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ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL EN HOMENAJE AL DR. SALOMÓN VARGAS GARCÍA

homenajes & congresos

JAVIER ARCE GARGOLLO, MARIO DE LA MADRID ANDRADE EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO, GONZALO GARCÍA VELASCO RAFAEL GIMÉNEZ CAMACHO, XAVIER GINEBRA SERRABOU FRANCISCO GONZÁLEZ DE COSSÍO, HUGO GONZÁLEZ GARCÍA SOYLA H. LEÓN TOVAR, LUIS MANUEL C. MÉJAN LEONEL PEREZNIETO CASTRO, EDUARDO PRECIADO BRISEÑO ALFREDO ALEJANDRO REYES KRAFFT, DIEGO ROBLES FARÍAS

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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

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Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

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Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL EN HOMENAJE AL DR. SALOMÓN VARGAS GARCÍA JAVIER ARCE GARGOLLO MARIO DE LA MADRID ANDRADE EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO GONZALO GARCÍA VELASCO RAFAEL GIMÉNEZ CAMACHO XAVIER GINEBRA SERRABOU FRANCISCO GONZÁLEZ DE COSSÍO HUGO GONZÁLEZ GARCÍA SOYLA H. LEÓN TOVAR LUIS MANUEL C. MÉJAN LEONEL PEREZNIETO CASTRO EDUARDO PRECIADO BRISEÑO ALFREDO ALEJANDRO REYES KRAFFT DIEGO ROBLES FARÍAS

Ciudad de México, 2016

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© Javier Arce Gargollo y otros

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9119-533-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas.

PRESENTACIÓN Hay personas que dejan huella en los diferentes ámbitos de la vida, pero los hay quienes dejan huella en el alma; ese es el caso de Salomón Vargas García.

Salomón, nuestro Salo, acreditó los méritos para recibir el calificativo de jurista. Es por ello que la presente obra permite la reunión del talento de algunos de sus pares, que coincidieron en su aprecio y reconocimiento, en todas sus facetas humanas; nos congrega pues, una noble y obligada tarea: dejar constancia de la huella que Salomón dejó en su paso por la vida.

Agradecemos profundamente a quienes aportaron sus estudios; podrían haber sido muchos más, y seguramente daría para una enciclopedia, pues prácticamente no hay lugar en el que no existan personas que le guardan un especial recuerdo, pero por las lógicas razones de espacio, no es posible.

Gracias a Javier Arce Gargollo; Mario de la Madrid Andrade; Eduardo de la Parra Trujillo; Gonzalo García Velasco; Rafael Giménez Camacho; Xavier Ginebra Serrabou; Francisco González de Cossío; Hugo González García; Soyla H. León Tovar; Luis Manuel C. Méjan; Leonel Pereznieto Castro; Eduardo Preciado Briseño; Alfredo Alejandro Reyes Krafft; y Diego Robles Farías.

Querido Salomón, tú has sido el motivo para la inspiración de estos aportes, de tus amigos, discípulos, compañeros; Salomón, el hombre, el amigo, el profesionista, el esposo, el padre de familia, siembre interesado en los demás, antes que en lo propio; siempre dispuesto a apoyar; siempre generoso con su tiempo y talento. Émulo viviente del personaje, que siempre le recordé, por allá en sus años de inicio académico en el apasionante mundo de la docencia, enarbolando el grito de superación, de liderazgo, de impulso hacia sus alumnos “¡Oh Capitán! ¡Mi Capitán¡” (cita: La sociedad de los poetas muertos), en referencia al poema de Walt Whitman (¡Oh Captain! My Captain!); fuiste innovador, arrojado, inconformista, buscador de nuevos retos; le demostraste al mundo que las personas podemos y debemos hacer más de lo que nos corresponde; con tu enorme energía, a diario, forjaste el camino del éxito.

Como apunta la citada poesía, querido Salomón, “(…) escucha las campanas; date cuenta que izan la bandera por ti; que por ti suenan las cornetas; por ti son los ramos y cintas de coronas, por ti se amontonan en las orillas; por ti te llama

Isaías Rivera Rodríguez

la influyente masa y giran sus rostros impacientes (…)” Estoy seguro que donde estás, seguirás enarbolando ese grito de guerra, y ten la certeza, que todos te seguiremos.

Isaías Rivera Rodríguez.

Guadalajara; Jalisco, diciembre de 2015.

I. LOS CONTRATOS DE DURACIÓN EN MÉXICO Javier ARCE GARGOLLO SUMARIO: 1. El contrato y sus clasificaciones; 2. El contrato de duración; 3. Los contratos de duración en el Código civil federal; 4. Los contratos mercantiles de largo plazo; 5. Los contratos administrativos; 6.

Prórroga y plazo indeterminado; 7. La terminación del contrato de duración; 8. Efectos de la conclusión del contrato.

1. El contrato y sus clasificaciones El concepto del contrato, sus elementos de existencia y validez, así como la normativa general del contrato y del acto jurídico en lo general, deben tomarse de la regulación del Código civil (C.c.)1, cuyas disposiciones resultan aplicables, supletoriamente, en la mayoría de sus principios y reglas a los contratos mercantiles y a los administrativos.

En materia mercantil, el artículo 81 del Código de comercio (C. de c.) establece: “Con las modificaciones y restricciones de este código serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que invalidan los contratos”.

Esta disposición debe completarse con el artículo 2º del mismo ordenamiento que remite al Derecho común como supletorio de la normativa mercantil y señala que éste es el Código Civil Federal.

Con respecto a los contratos administrativos, algunas de las leyes que los regulan, no contienen disposiciones generales sobre el contrato y, generalmente señalan que son normas supletorias de dichas leyes, el Código civil.

Por ejemplo, la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (LAA), dispone en su artículo 11 que:

1

Todas las referencias que se hagan al Código civil en este trabajo, se refieren al Código civil federal.

Javier Arce Gargollo “Serán supletorias de esta ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código civil federal, la ley federal de procedimiento administrativo y el código federal de procedimientos civiles…”

En la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas (LOP) se dice: “Articulo 13.- “Serán supletorias de esta ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código civil federal, la ley federal de procedimiento administrativo y el código federal de procedimientos civiles….”

Hay muy diversos criterios para clasificar contratos. El C.c. contiene un capítulo de clasificación del contrato, que es aplicable, también, a contratos de naturaleza distinta a la civil, como pueden ser los contratos mercantiles y los administrativos. Este ordenamiento distingue expresamente entre contratos unilaterales y bilaterales (arts. 1835 y 1836); onerosos y gratuitos (art. 1837); y a los onerosos los subdivide en conmutativos y aleatorios (art.

1836). Del orden en que se reglamentan los contratos en particular en el C.c., se puede derivar la clasificación de contratos en típicos y atípicos (art.

1858); consensuales, formales y reales (art. 1832); y, por la manera en que están agrupados en la legislación civil en: preparatorios, traslativos de dominio, traslativos de uso y disfrute, de custodia, de prestación de servicios o de gestión, asociativos, aleatorios o de suerte, de garantía y de afirmación y esclarecimiento de derechos.

En materia mercantil, por el distinto carácter que tienen los negocios jurídicos comerciales, se han ideado, como clasificación complementaria a las de los contratos civiles, algunas particularmente aplicables a estos, que atiende a su función económica.

Según su función, causa o finalidad económica, los contratos mercantiles pueden clasificarse, como sugiere Uría, en: a) Contratos de cambio, que procuran la circulación de la riqueza (bienes y servicios), ya sea dando un bien por otro, “do ut des” (compraventa, permuta, cesión de crédito, contrato estimatorio, suministro, operaciones bursátiles), ya sea dando un bien a cambio de un hacer o servicio, “do ut facias” (el transporte y los contratos de obra por empresa en general). b) Contratos de colaboración, en los que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica (empresa) de la otra (contratos de comisión, de mediación, de agencia, de conce-

Los contratos de duración en México

sión, de publicidad, de edición, cinematográficos, de asistencia técnica, de “leasing”, de “factoring”). c) Contratos de prevención de riegos, en los que una parte cubre a la otra las consecuencias económicas de un determinado riego (el seguro en todas sus clases). d) Contratos de conservación o custodia de cosas (el depósito). e) Contratos de crédito, en los que al menos una parte concede crédito a la otra (entran en esta categoría el préstamo, la cuenta corriente y los contratos bancarios en general, aunque también hay contratos bancarios de custodia). f) Contratos de garantía, dirigidos a asegurar el cumplimiento de obligaciones (fianza, prenda e hipoteca)2.

Broseta Pont propone una clasificación similar y distingue entre: a) Contratos de colaboración asociativa (contrato de sociedad). b) De colaboración simple (comisión, agencia, corretaje, asistencia técnica). c) De garantía (fianza, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento). d) De cobertura de riesgos (seguro mercantil). e) De concesión de créditos (préstamos y contratos bancarios)3.

2. El contrato de duración Aunque no hay unanimidad en la clasificación de los contratos con respecto al nacimiento de los efectos y ejecución, en atención al cumplimiento de las prestaciones, se suele hablar de contratos instantáneos, de tracto sucesivo o duración, de ejecución escalonada y de ejecución diferida.

Son contratos de ejecución instantánea aquellos que se crean y consuman en un solo momento, como la compraventa al contado. En los de tracto sucesivo las prestaciones se van cumpliendo de momento a momen-

2 3

Uría, Rodrigo, “Derecho mercantil”, 20ª ed., Marcial Pons ediciones jurídicas, Madrid 1982, Núm. 665.

Cfr. Broseta Pont, Manuel, “Manual de Derecho mercantil”, 7ª ed., Editorial Tecnos, Madrid 1987, p. 392.

Javier Arce Gargollo

to, como el contrato de arrendamiento. En los contratos de ejecución escalonada las prestaciones se repiten en intervalos periódicos, por ejemplo en el suministro. Por su parte en los contratos de ejecución diferida, las obligaciones se cumplen en una sola exhibición posterior a la celebración4.

Al lado de los contratos que se cumplen de una manera inmediata, existen otros que exigen una ejecución reiterada durante un cierto tiempo o un comportamiento continuo. Un ejemplo de los primeros puede ser la compraventa con pago inmediato del precio e inmediata entrega de la cosa. Un ejemplo de los segundos puede ser el arrendamiento.

La idea del tracto de la obligación, que permite distinguir unas obligaciones y unos contratos de tracto único y otros de tracto sucesivo no es, sin embargo, demasiado expresiva. La idea de tracto denota simplemente un lapso o un transcurso de tiempo. Por eso, en la doctrina moderna, se ha hablado con mayor exactitud, de relaciones obligatorias continuadas o duraderas.

Existe una relación obligatoria instantánea cuando inmediatamente queda extinguida la relación con la realización de la prestación o de las prestaciones previstas en ella. En cambio, son relaciones obligatorias duraderas todas aquellas cuyo desenvolvimiento supone un periodo de tiempo mas o menos prolongado y por tanto una pervivencia temporal, toda vez que su continuación implica una conducta duradera o bien la realización de una serie de prestaciones periódicas (arrendamiento, préstamos, depósito, trabajo, sociedad, gestión, suministro, etc.)5.

3. Los contratos de duración en el Código civil federal La gran mayoría de los contratos que disciplina el C.c. son contratos de largo plazo o de duración, en los que las prestaciones de una o de las dos partes se cumplen en un tiempo posterior a su celebración. El plazo, en estos contratos, juega un importante papel y por esa razón, algunas disposiciones hacen expresa referencia a éste.

El contrato de promesa debe tener un plazo para su cumplimiento, que consiste en la celebración del contrato definitivo que se obligaron a ce-

4 5

Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, “Contratos civiles”, 7ª ed., Editorial Porrúa, México 2000, p. 50.

Diez Picazo, Luis, “Fundamentos del Derecho civil patrimonial”, 2ª ed., Editorial Tecnos, Madrid 1983, t. I, p. 522.

Los contratos de duración en México

lebrar las partes. El plazo es un elemento de validez del contrato como expresamente se establece en el art. 2247 del Código.

La compraventa puede tener algunas modalidades o formas de ser. Puede celebrarse como un contrato en el que las partes cumplen con sus respectivas prestaciones de trasmitir la propiedad y pagar el precio al momento de su celebración (ejecución instantánea). Pero puede también pactarse una compraventa a plazos o en abonos (art. 2310), así como, con reserva de dominio en la que se estipula que el comprador tiene un término para pagar la totalidad del precio, momento en el que, en esta última modalidad, se le trasmite la propiedad por el vendedor (art. 2312).

El mutuo contiene un plazo para que el deudor devuelva el dinero o cosa fungible (art. 2384) y, si no se establece ese plazo en el contrato, hay una norma supletoria que lo señala (art. 2385).

En este contrato, como en muchos otros, está implícito el concepto del crédito que, desde el punto de vista jurídico, la voluntad consiste aquí en devenir acreedor de una obligación aplazada, es decir, la voluntad de realizar anticipadamente una prestación y ser acreedor del equivalente económico. Se produce por tanto una pausa entre el ejercicio del derecho por parte del acreedor y el cumplimiento por parte del deudor.

En el patrimonio del acreditado entra una cosa con carácter definitivo, y al propio tiempo nace una obligación de cumplimiento diferido. El interés aparece entonces como precio del tiempo6.

El contrato de arrendamiento, por el que el arrendador concede al arrendatario el uso o goce temporal de una cosa (art. 2398), es esencialmente un contrato de duración. Generalmente las partes pactan un plazo (art.

2483-I), pero si a la llegada de éste, el arrendatario continúa en el uso sin oposición del arrendador, éste continua por tiempo indefinido (art. 2487), lo que se conoce en la jurisprudencia y la doctrina como “tácita reconducción”.

El comodato, contrato gratuito por el que el comodante se obliga a conceder el uso de una cosa no fungible (art. 2497), es un contrato de duración. Al plazo se hace referencia en la ley (arts. 2511 y 2512).

Por el contrato de depósito, el depositario recibe del depositante una cosa mueble o inmueble y se obliga a guardarla por un tiempo hasta que la pida el depositante (art. 2516).

6

Garrigues, Joaquín, “Curso de Derecho mercantil”, Editorial Porrúa, México 1979, t.II, p. 162.

Javier Arce Gargollo

El mandato, contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante actos jurídicos (art. 2546), se desarrolla en el tiempo e involucra un plazo de cumplimiento de las obligaciones de las dos partes.

Principios similares se aplican al contrato de prestación de servicios (art.

2606). El contrato de transporte es, también, de duración (art. 2646).

Los contratos de asociación (art. 2670) y sociedad civil (art. 2688), que dan origen al nacimiento de una persona moral distinta a los asociados o socios, y que tiene una vida propia, es un contrato de largo plazo.

Los tres contratos de garantía que regula el C.c., fianza (art. 2794), prenda (art. 2856) e hipoteca (art. 2893), son contratos de duración. En el primero, el fiador se compromete a pagar si el acreedor no lo hace; en la prenda e hipoteca se constituye a favor del acreedor un derecho o gravamen real sobre un bien que garantiza el pago de una deuda. En la prenda la cosa se entrega al acreedor y en la hipoteca el deudor conserva el bien.

4. Los contratos mercantiles de largo plazo A diferencia de los civiles, “los contratos son intrínsecamente mercantiles cuando su mercantilidad es inherente a la naturaleza misma y a la función económica característica de las operaciones.

Son actos de interposición en el cambio de mercancías, títulos, crédito, empresa, riesgos, de banca, seguros, fianzas y en general del sistema financiero, pero no existe una definición que aglutine todos los contratos mercantiles.”7

Las disposiciones que regulan a los vigentes contratos mercantiles típicos están dispersas en multitud de leyes mercantiles, como el C. de c., la Ley general de sociedades mercantiles, la Ley general de títulos y operaciones de crédito, la Ley sobre el contrato de seguro (LCS), la Ley de instituciones de crédito, la Ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y la Ley de navegación y comercio marítimo, entre otras más.

Los contratos disciplinados en el C. de c., salvo el de consignación, tienen su correspondiente en el C.c.; a esto se le ha llamado “regulación por partida doble de los actos de comercio”8.

7 8

León Tovar, Soyla, H., “Contratos mercantiles”, 1ª ed., Oxford University Press, México 2004, p. 8.

Garrigues, “Curso de Derecho mercantil”, op. cit., t. II, p. 12.

Los contratos de duración en México

Algunos de los contratos mercantiles a que me voy a referir, son contratos de duración, pues una característica de los modernos contratos de empresa es el que las partes busquen relaciones contractuales permanentes. Es por ello que una de las causas de aparición de contratos mercantiles atípicos es que las leyes mercantiles no regulan contratos propios para la economía moderna. El C. de c. regula contratos que son propios del comercio, como la compraventa, el transporte, la comisión y el depósito, pero no contempla figuras contractuales propias de la industria o de la prestación de servicios de las grandes organizaciones empresariales.

La reciente aparición de multitud de contratos atípicos se debe a diversos factores, entre los que cabe destacar, la actividad de programación de las empresas que originan numerosos contratos de duración para la distribución de sus productos y servicios y el aprovisionamiento de materias primas de forma estable, y que busca eludir las dificultades que la aplicación de los esquemas legales relativos a contratos aislados y prestaciones de una economía distinta a la actual puede crear en su gestión empresarial9.

Son contratos mercantiles típicos, duraderos, regulados por el C. de c.: la comisión, la consignación (o estimatorio), el depósito, el préstamo y el transporte. De la Ley general de sociedades mercantiles: la sociedad y la asociación en participación, son de largo plazo. La Ley general de títulos y operaciones de crédito, reglamenta como operaciones de crédito: el reporto, los depósitos bancarios y de mercancía, la apertura de crédito, la cuenta de crédito, los créditos de habilitación o avío y el refaccionario, la prenda, el fideicomiso, el arrendamiento financiero y el factoraje, todos ellos de ejecución continuada. La Ley sobre el contrato de seguro, que regula a las diferentes clases de seguros, se refiere siempre al contrato de seguro como una relación de largo plazo. Los contratos bancarios que reglamentan las leyes de instituciones de crédito y la Ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, como operaciones activas o pasivas, o los depósitos en almacenes generales de depósito, modos de ser del préstamo y del depósito, son contratos duraderos. La ley de navegación y comercio marítimos contiene los contratos de fletamento e hipoteca marítima. La Ley de propiedad industrial regula al contrato de franquicia, que se cumple en un plazo largo.

Hay, además, contratos de naturaleza mercantil que son atípicos por no estar regulados en la ley, y que frecuentemente se celebran en la práctica,

9

Vicent Chulía, Francisco, “Compendio crítico de Derecho mercantil”, 2ª ed., Librería Bosch, Barcelona 1986, t. II, p. 44.

Javier Arce Gargollo

es decir tienen “tipicidad social”, y son todos ellos de largo plazo. Entre otros se mencionan: el suministro, el corretaje o mediación, los contratos de agencia, de distribución y de esponsorización o patrocinio publicitario.

El contrato de suministro, por el que el cual una parte se obliga, a cambio de un precio, a realizar a favor de otra prestaciones periódicas o continuadas de ciertas cosas, puede ser de duración continuada o periódica, en atención al objeto del suministro.

El contrato de corretaje tiene por finalidad que el corredor o mediador se obligue a indicar a la otra parte la oportunidad de concluir un negocio jurídico o a servirle de intermediario en esta conclusión a cambio de una comisión o premio.

Por el contrato de agencia una parte asume de manera estable el encargo de promover, por cuenta de la otra, mediante retribución, la conclusión de contratos. La relación entre el agente y el principal es estable y permanente.

En el contrato de distribución, el distribuidor se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante, productor o principal (concedente) en los términos y condiciones de reventa que éste señale.

Todos los contratos atípicos anteriores son de colaboración y de duración.

Generalmente contienen un plazo largo de terminación o son por tiempo indeterminado, con la posibilidad de que las partes lo concluyan mediante un preaviso a la otra parte.

5. Los contratos administrativos “El contrato administrativo es el contrato que celebra la Administración Pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público”10.

En los contratos administrativos, las partes contratantes están en un plano desigual, pues la Administración Pública aparece en una situación de superioridad jurídica respecto del particular, ya que tiene ciertas prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente a la contraparte. Estos contratos se caracterizan por contener lo que se conoce como cláusulas

10

“Diccionario jurídico mexicano”, 2ª ed., UNAM, Editorial Porrúa, México 1987, voz: contrato administrativo (Alfonso Nava Negrete).

Los contratos de duración en México

exorbitantes, que son derogatorias del derecho común, inadmisibles en los contratos privados, porque rompen el principio esencial de la igualdad de los contratantes y el de la libertad contractual.

Por ejemplo, en los contratos administrativos no se respeta el principio de la inalterabilidad del contrato ya que la Administración puede introducir modificaciones. Además, el Estado tiene la facultad de rescindir unilateralmente el contrato cuando las necesidades públicas lo exijan. Esta subordinación o desigualdad jurídica responde a los diferentes propósitos de las partes, pues al fin económico privado se opone y antepone un fin público o necesidad pública colectiva que puede afectar la ejecución del contrato.

Los límites de estas cláusulas están señalados por la juridicidad de la actividad administrativa, tanto en su aspecto regulado como en el discrecional. Las principales leyes federales mexicanas que regulan a los contratos administrativos son: La ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Las dos leyes tienen por objeto reglamentar la aplicación del articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza (art. 1º LAA); y, la segunda en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas (art. 1º LOP), Ambos ordenamientos tienen la finalidad de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Al proveedor o contratista, que es un contratante particular, se les elije, generalmente, mediante un procedimiento de licitación publica (arts. 26 LAA y 27 LOP).

En las adquisiciones, arrendamientos y servicios debe pactarse la condición de precio fijo (art. 44 LAA) y, en los contratos de obra pública, puede haber ajustes de precios cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados (art. 56 LOP).

Estos contratos son contratos de duración, que tienen un plazo pactado para su ejecución, pero que pueden darse por terminados unilateralmente por voluntad de la Administración Pública.

En las dos clases de contratos, las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando existan causas justificadas que demuestren que de continuar con las obli-

Javier Arce Gargollo

gaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado (arts.

54 bis LAA y 60 LOP).

6. Prórroga y plazo indeterminado A la llegada del plazo pactado, el contrato termina, aunque hay algunos efectos que se dan, precisamente por esa conclusión de la relación contractual. Por ejemplo, la rendición de cuentas en el mandato, la comisión, el corretaje o la agencia; o la devolución de mercancías no vendidas en los contratos de distribución y de franquicia de naturaleza comercial.

En ciertos casos las partes expresamente señalan una duración indefinida y la terminación se hace mediante un preaviso dado a la contraparte en un plazo pactado o prudente.

Además, hay contratos que no tienen una fecha cierta de terminación lo que los hace de plazo indeterminado. En estos casos, la relación contractual concluye por medio de un preaviso que una de las partes hace a la otra. Esto se previene para el arrendamiento en el art. 2478 del C.c. en estos términos: “Todos los contratos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán por voluntad de cualquiera de las partes contratantes., previo aviso escrito dado a la otra parte de manera fehaciente con treinta días hábiles de anticipación…”

Los “Principios sobre los contratos comerciales internacionales”, que en forma abreviada se designan como “Principios de UNIDROIT”11 establecen: “Cualquiera de las partes puede resolver un contrato de tiempo indefinido, notificándolo con suficiente anticipación “ (art. 5.1.8).

Otra situación que da origen a la terminación anticipada es que exista una “causa justa” de terminación, prevista en el propio contrato que signifique una falta grave de una parte a la otra y que no permita que la

11

Cfr. Bonell, Michael Joachim, “UNIDROIT Principles 2004. The New Edition of the Principles of International Commercial Contractas adopted by the International Institute for the Unification of Private Law”, Uniform Law Review, 2004, p. 5 a 40. La versión de los “Principios” 2004 en español, se publicó en México por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro Mexicano de Derecho Uniforme, de la Universidad Nacional Autónoma de México (2007) y fue traducida bajo la dirección del profesor Alejandro M. Garro en colaboración con Hernany Veytia Palomino (México) y juristas provenientes de diversos países de lengua española.

Los contratos de duración en México

relación del contrato continúe satisfactoriamente. Algunos pactos de esta naturaleza en contratos de duración, permiten que la parte que incurrió en una causa justa de terminación tenga un plazo para subsanarla y permita que el contrato continúe. Caso similar a éste se da cuando por algunos supuestos previstos en el contrato, se suspenden las obligaciones de una de las partes durante el tiempo que dura el incumplimiento de la contraparte.

Por ejemplo, en un contrato de suministro, si el suministrado no paga al suministrador dos o tres entregas, se suspende su obligación de entregar futuros pedidos hasta que el suministrado cumpla con los pagos atrasados.

En los contratos de duración, en principio, el término se establece en beneficio de las dos partes (art. 1958 del C.c.). Sin embargo, en algunos contratos existe la posibilidad de que se prorroguen sus efectos después de llegado el plazo. Esto puede suceder porque lo pida una parte a la otra, en términos de lo pactado en el contrato; o, porque se prorrogue tácitamente.

“Una tácita continuación en la ejecución de las prestaciones previstas puede considerarse como una prórroga tácita”12. El C.c. previene esta “tácita reconducción” para el contrato de arrendamiento, principio que puede aplicarse, por analogía, a otros contratos de duración, que los convierte en contratos de plazo indeterminado. Los artículos 2487 y 2478 del C.c. lo prevén así para el arrendamiento: Si después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento, el arrendatario continua sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, continuará el arrendamiento por tiempo indeterminado,…pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del contrato en los términos del artículo 2478…”

En el contrato de seguro, se previene la “renovación tácita del contrato” que no puede exceder de un año (art. 17 LCS).

7. La terminación del contrato de duración La denuncia unilateral del contrato, es una facultad excepcional en nuestro derecho. Puede tener su origen en la ley o en la voluntad de las partes que así lo acuerdan, pero que solo es válido en determinados contratos. El art. 1797 del C.c. establece el principio general de que: “la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.”

12

Díez Picazo, op. cit., t. I, p. 528.

Javier Arce Gargollo

Algunas de las excepciones a esta norma general que contemplan nuestras leyes son: a) El arrendamiento por tiempo indeterminado concluye por voluntad de cualquiera de las partes mediante preaviso dado con treinta días si es de habitación y de un año si es rústico de comercio o de industria (art. 2478 del C.c.). b) Si en el comodato no hay plazo, el comodante puede exigir la cosa cuando le pareciere (art. 2511 del C.c.). c) El depositante puede pedir al depositario los bienes dados en custodia en cualquier momento (art. 2516 del C.c. y art. 335 del C. de c.). d) El mandato termina por revocación del mandante o renuncia del mandatario (art. 2596 fracs. I y II del C.c.). e) En la prestación de servicios profesionales, el profesor puede avisar que no continuará prestando sus servicios (art. 2614 del C.c.). f) El dueño de una obra a precio alzado puede desistirse si indemniza a la contraparte (art. 2635 del C.c.). g) El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador (art.

2663 del C.c.). h) Los asociados pueden separarse de la asociación, previo aviso de dos meses (art. 2680 del C.c.). i) El socio puede renunciar a la sociedad civil (art. 272 fracc. VI del C.c.). j) El comitente puede revocar en cualquier momento la comisión al comisionista; pero éste no puede renunciar sin justa causa, pues adquiere responsabilidad frente al comitente (art. 308 del C. de c.), salvo que exista relación laboral sujeta a la LFT. k) Si el contrato entre el principal y sus dependientes no tiene plazo, cualquiera puede darlo por concluido con aviso de un mes (art. 328 el C. de c.). l) Los socios en las sociedades mercantiles tienen, excepcionalmente, el derecho de retiro en algunos supuestos previstos en la ley (arts.

50, 57, 86, 206 y 228 bis de la LSM). m) En el contrato de apertura de crédito, cualquiera de las partes puede denunciarlo mediante aviso (art. 294 de la LTOC).

Los contratos de duración en México

n) En las ventas a domicilio, por escrito, el comprador puede “revocar su consentimiento” (así) dentro de los cinco días posteriores a la celebración del contrato (art. 56 de la Ley federal de protección al consumidor). o) En los contratos administrativos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, las dependencias y entidades de la Administración Pública pueden, en cualquier momento, rescindir administrativamente los contratos (art. 54 bis de la LAA). p) En los contratos de obras públicas y servicios relacionados, la Administración Pública, en todo momento tiene el derecho de rescindir administrativamente los contratos (art. 60 de la LOP).

8. Efectos de la conclusión del contrato “En términos generales la regla de la retroactividad de los efectos resolutorios no se aplica cuando la resolución afecta a relaciones duraderas, que total o parcialmente se encontraban ya consumadas (por ejemplo, arrendamiento, suministro, etc.). La resolución en tales casos extingue el vínculo obligatorio con efectos ex nunc”13.

Este principio no aparece en la legislación mexicana en forma expresa , pero se entiende que las prestaciones periódicas ya concluidas o consumidas no se pueden restituir. Algunos preceptos aluden indirectamente a este principio, por ejemplo: en la compraventa en abonos (art. 2311 del C.c.) o en la compraventa a plazos (art. 70 de la LPC) vendedor y comprador deben restituirse las prestaciones, pero si el vendedor entregó la cosa tiene derecho a exigir una renta al comprador por el uso. Dice el artículo 2311 del C.c.

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Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa.

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Díez Picazo, op. cit., t. I, p. 876.

Como referencia legislativa interesante el C.c. ital. señala: “La resolución del contrato por incumplimiento tiene efectos retroactivos entre las partes, salvo en el caso de los contratos de ejecución continuada o periódica, con respecto a los cuales los efectos de la resolución no se entienden a las prestaciones antes realizadas (art. 1458)”.