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LEY VALENCIANA DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN

MIGUEL ÁNGEL BARONA SELLÉS MARIO E. CLEMENTE MEORO JOSÉ HOYO RODRIGO FRANCISCA RAMÓN FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ REYES LÓPEZ MARGARITA VICENTE TORRES

Valencia, 2011

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ÍNDICE PRESENTACIÓN ................................................................................. I.

LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS CON LOS PROGENITORES NO CONVIVIENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.......................................... MARÍA JOSÉ REYES LÓPEZ Catedrática de Derecho Civil Universitat de València

II. EL PACTO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y LAS MEDIDAS JUDICIALES EN SU AUSENCIA DE PACTO EN LA LEY VALENCIANA DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN ................ MARIO E. CLEMENTE MEORO Catedrático de Derecho Civil Universidad de Valencia

III. ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA Y AJUAR FAMILIAR Y GASTOS DE ATENCIÓN A LOS HIJOS E HIJAS EN LA LEY, DE LA GENERALITAT, DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN ... FRANCISCA RAMÓN FERNÁNDEZ Profesora Titular de Derecho Civil Universitat Politécnica de València

IV. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE RELACIONES FAMILIARES: TRAMITACIÓN DEL PACTO DE CONVIVENCIA FAMILIAR...................................................................................... MARGARITA VICENTE TORRES Abogada. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

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LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE RELACIONES FAMILIARES ................................................................. MARGARITA VICENTE TORRES Abogada. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

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ÍNDICE

VI. LAS DISPOSICIONES FINALES, PRIMERA Y TERCERA DE LA LEY DE LA GENERALITAT, DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN: LA MATERIA COMPETENCIAL Y EL FUTURO DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY ....................... JOSÉ HOYO RODRIGO Letrado Consell Jurídic Consultiu Comunitat Valenciana Profesor Asociado Universitat de València Secretario Derecho Valenciano ICAV

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VII. VALORACIÓN CRÍTICA SOBRE LA LEY DE LA GENERALITAT DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN ................................ MIGUEL ÁNGEL BARONA SELLÉS Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

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VIII. PREVISIONES SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE LA GENERALITAT DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN........................................................................................... MIGUEL ÁNGEL BARONA SELLÉS Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

ANEXOS 1. LEY 5/2011, DE 1 DE ABRIL, DE LA GENERALITAT, DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN .............................................. 2.

FORMULARIOS ............................................................................ 2.1. Formulario de Pacto de Convivencia Familiar ....................... MARGARITA VICENTE TORRES Abogada. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 2.2. Formulario de Pacto de Convivencia Familiar y Convenio Regulador ................................................................................. MARGARITA VICENTE TORRES Abogada. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 2.3. Formulario de transformación de procedimiento contencioso a mutuo acuerdo ...................................................................... MIGUEL ÁNGEL BARONA SELLÉS Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

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2.4. Formulario de sometimiento de las partes a mediación familiar ............................................................................................ Miguel Ángel Barona Sellés Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

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PRESENTACIÓN Me ha correspondido el inmerecido honor de prologar esta obra, pese a que por la calidad y el reconocimiento de las personas que la han hecho posible, mis palabras no resultan necesarias. La aportación científica que ahora tiene el lector en sus manos es fruto del esfuerzo y dedicación —y, por supuesto, un interés en el Derecho civil valenciano —, tanto de varios profesores de la Universidad, como de abogados en ejercicio. Es un motivo de satisfacción haber podido contar con la participación, dedicación y esfuerzo de todos ellos en una primera toma de contacto con esta Ley que se acaba de aprobar —la 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (DOCV núm. 6495, de 5 de abril de 2011; BOE núm. 98, de 25 de abril de 2011)—, y que originó que se celebrara, el pasado 26 de enero de 2011, una Jornada, en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y organizada por la Sección de Derecho Valenciano del mismo. Dicha Jornada, destinada a estudiar —en ese momento Proyecto de Ley— se estructuró en dos mesas redondas, que tenían por objeto la exposición exhaustiva de los problemas teóricos y prácticos que planteaba el mismo. La primera mesa redonda trató del ámbito de aplicación, pacto de convivencia, medidas judiciales, atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar y gastos de atención a los hijos e hijas, y contó con la participación de Dª. María José Reyes López, Catedrática de Derecho Civil de la Universitat de València; D. Mario E. Clemente Meoro, Catedrático de Derecho Civil de la Universitat de Valencia y Miembro de la Comisión de Codificación Civil valenciana, y Dª. Francisca Ramón Fernández, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Politécnica de Valencia y Presidenta de la Sección de Derecho Valenciano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. La segunda mesa redonda prestó atención a la práctica referente a la Disposición final, adicionales y transitorias del Proyecto de Ley e intervinieron D. José Hoyo Rodrigo, Letrado del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y Secretario de la Sección de Derecho Valenciano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia; Dª. Margarita Vicente Torres, Abogada y vocal de la Sección de Derecho Valenciano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia; D. Miguel Ángel Barona Sellés, Abogado y vocal de la Sección de

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Derecho Valenciano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y Dª. Esther Pérez Hernández, Abogada y vocal de la Sección de Derecho Valenciano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Como resultado de dicha Jornada y con la finalidad de dar a conocer la investigación realizada sobre una norma que afecta al ámbito familiar, se ha estudiado la norma definitiva, la Ley de la Generalitat, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, con las aportaciones de la mayor parte de los ponentes de la Jornada que le precede, y que supone la primera publicación que se dedica al estudio de esta norma de Derecho civil foral valenciano, que sigue la estela de la Ley de Régimen Económico Matrimonial valenciano, y que irá completando el futuro Código de Derecho civil foral valenciano que tiene previsto el legislador. No es mi misión en estas breves palabras ahondar en los múltiples problemas que, a buen seguro, el lector podrá profundizar cuando se adentre en cada uno de los capítulos de la obra, ya que cada uno de los autores ha estudiado a fondo los preceptos para ofrecer soluciones, plantear cuestiones, e investigar, en definitiva, el Derecho civil foral valenciano. La obra publicada se ajusta a las materias estudiadas en la Jornada a lo que es la redacción definitiva que ha adoptado la Ley, y se complementa con el estudio de otras normas que se dedican a regular la denominada “custodia compartida” y a las “relaciones familiares”, como es el caso de Aragón, en el reciente Decreto Legislativo 1/2011, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; Cataluña, con la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y familia y Navarra, con la Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, todas ellas ya aprobadas y que representan una referencia a la hora de analizar la nuestra, a pesar de que la Ley valenciana tiene determinadas peculiaridades, como detectará el lector, ya que el propio título de la norma indica que es una Ley destinada a la regulación de las relaciones familiares de hijos e hijas en los casos de no convivencia de los progenitores. No me resta más que agradecer a todos los ponentes de la Jornada por su extraordinaria disposición y buen hacer, del mismo modo su esfuerzo en la investigación que ahora ve la luz en este libro, y también al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia por su sensibilidad

PRESENTACIÓN

y preocupación por dar a conocer nuestro Derecho civil foral valenciano, y, desde luego, a la editorial Tirant lo Blanch, por su interés en que el trabajo realizado se difunda y dar soporte a la presente publicación, ya que si la investigación realizada no se divulga, es como si no existiera. Francisca Ramón Fernández Profesora Titular de Derecho Civil Universitat Politècnica de València Valencia, abril de 2011

LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS CON LOS PROGENITORES NO CONVIVIENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA MARÍA JOSÉ REYES LÓPEZ Catedrática de Derecho Civil Universitat de València

Sumario: I. Cuestiones generales. 1. Introducción 2. Derecho civil propio. II. La Ley de relaciones familiares con los hijos/as cuyos padres no conviven. 1. Principios básicos. 1.1. La protección del menor. 1.2. El principio de igualdad entre los progenitores. 2. La custodia compartida en el Código Civil. 3. Estructura y rasgos básicos de la ley. 4. Objeto de la Ley. 5. Presupuestos. 5.1 Destinatarios. 5.2. Sujetos afectados. 5.3. La necesidad de oír al menor. 5.4. Ruptura o no convivencia. 6. Contenido. 7. Ámbito de aplicación. III. A modo de conclusión.

I. CUESTIONES GENERALES 1. Introducción El Boletín Oficial de les Corts Valencianes ha publicado en su número 300, de 30 de marzo, la Ley, de la Generalitat, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, que, según dispone su disposición final cuarta, entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Esta Ley ha sido aprobada por iniciativa del grupo Popular, que pactó posteriormente con el grupo Compromís, que inicialmente había presentado un texto alternativo. El grupo Socialista y de Esquerra Unida se opusieron a la totalidad de la Ley porque entendieron que este texto no protegía de manera prevalente el interés del menor. El propósito de esta Ley se ha centrado en regular las relaciones de los progenitores con sus hijos cuando no convivan con ellos,

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principalmente en aquellas situaciones que deriven de una ruptura matrimonial. Se aparta para ello de la regulación a la que estas circunstancias quedaban sujetas en el Código Civil, intentando al mismo tiempo que ajustarse a los principios de igualdad entre los progenitores e interés del menor, configurar esta situación en una ley propia de carácter autonómico. El contexto de referencia del que parte esta Ley es el de que inicialmente ambos progenitores deben establecer las pautas de convivencia que sean necesarias para relacionarse con sus hijos puesto que se entiende que ello es lo más conveniente para el desarrollo psicológico y afectivo del menor. Será tan sólo, cuando, a falta de pacto expreso entre ambos progenitores porque no consigan ponerse de acuerdo, cuando deberá atribuirse la custodia a uno de ellos por parte de la autoridad judicial, previa presentación del pacto de convivencia familiar. Esta misma finalidad ha sido pretendida anteriormente en dos Comunidades Autónomas. La de Aragón, que ha integrado la Ley 2/2010, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, en los arts. 75 a 84 de su Código del Derecho Foral de Aragón y la catalana, que también lo ha contemplado en su Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, en sus arts. 233.8 y ss. Por último, la Comunidad de Navarra ha aprobado la Ley Foral sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, que finalmente regula la guarda y custodia de los hijos menores de edad como sistema general1 pero no acaba por decantar-

Ley Foral Navarra 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres (BON núm. 60, de 28 de marzo de 2011). Artículo 3. Guarda y custodia de los hijos. 1. En el caso de ruptura de la convivencia, cada uno de los padres por separado, o ambos de común acuerdo, podrán solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados sea ejercida por ambos o por uno de ellos. 2. En el caso de que la solicitud se realice por uno sólo de los padres, el Juez podrá acordar la guarda y custodia compartida o la custodia individual, oído el Ministerio Fiscal y previos los dictámenes y audiencias que estime necesarios recabar, cuando así convenga a los intereses de los hijos.

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3. El Juez decidirá sobre la modalidad de custodia más conveniente para el interés de los hijos menores, teniendo en cuenta la solicitud que haya presentado cada uno de los padres, y atendiendo, además de a lo dispuesto en esta Ley Foral, a los siguientes factores: a) La edad de los hijos. b) La relación existente entre los padres y, en especial, la actitud de cada uno de los progenitores para asumir sus deberes, respetar los derechos del otro y, en especial, cooperar entre sí y garantizar la relación de los hijos con ambos progenitores y sus familias extensas. c) El arraigo social y familiar de los hijos. d) La opinión de los hijos, siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años. e) La aptitud y voluntad de los padres para asegurar la estabilidad de los hijos. f) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. g) Los acuerdos y convenios previos que pudieran existir entre los padres y que estos le hayan justificado. h) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia. 4. En cualquier caso, la decisión buscará conciliar, siempre que sea posible, todos los intereses en juego, considerando como prioritarios los intereses de los hijos menores o incapacitados y asegurando la igualdad de los padres en sus relaciones con los hijos en todo lo que vaya en beneficio de estos. 5. Si decide la custodia compartida, el Juez fijará un régimen de convivencia de cada uno de los padres con los hijos, adaptado a las circunstancias de la situación familiar, que garantice a ambos padres el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de equidad. 6. Si decide la custodia individual, el Juez fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las facultades y deberes propios de la patria potestad que tenga atribuidos conforme a la Ley 63 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. 7. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos. 8. No procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los padres, ni individual ni compartida, cuando se den estos dos requisitos conjuntamente: a) Esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos o hijas. b) Se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá la atribución cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y de las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados y racionales de violencia doméstica o de género.

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se por la modalidad compartida de convivencia con carácter prioritario, ni por ninguna de modo especial. Criterio que ha motivado que algún sector de la sociedad haya valorado esta norma de “ley vacía de contenido”2. No obstante, a tenor de lo dispuesto en su disposición final primera, parece que tendrá un carácter provisional a la espera del proyecto de Ley Foral de modificación del Fuero Nuevo de Navarra en materia de Derecho de Familia. Este texto lo deberá presentar el Gobierno de Navarra en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley Foral y previo informe del Consejo Asesor de Derecho Civil Foral ante el Parlamento de Navarra3. La aprobación de esta Ley valenciana supone un impulso en pro de la plasmación y del reconocimiento fáctico del principio de igualdad entre los progenitores, al mismo tiempo que una voluntad efectiva encaminada a elegir para el menor la situación que resulte más adecuada para que sufra en la menor medida de lo posible la ruptura de sus progenitores. Se pretende intentar para ello aportarle la mayor seguridad en los aspectos concernientes a su entorno y a su vida afectiva y social, evitando simultáneamente que el menor se convierta en moneda de cambio entre ambos ex consortes, así como finalmente, una adecuación de la normativa a la realidad de las relaciones familiares. Al margen de ello, en lo que se ahondará más adelante, cuando se afronta el estudio de esta Ley, una de las cuestiones que con carácter previo hay que abordar es la relativa a las competencias asumidas por la Comunidad Valenciana sobre esta materia o, lo que es lo mismo, si tiene competencias atribuidas para legislar en el ámbito del derecho civil. De ello trata el siguiente apartado, al que seguirá el análisis de los principios que han inspirado esta Ley, así como la explicación del cuadro de contenidos que recoge.

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Las medidas adoptadas en estos dos supuestos serán revisables a la vista de la resolución firme que, en su caso, se dicte al respecto en la jurisdicción penal. La denuncia contra un cónyuge o miembro de la pareja no será suficiente por sí sola para concluir de forma automática la existencia de violencia, de daño o amenaza para el otro o para los hijos, ni para atribuirle a favor de este la guarda y custodia de los hijos. EFE. Pamplona Jueves, 10 de marzo de 2011. B.O. del Parlamento de Navarra, núm. 26. 21 de marzo de 2011.

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2. Derecho civil propio Esta Ley ha sido elaborada en desarrollo de lo que el Estatuto de Autonomía Valenciano denomina “normas de derecho civil propio”. Aunque muchas han sido las voces que se han alzado, bien para reconocer a la Comunidad Valenciana competencia legislativa o para negársela en las materias correspondientes a la conservación, modificación y desarrollo de los derechos forales “allí donde existan”, es innegable que la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano, mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, ha dado un paso hacia adelante a favor del reconocimiento de dichos derechos, al atribuirse en su nuevo artículo 49.1.2.a), competencia exclusiva para la conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano. Ello no supone desconocer que se trata de una comunidad cuya trayectoria histórica no ha propiciado el reconocimiento de un derecho foral4, que obligó a plantear fundamentalmente la cuestión en torno a si dicho término cabría circunscribirlo meramente al derecho consuetudinario, ya que pocas son las materias que la Comunidad Valenciana pudo conservar, a excepción de los arrendamientos rústicos valencianos, como reconoció específicamente la STC de 28 de septiembre de 19925, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de Arrendamientos Históricos Valencianos, de contenido claramente civil. Ello ha planteado en la actualidad la situación de que esta norma ni ha sido impugnada, ni consiguientemente, objeto de recurso de inconstitucionalidad, lo que por el momento permite presumir, a falta de pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional y ante un contexto constitucional que pone de manifiesto que la realidad jurídica debe partir de la consideración de la existencia de un derecho civil estatal, que convive con un derecho autonómico, que este

Al respecto, DOMÍNGUEZ CALATAYUD, V., “La competencia exclusiva de la Generalitat sobre la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil foral valenciano”, “Las Competencias en materia de Derecho Civil Foral a la luz del artículo 49.1.2ª del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”, Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 18, 2007, p. 323 y ss. DÍEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., “A vueltas con el derecho civil valenciano ¿una milagrosa resurrección?”, Libro homenaje a Vicente Montés, Tirant lo Blanch, Valencia. En prensa, p. 862. RTC 1992\121.

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derecho se ampara dentro del ámbito de competencias reconocidas por la Constitución en su art. 149.1.8ª y que la Generalitat “ostenta competencia para legislar sobre instituciones que hayan tenido una configuración consuetudinaria específica en su ámbito territorial”. De ahí, que sea certero constatar, como recientemente algún autor ha puesto de manifiesto, que la realidad jurídico-política de algunas Comunidades Autónomas españolas se está realizando en un desarrollo que nada tiene que ver con el contenido preexistente de los Derechos civiles forales o especiales6. En este sentido, este reconocimiento expreso en el Estatuto de Autonomía del 2006 ha inducido también a un sector de la doctrina a entender que la tan debatida y discutida expresión “allí donde existan” ha quedado superada en la actualidad por la de: “derecho civil foral valenciano”7, en virtud de la cual cabría entender que la Comunidad Valenciana tiene competencia para legislar en materia de derecho civil, con el fin de desarrollarlo, modificarlo o conservarlo, contando como única limitación la que viene impuesta en el art. 148.1.9, correspondiente a las materias cuya competencia tiene asignada el Estado. Este criterio favorable a su reconocimiento cabría reforzarlo con las SSTC de 37/1987, de 26 de marzo, sobre la Ley 8/1984, de 3 de julio de reforma agraria de la Comunidad Autónoma Andaluza y 186/1993, de 7 de junio, sobre la Ley Extremeña 1/1986, de 2 de marzo, de regulación de las dehesas, de la Comunidad Autónoma Extremeña, que han reconocido que cada Comunidad tiene competencia para legislar en desarrollo de materias conexas, seguidas posteriormente por las SSTC 88/1993, de 12 de marzo y 156/1993, de 6 de mayo, que establecen el alcance de la competencia funcional de las Comunidades Autónomas en materias conexas cuya competencia corresponde al Estado. La primera de estas dos sentencias resuelve, en concreto, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 3/1988, de 25 de abril, de las Cortes de Aragón, que equiparaba

CARRIÓN OLMOS, S., “Consideraciones en torno al Derecho Civil foral Valenciano”, en Libro homenaje a Vicente Montés, (en prensa), Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 480 y ss. MOLINER NAVARRO R., “Las Competencias en materia de Derecho Civil Foral a la luz del artículo 49.1.2ª del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”, Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 18, 2007, p. 362.

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los hijos adoptivos con los hijos por naturaleza en cuanto a derechos y obligaciones, cuando en la Compilación aragonesa falta cualquier referencia a la filiación adoptiva. El Tribunal Constitucional afirma que “cabe que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho Civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta”. La segunda se plantea con relación a la redacción dada por el art. 2 al art. 2, párrafo primero, de la Compilación, así como el texto del art. 52 de ésta, introducido por el art. 10 de la Ley 8/1990, entendiendo, entre otras cuestiones, que la regulación de las sucesiones forma parte principal del Derecho Civil propio y legitima regulaciones como las contempladas en la Ley, que tienen una evidente conexión orgánica con las regulaciones iniciales de la Compilación. Esta Ley presenta sin embargo otras connotaciones debido a que, como también ha destacado la doctrina, no se trata de resucitar instituciones caducas a la realidad del momento presente, ni tampoco de adaptar nuestra realidad a situaciones que actualmente no podríamos, por menos, que calificar de discriminatorias y no igualitarias8. Son precisamente estos presupuestos los que esta Ley quiere combatir estableciendo como principio sobre el que debe girar la regulación concerniente a la guarda de los hijos el de igualdad y paridad entre ambos padres, sin perjuicio de que siempre se deba tener presente el interés del menor. Con todo, no deja de resultar paradójico que se alardee simultáneamente de ofrecer un planteamiento nuevo a relaciones vinculadas con el reconocimiento de derechos que pudieran calificarse de “logros” si se diera una mirada hacia atrás, y al mismo tiempo querer justificar que el origen de dicha norma es la existencia de un derecho foral valenciano, cuando y, especialmente en estas materias, dicho derecho no concuerda con los valores actuales, sin perjuicio de que determinadas instituciones vinculadas con la protección del me-

En este sentido, BLASCO GASCÓ, Fr., “La recuperación de la competencia legislativa”, Revista jurídica de la Comunidad Valenciana. Núm. 18, 2006, pp. 15-24. MONTÉS PENADÉS, V., “El derecho foral valenciano” en Comentario al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. JOSÉ Mª BAÑO LEÓN (dir). Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 279 y ss.

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nor, como la del Pare d´Orfes, nunca haya sido una institución foral abolida por el Decreto de Felipe V, de 29 de julio de 17079. En todo caso y, sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que en la Comunidad Valenciana “se va haciendo camino autonómico”, pero dentro de un panorama donde la incertidumbre, a falta de un claro apoyo constitucional, es la nota característica que rodea a todas las iniciativas legislativas habidas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, si bien, por el momento, ningún recurso ha establecido que no se pueda legislar en materia de derecho civil valenciano, entendido éste, no sólo como el conjunto de normas de carácter consuetudinario sino en un sentido amplio. De lo expuesto deriva que esta iniciativa legislativa, que se hace eco de un proceso que afecta a todas las Comunidades Autónomas, caracterizada por el afán de un progresivo ensanchamiento de las competencias de Derecho civil, esté siendo especialmente relevante tras la reforma del Estatuto de Autonomía, mediante Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, que ha potenciado diversas leyes en el ámbito social, en especial, en materia de protección del menor y de los adolescentes. Igualmente se ha reconocido la competencia para legislar en materia de regímenes económicos matrimoniales, resucitando antiguas instituciones valencianas con la finalidad de adaptarlas a la realidad social actual en la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, modificada por la Ley 8/2009, de 4 de noviembre, de la Generalitat que, como señala su Exposición de Motivos, esta Ley será la primera de las que pasará a constituir el futuro Código de Derecho civil foral valenciano, si bien su incidencia es nula con relación al contenido de lo dispuesto en esta Ley de relaciones familiares.

BLASCO GASCÓ, Fr., “La competencia legislativa de la Generalitat Valenciana en materia de Derecho Civil”, Revista jurídica de la Comunidad Valenciana. Núm. 33, 2010, pp. 7-30 y cita 2.

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II. LA LEY, DE LA GENERALITAT, DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN 1. Principios básicos Esta Ley constituye una iniciativa que dentro del ámbito competencial para desarrollar leyes propias, consiste en regular lo que impropiamente se ha venido llamando custodia compartida, puesto que ésta únicamente se puede ejercitar de forma alternativa. La acepción de custodia compartida en el texto de la Ley ha sido sustituida por el término de convivencia familiar. Este cambio responde a que se ha querido abandonar el criterio de que la responsabilidad se deje en manos de uno de los progenitores únicamente, optando por establecer un sistema equilibrado y compartido en el desempeño de la autoridad parental en todas las esferas de la vida del menor afectado, siempre compatible y guiado, en todos los extremos, por el principio fundamental de interés del menor, de igualdad entre los progenitores, y con el derecho de cada menor de poder convivir con ambos. Por eso, aunque sea objeto de una Ley específica, su contenido viene a proyectar y perfeccionar principios que se encontraban ya reconocidos en Leyes anteriores que desarrollaban principios constitucionales, sustituyendo el modelo vigente recogido en el Código Civil en lo que se refiere a la concepción de las relaciones familiares en caso de ruptura o no convivencia con ambos padres.

1.1. La protección del menor La protección al menor como valor en sí mismo se encuentra reconocido en el art. 39 CE y en diversos Tratados Internacionales ratificados por España y, muy especialmente, de la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, que marca el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que éste desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo. Dicha necesidad ha sido igualmente compartida por otras instancias internacionales, como el Parlamento Europeo que, a través de la Resolución A 3-0172/92, aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño.