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el recurso de amparo: un enfoque laboral jesĂşs r. mercader uguina magdalena nogueira guastavino

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EL RECURSO DE AMPARO: UN ENFOQUE LABORAL

JESÚS R. MERCADER UGUINA Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Ex-Letrado del Tribunal Constitucional

MAGDALENA NOGUEIRA GUASTAVINO Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid.

Letrada del Tribunal Constitucional

tirant lo b anch Valencia, 2005

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Directores de la Colección:

JESÚS R. MERCADER UGUINA Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III

MAGDALENA NOGUEIRA GUASTAVINO

Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid

©

JESÚS R. MERCADER UGUINA MAGDALENA NOGUEIRA GUASTAVINO

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: I.S.B.N.: 84 - 8456 - 363 - 4

A nuestro querido Maestro, Luis Enrique de la Villa Gil

Índice Prólogo .............................................

I . TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RECURSO DE AMPARO II. DERECHOS Y LIBERTADES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL RECURSO DE AMPARO 1. Derechos fundamentales y derechos constitucionales tutelables en amparo, dos conceptos no necesariamente coincidentes ..................................

2. Derechos constitucionales susceptibles de recurso de amparo. Exclusiones ..............................

3. El objeto de protección del recurso de amparo: la tutela del contenido constitucional del los derechos ...........

4. Contenidos constitucionalmente conexos ............

A) Sindicatos y asociaciones empresariales .........

B) Derecho a la negociación colectiva y adopción de medidas de conflicto ...........................

C) La problemática institución del «contenido adicional» de los derechos fundamentales ................

III. OBJETO Y FINALIDAD DEL RECURSO DE AMPARO 1. Actos de los poderes públicos ....................

2. La Drittwirkung de los derechos fundamentales. La necesaria intermediación de los pronunciamientos judiciales 3. Finalidad del recurso de amparo ..................

A) El restablecimiento del derecho o libertad vulnerado B) Los problemas del contra-amparo ..............

IV. REQUISITOS PREVIOS A LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE AMPARO 1. Recursos de amparo del art. 43 y 44 LOTC: requisitos generales consecuencia del carácter subsidiario del recurso de amparo .................................

2. La exigencia del agotamiento de la vía judicial previa ..

A) El agotamiento de la vía judicial procedente con carácter previo a la interposición del recurso de amparo basado en lesiones del poder ejecutivo y administrativo (art. 43 LOTC) ..............................

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ÍNDICE

B) El agotamiento de la vía judicial procedente con carácter previo a la interposición del recurso de amparo basado en lesiones del poder judicial (art. 44 LOTC) a) Fundamento y finalidad del requisito ......... b) La reparación a través de los recursos útiles: las peculiaridades del recurso de casación para la unificación de doctrina y los problemas de la reforma de la LOPJ ........................... c) Recursos interpuestos en tiempo y forma: su alcance en el recurso de casación para la unificación de doctrina ................................ d) La demanda prematura y los recursos de amparo ad cautelam ............................

3. La invocación en la vía judicial previa del derecho constitucional vulnerado .............................

A) Una exigencia común en los procesos de amparo de los arts. 43 y 44 LOTC ..........................

B) Fundamento y finalidad del requisito ............

C) Forma y tiempo de la invocación ...............

D) Supuestos especiales: inexistencia de recurso y dilaciones indebidas ..............................

4. La vulneración debe ser «imputable de modo inmediato y directo» a un poder público ......................

5. La intangibilidad de los hechos considerados como probados por las resoluciones impugnadas ..............

V. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE AMPARO 1. Legitimación activa ............................

A) Legitimación privada ........................ a) La integración de la norma constitucional con la LOTC: el interés legítimo y la exigencia de haber ido parte en el proceso judicial previo ........... b) Sucesión procesal ........................ c) La persona natural como demanda de amparo .. d) Los demandantes personas jurídicas privadas .. e) Los demandantes personas jurídico públicas ...

B) La legitimación institucional del Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal: la defensa de terceeros en el ámbito laboral .............................

2. Legitimación pasiva ............................

VI. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE AMPARO, LUGAR Y PLAZO DE INTERPOSICIÓN 1. Requisitos de la demanda de amparo ..............

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ÍNDICE

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Postulación y asistencia letrada ................

Idioma ...................................

Estructura y contenido .......................

Documentación .............................

La subsanación de los defectos apreciados en la demanda de amparo ..........................

2. El plazo y el lugar de interposición de la demanda de amparo .....................................

A) El plazo de veinte días hábiles de caducidad ......

B) La no suspensión del plazo en caso de recursos manifiestamente improcedentes ....................

C) Dies a quo: cómputo desde la fecha de notificación de la resolución recurrida o en que se tuvo conocimiento de la misma ...............................

D) Dies a quem y lugar de interposición del recurso de amparo ...................................

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A) B) C) D) E)

VII. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE AMPARO: FASE DE ADMISIÓN 1. Competencia objetiva para el conocimiento de los recursos de amparo ...................................

2. Clases de inadmisión en el recurso de amparo .......

A) La inadmisión por providencia .................

B) Inadmisión mediante Auto ....................

C) La posibilidad de inadmisión parcial ............

3. Concurrencia de defectos subsanables .............

4. Causas de inadmisión ..........................

A) Incumplimiento de presupuestos o requisitos procesales —art. 50.1.a) LOTC— ..................... a) Actos que no provienen de un poder público .... b) Actos de los poderes públicos no susceptibles de recurso de amparo ....................... c) Falta de jurisdicción ...................... d) Falta de agotamiento de la vía judicial previa ... e) Falta de invocación de la lesión acaecida en la jurisdicción ordinaria ..................... f ) Falta de legitimación ...................... g) Extemporaneidad de la demanda de amparo ...

B) Derechos y libertades no susceptibles de amparo constitucional —art— 50.1.b) LOTC— ...............

C) Falta de contenido constitucional ...............

D) Uniformidad de la jurisprudencia —art— 50.1.d) L O T C — ...................................

E) Incumplimiento de la subsanación requerida por el Tribunal Constitucional —art. 50.5 LOTC— .......

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5. Medios de impugnación .........................

VIII. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 1. Remisión de las actuaciones .....................

2. Emplazamiento de los interesados .................

3. Fase probatoria ...............................

4. Comunicación a las partes de la existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar la admisión o inadmisión del recurso planteado: el alcance del art. 84 LOTC ..............................

5. El trámite de alegaciones: presupuestos y finalidad ...

6. Sustitución del trámite de alegaciones por una vista oral IX. SUSPENSIÓN CAUTELAR EN EL RECURSO DE AMPARO 1. Tramitación procesal ...........................

2. Doctrina general sobre la suspensión cautelar .......

3. Supuestos en la jurisdicción social .................

X. LA SENTENCIA 1. Terminación del procedimiento ...................

2. Resolución de los recursos de amparo constitucional y sus efectos ......................................

A) La «declaración de nulidad» .................. a) Sentencias estimatorias de amparo en las que el fallo contiene una medida de reparación del derecho lesionado ........................... b) Sentencias estimatorias de amparo en las que el fallo contiene una medida de retroacción de las actuaciones al momento procesal en que se produjo la lesión del derecho lesionado ..............

B) El «reconocimiento del derecho» ...............

C) El «restablecimiento en la integridad» del derecho: sentencias declarativas .......................

D) Otros contenidos del fallo .....................

3. Sentencias que dejan imprejuzgado el fondo: sentencias de falta de objeto y desistimiento ....................

A) Sentencias de falta de objeto ..................

B) Sentencias de desistimiento ...................

C) Las sentencias de inadmisión ..................

4. La autocuestión de inconstitucionalidad o cuestión interna de constitucionalidad ...........................

5. Recursos contra sentencias ......................

6. Costas y sanciones ............................

XII. EJECUCIÓN

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Prólogo En este libro se analiza el recurso de amparo desde la variedad de ángulos que permite la combinación de su regulación en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con las especialidades técnicas del ordenamiento laboral, especialmente del sistema de recursos del orden social de la jurisdicción, aunque no sólo. Como diré, en el libro de Jesús Mercader y Magdalena Nogueira no hay solo un punto de vista estrictamente procesal, que por lo de más sería inobjetable. Su propósito es el de delimitar con rigor y coherencia la institución analizada, el recurso de amparo, movido por la preocupación de desbrozar un entramado jurídico en el que entran en juego técnicas de articulación progresivamente complejas de los respectivos campos de actuación de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria al servicio de la protección de los derechos fundamentales.

Su título pone de manifiesto que se trata de un enfoque laboral, es decir, de una aproximación al recurso de amparo desde la visión y experiencia del Derecho del Trabajo y de la regulación del proceso en el orden social de la jurisdicción, que J. Mercader y M. Nogueira cultivan como profesores de la disciplina. Ese enfoque, sin embargo, no se separa del régimen constitucional y legal de la institución, de su «sustancia constitucionalista», que asimismo Mercader y Nogueira conocen bien como letrados al servicio del Tribunal Constitucional, régimen cuyo detallado análisis discurre sucesivamente, como el índice de la obra descubre con facilidad, a través del objeto y finalidad del recurso de amparo, los requisitos previos a su interposición, la legitimación, la demanda y sus requisitos y el lugar y plazo de su presentación, las fases de su tramitación, la suspensión cautelar, la sentencia y su ejecución. La exégesis de la normativa reguladora no deja en momento alguno de dotarse de contenidos tomados de una riquísima jurisprudencia constitucional a lo largo de su curso evolutivo en estos veinticinco años y de acompañarse en ocasiones de la propia valoración crítica de

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los autores, que con amplitud hacen gala de su libertad de criterio. Se trata de un tratamiento completo del recurso de amparo desde el enfoque laboral elegido, muy apegado a su realidad jurídica funcional, por lo que puede también calificarse como un libro de experiencia, de suma utilidad ante la densidad cobrada por la jurisprudencia constitucional sobre el recurso de amparo que ha creado su propio Derecho procesal. El libro pone en orden y sistema numerosísimas decisiones de la jurisdicción constitucional.

El análisis de los requisitos de admisibilidad de la demanda de amparo constituye el núcleo del trabajo y absorbe parte importante de su extensión. El conjunto de requisitos previos a su interposición y las causas de inadmisión del recurso, que corren interrelacionadamente, y su ordenación a la preservación de su naturaleza subsidiaria («el carácter subsidiario del recurso de amparo es ... medular», en palabras reiteradas de los autores) han merecido una detenida exposición en la que encontrará el lector cuáles son las reglas y el tipo de soluciones generales (no obstante la disparidad de circunstancias particulares concurrentes en cada caso) aplicado en el trámite de admisión o inadmisión del recurso de amparo, desvelando las razones jurídicas y prácticas que subyacen a la dinámica y significación propias del mencionado principio de subsidiariedad. Es ésta una exposición preocupada de los límites con que estas reglas deben emplearse para no dejar el recurso de amparo a merced de una lógica expansiva que conduce a su desnaturalización, pero celosa al tiempo de observar con fidelidad la ordenación constitucional y legal establecida que exige la satisfacción efectiva de los derechos fundamentales a través de dicho recurso como remedio último frente a su vulneración por los poderes públicos.

Especial mención merece el cuidadoso examen de los problemas concretos y singulares que afectan a la pertinencia y utilidad de los recursos para agotar la vía previa tanto en los amparos administrativos, como en los judiciales o en los «mixtos», a la utilización de recursos o remedios procesales inexistentes o manifiestamente improcedentes en relación con el plazo de la demanda de amparo o a las decisiones de inadmisión del recurso que aplican el art. 50.1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal

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Constitucional, que contiene la causa de inadmisión mas relevante tanto cuantitativamente («afecta en torno al 70 por 100 de las decisiones de inadmisión»), como cualitativamente, pues permite un juicio anticipado sobre el fondo, una desestimación anticipada . Asoma aquí un estudio de trazo grueso de los varios miles de providencias de inadmisión que el Tribunal Constitucional dicta, que constituyen aún un terreno virgen para la indagaciónjurídico-constitucional.

Desde la óptica de la tutela en amparo de las resoluciones dictadas en el orden social de la jurisdicción se ocupan Mercader y Nogueira de las singularidades de la exigencia legal de interposición de «todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial» (art. 44.1.a) LOTC) en relación, entre otros, con el recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo bajo la modalidad de casación para la unificación de doctrina y el excepcional incidente de nulidad de actuaciones regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es sabido que la utilidad v. inutilidad del recurso y su procedencia v. manifiesta improcedencia conoce en la jurisprudencia constitucional una «doctrina de “matices”» a propósito precisamente de la casación unificadora de doctrina. Los autores valoran positivamente esa matizada doctrina, alejándose de las críticas doctrinales que atribuyen al Tribunal Constitucional hipotéticos excesos impropios de su quehacer al examinar el cumplimiento de los requisitos de recurribilidad y procedencia de dicho recurso, que sólo al Tribunal Supremo corresponden (salvo incursión en manifiesta irrazonabilidad, arbitrariedad o error fáctico patente). Al contrario, enmarcan esa doctrina en el necesario agotamiento de la vía judicial previa, comprensiva del recurso de casación para la unificación de doctrina con carácter general y no únicamente cuando la pretensión esgrimida en la demanda de amparo sea la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), pero sin someter su interposición obligada «al mismo rigorismo aplicado a otros recursos y remedios» («probablemente ... como consecuencia del ya de por sí restrictivo posicionamiento del Tribunal Supremo a la hora de dar por cumplidos los requisitos ...»); solo en los casos en que sea evidente, «por groseramente palmaria, la utilidad de este recurso, el rigorismo de la subsidiariedad se aplica por el

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Tribunal Constitucional sin ambages». La modulación de efectos afecta igualmente a la frustración del dicho recurso por la negligencia o impericia de la parte, que se sigue únicamente de su interposición extemporánea o del incumplimiento manifiesto de algunos de sus requisitos elementales; no, en cambio, de la inobservancia de otro tipo de requisitos que van paulatinamente reconduciéndose en la jurisprudencia constitucional, al hilo de la fijación de su exigencia por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al mas complejo y al tiempo esencial, cual es la falta de contradicción entre la sentencia impugnada y las ofrecidas de contraste, caso en que el recurso de casación unificadora agota la vía previa y no es manifiestamente improcedente. La especificidad de este recurso se retoma en la estructura y contenido de la demanda de amparo y en el análisis de su tramitación en fase de admisión, en concreto a propósito de la invocación formal previa y temporánea del derecho constitucional vulnerado en relación con la singular función unificadora de doctrina que cumple esa concreta modalidad casacional del orden jurisdiccionalsocial.

Por su parte, la exigencia del incidente de nulidad de actuaciones pone de manifiesto, entre otras cuestiones, el posible entrecruzamiento de la casación unificadora en la obtención de firmeza de la sentencia de suplicación y la utilización de aquel incidente frente a ésta para remediar los específicos y limitados vicios o lesiones procesales que el incidente cubre, siempre que en el extraordinario recurso de casación no quepa reparar la indefensión presuntamente sufrida, con las tensiones entre la prematuridad y la extemporaneidad de la demanda de amparo como telón de fondo.

El enfoque laboral del recurso de amparo se detiene asimismo en el carácter excepcional de la suspensión cautelar de las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción social objeto de impugnación (sobre sanciones laborales y despidos, multas en procesos laborales, jornada, publicación de resultados electorales sindicales, excedencias). Recorre los distintos contenidos de los fallos de las sentencias estimatorias (declaración de nulidad de despidos u otras sanciones laborales o actos empresariales lesivos de derechos constitucionales; medidas de retroacción de

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actuaciones en supuestos de vulneración judicial del art. 24 CE y en algún caso del art. 14 CE; sentencias meramente declarativas de la vulneración del derecho de libertad sindical en relación con el de negociación colectiva) para llegar a los que aprecian la lesión en la ley aplicada con el subsiguiente planteamiento de la cuestión de la inconstitucionalidad de la ley al Pleno del Tribunal (art. 55.2 LOTC). Previamente los autores se han ocupado del aspecto nada intranscendente de la inexistencia en nuestro modelo del recurso de amparo frente a leyes. Y sobre la conexión necesaria entre la estimación del recurso de amparo porque la lesión del derecho fundamental se ocasione por la propia ley aplicada y el planteamiento de la cuestión «interna» o «autocuestión» de inconstitucionalidad advierten que rara vez se ha recurrido a este mecanismo en materias laborales y de Seguridad Social. Así es, en efecto, con la particularidad adicional de que, cuando excepcionalmente así se ha hecho (caso de la STC 125/1994 a propósito del art. 45 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990), la duda de inconstitucionalidad se ha saldado inesperadamente —aunque la explicación de los autores sobre la disociación entre el proceso constitucional de amparo y el de depuración de la validez constitucional de la ley sea técnicamente irreprochable— con un resultado favorable a la constitucionalidad del precepto legal (STC 48/1995). En fin, el libro se cierra con el relevante tema de la ejecución de las sentencias de amparo, en el que, en cambio, es frecuente la presentación de «connotaciones laborales», tanto en lo que se refiere a la legitimación para la interposición de incidentes de ejecución (caso de órganos de representación colectiva que no han sido parte en el recurso de amparo), como al objeto de la ejecución misma ante «la rebeldía judicial» frente al cumplimiento de las sentencias de amparo a partir de aquella interposición (o de la reconducción de oficio por el Tribunal al incidente de ejecución de nuevas demandas de amparo) y a sus límites.

Reténgase el acierto de que las soluciones se buscan y encuentran satisfactoriamente en la jurisprudencia y doctrina constitucional sentada en el transcurso de estos veinticinco años de jurisdicción constitucional, en las sentencias y autos del Tribunal Constitucional escrupulosamente manejados, que constituyen la

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base analítica permanente acerca de los problemas planteados.

Todo ello sin olvidar las aportaciones de nuestra fértil doctrina científica, con la que el libro entronca naturalmente, y los «completos y sistemáticos» Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional coordinados por J.L. Requejo Pagés en el marco de la conmemoración en el año 2000 del vigésimo aniversario de la constitución del Tribunal. La tarea de sistematización desarrollada por Mercader y Nogueira es verdaderamente ejemplar, completándose el esquema bien trabado en el orden conceptual con las conclusiones obtenidas de la jurisprudencia constitucional para múltiples supuestos objeto de consideración por aquélla y que son de especial utilidad para quienes deseen adentrarse en la problemática viva del recurso de amparo, pues señalan el camino adecuado para la comprensión de sus claves de aplicación y de su viabilidad real. Es en este terreno donde el libro alcanza su mayor fuerza atractiva y valor singular, llamado, como está, a servir de guía para el estudio y el ejercicio profesional.

Sin embargo, hay otro aspecto sobresaliente de la obra merecedor de valoración especial junto a los ya destacados.

Como no podía ser de otra manera, el libro parte —se abre rigurosamente con ello— de la posición constitucional del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional superior «en materia de garantías constitucionales» (art. 123.1 CE) y del consiguiente cualificadísimo valor vinculante de sus sentencias y de su doctrina que expresan la Constitución, su Ley Orgánica y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La configuración constitucional del recurso de amparo como garantía procesal de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en los arts. 14 a 29 y 30.2 a que se refiere el art. 53.2 CE, tanto con carácter general como proyectados en el sistema de relaciones laborales y a sus protagonistas, recorre toda la obra, es el eje que explica y da fuerza a la construcción general. Y es que en ese enraizamiento básico, en la penetración de los derechos y libertades constitucionales en el contrato de trabajo «subordinado» —como categoría dominante en el plano conceptual y normativo laboral, aunque no única— y en la garantía de su ejercicio efectivo en condiciones de dignidad e igualdad, está comprome-

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tido el Derecho del Trabajo, la construcción de su ámbito subjetivo y de sus estructuras normativa y convencional, la aplicación de sus normas, pactos e instituciones y su interpretación doctrinal.

Esta «función constitucional» del contrato de trabajo y de la norma laboral es objeto de un nuevo y potente movimiento doctrinal que invoca los derechos fundamentales, «su función innovadora y creadora», con el fin de hacer valer la libertad e igualdad en las instituciones jurídico-laborales (el trabajo decente de que habla la OIT) para un colectivo progresivamente heterogéneo de destinatarios (mujeres, jóvenes, inmigrantes, discapacitados, parados, excluidos ...). En esa caracterización dogmática no se trata ya únicamente de hacer compatibles los derechos fundamentales del trabajador con el contrato de trabajo a través de los jueces con o sin ayuda de la ley (eficacia horizontal directa o indirecta de los derechos fundamentales) y, por ende, de ponderar el alcance de su ejercicio y el establecimiento de limitaciones imprescindibles para la satisfacción de los derechos constitucionales del empresario, sino de predicar de aquéllos su condición de elementos estructurales de dicha relación contractual y del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo con la singularidad que a dicho sistema aporta el derecho a la negociación colectiva en sus relaciones diferentes con la ley y con la autonomía individual.

La tradicional función tutelar del Derecho del Trabajo experimenta una renovación «constitucional», ciertamente cargada de dificultades en la medida en que se traduzca en un empobrecimiento de la regulación imperativa de las condiciones de trabajo y, previamente, del acceso al mismo y en un derivado desplazamiento hacia su entera contractualización, al margen, por lo demás, de otras formas de trabajo y de reconocimientos constitucionales supranacionales —aquí se sitúa la función de la Constitución Europea y de la norma laboral internacional—, pero adaptada a la satisfacción de exigencias indeclinables de dignidad personal y a las transformaciones tecnológicas y económico-sociales de nuestro tiempo. La vinculación de la negociación colectiva a los derechos fundamentales, con sus singularidades, permite también su contemplación como institución de

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garantía de los mismos. Finalmente, en este contexto se renueva también el papel de la jurisprudencia de aplicación en cada caso del contenido de esos derechos y de fijación de sus limitaciones en el ámbito de las relaciones laborales. Tan delicada tarea, que se instrumenta de ordinario a través de juicios de ponderación, coloca a la jurisprudencia de los derechos fundamentales en una posición de centralidad en el sistema jurídico-laboral, en el que, frente a la reforma legislativa incesante, aporta continuidad y seguridad, especialmente si los diferentes Tribunales llamados a realizar esta tarea —en el plano conjunto de la legalidad y de la constitucionalidad— utilizan criterios concordes.

El problema de la articulación de jurisdicciones en el recurso de amparo —los autores insisten en repetidas ocasiones en el carácter supremo pero limitado de la jurisdicción constitucional de amparo y niegan con igual reiteración que el recurso de amparo, cuyo carácter de «garantía extraordinaria» resaltan, sea una casación universal, un cauce general y ordinario de impugnación; es necesario que «las vías ordinarias de protección» hayan resultado «insatisfactorias», afirman— no impide a Mercader y Nogueira subrayar la ordenación de dicho proceso constitucional a la consecución del máximo nivel posible de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, proyección «vital» de la dignidad de la persona humana y condición de su libertad y autodeterminación. La construcción, como tampoco aquí podía ser de otra manera, descansa sobre la idea de que el poder judicial es el garante ordinario de los derechos fundamentales, no importa a través de qué modalidad procesal en los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin dejar de señalar el papel del recurso de amparo para hacer efectiva la vinculación del poder judicial a la doctrina constitucional.

Es el contenido constitucional de estos derechos el que protege el recurso de amparo, ampliado en ocasiones por la jurisprudencia constitucional a otros contenidos constitucionalmente conexos a través de diversas técnicas entre las que, en el caso de derechos específicamente laborales como el de libertad sindical, se encuentra la de la agregación de un contenido adicional, de procedencia legal o convencional colectiva, al «constitucional» o «esencial», mínimo, indispensable e indisponible de dicho dere-

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cho fundamental. Ya he tenido ocasión de señalar que esta construcción jurisprudencial, que arranca de la STC 39/1986, no es, en mi criterio, pese a las críticas recibidas y lejos de conducir a la banalización de los derechos fundamentales, mas que una técnica de delimitación o separación del contenido esencial de los derechos constitucionales (art. 53.1 CE), que opera frente al legislador, de su contenido completo adicionado por la ley y la negociación colectiva, que se impone plenamente a los jueces, sometidos a la ley (art. 117.1 CE). De esta misma técnica, de sus líneas de partida y del objetivo al que propende, aunque sin denominarla «contenido adicional», hace uso el Tribunal Constitucional respecto de las garantías legales o de configuración legal de otros derechos fundamentales distintos del de libertad sindical, como los de libertad religiosa (STC 46/2001, FJ 7-9) o asociación (STC 210/2001, FJ 5-6). J. Mercader y M. Nogueira recogen esas críticas doctrinales sin prolongar esa línea de pensamiento y se preocupan de fijar la densidad del control que la jurisdicción constitucional ejerce a través del recurso de amparo sobre las eventuales vulneraciones de los derechos «de configuración legal» del contenido adicional, grado de intensidad «equidistante», dicen, entre el que opera sobre el contenido esencial «y el mas limitado que se impone al Tribunal Constitucional cuando de interpretar la legalidad ordinaria se trata», sin ser tampoco el externo que recae sobre la actividad propiamente jurisdiccional de selección, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico cuando se invoca el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y en esa aplicación de la legalidad no están afectados otros derechos y valores constitucionales. Estando en juego una garantía legal de un derecho fundamental, el canon del enjuiciamiento constitucional, aunque con discusión en la propia jurisprudencia constitucional, no será el de la mera razonabilidad de la motivación judicial, sino el de la suficiente garantía del contenido del derecho fundamental. La interpretación judicial de la legalidad en tal caso no ha de ser necesariamente la mas beneficiosa para el titular de aquel derecho, pero si la necesaria para asegurar su ejercicio efectivo. Este principio de interpretación de la legalidad en sentido favorable a la efectividad de los derechos fundamentales o principio de interpretación constitu-

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cional del Derecho del Trabajo no es mas que consecuencia obligada de la especial relevancia y posición de aquéllos en el sistema jurídico.

La opción estratégica de los autores por la eficacia de la tutela de los derechos fundamentales —«su disfrute resulta imprescindible»—, especialmente relevante en el Derecho del Trabajo, constituye una oportunidad para demostrar la pertinencia y funcionalidad del recurso de amparo y radicarlo en el ámbito laboral. Aquí la conversión de las eventuales lesiones de los derechos fundamentales causadas por los particulares en lesiones judiciales por falta de reparación de aquéllas originarias (tras una ya larga experiencia de consolidación de esa conversión pese a la exigencia de la imputabilidad de la lesión «de modo inmediato y directo» a la acción u omisión de un órgano judicial ex art. 44.1.a) y b) LOTC, vía de máximo acceso al amparo constitucional frente a actos lesivos de particulares) ha constituido el instrumento básico para su salvaguarda, sin que el canon de control del enjuiciamiento constitucional sea el de la razonabilidad de la motivación que rige la aplicación por jueces y tribunales de la legalidad ordinaria (art. 24.1 CE), sino el del contenido constitucional del derecho sustantivo vulnerado. Mercader y Nogueira se ocupan también de esta problemática (la dimensión procesal de la Drittwirkung), del papel del legislador y de los jueces en la eficacia de los derechos fundamentales, de la específica del denominado «contra-amparo» y de las concepciones subjetiva o objetiva del recurso de amparo en nuestro sistema constitucional y legal.

Es, en definitiva, el de los profesores Mercader y Nogueira un libro muy provechoso, en el que su enfoque práctico (notable en la estructura y contenido de la demanda, en el alcance del trámite del art. 84 LOTC, en el de los efectos de la admisión de la demanda, o sobre las costas y sanciones) convive con los niveles de exigencia propios de la investigación jurídica, arrojando resultados del mayor interés en ambos planos que confluyen equilibradamente. No faltan las propuestas técnicas destinadas a perfeccionar el entendimiento de la regulación legal del recurso de amparo, así como el de las soluciones de la jurisprudencia constitucional (así, sobre los recursos en las vías ordinarias,

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sostienen que el Tribunal Constitucional «debiera ... estar a la consideración que los órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria realicen para apreciar la utilidad o no del recurso interpuesto»; o sobre la ejecución de las sentencias estimatorias del amparo por los órganos judiciales, extremo en el que, aseguran, «lo que no puede ocurrir es que se dicte una nueva Sentencia cuando tal actividad no se contiene en el fallo de una sentencia del Tribunal Constitucional ....»), que denotan gran finura analítica y proporcionan especial brillantez al libro que tengo la satisfacción de prologar y cuya lectura me complace recomendar.

Su publicación resulta especialmente oportuna en un año en que el Tribunal Constitucional conmemora su vigésimo quinto aniversario. No es preciso subrayar la importancia de la tarea de tutela efectiva de los derechos fundamentales que el Tribunal ha llevado a cabo a lo largo de este tiempo y seguirá desarrollando a través del ejercicio de su función jurisdiccional en amparo.

Pero tampoco pueden desconocerse los problemas que al ejercicio de todas sus funciones jurisdiccionales ocasiona la regulación legal vigente del recurso de amparo, particularmente en lo que se refiere a las vías de acceso y a la fase de admisión, y la consiguiente «sobrecarga cuantitativa», además de la «cualitativa» —expresiones afortunadas de las que ha hecho uso el Presidente Cruz Villalón— que el Tribunal Constitucional tiene que atender. Bast decir que el año 2004 se cerró con un total de 7951 asuntos ingresados en el Tribunal de los que 7814 fueron recursos de amparo. El estudio de Jesús Mercader y Magdalena Nogueira ofrece, también desde esta perspectiva, una excelente base para promover la reflexión y el debate acerca de cómo abordar los problemas mas acuciantes que su reforma legal, imprescindible y urgente, debería resolver.

MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE Presidenta del Tribunal Constitucional