero. Lo contrario, es decir, “decisiones inefectivas” o “claudicantes”, no susceptibles de ser ejecutadas, supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, en los casos que hubieran podido darse, en los cuales el demandante hubiera presentado su demanda ante el Tribunal de un Estado miembro sin que las partes tuvieran su domicilio en territorio de la Unión Europea, se podría pensar en supuestos donde la normas de competencia judicial internacional llevará aparejada inevitablemente la necesidad de tener que proceder posteriormente al reconocimiento y ejecución de la resolución adoptada. En ciertos casos acudiendo a la jurisdicción del Estado del domicilio del perdedor en la sentencia para conseguir su materialización efectiva. Incluso razones de economía procesal podrían llevar al demandado a no querer litigar ante tribunales alejados del lugar donde dicha

MIGUEL ASENSIO, P.A., “El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones”, La Ley, AÑO XXXIV, Número 8013, 31 de enero de 2013, apto III.

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parte procesal tiene su domicilio”8. Lo que viene a plantearse es, en el supuesto en que el demandado no tenga su domicilio en un Estado miembro, si aplicamos las reglas de competencia del Reglamento en todo caso, debe asegurarse la posibilidad de ejecución posterior de la sentencia si no nos encontraríamos con “decisiones inefectivas”, por ello se considera necesario revestir esa extensión de las normas de competencia judicial internacional “de las garantías adecuadas para evitar totalmente la existencia de resoluciones judiciales claudicantes o de procesos judiciales económicamente injustos”. De lo que no cabe duda es de que existe una voluntad manifiesta de seguir avanzando en esta línea no conformándose con el resultado obtenido y, prueba de ello es que el artículo 79 del Reglamento dispone: “A más tardar el 11 de enero de 2022, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. Este informe incluirá una evaluación de la posible necesidad de una mayor ampliación de las normas sobre competencia a los demandados que no estén domiciliados en un Estado miembro, atendiendo al funcionamiento del presente Reglamento y a la posible evolución de la situación en el plano internacional. Si fuera necesario, el informe irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento”. Cuestión distinta a la anterior es qué ocurre en el caso de que el domicilio del demandado sea desconocido. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado al respecto manifestando que “en circunstancias en las cuales se desconoce el domicilio del demandado nacional de un Estado miembro, la aplicación de las reglas uniformes de competencia (…) en lugar de las vigentes en los diferentes Estados miembros es conforme con el imperativo de seguridad jurídica y con el objetivo de dicho Reglamento consistente en reforzar la protección jurídica de las personas que tienen su domicilio en la Unión (…) Por otra parte, deben entenderse los términos “no estuviere domiciliado en un Estado miembro”, empleados por el artículo 4, apartado 1, del Reglamento núm. 44/2001 [art. 6.1 Reglamento 1215/2012] en el sentido de que

MORENO BLESA, L., “Las novedades introducidas en el espacio judicial europeo con la reforma del Reglamento Bruselas (1)”. Actualidad Civil, Nº 1, Sección A fondo, Enero 2015, Editorial La Ley, p. 9. A la que pertenecen los entrecomillados ss.

La competencia judicial internacional en el Reglamento (UE) 1215/2012

sólo cabe la aplicación de las reglas nacionales en lugar de las reglas uniformes de competencia si el órgano jurisdiccional que conoce del asunto dispone de indicios probatorios que le permitan llegar a la conclusión de que el demandado, ciudadano de la Unión no domiciliado en el Estado miembro de dicho órgano jurisdiccional, está efectivamente domiciliado fuera del territorio de la Unión. A falta de tales indicios probatorios, la competencia internacional del órgano jurisdiccional de un Estado miembro se establece, con arreglo al Reglamento núm. 44/2001 [Reglamento 1215/2012], cuando se cumplen los requisitos de aplicación de alguna de las reglas de competencia establecidas por dicho Reglamento”9.

III. COMPETENCIAS ESPECIALES El Reglamento establece una serie de criterios alternativos al del domicilio del demandado para determinar la competencia judicial internacional. Se trata de competencias especiales porque atienden a la concurrencia de determinadas circunstancias relativas a la materia objeto del litigo, a cuestiones procesales o a la voluntad de otorgar una mayor protección a la parte de la relación jurídica deducida en el proceso que se considera más débil. Las competencias especiales vienen determinadas en las secciones 2 a 5 del Capítulo II del Reglamento. Son reglas no imperativas de forma que el demandante puede optar entre interponer la demanda ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su domicilio el demandado o ante los que resulten competentes atendiendo a los criterios previstos en las citadas secciones. Tales normas no serán aplicables cuando concurran competencias exclusivas o exista un acuerdo de sumisión a los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado miembro.

STJ (Sala Primera), de 15 de marzo de 2012, asunto C-292/2010, G. y Corneluis de Visser.

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1. Competencias especiales por razón de la materia En el supuesto en que el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro y el objeto del proceso verse sobre alguna de las materias previstas en el artículo 7 del Reglamento, es decisión del demandante la aplicación del foro general del artículo 6 o de los foros previstos en el artículo 7 del mismo. El Reglamento mantiene la regulación contenida en el Reglamento 44/2001 introduciendo un nuevo foro para las acciones civiles dirigidas a recuperar la propiedad de un bien cultural.

A) En materia contractual (art. 7.1 Reglamento) Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en materia contractual ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. Cabe plantearse dos cuestiones: a) ¿Qué debe entenderse por “materia contractual”? b) ¿Cómo se determina el lugar “en que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación”? Qué debe entenderse por materia contractual es una noción autónoma y propia del Reglamento, el Tribunal de Justicia ha manifestado que “el concepto de “materia contractual” en el sentido del art. 5 número 1 letra a) del Reglamento 44/2001 [art. 7.1.a) Reglamento 1215/2012] no puede ser entendido como referido a una situación en la que no existe ningún compromiso libremente asumido por una parte frente a la otra. De este modo, la aplicación de la regla de competencia especial prevista en materia contractual en dicho art. 5 número 1 letra a) presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto de otra y en la que se basa la acción del demandante”10. Cómo se determina el lugar “en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación”, viene establecido en el propio precepto: “b) a efectos de la presente disposición y, salvo, pacto en contrario, dicho lugar será:

STJ (Sala Quinta), de 18 julio 2013, asunto C-147/12, ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB y Frank Koot, Evergreen Investments BV.

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– ‘‘Cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías’’. El Tribunal de Justicia ha ido determinando atendiendo a las circunstancias del caso concreto cómo debe interpretarse lo previsto en el Reglamento. Así, por ejemplo, en el caso de venta por correspondencia ha manifestado que “el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías habrá de determinarse basándose en lo que disponga el propio contrato. Si resulta imposible determinar sobre esta base el lugar de entrega, sin remitirse al Derecho sustantivo aplicable al contrato, dicho lugar será el de la entrega material de las mercaderías, en virtud de la cual el comprador adquirió o hubiera debido adquirir la facultad de disponer efectivamente de dichas mercaderías en el destino final de la operación de compraventa”11. – ‘‘Cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios’’. En este supuesto se plantea la cuestión de cómo se aplica este regla cuando se presten servicios en más de un lugar. El Tribunal de Justicia ha establecido distintos criterios fijando, a la hora de su aplicación, un orden de prioridad. En concreto, en sentencia de 11 de marzo 201012 se pronuncia con ocasión de un contrato de agente comercial, manifestando que cuando se preste servicios en varios Estados miembros, el órgano jurisdiccional competente para conocer de las demandas basadas en el contrato se determina atendiendo, en primer lugar, al lugar de la prestación principal de los servicios, según se desprenda de las cláusulas del contrato; en segundo lugar, y a falta de tales cláusulas, será competente el del lugar de cumplimiento efectivo del contrato; por último, cuando sea imposible determinarlo sobre tal base, el del domicilio del agente.

STJ (Sala Cuarta) de 25 febrero 2010, asunto C-381/08. Car Trim GmbH y KeySafety Systems Srl. STJ (Sala Tercera) de 11 de marzo de 2010, asunto C-19/09. Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH y Silva Trade S.A.

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B) En materia delictual (art. 7.2 Reglamento) En el caso en que la demanda verse sobre materia delictual o cuasidelictual, una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demanda en aquel Estado miembro “donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”. En cuanto al ámbito de aplicación de este precepto, “se refiere a toda demanda que tiende a poner en juego la responsabilidad del demandado y que no se vincula a la materia contractual en el sentido del artículo 5.1 Reglamento 44/2001 [art. 7.1 Reglamento 1215/2012]”, manifestándose que “la responsabilidad delictual o cuasidelictual sólo surge cuando pueda establecer un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina”13. Por tanto, será aplicable la regla especial del artículo 7.2 del Reglamento cuando se ejercite una pretensión exigiendo responsabilidad a una determinada persona siempre que dicha responsabilidad no derive de un contrato. La previsión de una regla especial se basa, como ha afirmado el Tribunal de Justicia, “en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en que se ha producido o puede producirse el hecho dañoso, justificándose su atribución en razones de buena administración de justicia y de una sustanciación adecuada del proceso”14. Por ello con relación a la expresión “donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”, dicho Tribunal ha afirmado que “se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares”. Cabe plantearse el interrogante de cómo interpretar este precepto en el caso de que la infracción se haya cometido a través de Internet y que el daño puede, por este motivo, materializarse en numerosos lugares. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende:

STJ (Sala Quinta) de18 de julio de 2013, C-147/12, ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB y Frank Koot, Evergreen Investments BV. A la que pertenecen los entrecomillados ss. STJ (Sala Cuarta) de 3 abril de 2014, asunto C-387/12, Hi Hotel HCF SARL y Uwe Spoering, a la que pertenecen los entrecomillados siguientes.

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a. Que el lugar de materialización del daño puede variar en función de la naturaleza del derecho supuestamente vulnerado. b. Que el riesgo de que un daño se materialice en un Estado miembro determinado está supeditado a que el derecho cuya vulneración se alega esté protegido en dicho Estado miembro. c. Que la identificación del lugar de la materialización del daño depende igualmente de cuál es el órgano jurisdiccional que mejor puede apreciar el carácter fundado de la vulneración alegada. De acuerdo con lo anterior, en sentencia de 3 de octubre de 201315, el Tribunal de Justicia distinguió, a fin de identificar el lugar de materialización de un daño supuestamente causado en Internet, entre las vulneraciones de los derechos de la personalidad y las vulneraciones de un derecho de propiedad intelectual o industrial: a. En el primer caso, supuesta vulneración de un derecho de la personalidad a través de un contenido puesto en línea, tal derecho está protegido en todos los Estados miembros por lo que la presunta víctima puede ejercitar la acción de responsabilidad ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio dicho contenido sea o haya sido accesible. El conocimiento de estos tribunales queda limitado al daño causado en su territorio. Además, habida cuenta de que la repercusión de un contenido publicado en internet sobre los derechos de la personalidad de una persona puede ser apreciada mejor por el órgano jurisdiccional del lugar en el que dicha persona tiene su centro de intereses, la supuesta víctima puede optar por presentar su demanda, únicamente ante el órgano jurisdiccional de dicho lugar respecto del daño total causado. b. En el segundo caso, si se alega vulneración de un derecho de la propiedad intelectual o industrial, cuya protección concedida por un acto de registro está limitada al territorio del Estado miembro de registro, debe formularse ante los tribunales de dicho Estado miembro. Son los órganos jurisdiccionales del

STJ (Sala Cuarta) de 3 octubre de 2013, asunto C-170/12. Peter Pinckney y KDG Mediatech AG.

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Estado miembro de registro los que mejor pueden apreciar si efectivamente se ha vulnerado el derecho de que se trate.

C) Acciones por daños y perjuicios, o acciones de restitución fundamentadas en un acto que de lugar a un proceso penal (art. 7.3 Reglamento) Si se trata de acciones por daños y perjuicios, o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que dé lugar a un proceso penal, podrá presentarse la demanda ante el órgano jurisdiccional que conozca de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho órgano pueda conocer de la acción civil. De un mismo hecho puede derivar responsabilidad civil y responsabilidad penal. En tal caso cabría la posibilidad, si así lo prevé la legislación interna, de ejercitar ambas acciones conjuntamente en un mismo proceso, en concreto, en un proceso penal. Por tanto, habrá que atender a la normativa interna de cada Estado miembro para determinar si cabe la acumulación de ambas acciones en mismo proceso y en tal caso, aplicar el criterio previsto en el art. 7.3 del Reglamento.

D) Acción civil basada en el derecho de propiedad dirigida a recuperar un bien cultural (art. 7.4 Reglamento) Este foro ha sido introducido por el Reglamento 1215/2012 y en virtud del mismo, una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada si se trata de una acción civil, basada en el derecho de propiedad, dirigida a recuperar un bien cultural según se define en el artículo 1, punto 1 de la Directiva 93/7/CEE, e incoada por la persona que reclama el derecho a recuperar dicho bien, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que se encuentre el bien cultural en el momento de interponer la demanda. La Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro atribuía la competencia para conocer de estas acciones a los tribunales del Estado requerido, es decir, del Estado miembro en el que se encuentre el bien reclamado, reconociendo legitimación para ejercitarlas tan sólo a los Estados miembros de la Unión Europea de cuyo

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territorio hubiera salido de forma ilegal el bien cultural. Tal régimen no era aplicable al supuesto de acciones ejercitadas por particulares quienes, como se ha manifestado, “sólo disponían a su favor del foro general o eventualmente del foro previsto por el artículo 5.4”16. De este modo, el Reglamento extiende la aplicación de este foro especial al supuesto de que la acción de restitución se plantee por un particular, siempre que el bien reclamado se encuentre entre los enumerados en el art. 1.1 de la Directiva, se trate de acciones fundadas en el derecho de propiedad y se pretenda la restitución del bien.

E) Litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento (art. 7.5 Reglamento) Este precepto amplia los foros a elegir por el demandante en el supuesto de que el demandado tenga abierta sucursal, establecimiento o agencia en lugar distinto al de su domicilio. Podrá presentar la demanda ante los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado o del lugar donde se encuentre la sucursal, agencia o establecimiento. Ahora bien, esta posibilidad queda limitada a aquellos casos en que el objeto del litigio esté relacionado con la explotación de estos últimos. El Reglamento viene a asimilar el domicilio del demandado con el lugar donde el demandado tenga otra sede.

F) Litigios entablados contra el fundador, trustee o beneficiario de un trust (art. 7.6 Reglamento) Si se trata de litigios entablados con el fundador, trustee o beneficiario de un trust, independientemente de que el trust se haya constituido en aplicación de una ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por escrito, podrá presentarse la demanda ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio esté domiciliado el trust.

GARCIMARTÍN ALPEREZ, F.J. y SÁNCHEZ, S., “El nuevo Reglamento Bruselas I:….”, op. cit., p. 12.

Rosa Pascual Serrats

G) Litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en razón del auxilio o salvamento de los que se haya beneficiado un cargamento o flete (art. 7.7 Reglamento) Cuando se trata de este tipo de litigios, la competencia se atribuye al órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete: a. Haya sido embargado para garantizar dicho pago b. Habría podido ser embargado a tal fin, pero se ha prestado una caución o cualquier otra garantía. Esta disposición sólo será aplicable cuando la pretensión consista en que se declare que el demandado tiene derecho sobre el cargamento o el flete, o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.

2. Competencias especiales atendiendo a cuestiones procesales El Reglamento en su artículo 8 establece una serie de criterios especiales de atribución de competencia atendiendo a cuestiones procesales que afectan a la determinación de la competencia.

A) Pluralidad de demandados El artículo 8.1 del Reglamento dispone: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada, si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente”. Nos encontramos ante un supuesto de acumulación objetivo-subjetiva de acciones. Varias pretensiones entre las que existe una conexión se ejercitan conjuntamente frente a varias personas con el fin de evitar posibles sentencias contradictorias en el caso de que se ejercitasen de forma separada en procesos distintos. Dicha acumulación conlleva una pluralidad de demandados que pueden tener su domicilio en Estados miembros distintos, afectando tal acumulación a la determi-