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manuales

DERECHO CIVIL II

OBLIGACIONES Y CONTRATOS 3ª EDICIÓN

manuales COORDINADOR

J. R. de Verda y Beamonte

Libros de texto para todas las especialidades de Derecho,

universitaria española.

Todos los títulos de la colección manuales los encontrará en la página web de Tirant lo Blanch. www.tirant.es

AUTORES

manuales

Una colección clásica en la literatura

DERECHO CIVIL II

Criminología, Economía y Sociología.

Mª L. Atienza Navarro

Mª T. Marín García de Leonardo

S. Carrión Olmos

L. Mª Martínez Velencoso

P. Chaparro Matamoros

Mª J. Monfort Ferrero

M. Clemente Meoro

J. Plaza Penadés

J. R. de Verda y Beamonte

Mª J. Reyes López

J. Estruch Estruch

A. Serra Rodríguez

R. Guillén Catalán

J. A. Tamayo Carmona

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jorge A. Cerdio Herrán

Angelika Nussberger

José Ramón Cossío Díaz

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHO CIVIL II (OBLIGACIONES Y CONTRATOS) 3ª Edición

Coordinador

JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE Autores

ATIENZA NAVARRO, Mª L. CARRIÓN OLMOS, S. CHAPARRO MATAMOROS, P. CLEMENTE MEORO, M. DE VERDA Y BEAMONTE, J. R. ESTRUCH ESTRUCH, J. GUILLÉN CATALÁN, R. MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Mª T. MARTÍNEZ VELENCOSO, L. Mª MONFORT FERRERO, Mª J. PLAZA PENADÉS, J. REYES LÓPEZ, Mª J. TAMAYO CARMONA, J. A. SERRA RODRÍGUEZ, A.

Valencia, 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© J. R. de Verda y Beamonte y otros

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es ISBN: 978-84-9086-547-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Nota Introductoria La lección 1ª ha sido redactada por el Dr. Mario Clemente Meoro (CU Universitat de València); la lección 2ª por el Dr. José Ramón de Verda y Beamonte (CU Universitat de València); la lección 3ª por la Dra. María Jesús Monfort Ferrero (TU Universitat de València); la lección 4ª por el Dr. José Ramón de Verda y Beamonte y Don Pedro Chaparro Matamoros (Becario FPU Universitat de València); la lección 5ª por la Dra. Adela Serra Rodríguez (CU acreditada Universitat de València); la lección 6ª por la Dra. Adela Serra Rodríguez y el Dr. Mario Clemente Meoro; la lección 7ª por la Dra. Adela Serra Rodríguez; la lección 8ª por la Dra. Raquel Guillén Catalán (AD Universitat de València); la lección 9ª por la Dra. María Teresa Marín García de Leonardo (CU Universitat de València); las lecciones 10ª, 11ª y 12ª por el Dr. José Ramón de Verda y Beamonte; la lección 13ª por la Dra. María Teresa Marín García de Leonardo; la lección 14ª por el Dr. Salvador Carrión Olmos (CU Universitat de València); las lecciones 15ª y 16ª por el Dr. José Ramón de Verda y Beamonte y Don Pedro Chaparro Matamoros; la lección 17ª por la Dra. Raquel Guillén Catalán; la lección 18ª por la Dra. María José Reyes López (CU Universitat de València); la lección 19ª por la Dra. Adela Serra Rodríguez; las lecciones 20ª, 21ª y 22ª por el Dr. José Ramón de Verda y Beamonte y Don Pedro Chaparro Matamoros; la lección 23ª por el Dr. Jesús Estruch Estruch (CU Universitat de València); la lección 24ª por la Dra. María José Reyes López; la lección 25ª por la Dra. Luz María Martínez Velencoso (TU Universitat de València); la lección 26ª por el Dr. Juan Antonio Tamayo Carmona (TU Universitat de València); la lección 27ª por el Dr. Javier Plaza Penadés (CU Universitat de València); la lección 28ª por la Dra. María Jesús Monfort Ferrero; y las lecciones 29ª y 30º por la Dra. María Luisa Atienza Navarro (TU Universitat de València).

Relación sumaria de manuales recientes de la asignatura ALBALADEJO GARCÍA, M.: Derecho civil, t. II, 14ª ed., Edisofer, Madrid, 2011; BERCOVITZ Y RODRÍGUEZCANO, R. y otros: Manual de Derecho Civil. Obligaciones y Contratos (2 volúmenes), 3ª ed., Bercal, Madrid, 2011; DÍEZ‐ PICAZO, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A.: Sistema de Derecho civil, vol. II, 10ª ed., Tecnos, Madrid, 2012 (dos tomos); LACRUZ, J.L., y otros: Elementos de Derecho civil, II (2 volúmenes), Dykinson, 5ª y 4ª ed., Madrid, 2011 y 2009; LASARTE ÁLVAREZ, C.: Principios de Derecho civil, II y III, 16ª y 14ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2012 y 2011; LETE DEL RÍO, J.M. y LETE ARICHICA, J.: Derecho de obligaciones (2 volúmenes), Aranzadi, Cizur Menor, 2005 y 2006; MONTÉS PENADÉS, V.L, y otros: Derecho civil. Derecho de obligaciones y contratos, Tirant lo blanch, Valencia, 2001; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., y otros: Curso de Derecho civil, II, 3ª ed., Colex, Madrid, 2011; SÁNCHEZ CALERO, F.J. y otros: Derecho civil II, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012; SERRANO ALONSO, E. y SERRANO GÓMEZ, E.: Manual de Derecho de obligaciones y contratos (2 volúmenes), Edisofer, Madrid, 2009; VERDERA SERVER, R., y otros: Derecho de obligaciones, Derecho de contratos (2 volúmenes), Derecho de Daños, Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

1. CONCEPTO Y FUENTES DE LAS OBLIGACIONES SUMARIO: I. EL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. 1. Concepto y contenido. 2. Principios básicos. II. LA RELACIÓN JURÍDICA PATRIMONIAL. 1. Concepto de relación jurídica patrimonial.

2. Estructura de la relación jurídica patrimonial. 3. Distinción entre derechos reales y derechos personales o de crédito. III. LA RELACIÓN OBLIGATORIA. 1. Concepto de obligación. 2. La posición jurídica del acreedor. 3. La posición jurídica del deudor. 4. Deuda y responsabilidad.

5. La relación obligatoria sinalagmática. IV. LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES. 1. La enumeración de fuentes en el art. 1089 CC. A) La ley. B) Los contratos. C) Los cuasicontratos. D) Los actos y omisiones ilícitos. E) Los actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia. 2.

La voluntad unilateral como fuente de obligaciones. V. CUESTIONARIO. VI. CASO PRÁCTICO. VII. BIBLIOGRAFÍA SUMARIA.

I. EL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL 1. Concepto y contenido Si el Derecho civil gira en torno a la idea primaria de persona y su dignidad, una de las facetas de la persona de mayor trascendencia, tanto en el plano social como en el individual, es la económica. Las personas necesitan de recursos económicos para satisfacer sus necesidades vitales, y al ser escasos tales recursos interesa al Derecho civil, como a otros sectores del ordenamiento jurídico, determinar el modo en que se van a asignar, distribuir y disfrutar, y también cómo han de articularse las relaciones de colaboración entre los ciudadanos en el orden económico. Ello nos lleva a la formulación del concepto de Derecho civil patrimonial, entendido como conjunto de normas, principios e instituciones que ordenan las actividades económicas de la persona.

En la división tradicional del Derecho civil este sector del ordenamiento se compone de cinco partes: Derecho de la persona, Derecho de obligaciones y contratos, Derechos reales e inmobiliario registral, Derecho de familia y Derecho de sucesiones. Sin embargo, no cabe considerar que tales partes constituyan compartimentos estancos. Por el contrario, las distintas partes del Derecho civil interaccionan, lo que es especialmente evidente en todo lo que tiene que ver con la actividad económica de la persona. Es por ello que se ha formulado el concepto de Derecho patrimonial, como sector del ordenamiento que atiende a la asignación y disfrute de recursos económicos y a las relaciones de colaboración entre las personas.

El concepto de Derecho patrimonial, tal y como se acaba de apuntar, engloba dos maneras de contemplar el fenómeno económico. De un lado está la perspectiva estática: a quién se atribuyen los recursos, cómo se disfrutan; de otro lado, la perspectiva dinámica: cómo circulan, transmiten o intercambian. Cada una de tales perspectivas se corresponde con lo que tradicionalmente se ha de-

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nominado Derecho de cosas —vertiente estática— y Derecho de obligaciones y contratos —vertiente dinámica—. Sin embargo, no ha de perderse de vista que ambas perspectivas están en íntima relación, pues es a través de la circulación, transmisión o intercambio de bienes y servicios que los recursos económicos se asignan y, consiguientemente, se disfrutan; y, en términos generales, son los titulares de los recursos económicos los que pueden decidir si los conservan o los intercambian.

Por ejemplo: el dueño de un bien puede decidir conservarlo y disfrutarlo como tal, pero también conservarlo y que sea otro quien lo use y disfrute mediante la constitución a su favor de un derecho de usufructo o de un arrendamiento; también puede decidir transmitirlo mediante un contrato de compraventa, de manera que deje de ser dueño y pase a serlo el adquirente, obteniendo a cambio un precio en dinero; y también puede donarlo, de forma que salga de su patrimonio sin recibir nada a cambio. En estos y otros casos existe interrelación entre la perspectiva estática y la dinámica. En el primero de los enunciados el dueño sigue siéndolo, pero sus facultades como tal se ven alteradas por la constitución de un derecho real (usufructo) o personal (arrendamiento); en el segundo el dueño deja de serlo, pero hay intercambio de cosa por precio; en el tercero, el dueño también deja de serlo, pero sin intercambio de bienes. En los tres casos se produce una modificación de la atribución o disfrute del bien —vertiente estática— mediante un acto de circulación, transmisión o intercambio del propio bien —vertiente dinámica—.

En atención a lo señalado, cabe afirmar que el Derecho de obligaciones y el Derecho de cosas no son sino dos ramas interconectadas que constituyen una unidad superior, el Derecho patrimonial.

2. Principios básicos La Constitución española de 1978 (CE) recoge una serie de principios básicos relativos a la ordenación jurídica de las actividades económicas. Se trata de lo que se ha llamado “constitución económica”, que integra, junto con otros principios, lo que también se conoce como “orden público económico”.

Dos son los modelos clásicos de ordenación de las actividades económicas: el mercado y el Estado. Según el primero son los particulares —los ciudadanos y las personas jurídico privadas— quienes deciden, mediante los mecanismos del mercado —como la teoría de la oferta y la demanda—, cómo se atribuyen y circulan los bienes y recursos económicos. Según el segundo es la autoridad política —el Estado— quién toma tales decisiones. En la realidad, los sistemas económicos suelen ser una combinación de ambos modelos, con mayor o menor incidencia de uno sobre el otro, como en nuestro caso.

En efecto, la iniciativa privada aparece en el reconocimiento del derecho a la propiedad privada y a la herencia (art. 33 CE) y en la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38, primer inciso, CE), que se incluyen en

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la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, del título primero de la Constitución, relativo a los derechos y deberes fundamentales.

Sin embargo, nuestra Constitución también deja margen de maniobra a la actuación de los poderes públicos. Y así, establece que los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio de la libertad de empresa y la defensa de la productividad “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación” (art. 38 segundo inciso); dispone que los poderes velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, en relación con el medio ambiente (art. 45.2); subordina la riqueza del país al interés general (art. 128.1); reconoce la iniciativa pública en la actividad económica (art. 128.2); faculta al Estado para planificar la actividad económica general con objeto de atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.2); y protege especialmente ciertos bienes, los de dominio público y los comunales (art. 132).

Además de los principios que resultan de la constitución económica, cabe señalar otros principios básicos del Derecho patrimonial, como que todo desplazamiento patrimonial debe estar fundado en una causa que el ordenamiento considere suficiente (cfr. art. 1901 CC); que las atribuciones gratuitas se encuentran sometidas a reglas especiales de forma, capacidad y extensión (cfr. arts. 624, 632, 633, 634 y 635 CC); y que la de buena fe opera como límite de los derechos subjetivos y fuente de deberes de conducta (arts. 7 y 1258 CC y 57 CCom).

II. LA RELACIÓN JURÍDICA PATRIMONIAL Otra manera de contemplar los fenómenos económicos desde el punto de vista jurídico es la que tiene que ver con el concepto de relación jurídica patrimonial.

1. Concepto de relación jurídica patrimonial Si definimos la relación jurídica como la relación humana tutelada por el ordenamiento jurídico, hemos de entender por relación jurídica patrimonial aquella que tiene que ver con bienes e intereses de naturaleza económica; esto es, con bienes e intereses susceptibles de valoración objetiva.

Entiéndase por valoración objetiva la que prescinde del valor sentimental o de afección que cada individuo pueda dar a sus bienes e intereses. Así, por ejemplo, una relación de vecindad puede tener para aquellos entre los que se establece un gran valor de afección, pero no tiene carácter patrimonial si no afecta a bienes e intereses de naturaleza objetivamente económica; y lo mismo cabe decir de una relación de amistad.

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2. Estructura de la relación jurídica patrimonial Como toda relación jurídica, la de carácter patrimonial es relación entre personas en la que una de ellas ocupa una posición activa o de poder y la otra una posición pasiva o de deber. El sujeto activo es el titular de derechos o facultades frente al otro, sujeto pasivo, a quien se imponen deberes jurídicos.

Mas también caben relaciones en que ambas partes ocupan tanto la posición activa como la pasiva, como en las relaciones obligatorias recíprocas o sinalagmáticas, de las que más adelante nos ocupamos.

Objeto de la relación jurídica patrimonial son los bienes y servicios económicamente valorables sobre los que recae el poder conferido al sujeto activo y el deber impuesto al sujeto pasivo de la relación. Tales bienes y servicios pueden tener la más variada naturaleza: cosas materiales, energías de la naturaleza, bienes inmateriales, el comportamiento o conducta de otra persona…

El contenido de la relación jurídica patrimonial viene dado por las correlativas situaciones de poder (derechos y facultades) y de deber jurídico (deberes y cargas) atribuidos o impuestos a los sujetos.

3. Distinción entre derechos reales y derechos personales o de crédito En este ámbito —el de las relaciones jurídicas patrimoniales— es clásica la distinción según la posición activa o de poder constituya un derecho real o un derecho personal o de crédito. Los derechos reales son aquellos que confieren a su titular un poder directo e inmediato sobre la cosa, que puede hacerse valer frente a todos. Los derechos personales o de crédito son los que atribuyen a su titular un poder para exigir una determinada conducta de otra persona, y sólo pueden hacerse valer contra ella. Se afirma, por tanto, que los derechos reales —como la propiedad, el usufructo, las servidumbres…— son derechos subjetivos absolutos, pues tienen eficacia erga omnes, mientras que los derechos personales o de crédito —como los que tienen quienes celebran un contrato de compraventa o de arrendamiento…— son derechos relativos, con eficacia sólo inter partes.

La distinción entre derechos reales y derechos de crédito tiene gran trascendencia práctica, pues afecta al modo en que se adquieren unos y otros (arts. 609, 1089, 1095 CC), a la forma y publicidad de los actos que los afectan (arts. 1280 CC y 1 y 2 LH) y a su prescripción (arts. 1930, 1940, 1962, 1963 y 1964 CC).

Sin embargo, esta distinción tradicional plantea no pocos problemas.

En primer lugar, en relación con ciertas figuras de difícil encuadre, como las de los derechos reales in faciendo, las obligaciones propter rem y las cargas reales.

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Se denominan derechos reales in faciendo aquellos en los que se impone al sujeto pasivo un comportamiento a favor del sujeto activo del derecho real, como en el caso previsto en el art. 533 CC, referido a las servidumbre que imponen al dueño del predio sirviente la obligación de hacer una cosa por sí mismo. Las obligaciones propter rem son las que se imponen por ser titular de un derecho real, como las que están a cargo de los propietarios de pisos y locales en el régimen de propiedad horizontal (art. 9.1 LPH).

Y lo que caracteriza a las cargas reales es que se impone a quien en cada momento sea propietario de un bien el pago de cierta prestación, respondiendo de ello el propio bien con su valor (cfr. arts. 1604 y ss. CC).

En segundo lugar, porque los derechos de crédito son vehículo de la constitución, modificación o extinción de derechos reales.

Así, mediante ciertos contratos (compraventa, permuta, dación en pago…) junto con la entrega de la cosa se transmite la propiedad. Igualmente, cabe constituir, modificar o extinguir mediante contrato un usufructo, una servidumbre o una hipoteca, que son derechos reales. El contrato es fuente de obligaciones (cfr. arts. 1089, 1091, 1254 y 1258 CC) y, por consiguiente, de derechos de crédito, pero también sirve para crear, modificar o extinguir derechos reales, esto es, derechos con eficacia erga omnes.

En tercer lugar, porque cabe que los derechos reales y los derechos de crédito conformen una unidad compleja y unitaria, como la de la hipoteca con el crédito que garantiza.

Y en cuarto lugar, porque los derechos reales también pueden dar lugar a un entramado de relaciones de carácter obligatorio, como sucede en el usufructo entre el usufructuario y el nudo propietario (cfr. arts. 491 y ss. CC).

III. LA RELACIÓN OBLIGATORIA 1. Concepto de obligación El Código Civil dedica el Título I del libro IV a lo que denomina “obligaciones” y el primero de estos preceptos, el art. 1088 CC, dispone que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Ciertamente, el art. 1088 no define qué sea la obligación, pero sí nos pone sobre la pista. La obligación consiste en una conducta activa (dar o hacer) u omisiva (no hacer) que es debida.

De otro lado, el Código utiliza el término obligación en distintos sentidos. Así, denomina obligación a cualquier deber jurídico y no sólo al que sea susceptible de valoración económica, y también al hecho o acto que la origina (normalmente, un contrato; cfr. arts. 1100, 1101, 1137, 1139…).

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En su sentido etimológico, la obligación es un vínculo jurídico entre dos personas. El término obligatio procede del verbo latino obligare (ob=alrededor; ligare=atar) y en su origen ese vínculo o ligazón tenía carácter material, pues la persona del obligado se encontraba en situación de cautividad o sometimiento respecto del acreedor. Éste puede aprehenderlo o encerrarlo y tomar venganza en él, puede venderlo como esclavo más allá del Tíber o matarlo.

Evidentemente, este concepto primitivo de obligación, que no está unido a la idea de deber, pues el obligado no tiene por qué ser deudor, evoluciona cuando se establece que las deudas no se hagan efectivas sobre la persona del obligado sino sobre los bienes del deudor, y cuando, más adelante, se suprime la prisión por deudas, de manera que el deudor sólo responde con su patrimonio.

En el Derecho actual, la obligación se concibe como una situación jurídica en que un sujeto, el deudor, debe observar una determinada conducta activa (dar o hacer) o pasiva (no hacer) que es debida a otro sujeto, el acreedor. Existen, por tanto, dos posiciones correlativas, la de acreedor, que es posición de poder, y la del deudor, que es posición de deber. Por ello resulta preferible hablar de relación obligatoria.

Sin embargo, no hay que perder de vista que el fenómeno de la relación obligatoria es más complejo que el de la simple correlación entre deber y poder, pues la posición deudora también está conformada por facultades y la acreedora incluye la existencia de deberes y cargas. Y de otra parte, también debe resaltarse que las relaciones obligatorias constituyen el instrumento de realización de la actividad económica, mediante el intercambio de bienes y servicios. En consecuencia, vienen caracterizadas por su carácter patrimonial.

2. La posición jurídica del acreedor Tal y como se acaba de señalar, el acreedor ocupa la posición activa o de poder en la relación obligatoria, lo que significa que es titular de un derecho subjetivo, el derecho de crédito, que consiste, básicamente, en la faculta de exigir al deudor el cumplimiento de su deber de prestación. Así, por ejemplo, el vendedor puede exigir al comprador el pago del precio, y puede hacerlo extrajudicialmente, dirigiéndose en tal sentido al deudor, o, si éste no está dispuesto a cumplir, judicialmente, solicitando que el deudor sea condenado a cumplir y agrediendo, en su caso, bienes de éste para que a través de su embargo y posterior realización forzosa de su valor mediante subasta se haga pago al acreedor.

El acreedor también puede disponer de su crédito, tanto inter vivos como mortis causa, a título oneroso o gratuito, salvo que legal o convencionalmente sea intransmisible (art. 1112 CC).

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Corresponden asimismo al acreedor diversas facultades dirigidas al aseguramiento de la efectividad de su derecho de crédito. Así, puede impugnar los actos fraudulentos del deudor mediante la acción revocatoria o pauliana (arts. 1111 y 1291 y ss. CC) y puede ejercitar los derechos y acciones de su deudor mediante la acción subrogatoria (art. 1111 CC). Del mismo modo, puede solicitar medidas de tutela preventiva, como el vencimiento anticipado del crédito (art. 1129 CC), su embargo preventivo (art. 727.1.ª LEC) o la interrupción del plazo de prescripción (art. 1973 CC).

Al margen de estas facultades, el acreedor también asume deberes, como los que hayan pactado las partes, sin más límites que la ley, la moral y el orden público (art. 1255 CC) y los que deriven de las exigencias de la buena fe (arts. 7 y 1258 CC). Y también se le imponen cargas, como las de procurar la liberación del deudor, colaborar para que pueda llevar a cabo la prestación e informar diligentemente al deudor de las circunstancias de hecho que puedan ser relevantes a efectos de cumplimiento.

3. La posición jurídica del deudor La posición pasiva que corresponde al deudor consiste, básicamente, en el deber jurídico de llevar cabo una determinada conducta, a la que denominamos prestación o conducta prestacional: dar, hacer o no hacer alguna cosa (art. 1088 CC). En consecuencia, el débito o deuda es un deber jurídico que compete al deudor y que consiste en llevar a cabo la conducta prestacional, pero también todo cuanto derive de la ley, la buena fe y los usos del tráfico (art. 1258 CC).

Ahora bien, al deudor también le corresponden ciertas facultades, como la de liberarse de la obligación, por lo que el acreedor no puede impedir, rehusar u obstaculizar el cumplimiento. Es por ello que el deudor puede colocar al acreedor en mora ofreciendo el pago, de manera que se trasladan al acreedor los riesgos de deterioro y pérdida de la cosa debida (cfr. arts. 1096.3.º y 1182 CC), y también puede cumplir mediante la consignación de la cosa en las obligaciones de dar (arts. 1176 CC).

Por último, también corresponden al deudor facultades defensivas frente al acreedor que pretende una conducta que no se ajusta a lo pactado. Se trata de las excepciones que puede hacer valer cuando, por ejemplo, se reclama una deuda prescrita o antes de que haya vencido el plazo.

4. Deuda y responsabilidad Según acabamos de ver, la posición jurídica del deudor viene caracterizada, principalmente, por lo que se conoce como deuda o débito, el deber jurídico de

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llevar a cabo una determinada conducta (entregar una cosa, pagar un precio, una renta o una indemnización…). Mas también hay que incluir como elemento estructural de la posición deudora el fenómeno de la responsabilidad o sujeción al poder del acreedor. Se distingue, pues, entre la deuda y la responsabilidad, que tiene asimismo carácter patrimonial. El deudor no sólo debe —ha de realizar la conducta prestacional, esto es, cumplir— sino que también responde: si no cumple, su patrimonio podrá ser agredido para que el acreedor vea satisfecho su interés, aunque sea de manera equivalente. Es lo que establece el art. 1911 CC, que del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Sin embargo, se ha señalado que no siempre se dan conjuntamente deuda y responsabilidad.

Así, se afirma que hay deuda sin responsabilidad en las llamadas obligaciones naturales, en las que el acreedor no puede compeler al deudor para que cumpla con su deber de prestación, pero si éste lo lleva a cabo voluntariamente, no puede luego reclamar la devolución de lo pagado. Se citan al respecto los casos de pago de una deuda prescrita, de pago de una deuda de juego ilícito (cfr. arts. 1798 y 1801 CC), de pago de intereses no pactados en el préstamo (cfr. art. 1756 CC) y de pago aparentemente indebido pero en el que existe justa causa (cfr. art. 1901 CC). Mas estos supuestos pueden verse como casos en que una atribución patrimonial es justa y legítima: no se hacen en pago de una obligación preexistente (solvendi causa) o con el ánimo de lucrar al destinatario (donandi causa), pero tienen su fundamento en un deber moral o de conciencia o en un deber social.

También se ha hablado de responsabilidad sin deuda en aquellos supuestos en que ésta aún no ha llegado a nacer, como en la prenda e hipoteca de obligaciones condicionales o futuras; de deuda en un sujeto y responsabilidad en otro en la prenda o hipoteca constituidas por un tercero, esto es, por quien no es deudor; y de responsabilidad limitada o inferior a la deuda en la aceptación de la herencia a beneficio de inventario (art. 1023 CC) y en la hipoteca de responsabilidad limitada (art. 140 LH).

5. La relación obligatoria sinalagmática De entre los distintos tipos de relaciones obligatorias, merecen especial atención las recíprocas o sinalagmáticas, también denominadas bilaterales.

Si atendemos a los sujetos de la relación jurídico-obligatoria todas las obligaciones son bilaterales, pues en todas ellas existe un acreedor y un deudor. Si atendemos a quién resulta obligado, todas las obligaciones son unilaterales, pues en todas ellas sólo una persona —deudor— se encuentra obligada respecto de la otra —acreedor—. Son bilaterales —como categoría contrapuesta a la de los

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unilaterales— aquellas relaciones obligatorias en las que nacen obligaciones para ambas partes, de manera que el sujeto activo de una es también sujeto pasivo de la segunda, esto es, relaciones obligatorias en que ambas partes son al mismo tiempo acreedores y deudores, pero de distintas obligaciones.

Sin embargo, la reciprocidad o sinalagmaticidad va más allá de la simple relación entre dos obligaciones que tienen idénticos titulares que ocupan las posiciones de acreedor uno y deudor el otro. La reciprocidad o sinalagmaticidad es más bien una cualidad derivada del hecho de que las obligaciones nacen como recíproca la una de la otra y, por tanto, la reciprocidad es inherente a la obligación. Las relaciones obligatorias pueden ser bilaterales sin ser sinalagmáticas, como cuando algunas o todas las obligaciones que corresponden a cada una de las partes nacen legal o convencionalmente independientes. Es cuando las obligaciones principales nacen de manera interdependiente —esto es, cuando se tiene a una por causa de la otra— que cabe hablar de relación obligatoria sinalagmática, como en la compraventa en relación con las respectivas obligaciones de pagar el precio y entregar el bien, o en el arrendamiento entre el pago de la renta y la cesión del goce de la cosa arrendada. En estos casos cada obligación es el equivalente o contravalor de la otra, por lo que se habla de contraprestación.

La idea de sinalagmaticidad hay que ponerla en relación con la de onerosidad como consecuencia de que en el art. 1274 CC se establece que en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; y también porque el art. 1289 CC dispone que en los contratos onerosos han de resolverse las dudas interpretativas, a falta de otros criterios, por la mayor reciprocidad de intereses.

De estas previsiones cabría llegar a una identificación entre los contratos onerosos y los sinalagmáticos. Mas sinalagmaticidad y onerosidad no son expresiones sinónimas. La idea de onerosidad deriva de la existencia de sacrificios patrimoniales para ambas parte, y es por ello que todas las relaciones obligatorias sinalagmáticas son onerosas: en todas ellas hay sacrificios patrimoniales para ambas partes y cada uno de ellos es causa del otro. Sin embargo, existen relaciones obligatorias onerosas que no son sinalagmáticas. Es el caso del préstamo con interés, en el que ambos contratantes se sacrifican —el prestamista al verse privado de lo prestado durante el plazo que dure el préstamo, el prestatario al tener que pagar intereses— pero sólo el prestatario viene obligado.

Nuestro Código se refiere a las “obligaciones recíprocas” o a las que imponen “recíprocas prestaciones” en los arts. 1100, 1120 y 1124. De estos preceptos, y de algún otro, aunque sin mencionarlas, resultan las siguientes especialidades para las obligaciones sinalagmáticas: a) En punto a la mora el art. 1100 in fine dispone que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en ella si el otro no cumple o se allana a

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cumplir debidamente lo que le incumbe; y desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro. b) En relación con las obligaciones recíprocas de dar sometidas a condición suspensiva, el art. 1120 establece que el cumplimiento de la condición supone que se compensen unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. c) Conforme al art. 1124, el incumplimiento de uno de los obligados faculta al otro para resolver el contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios. Sin embargo, como en su momento se verá, no todo incumplimiento de un contrato sinalagmático faculta para resolver sino sólo los que tengan cierta entidad. d) El deudor, en una obligación sinalagmática, puede negarse al cumplimiento si su acreedor, debiendo haber cumplido, no lo ha hecho ni ha ofrecido el cumplimiento, o si ha cumplido de manera defectuosa. Se trata de las excepciones de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus) y de contrato defectuosamente ejecutado (exceptio non rite adimpleti contractus), que no se encuentran explícitamente previstas en nuestro ordenamiento pero que resultan de preceptos con los arts. 1100, 1466, 1467, 1500 y 1502 CC.

IV. LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES La expresión “fuentes de las obligaciones” tiene por objeto determinar qué hechos determinan que una persona se encuentre obligada frente a otra u otras; esto es, en virtud de qué hechos puede entenderse que se ha constituido una relación obligatoria.

1. La enumeración de fuentes en el art. 1089 CC Para dar respuesta a la cuestión que se acaba de formular, el art. 1089 CC, resultado de proceso de evolución doctrinal iniciado por la clasificación de fuentes de Gayo en el Derecho romano, enumera cinco fuentes: la ley, los contratos y cuasicontratos y los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

A) La ley Conforme al art. 1090, las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, sólo son exigibles las expresamente determinadas en el propio Código Civil o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las haya establecido; y, en todo lo que ésta no haya previsto, por las disposiciones del libro IV del Código Civil.

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Ha de entenderse el término ley en sentido amplio, esto es, como norma jurídica, incluyendo pues también la costumbre (cfr. art. 1258 CC) y los principios generales del Derecho, como el que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa.

Son obligaciones ex lege las que nacen al darse el supuesto de hecho previsto por la norma. Es el caso de las obligaciones que nacen de la mera situación familiar, como la de alimentos entre parientes.

B) Los contratos El art. 1091 CC, de manera gráfica, declara que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”. Con ello se quiere poner de manifiesto la fuerza vinculante de la autonomía privada, que se equipara a la de la ley. El contrato es la fuente principal de obligaciones derivadas de la voluntad personal, mas también hay que incluir en esta categoría las nacidas de negocios mortis causa, como las impuesta en testamento a los herederos.

C) Los cuasicontratos El art. 1887 CC define los cuasicontratos como “los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados”. Y a continuación de esta deficiente definición, regula dos únicos supuestos: la gestión de negocios ajenos sin mandato y el cobro de lo indebido. En éstos, no hay contrato porque no hay acuerdo de voluntades pero sí hay actuación voluntaria que genera obligaciones.

D) Los actos y omisiones ilícitos La mención del art. 1089 CC a los actos y omisiones ilícitos se concreta en el art. 1092 CC en los delitos y faltas, con una remisión a las disposiciones del Código Penal. En éste, los arts. 109 y ss. regulan la responsabilidad civil en que se incurre por la comisión de un delito o falta, que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art.

110 CP).

No obstante, la reforma del CP, por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (entrada en vigor: 1 de julio de 2015, Disposición Final 8ª), ha suprimido “las flatas”, reguladas en el Libro III del CP, de forma que un gran número de asuntos de menor gravedad sólo originarán ahora responsabilidad civil “pura” o, en su caso, administrativa.

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E) Los actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia A esta fuente se refiere el art. 1093 CC, que se remite, para el caso de que la culpa o negligencia no estén penadas por la ley —cuando no haya delito o falta— a las disposiciones del Capítulo II del Título XVI del propio Libro IV del Código, esto es, a los arts. 1902 a 1910, que regulan la reparación de los daños culposa o negligentemente causados, también conocida como responsabilidad civil extracontractual.

La enumeración de fuentes de las obligaciones del art. 1089 CC ha sido objeto de severas críticas doctrinales.

En primer lugar, se ha sostenido que en realidad sólo hay dos fuentes, la ley y los contratos, sobre la base de que si los cuasicontratos, las faltas y delitos y los actos u omisiones culposos o negligentes generan obligaciones, es porque la ley así lo establece.

Frente a esta postura se ha mantenido que la autonomía privada no sólo crea obligaciones a través del contrato, sino también mediante otros negocios, como el testamento, y que si nacen obligaciones de los contratos, es porque la ley así lo determina. En última instancia, cabe afirmar que la ley, de una parte, reconoce que la voluntad de los particulares genera obligaciones, tanto típicas como atípicas (cfr. art. 1255 CC); y de otra, impone otras fuentes con carácter exclusivamente típico (cfr. art. 1090 CC).

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que existen fuentes de obligaciones no mencionadas en el art. 1089. Ya se ha hecho mención del testamento, al que cabe añadir la voluntad unilateral, la responsabilidad objetiva —causación de daños sin culpa ni negligencia—, el enriquecimiento injusto y los actos administrativos y judiciales. Tanto el testamento como las promesas unilaterales vendrían a ser manifestaciones de la voluntad como fuente de obligaciones, mientras que la responsabilidad objetiva y los actos administrativos y judiciales serían hechos previstos por la ley para el nacimiento de obligaciones.

En tercer lugar, se señala que la categoría de los cuasicontratos es heterogénea y sólo justificada por razones históricas.

En función de estas y otras críticas formuladas respecto del elenco de fuentes del art. 1089 CC, la mejor doctrina prefiere hablar de dos grupos de fuentes. De un lado, la autonomía privada, en la que había que incluir el contrato, la declaración unilateral de voluntad, los cuasicontratos, los actos jurídicos mortis causa), de otra, la constitución heterónoma de obligaciones a través de la ley, los actos administrativos y judiciales…

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2. La voluntad unilateral como fuente de obligaciones Tal y como se acaba de mencionar, una de las fuentes no mencionadas en el art. 1089 CC es el de la voluntad unilateral. Sin embargo, debemos dedicar más atención a ella por cuanto su existencia y alcance han generado un amplio debate doctrinal.

La cuestión que se suscita es la de si un sujeto puede quedar obligado por su sola declaración de voluntad y sin necesidad de que otro u otros sujetos hayan aceptado su promesa.

Aquellos que niegan que tal sea posible se apoyan en que la promesa unilateral es revocable mientras no haya aceptación. En consecuencia, no puede considerarse nacida la deuda desde la declaración, pues estaríamos ante un obligación meramente potestativa (cfr. art. 1256 CC). También se afirma que el nacimiento de una obligación supone la constitución de una relación obligatoria y el correlativo derecho de crédito a favor del acreedor, y tal derecho no puede ingresar en su patrimonio sin su consentimiento. Y si tal consentimiento existe, ya no estamos ante un puro negocio unilateral sino ante un contrato.

A las consideraciones anteriores se ha de añadir que no cabe confundir la declaración unilateral de voluntad con otras figuras con las que, en ocasiones, se confunde, como la oferta, la promesa de cumplimiento de una obligación previamente constituida, el reconocimiento de deuda, las declaraciones que tienen fuerza obligatoria ex lege y las que, como la promesa de matrimonio, no obligan a su cumplimiento sino sólo la de resarcir por los gastos hechos y otras obligaciones contraídas (arts. 42 y 43 CC).

Desde la anterior perspectiva, no cabe afirmar que la voluntad unilateral inter vivos sea, con carácter general y como categoría abstracta, fuente de obligaciones.

Sin embargo, con carácter excepcional se admiten, al amparo del principio de buena fe y de los usos del tráfico, algunos supuestos de declaraciones unilaterales de voluntad que vinculan al promitente aun sin consentimiento del acreedor. Básicamente se hace referencia como tal excepción a la promesa pública de recompensa, de la que el concurso con premio se considera una modalidad.

La promesa pública de recompensa es la que se hace a favor de quien realice un acto u obtenga un determinado resultado. Por ejemplo, la de encontrar un bien perdido o conseguir un logro científico. Y su carácter de fuente de obligaciones de carácter no contractual tiene que ver con la consideración de que vincula al promitente aunque el tercero que realiza el acto u obtiene el resultado lo haya hecho ignorando la existencia de la promesa, esto es, sin que haya habido aceptación por su parte. El promitente no puede retractarse una vez se haya dado el hecho o el resultado al que se vinculó la promesa, incluso si el hecho o el resultado se han dado sin contemplación de la promesa. Es por ello que cabe considerar que está

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vinculado desde que prometió, lo que equivale a decir que de su propia declaración unilateral de voluntad nace la obligación, que se transmite a sus herederos.

La promesa ha de ser pública, pero puede dirigirse tanto al público en general como a un grupo o clase de personas. A la revocación de la promesa ha de darse la misma publicidad que a la promesa misma, y tal revocación sólo es eficaz si se da antes de que el hecho o resultado al que se vinculó haya tenido lugar.

El concurso con premio tiene como particularidad que el derecho al premio no se adquiere con la mera realización del hecho o consecución del resultado sino mediante la decisión que se adopte por quien ejerza de jurado con arreglo a las bases del concurso y respecto de aquellos que hayan alcanzado el resultado o realizado el hecho. El caso es que en buena parte de los concursos con premio cabe considerar que no es propiamente la declaración de voluntad lo que genera la obligación sino que lo que hay es un contrato entre el promitente y quien acepta las bases del concurso y lleva a cabo la actividad u obtiene el resultado.

V. CUESTIONARIO 1º. ¿Qué es el Derecho patrimonial?

2º. ¿Cuáles son y cómo funcionan los modelos clásicos de ordenación de las actividades económicas?

3º. ¿Qué principios constituyen la llamada “constitución económica”?

4º. ¿En qué se diferencian, según la doctrina clásica, los derechos reales y los derechos personales?

5º. ¿Qué problemas plantea la distinción entre derechos reales y personales?

6º. ¿Qué se entiende por obligación?

7º. ¿En qué consiste la posición activa o de poder del acreedor?

8º. ¿En qué consiste la posición jurídica del deudor?

9º. ¿En qué se diferencian deuda y responsabilidad?

10º. ¿Qué caracteriza a la obligación sinalagmática?

11º. ¿Qué es la ley como fuente de obligaciones?

12º. ¿Por qué se ha criticado la enumeración de fuentes de las obligaciones del art. 1089 CC? 13º. ¿Es la voluntad unilateral fuente de obligaciones? ¿Por qué?

VI. CASO PRÁCTICO Supuesto de hecho Don Arturo perdió a su perro, un Fox Terrier de nombre “Fredo”, mientras lo paseaba por un parque cercano a su vivienda. Muy compungido por semejante pérdida, pues le tenía inmenso aprecio, imprimió decenas de pasquines en los que prometía recompensar con 1.000 euros a quien lo encontrara y se lo devolviera, y los colocó en el barrio en que