COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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LAS EXPROPIACIONES FORZOSAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
ANDREA ROSELLÓ VILA
Técnico de la Administración General
Valencia, 2016
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© Andrea Roselló Vila
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A Joan Ignasi, Josep Ignasi y Andreu
ABREVIATURAS UTILIZADAS Para comodidad del lector se han utilizado las siguientes abreviaturas: LEF REF
Ley de Expropiaci贸n Forzosa de 16 de diciembre de 1954. Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiaci贸n Forzosa. LRBRL Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R茅gimen Local. TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P煤blico.
PRESENTACIÓN Este pequeño libro es la recopilación de unos apuntes que guardaba desde hace mucho tiempo en una carpeta, en ellos se recoge toda mi experiencia profesional sobre la expropiación forzosa de bienes, exactamente once años trabajando en dicha materia en el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) como Técnico de la Administración General. Esta obra no tiene una ambición científica sino que pretende ser muy sencilla dirigida a los estudiantes a oposiciones a la Administración General del Estado, Autonómica y Local, a los funcionarios de las Administraciones Públicas pero también a los estudiantes de la Facultad de Derecho, de Arquitectura etc. y por supuesto al público en general para que tengan unas nociones básicas sobre expropiación forzosa. Así como también no me podía olvidar que este libro podría ser de interés para abogados, arquitectos, aparejadores, ingenieros etc. por estar muy relacionado con su profesión. Esta obra tiene una finalidad didáctica que recoge toda mi experiencia profesional en la materia desde el punto de vista municipal. La misma consta de cinco Lecciones, la Lección 1ª es una introducción del libro que nos habla del rango constitucional de la LEF, de la naturaleza, sujetos, objeto, contenido etc., tomando como bibliografía el libro de García de Enterría “Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa”, Madrid, 1956, la Lección 2ª trata del procedimiento ordinario y por urgente ocupación desde un punto de vista práctico y doctrinal, la Lección 3ª trata de tres temas diferentes las expropiaciones por ministerio de la Ley, las valoraciones del suelo y el derecho de reversión, la Lección 4ª habla de mi artículo doctrinal “Las expropiaciones de bienes de dominio público entre Administraciones” pero adaptado a la normativa actual y por último, la Lección 5ª lleva un anexo legislativo de la Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa con algunos de sus artículos comentados por El Consultor de los Ayuntamientos. Sueca (Valencia), febrero de 2015
LECCIÓN 1ª 1. EL RANGO CONSTITUCIONAL DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA Las leyes de expropiación forzosa han sido siempre leyes en desarrollo directo e inmediato de principios contenidos en las Constituciones. La primera fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 al configurar el derecho de propiedad como “sagrado e inviolable” con el tiempo esta concepción evolucionó pasando de entenderse como el derecho individual y personal por antonomasia propio del Estado liberal clásico a articularse como una institución cargada de limitaciones impuestas por la función social a la que se encuentra sujeta. La primera Ley de expropiación forzosa fue de fecha 17 de julio de 1836. Esta ley aunque nació sin apoyo constitucional lo recibió posteriormente por las Constituciones que se sucedieron tras el Estatuto de 1834. La Constitución de 1837 es la primera que expresa la constitucionalidad de la materia cuando establece en el artículo 10 que “No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización”. En este mismo sentido se manifestaba la Constitución de 1845 en el artículo 10 y la Constitución de 1856 en los artículos 12 y 13. La Constitución liberal de 1869 toma el modelo napoleónico con la introducción de la intervención del juez. En el mismo sentido la Constitución federal de 1873 y 1856: “Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad pública y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización regulada por el Juez con intervención del interesado”. Posteriormente, la Ley de Expropiación Forzosa de 1836 tuvo que ser modificada por el Decreto de 12 de agosto de 1869 ya que el
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procedimiento estaba construido sobre el sistema administrativo y no judicial. Luego la Constitución de 1876 estableció que “Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización”. En desarrollo de este precepto constitucional se dicta la segunda Ley de Expropiación Forzosa de 1879. La Constitución de 1931 en el artículo 44 establece un cambio importante de orientación, según el cual “Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga de otra cosa una ley aprobada por la mayoría absoluta de las cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada”. El Fuero de los Españoles de 1945 estableció que “En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. Nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. Por último, se aprueba la tercera Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 la cual tenía por objeto refundir en un texto único toda la variada, extensa y casuística legislación tras la Ley Orgánica de 1879, y posteriormente la expropiación forzosa se constituye como una garantía constitucional reconocida en el art. 33. de la Constitución Española de 1978 en el que se establece que: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Según García De Enterría “estamos en presencia de una ley poco común por su audacia innovadora y por su altura técnica. Sin hipér-
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bole puede decirse que esta ley ha de marcar época en la historia de nuestro Derecho Administrativo”.
2. LA POTESTAD EXPROPIATORIA La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (en adelante LEF) en el art. 1 establece “Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el art. 32 del Fuero de los Españoles, en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”. El primer precepto de la LEF contiene una cláusula general de apoderamiento o habilitación de una extensa potestad expropiatoria a favor de la Administración, solamente se puede expropiar por causa de utilidad pública e interés social. Esta extensa potestad expropiatoria que aparece configurada en la Ley deviene posteriormente en una necesidad de concreción en el momento de la expropiación. Del art. 1 hasta el art. 8 que se incardinan en los principios generales de la Ley, podemos extraer y determinar con exactitud la extensión de la amplia potestad expropiatoria definida en el art. 1 de la LEF, para ello analizaremos sus distintos elementos: naturaleza, sujetos, objeto, causa, contenido y ejercicio.
3. NATURALEZA La potestad de expropiación es un poder abstracto y genérico, cuyo efecto consiste en la modificación de las situaciones jurídicas existentes (potestades innovativas). No tiene una referencia específica a un objeto concreto, no supone, como el derecho subjetivo, especifidad de objeto dominado, sino que se extiende a un marco genérico de posibles objetos.
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Es un poder concreto que se integra dentro del poder genérico y ordenador del Estado. La justificación del poder de expropiar entra, por ende, dentro de la justificación del poder del Estado en abstracto, y está afectada por los mismos límites. Por ello mismo, la Administración expropiante posteriormente debe concretar especificando el objeto de expropiación y la necesidad de ocupación.
4. SUJETOS Establece el art. 2 de la LEF que “1. La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia y el Municipio. 2. Además podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública las Entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. 3. Por causa de interés social podrá ser beneficiario, aparte de las indicadas, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la ley especial necesaria a estos efectos”. Los sujetos de la potestad expropiatoria son tres: expropiante, beneficiario y expropiado. El sujeto expropiante o titular de la potestad expropiatoria es la Administración en cualquiera de sus expresiones territoriales Estado, Municipios y Comunidades Autónomas. La atribución única de la potestad de expropiar a las entidades administrativas territoriales está justificada en la razón de que sólo ellas representan los fines generales y abstractos de la Administración. También podemos observar que el hecho de que la potestad de expropiar pertenezca a la Administración se contrapone al régimen de aquellos derechos en que tal potestad se reservaba a los jueces. En nuestro derecho este sistema judicial rigió con la Constitución liberal de 1869 en el que nadie podía ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad pública y en virtud de mandamiento judicial. Salvo esta excepción, el sistema de reconocer directamente la potestad expropiatoria a la Administración es el tradicional de nuestro Derecho y la LEF lo regula de la misma manera.
Las expropiaciones forzosas en el ámbito municipal
En el párrafo segundo de la LEF aparece la distinción entre la figura del expropiante y del beneficiario de la expropiación. Dicha distinción constituyó una novedad de la LEF porque hasta el momento dichas figuras estaban confundidas. El beneficiario de la expropiación es el adquirente inmediato en la transmisión forzosa y el que se beneficia directamente del contenido del acto expropiatorio cuando éste se concreta en una transmisión de la propiedad y le corresponde el deber de indemnización. También cabe destacar la distinción que hace el precepto entre expropiación por utilidad pública y expropiación por interés social, cuando es por utilidad pública los beneficiarios son siempre entidades públicas territoriales o no territoriales o concesionarios de las mismas y cuando lo es por interés social los beneficiarios son además de personas de este carácter simple particulares.
5. EL EXPROPIADO Es la persona sujeta a soportar el ejercicio de la potestad de expropiación, aquel cuyos derechos recae la expropiación. El art. 1 de la LEF al nombrar al expropiado lo hace de un modo genérico “cualquiera que fueran las personas o entidades”. No contempla la Ley ninguna excepción con ello quiero decir que también pueden ser objeto de expropiación los bienes de las Administraciones Públicas como se verá más adelante en la Lección 4ª. La cualidad de expropiado es una cualidad “ob rem”, por relación con el objeto real de la expropiación, de ahí que se especifique que la transmisión del objeto de la expropiación implicará la subrogación del nuevo titular en el lugar del anterior.
6. EL OBJETO El art. 1 de la LEF especifica que pueden ser objeto de la potestad expropiatoria la propiedad privada, los derechos e intereses patrimoniales legítimos. El enunciado es de la máxima amplitud únicamente quedan fuera de la misma los derechos personales y familiares.
Andrea Roselló Vila
La ley enuncia así una amplísima potestad de sacrificio a favor de la Administración, toda situación jurídica patrimonial, de cualquier naturaleza (real, de crédito, público y privado) puede ser en principio sacrificada por la Administración. La cuestión que se plantea es si la especificación legal de la propiedad como privada excluye de la expropiación las formas de dominio público. Muchos piensan que el dogma de la inalienabilidad del dominio público, impide aquí la aplicación del instituto de la expropiación y piensan que la figura jurídica pertinente para regular los cambios de titularidad sobre estos bienes, que implican ordinariamente cambios de la afectación del dominio, no es, pues, la de la expropiación forzosa sino la de la mutación demanial. Diferente sería el supuesto de que las propiedades demaniales fuesen previamente desafectadas de su destino público, pues tal desafectación las convertiría en simples propiedades privadas susceptibles en tal carácter de entrar en el régimen común de la expropiación forzosa. Mi propósito más adelante es desmontar totalmente dicho argumento en la Lección 4ª.
7. LA CAUSA EXPROPIANDI La causa expropiandi viene tasada en el art. 1 de la LEF es la utilidad pública o el interés social. El art. 9 de la LEF establece que “Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado”. Por lo tanto, la Administración expropiante en el momento concreto de la expropiación debe declarar la causa de modo formal. El concepto de utilidad pública procede de los primeros textos revolucionarios franceses y concretó su significación en cuanto personificación del interés público y el interés social en cualquier forma de interés prevalente al individual del propietario. Mientras que la utilidad pública favorece estrictamente a Administraciones Públicas o a concesionarios de las mismas, el interés social favorece a particulares ordinariamente, pero también puede ser beneficiario inmediato una Administración.
Las expropiaciones forzosas en el ámbito municipal
Pero la causa expropiandi como muy bien dice el art. 9 y esto es muy importante ha de precisarse específicamente en cada expropiación singular y toda la expropiación queda vinculada al destino invocado como causa expropiatoria y la validez de la expropiación depende en definitiva del cumplimiento del destino o de lo contrario inviste al sujeto expropiado del derecho de reversión como veremos en la Lección 3ª.
8. CONTENIDO El contenido de la potestad expropiatoria está enunciado en el art. 1 de la LEF y se concreta siempre en una privación singular de la propiedad o de los derechos e intereses que son objeto y esta privación puede revestir cualquiera de las modalidades previstas en el precepto: venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. La expropiación no es un límite, sino una privación pura y simple, un ataque exterior en virtud de fundamentos substantivos distintos de los que sostienen internamente su propio contenido limitado. Es en definitiva un despojo. La expropiación debe traducirse en un beneficio para alguien, si no hay un enriquecimiento no hay expropiación. El acuerdo imperativo de la privación ha de proceder de la llamada supremacía general de la Administración.
LECCIÓN 2ª 1. EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO El procedimiento expropiatorio está todo él concebido en función de la garantía del sujeto expropiado, y esto justifica que se consagre formalmente como un derecho de este sujeto. La ley distingue entre un procedimiento general (Título II) y procedimientos especiales(título III). El procedimiento general se desarrolla a través de tres fases sucesivas: declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos, determinación del justo precio y pago. Al final de este procedimiento y cumplida su última fase, el efecto expropiatorio se produce, y no hasta entonces, habilitándose la toma de posesión final. La Ley también regula un procedimiento de urgencia en el art. 52 de la LEF. En la expropiación urgente se produce una verdadera requisa del uso pero no sustancial.
2. EL PROCEDIMIENTO GENERAL 2.1. La declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación Como hemos dicho al comentar el art. 9 de la LEF, la Administración expropiante en el momento concreto de la expropiación debe declarar la causa de un modo formal. Como muy bien señala el art. 10 de la LEF “La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa”.
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En el ámbito de la Administración Local es el Plan general el que viene a declarar de modo genérico la utilidad pública o interés social a efectos expropiatorios, aunque también los proyectos de obras pueden hacer dicha declaración. Partiendo de dicha legitimación el inicio de un expediente expropiatorio en el ámbito municipal empieza con la necesidad de concretar los bienes y derechos a adquirir como dice el art. 15 de la LEF “Declarada la utilidad Pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación”. Para poder efectuar la declaración de la necesidad de ocupación debe confeccionarse del ámbito objeto de expropiación un listado de propietarios e identificación de parcelas con número de parcela y polígono o referencia catastral de la finca, extraído del catastro de bienes inmuebles, procediéndose a continuación a encargar un levantamiento topográfico para tener conocimiento de la superficie real de las parcelas objeto de expropiación. Dicha superficie real puede coincidir o no con la superficie según escritura, por ello mismo el siguiente paso solamente puede ser realizado preferentemente por un licenciado en derecho consistente en solicitar a dichos propietarios el título de propiedad e inscripción en el Registro de la Propiedad y con todos los datos poder elaborar la ficha de cada parcela objeto de expropiación. Puede que después de haber realizado todas estas actuaciones desconozcamos quien es el propietario de la parcela o finca objeto de expropiación y en este sentido el art. 3 de la LEF nos dice que “Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente”. El legislador nos ha dado distintos medios para buscar quien es el propietario de la parcela o finca a través de Registros Públicos como el Registro de la Propiedad, Registros Fiscales como a través del impuesto sobre bienes inmuebles y por último, será considerado propietario el que lo sea pública y notoriamente.
Las expropiaciones forzosas en el ámbito municipal
Para los que no comparecieren en el expediente o estuvieran incapacitados y sin tutor o persona que les represente o bien la propiedad fuese litigiosa se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal. También son interesados en el expediente expropiatorio y por lo tanto también se entenderán todas las diligencias con ellos los titulares de derechos reales e intereses económicos, así como los arrendatarios de inmuebles rústicos o urbanos. Las transmisiones de dominio no impedirán la continuación del expediente expropiatorio y se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.
2.2. El órgano competente para acordar la adquisición de un bien inmueble El art. 4.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local(en adelante LRBRL), atribuye a los municipios la potestad expropiatoria al igual que lo hace como ya vimos el art. 2 de la LEF. El art. 10 del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que las Corporaciones Locales, pueden adquirir bienes y derechos a título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación y el art. 11.2 de la citada disposición establece que las adquisiciones de bienes derivadas de expropiaciones forzosas se regirán por su normativa específica. Y el art. 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (en adelante REF) establece que “Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la Diputación provincial o al Ayuntamiento en pleno, adoptar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento tengan el carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa. En los demás casos, la representación de estas entidades corresponde al Presidente de la Diputación y al Alcalde, sin perjuicio de la competencia del Gobernador civil en el supuesto regulado por el artículo 18 de la Ley general. Estos principios no serán de aplicación en cuanto las normas de ré-
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gimen local o de urbanismo, a que se refiere el artículo 85 de la Ley, establezcan criterios especiales de competencia”. En aplicación de este precepto corresponde al Ayuntamiento en Pleno la competencia para acordar la adquisición de un inmueble mediante expropiación forzosa, sin embargo existe una parte de la doctrina que no es unánime si esta atribución también corresponde al Pleno respecto a los municipios de gran población. Se interpreta por un sector doctrinal que en los Municipios de gran población el Pleno tiene exclusivamente las competencias establecidas en el art. 123 de la LRBRL y las demás que le sean atribuidas por ley formal. Por tanto, la expropiación al no ser atribuida al Pleno en el art. 123 de la LRBRL ni tener carácter de ley formal el art. 3.4 del REF, no correspondería al Pleno en los municipios de gran población sino más bien correspondería en dichos municipios la adquisición de bienes inmuebles por expropiación a la Junta de Gobierno Local por aplicación del art. 127.n) de la LRBRL en relación con la Disposición Adicional 2ª.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). La expropiación es una forma más de adquisición de bienes y derechos por parte de la Administración Local. La Disposición Adicional 2ª.3 del TRLCSP establece que en los Municipios de gran población la competencia para adquirir bienes inmuebles se ejercerá por la Junta de Gobierno Local. Por otro lado, también existe otra opinión de que conforme al art. 43 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en la fase de justiprecio, éste puede llevarse a cabo bien mediante tasación individual bien mediante el procedimiento de tasación conjunta. Cuando la fijación del justiprecio tiene lugar mediante tasación individual, el acuerdo que lo fija ha de ser optado por el Pleno. Cuando el procedimiento seguido para su fijación es la tasación conjunta, quizá haya de diferenciarse si la expropiación es urbanística o no. En el primer caso, el proyecto de tasación conjunta podría ser considerado como un instrumento de gestión, y la aprobación de estos instrumentos corresponde al Alcalde, según el art. art. 21.1.j. de la LRBRL.
Las expropiaciones forzosas en el ámbito municipal
Cuando se trate de expropiaciones ordinarias y no urbanísticas la competencia corresponde al Pleno, al no poderse hablar de instrumento de gestión urbanística. También existe la opinión de que la expropiación es una institución de derecho público y manifestación de una potestad con regulación propia y autonómica y no un simple modo de adquirir, por lo que no serían de aplicación las reglas que, para la atribución de competencias para la adquisición de bienes establece la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP. Mi opinión personal es que estamos ante una competencia plenaria que no viene enumerada en el art. 22 de la LRBRL y con la derogación de la letra “o” del citado artículo por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que nos hablaba de la facultad para la adquisición de bienes, dicha competencia no viene reconocida por ley sino por reglamento.
2.3. La declaración de la necesidad de ocupación El art. 15 de la LEF reza del siguiente modo “Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrán incluirse también entre los bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate”. Habiéndose confeccionado las fichas del ámbito objeto de expropiación con identificación de propietarios, referencia catastral y registral de la finca, así como superficie real de la parcela según levantamiento topográfico compete al Ayuntamiento en Pleno declarar la necesidad de ocupación sobre esa relación, en este sentido establece el art. 17 de la LEF que “1. A los efectos del artículo 15, el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. 2. Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesi-
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dad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados”. El art. 16.2 del REF establece que “En la relación se expresará el estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con indicación de su residencia y domicilio, y los de cuantos sean titulares de algún derecho o interés indemnizable, afectados a la expropiación”.
2.4. El sometimiento a información pública Con la declaración de la utilidad pública o interés social y la necesidad de ocupación de la relación de bienes y propietarios, el Ayuntamiento en Pleno debe a continuación aprobar el sometimiento de dicha relación a información pública durante el plazo de 15 días hábiles. El art. 18.2 de la LEF establece que “Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios”. Tratándose de expropiaciones realizadas por el Municipio bastará con una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de mayor difusión, así como información complementaria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y también deberá notificarse individualmente a cuantos aparezcan como propietarios y titulares de derechos reales en la relación de bienes a expropiar. Durante este período de información pública los interesados podrán presentar cuantas alegaciones tengan por conveniente acompañadas de documentación justificativa que tenga por objeto rectificar errores aritméticos o materiales, así como también oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación e incluso cualquier persona podrá formular alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación.