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delitos Es ésta una colección viva sobre LOS DELITOS, aportación conjunta de la Editorial Tirant lo Blanch y un equipo de expertos en Derecho Penal, que pretende prestar atención a los problemas de mayor interés suscitados por el llamado «Código Penal de la democracia».

Natalia Pérez Rivas

LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

privado

Natalia Pérez Rivas

129 La creciente sensibilidad hacia la situación de la víctima que, al albur de la legislación internacional, se ha ido experimentando en nuestro país se tradujo en la aprobación de diversas normas en las que, de forma fragmentaria y dispersa, se regulaban los derechos de la víctima en el sistema penal. Esta forma de proceder no hizo más que redundar en su desconocimiento y, en consecuencia, en su falta de aplicación. La constatación de esta realidad, de un lado, y la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento a la exigencias del derecho comunitario —la Decisión Marco 2001/220/ JAI en un primer momento y, posteriormente, a la Directiva 2012/29/UE— embarcaron al legislador en la tarea de dotar a la víctima de un auténtico Estatuto jurídico. Esta idea se materializó, ﬁnalmente, en la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, desarrollada por el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre. Pues bien, en la presente obra se aborda el estudio de los derechos básicos de que son titulares las víctimas en el marco del sistema penal español.

LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

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LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

NATALIA PÉREZ RIVAS

Investigadora en Derecho Penal Universidades de León (España) y EAFIT (Medellín, Colombia)

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Director de la Colección: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC Catedrático de Derecho Penal Universitat de València

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-551-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE ABREVIATURAS............................................................................................ 13 Capítulo I EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA VÍCTIMA 1. Precisiones terminológicas: el concepto de víctima................................... 15 2. Evolución histórica del estatus jurídico de la víctima................................ 21 2.1. Consideraciones previas.................................................................. 21 2.2. Etapas de la evolución histórica del estatus jurídico de la víctima... 21 2.2.1. La Edad de Oro de la víctima............................................... 21 2.2.2. Hacia la neutralización de la víctima.................................... 26 2.2.3. El redescubrimiento de la víctima......................................... 30 2.2.3.1. El pre-redescubrimiento de la víctima.................... 30 2.2.3.2. La “victimología del acto”..................................... 33 2.2.3.2.1. Los pioneros de la victimología: Hans Von Hentig y Beniamin Mendelsohn.... 34 2.2.3.3. La “victimología de acción”................................... 36 Capítulo II LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA 1. Normativa de Naciones Unidas................................................................ 39 1.1. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder................................... 39 2. Normativa de ámbito europeo.................................................................. 43 2.1. Normativa del Consejo de Europa.................................................. 43 2.1.1. La reparación pública de las víctimas................................... 43 2.1.2. La prevención de la victimización secundaria....................... 45 2.1.3. La asistencia a las víctimas................................................... 46 2.2. Normativa de la Unión Europea...................................................... 48 2.2.1. Normas mínimas sobre los derechos de la víctima en la UE: la Directiva 2012/29/UE....................................................... 50 2.2.1.1. Los derechos de la víctima en el sistema penal....... 53 2.2.1.1.1. Información.......................................... 54 2.2.1.1.2. Participación........................................ 55 2.2.1.1.3. Protección............................................ 57 2.2.1.1.4. Asistencia............................................. 62 2.2.1.1.5. Reparación........................................... 63 2.2.2. La configuración del sistema europeo de compensación estatal......................................................................................... 64

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2.2.2.1. La Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, para la indemnización a las víctimas de delitos............................................................... 64 Capítulo III LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL 1. Hacia un estatuto jurídico de la víctima en España................................... 67 2. El derecho de la víctima a la información................................................. 69 2.1. Información básica preprocesal....................................................... 69 2.2. La diligencia del ofrecimiento de acciones....................................... 72 2.3. Información sobre la causa penal.................................................... 75 2.3.1. Régimen general................................................................... 75 2.3.2. Régimen especial.................................................................. 79 2.4. Información sobre las resoluciones que ponen fin al proceso........... 79 2.4.1. Auto de sobreseimiento........................................................ 79 2.4.2. Sentencia judicial.................................................................. 82 2.5. Derechos instrumentales del derecho a la información.................... 83 2.5.1. Derecho a entender y ser entendida...................................... 83 2.5.2. Derecho a la traducción e interpretación.............................. 84 3. El derecho de la víctima a la participación en el proceso penal................. 86 3.1. El derecho de participación............................................................. 86 3.2. Derechos que fomentan la participación de la víctima en el proceso penal............................................................................................... 91 3.2.1. El derecho de reembolso de los gastos y costas procesales.... 91 3.2.2. El derecho a la justicia gratuita como instrumental de la participación de la víctima en el proceso penal.......................... 93 3.2.2.1. Consideraciones previas......................................... 93 3.2.2.2. Regímenes.............................................................. 94 3.2.2.2.1. Régimen general................................... 94 3.2.2.2.2. Régimen especial.................................. 95 3.2.2.3. Contenido.............................................................. 96 3.2.2.4. Procedimiento........................................................ 97 3.2.2.5. Resolución y notificación....................................... 97 4. El derecho de la víctima a la protección.................................................... 98 4.1. La protección de la víctima frente a la victimización secundaria...... 99 4.1.1. Nivel básico de protección.................................................... 102 4.1.2. Nivel reforzado de protección.............................................. 103 4.1.2.1. Evaluación individual............................................ 104 4.1.2.2. Medidas de protección........................................... 106 4.1.2.2.1. Fase de investigación............................ 107 4.1.2.2.2. Fase de enjuiciamiento.......................... 109 4.1.3. Nivel de protección hiperreforzado...................................... 110 4.1.3.1. Evaluación individual............................................ 110 4.1.3.2. Medidas de protección........................................... 111

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4.1.3.2.1. Defensor judicial.................................. 111 4.1.3.2.2. Fase de investigación............................ 111 4.1.3.2.3. Fase de enjuiciamiento.......................... 114 4.2. La protección del derecho a la intimidad de la víctima.................... 115 4.2.1. Fase de investigación............................................................ 115 4.2.2. Fase de enjuiciamiento.......................................................... 116 4.2.2.1. Régimen general.................................................... 116 4.2.2.2. Régimen específico................................................. 119 4.2.3. La restricción de la publicidad de las sentencias penales....... 120 4.3. La protección de la seguridad de la víctima..................................... 122 4.3.1. La orden de alejamiento....................................................... 122 4.3.1.1. Introducción.......................................................... 122 4.3.1.2. Naturaleza jurídica................................................ 124 4.3.1.3. Modalidades.......................................................... 125 4.3.1.3.1. La prohibición de residir o acudir a determinados lugares............................... 125 4.3.1.3.2. La prohibición de aproximarse............. 126 4.3.1.3.3. La prohibición de comunicarse............. 128 4.3.1.4. Ámbito subjetivo................................................... 129 4.3.1.5. Presupuestos de adopción...................................... 129 4.3.1.6. Procedimiento de imposición................................. 132 4.3.1.7. Duración................................................................ 134 4.3.1.8. Quebrantamiento................................................... 136 4.3.2. La prisión provisional........................................................... 137 4.3.2.1. Introducción.......................................................... 137 4.3.2.2. La protección de la víctima como fin de la prisión provisional............................................................. 138 4.3.2.3. Presupuestos de adopción...................................... 138 4.3.2.4. Procedimiento de imposición................................. 140 4.3.2.5. Duración................................................................ 142 4.3.3. La orden de protección......................................................... 143 4.3.3.1. Concepto............................................................... 143 4.3.3.2. Presupuestos para su adopción.............................. 144 4.3.3.3. Procedimiento de tramitación................................ 145 4.3.3.4. Medidas cautelares penales.................................... 148 4.3.4. La LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales............................................... 148 4.3.4.1. Consideraciones previas......................................... 148 4.3.4.2. Ámbito de aplicación............................................. 149 4.3.4.3. Presupuesto de aplicación...................................... 151 4.3.4.4. Medidas procesales de protección.......................... 151 4.3.4.4.1. Fase de instrucción............................... 152 4.3.4.4.2. Fase de investigación............................ 153 4.3.4.4.3. Medidas no procesales de protección.... 154 4.3.4.5. El respeto a las garantías del victimario................. 155 5. El derecho de la víctima a la reparación pública....................................... 157 5.1. Consideraciones previas.................................................................. 157

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5.2. Naturaleza jurídica de la compensación estatal............................... 157 5.3. La reparación pública de las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual............................................................................. 159 5.3.1. Antecedentes........................................................................ 159 5.3.2. Análisis jurídico.................................................................... 162 5.3.2.1. Ámbito de cobertura.............................................. 162 5.3.2.2. Ámbito subjetivo................................................... 163 5.3.2.3. Motivos de denegación o reducción de la compensación.................................................................... 165 5.3.2.4. Cuantía de la ayuda compensatoria....................... 166 5.3.2.5. Régimen de incompatibilidades.............................. 167 5.3.2.6. Procedimiento de concesión................................... 167 5.3.2.7. Ayudas provisionales............................................. 169 5.3.2.8. Plazo de prescripción de la acción.......................... 170 5.3.2.9. Acción de subrogación y acción de repetición........ 171 5.3.3. Grado de aplicación de la Ley 35/1995 en materia de ayudas públicas................................................................................ 171 5.4. La reparación pública de las víctimas de terrorismo........................ 173 5.4.1. Revisión normativa.............................................................. 173 5.4.2. Nuevo régimen general de ayudas e indemnizaciones a las víctimas del terrorismo: la ley 29/2011................................. 175 5.4.2.1. Previsiones generales.............................................. 176 5.4.2.1.1. Ámbito subjetivo.................................. 176 5.4.2.1.2. Ámbito espacial.................................... 178 5.4.2.1.3. Ámbito temporal.................................. 179 5.4.2.1.4. Régimen de compatibilidad.................. 179 5.4.2.1.5. Exenciones........................................... 180 5.4.2.1.6. Actualización de la cuantía resarcitoria. 180 5.4.2.2. Regímenes de ayuda a las víctimas de terrorismo... 180 5.4.2.2.1. Régimen ordinario................................ 180 5.4.2.2.2. Abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia.......................................... 189 5.4.2.2.3. Ayudas extraordinarias......................... 191 6. La atención integral a la víctima: las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos.................................................................................................. 194 6.1. Evolución normativa....................................................................... 194 6.2. Naturaleza jurídica.......................................................................... 196 6.3. Ámbito territorial............................................................................ 197 6.4. Ámbito subjetivo............................................................................. 197 6.5. Personal.......................................................................................... 198 6.6. Funciones........................................................................................ 198 6.7. Las fases de asistencia..................................................................... 200 6.7.1. Acogida-orientación............................................................. 200 6.7.2. La labor de información....................................................... 200 6.7.3. Fase de intervención............................................................. 201 6.7.3.1. Atención jurídica................................................... 201 6.7.3.2. Asistencia psicológica............................................ 201

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6.7.3.3. Asistencia social..................................................... 202 6.7.3.4. Fase de seguimiento............................................... 202 6.8. Grado de satisfacción de la víctima................................................. 202 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 207

ABREVIATURAS AAP Auto Audiencia Provincial AA.PP. Administraciones Públicas AA.VV. Autores Varios ACPP Anteproyecto de Código Procesal Penal AGE Administración General del Estado ALECr Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal Apdo. Apartado ART(S) Artículo(s) ATC Auto Tribunal Constitucional BOE Boletín Oficial del Estado CAJG Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita CC Código Civil CC.AA. Comunidades Autónomas Cdo Considerando CE Constitución Española CENDOJ Centro de Documentación Judicial Cfr. Confrontar Cit. Citada Coord. Coordinador CP Código Penal CPP Code de Procédure Penale CGPJ Consejo General del Poder Judicial DGAVT Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo Dir. Director DL Decreto-Ley DOUE Diario Oficial de la Unión Europea Ed. Edición EDJ Estudios de Derecho Judicial EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal EU-ICS Encuesta Internacional sobre Criminalidad en la Unión Europea FGE Fiscal General del Estado FJ Fundamento Jurídico INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social IPREM Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples JVM Juzgado de Violencia sobre la Mujer LAJ Letrado de la Administración de Justicia LAJG Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita LEC Ley de Enjuiciamiento Civil

14 LECr LO LOFCSE

Abreviaturas

Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley Orgánica Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado LOPD Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial LOPJM Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor LOPT LO 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales LOTJ Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado LOVG Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género LPAC Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas MF Ministerio Fiscal MIR Ministerio del Interior NN.UU. Naciones Unidas OAVD Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos P./PP. Página/Páginas Párr. Párrafo RD Real Decreto RD-Ley Real Decreto-Ley RGR Reglamento General de Recaudación S/SS Sentencia/Sentencias SAN Sentencia Audiencia Nacional SAP Sentencia Audiencia Provincial SES Secretaría de Estado de Seguridad SGACAVT Subdirección general de Atención al ciudadano y de Asistencia a las víctimas del Terrorismo SMI Salario Mínimo Interprofesional STC Sentencia del Tribunal Constitucional STS Sentencia del Tribunal Supremo TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea UE Unión Europea Vol. Volumen

Capítulo I EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA VÍCTIMA 1. Precisiones terminológicas: el concepto de víctima Todo trabajo de corte victimológico exige determinar, con carácter previo, el concepto de víctima o, presunta víctima1, que se va a emplear2. En las definiciones elaboradas por la doctrina se observa una doble tendencia: una amplia, que incluye a las víctimas de cualquier acción humana o natural y, otra más restringida o jurídica, que pretende ceñirse a la legislación penal existente3. El principal representante de la primera corriente es Mendelsohn, a cuyo juicio no debía identificarse a la víctima, exclusivamente, con la víctima del delito, so pena de relegar a la Victimología al papel de disciplina auxiliar de la Criminología y del Derecho Penal. Para él, la víctima debería definirse, por el contrario, con referencia a la personalidad del individuo o de la colectividad, en la medida en que se encuentre afectada por las consecuencias sociales del sufrimiento o por diversos factores de origen físico, psíquico, social o político, así como por medios ambientales o técnicos. Este concepto se abrió paso en el I Simposio Internacional de Victimología (Jerusalén, 1973), al dejarse aquí sentado que la Victimología no podía circunscribirse a una categoría específica de víctima4. El más utilizado en la literatura victimológica es, sin embargo, el concepto restringido5. Entre sus partidarios se contaba ya Von Hentig, para quien la víctima era aquella persona que había sido lesionada objetiva1

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Autores como SILVA SÁNCHEZ (2009, p. 40) abogan por la utilización de esta terminología hasta en tanto no se haya obtenido una sentencia firme de condena por los hechos delictivos sufridos. Ello es consecuencia de la falta de un concepto unitario de víctima, ya que, como afirma BONET ESTEVA (1999, p. 4), existen tantos conceptos de víctima como ámbitos de estudio. En la mayor o menor extensión del concepto de víctima radica la diferencia entre una Victimología general —concepto amplio de víctima en el cual se incluye las víctimas de cualquier acción humana o natural— y una Victimología penal o criminológica —concepto estricto de víctima que se ciñe a las víctimas de las infracciones penales—. Esta distinción fue acuñada en el III Simposio de Victimología celebrado en la ciudad Münster en 1979. RODRÍGUEZ MANZANERA (1990) p. 372. En opinión de TAMARIT SUMALLA (2006, p. 23), “un concepto extenso debe tener sus límites, por lo que no parecen asumibles las posiciones maximalistas que han

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mente en alguno de sus bienes jurídicamente protegidos y que experimentaba subjetivamente el daño con malestar o dolor. En esta misma línea, en la primera monografía publicada en Italia sobre la especialidad, Gulotta caracterizaba la Victimología como “la disciplina que tiene por objeto del estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito”6. Este es el marco —el de las denominadas víctimas penales o criminológicas— en el que desarrollaremos nuestro estudio. Construir la definición de víctima con referencia a la previa comisión de un delito no solventa, ni mucho menos, todos los problemas, dada la coexistencia de dicho término con otros, asimismo, alusivos a los sujetos que sufren daños derivados del delito. Aunque hasta hace relativamente poco tiempo el uso del vocablo víctima era algo anecdótico, los últimos años muestran, no obstante, un cambio de orientación7, coherente, por otra parte, con lo acaecido en los diferentes instrumentos legislativos, tanto internacionales como europeos, en materia de protección de víctimas8. Con todo, y a pesar de esa progresiva expansión, siguen utilizándose, con carácter general, los términos de sujeto pasivo, ofendido, agraviado o perjudicado. Contando con ello, cabe plantearse sí todos estos vocablos aluden a una misma realidad, y podrían, por tanto, ser utilizados como sinónimos. La mayoría de la doctrina penal estima que los términos sujeto pasivo, ofendido y agraviado son equivalentes9, haciendo referencia al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, esto es, a las personas físicas o jurídicas que poseen la condición de titulares de los derechos o intereses violentados. Por su parte, el calificativo perjudicado acostumbra a aplicarse a quienes han sufrido un perjuicio económico o moral como resultado

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llegado a considerar como víctima a toda persona que sufre, con evidente riesgo de dilución de la disciplina”. GULOTTA (1976) p. 9. Resaltan, entre otros, ALONSO RIMO (2006, p. 346) y TAMARIT SUMALLA (1998, p. 150) el hecho de que la progresiva sustitución de los términos “sujeto pasivo”, “ofendido”, “agraviado” por el término “víctima” demuestra una mayor sensibilidad hacia los temas victimológicos. Las razones de la preferencia del uso del término víctima para designar al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro pueden consultarse en BONET ESTEVA (1999) p. 133. DELGADO MARTÍN (2004a) p. 339. QUINTERO OLIVARES (2010) pp. 76-87.

Los derechos de la víctima en el sistema penal español

de la comisión de un delito, que los legitima para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil ex delicto. Tenemos, entonces, que el concepto de perjudicado es más amplio que el de sujeto pasivo —ofendido o agraviado—, abarcando a éste, pero ¿a cuál de ellos equivale el vocablo víctima? La realidad es que ambos suelen considerarse comprendidos en él10. Significa ello que, dentro del concepto jurídico de víctima, podemos distinguir uno estricto —que la identificaría con el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro— y otro amplio —concepto victimológico—, en el que, junto con el anterior, quedarían englobadas todas las personas físicas o jurídicas para las que se haya derivado algún tipo de daño como consecuencia mediata o inmediata del hecho delictivo. Esta es la definición por la que abogan los principales instrumentos internacionales sobre los derechos de las víctimas. Así, con arreglo al art. 1 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada por la Resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 de noviembre de 1985, se entenderá por víctima “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancias de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembro, incluida la que proscribe el abuso de poder”. Se trata de un concepto jurídico amplio de víctima, que engloba tanto al sujeto pasivo del delito como al perjudicado, coincida o no con aquél. El daño sufrido, que comprende no sólo los supuestos de lesión de derechos de titularidad individual, sino también los de lesión de derechos de titularidad colectiva11, tiene que proceder de un hecho tipificado como delito por la legislación vigente en los Estados miembro o, en el caso de las víctimas de abuso de poder, por las normas internacionales relativas a los derechos humanos. A las víctimas indirectas alude el art. 2 de la Declaración, que engloba bajo esa denominación a los familiares o personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir bien para asistir a la víctima en peligro, bien para prevenir su victimización. Por su parte, la Directiva 2012/29/UE la define, en su art. 2.1.a), como “la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, 10

MARTÍN RÍOS (2012) p. 35; ALONSO RIMO (2006) p. 347; HERRERA MORENO (1996) p. 330; SILVA SÁNCHEZ (1990) p. 77. Así, por ejemplo, en su art. 10, regula la reparación de los daños causados al medio ambiente.

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directamente12 causado por una infracción penal”, con independencia de si se ha procedido a identificar, detener, acusar o condenado al victimario (cdo. 19). Se trata, nuevamente como observamos, de un concepto jurídico amplio de víctima, que engloba tanto al sujeto pasivo del delito como al perjudicado, coincida o no con aquél13. Esta referencia exclusiva a la persona física como víctima es criticada por diversos autores al no tener en consideración el legislador europeo el hecho de que, en la actualidad, la condición de víctima la pueden ostentar los grupos de afectados y demás personas colectivas e, incluso, las personas jurídicas14. De HOYOS SANCHO justifica tal limitación en el hecho de que “la Directiva tiene como leitmotiv evitar la victimización secundaria consecuencia de los hechos presuntamente delictivos, problema que no se ha considerado tan acuciante en los supuestos en que los sujetos pasivos son personas jurídicas”. No obstante, añade a renglón seguido que “en todo lo relativo al derecho a la información, a la participación en el proceso, o a la compensación o reparación de las consecuencias económicas derivadas del hecho delictivo, sí pueden considerarse similares los derechos e intereses de las personas físicas y jurídicas”15. Bien es verdad que esta falta de referencia expresa 12

En opinión de SÁNCHEZ TOMÁS (2011, p. 90), la exigencia de que los daños o perjuicios sean causados directamente por una infracción penal “va a excluir del ámbito de aplicación posible de las normas en materia de protección y asistencia a la víctima a quienes indirectamente se vean afectados por acciones delictivas y, sin embargo, tengan un legítimo interés de sanción y/o resarcimiento económico”. A este respecto estima que el concepto de víctima debería haberse vinculado “a toda persona perjudicada que conforme a la legislación procesal penal se pudiera considerar con un interés legítimo que la habilitara a su intervención en el mismo”. TOMÉ GARCÍA (2006) p. 265. Apunta FARALDO CABANA (2006, pp. 11-12, n. 5) que ofendido y perjudicado son afectados directos, radicando la diferencia entre uno y otro en que el primero es titular del bien jurídico protegido por ese delito en tanto que el otro no. OROMÍ VALL-LLOVERA (2012, p. 2; 2011, p. 20 y p. 25; 2007, p. 134); SÁNCHEZ TOMÁS (2011) p. 67 y pp. 88-89; TOMÉ GARCÍA (2006) p. 265. La exclusión de las personas jurídicas del ámbito de aplicación de la DM 2001/220/JAI, hecho que resulta también predicable de la Directiva 2012/29/UE, fue confirmada por la STJUE, de 28 de junio de 2007, dictada en el asunto C-467/05 (caso Giovanni Dell’Orto). Se afirma en dicha sentencia que “[…] el concepto de víctima a efectos de dicha Decisión Marco no incluye a las personas jurídicas que hayan sufrido un perjuicio directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro”. Más recientemente, la STJUE, de 21 de octubre de 2010, dictada en el asunto C-205/2009 (Caso Emil Eredic y María Vassné Sápi), concluye que los arts. 1.a) y 10 de la Decisión Marco 2001/220/JAI “deben interpretarse en el sentido de que el concepto de víctima no incluye a las personas jurídicas a efectos de impulsar la mediación en las causas penales”. DE HOYOS SANCHO (2014) p. 14.

Los derechos de la víctima en el sistema penal español

a las personas jurídicas como víctimas respecto de las que predicar el contenido de la Directiva no impide que, a la hora de su trasposición, los Estados miembro opten por ampliar su ámbito de aplicación también a aquéllas, en lo que resulte pertinente16. En caso de fallecimiento de la víctima directa, ostentarán la titularidad de este derecho los familiares que hayan sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de su fallecimiento17. En este concepto de familia quedan englobados (art. 2.1.b): el cónyuge; la persona que convive con la víctima y mantiene con ella una relación personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera estable y continua; los familiares en línea directa; los hermanos y hermanas; las personas a cargo de la víctima. Los Estados miembro podrán delimitar, en todo caso, el número de familiares que pueden acogerse a los derechos previstos en la Directiva, según las circunstancias de cada caso, así como determinar qué familiares tienen prioridad para su ejercicio (art. 2.2b). Siguiendo las directrices de la Directiva 2012/29/UE, la LEVD opta, también, por un concepto amplio de víctima en que se diferencia entre las víctimas directas y las indirectas (art. 2). Las primeras serían aquellas personas (físicas)18 que hayan sufrido un daño o perjuicio, sobre su propia persona o patrimonio, directamente causado por el delito. De producirse su fallecimiento o desaparición forzada19, ostentarán la condición de víctimas (indirectas)20, salvo que se tratare de los responsables de los hechos, las siguientes personas: el cónyuge no separado legalmente o de hecho y

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Dirección General de Justicia de la Comisión Europea (2013) p. 9. Esta previsión supone una ampliación del concepto de víctima que se contenía en el art. 1.a) DM 2001/220/JAI en que no se hacía alusión alguna a las víctimas indirectas. Bien es verdad que el legislador europeo circunscribe la consideración de víctima indirecta a los familiares de las víctimas directas fallecidas. No tendrán la consideración de víctimas indirectas, por tanto, los familiares de aquellas personas que solamente sufran lesiones, aunque éstas revistieran carácter grave, o presenten graves desequilibrios emocionales como consecuencia del hecho sufrido que las incapacite. En contra de esta limitación se pronuncian LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA (2014) p. 321; DE HOYOS SANCHO (2014) p. 13; PEREIRA PUIGVERT (2013) p. 8; BLÁZQUEZ PEINADO (2013) p. 921. El legislador español sigue así, invariablemente, el criterio de la Directiva 2012/29/UE. No obstante, el ALECr de 2011 sí incluía, en su art. 65.1.a, en el concepto de víctima, a la persona jurídica ofendida por la infracción. Esta referencia tiene por finalidad dar cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado español tras la ratificación, el 24 de septiembre de 2009, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York, el 20 de diciembre de 2006. Se critica por la FGE (2013, pp. 5-6) la utilización de la terminología víctimas directas e indirectas, al estimar que ello “puede hacer pensar que hay víctimas de primer grado y víctimas subsidiarias, y ha de tenerse en cuenta que el lenguaje tiene, en estas

Natalia Pérez Rivas

los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición forzada hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar; en defecto de los anteriores, los demás parientes en línea recta y sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima21. No son consideradas víctimas a los efectos de esta ley, por tanto, los terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito al intervenir, por ejemplo, para auxiliar a la víctima o tratar de evitar el delito22. En definitiva, el recurso a uno u otro nivel conceptual dependerá, en todo caso, del ámbito en que pretenda insertarse el estudio de que se trate23. Aquéllos que se circunscriban a la dogmática jurídico-penal deberán decantarse por un concepto jurídico estricto de víctima24, en tanto que los que se abran también a otros ámbitos, como el reparador25, el asistencial o el procesal-penal26, habrán de optar por este concepto amplio de víctima.

definiciones programáticas, una carga emocional para quien se ve incluido en esas categorías”. En opinión de TAMARIT SUMALLA (2015, p. 42) “[…] resulta cuestionable que se produzca con carácter general y se vincule a la definición de víctima, dado que la condición de víctima no puede depender de la existencia o no de otras personas con mejor derecho. Hubiera sido preferible incluir las restricciones oportunas tan solo respecto a aquellos derechos en los que ello sea razonable, como se hace en la Ley 35/1995, cuyo art. 2 establece un orden de prelación para recibir las ayudas, en la lógica propia de la asignación de recursos escasos”. Ello es criticado, entre otros, por GARCÍA RODRÍGUEZ (2015a, p. 7 y 2015b, p. 28). Una previsión de este tenor sí se contemplaba, por el contario, en el art. 59 del PCPP de 2013. SANZ HERMIDA (2009, p. 30 y 2008, p. 21). No se trata ésta de una cuestión baladí, ya que como acertadamente pone de manifiesto LORENZO SALGADO (2005, p. 218), en relación con la atenuante de reparación contemplada en el art. 21.5ª CP, dependiendo del alcance que le demos al término víctima, la misma podrá ser o no aplicada en los delitos contra la vida. ALONSO RIMO (2006) p. 348; BONET (1999) p. 130; TAMARIT SUMALLA (1998) pp. 149-152; QUINTERO OLIVARES (1981) pp. 243-244. GALAIN PALERMO (2010) p. 126 y p. 144; FARALDO CABANA (2006) pp. 11-12. FERREIRO BAAMONDE (2005a) pp. 124-125 y p. 239; SOLÉ RIERA (1997) p. 22.