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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL CONSTITUCIONALISMO DE PRINCIPIOS Un enfoque desde el constructivismo jurídico

RAÚL CERVANTES ANDRADE

Ciudad de México, 2016

Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Raúl Cervantes Andrade

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO

Río Tiber 66, PH

Colonia Cuauhtémoc

Delegación Cuauhtémoc

CP 06500 Ciudad de México

Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es

ISBN: 978-84-9119-279-4

MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant. net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

A Regina y RaĂşl

AGRADECIMIENTOS Este libro es producto de muchas horas de estudio, investigación, análisis y discusión con mi equipo de trabajo al que le extiendo mi gratitud por su constancia y entrega en esta empresa: Fedora Castro Orrantia, José Juan Torres Tlahuizo, David Boone de la Garza y Manuel Núñez Velasco.

También estoy en deuda con el doctor Miguel Covián Andrade y el licenciado Rafael Cervantes Andrade, quienes aportaron ideas valiosas en todos los capítulos.

Asimismo, quiero señalar que es un gran honor para mí que el Doctor Diego Valadés Ríos haya aceptado prologar esta obra.

Finalmente, agradezco al Pleno de la Cámara de Senadores por la licencia que me otorgó para separarme de mis funciones legislativas y poder así concentrarme en este trabajo, el cual espero aporte a la reflexión del fenómeno constitucional que, sin duda, se dará en el marco de la celebración del primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ocurrirá el 5 de febrero de 2017.

PRÓLOGO La formación jurídica de Raúl Cervantes se ha fraguado y consolidado en la academia, en la política, en el parlamento y en el foro. Esta versatilidad y la combinación de múltiples experiencias integran una auténtica vivencia, en el sentido orteguiano de entender la vida, en este caso la constitucional, como un flujo o proceso del que participa el propio autor a través de su activo desempeño en las tareas de investigador, político, legislador y abogado.

José Ortega y Gasset, creador en español de la voz vivencia, le daba el significado de incorporar algo al yo de la persona de tal manera que forma pare de ella misma1.

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En una nota a su ensayo “Sobre el Concepto de sensación”, Ortega dice: “Aprovecho esa ocasión para pedir auxilio en una cuestión terminológica a los que se interesan por la filosofía española, si, como yo creo, filosofía española significa sólo la filosofía explicada en vocablos que sean para españoles plenamente significativos. El caso a que ahora me refiero es tanto más curioso cuanto que se trata de un problema que hoy ha conquistado la atención de toda la filosofía alemana, y, sin embargo, hace muy pocos años —no llegarán a cincuenta— hubieron los pensadores alemanes de buscar o componer de nuevo una palabra con que expresarlo. Esta palabra, «Erlebnis», fue introducida, según creo, por Dilthey. Después de darle muchas vueltas durante años esperando tropezar algún vocablo ya existente en nuestra lengua y suficientemente apto para transcribir aquélla, he tenido que desistir y buscar una nueva. Se trata de lo que sigue: en frases como «vivir la vida», «vivir las cosas», adquiere el verbo «vivir» un curioso sentido. Sin dejar su valor de deponente toma una forma transitiva significando aquel género de relación inmediata en que entra o puede entrar el sujeto con ciertas objetividades.

Pues bien, ¿cómo llamar a cada actualización de esta relación?

Yo no encuentro otra palabra que «vivencia». Todo aquello que llega con tal inmediatez a mi yo que entra a formar parte de él es una vivencia. Como el cuerpo físico es una unidad de átomos, así

Diego Valadés

Por eso la aplico a Cervantes; porque su conocimiento del derecho constitucional desde diferentes puntos de acercamiento se han convertido para él en una vivencia.

Su análisis doctrinario, su práctica política y su ejercicio profesional le han ofrecido la enriquecedora oportunidad de conocer y valorar la completitud del fenómeno constitucional. Tiene, por ende, una gran familiaridad con el tema que aborda en este volumen, y así lo muestra en cada una de sus páginas.

Gracias a esa vivencia nos brinda un bien sistematizado conjunto de reflexiones que llegan, además, en un momento muy oportuno, porque el debate constitucional en México tiene varias vertientes: la coyuntural, ante la proximidad del centenario de la Carta de Querétaro, y la estructural, referida a las características que presenta la Constitución, sobre todo las que resultan de una redacción heterogénea y accidentada.

En nuestra vida independiente hemos sido regidos por cinco ordenamientos constitucionales (1824, 1836, 1843, 1857, 1917). La rapidez con la que se extinguieron las tres primeras constituciones contrata con la longevidad alcanzada por las de 57 y 17. En la etapa inicial operaron muchos factores adversos a la perduración de las normas supremas. Los hubo extrínsecos e intrínsecos.

es el yo o cuerpo consciente una unidad de vivencias. Como toda palabra nueva, reconozco que ésta es mal sonante. Sin embargo, existe ya en composiciones como convivencia, pervivencia, etc., y sigue formas análogas. Así, de existir, existencia, de sentir, sentencia. Cierto que el diccionario académico no trae aquellas formas compuestas, lo que me hace temer si serán un poco exóticas.

Ruego, pues, a los filólogos que se interesen por esta consulta.

En tanto que no se encuentra otro término mejor, seguiré usando «vivencia» como correspondiendo a «Erlebnis».” Ver Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Madrid, Revista de Occidente, 1946, p. 256. El énfasis es mío.

Prólogo

Entre los primeros descuellan la inestabilidad institucional general y la fragilidad de un Estado en ciernes que por lo mismo no pudo mantener siquiera la integridad territorial del país. Entre los intrínsecos sobresale un diseño institucional precario, pues se consideraba que la extrema rigidez de las Constituciones era conveniente para su perduración. No se tenía todavía la experiencia en el sentido de que las normas requieren un mínimo de adaptabilidad al contexto dinámico de una sociedad en formación y transformación. Otro elemento desencadenante de tensiones fue la intolerancia religiosa, que contravenía la esencia del constitucionalismo y que estivo presente en todas las constituciones mexicanas hasta su superación en 1857.

Aprendida la lección, las normas de 1857 y de 1917 incorporaron mecanismos de adaptación que les dieron perdurabilidad. Tanto así que la carta de Querétaro ha durado más que todas las constituciones previas, juntas.

Pero hay que tener en cuenta que no hay soluciones perfectas y que a fuer de haber sido moldeada por las circunstancias cambiantes la Constitución se fue desfigurado. Lo peor es que además entró en una espiral sin fin que si no se detiene mediante un giro radical que permita la reordenación y consolidación de su texto actual, y una nueva orientación para su reforma, se convertirá en un código informe que lastrará la gobernabilidad de México.

En ese contexto la obra que el lector tiene en su manos es una documentada, reflexiva y muy sensata propuesta cuyo objetivo consiste en racionalizar el sistema constitucional mexicano. No pretendo hacer la exégesis del libro. Su autor tiene una poderosa capacidad argumentativa y posee un estilo elegante y elocuente. Como con cualquier otro autor, cada lector encontrará coincidencias y discrepancias; compartirá al completo muchas

Diego Valadés

afirmaciones y otras tal vez con matices; aceptarán sus conclusiones o se inclinarán por soluciones distintas; pero todos coincidirán en que los problemas constitucionales que aborda es real y que su remediación es necesaria. La lectura es un diálogo, y el diálogo constitucional supone libertad y creatividad. Una obra es valiosa no porque su contenido deba ser asumido como dogma sino porque invita a pensar e inspira ideas.

La obra de Raúl Cervantes cumple con esos objetivos a plenitud porque su información denota una sólida cultura jurídica, su desarrollo es sistemático y con una prosa tersa y amable, y sus tesis llevan a reflexionar acerca de la realidad constitucional del país. Sin concesiones con la conveniencia política, Cervantes se aparta de la ortodoxia que postula mantener la estructura y la dinámica constitucionales sin alteración. La obra corresponde a una clara preocupación por el destino de un aparato constitucional que se ha ido alejando del modelo conceptual que le dio origen.

El autor discurre con familiaridad a través de la doctrina clásica y de la contemporánea, identificando los argumentos que dan sustento al suyo propio: el constitucionalismo moderno y contemporáneo se apoya en constructos como el contrato social, la soberanía y la separación de poderes, y en principios de los que desprenden reglas específicas. Para identificar esos constructos y principios recorre muchas de las fuentes más acreditadas.

En términos generales puede decirse que en el constitucionalismo contemporáneo los constructos tienen a mantenerse, algunos con matices como el de la separación de poderes, y otros son objeto de variantes tanto en el ámbito conceptual cuanto en el normativo, toda vez que numerosos principios suelen correr paralelos al modelo de Estado en el que se adecuen. El principio

de propiedad, por ejemplo, varía según se le vea como un derecho reconocido u otorgado, y tiene una función diferente en un Estado que privilegie las funciones sociales o las prerrogativas individuales.

El principio general de los derechos humanos también ha variado en lo que a su contenido respecta, si se tiene en cuenta que a partir de su primer enunciado constitucional en el siglo XVIII los derechos fundamentales se han extendido a quienes fueron esclavos, a las mujeres y a los minusválidos, para mencionar algunos ejemplos. El principio general del Estado de derecho también ha variado desde su primera elaboración por los juristas del Estado prusiano en los albores del siglo XIX2. En su enunciado original atendía a los intereses de los gobernantes y justificaba la inmutabilidad del poder concentrado en el monarca, ante la expansión de las ideas revolucionarias francesas. En la actualidad el principio del Estado de derecho es la base para una argumentación inversa al original porque tiene como eje los intereses de los gobernados y en su creciente complejidad se le han añadido componentes de orden social y democrático.

La lista se podría ampliar, según la posición ideológica o dogmática que se adopte para construir o para interpretar el ordenamiento. Esta amplia problemática transcurre a través de las páginas en las que Cervantes va ofreciéndonos un panorama que, además del mundo ilustrado el siglo XVIII, nos conduce a uno de los más avanzados y sugerentes pensadores del siglo XIX, Ferdinand Lassalle y a uno de los más polémicos del XX, Carl Schmitt.

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Véase Böckenförde, Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, Madrid, Trotta, 2000, pp. 19 y ss.

Diego Valadés

Raúl Cervantes opta por una bibliografía selectiva.

Acierta al prescindir de un enciclopedismo que lo habría distraído de su objetivo argumental: mostrar la necesidad de identificar y subrayar los principios como eje del constitucionalismo contemporáneo, dejando en un plano diverso el desarrollo de las reglas específicas.

El interés por el estudio de los principios jurídicos, presente en la doctrina desde la antigüedad y motor incluso de grandes obras que los sistematizaron, como fue el caso de la magna empresa justinianea3, ha llevado en nuestro tiempo a acuñar nuevos sustantivos derivados de la voz principio. Es frecuente que en la literatura jurídica contemporánea encontremos expresiones como «principismo» o «principialismo», para denotar una corriente de pensamiento o de interpretación del ordenamiento jurídico que asigna una especial relevancia a los principios en los procesos legiferantes, jurisdiccionales y administrativos.

Los neologismos obedecen a una necesidad real de quienes sistematizan las normas jurídicas, de quienes analizan las resoluciones judiciales y de quienes formulan nuevas aportaciones doctrinarias. Su aparición está asociada a la expansión del activismo judicial y a la corriente garantista que caracteriza las funciones de adjudicación conforme a una demanda creciente de defensa de los derechos humanos.

Aunque ese un tema que en su momento resolverán los filólogos, vale adelantar alguna opción. En lengua española están identificadas setenta y dos voces terminadas en pio. De ellas municipio, microscopio y espectroscopio

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En Instituciones, Justiniano enunciaba: “Los preceptos del derecho son estos: vivir honradamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo”. Por orden suya, con fundamento en esos claros y sencillos principios se enseñaba derecho a los estudiantes.

Prólogo

han dado lugar a municipalismo (aunque en realidad deriva de municipal), microscopista, ya admitida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, y espectroscopista, aplicado a una especialidad de la ingeniería química.

Conforme a este parámetro procedería derivar principismo y principista, que son las voces más utilizadas en Sudamérica, en especial en Argentina, Bolivia, Chile4, Perú, Uruguay y Venezuela, según documenta el Corpus de Referencia del Español Actual. Sin embargo este sustantivo podría asociarse más con príncipe5 que con principio, por lo que varios autores, sobre todo en España y en México, tienden a utilizar principialismo, principialista, derivándolas de principial. Esta última expresión no existe en español, pero sí en latín6 y en inglés7 con el significado de lo inicial, esencial o básico.

En esos términos principialismo y principialista podrían ser consideradas anglicismos que resultan funcionales para aludir a la corriente relacionada con el estudio, la sistematización y el uso de los principios jurídicos para la elaboración de textos legales, para su interpretación o

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Pablo Neruda, por ejemplo, se refiere a Salvador Allende como un “demócrata principista hasta en los menores detalles”. Confieso que he vivido, Barcelona, Seix Barral, 1993, p. 475.

Es el caso de Mario Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor, Barcelona, Seix Barral, 1996, p. 334.

Entre las acepciones de principum en latín clásico se incluía la de “base, guía, premisa fundamental, punto de partida”. En este sentido la utilizaba Cicerón: “in principiis autem naturalibus plerique stoici non putant voluptatem ese ponendam” [“La mayoría de los estoicos no piensan que entre los principios naturales se incluye el placer”]. Cfr. Del supremo bien y del supremo mal [De finibus bonorum et malorum], III-5-17. Principialis, a su vez, derivaba de principium más el sufijo -alis y era usada en el sentido de “perteneciente a lo elemental o fundamental”. Véase Oxford Latin Dictionary, Bath, OUP, 2003.

De muy escaso uso, si bien se registra desde el siglo XVII. Cfr. Oxford English Dictionary, 2ª Ed, Londres, 2009.

Diego Valadés

para la fundamentación de resoluciones o consultas. Es la voz por la que se decanta el autor de esta obra.

En lo que atañe a la referencia explícita a los principios constitucionales, la Constitución de Portugal es muy enfática. En esa medida es la que más se adecua al planteamiento hecho por Raúl Cervantes, en tanto que los enuncia de manera recurrente. Esto no obstante, para los constituyentes portugueses no resultó posible en todos los casos distinguir algunas disposiciones particulares de las reglas generales, sobre todo en las que se identifican con los partidos políticos. El suyo es, con todo, un ejercicio digno de atención, máxime que los principios son un parámetro para determinar la inconstitucionalidad de las leyes. A este respecto el artículo 277 precisa que son inconstitucionales las normas «que infrinjan lo dispuesto en la Constitución o en los principios consignados en ella».

Sobre ese punto la distinción es relevante porque ese mismo precepto establece que: «La inconstitucionalidad orgánica o formal de los tratados internacionales debidamente ratificados, no impedirá la aplicación de estas normas en la legislación portuguesa, en tanto que dichas normas sean aplicadas en el ordenamiento jurídico de la otra parte, a menos que la inconstitucionalidad resultara de la violación de un principio fundamental.»

Se admite que la Constitución cede ante lo dispuesto por los tratados si la otra parte también los aplica, excepto cuando lo que se contraviene es algún «principio fundamental». En otras palabras, la Constitución portuguesa confiere una clara preeminencia a los principios que enuncia. Ese mismo criterio se reitera en el artículo 290, conforme al cual «El Derecho ordinario anterior a la entrada en vigor de la Constitución se mantiene, siempre que no contradiga la Constitución o los principios en ella consignados.»

Prólogo

Además de la práctica generalizada de anteceder la Constitución con un preámbulo, la de Portugal agrega una sección inicial completa bajo el epígrafe de «Principios generales». Entre estos figuran algunos que sí lo son: república (artículo 1o), Estado de derecho democrático (artículo 2º), soberanía (artículo 3º), legalidad (artículo 3o), validez (artículo 3º), Estado nacional unitario, sin perjuicio de aceptar también los principios de autonomía y de subsidiariedad de los entes locales (artículo 6º), internacionalismo (artículos 7º y 8º) y funciones del Estado (artículo 9º). Sin embargo en este mismo capítulo aparecen normas que en estricto sentido no se caracterizan por la generalidad de los principios y que en cierto modo los desarrollan. Es el caso de la ciudadanía (artículo 4º), el territorio (artículo 5º), el sufragio y los partidos (artículo 10º), y los símbolos nacionales (artículo 11), si bien a propósito de la regulación de estos últimos alude a la independencia, la unidad y la integridad de Portugal, que sí son principios. El esfuerzo por distinguir los principios de las reglas no siempre es sencillo para el legislador, y es donde resultan imprescindibles esfuerzos como los que hace el autor de esta obra.

En la carta suprema portuguesa, como sucede en muchas otras, hay preceptos que incluyen más de un principio. Es el caso del concernido con las funciones o «tareas fundamentales del Estado», que pone un claro énfasis en la cuestión social8. Figuran allí la reiteración de la independencia nacional, el compromiso democrático del

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El artículo 9º, inciso d), por ejemplo, dice: d) “Promover el bienestar del pueblo, la calidad de vida, y la igualdad real entre los portugueses, así como la implementación efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, por medio de la transformación y modernización de las estructuras económicas y sociales.”

Diego Valadés

Estado, la identidad cultural, la vocación ultramarina de Portugal, y la igualdad entre mujeres y hombres.

Otro tanto sucede en cuando al internacionalismo, porque en los dos artículos referidos a esa materia aparecen los principios más difundidos a partir de la segunda posguerra, a los que la norma portuguesa, llevada por una explicable vocación anticolonialista y antifascista, agrega el reconocimiento al «derecho de insurrección contra todas las formas de opresión.» (Artículo 7.3). La parte primera inicia en el artículo 12, que se refiere al principio de universalidad9 y el 13 corresponde al de igualdad10. El artículo 15 alude de manera expresa al principio de reciprocidad en cuanto al otorgamiento de derechos electorales.

El estado de sitio tiene, entre otros límites, el principio de proporcionalidad (artículo 19.4), y la aplicación de la ley penal queda sujeta a «los principios generales de derecho internacional» (artículo 29.2). Para evitar fenómenos de concentración de poder en el caso de empresas de medios, se aplica el «principio de especialización» (artículo 38.4). A los partidos les impone guiarse conforme a los principios de transparencia, organización, gestión democrática y participación (artículo 52.5), en tanto que a los sindicatos les son aplicables sólo los de organización y gestión democrática (artículo 55.3). Las 9

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“1. Todos los ciudadanos gozan de los derechos y están sujetos a los deberes que se consignan en la Constitución. 2. Las personas colectivas gozarán de los derechos y los deberes compatibles con su naturaleza.”

“1. Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley. 2. Nadie podrá ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de algún derecho o eximido de algún deber por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, educación, situación económica, circunstancias sociales u orientación sexual.”

Prólogo

relaciones de trabajo se rigen por el conocido principio «a trabajo igual, salario igual» (artículo 59.1-a), en cambio para la utilización de los recursos naturales adopta un principio en proceso de desarrollo: el de «solidaridad entre generaciones» (artículo 66.2-d).

La parte segunda de la Constitución portuguesa corresponde a la organización económica entre cuyos principios incluye la subordinación del poder económico al «poder político democrático», la coexistencia de los sectores público, privado, cooperativo y social en la propiedad de los medios de producción; las libertades de iniciativa y de organización empresarial, en un ámbito de una economía mixta; la propiedad pública de los recursos naturales; la planificación del desarrollo económico y social; y la participación de las organizaciones profesionales y empresariales para definir las principales medidas económicas y sociales (artículo 80).

La organización del poder político ocupa la tercera parte de la Constitución. Los principios aplicables son: la pertenencia del poder político al pueblo, la participación «directa y efectiva» de hombres y mujeres en la vida pública, la exclusividad de la Constitución para determinar la composición, atribuciones y funcionamiento de los órganos de la soberanía, y la separación e interdependencia de los órganos del poder (artículos 108, 109, 110 y 111). Más adelante también son enunciados los principios del derecho electoral: sufragio directo, secreto y periódico; y en cuanto a las campañas electorales rigen los de libertad de propaganda, igualdad de oportunidades, imparcialidad de las autoridades, transparencia y fiscalización de las cuentas, y colaboración ciudadana en la administración electoral (artículo 113). Otros principios del ejercicio del poder público son el de renovación, en cuanto a que no existen cargos vitalicios (artículo 118) y el de publicidad de los actos (artículo 119).

La importancia que la Constitución confiere a los principios cobra una especial dimensión cuando se aborda el proceso legislativo, porque antes de que los legisladores entren al debate de las normas en particular, deben debatir acerca de los principios generales a los que obedecerá la ley que se propongan elaborar (artículos 168 y 198).

En lo que atañe a la función jurisdiccional, los principios adoptados por la Constitución corresponden a la independencia de los tribunales (artículo 203), que tiene su correlato en el de «protección forense» que asegura a los litigantes las «inmunidades necesarias» para el ejercicio de su mandato (artículo 208). Además, incorpora el principio de que la justicia se administra en nombre del pueblo (artículo 202) y que tiene por objeto la defensa de la Constitución (artículo 204), la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos (aunque habría sido mejor que aludiera a las personas, para incluir en forma expresa a menores, extranjeros y personas morales), dirimir los conflictos entre intereses públicos y privados y «reprimir la violación de la legalidad democrática» (artículo 202).

Al poder local también le son aplicables principios específicos, entre los que sobresale el de descentralización (artículo 237). La administración pública en general se rige por los principios fundamentales de igualdad, proporcionalidad, justicia, imparcialidad y buena fe.

Como se puede apreciar en el caso que escogí para ejemplificar un caso en el que los principios son objeto de enunciación directa, muchos de los que mencionados por la norma portuguesa forman parte de todas las constituciones democráticas contemporáneas, empero suelen darse matices acordes con los intereses dominantes en cada sistema, y hay la posibilidad de innovar, como sucede con el principio solidario intergeneracional.

La identificación de los principios facilita el diseño de las constituciones. Por eso el autor de esta obra examina el papel de legislador, del juzgador y del ejecutor en su relación con la Constitución, y en especial con los principios que la informan.

De manera congruente con las observaciones y propuestas que aporta como jurista en esta obra, en sus tareas como legislador Raúl Cervantes formuló una iniciativa de ley para «normar los trabajos para la discusión de una constitución de principios»11. Sin ambages, en esa iniciativa afirmó que «es innegable que la impresionante y en muchos sentidos irracional cantidad de modificaciones de las que ha sido objeto [la Constitución]». Esto «ha provocado el desorden temático […] entre otras cosas, porque los procesos de elaboración y de aprobación de las revisiones constitucionales en nuestro país no siempre han sido realizados con la precisión requerida».

Para no dejar la afirmación sin sustento, aportó numerosos ejemplos que ilustran su dicho. Entre ellos mencionó: «En cuanto al desorden temático que caracteriza a la versión vigente de la Constitución de 1917, basta con abrirla y hojearla para percibir que igualmente coexisten en un mismo capítulo o en una misma sección, normas relativas a los Derechos Humanos, con artículos que se refieren al sistema de economía mixta (título primero, capítulo primero) y preceptos cuyo contenido se refiere a la supremacía de la Constitución del Estado, con disposiciones concernientes a la administración de los recursos públicos federales (título séptimo).»

En ese mismo texto señaló: «El constitucionalismo de principios implica que en los textos constitucionales sólo se establecen los fundamentos, los principios, los objetivos y los fines que conforman el núcleo de las pres11

Gaceta del Senado, México, 10 de julio de 2013.

Diego Valadés

cripciones normativas, esto es, la esencia prescriptiva de éstas, la cual será desarrollada en las leyes que derivan de la Constitución y que por eso reciben esta denominación, es decir, ‘leyes de desarrollo’, mismas que por su contenido normativo deben considerarse de nivel constitucional.» Y más adelante recomendaba: «…sin modificar los contenidos normativos de nuestra Ley Fundamental y sin alterar sus fundamentos, ni su teleología, es indispensable continuar con este proceso, avanzando en el diseño de una Constitución de principios, de tal suerte que en el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro texto constitucional corresponda a las técnicas y tendencias contemporáneas.»

Esa misma tesis había sido sostenida en el ámbito académico por varios profesores, entre ellos Héctor FixZamudio, y yo también he sostenido la necesidad de reordenar el texto de nuestra Constitución.

La Constitución está desfigurada. No da para mucho más. En este sentido tenemos dos opciones: un cambio de Constitución o una Constitución reordenada. Considero que, metodológicamente, primero deberíamos intentar su reordenación. Excepto el régimen de gobierno, el resto de la Constitución es rescatable si se somete a una revisión técnica sin modificar sus principios. Esta reordenación implicaría reescribirla para suprimir los excesos reglamentarios que ahora contiene, para uniformizar su estilo y para reubicar muchos de sus preceptos, como los que mantienen a las comisiones de derechos humanos y a la procuraduría general de la República en el capítulo del Poder Judicial12.

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“La Constitución reformadora”, en González Pérez, Luis Raúl, y Valadés, Diego, (coordinadores) El constitucionalismo contemporá-