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Comentarios a la Ley Federal contra la delincuencia organizada
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Ángel M. López y López
Tomás S. Vives Antón
Marta Lorente Sariñena
Ruth Zimmerling
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Comentarios a la Ley Federal contra la delincuencia organizada
PABLO HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA
Abogado y Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal
Ciudad de México, 2017
Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/ mex/ incorporada a la ficha del libro. Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.
© Pablo Hernández-Romo Valencia
© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN 978-84-9143-660-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant. net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
ÍNDICE ABREVIATURAS............................................................................... 9 INTRODUCCIÓN............................................................................... 11 COMENTARIOS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA......................................................................................... 13 BIBLIOGRAFÍA................................................................................ 141
ABREVIATURAS CCF Código Civil Federal CFF Código Fiscal de la Federación CNPP Código Nacional de Procedimientos Penales CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPF Código Penal Federal DOF Diario Oficial de la Federación EE.UU. Estados Unidos de Norteamérica LFCDO Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada LGS Ley General de Salud LNEP Ley Nacional de Ejecución Penal LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República LOPJF Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación PGR Procuraduría General de la República RLOPGR Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
INTRODUCCIÓN La LFCDO fue creada en noviembre de 1996 y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Este ordenamiento ha sido objeto de múltiples reformas. La última reforma, misma que fue de gran calado, salió publicada en el DOF el día 16 de junio del 2016 y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Conocer la LFCDO es requisito indispensable para cualquier abogado litigante en materia penal. Si bien muchos abogados litigantes penalistas dicen con orgullo que ellos no toman casos de delincuencia organizada, lo cierto es que deberían de empezar, ya que lo relativo a la delincuencia organizada es el pan nuestro de cada día. Así es, actualmente cuando el gobierno quiere perjudicar a alguien, la mayoría de las veces, lo acusa de delincuencia organizada; aunque muchos de ellos posteriormente salgan exculpados. De hecho, ser miembro de la delincuencia organizada lo único que implica es que tres o más personas se pusieron de acuerdo para delinquir; eso es todo. No se requiere nada más; esto es, no se requiere que cometan delito alguno. El problema radica en lo que dicen algunos medios de comunicación. En efecto, tergiversan lo que es la delincuencia organizada y hacen que la gente crea algo que no es. Basta leer el artículo 16 CPEUM para que el lector confirme lo previamente dicho. El problema radica, en que la propia LFCDO limita los derechos humanos de quienes son acusados de ser miembros de la delincuencia organizada, lo que hace pensar que dicho ordenamiento puede ser tildado de inconvencional y en otras ocasiones de inconstitucional. Es necesario leer un mínimo de historia o recordar la misma, para rememorar en cuántas ocasiones el gobierno federal ha acusado a diversas personalidades mexicanas, que en su momento le incomodan, de ser miembros de la delincuencia organizada y posteriormente la mayoría quedaron el libertad porque no se les pudo probar que pertenecían a grupo de delincuencia organizada alguno. Baste recordar algunos casos como: el “michoacanazo”; el del general de división del Ejército Mexicano, Tomás Ángeles Dauahare; el del ex subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano; el de Gregorio Sánchez, ex candidato al gobierno de Quintana Roo, etc. Podría continuar con la lista y le aseguro al lector que sería más larga que el pequeño libro que tiene en sus manos. En la práctica cuando se acusa de ser miembro de la delincuencia organizada, en muchas ocasiones, dichas acusaciones son totalmente falsas; pero, des-
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graciadamente, por como están hechas las leyes en México, eso hay que probarlo en el proceso penal. El problema es que en no pocas ocasiones el probar la inocencia de una persona se torna complicado por como está hecha la ley. En la presente obra, el lector encontrará los desaciertos que existen en la LFCDO, apreciará las inconstitucionalidades y conocerá las razones con las que puede abogar por la inconvencionalidad o inconstitucionalidad de varios de los artículos previstos en dicho Ordenamiento. En pocas palabras, si en una ley no se respeta el debido proceso legal, derecho humano que es la columna vertebral de cualquier procedimiento, es en la LFCDO.
COMENTARIOS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Si bien en la LFCDO se establecen reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, contrario a lo que se establece en el artículo 1 LFCDO, no es por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada por lo que se investigará, perseguirá, procesará, sancionará y ejecutarán ciertas penas; sino por ser miembro de la delincuencia organizada. En efecto, en la LFCDO las reglas de investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, son respecto de la organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada. Esto es, lo que se investiga, persigue, procesa, sanciona y ejecuta, es respecto del acuerdo de voluntades para delinquir, únicamente respecto de los delitos mencionados en el artículo 2 LFCDO. Por lo que, si lo que se establece en el artículo primero de la LFCDO es su objeto, lo previsto en los demás artículos de nada sirve; toda vez que como ya lo mencioné, la LFCDO está hecha, como además se verá a lo largo de la presente obra, para tratar de combatir la delincuencia organizada; pero no los delitos cometidos por los miembros de la misma. Para combatir los delitos cometidos por los miembros de la misma se tienen todas las herramientas que proporciona el CNPP, así como lo previsto en otros Ordenamientos para combatir determinados delitos, por ejemplo, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos; entre otras. Lo ideal sería que todo lo procedimental estuviera regulado en el CNPP, como se desprende que fue la intención del constituyente permanente cuando dijo en el artículo
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73 fracción XXI, inciso c) “La legislación única en materia procedimental penal, …”. La nominación del Ordenamiento en comento no deja lugar a dudas: “Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”. Basta leer el artículo 16 CPEUM para conocer qué es la delincuencia organizada. Dicho artículo establece en el párrafo correspondiente: “Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.
Como se puede apreciar de la definición dada por la CPEUM, la delincuencia organizada es el acuerdo de voluntades de tres o más personas “para” cometer delitos en forma permanente o reiterada; pero no se exige que se cometa delito alguno; lo único que se exige es el acuerdo de voluntades y la finalidad de cometer ciertos delitos en forma permanente o reiterada. En este mismo sentido lo han entendido nuestros más altos Tribunales, como se aprecia de la siguiente jurisprudencia. Novena Época Registro: 174276 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P. J/22 Página: 1194 DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE. Conforme al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la hipótesis delictiva se actualiza cuando: tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones se precisan de manera limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un número mínimo de activos, que es de tres personas; de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de “organizarse, o bien, por el hecho de acordar hacerlo”; ello
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con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina “de resultado anticipado o cortado” puesto que para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 289/2002. 14 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo. Amparo en revisión 297/2004. 21 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Enrique Martínez Guzmán. Amparo directo 173/2005. 7 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Jaime Salvador Reyna Anaya. Amparo directo 230/2005. 27 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. Amparo directo 259/2005. 27 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. De lo anterior, que lo mencionado en el artículo 1 LFCDO no sea acertado. Artículo 2. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
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I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter; falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y en materia de derechos de autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; III. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración; IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476, todos de la Ley General de Salud; V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal; VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Libro Primero, Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
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y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34; VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II o III el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación; IX. Los previstos en las fracciones I y II del artículo 8; así como las fracciones I, II y III del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley. El artículo que analizo es un tipo que castiga un acto preparatorio, en efecto, es el primer acto de exteriorización del iter criminis; esto es, en el tipo no se exige que se tenga que cometer alguno de los delitos mencionados en las fracciones previstas en dicho artículo. Sujeto activo puede ser cualquier persona; no se exige calidad específica alguna; se está en presencia de un tipo común. Lo que sí se exige es que sean tres o más personas, lo que indica que se está en presencia de un delito plurisubjetivo. La conducta consiste en ser miembro de la delincuencia organizada. Se entenderá que existe delincuencia organizada, cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos delitos. Por lo que hace al término tres o más personas, se entiende por sí mismo, no requiere explicación alguna. Los sujetos deberán estar organizados de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, ciertas conductas. Por organizados de hecho —organicen de hecho— se refiere a, establecer algo, de acción u obra, para lograr, coordinando las personas y los medios adecuados. Hasta aquí, dicha organización de hecho, no puede constituir delito, toda vez que se está en presencia de un
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acto preparatorio; no existe lesión o puesta en peligro alguno a ningún bien jurídico; ni podrá existir bien jurídico alguno distinto del delito fin. Téngase en cuenta que al tratarse de la tipificación de un acto preparatorio, y ser este el comienzo del iter criminis, no puede existir un bien jurídico distinto del delito que se tiene como fin cometer. Dicha organización de hecho es para realizar. Cuando se habla con la preposición “para” se está haciendo referencia al fin a que se encamina una acción; esto es, se está en presencia de una mera potencialidad lesiva. Se está en presencia de un delito de mera actividad. Dicha finalidad debe de ser para realizar, esto es, efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción. Tal y como ya se dijo, el delito se consuma sin que sea necesario ejecutar alguna de las conductas que se mencionan en el tipo. Aunado a lo anterior, este delito se considera permanente o continuado, esto es, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. En efecto, el acuerdo de voluntades para delinquir está latente hasta que se realiza la finalidad delictiva; puede suceder que no obstante haber cometido el delito fin, los miembros de la delincuencia organizada deseen seguir cometiendo ciertos delitos; esta es la razón por la que se considera a dicho delito como permanente. Así lo han entendido nuestros más altos tribunales por jurisprudencia, como se aprecia a continuación. Décima Época Registro: 2009876 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P. J/6 (10a.) Página: 1741 DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIÓN. Para cumplir cabalmente con el artículo 19 constitucional, en cuanto a la exigencia de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, es evidente que debe atenderse a la naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto que tratándose de un delito permanente
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o de tracto sucesivo, como podría clasificarse el llamado “contra la delincuencia organizada”, no habrá de buscarse una fecha exacta o lugar único de consumación, como puede esperarse en los instantáneos, ello no significa que la autoridad judicial esté exenta de dicha obligación, pues respecto de dichos ilícitos de naturaleza permanente, esas circunstancias deben destacarse resaltando la temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significativos para probar, en su caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del comportamiento de efectos permanentes que constituyen el hecho reprobable. Así, tratándose del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe satisfacerse motivadamente, señalando los actos concretos de intervención del indiciado de que se trate, conforme a las circunstancias espacio-temporales de verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la ley respectiva y las pruebas en que tal afirmación se sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de los actos concretos de intervención conforme a los fines de la agrupación de las que sí se deben precisar suficientemente circunstancias espacio temporales, mas no porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino como parámetro o referencia útil para constatar la pertenencia al grupo que es lo que verdaderamente constituye el núcleo típico del delito de que se trata. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 214/2004. 18 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo. Amparo directo 182/2013. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Javier Hernández Loera. Secretario: Silvestre P. Jardón Orihuela. Amparo directo 69/2014. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz. Amparo directo 109/2014. 23 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez Lozano. Secretario: Luis Enrique Zavala Torres. Amparo directo 26/2015. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Juan Antonio Solano Rodríguez.
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El término en forma permanente o reiterada quiere decir, de manera que permanece: sin limitación de tiempo o que se hace repetidamente. Cuando se habla de conductas que por sí o unidas a otras se refiere al conjunto de las acciones con que una persona responde a una situación, pudiendo ser una sola o juntando dos o más. Siendo dicha expresión desafortunada, toda vez que bastaba decir “conductas que tengan como fin…”. Dese cuenta el lector, que la expresión “por sí o unidas a otras” no aporta nada al tipo; más que confusión. El tener como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, se refiere a las conductas. Tener como fin se refiere a un elemento subjetivo específico y quiere decir, estar en precisión de consumar. El término resultado significa, efecto y consecuencia de un hecho. Cometer alguno o algunos de los siguientes delitos se refiere a, hacer uno o varios de los delitos que se mencionan en el artículo en comento. Esto es, alguno de los previstos en las nueve fracciones del artículo. Respecto de los posibles delitos que se pueden cometer, es necesario mencionar que el catálogo de los mismos ha aumentado de forma considerable. En efecto, cuando se creó la LFCDO, esto es, en 1996, se preveían los siguientes delitos: “I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal; II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población; IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud, y V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter, y robo de vehículos previsto en el artículo 381 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales”.
El 11 de mayo del 2004 salió publicado en el DOF que se reformaba, por primera vez, el artículo 2 LFCDO y se adicionó el artículo 424 Bis, del CPF, que trata lo relativo a ciertos delito en materia de derechos de autor.