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DERECHO DE LA COMUNICACIÓN Casos prácticos

Beatriz Belando Garín Belén Andrés Segovia Francisco Javier Sánchez Rubio

apuntes


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DERECHO DE LA COMUNICACIÓN Casos prácticos

Beatriz Belando Garín Belén Andrés Segovia Francisco Javier Sánchez Rubio


PRÓLOGO

Afrontar una asignatura como Derecho de la Comunicación para personas no juristas puede resultar un tanto complejo. Tal afirmación se refleja en las

expresiones de los interlocutores que observan con cierto respeto el objeto de la asignatura. La situación podría ser comparable con dar a un niño un

plato de brócoli, como única opción posible, en una de las comidas. En este supuesto, por mucha hambre de aprendizaje que tenga, la disposición hacia

la misma no siempre es la más buena. Sin embargo, es consciente que el ingerir esos conceptos jurídicos será bueno para su salud profesional. En esta convicción, nos proponemos ayudar o respaldar esta inquietud por el

saber haciéndola más sencilla, o en este caso, si se nos permite, más

práctica. Para ello, creemos conveniente, la realización de este material a fin de que puedan completar los conocimientos teóricos que hemos ido

exponiendo en las diferentes sesiones de la asignatura. “Derecho de la

comunicación” para el Grado en Periodismo, de la Universidad de Valencia.

En consecuencia, a continuación, procedemos a la exposición de 38 casos prácticos que constituyen algunos ejemplos, de cuales han sido las diferentes pronunciaciones vertidos, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional en España en el transcurso del año 2016 y de

forma menos significativa algunas del 2015. No obstante, llegados a estos

extremos, no debemos tampoco obviar la importante incidencia del Derecho

Comunitario e Internacional a los cuales les dedicaremos algunas páginas.

Estos últimos resultan importantes, por cuanto cada vez las fronteras entre los países es menor al existir una realidad comunicativa que nos afecta a

todos en menor o mayor grado, es decir, Internet. Desde su descubrimiento

y la adaptación a nuestra vida cotidiana, provoca, entre otras materias, que el número de suscriptores a periódicos online sea creciente, que las


manifestaciones que puedan afectar a la libertad de expresión, información, discurso de odio, etc., se desate en el seno de las redes sociales y que las

diferencias horarias, a fin de poder salvaguardar los derechos de los

menores, queden delegadas a ser garantizadas en el seno familiar, al poder ser vulneradas a golpe de click.

Todas estas cuestiones, serán expuestas a continuación de modo que

podremos constatar, que el Derecho a la Comunicación, no sólo lo establecen un conjunto de leyes que deben ser respetadas per se y que afectan a la

ciudadanía en su conjunto, sino que a su vez, precisan de una continua adaptación a golpe, no sólo de las nuevas realidades sociales, sino también,

de los diferentes contenidos comunicativos.

Valencia, 12 de diciembre de 2016


CASOS PRÁCTICOS


Práctica 1º. Derecho al honor y a la propia imagen

SUPUESTO PRÁCTICO

Celeste participó en el año 2004 en un reality, en el que permaneció aproximadamente dos horas pues una vez en la casa donde se desarrolla el programa descubrió que la productora había decidido que participaran también como concursantes un hombre con el que había mantenido una relación afectiva y una joven que había sido novia de éste antes de mantener la relación con la demandante. Cuando descubrió la trama ideada por la productora, solicitó «salir de la casa» inmediatamente dando por finalizada su participación en el programa, y resolviéndose toda relación con la productora, que así lo aceptó. En su demanda, consideró que la cadena había atentado contra su honor e intimidad por las referencias a su persona, una vez rota su relación contractual, realizadas tanto en la página web de la cadena como en otros programas para referirse a los tres concursantes, pese a que la demandante sólo mantuvo una relación sentimental con el hombre, no conocía a la otra joven y era totalmente ajena al encuentro dentro de la casa planificado por la productora. Además, se divulgaron de nuevo las imágenes de su entrada en la casa, y, en la web también se habló de que ella había ido por los platós de televisión hablando de su "tortuosa relación".

A la vista de lo expuesto conteste a las siguientes preguntas: 1. ¿existe un derecho jurídico protegible? ¿se vulnera el derecho al honor y a la propia imagen de la concursante del reality? 2. ¿existe una intromisión ilegítima justificada? 3. ¿Deben prevalecen los intereses comerciales del grupo televisivo sobre los derechos de Celeste?


Material disponible para la resolución del caso Para responder a estos interrogantes hay que tener en cuenta lo preceptuado en los artículos 18 y 20 de la Constitución Española, los artículos 7.7 y 9.3, ambos de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Por otro lado, se recomienda proceder a la consulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2016, rec. núm. 1264/2014 (Tol 5770555).


Práctica 2º. Interés público y proporcionalidad de la crítica sobre la conducta profesional de un abogado de famosos

SUPUESTO PRÁCTICO

Juan conocido popularmente por haber sido el abogado de conocidos personajes de la prensa rosa, fue autor en el año 2010 de una de sus obras más polémicas “Mi vida y obra”. Con motivo de la presentación del libro escrito por el abogado, este fue invitado y asistió el día 19 de abril de 2010 para hablar del mismo en un programa de televisión de una cadena privada. El demandante, en este escenario, se vio obligado a abandonar el plató, tras diez minutos de su exposición, porque un colaborador del programa aprovechó la presencia del demandante para hacer público un comunicado de dos antiguos clientes (D. Mariano y D.ª Mercedes) anunciando que se iban a querellar contra él. La causa de tal determinación fue un supuesto delito de estafa. Sobre esta misma cuestión se incidió en las emisiones de otro programa cuyo objeto es la investigación de casos, cuya emisión se produjo en los días sucesivos, en el que se criticó de forma continuada la pericia profesional del demandante. De la transcripción literal de los comentarios sobre su persona, el demandante destacaba que se le había calificado de «abogado traidor» (programas de los días 20 y 21 de abril) y que se había menoscabado su reputación con afirmaciones tales como que había pasado «de ser el abogado más deseado al más criticado», que «sus prácticas» eran cuestionadas «por muchos de sus clientes más populares», quienes, según se dijo, habían «decidido abandonarle», que «no era la primera vez que no se presentaba a un juicio» o que había sido autor de un delito de apropiación indebida. En suma, entendía el demandante que se hicieron comentarios y se ofrecieron datos falsos en su contra que solo tenían por finalidad desacreditarle profesionalmente, buscando los demandados el beneficio económico. Como conclusión del acoso informativo que estaba sufriendo el demandante solicitó que se declarase la


existencia de intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y que se condenara solidariamente a las demandadas a satisfacer una indemnización de 100.000 euros por daño moral, a abstenerse en lo sucesivo de realizar manifestaciones y comentarios ofensivos y a publicar a su costa la sentencia de condena en tres periódicos de difusión nacional y en otro programa de la misma cadena en el mismo horario, ya que el programa primario donde se vertían dichas acusaciones había dejado de emitirse.

A la vista de lo expuesto conteste a las siguientes preguntas: 1. ¿existe un derecho jurídico protegible? ¿se vulnera el derecho al honor y a la propia imagen del abogado? 2. ¿existe una intromisión ilegítima justificada? 3. ¿Deben prevalecen los intereses comerciales por la venta del libro sobre los derechos del abogado?

Material disponible para la resolución del caso Para responder a estos interrogantes hay que tener en cuenta lo preceptuado en los artículos 18 y 20.1.a) y d) de la Constitución Española y los artículos 1.1., 1.2. y 7.7. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Por otro lado, se recomienda proceder a la consulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2016, rec. núm. 381/2014 (Tol 5739372)


Práctica 3º. Derecho al honor e intimidad frente a la libertad de expresión

SUPUESTO PRÁCTICO

El 5 de marzo de 2012 se presentó una demanda en la que los recurrentes aludieron, la vulneración de sus derechos fundamentales al honor y a la intimidad contra una cadena de televisión privada, por el contenido injurioso vertido en diferentes programas de televisión correspondientes a los días 6 y 7 de marzo de 2008. En síntesis, aducían que tanto la productora de los mismos como un contertulio habían realizado una serie de manifestaciones en dichos programas que contenían insinuaciones y afirmaciones insidiosas, faltando a la verdad y carentes de prueba que vulneraban gravemente el honor y la intimidad de ambos miembros de la pareja. En concreto, los comentarios pronunciados en los mismos, ofrecían una información falsa sobre dos aspectos relativos a su vida privada. En primer lugar, su ruptura matrimonial, montando un debate en torno a dicha cuestión durante el cual fueron divulgados aspectos íntimos y reservados, y en segundo lugar, aspectos que atienden a la herencia de Juana, relacionándolos con la situación económica de la familia y a la implicación del Sr. Mario en tales asuntos, a quien se tachó de persona interesada y se acusó de vivir a costa de la Sra. María. En este sentido, se llegó a afirmar que Mario, permanecía casado con María únicamente por intereses económicos y se le acusó de manejar a la Sra. María y su patrimonio a su antojo. Se añadía que la responsabilidad por dichas intromisiones ilegítimas alcanzaba a la productora porque los comentarios en off , la actitud del presentador, los rótulos en pantalla y los videos emitidos denotaban que no se trataba de manifestaciones espontáneas durante un programa en directo, sino de una campaña premeditada de descrédito organizada a conciencia. En atención a lo alegado solicitaron se declarase la existencia de intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor y a la intimidad y se


condenara solidariamente a los demandados a indemnizar los daños morales ocasionados en la cantidad de 150.000 euros y a publicar a su costa la sentencia en tres periódicos de difusión nacional (El País, El Mundo y ABC) en páginas de noticias nacionales, en tres telediarios emitidos en la cadena de televisión demandada y en los propios programas en los que se había cometido la infracción o en los que en el futuro pudieran sustituirlos, con referencia a la sentencia en sus titulares y lectura íntegra e impresión en pantalla del encabezamiento y fallo de la referida resolución. Los demandantes desistieron de su demanda respecto al canal de televisión privado que emitió dichas imágenes (lo que se aprobó por decreto de 6 de junio de 2012) y el proceso continuó contra los restantes demandados. El Sr. Virgilio fue declarado en rebeldía y la productora comparecida contestó a la demanda oponiendo, en síntesis, que dado el tiempo transcurrido (cuatro años), debía considerarse que la acción estaba caducada o, en todo caso, que se trataba de un ejercicio tardío y abusivo del derecho, que los demandantes eran personas famosas respecto de las cuales tan solo se procedió en los programas cuestionados a ofrecer una información que no era nueva puesto que venía referida a datos ya conocidos al haber sido divulgados por otros medios, que dicha información era inocua dado que los citados programas eran de entretenimiento, de cotilleo, sin mayores pretensiones que las de opinar en directo y con público sobre la vida de los famosos,

y,

finalmente,

que

la

indemnización

solicitada

era

desproporcionada puesto que el ámbito de protección de las personas famosas es más limitado y porque en todo caso se trataba de opiniones amparadas por la libertad de expresión. En su escrito de conclusiones el Ministerio Fiscal interesó la desestimación de la demanda porque, aun cuando la acción no estaba caducada, el tiempo transcurrido desde que los demandantes tuvieron conocimiento de la supuesta intromisión ilegítima en sus derechos hasta que presentaron la demanda debía valorarse a la hora de «apreciar el grado de intromisión», al ser posible que su falta de inmediata


respuesta se debiera a que no se encontraron muy afectados. En cuanto al fondo, alegó que tanto las manifestaciones acerca de la supuesta ruptura de la pareja como las que se realizaron en torno a su situación económica, la herencia de la madre de la demandante y la influencia que ejercía el Sr. Mario, no pasaban de constituir meras opiniones críticas, referidas a personas con notoriedad social y emitidas en programas de crónica social que, valoradas en ese contexto, debían considerarse amparadas por la libertad de expresión al carecer en el concepto social actual de entidad suficiente para considerarlas ofensivas.

A la vista de lo expuesto conteste a las siguientes preguntas: 1. Los hechos expuestos en el presente caso ¿fueron constitutivos de intromisión ilegítima en el derecho del codemandante D. Mario y en la intimidad personal y familiar de María y Juana? 2. ¿Cómo afecta el hecho de que el recurrente sea un personaje público conocido por la prensa rosa? 3. ¿Puede cesar en su querella contra la televisión privada no siendo así contra el resto de codemandados?

Material disponible para la resolución del caso Para responder a estos interrogantes hay que tener en cuenta lo preceptuado en los artículos 18 y 20.1.a) y d) de la Constitución Española y los artículos 2.1., 9 y 9.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Por otro lado, se recomienda proceder a la consulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016, rec. núm. 641/2015 (Tol 5899804)


Práctica 4º. Derecho a la intimidad. Relevancia pública de la opinión divulgada

SUPUESTO PRÁCTICO

El 28 de octubre de 2015, David presenta una denuncia contra una periodista por las expresiones vertidas por la misma en un conocido programa del corazón de la televisión privada en la que manifestó que “el Sr. David es un amargado de la vida, porque no ejerce lo que el quisiera ejercer que es ponerse una bata de cola". Estos comentarios inciden en el ámbito de la libertad de expresión, debido a que están realizados como fruto de una afirmación deductiva de la periodista que no duda en expresar su opinión que si bien puede o no agradar al demandante, considera que no constituye una intromisión a su vida privada. No se trata de una información de la que se presuma una veracidad incontrovertible, puesto que la periodista no consultó con el señor David este hecho que afirmó de forma tajante en el programa de televisión donde trabaja, sino que se trata más bien de una mera opinión que compartía con una ex empleada de la familia del Clan de David. En definitiva, la periodista no duda que la referida expresión no lleva ninguna insinuación de tendencia sexual, pues se podía deducir que se quería referir al hecho constatable de que al haber sido un actor con cierto prestigio hace años, tenga en la actualidad cierto celo de no haber logrado el éxito como sí lo ha hecho su hermana en el mundo de la farándula y el folklore popular. En este ámbito, el S. David fundamenta su demanda considerando que se ha producido una clara vulneración a su derecho a la intimidad.

A la vista de lo expuesto conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Los hechos que se relatan tienen interés público?


2. ¿cómo afecta a la opinión pública las manifestaciones vertidas por la periodista? 3. Si David ya no es un personaje público, sino que en la actualidad es conocido por ser el hermano de una famosa folklórica ¿debe soportar un plus de intromisión en su vida, intimidad y honor por ser hermano de una famosa? 4. El hecho de que el demandante hubiera sido un actor en los años 80 ¿debe ser considerado como un personaje público? 5. La manifestación vertida por la periodista en la que alega el deseo de David de vestirse con bata de cola ¿atenta contra su derecho a la intimidad?

Material disponible para la resolución del caso Para responder a estos interrogantes hay que tener en cuenta lo preceptuado en los artículos 18, 20.1.a) y d) y 24 de la Constitución Española y los artículos 7, 9.2 y 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.


Práctica 5º. Conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión

SUPUESTO PRÁCTICO

El día 2 de agosto de 2008, Don Gerardo se disponía a dar un paseo con su hijo menor. En el transcurso del mismo escucho unos gritos como habituales y observó una disputa entre Dª Rosa y D. Francisco desarrollada en la plenitud del día en una vía pública. Don Gerardo, al entender que Rosa corría peligro, fue a auxiliarla. Acudiendo a su defensa, fue agredido por Don Francisco, al propinarle una paliza que le costó el internamiento en un centro hospitalario cercano al lugar de los hechos. Los hechos fueron ampliamente difundidos por todos los medios de comunicación siéndole concedida la Gran Cruz del Mérito Civil y designándosele Presidente del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Un año más tarde, en concreto el 9 de octubre de 2009, Doña Rosa fue invitada a un conocido programa de una de las televisiones privadas a fin de que relatara lo acontecido delante de miles de espectadores que la observaban como una víctima de maltrato. No obstante, para sorpresa de los televidentes Dña. Rosa no dudó en cuestionar las graves lesiones sufridas por el demandante. En este sentido afirmó, que su pareja, Don Francisco, tras la agresión, precisó de una intervención médica, por lo que Doña Rosa expresó públicamente su desacuerdo con la Comunidad de Madrid al premiar a Don Gerardo por dicha hazaña. Fue en ese punto cuando uno de los colaboradores del programa aprovechó para manifestar su acuerdo con Doña Rosa, alegando que el demandante había perdido el trabajo anterior por problemas y que estaba a punto de separarse de su mujer. Asimismo, la invitada al programa manifestó su desacuerdo con Don Gerardo tras haberla insultado llamándola «cucaracha, escalafones de cucaracha».


Más tarde, el 19 de diciembre de 2009, Doña Rosa asistió a otro programa de televisión de la misma cadena, en la que nuevamente intervino en calidad de invitada exponiéndose así a las diferentes manifestaciones vertidas por los colabores que trabajaban para la misma. En este escenario, se llegaron a realizar las siguientes manifestaciones por parte de los colaboradores: “Gerardo es un fascista” “Gerardo es un extraño héroe, un señor, un señor que dice barbaridades de ésta (...) refiriéndose a una mujer supuestamente maltratada ante la opinión pública de momento (...) yo le considero un fascista”, “Este señor no puede ser referente de nada, desde mi punto de vista de nada, sobre todo encaminado a las mujeres y a la gente joven”. A lo que se le añadió las manifestaciones vertidas por Doña Rosa, en las que afirmaba que Don Gerardo era un maltratador psicológico que se ha aprovechado de ella. Lejos de quedar en este ámbito zanjada la polémica, el 27 de febrero de 2010, Doña Rosa vuelve a asistir como invitada del segundo programa de televisión, con motivo del cumplimiento del periodo de prisión establecido para su pareja Don Francisco. Tras manifestar el sentir de Doña Rosa, el presentador le preguntó, haciendo referencia a Don Gerardo si de verdad consideraba que era agresivo, que daba miedo y que había dicho barbaridades de la misma. La entrevista fue acentuada por un periódico de índole nacional en el que se comentó la presunta solicitud de Don Gerardo de una licencia de armas, con el objeto de acentuar que Don Gerardo, no era merecedor de su categorización como héroe nacional sino más bien, se hacía entrever por el periódico y los colaboradores que se trataba de una persona agresiva. Cansado de tales aseveraciones, Don Gerardo decidió en el mes de marzo de 2010 publicar una monografía, que tenía por objeto reflejar su valoración personal de cómo se encontraba en tales fechas la situación política de España. Así, con cierto tono burlesco el 3 de abril de 2010 el programa de


televisión antedicho, comendaba leyendo un párrafo de la obra descrita señalando su valoración. En esencia, poniendo en duda la idoneidad de Don Gerardo como referente ante la violencia de género. Por último, lejos de quedar en una simple opinión personal, en el seno del programa, con emisión en directo se afirmaron las siguientes acusaciones: “El Gobierno le dio la Medalla de Oro al Mérito Civil, ¿y qué? Porque no sabían quién era el pájaro este”, “Desde aquí utilizo la televisión para decírselo al Ministro de Interior, que si tiene conciencia profesional y coraje político, como tiene que pasar por sus manos, no se le ocurra darle una licencia de armas a este loco (...) es un matón, que es un violento”. “Le dieron la medalla en un primer momento, pero después de eso es cuando le ha nombrado, yo te digo, tendría auténtico terror de que este señor me defendiera de nada, no recomendaría a ninguna mujer que fuera a verle ante ningún tipo de violencia (...) es un fascista, es un fascista (...) es un tío violento y peligroso”.

A la vista de lo expuesto conteste a las siguientes preguntas: 1. ¿Se ha producido una vulneración del Derecho al honor de Don Gerardo al tacharle públicamente de “fascista”, “violento”, “matón”, “misógino”, “sospechoso”, “maltratador psicológico”, “basura”, “agresivo”, “persona violenta”…? 2. ¿Qué prevalece la libertad de expresión de Doña Rosa o el Derecho al honor de Don Gerardo, cuando esta afirmó que la condecoración era el resultado del silencio de Don Gerardo tras experimentar una negligencia médica como consecuencia de la actuación de los auxiliares médicos en el hospital tras la disputa? 3. ¿Se vulnera algún derecho cuando Doña Rosa afirma que Don Gerardo le había tachado de “cucaracha” y “chusma” sin pruebas que demuestren la veracidad de dichas acusaciones?


4. ¿tiene alguna responsabilidad los programas que invitaron a Rosa a mostrar su experiencia? ¿y los contertulios? ¿y el presentador? En caso afirmativo señalar cual y porque.

Material disponible para la resolución del caso Para responder a estos interrogantes hay que tener en cuenta lo preceptuado en los artículos 10, 18 y 20.1.a) y d) de la Constitución Española y los artículos 2.1, 7.7, 8.1 y 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Por otro lado, se recomienda proceder a la consulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2016, rec. núm. 3084/2014 (Tol 5784610)


Práctica 6º. Conflicto entre el derecho al honor y las libertades de información, expresión y sindical en con contexto de conflicto laboral

SUPUESTO PRÁCTICO

Marta y Lucía eran trabajadoras de la Residencia de Ancianos de Miraflores de Bilbao, gestionada por la empresa SarQuavitae Servicios a la Dependencia, S.L.U. (en lo sucesivo, SarQuavitae) donde ejercían su actividad profesional. Dichas empleadas estaban asimismo afiliadas al sindicato de la empresa LAB, teniendo por objeto el velar sus intereses dentro del ámbito laboral donde desarrollaban su actividad principal, siendo asimismo miembros del comité de empresa cuando surgió el conflicto laboral que causó su despedido. Los hechos por los que se produjeron dichas medidas disciplinarias se desarrollaron en noviembre de 2012, cuando Marta, Lucía y el propio sindicato LAB procedieron a la colocación de carteles, pasquines y pancartas en los que reflejaban el nombre y la fotografía del demandante D. Tomás, directivo de SarQuavitae, director territorial de la zona norte y en tanto que tal, responsable de la gestión de la residencia en la que se produjo el conflicto. Entre los pasquines se publicitaban las siguientes manifestaciones: “Tomás, responsable de los despidos en SAR Quavitae”, “Somos las delegadas despedidas por defender los derechos de las personas usuarias y trabajadoras de la residencia SAR Quavitae ubicada en Bilbao”, “Continuamos la campaña de información ya que el responsable de las condiciones de precariedad es Gregorio, nombrado por la asamblea territorial del PNV como burukide del Bizkai Buru Batzar” “La llegada de Gregorio . como responsable de la zona norte ha desencadenado una ola de despidos, recortes en la comida, higiene y servicios de las usuarias y usuarios como única solución para conseguir beneficios” “La salud y el cuidado de estas personas no puede seguir en manos


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