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Jerónimo García San Martín

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN

DOCTRINA PENAL ACTUALIZADA DOCTRINA PENAL ACTUALIZADA

“Doctrinal Penal Actualizada”, constituye el resultado de una intensa actividad investigadora, de análisis exhaustivo e individualizado de las Sentencias dictadas por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los últimos años, centrando su objeto en el tratamiento de aquellas previsiones normativas y tipos penales cuya extensión se ha visto recientemente afectada por pronunciamientos de aquellos Tribunales. Las referencias jurisprudenciales pretenden ser sintéticas, resumiendo de un modo cuasi telegráfico el núcleo doctrinal; se ha proyectado resaltar los más actuales posicionamientos jurisprudenciales, cohonestando, asimismo, la norma con la práctica totalidad de los Acuerdos no jurisdiccionales del pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que encuentran, a la fecha, plena y efectiva vigencia. “Doctrina Penal Actualizada” vocaciona ser un recurso útil para el jurista especialista en el orden penal, así como para el opositor a la carrera judicial por la categoría de Magistrado en el orden penal, para que con celeridad y eficiencia pueda identificar y localizar los giros y posicionamientos jurisprudenciales más recientes sentados en torno a las previsiones normativas y tipos penales, así como en torno a los principios y derechos fundamentales de carácter eminentemente procesal, las diligencias y medios de prueba, y otras cuestiones procesales que hemos considerado de especial interés incluir en la parte tercera de esta obra.

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DOCTRINA PENAL ACTUALIZADA


COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales


DOCTRINA PENAL ACTUALIZADA

JERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN

Valencia, 2018


Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Jerónimo García San Martín

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-621-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf


A Rosario, con quien todo se hace posible A nuestros cuatro hijos


Índice PRÓLOGO.............................................................................................. 13 INTRODUCCIÓN.................................................................................. 19

PARTE PRIMERA DERECHO PENAL (Parte General)

I. DE LOS DELITOS (Arts. 10 a 18)................................................ 23 II. DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL (Arts. 20 a 23)............................... 35 III. DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS (Arts. 27 a 31 quinquies)...................................... 45 IV. DE LAS PENAS Y SU APLICACIÓN (Arts. 32 a 79).................... 57 V. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LAS COSTAS PROCESALES (Arts. 109 a 126)................................................................... 77 VI. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL (Arts. 130 a 135).................................................................. 89

PARTE SEGUNDA DERECHO PENAL (Parte Especial)

I. DELITOS CONTRA LA VIDA (Arts. 138 a 146)......................... 97 II. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA (Arts. 147 a 158).............................................................................................. 101 III. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (Arts. 163 a 172 ter)........... 107 IV. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL (Arts. 173 a 177 bis)......................................................................................... 113 V. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES (Arts. 178 a 194)................................................................... 119 VI. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN (Arts. 197 a 201)............................................ 133 VII. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO (Arts. 234 a 304)............................. 137 VIII. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL (Arts. 305 a 310 bis)................................. 161 IX. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS (Art. 318 bis)..................................................... 167


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Índice

X. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA (Arts. 359 a 378)...... 169 XI. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL (Arts. 379 a 385 ter)................................................................................................ 183 XII. DE LAS FALSEDADES (Arts. 386 a 400 bis)................................ 191 XIII. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Arts. 404 a 445).................................................................................... 197 XIV. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Arts. 446 a 471 bis)..................................................................... 203 XV. DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO (Arts. 544 a 580).... 209

PARTE TERCERA CUESTIONES PROCESALES

I. DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES........................ 221 1. DERECHO DE DEFENSA...................................................... 221 2. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA........................................... 222 3. DERECHO A UN PROCESO JUSTO CON TODAS LAS GARANTÍAS............................................................................... 225 A) Principio de contradicción................................................. 226 B) Principio de inmediación................................................... 228 C) Principio acusatorio........................................................... 231 D) Derecho a los recursos del condenado............................... 232 4. DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY.......................................................................... 234 5. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA................. 241 A) Derecho a los recursos de las partes acusadoras y civiles... 243 6. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL.................................... 244 A) Non bis in idem................................................................. 246 II. MEDIDAS CAUTELARES............................................................ 249 1. DETENCIÓN......................................................................... 249 2. PRISIÓN PROVISIONAL....................................................... 249 3. FIANZA.................................................................................. 250 III. DILIGENCIAS Y MEDIOS DE PRUEBA..................................... 251 1. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.................................... 251 A) Fuentes y diligencias policiales-atestado............................ 251 B) Agentes de vigilancia aduanera.......................................... 252 C) Agente encubierto.............................................................. 253 D) Inspecciones corporales..................................................... 253 2. DILIGENCIAS SUMARIALES................................................ 254 A) Reconocimiento fotográfico y en rueda............................. 256 B) Diligencia de entrada y registro domiciliario..................... 257 C) Diligencia de interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas............................................................. 259


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Índice

3. 4. 5. 6.

D) Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos........................... 264 E) Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización................................. 264 F) Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.......................................................................... 265 HALLAZGOS CASUALES...................................................... 266 CADENA DE CUSTODIA...................................................... 267 LA PRUEBA PENAL ILÍCITA Y SU EFECTO SOBRE LA REFLEJA..................................................................................... 267 MEDIOS DE PRUEBA............................................................ 269 A) Declaración del acusado-coacusado................................... 270 B) Prueba testifical................................................................. 271 C) Prueba pericial................................................................... 272 D) Reconocimiento de voz...................................................... 273


Prólogo ¡¡¿Otra recopilación de jurisprudencia?!! Tal exclamación, acompañada de un gesto entre resignado y torcido, puede venir a la cabeza —y de hecho vino a mi mente cuando recibí este encargo como prologuista— al asomarse a este librito de Jerónimo García —uno más en su lista—. Y tras ese fogonazo, parecería muy pertinente evocar la no muy conocida cita de ORTEGA Y GASSET que en el prólogo para franceses de La rebelión de las masas sentencia: la mejor obra de caridad del siglo XX es no publicar libros inútiles. La realidad editorial dota de vigencia a esa máxima también en el siglo XXI y, quizás, con más razones que las que llevaron al filósofo español en su época a esa socarrona afirmación. ¡¡¿Otra recopilación de jurisprudencia?!! Otra oportunidad desperdiciada de vivir la caridad. La generalización de la informática ha convertido las recopilaciones de jurisprudencia, los textos legales adornados con largas glosas jurisprudenciales encadenadas sin más criterio que la temática común, en productos fáciles —muy fáciles— y cada vez más inútiles a la vista de las muy completas bases de datos al acceso de cualquiera. A la vez, informática y nuevas tecnologías han llegado también a condicionar el producto jurisdiccional: el corta y pega —al que en otra ocasión he llegado a calificar de “enemigo público número uno” del deber de motivación de las decisiones judiciales—, sin minusvalorar su utilidad cuando se usa con mesura, ha degenerado en una herramienta peligrosísima en manos de los que estamos llamados a dictar sentencias, apelmazando la literatura judicial hasta extremos difícilmente asumibles y alargando las resoluciones con párrafos y más párrafos que se leen una y otra vez en una y otra sentencia, a veces con las mismas erratas heredadas desde la versión original ya lejana en el tiempo, y a veces inidentificable, y transcritas miméticamente sin reflexión alguna. De la jurisprudencia artesanal a la jurisprudencia industrial; con sus ventajas —que son inocultables— y sus inconvenientes que padecemos a diario.


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Antonio del Moral García

¡Qué fácil resulta así componer un libro jurídico sin otro objetivo que llenar páginas a base de transcripciones jurisprudenciales! Y, al mismo tiempo, qué poco útiles pueden resultar esos tomos. Lo importante no es ya la abundancia de información que degenera en saturación; sino la ordenación de esa información de manera que se encuentre con agilidad la esencia de lo que se busca, sin adherencias o aditamentos superfluos; sin barroquismos. Más valen quintaesencias que fárragos, dirá el clásico español. *** Se cuenta del Presidente REAGAN que exigía a sus colaboradores que las notas que se la pasaban exponiendo un problema o los memorándums no rebasasen un par de folios. No era necesario más para el planteamiento de una cuestión y explicación de una solución, si se sabía prescindir de lo superfluo. No se trataría de una simple metodología para sacarle el máximo partido al poco tiempo del que debe disfrutar probablemente un Presidente de los Estados Unidos de América, la mayor potencia mundial. Sobre todo sería una fórmula para obligar a penetrar en el problema y llegar hasta el fondo. Solo quien lo ha comprendido y abarcado en su totalidad es capaz de expresarlo en un espacio reducido con claridad. Y una solución solo sería solución real si era susceptible de ser expresada de forma sintética. Esta idea es la que convierte la obra de Jerónimo García San Martín en algo distinto; en algo muy útil; en algo que aporta un valor muy preciado hoy día. Se recoge una visión tan sintética como completa del estado de la jurisprudencia penal a finales de 2017, tanto en la vertiente sustantiva como en la procesal. Combinar rigor y exhaustividad con brevedad y precisión no es tarea fácil. Se ha logrado aquí. Ojeando estas páginas al lector le queda una idea muy exacta y completa de las líneas de la jurisprudencia penal en los últimos años. Quien quiera profundizar podrá luego acudir a bases de datos o a la bibliografía más específica. Pero si solo desea localizar una referencia jurisprudencial o detectar si un determinado precepto o una determinada cuestión han merecido alguna precisión jurisprudencial de relieve en los últimos años, o tener una panorámica completa de esas tendencias jurisprudenciales lo logrará fácilmente manejando esta obra que le librará del empacho, indigestión o aturdimiento que provoca a veces la búsqueda y consulta jurisprudencial. El autor ha convertido los


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Prólogo

empalagosos productos jurisprudenciales en pequeñas píldoras tan nutrientes como el original, pero digeribles sin bicarbonato ni almax. Ahí está el mérito y la utilidad de esta obra que le permite escapar del pecado denunciado por ORTEGA Y GASSET. *** Se recogen de forma sistematizada y muy extractada —casi telegráfica— los pronunciamientos jurisprudenciales en materia penal del Tribunal Supremo, Constitucional y de Estrasburgo relevantes: es decir, aquellos que bien aportan novedades, bien contienen una doctrina significativa. El autor fija su atención fundamentalmente en los tres últimos años: 2015 a 2017; aunque no es infrecuente que se consignen también algunas sentencias de años anteriores; o algún pronunciamiento más antiguo pero extremadamente significativo en cuanto al tema abordado. Se recogen asimismo los acuerdos de pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, de naturaleza discutida pero de innegable importancia práctica. Ese cuerpo doctrinal es parte de la legalidad, que no estará completa sin ese desarrollo (la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico, según la fórmula del Código Civil). La sola consulta de la ley no permite conocer el derecho. Y la sola consulta de las leyes penales —procesales y sustantivas— no arroja una idea exacta del derecho penal. Es indispensable conocer cómo se aplican e interpretan esas leyes, lo que en buen parte —no exclusivamente— viene reflejado en la jurisprudencia, concepto que es ahora mucho más flexible que el que manejábamos hace treinta años. Junto a la doctrina emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hoy es indispensable también contar con la jurisprudencia constitucional (art. 5.1 LOPJ) y la emanada del Tribunal de Estrasburgo (art. 10.2 CE). En un plano distinto, bien por su valor más relativo (jurisprudencia menor) o bien por la todavía escasa incidencia en el marco penal aunque en impetuosa evolución expansiva (jurisprudencia de Luxemburgo), se mueven otros cuerpos jurisprudenciales. En concreto en nuestro ordenamiento penal la última reforma procesal (2015) ha introducido una modalidad casacional que va a permitir homogeneizar la interpretación que las distintas Audiencias Provinciales vienen haciendo de los delitos competencia de los Juzgados de lo Penal que hasta ahora normalmente no tenían acceso a


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Antonio del Moral García

la casación. Se ha estrenado ya esa feliz fórmula que va a provocar previsiblemente en los próximos años acercamientos jurisprudenciales dotados de especial valor a problemas de derecho penal sustantivo que estaban necesitados de una interpretación uniforme. Los primeros son ya recogidos en este trabajo. *** Que los jueces crean derecho es una realidad innegable. Y que en el seno de esa creación judicial del derecho ocupa un plano singular la jurisprudencia de los tribunales de casación también se me antoja indiscutible desde una visión realista, más allá de que podamos discutir y teorizar sobre el valor vinculante de la jurisprudencia para negarlo o subrayarlo; sobre su cohonestabilidad o no con la independencia judicial; o sobre diversos grados de vinculatoriedad en la línea sugerida por la STC 37/2012, de 19 de marzo. Más allá de ese debate, todo precedente judicial aporta algo al derecho, y los emanados de la Corte de casación, Tribunal Constitucional, o tribunales supranacionales aportan algo más. Podremos distinguir diferentes niveles de vinculatoriedad (que oscilarán entre la proclamación legal —v.gr. art. 5.1 LOPJ, o 100.7 LJCA—; los condicionantes procesales —art. 477.3 LEC—; o la praxis judicial —autoprecedentes, autoridad del tribunal—); diversas fuentes de esa capacidad de erigirse en regla (afirmación normativa, autoridad de la argumentación, pura constatación de que es el criterio del órgano jurisdiccional con capacidad de revocar por vía de recurso con el consiguiente efecto disuasorio…); e incluso graduaciones dentro de una misma categoría de resoluciones (según sean más o menos reiteradas; o según procedan del Pleno del órgano o de secciones; o de la fuerza persuasiva de la argumentación…). Pero no podremos negar que para el aplicador del derecho (el Juez al adoptar una decisión; el abogado al reclamarla) tan importante es conocer la ley como la jurisprudencia que la interpreta. La doctrina de los tribunales de casación tiene por ello un valor singular. No porque acierten, sino porque la ley y el sistema procesal les atribuyen ese plus no totalmente homogeneizable ni definible. El valor de los pronunciamientos de casación no radica en que sean los más justos, los más atinados. También la casación es un juez… y como todos los jueces, puede equivocarse… los jueces ye-


Prólogo

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rran más fácilmente cuanto más seguros se crean de no errar, escribía CARNELUTTI. El Juez JACKSON decía a este respecto: no nos pronunciamos los últimos porque somos infalibles sino que somos infalibles porque nos pronunciamos al final (Brown v, Allen, 344, US, 445, 540, 1953). “Creemos, no obstante —se le apostilla en un pronunciamiento del Tribunal Supremo israelita—, que el honorable juez se ha equivocado… La finalidad de nuestras decisiones está basada en la posibilidad de admitir nuestros desaciertos…” (sentencia 243/1983 apud Barak 162). La jurisprudencia es criticable y ha de encerrar potencialidad para evolucionar y cambiar y rectificar; también como fruto del diálogo con litigantes, jueces inferiores, doctrinarios… Pero no puede ser desdeñada pues contribuye al derecho, y a alguna de las características que deben adornarlo: la calculabilidad y previsibilidad, la igualdad real. Tiente razón ANGLADA cuando concede que las decisiones judiciales no son fuente de Derecho ni en teoría ni en nuestro derecho escrito, para inmediatamente advertir que sí lo son en la práctica ante los Tribunales. Si es básica esa idea para quien está llamado a aplicar el derecho, salta a la vista la practicidad de esta obra que facilita el conocimiento de eso que, quizás no sea fuente del derecho, pero se le parece tanto…

ANTONIO DEL MORAL GARCÍA Magistrado del Tribunal Supremo


INTRODUCCIÓN En un escenario intensamente connotado por una aún reciente y sustancial reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que supuso, entre otras, la tipificación de nuevas conductas, la supresión de las faltas y su parcial reconducción a la categoría de delitos leves, el desarrollo y consolidación del régimen de responsabilidad penal de los entes colectivos, la nueva previsión penológica al concurso medial de delitos, la definitiva fijación del criterio cronológico, con carácter exclusivo y excluyente, para la solución de la acumulación jurídicas de penas, una profunda afectación del sistema de medidas alternativas al cumplimiento de las penas privativas de libertad con la meritoria vocación de unificación de las diferentes modalidades de la suspensión de la ejecución, la supresión del instituto de la sustitución ordinaria de la pena, y la confusión o absorción de la libertad condicional por la suspensión de la ejecución del resto de la pena…, así como por la flamante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que, entre otros muchos aspectos como la exigida consolidación de la segunda instancia, ha supuesto la muy plausible extensión del recurso de casación por infracción de ley contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que, previa constatación del requerido interés casacional, se traduce en la deseable tarea unificadora, o función nomofiláctica en palabras de la Sala 2ª, respecto a los delitos menos graves, que conforman una vasta proporción de los previstos en el Código Penal, y cuya extensión típica venía siendo, de sólito, víctima de la heterogeneidad o dispersión interpretativa entre las diferentes Audiencias Provinciales o incluso entre sus propias Secciones, surge esta obra intitulada “Doctrina Penal Actualizada”. “Doctrinal Penal Actualizada”, constituye el resultado de una intensa actividad investigadora, de análisis exhaustivo e individualizado de todas y cada una de las Sentencias dictadas por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los últimos años, que no pretende, en modo alguno, solapar los naturales espacios reservados al código


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Jerónimo García San Martín

penal comentado o al tratado de derecho penal. Por el contrario, su vocación es eminentemente práctica, haciendo abstracción expresa y bienintencionada de cualquier aporte de la doctrina científica y de posicionamientos de este autor, para realzar así sus dos notas definitorias: actualización y vigencia de la doctrina jurisprudencial. Por ello, su contenido queda acotado por el exclusivo tratamiento de aquellas previsiones normativas y tipos penales cuya extensión se ha visto recientemente afectada por pronunciamientos del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y/o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, omitiendo así la alusión a aquellas normas que o bien aún no han sido sometidas a la consideración de nuestro más alto Tribunal (huelga advertir que por razones estrictamente cronológicas nos encontramos ante los prolegómenos de tal elevada función nomofiláctica atribuida y asumida por la Sala 2ª del Tribunal Supremo respecto a los delitos menos graves), o bien porque descansan sobre una doctrina jurisprudencial ya reiterada y consolidada. Las referencias jurisprudenciales pretenden ser sintéticas, resumiendo de un modo cuasi telegráfico el núcleo doctrinal; se ha proyectado resaltar los más actuales posicionamientos jurisprudenciales, cohonestando, asimismo, la norma con la práctica totalidad de los Acuerdos no jurisdiccionales del pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que encuentran, a la fecha, plena y efectiva vigencia. “Doctrina Penal Actualizada” vocaciona ser un recurso útil para el jurista especialista en el orden penal, así como para el opositor que pretende el acceso a la carrera judicial por la categoría de Magistrado en el orden penal, para que con celeridad y eficiencia pueda identificar y localizar los giros y posicionamientos jurisprudenciales más recientes sentados en torno a las previsiones normativas y tipos penales, así como en torno a los principios y derechos fundamentales de carácter eminentemente procesal, las medidas cautelares, las diligencias y medios de prueba, y otras cuestiones procesales que hemos considerado de especial relevancia incluir en la parte tercera de esta obra, tales como el régimen del hallazgo casual, la prueba penal ilícita y su efecto sobre la refleja, o la cadena de custodia, entre otras.


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