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Santiago Guibert Ovejero-Becerra

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

SANTIAGO GUIBERT OVEJERO-BECERRA

EL MINISTERIO FISCAL EN EL SIGLO XXI

¿Es el Ministerio Fiscal un órgano independiente judicial o depende del Ejecutivo y actúa a las órdenes del Gobierno?, ¿qué modelo procesal penal ha de estatuirse para afrontar los retos de la Justicia penal en el siglo XXI? Estas y otras cuestiones debatidas hoy con intensidad por los diferentes grupos políticos, son analizadas —con base a los sistemas comparados adversarial y acusatorio— por el autor, Doctor en Derecho cum laude y Fiscal de carrera de la sección de delitos contra la corrupción, quien desde su privilegiada visión interna, propone la modificación integral de la Ley procesal criminal de 1882 y del Estatuto orgánico del Ministerio Público de 1981, con el fin de garantizar la imparcialidad del fiscal y progresar hacia un proceso penal avanzado. La presente monografía se dirige a docentes universitarios, fiscales, jueces, letrados, estudiantes de ciencias jurídicas y políticas, y a todo aquél interesado en conocer la realidad de la relación de poderes en el Estado.

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EL MINISTERIO FISCAL EN EL SIGLO XXI

EL MINISTERIO FISCAL EN EL SIGLO XXI

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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EL MINISTERIO FISCAL EN EL SIGLO XXI

SANTIAGO GUIBERT OVEJERO-BECERRA

Fiscal, miembro de la sección especialista en delitos relacionados con la corrupción, de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife Doctor en Derecho, Universidad Miguel Hernández, calificación Sobresaliente cum lade

Valencia, 2017

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© Santiago Guibert Ovejero-Becerra

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“La investigación que por medio del sumario se hace de la realidad del hecho punible y sus circunstancias, de la responsabilidad de las personas y diversos grados de la misma, se comparte hoy entre la autoridad del juez y la inspección del Ministerio Fiscal (…) la Ley no ha aplicado el principio [de imparcialidad] con estricto rigor. De aceptarlo en su integridad, la lógica habría exigido que, como en otros países acontece, se encomendase exclusivamente al Ministerio Fiscal la instrucción del sumario, considerado, en tal sistema, como la mera preparación de la acusación fiscal”1.

1

Memoria de la FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 1885, pág. 16.

Índice NOTA DE AGRADECIMIENTO ................................................................... 13 ABREVIATURAS ........................................................................................... 15 PRÓLOGO .................................................................................................... 17 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 21

Capítulo Primero

PRINCIPIOS RECTORES DEL MINISTERIO FISCAL 1. SOBRE LA DIFÍCIL CONCEPTUALIZACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL....... 31 2. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL MINISTERIO FISCAL............................. 36 2.1. Antecedentes históricos del principio de legalidad del Ministerio Fiscal......... 36 2.1.1. El legislador constituyente y el principio de legalidad del Ministerio Fiscal.................................................................................................. 38 2.2. El desarrollo legislativo del principio de legalidad en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal............................................................................................ 41 2.3. Las dos acepciones del principio de legalidad................................................ 47 2.3.1. La acepción negativa del principio de legalidad: el principio de oportunidad............................................................................................... 48 2.3.1.1. El principio de legalidad y el principio de obligatoriedad de la acusación penal.............................................................. 49 2.3.1.2. La legalización de la oportunidad....................................... 68 2.3.1.3. La naturaleza procesal del principio de oportunidad........... 71 2.3.1.4. El principio de oportunidad en los delitos leves públicos.... 73 2.3.1.5. El principio de oportunidad en los delitos leves privados.... 78 2.3.1.6. El principio de oportunidad en los delitos leves semipúblicos...................................................................................... 79 2.3.1.7. El principio de oportunidad en los delitos graves y menos graves públicos................................................................... 81 2.3.1.8. El principio de oportunidad en los delitos graves y menos graves privados................................................................... 82 2.3.1.9. El principio de oportunidad en los delitos graves y menos graves semipúblicos............................................................ 85 2.3.1.10. El principio de oportunidad en los delitos graves y menos graves en el proceso penal................................................... 90 2.3.1.11. El futuro del principio de oportunidad reglada................... 100 2.3.1.12. La discrecionalidad técnica: concurrencia de decisiones posibles y válidas.................................................................... 102 2.3.1.13. La mediación penal............................................................. 104

10

Índice

2.3.2. La acepción positiva del principio de legalidad: garantía de la imparcialidad del Fiscal................................................................................ 110 2.3.2.1. Respecto de la función del Ministerio Fiscal de velar por la independencia de los Tribunales.......................................... 113 2.3.2.2. Respecto del ejercicio de la política criminal del Gobierno.. 115 2.3.2.3. Respecto de instrucciones ad intra en el Ministerio Fiscal... 116 2.4. El Fiscal como promotor de la defensa de la legalidad................................... 117 3. EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL MINISTERIO FISCAL..................... 119 3.1. Antecedentes históricos del principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal. 119 3.1.1. El legislador constituyente y el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal.......................................................................................... 124 3.2. El desarrollo legislativo del principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal 129 3.3. Exigencias para un Fiscal imparcial según la actual legislación..................... 131 4. PRINCIPIOS ORGÁNICOS DEL MINISTERIO FISCAL: UNIDAD DE ACTUACIÓN Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA............................................................. 139 4.1. Sobre el tratamiento conjunto de los principios orgánicos del Ministerio Fiscal................................................................................................................. 139 4.2. Antecedentes históricos de los principios orgánicos del Ministerio Fiscal....... 142 4.2.1. El legislador constituyente y los principios orgánicos del Ministerio Fiscal.................................................................................................. 148 4.3. El desarrollo legislativo de los principios orgánicos del Ministerio Fiscal...... 151 4.4. Instrumentalidad de la dependencia jerárquica respecto del principio de unidad de actuación........................................................................................... 153 4.5. Ser independiente para poder ser imparcial................................................... 159 4.6. El Ministerio Fiscal frente al binomio dependencia/independencia................ 163 4.6.1. El Fiscal absolutamente dependiente................................................... 163 4.6.2. El Fiscal relativamente dependiente..................................................... 167 4.6.2.1. Legitimidad democrática del Fiscal..................................... 167 4.6.2.2. El Fiscal y la política criminal............................................. 168 4.6.2.3. Independencia ad extra funcional del Ministerio Fiscal....... 170 4.6.2.4. Independencia ad extra orgánica del Ministerio Fiscal........ 173 4.6.3. El Fiscal absolutamente independiente................................................ 177 4.7. Propuestas para una mayor autonomía funcional del Ministerio Fiscal........ 179 4.7.1. Las instrucciones particulares............................................................. 182 4.7.2. La designación de fiscal para asunto concreto y la avocación de las causas: el fiscal ad hoc........................................................................ 183 4.7.3. Designación discrecional de las jefaturas por el Fiscal General del Estado................................................................................................. 186 4.7.4. Sistema de responsabilidad disciplinaria............................................. 188 4.8. El principio de dependencia jerárquica a través de las directrices generales... 189

Capítulo Segundo

EL FISCAL INVESTIGADOR EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS CRIMINALES 1. SOBRE LOS SISTEMAS CRIMINALES AVANZADOS Y LA FUNCIÓN INVESTIGADORA DEL MINISTERIO FISCAL............................................................. 193 2. EL FISCAL EN EL SISTEMA ADVERSARIAL...................................................... 200

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Índice

2.1. El origen histórico del sistema adversarial en Inglaterra................................ 200 2.2. El origen histórico-constitucional del sistema adversarial en Norteamérica... 206 2.3. Elementos del sistema criminal adversarial.................................................... 208 2.3.1. Inexistencia de fase de instrucción judicial.......................................... 210 2.3.2. Discrecionalidad política en el ejercicio público de la acción penal.... 216 2.3.3. El juez como árbitro de una confrontación entre partes...................... 218 2.3.4. Ejercicio de la acusación ajeno a la búsqueda de la verdad material.... 225 2.3.5. Carácter privado de la obtención, selección y presentación de las fuentes de prueba....................................................................................... 226 2.3.6. El jurado como órgano de decisión del juicio criminal y el principio de oportunidad........................................................................................ 227 2.3.7. Interdicción de la apelación contra las sentencias criminales absolutorias...................................................................................................... 231 2.3.7.1. Veredictos........................................................................... 236 2.3.8. Rechazo de un sistema de prueba legal y rechazo del proceso secreto. 238 2.4. La crisis ideológica del sistema adversarial.................................................... 240 2.4.1. El riesgo de parcialidad gubernamental............................................... 242 2.4.2. El efecto combate................................................................................ 244 2.4.3. El efecto riqueza o justicia de los ricos................................................ 251 3. EL FISCAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO FORMAL O MIXTO..................... 252 3.1. El origen histórico del sistema acusatorio formal........................................... 252 3.1.1. El sistema acusatorio puro.................................................................. 253 3.1.2. El sistema inquisitorial puro............................................................... 254 3.2. Elementos del sistema acusatorio formal....................................................... 256 3.2.1. Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al juez..................................................................................................... 259 3.2.2. División del proceso en dos fases con separación de funciones entre investigación y juicio........................................................................... 262 3.2.3. Relativa vinculación del tribunal a la pretensión de la acusación........ 265 4. EL FISCAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO FORMAL AVANZADO................. 270 4.1. El sistema de investigación fiscal en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.......................................................................................... 275 4.1.1. De la imparcialidad judicial a la neutralidad fiscal en la investigación fiscal................................................................................................... 280 4.1.2. El principio de oportunidad reglada en el Anteproyecto de Ley.......... 284 4.2. El Fiscal investigador en el derecho comparado............................................. 285 4.3. La dependencia de la policía judicial del Ministerio Fiscal............................. 294

Capítulo Tercero

HACÍA UNA INSTRUCCIÓN DIRIGIDA POR EL MINISTERIO FISCAL 1. SOBRE LAS POTESTADES INVESTIGADORAS DEL MINISTERIO FISCAL.... 301 2. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS....................................................... 306 2.1. Asistencia letrada ante la Fiscalía.................................................................. 311 2.2. Entrevista letrada anterior a la declaración policial....................................... 316 2.3. Recurso judicial ante la denegación de diligencias......................................... 318 2.4. Acceso del investigado al expediente instructor............................................. 320

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Índice

2.5. El derecho a una investigación fiscal sin dilaciones........................................ 323 2.5.1. Ausencia de control del cumplimiento de los plazos............................ 331 2.5.2. Insuficiencia de medios materiales....................................................... 336 2.5.3. Ausencia de reconocimiento del principio de oportunidad reglada en la investigación fiscal.......................................................................... 338 2.5.4. Falta de potenciación del principio de intervención mínima del Derecho Penal............................................................................................ 340 2.5.5. Pluralidad de partes acusadoras.......................................................... 341 2.5.6. Concentración de los recursos de la defensa........................................ 347 2.5.7. Extensión del objeto penal a las consecuencias civiles derivadas del delito.................................................................................................. 348 2.5.8. Excesivo celo del juez instructor......................................................... 349 2.6. Prueba preconstituida y anticipada................................................................ 350 3. INTERVENCIÓN JUDICIAL EN LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.............................................. 355 3.1. Inspecciones y reconocimientos corporales.................................................... 356 3.1.1. Reconocimiento corporal exterior....................................................... 359 3.1.2. Examen radiológico............................................................................ 362 3.1.3. Examen dactiloscópico....................................................................... 363 3.2. Intervenciones corporales.............................................................................. 365 3.3. Recogida y conservación de muestras biológicas........................................... 370 3.4. Entrada y registro de lugares y efectos........................................................... 374 3.5. Intervención de las comunicaciones............................................................... 379 4. INTERVENCIÓN JUDICIAL EN LAS MEDIDAS DE NATURALEZA CAUTELAR...................................................................................................................... 382 4.1. Medidas cautelares personales....................................................................... 386 4.2. Medidas cautelares restrictivas de otros derechos.......................................... 388 4.3. Medidas cautelares reales.............................................................................. 392 4.3.1. Medidas patrimoniales de aseguramiento de las consecuencias accesorias a la pena....................................................................................... 393 4.3.2. Medidas de aseguramiento de la responsabilidad civil........................ 395 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 417 ÍNDICE DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CITADOS ........................................................................................................ 425 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 437

NOTA DE AGRADECIMIENTO La presente monografía ha sido redactada sobre la base de la tesis doctoral titulada “la investigación fiscal en un sistema acusatorio formal” dirigida por la Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández, Dra. Dña. Olga Fuentes Soriano, que fue defendida en la Univerdsidad el 19 de mayo de 2015 y obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude otorgada por el Tribunal presidido por el Dr. D. José Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Universidad, Departamento de Derecho Procesal, Universidad Nacional de Educación a Distancia e integrado por los siguientes profesores: Dr. D. José María Asencio Mellado, Catedrático de Universidad, Departamento de Derecho Mercantil y Procesal, Universidad de Alicante, Dra. Dña. María Teresa Armenta Deu, Catedrática de Universidad, Departamento de Derecho Público, Universidad de Girona, Dra. Dña. Raquel Castillejo Manzanares, Catedrática de Universidad, Departamento de Derecho Público, Universidad de Santiago de Compostela y Dr. Don José Martín Pastor, Profesor Titular de Unversidad acreditado Catedrático, Departamento de Derecho Administrativo y Procesal, Universidad de Valencia.

Quiero formular mi más sincero agradecimiento a la Dra. Dña. Olga Fuentes Soriano. Sin su magisterio, apoyo, colaboración y ánimo, nunca hubiera sido posible la redacción de esta tesis. Investigar bajo su dirección ha sido un constante aprendizaje del significado de la dedicación vocacional a la docencia y a la investigación científica. Su ejemplo me acompañará durante toda mi vida. Gracias de corazón.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para mostrar mi admiración y agradecimiento a los ilustres miembros del Tribunal que juzgó la tesis doctoral. Sus doctas e inteligentes observaciones han resultado absolutamente esenciales para poder transformar la tesis en la presente monografía.

Por último, debo agradecer al Fiscal Decano de Menorca, Ilmo. Sr. D. Eduardo Norro Ruipérez y al Magistrado Decano de Mahón, Ilmo Sr. D. Bartomeu Mesquida Ferrando, por enseñarme con su ejemplo como ser un buen fiscal.

ABREVIATURAS AA.VV. Varios autores art/s. artículo/s ATC Auto del Tribunal Constitucional ATS Auto del Tribunal Supremo BCLR Boston College Law Review c. contra CE Constitución española de 1978 CEDH Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales CENDOJ Centro de documentación judicial CGPJ Consejo General del Poder Judicial cit. citado coord. coordinado CP Código Penal CPPF Code de Procédure Pénale francés CPPI Codice di Procedura Penale italiano CPPP Codigo de Processo Penal protugués CPS Crown Prosecutor Service CRI Costituzione della Repubblica italiana DA Disposición Adicional DD Disposición Derogatoria DF Disposición Final dir. dirigido DPP Director of Public Prosecutions doc. documento ed. edición EE.UU. Estados Unidos de América electro. electrónico EOMF Ley del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal esp. Especial FGE Fiscal General del Estado FGRE Fiscal General del Reino FGR Fiscal General de la República FD Fundamento de Derecho GVG Gerichtsverfassungsgesetz LEC Ley de Enjuiciamiento Civil LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal LO Ley orgánica LOPJ Ley orgánica del Poder Judicial

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Abreviaturas

Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores LOTJ Ley orgánica del Tribunal del Jurado MF Ministerio Fiscal núm. número pág. página ONU Organización de las Naciones Unidas RD Real Decreto RDP Revista de Derecho Procesal ROMF Reglamento orgánico del Ministerio Fiscal Secc. sección ss. siguientes StPO Strafprozeßordnung STC Sentencia del Tribunal Constitucional STS Sentencia del Tribunal Supremo STSF Sentencia del Tribunal Supremo Federal de Norteamérica STEDH Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TC Tribunal Constitucional TEDH Tribunal Europeo de los Derechos Humanos TS Tribunal Supremo Univ. Universidad US-Attorneys Fiscales federales de Norteamérica Cfr. Confróntese Vol. Volumen

PRÓLOGO Unos cuatro años antes de que esta monografía viera la luz, recibí en mi despacho la visita de un joven estudiante de doctorado. Este estudiante, a la sazón opositor —y poco después Fiscal— se planteaba —me planteó en aquella reunión— la posibilidad de realizar una Tesis Doctoral sobre el Ministerio Fiscal bajo mi dirección. De nuestra primera entrevista saqué varias cosas en claro pero la fundamental, al margen de su entusiasmo y sus ganas de trabajo así como su acertada visión de la institución, posiblemente fuera su actitud abierta, permeable y ávida de conocimiento. Ello, unido a la enorme atracción que el estudio del Ministerio Fiscal suscita en mi trayectoria investigadora me llevó a aceptar el reto con ilusión; ilusión que —he de confesar— a medida que iban pasando los meses primero y los años después, se tornaba en entusiasmo ante los profundos avances de su trabajo y el cariz que iba tomando su investigación. El resultado de todo ello se materializa hoy en el trabajo que, en estos momentos, el lector tiene en sus manos.

Puedo decir así, con total conocimiento de causa, que la presente monografía constituye el resultado de un estudio riguroso, serio, profundo y altamente reflexionado, sobre el rol que juega —y que está llamado a jugar— el Ministerio Fiscal en el proceso penal español.

Para ello, el autor se vale de una estructura que bien pudiera merecer el calificativo de clásica, al abordar en su primer capítulo el estudio de los cuatro grandes principios en torno a los que se diseña la arquitectura del Ministerio Fiscal: legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Sin embargo, tras ese planteamiento clásico —necesario en todo caso para un correcto enfoque del resto del trabajo— desde los inicios de la obra se observan ya novedosas y personales aportaciones en el estudio de la institución. Así, a partir de la inicial diferencia entre una acepción positiva de la legalidad en la que ésta se presenta como garantía del principio de imparcialidad y una acepción negativa que permite la entrada en escena del principio de oportunidad, genera el autor el marco idóneo para un desarrollo in extenso de este principio, plenamente actualizado a los cambios introducidos por las últimas reformas legales (v.gr. delitos leves) y con una clara proyección de futuro.

La dependencia jerárquica, por su parte, de la que el autor participa en tanto instrumental y necesaria para garantizar la unidad de actuación de la fiscalía se matiza con propuestas que permitan diseñar un proceso penal cuya investigación resulte finalmente dirigida por el Ministerio Fiscal. Es por ello que junto a la defensa de las actuales circulares, instrucciones y consultas como mecanismos de

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Olga Fuentes Soriano

transmisión de las líneas de actuación de los fiscales, de legitimidad democrática del fiscal y de articulación del ejercicio de la política criminal se plantea en la obra la necesidad —más allá, pues, de la conveniencia— de desterrar de nuestro sistema todas aquellas instituciones que legitimen una posible intervención espuria respecto de asuntos concretos. Es el caso de las instrucciones particulares, de la posibilidad de designar a un fiscal determinado para un asunto específico o del mecanismo de avocación de causas.

En esta línea y tomando lo expuesto como manifestación particular del tono general de este trabajo cabe asegurar, sin riesgo de caer en exageración alguna, que parte de la grandeza del mismo reside en presentar, sobre la base de una estructura clásica de análisis, planteamientos novedosos y con importantes propuestas de futuro. Propuestas que, lejos de enunciarse como anhelos caprichosos, ocurrentes o simplemente bienintencionados del autor encuentran fundamento en un sólido estudio de la doctrina y una profunda reflexión en torno a las diversas opciones que ensaya el derecho comparado.

Es precisamente la afianzada base de este primer capítulo con el tratamiento de los cuatro ejes ya comentados, lo que permite al autor levantar, previo el análisis del rol que desempeña el Ministerio Fiscal en los distintos sistemas criminales, la arquitectura de una futura fase instructora cuya dirección, por evolución lógica de nuestro actual sistema le fuera íntegramente otorgada.

Se parte en el trabajo de la acertada premisa de que el sistema criminal por el que se opte quedará intrínsecamente ligado al conjunto de factores de los pende la agilidad del proceso. Desde esta perspectiva, la apuesta del autor por una instrucción dirigida por el Fiscal le lleva a efectuar una revisión total de esta inicial fase a fin de determinar qué instrumentos o mecanismos procesales habría que otorgarle al Ministerio Fiscal, junto a aquellos que necesariamente habrá que reconocerle en ese nuevo diseño de instrucción, para conseguir una mayor celeridad y un mayor éxito, por tanto, en la investigación criminal.

Es en este contexto donde se plantea la necesidad, no solo de adscribir funcionalmente al Ministerio Fiscal unidades policiales y periciales, sino también la necesidad de reconocer al Fiscal determinadas potestades sancionatorias sobre las mismas. Se plantea igualmente la conveniencia de reconocer al Ministerio Fiscal capacidad para acordar determinadas diligencias restrictivas de derechos, siempre —lógicamente— dentro del marco constitucional. En este sentido justifica el autor cómo en nada atentaría a la Constitución la adopción por el Fiscal de determinadas diligencias de inspección e incluso de intervención corporal leve, particularmente, cuando concurrieran razones de urgencia, si así fuera acordado por una ley orgánica. Y respecto de las medidas cautelares, si bien se reconoce la mayor precaución con que habría que atender esta decisión en el ámbito de las medidas cautelares penales, se propone abiertamente en esta obra la convenien-

Prólogo

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cia de derivar la decisión sobre las civiles al ámbito competencial del Ministerio Fiscal.

La justificación de todas las medidas aquí enunciadas, así como la de muchas otras que se proponen a lo largo del trabajo, la encontrará el lector en estas páginas bajo el ritmo de una prosa fluida que aún con la solidez y profundidad con la que se han planteado permite una lectura ágil y ciertamente distendida que recomiendo encarecidamente a todo aquél interesado en el futuro de nuestro proceso penal.

OLGA FUENTES SORIANO Catedrática de Derecho Procesal Universidad Miguel Hernández

Alicante, agosto de 2016