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Mª Magdalena Martínez Almira

monografías

978-84-1113-219-0

9 788411 132190

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Mª MAGDALENA MARTÍNEZ ALMIRA

LOS JUZGADOS DE AGUAS, PRIVADOS, PRIVATIVOS Y PRIVILEGIADOS

monografías

El derecho en el regadío tradicional de la Vega Baja del Segura es el resultado de la evolución de la jurisdicción que, desde hace siglos, aplican los regantes y huertanos. Herencia de gran valor. Los regantes han visto como, con el paso del tiempo, la excesiva judicialización por parte de los órganos administrativos ha desvirtuado su jurisdicción, y se cuestionan sus competencias y funciones en la toma de decisiones. Todas ellas consensuadas y voluntarias, para la mejor gestión y distribución del agua. Es obligación de todos los agentes implicados en el riego por gravedad mantener este legado y preservarlo con esmero. Una tarea que solo puede realizarse desde el profundo conocimiento de sus fundamentos jurídicos, las competencias y funciones que, desde hace más de un milenio, se ejercen por los regantes y oficiales elegidos entre ellos. Con este libro se quiere contribuir al conocimiento de un sistema de regadío digno de respeto y admiración, por el mérito de su legado. Las generaciones futuras precisan saber cómo y quienes han hecho posible la conservación de un patrimonio material e inmaterial que connota la jurisdicción privativa sobre las aguas. El expreso reconocimiento del carácter consuetudinario y tradicional del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia en sede parlamentaria (Ley Orgánica 10/2021 de 14 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica, de 1 de julio del Poder Judicial), preconiza un cambio en beneficio de todos los Juzgados Privados, Privativos, Privilegiados y Tribunales de Aguas existentes en el territorio peninsular con idénticas características, origen, competencias y funciones. Sirva este estudio para reflexión del legislador.

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LOS JUZGADOS DE AGUAS, PRIVADOS, PRIVATIVOS Y PRIVILEGIADOS Origen, evolución y carácter consuetudinario de una jurisdicción milenaria

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOS JUZGADOS DE AGUAS, PRIVADOS, PRIVATIVOS Y PRIVILEGIADOS Origen, evolución y carácter consuetudinario de una jurisdicción milenaria

Mª MAGDALENA MARTÍNEZ ALMIRA

Y con la colaboración de Francisco José Abellán Contreras en lo tocante a la Exégesis jurídica sobre la génesis del Juzgado Privilegiado de Granada

tirant lo blanch Valencia, 2022

Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-220-6 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A los herederos del regadío tradicional, cuya sabiduría ha sido imposible compendiar en estas páginas, a Manolo el Riteta, regante, y a los herederos de su huerta, para que la tradición continúe

Índice Preámbulo...........................................................................................

Capítulo I Sobre el concepto Juzgados privativos de aguas. Origen y adecuación normativa............................................................................................

1.1. EL MINISTERIO JURISDICCIONAL A TRAVÉS DE ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS. SU IMPRONTA A NIVEL CONCEPTUAL.................................................................................

1.2. DE OFICIALES, COMUNIDADES DE REGANTES Y MAGISTRADOS.................................................................................................. a. Oficiales a cargo del agua en la Historia del Derecho Español..... b. Comunidades de regantes por juntamiento e intereses comunes... c. Sindicatos y jurados de riegos vs magistraturas............................

31 32 62 67

Capítulo II Sobre la entidad de los Juzgados privados, privativos o privilegiados de aguas..............................................................................................

2.1. ENTIDADES DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.

2.2. ENTIDADES JURISDICCIONALES CON FUNCIÓN RESOLUTIVA DE CONFLICTOS......................................................................

Capítulo III Sobre el objeto en el que recae la acción de gestión y gobierno en los Juzgados privativos de aguas...............................................................

113

3.1. GESTIÓN Y GOBIERNO DEL AGUA.............................................

113

3.2. GESTIÓN Y GOBIERNO DE LO ACCESORIO AL AGUA.............

122

3.3. GESTIÓN INTERDEPENDIENTE DE AGUA E INFRAESTRUCTURAS..............................................................................................

129

3.4. GESTIÓN Y GOBIERNO EN MATERIA DE AGUAS POR DISPOSICIÓN ORDENANCISTA..............................................................

139

Capítulo IV Sobre el origen de las normas que regulan las competencias y funciones de los Juzgados privativos de aguas...............................................

159

4.1. EL ORDENANCISMO EN MATERIA DE AGUAS COMO INSTRUMENTO GARANTE DE LA SEPARACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN DEL REGADÍO ESPAÑOL........

174

Índice

4.2. LA DESCOORDINACIÓN EN EL PROCESO NORMATIVO DEL DERECHO DE AGUAS. CLAVE PARA JUSTIFICAR SU EVOLUCIÓN JURÍDICA..............................................................................

192

4.3. LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LA FALTA DE COORDINACIÓN EN EL PROCESO NORMATIVO Y LA REAL ORDEN DE 25 DE JUNIO DE 1884..............................................................

201

Capítulo V Sobre la preservación de usos y costumbres como derecho en materia de aguas. Su integración en las ordenanzas de los jurados y juzgados privativos............................................................................................

221

5.1. GÉNESIS DE UN DERECHO BASADO EN SUPUESTOS Y CASOS CONTROVERTIDOS: USOS Y COSTUMBRES...............................

223

5.2. DE LA INSERCIÓN DE USOS Y COSTUMBRES EN EL DERECHO POSITIVO...............................................................................

250

Capítulo VI Sobre el carácter unitario de los Juzgados privativos de aguas y la capacidad jurisdiccional plena................................................................

275

6.1. EL CARÁCTER UNITARIO EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DE AGUAS..................................

276

6.2. EL CARÁCTER UNITARIO EN LA DENOMINACIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE AGUAS........................................

284

6.3. EL CARÁCTER UNITARIO DE LA JURISDICCIÓN DEL AGUA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCEJIL O MUNICIPAL...........................................................................................

291

6.4. EL CARÁCTER UNITARIO DE LAS ENTIDADES JURISDICCIONALES DE RIEGO A PESAR DEL PROCESO UNIFORMADOR (ORDENANCISTA)..........................................................................

297

6.5. EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA EN LA CONFIRMACIÓN DEL CARÁCTER PRIVATIVO DE LA JURISDICCIÓN DEL AGUA...............................................................................................

305

6.6. LA DEFENSA DE INTERESES PARTICULARES DE LOS REGANTES, FACTOR DETERMINANTE DEL CARÁCTER PRIVATIVO DE LAS ENTIDADES PARA SU GOBIERNO..................................

317

Capítulo VII Sobre las funciones y competencias de los Juzgados Privados, Privativos, Privilegiados y Tribunales de Aguas..............................................

327

7.1. DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL.........................................

329

7.2. DE LAS COMPETENCIAS OBJETIVAS...........................................

336

Índice

7.3. DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES....................................

345

Capítulo VIII Sobre los principios rectores de la jurisdicción en los Juzgados Privativos de Aguas.......................................................................................

377

8.1. SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD........................................

378

8.2. SOBRE EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.....................

383

8.3. SOBRE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD JURISDICCIONAL E INDEPENDENCIA JUDICIAL.............................................................

388

8.4. SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY..................

392

8.5. SOBRE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.......................

399

Capítulo IX Sobre el modo en que, por el uso, la costumbre, y las Ordenanzas se resuelven los conflictos en la jurisdicción privativa de aguas................

407

9.1. INDEPENDENCIA ORGÁNICA EN LA JURISDICCIÓN PRIVATIVA, PRIVADA Y PRIVILEGIADA DE LAS AGUAS.......................

411

9.2. EL INTRUSISMO EN EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN PRIVATIVA SOBRE LAS AGUAS. CAUSAS Y RAZONES.....................

453

9.3. INDEPENDENCIA ORGÁNICA NO SIGNIFICA IMPUNIDAD POR LA COMISIÓN DE FALTAS Y DELITOS EN MATERIA DE AGUAS.............................................................................................

476

Exégesis jurídica sobre la génesis y evolución del Juzgado Privilegiado de Aguas de Granada (1501-1835)......................................................

491

Epílogo................................................................................................

505

Documentación...................................................................................

519

1.1. NORMATIVA CONTEMPORÁNEA............................................... a) Legislación nacional.................................................................... b) Normativa autonómica................................................................ c) Ordenanzas locales, usos y costumbres de comunidades de regantes varias................................................................................ d) Directivas europeas......................................................................

519 519 523

1.2. JURISPRUDENCIA CONTEMPORÁNEA.......................................

525

1.3. DOCTRINA CONTEMPORÁNEA..................................................

535

1.4. LEGISLACIÓN HISTÓRICA............................................................ 1.4.1. Andalusí y mudéjar................................................................ 1.4.2. Cristiana. En territorios con régimen hispanorromano y bajo soberanía cristiana (2ª m. siglo IX-XVIII)..............................

536 536

524 524

537

Índice

a) Legislación....................................................................... b) Colecciones documentales................................................ 1.4.3. Legislación española ss. XIX-XX...........................................

537 540 541

1.5. JURISPRUDENCIA HISTÓRICA..................................................... 1.5.1. Andalusí y mudéjar................................................................ 1.5.2. Jurisprudencia histórica española...........................................

550 550 551

1.6. DOCTRINA HISTÓRICA................................................................ 1.6.1. Doctrina islámica aplicada en al-Andalus y andalusí.............. 1.6.2. Doctrina española, siglos XVIII-XIX.....................................

552 552 553

1.7. CRÓNICAS, OBRAS DE GEOGRAFÍA E HISTÓRICAS..................

553

1.8. DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO...............................................

554

Bibliografía.........................................................................................

557

Páginas web de interés.........................................................................

569

Fuentes y bibliografía sobre la Exégesis jurídica relativa al Juzgado Privilegiado de Granada......................................................................

571

Preámbulo Los Juzgados privativos de aguas, Jurados de riegos, o Juzgado Privilegiado de Aguas (denominación esta última que recibió el de Granada de forma singular), son nombres comunes de una institución de jurisdicción especial que hunde sus raíces en el derecho histórico, y cuya presencia en lugares de las riberas de nuestros ríos peninsulares e insulares es continua. Instituciones que ocupan un lugar privilegiado e independiente respecto a otras instancias judiciales, por el objeto sobre el qué conocen y el modo en que lo hacen. Sus orígenes, su permanencia en el tiempo y en el espacio, la capacidad de adaptación y acomodación a las exigencias políticas y gubernativas a lo largo de las diferentes etapas de la historia del derecho de aguas en nuestro país son el objeto de análisis crítico en este trabajo, para demostrar su carácter consuetudinario. La institución del jurado, en sentido genérico, es la que hace posible la gestión y administración del agua para el riego, sirviéndose de oficiales y entidades organizadas, con funciones específicas y determinadas, y así desde tiempo inmemorial. La evolución temporal de esta institución ha discurrido en paralelo a los cambios políticos y legislativos, y serán estos los que propicien cambios a nivel estructural, en mayor o menor profundidad, con escasa incidencia en su carácter y en sus funciones. El legislador ha querido que el Tribunal de las Aguas de Valencia, el Consorcio de Hombres Buenos y Tribunal de Aguas de Murcia y, por Ley Orgánica 10/2021, de 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia tengan, expresamente, reconocida su cualidad de entes con jurisdicción especial para la gestión y administración del agua, reconociendo en todos ellos su carácter consuetudinario. El hecho de que no se trate de simples instituciones decimonónicas, ni tampoco fruto del desarrollo societario mercantilista de principios del siglo XX, aunque adquirieran personalidad jurídica en ese tiempo, sino de estructuras incardinadas en otras agrupaciones bajo denominaciones diversas, y con marcado carácter colegiado (ayuntamientos o juntamentos, entre otros), permite cuestionar el porqué del desigual tratamiento y reconocimiento a nivel legislativo. En efecto,

Mª Magdalena Martínez Almira

el artículo 19 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no hacía referencia a los Juzgados de Orihuela, Pueblos de su Marco y Aldaia, como a otros tantos con idénticas competencias y funciones de cuyas características se ocupa este trabajo. No es un tema ignoto por los juristas y legisladores, tampoco en sede parlamentaria, como hizo saber el senador por Castellón Artemi Rallo, sobre el necesario reconocimiento y protección de esta institución milenaria como legado cultural y patrimonial para las generaciones venideras. La finalidad de este análisis, basado en una metodología comparativa de base documental y jurídica, es elucidar las condiciones que en estos jurados o juzgados se dan desde el periodo hispanorromano hasta la actualidad, para merecer el reconocimiento como patrimonio material e inmaterial, inherente a su condición de instituciones jurídicas de notable arraigo, y a su carácter consuetudinario y tradicional. Si bien conviene hacer una exposición de los progresos en la defensa de la jurisdicción privativa sobre el agua, hasta la Ley Orgánica 10/2021 de 14 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia (Boletín Oficial del Estado núm. 299, de 15 de diciembre de 2021, páginas 153319 a 153322). Disposición normativa que tiene su momento de partida el 14 de noviembre de 2018 en la presentación ante la Mesa del Senado de una Proposición de Ley de modificación de la Ley orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alcant) y Pueblos de su Marco. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 108.2 del Reglamento del Senado, se ordenó la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco, presentado por el Grupo Parlamentario Mixto. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado XIV Legislatura, núm. 21 de 20 de febrero de 2020, pp. 5-8.

Los Juzgados de aguas, privados, privativos y privilegiados

La Propuesta de modificación legal exponía nueva redacción del art. 19 de la LO 6/1985 del Poder Judicial para su 5 tal y como sigue: 5. Se reconoce el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al denominado Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco.

El plazo para la presentación de otras proposiciones de ley sobre el mismo objeto o materia finalizó el lunes 9 de marzo de 2020. Y a esa iniciativa se añadió la petición para reconocer el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional del Tribunal del Rollet de l’Horta d’Aldaia, cuyas últimas ordenanzas datan del 23 de abril de 1960, amparándose en lo dispuesto en los art. 242 y 247 de la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, y al modelo aprobado por la Real Orden de 25 de junio de 1884 que determina las competencias como “Tribunal de Riegos” según el art. 244 de la citada Ley. Si bien, cabe señalar que el Tribunal del Rollet de Aldaya fue reconocido por Jaime I por Privilegio de 10 de abril de 1268, y con total reconocimiento entre herederos y regantes con fecha reciente, habiendo merecido la atención de los expertos en la materia (Bonet, 2019a y 2019b). Resulta llamativo que no hubiera más proposiciones, a pesar de las 354 comunidades de regantes registradas en Fenacore.org. con denominaciones diversas (Juzgados de aguas, Sindicatos de riegos, Heredamientos, Juntas de Aguas, Juntas Centrales de Usuarios, Juzgados privativos de aguas, Juzgados privilegiados de riego). En todas estas instituciones se advierten explícitas menciones a su origen ancestral e histórico. Este planteamiento reivindicativo en sede judicial suscita una serie de cuestiones de índole jurídica, que han de ser analizadas para justificar el reconocimiento a una labor de gestión y administración secular por instituciones de raigambre. Así como para comprender la progresiva pérdida de competencias y el silenciamiento de las voces de regantes y herederos en la toma de las decisiones que les competen. En primer lugar, la toma en consideración por el Senado de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del

Mª Magdalena Martínez Almira

Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia (antes denominada Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco). XIV Legislatura, el 14 de abril de 2021 (BOCG-Senado, 16 de abril de 2021. Núm. 172), supuso la aceptación legal de un órgano jurisdiccional que, desde tiempo inmemorial, ejerce el derecho entre los usuarios y beneficiados del agua que discurre por la cuenca del río Segura, y sus derivaciones. Pero esta reciente decisión se refiere a uno de los muchos Juzgados que tienen reconocida capacidad jurídica y que, a falta de general reconocimiento para todos ellos, obliga a analizar cada uno de los términos que los definen, en base a la legislación por la que se rigen, para poder obtener, en su caso, igual reconocimiento. Cabe aquí determinar si los Juzgados privativos de aguas y tribunales privativos de aguas son conceptos comúnmente aceptados para designar a un único organismo, vinculado al ámbito municipal —es decir al ámbito local—, competente en la gestión y administración del agua; y en consecuencia el término privativo actúe como límite formal y material respecto a otras jurisdicciones ajenas al gobierno de las aguas. En segundo lugar, los Juzgados privados, privativos y privilegiados del agua, y en concreto el de Orihuela y los Pueblos de su Marco, se definen como una “entidad jurisdiccional y de gobierno en los temas relativos de agua y riego”. Se plantea en este punto si la definición de estos organismos se ajusta a derecho, desde cuándo tienen carácter de entidades jurisdiccionales y en qué medida la gestión y la jurisdicción son competencia y funciones determinantes para su identificación como “entidades”. Dándose estos presupuestos nada debe obstar a su reconocimiento como jurisdicción específica en materia de aguas, como lo son las reconocidas en el art. 19 de la Ley Orgánica 6/1985. En tercer lugar, interesa saber si la gestión y gobierno se refieren al agua que circula por la cuenca de los ríos, pero también al agua estanca o contenida mediante presas o azudes para su reparto, justo y equitativo, entre regantes. E incluso si gestión y gobierno se refieren también a las infraestructuras que permiten el acceso al agua, y a las personas que forman parte de la estructura sistemática y orgánica que

Los Juzgados de aguas, privados, privativos y privilegiados

hace posible la optimización de recursos de forma sostenible. La necesidad de fundamentar jurídicamente esta cuestión viene dada porque con el paso del tiempo se comprueba que los jurados tradicionales, bajo distintas denominaciones, fueron perdiendo la ancestral capacidad de gestión y gobierno. Corresponde aquí analizar las causas legales o de otro orden que hayan contribuido a ello. También conviene discernir en cuarto lugar sobre el origen de las normas que rigen el funcionamiento de los Juzgados privados, privativos y privilegiados del agua, así como de los Tribunales privativos, y en concreto de las relativas al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. En distintos periodos de la historia del derecho del agua en nuestro territorio se advierte la resistencia a novedades en usos, costumbres y prácticas antiguas que, finalmente, han afectado al contenido, a la esencia, a las formas y a los procedimientos. Corresponde en este caso explicar tres hechos. El primero, cómo tuvo lugar ese proceso; el segundo en qué circunstancias se incorporaron cambios o novedades lesivas a la tradición y costumbre milenarias; y, en tercer lugar, cuál ha sido la respuesta de los regantes en defensa de la permanencia del derecho consuetudinario por el que se rigen sus juzgados. En quinto lugar, hay que precisar qué significa en el marco en el ámbito jurídico el derecho consuetudinario, los usos y costumbres de arraigo sobre las aguas. En sexto lugar, se cuestiona el carácter unitario y la capacidad jurisdiccional de estas entidades; y se colige a través de la descripción de las funciones y competencias de los Juzgados privados, privativos o privilegiados de aguas, y en concreto del de Orihuela y Pueblos de su Marco definidas, y comúnmente conocidas entre los regantes, desde tiempo inmemorial. Funciones y competencias que se transmiten a través de generaciones y, en consecuencia, consolidadas; que fueron recopiladas en los Usos y costumbres, Ordenanzas, también “Tablas de la huerta” de los distintos cursos fluviales que atraviesan la Península Ibérica. Destacando entre las anteriores el control y vigilancia por parte de los Juzgados privados, privativos y privilegiados de aguas, y en concreto el de Orihuela, para el uso del agua de forma pacífica, consensuada y acorde con las necesidades de los regantes y de las tierras en producción.

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Y en este mismo sentido, se cuestiona también la competencia territorial de los Juzgados privados, privativos y privilegiados del agua; en base a criterios de distribución de espacios o de competencia funcional y objetiva sobre el mapa actual de las CC.AA. y la división provincial; al margen del trazado de cuenca hidrográfica, preexistente o modificada por planes de intervención contemporáneos. Se plantea aquí también el control de las zonas geográficas sobre las que discurre el agua del curso fluvial que les da su razón, y su ejercicio como competencia inherente a aquellos organismos, según regulación normativa en el siglo XIX. En octavo lugar, se exponen los principios básicos que rigen en materia de jurisdicción especial sobre las aguas, una vez justificada su existencia milenaria y tradicional. Principios rectores en derecho de aguas; en este caso la cuestión se centra en explicar el valor que el acuerdo y concordia de voluntades tienen ante el conflicto de competencias entre los usuarios y su defensa por los Juzgados privados, privativos y privilegiados de aguas —y en concreto el de Orihuela—, como vía eficaz y consustancial a su origen y fundamentación legal milenaria. Es este el caso de los principios fundamentales que inspiran y rigen el procedimiento verbal y público, mediante el que se solventan problemas y conflictos de intereses en materia de aguas y se acuerdan voluntades; característica singular y específica de estos Juzgados y “Tribunales”, acorde con el principio de economía procesal. También se aborda el valor “ejecutivo” del fallo y su carácter componedor en las fases de mediación y conciliación, garantía de una justicia más eficaz, rápida y económica. Se analiza el carácter punitivo de las decisiones tomadas por los Juzgados privados, privativos y privilegiados de aguas, para corrección de actuaciones contrarias a derecho; en especial del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, pero también, citando por caso del Tribunal del Rollet de l’Horta d’Aldaia (“El Rollet de Gràcia” o “Comuner”), entre otros muchos existentes (vid. Bonet, 2019a: 35-47) que, inexplicablemente, no se sumaron a la Proposición de Ley de 20 de febrero de 2020. Y en esta misma línea de principios rectores se abordan los que justifican la participación directa en la gestión del agua, su distribución y administración de los usuarios y regantes de forma equitativa y acorde con sus necesidades; principios que justifican la asunción, como ciudadanos beneficiarios de esta jurisdicción, de las obligaciones derivadas de

Los Juzgados de aguas, privados, privativos y privilegiados

las acciones populares y de su participación en la administración de justicia, en base a la legitimación activa que el derecho les reconoce (art. 125 CE). Finalmente, y en noveno lugar, merece estudio pormenorizado la relación de dependencia, orgánica y judicial, así como la acción inhibitoria de otras instancias jurisdiccionales y los Juzgados privados, privativos y privilegiados de aguas (y en especial el Juzgado privativo de Orihuela y Pueblos de su Marco). Se trata de tema de sumo interés para entender la perseverancia en las reivindicaciones y el reconocimiento del papel desempeñado por regantes y herederos desde tiempo inmemorial; en definitiva, para comprender cómo funcionan estas entidades jurisdiccionales. Cuestión que se plantea ante la pluralidad nominal de los órganos unipersonales y pluripersonales que participan en la administración de justicia en materia de aguas. Es así como en el seno de estos Juzgados o Tribunales, y citando por caso el del Rollet de la Horta de Aldaia, se puede distinguir entre juez sobreacequiero, teniente sobreacequiero, síndico procurador general, síndicos y cargos electos, como el alguacil, policía de agua o al sequier. Oficios con carácter propio, incardinados en una estructura en la que prima el auxilio y colaboración como factores que hacen posible la relación entre ellos. Para cada una de estas cuestiones hay que proponer las medidas que se pueden y deben adoptar en defensa del derecho ejercido por los organismos jurisdiccionales, encargados de gestionar y administrar el agua desde tiempo inmemorial; y que, además, reconducen situaciones lesivas a través de la mediación y avenencia en los intereses de los regantes. Incluyen estas actuaciones no solo reparto y aprovechamiento sino también mantenimiento y cuidado del patrimonio hidráulico. Pues bien, esas medidas son las que precisan el expreso reconocimiento de la legislación española, y concretamente del Consejo General del Poder Judicial, incluyendo a todos sin excepción por el valor que tienen en la pervivencia de un sistema jurisdiccional especial y privativo, inmemorial, pero también inmaterial, de “patrimonio vivo” compuesto por prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación, ya no solo en forma de usos y costumbres sino también de preservación de las infraestructuras que lo hacen posible. Un carácter que supera, de facto, el administrativo reconocido formalmente, y que debería bene-

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ficiar a cuántos vienen actuando tradicional y consuetudinariamente por siglos. Desde el punto de vista del objeto sobre el que recae el estudio del derecho que se analiza en este trabajo, textos legales, jurisprudencia y doctrina contribuyen a comprender el devenir del derecho al agua para el riego desde tiempo inmemorial. Este orden normativo, por razones obvias, se invertirá en el análisis de los hechos y actos jurídicos que se suceden y para los que se adoptan medidas en previsión de daños sobre bienes y lucro cesante. La especial consideración de las referencias doctrinales queda justificada por tratarse de la reflexión razonada y basada en la legislación vigente entre los regantes, sus usos y costumbres, así como en principios basados en el sentido común que deben aplicarse cuando se han de tomar decisiones sobre bienes pretendidos por varias personas, sujetos a repartos de difícil división. Es aquí donde la remisión a prácticas y costumbres arraigadas para la distribución de las aguas, aceptadas comúnmente y justificadas en base a la tradición ancestral, tienen un relevante peso específico. En tercer lugar, eje vertebrador en toda esta fundamentación a nivel legislativo y jurisprudencial es la legislación vigente, porque gracias a la evolución jurídica permite identificar usos y tradiciones, imbricadas en Leyes, Ordenanzas o Privilegios, en cuya esencia se constata la impronta del derecho consuetudinario. Es el caso de las Ordenanzas de riegos que a partir del siglo XVII fueron receptáculo de aquéllos usos y tradiciones que, por tiempo inmemorial, se venían aplicando; que residentes en la memoria colectiva de los regantes se transmitían generacionalmente sin necesidad de otros soportes para hacer valer el derecho, empero las concordias y acuerdos o sentencias arbitrales, también aprendidos y recordados a pie de acequia cuando era preciso. Un importante conjunto legislativo que, incluso en la actualidad, permitirá cohonestar prácticas no explícitamente recogidas en la legislación, pero que sí hacen derecho entre los regantes.