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2ª Edición

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y sus Leyes complementarias

Código de Violencia de Género

Código de Violencia de Género Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y sus Leyes complementarias 2ª Edición

editorial.tirant.com 978-84-1147-303-3

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Textos Legales

Textos Legales

Código de Violencia de Género Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y sus leyes complementarias

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jorge A. Cerdio Herrán

Angelika Nussberger

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.

Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Código de Violencia de Género Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y sus leyes complementarias 2ª Edición

ELENA MARTÍNEZ GARCÍA Catedrática de Derecho Procesal Universitat de València

tirant lo blanch Valencia, 2022

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Elena Martínez García

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ÍNDICE PRÓLOGO AÑO 2022...............................................................................

11

PRÓLOGO AÑO 2009...............................................................................

21

ABREVIATURAS......................................................................................

29

Instrumento de ratificación del Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011............................................................

31

Constitución Española............................................................................

67

LOVG. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género....................................................

69

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.............................................................................................

133

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito..............

229

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito......................

273

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.....................

305

Circular 6/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer...................

319

Acuerdo de 17 de julio de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer................

415

Normas civiles......................................................................................

421

8

ÍNDICE

Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil......................................................................

423

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal.............

425

Mínimo Vital.........................................................................................

427

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita............................................................

429

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.......................................................

439

Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género..................................................................................................

555

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.....................

573

Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, 16 de noviembre de 2018..........

591

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo...............

599

Acuerdo de 11 de noviembre de 2021 de la Conferencia Sectorial de Igualdad relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.....

605

Normas sobre orden de protección..........................................................

615

La Protección europea. Ley 23/2014, 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales...............................................................

621

Normas sobre extranjería e inmigración . LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. .................

629

ÍNDICE

9

RD 557/2011 que desarrolla la LO 4/2000, modificado por Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social...........................................................................

631

RD 240/2007 sobre entrada, circulación y residencia dentro de la Unión Europea................................................................................................

633

Artículo 59.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril...................................................

635

ÍNDICE ANALÍTICO.................................................................................

637

PRÓLOGO AÑO 2022 El objeto de este libro no es otro que el de facilitar al cuerpo Letrado que asiste a víctimas de violencia de género, un conjunto de normas que tratan de abarcar la regulación de las numerosas situaciones que debe de afrontar una víctima de violencia de género cuando se enfrenta al sistema judicial.

I. Contextualización de la violencia de género En esta nueva edición comprobamos que el salto ha sido cualitativo y cuantitativo desde la última publicación en 2009. Llama la atención la hiperinflación normativa que se ha dado desde entonces. Ello pone de manifiesto la complejidad de abordaje preventivo y punitivo de una materia a priori sencilla, aunque solo en apariencia, como vemos.

Como bien se explica en el prólogo de hace trece años, la razón por la que el legislador comenzó abordando esta lacra social —violencia machista—, desde la perspectiva judicial, respondía a la urgencia en mandar un mensaje a la sociedad claro, destinado a transmitir desde la justicia y el orden público la tolerancia cero con lo que hasta entonces había sido relegado a un ámbito privado estrictamente y, por tanto, sin relevancia ni para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni para juzgadores y fiscalía, a pesar de que antes del año 2004 sí existían previsiones legales que castigaban esta violencia. Sobre esta nueva forma de percibir a la mujer y la situación de violencia que vive en nuestra sociedad, se construyeron los primeros pasos en este nuevo sistema de tutela contra la violencia de género. Y debemos de entender que era necesario hacerlo así.

Hoy, dieciocho años después, tenemos datos suficientes para comprobar que el camino ha sido correcto, pero el brazo preventivo todavía no ha demostrado su eficacia, por la razón de que la transformación real de la sociedad requiere de muchos más esfuerzos en el área social y administrativa. La justicia debe ser siempre la última ratio y, especialmente, la penal.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en su última encuesta del 2022 el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un

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ELENA MARTÍNEZ GARCÍA

3,2% en el año 2021, hasta 30.141. La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años. El número de víctimas de violencia doméstica disminuyó un 0,5%. A la vista de estos datos debemos reflexionar sobre la eficacia de la actuación. ¿Cómo es posible que con este gran acervo normativo no afecte al número de víctimas anual? Simple y sencillamente porque cambiar una cultura que percibe a la mujer de forma desigual en una sociedad no es fácil. Nuestra Ley orgánica 1/2004 de Medidas Integrales para la erradicación de la Violencia de género (LOVG) dedica varios títulos a dicha transformación (medios de comunicación, sanidad, tutela institucional…) pero, en mi opinión, todavía no se han implementado de una forma realista que produzca cambios materiales. Los próximos años debiera profundizarse en esta dirección y para ello no puede tratarse en nuestra sociedad aisladamente la violencia de género, como si fuera un compartimento separado de la prostitución, vientres de alquiler, ausencia de políticas de conciliación corresponsable, etc. El mundo se ha construido históricamente sobre un relato cultural, legal, económico, donde la mujer (52% de la sociedad) está cosificada al servicio del hombre y, por tanto, cualquier lucha para prevenir y erradicar la violencia sobre la mujer pasa por un doble enfoque, a saber, el individual, que actúa sobre la violencia concreta a la que se ha sometido a una mujer, y el colectivo, que remueva en la sociedad todos los obstáculos que impiden la igualdad real de estas.

En conclusión, pensemos que llevamos 18 años de aplicación de la LOVG 1/2004. Ya son años en términos de madurez de una ley y de profundidad en su utilización. Ha dado tiempo a surgir aristas en su aplicación, así como a realizar ajustes legales propios de la necesidad de mejorar la práctica de la misma. Atrás quedan los primeros años donde se dudó de su falta de constitucionalidad, al introducir la perspectiva de género en el código penal. Ahora los avances son mucho más claros y en una dirección garantista y que profundiza en la mejora de la aplicación de la Ley, no sólo con perspectiva de género, sino con una clara decisión de evitar, en la medida de lo posible, la revictimización secundaria de la mujer víctima de malos tratos. En este sentido, me parece muy interesante la revisión del estudio introductorio de la anterior edición de este Código de Leyes

PRÓLOGO

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especializado. Os invito a leerlos y comprender lo mucho que se ha evolucionado en determinados aspectos de la Ley objeto de estudio.

En este sentido, han aparecido leyes nacionales importantísimas. Muchas de ellas se recogen en este código, pero me he visto forzada a incorporar solamente las que considero relevantes y que facilitan el trabajo, con el fin de no cargar con varios códigos de leyes cuando se procede a la defensa de los intereses de la persona tutelada.

II. Plano internacional: ¿cómo nos obliga?

Contamos con el marco normativo internacional tanto la declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres (CEDAW), la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer (1993), la Declaración y Plataforma de acción de la IV Conferencia internacional sobre la Mujer de Beijing (1995), como con el Manual de Naciones Unidas sobre Legislación en materia de violencia contra la mujer (2012). También con un marco europeo como es, principalmente, la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) y el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica 2011 (Convenio de Estambul), y un gran acervo de directivas y Reglamentos que se pueden consultar en la Web de EU JUSTICE: legislación de la Unión Europea sobre violencia de género. Muy loable el esfuerzo realizado por la Unión Europea por aprobar una Directiva sobre la lucha contra la violencia de género y violencia doméstica (COM (2022) 105 final), que supondrá un gran avance armonización en la materia para todos los estados de la Unión. Junto a este instrumento, cabe resaltar la Directiva sobre la orden europea de protección y el reglamento civil de medidas de protección, cuya eficacia era limitada precisamente por la ausencia de la citada Directiva.

El artículo 10.2 de la Constitución española nos obliga a entender estas normas como parte de nuestro derecho interno y como cuerpo letrado debemos tenerlo en cuanta a la hora de planificar la estrategia defensiva de nuestro cliente.

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ELENA MARTÍNEZ GARCÍA

De todas las normas citadas, especial relevancia tiene el denominado Convenio de Estambul, porque amplifica nuestra propia del LOVG y le dota de requisitos algo más exigentes que nuestra LOVG. Repárese en los artículos 4 y 5 que impone unos niveles de diligencia exigible muy elevados, por los que se puede hacer responder al Estado ante su incumplimiento. Allí se alude precisamente a ese doble nivel de diligencia al que me refería supra, a saber, el individual y el colectivo: si el Estado no ha hecho lo posible por remover los obstáculos que impiden la igualdad y, por ejemplo, la policía o judicatura ha actuado sobre la base de prejuicios y estereotipos y, consecuencia de ello, ha habido una daño claro a una víctima, puede hacérsele responder. Ejemplo de ello es la STS de 30 de septiembre de 2020 la Sala de lo Contencioso-administrativo.

III. Novedades en el marco nacional La LOVG se debe de entender e interpretar en el marco constitucional español, la Ley 3/2003 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito y su Reglamento de desarrollo RD 119/2015 y el RD-Legislativo 9/2018 sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género. Todas estas normas dotan de mayor precisión y profundidad a la LOVG. Durante estos años ha evolucionado el concepto de quién puede ser víctima de violencia de género y cómo acreditar esta situación administrativamente, han cambiado —y mucho— los derechos a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada, los derechos laborales, derechos en materia de seguridad social, empleo y para la inserción laboral, derechos de las funcionarias públicas, derechos económicos, derechos de escolarización inmediata, becas y ayudas al estudio, empadronamiento por razones de seguridad, derechos al cambio de apellidos o identidad, derechos de las mujeres extranjeras víctimas en situación regular e irregular o derechos de las mujeres españolas fuera del territorio nacional. Véase la Guía de derechos para las mujeres víctimas de violencia de género de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad. Es numerosísima la legislación a tener en cuenta y

PRÓLOGO

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nuestra selección de normas para este código de apoyo al cuerpo Letrado aborda el siguiente elenco de leyes: Marco internacional • • • •

Convenio de Estambul LOVG Ley de Igualdad Estatuto de la Víctima de Delito y Reglamento que lo desarrolla

Marco nacional • • •

Circular Fiscalía sobre Violencia de género Acuerdo del CGPJ por el que se modifica el Reglamento 1/2005 RD 1109/2015 de desarrollo del Estatuto de la Víctima del delito y se crean las Oficinas de Víctima del delito

Normas civiles • • •

Artículo 94 Código civil Artículo 156 Código Civil Ley 6/2021 que modifica el registro civil para el cambio de apellidos en caso de violencia de género y vicaria.

Normas sobre asistencia jurídica gratuita •

Real decreto 141/2021 por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita sobre violencia de género.

Normas sobre tutela de menores •

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Normas sobre asistencia social integral, laboral y seguridad social •

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica

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• • • • • •

el Acuerdo sobre la acreditación de las situaciones de violencia de género.

Real Decreto 1971/2008 sobre programa de reinserción laboral para víctimas de violencia de género Resolución de 2 de diciembre de 2020 sobre la gestión del padrón municipal en casos de violencia de género.

RD-ley 20/2020 sobre el ingreso mínimo vital para víctimas de violencia de género.

Acuerdo de 16 de noviembre de 2018 para favorecer la movilidad de funcionarias víctimas de violencia de género Real Decreto 1369/2006 sobre la renta de Inserción activa Ley 20/2007 sobre el Estatuto del Trabajador Autónomo.

Normas sobre protección de víctimas • •

Protección nacional Orden de protección europea

Normas sobre extranjería e inmigración • • • •

LOVG 1/2004 LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

RD 557/2011 que desarrolla la LO 4/2000.

RD 240/2007 sobre entrada, circulación y residencia dentro de la Unión Europea.

IV. Algunos cambios importantes en los últimos años

En primer lugar, durante estos años se han introducido conceptos importantísimos en el ámbito de aplicación de la violencia de género, tal como la violencia vicaria (la ejercida sobre los hijos e hijas para dañar a la madre) o como sujetos de derechos a los servicios sociales; en segundo lugar, y también de gran transcendencia, se modifica el apartado 1 del art.

416 Lecrim por la disposición final 1.4 cuando introduce la dispensa de declarar «4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el proce-

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dimiento como acusación particular». Esta novedad bebe de la STS 10 julio 2020, que afirmaba que las víctimas, una vez constituidas en acusación particular, no recuperan el derecho a la dispensa de declarar contra su pareja, si renuncian a ejercer dicha posición procesal. Con ello se superaba los anteriores Acuerdos del TS, tales como el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS (24/4/2013), por el que se excepciona de la dispensa los supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso. Y Posteriormente se vino a aclarar por el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS (23/1/2018), por el cual no queda excluido de la posibilidad de acogerse a la dispensa quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición. De modo que esta S. de 2020, cambia lo que se venía diciendo hasta el momento por la Ley y la Jurisprudencia. Ahora, con el cambio legal, no hay lugar a dudas. Igualmente, está cambiando de forma notable —gracias a que el Convenio de Estambul forma parte de nuestro derecho interno ex 20.2 CE— el concepto de diligencia exigible al Estado.

El 30 de septiembre de 2020 la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 5.ª) de la Audiencia Nacional condenó al Ministerio del Interior a pagar una indemnización —a los familiares de la víctima— en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, por la deficiente protección que la Guardia Civil proporcionó a una mujer que solicitó una orden de protección. Concretamente, por entender que se erró en la realización de la estimación inicial de la situación de riesgo de la víctima, que asignó el nivel más bajo de «no apreciado».

Por último, también hacer referencia a la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género. Allí se define la acreditación de naturaleza administrativa de las situaciones de violencia de género por las mujeres que se encuentren en una de las siguientes situaciones: – Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar.

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ELENA MARTÍNEZ GARCÍA

– Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído.

– Víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.

– Víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva (las medidas impuestas ya no están en vigor), por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia.

– Víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas.

– Cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma.

V. Conclusiones En definitiva, para abordar y tratar en plenitud la violencia contra la mujer, hay que atender a los diferentes ejes que conforman la vida social, laboral e identidad de las mujeres y el grado de vulnerabilidad que pueden incidir en su vida diaria, vulnerabilidad que se puede ver incrementada ante una situación excepcional como la provocada por la situación creada por el COVID-19. Todo lo dicho, nos debe hacer pensar que la tutela contra la violencia de género va mucho más allá de la tutela penal, pues en una situación de vulnerabilidad social como la vivida, el proceso penal era una instancia inalcanzable, si antes no se aseguran determinados derechos sociales básicos, como el acceso a la información de las víctimas de violencia de género. Sin la garantía de este derecho, no hay denuncia, ni asesoramiento, ni fuentes de prueba, ni las bases mínimas para el inicio de un proceso penal y asegurar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia machista.

La perspectiva de género introducida por el Tribunal Supremo introducida por el Magistrado Vicente Magro, entre otras, La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 08-10-2019 (rec. 10309/2019) ha marcado un antes y un después en la jurisprudencia española y hoy, irremediable-

PRÓLOGO

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mente, abre un nuevo camino para la defensa de los derechos de la mujer en una realidad contextualizada en la desigualdad estructural y sistémica, de modo que, de no darse esta interpretación con perspectiva de género, es decir, de aplicarse de forma neutra la norma, en numerosas ocasiones dará un resultado que deja en desprotección a las víctimas. Los artículos 10.2 y 14 de la Constitución obligar a ello.

Pero para vencer en este gran viaje, es necesario convencer a toda la ciudadanía sobre el mundo en el que vivimos, heredado pero no por ello asumible sin actitud crítica. Convencer de la necesidad de integrar en este discurso a tantos hombres que aborrecen la presión del patriarcado, sus expectativas y su soledad; convencer de que la vida es más sana si valoramos los cuidados de las personas, de la familia y la sostenibilidad de vida.

No puede ser razonable un sistema económico, cuya fotografía resultante, no coincida con la estructura natural de nuestra sociedad, en la que algo más del cincuenta por ciento somos mujeres, a las que nuestra Constitución reconoce formal y materialmente iguales a los hombres. Sin embargo, esa fotografía muestra desequilibrios de género reales. Esta imagen es la que se debe deconstruir para volver a construir con otros mimbres o, lo que es lo mismo, a través de la firma de un contrato social en el que de forma justa nos reconozcamos. Y ello conlleva comenzar por entender que la desaparición del patriarcado beneficia a todas las personas que quedan fuera de la jerarquía que impone el poder, tal y como se manifiesta cruelmente hoy en día, donde la transformación de un modelo económico productivo, debe añadir valores y sentido al puro interés crematístico actual, y donde reconozcamos que si respiran las personas, también lo hace el planeta. En este espacio, necesariamente, hay que perder privilegios para que ganen la vida y las personas, todas las personas. Así se ha evidenciado en la pandemia. Todas y todos somos corresponsables de estos cambios.

Elena Martínez García Catedrática de Derecho Procesal Universitat de València