1_9788413553467 by Editorial Tirant Lo Blanch

reformas

978-84-1355-345-0

Á. BLASCO - M. LÓPEZ - M. ALEGRE R. RAMOS - E. TALÉNS

Análisis normativo de las medidas laborales y de Seguridad Social frente a la crisis del COVID-19

La presente obra contiene un análisis normativo de las medidas laborales y de seguridad social adoptadas para hacer frente a la crisis del COVID-19; identificando los principales aspectos de su régimen jurídico, así como los interrogantes que, en algunos casos, suscita su aplicación práctica. Habida cuenta de que las medidas en cuestión aparecen dispersas en distintos Reales Decretos Ley y que, incluso, algunas de ellas, ya han sido objeto de modificaciones y/o aclaraciones posteriores, hemos considerado oportuno, desde una perspectiva sistemática, afrontar dicho análisis clasificándolas por razón de la materia en cinco grandes bloques: medidas relativas a la prevención de riesgos laborales; medidas relacionadas con la modificación del tiempo de trabajo y de la forma de prestación laboral; medidas dirigidas a paliar los problemas económicos y productivos para las empresas; medidas en relación con la seguridad social y medidas de carácter procesal. Se trata de hacer comprensible a los profesionales y a empresarios y trabajadores la normativa de emergencia dictada para hacer frente a la crisis del COVID-19

ÁNGEL BLASCO PELLICER MERCEDES LÓPEZ BALAGUER MANUEL ALEGRE NUENO FRANCISCO RAMOS MORAGUES EDUARDO TALÉNS VISCONTI

ANÁLISIS NORMATIVO DE LAS MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ANÁLISIS NORMATIVO DE LAS MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19

ÁNGEL BLASCO PELLICER

Magistrado Sala IV Tribunal Supremo Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

MERCEDES LÓPEZ BALAGUER

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

MANUEL ALEGRE NUENO

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

FRANCISCO RAMOS MORAGUES

Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

EDUARDO TALÉNS VISCONTI

Profesor Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Valencia

tirant lo blanch Valencia, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Ángel Blasco Pellicer Mercedes López Balaguer Manuel Alegre Nueno Francisco Ramos Moragues Eduardo Taléns Visconti

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1355-346-7 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Sumario 0. INTRODUCCIÓN........................................................................ 11 I. MEDIDAS RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1. Introducción................................................................................................ 17 2. Una breve referencia sobre el genérico deber de prevención de riesgos laborales por parte del empresario...................................................................... 18 3. El específico deber de prevención de riesgos laborales en relación con la pandemia del COVID-19........................................................................... 21 3.1. Las diferentes modalidades de exposición al riesgo de contagio......... 21 3.2. Medidas que debe de adoptar la empresa en función del riesgo de contagio por COVID-19.................................................................... 23 3.3. La prevención de los riesgos laborales en el trabajo a distancia motivado por el COVID-19.......................................................................... 31 3.3.1. La prevención de riesgos laborales en el trabajo a distancia..... 32 4. El tratamiento de los datos por parte del empresario en relación con la enfermedad del COVID-19............................................................................ 36 5. Los deberes de los trabajadores en materia de PRL: la obligación de informar acerca del estado de la salud en relación con el COVID-19................. 39 6. La responsabilidad del empresario en materia de PRL en los supuestos especiales del “coronavirus”............................................................................. 41 6.1. El recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad............. 43 6.2. Responsabilidad por falta de reconocimientos médicos...................... 43 6.3. Responsabilidad empresarial por no atender el requerimiento de paralización de trabajos............................................................................. 44 6.4. La responsabilidad civil patronal........................................................ 45

II. MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 RELACIONADAS CON LA MODIFICACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y DE LA FORMA DE PRESTACIÓN LABORAL 1. Introducción................................................................................................ 47 2. La flexibilidad en el tiempo de trabajo en el RDL 8/2020, de 17 de marzo. 49 2.1. Adaptación de la jornada (art. 34.8 ET) —art. 6.2 RDL 8/2020—... 52 2.2. Reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares (art. 37.6.7 ET) —art. 6.3 RDL 8/2020—........................................................... 57 2.3. Otras medidas posibles en materia de tiempo de trabajo.................... 59 2.3.1. Excedencia por cuidado de hijos o de mayores (art. 46.3 ET). 60

Sumario

2.3.2. El permiso retribuido por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal (art. 37.3.d) ET).............. 63 2.3.3. Modificación de fechas de vacaciones (art. 38 ET).................. 64 3. La modificación de la forma de prestación: el trabajo a distancia como solución a la situación coyuntural....................................................................... 64 4. El permiso retribuido recuperable del RDL 10/2020, de 29 de marzo........ 74 4.1. Ámbito de aplicación del RDL 10/2020, de 29 de marzo.................. 74 4.2. El permiso retribuido recuperable: concepto...................................... 80 4.3. La recuperación de las horas retribuidas y no trabajadas desde el 30 marzo hasta el 9 de abril..................................................................... 81 4.4. El mantenimiento de la actividad mínima indispensable en las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del RDL 10/2020................. 84 4.5. Entrada en vigor del RDL 10 /2020, de 29 de marzo......................... 85

III. MEDIDAS LABORALES PARA PALIAR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS PARA LAS EMPRESAS DERIVADOS DEL COVID-19 1. Introducción................................................................................................ 87 2. Empresas que se han visto obligadas a suspender o reducir su actividad como consecuencia del RD 463/2020, de 14 de marzo o de normas autonómicas anteriores............................................................................................... 89 2.1. El concepto de “fuerza mayor” en el ámbito del Derecho del Trabajo. 89 2.2. Las consecuencias del COVID-19 como supuesto de fuerza mayor temporal............................................................................................. 93 2.3. Los denominados Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y sus modalidades................................................................. 96 2.4. Tramitación de un ERTE por Fuerza Mayor..................................... 98 2.5. La resolución administrativa que constata la fuerza mayor. En especial su ausencia y el silencio administrativo............................................... 104 2.6. La duración de las medidas suspensivas o de reducción de jornada.... 107 3. Empresas que han visto afectada su actividad productiva a consecuencia de la falta de pedidos para los bienes o servicios que suministra al mercado o por falta de materias primas o suministros que les impiden llevar una actividad dentro de los parámetros de la normalidad........................................... 110 3.1. El ERTE por causas productivas: las modalidades de suspensión...... 110 3.2. Procedimiento del ERTE por causas productivas............................... 111 4. Efectos de la suspensión del contrato.......................................................... 113 4.1. Efectos sobre el contrato de trabajo.................................................... 113 4.2. Efectos en materia de Seguridad Social.............................................. 115 5. Disposiciones especiales para cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales....................................................................................................... 118 6. Medidas para el mantenimiento del empleo:............................................... 119 6.1. El compromiso de mantenimiento del empleo................................... 119

Sumario

6.2. La prohibición de despedir por las causas que amparan los ERTE.... 122 7. Medidas antifraude..................................................................................... 122 8. Los ERTE originados por causa del covid-19 en el caso de las empresas concursadas................................................................................................. 123 8.1. Introducción: las dos modalidades de ERTE...................................... 123 8.2. La competencia del Juez de lo Mercantil para conocer sobre el ERTE de empresas se encuentran inmersas en un proceso concursal............. 124 8.3. El régimen jurídico aplicable a los ERTE Concursales finalizados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 11/2020.......................... 126 8.4. El régimen jurídico aplicable a los ERTE que se encuentran en trámite en el momento de la entrada en vigor del RDL 11/2020................ 127 8.5. El procedimiento a seguir en los ERTE Concursales tras la aprobación del RDL 11/2020....................................................................... 129 8.5.1. El procedimiento a seguir en función de la fase en la que se encuentre el proceso concursal................................................. 129 8.5.2. El procedimiento de ERTE Concursal iniciado con posterioridad al RDL 11/2020............................................................... 130 8.5.3. El procedimiento de ERTE Concursal por causas “ETOP”.... 131 8.5.4. El procedimiento de ERTE Concursal por causa de fuerza mayor....................................................................................... 133 8.6. Conclusiones...................................................................................... 136

IV. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1. Consideración de la enfermedad y de los periodos de aislamiento como situación asimilada a un accidente de trabajo................................................. 137 2. Ampliación de las bonificaciones a la Seguridad Social por mantener en nómina a trabajadores con contrato fijo discontinuo................................... 142 3. Prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos.............................................................................................................. 144 4. Medidas extraordinarias de cotización en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19................................................................................................. 153 5. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.............. 156 5.1. Reconocimiento de la prestación por desempleo con ciertas garantías excepcionales...................................................................................... 156 5.2. Medidas extraordinarias relativas al nivel asistencial de la prestación por desempleo..................................................................................... 162 6. El subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.......................................................................................... 164 6.1. Personas empleadas de hogar beneficiarias del derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad....................................................... 164 6.1.2. Cuantía del subsidio................................................................ 166

Sumario

6.1.3. Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario........................................................................................ 167 6.2. Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal....... 168 7. La compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios...................................... 169 8. La compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma.... 171 9. Extensión de la prestación por Incapacidad Temporal a los trabajadores afectados por una situación de confinamiento (Disposición adicional vigésimo primera del RDL 11/2020)................................................................... 172 10. Medidas de apoyo a empresas y autónomos en relación al pago de las cuotas de Seguridad Social..................................................................................... 175 10.1. Moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social............................ 176 10.2. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.............. 180

V. MEDIDAS DE CARÁCTER PROCESAL 1. Normas generales........................................................................................ 183 2. Modalidades procesales relacionadas con las medidas laborales extraordinarias aprobadas como consecuencia del COVID-19..................................... 185 2.1. Reclamaciones relacionadas con el periodo de aislamiento o con la incapacidad temporal derivada del COVID-19.................................. 185 2.2. Reclamaciones relacionadas con los derechos de cuidado a causa de circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19............. 186 2.3. Reclamaciones derivadas de las medidas excepcionales relacionadas con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor o por causa económica, técnica, organizativa y de producción.............................................................. 187 2.4. Reclamaciones derivadas de las medidas excepcionales para el mantenimiento del empleo........................................................................... 189 2.5. Reclamaciones derivadas de las medidas excepcionales en materia de protección por desempleo y cese de actividad..................................... 190 2.6. Reclamaciones relacionadas con el derecho a la protección de la salud de los trabajadores frente al COVID-19............................................. 191 3. Medidas de futuro....................................................................................... 192

VI. OTRAS MEDIDAS 1. Prórroga de la duración de los contratos laborales previstos en la Ley Orgánica de Universidades: disposición adicional duodécima del RDL 11/2020 193 2. Reglas aplicables a los contratos de trabajo suscritos con cargo a financiación de convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación y a la integración de personal contratado en el Sistema Nacional de Salud (Disposición Adicional 13ª RDL 11/2020).................................. 200

0. INTRODUCCIÓN La denominada oficialmente como COVID-191 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Tanto el virus como la enfermedad eran desconocidos hasta que estallara el brote en Wuhan (China) en el mes de diciembre del pasado año 20192. Los alarmantes niveles con los que el virus se ha ido propagando al resto de países del mundo, unido a su especial virulencia en relación a determinados segmentos de población, ha propiciado que la situación se calificase de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado día 11 de marzo de 20203. A fecha 3 de abril de 2020, existen más de 800.000 casos confirmados, distribuidos en 201 países, áreas o territorios que dejan una cifra superior a las 50.000 personas fallecidas. Desde el 13 de marzo, el epicentro de la pandemia es Europa, siendo el primer foco Italia —en particular, la región de Lombardía— que, en la actualidad, cuenta con el mayor número de personas fallecidas por el coronavirus. En España, el primer paciente que dio positivo en COVID-19 tuvo lugar el pasado 31 de enero de 2019 en la Isla de la Gomera. Pasados unos pocos días se detectó otro caso, esta vez en la Isla de

La agencia de salud de las Naciones Unidas anunció el 11 de febrero de 2019 que el “Covid-19” sería el nombre oficial para referirse al virus mortal originado en China. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, el Sr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmaba ante la prensa que la elección del nombre perseguía evitar referencias a una ubicación geográfica específica, especie animal o grupo de personas en línea con las recomendaciones internacionales para nombrar con el objetivo de prevenir la estigmatización. Vid., la noticia aparecida en https:// www.todayonline.com/world/wuhan-novel-coronavirus-named-covid-19-who [Consulta realizada el 28-03-2020]. Así lo indica la Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/ emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses [Consulta realizada el 28-03-2020]. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Puede consultarse en: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [Consulta realizada el 28-03-2020].

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Palma. Finalmente, el virus paso a la península, apareciendo los primeros casos en la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y País Vasco. En poco más de dos meses el número de contagiados y fallecidos por este virus ha crecido exponencialmente en nuestro país. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Sanidad, actualizados a fecha 2 de abril de 2020, España acumula un total de 110.710 casos y 10.935 fallecidos, lo que nos sitúa, desafortunadamente, como el segundo país del mundo en número de fallecidos4 por esta enfermedad. La extrema gravedad de la situación ha derivado en que los Gobiernos de los países afectados por el virus hayan ido aprobando en un corto espacio de tiempo múltiples disposiciones normativas en las que se incluye una batería de medidas, más o menos contundentes —dependiendo de los casos— cuyo fin último no es otro que el de contener la progresión de la enfermedad y proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos. La velocidad inusitada con la que se han ido sucediendo los acontecimientos ha hecho que, además, la aprobación e implementación de estas medidas se esté produciendo de una forma un tanto repentina. Si nos centramos en el caso español, es fiel reflejo de esta idea, el hecho de que mientras en los primeros días del mes de marzo, la actividad educativa presencial funcionaba con normalidad, no existía ningún tipo de restricción en punto a evitar concentraciones o manifestaciones en la vía pública, ni tampoco prohibición de celebrar eventos deportivos abiertos al público, por citar tan sólo algunos ejemplos, tan solo unos pocos días después, el 13 de marzo, para ser exactos, se anunciaba por el Presidente del Gobierno que se iba a proceder a declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que, finalmente, se produciría un día después por medio del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo que, entre otras medidas, contempla una limitación temporal de la libertad de circulación de las personas por las vías de uso público, la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas o la suspensión de toda la actividad educativa presencial, en todos los niveles.

Los datos oficiales aparecen publicados en: https://covid19.isciii.es/ [Consulta realizada el 2-04-2020].

Análisis normativo de las medidas laborales y de Seguridad Social …

No es dudoso que, en un contexto extraordinario como el descrito, los esfuerzos han de concentrarse, prioritariamente, en evitar que sigan incrementándose el número de contagios, proteger la salud de las personas y dar una respuesta adecuada a esta emergencia sanitaria que se plantea a nivel global. En esta línea esencial hay que situar la adopción del antedicho Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma en nuestro País5, inicialmente, por un período de 15 días naturales y, recientemente, prorrogado por 15 días más (Congreso de los Diputados, celebrado el 25 de marzo de 2020). Ante una situación de crisis sanitaria como en la que nos encontramos inmersos parece razonable, incluso, imperativo, la adopción de medidas tan severas como las adoptadas, pese a que ello suponga una paralización de la actividad económica del país. Es más, la imposibilidad de detener los avances del COVID-19 (la cifra total de personas contagiadas y de víctimas no ha parado de crecer, pese a la declaración del estado de alarma) ha supuesto una vuelta de tuerca más en este sentido y las iniciales medidas de contención se han recrudecido; restringiendo ahora los desplazamientos por motivos laborales exclusivamente a los supuestos de actividades esenciales (Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo). Desde una perspectiva económica, no es difícil aventurar que las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria van a suponer una perturbación sin precedentes de la economía española, cuyo impacto negativo es complicado de precisar en estos momentos, pero que con toda probabilidad nos va a situar ante un nuevo escenario de crisis económica, de mayor virulencia, si cabe, que la iniciada en el año 2008. De manera más concreta, resulta evidente que la pandemia que se padece está planteando graves problemas económicos a muchísimas empresas, por no decir a la totalidad del tejido productivo del país. Ya sea como consecuencia directa de la acción del virus (inasistencias de personal por enfermedad, cuarentena o simple prevención) sea como consecuencia directa o in-

Se trata de la segunda vez que se ha declarado el Estado de Alarma en España. La primera tuvo lugar en el año 2010, como consecuencia de la huelga de controladores aéreos (Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo).

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directa de las medidas que están tomando las autoridades nacionales y autonómicas (cierre total o parcial del espacio aéreo; cierre total o parcial de múltiples actividades educativas, vinculadas al ocio, turísticas, deportivas, festivas, de transportes, comerciales; limitaciones para la movilidad de las personas, etc.), lo cierto es que muchísimas empresas se han visto en la obligación de suspender total o parcialmente su actividad habitual, con las consecuencias que ello comporta. Entre esas consecuencias se encuentran, por descontado, el cierre, temporal o definitivo, de numerosas empresas y, consecuentemente, la destrucción de numerosos puestos de trabajo. Prueba de lo dicho es que, según datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social6, a 31 de marzo, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue de 18.445.436, lo que supone que hasta ese día el sistema perdió 833.979 afiliados. Y ello, teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia del coronavirus se empieza apreciar de forma notoria a partir del día 12 de marzo, pues hasta ese momento, esto es, durante los primeros once días del mes, el empleo aún evolucionaba sumando afiliados, en concreto, 64.843. En cuanto a los datos de paro, el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de marzo, ha subido en 302.265 personas en relación con el mes anterior7. La crisis económica que empieza ya a manifestarse requiere de una respuesta contundente por parte del Gobierno que, en la medida de lo posible, amortigüe los graves efectos negativos que de ella van a derivarse en el corto y medio plazo. Es precisamente en este contexto en el que hay que situar la aprobación frenética durante las últimas semanas de un amplio paquete de medidas que inciden en el ámbito económico y social; buena parte de las cuales tienen como principales destinatarios a los trabajadores asalariados y a los autónomos. Tales medidas aparecen recogi-

La información completa se encuentra disponible en: http://prensa.mitramiss. gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3769 [Documento consultado el 03-04-2020]. Datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal del mes de marzo de 2020. Pueden consultarse en: file:///C:/Users/ampar/Downloads/Datos-deparo-registrado--marzo-2020.pdf [Documento consultado el 03-04-2020].

Análisis normativo de las medidas laborales y de Seguridad Social …

das en los siguientes Reales Decretos-leyes: el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública; el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19; el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19; el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; y, por último, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La presente obra contiene un análisis normativo de las medidas laborales y de seguridad social adoptadas para hacer frente a la crisis del COVID-19; identificando los principales aspectos de su régimen jurídico, así como los interrogantes que, en algunos casos, suscita su aplicación práctica. Habida cuenta de que las medidas en cuestión aparecen dispersas en los distintos Reales Decretos Ley citados y que, incluso, algunas de ellas, ya han sido objeto de modificaciones y/o aclaraciones posteriores, consideramos más oportuno, desde una perspectiva sistemática, afrontar dicho análisis clasificándolas por razón de la materia en cinco grandes bloques: medidas relativas a la prevención de riesgos laborales; medidas relacionadas con la modificación del tiempo de trabajo y de la forma de prestación laboral; medidas dirigidas a paliar los problemas económicos y productivos para las empresas; medidas en relación con la seguridad social; medidas de carácter procesal; y, por último, otras medidas laborales para hacer frente a la crisis del COVID-19. Se trata, obvio es decirlo, de un análisis de urgencia. Ello no obstante, no hemos querido dejar de analizar los primeros problemas que se deducen de la lectura de la normativa de emergencia que constituye el objeto de nuestro trabajo y que hemos cerrado el 2 de abril de 2020.

I. MEDIDAS RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1. Introducción Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad. Junto con ello, en determinadas situaciones también pueden adoptar, como medida de prevención, la paralización de la actividad y el cierre de los centros de trabajo. Este último escenario ha venido impuesto para multitud de actividades por mor del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Posteriormente, el cese de las actividades productivas se intensificó tras la aprobación del RDL 10/2020, de 29 de marzo, que tiene como finalidad reducir al máximo el contacto entre personas con el propósito de controlar la propagación del virus. A raíz del primero se limitó la libre circulación de personas y en su Anexo se incluyeron aquellas actividades cuya apertura al público quedó suspendida con arreglo a lo dispuesto en su artículo 10.3. En el segundo texto se ordenaron paralizar todas las actividades empresariales excepto las consideradas esenciales, apareciendo las mismas reflejadas en el correspondiente Anexo. De lo señalado con anterioridad se evidencia que para determinadas empresas ya no existen, temporalmente, medidas de prevención de riesgos laborales que implementar, toda vez que se han visto obligadas a cerrar y sus trabajadores tienen el contrato suspendido (RDL 8/2020) o disfrutan de un permiso retribuido recuperable (RDL 10/2020). Ahora bien, sigue siendo posible que algunas empresas y Administraciones Públicas, en particular, las que presten servicios esenciales, sigan realizando su actividad; eso sí, sin una normalidad absoluta; o que, más adelante reabran alguna de las que están cerradas o todas paulatinamente. Pues bien, en tal caso, todas ellas deberán de adoptar medidas de prevención de riesgos relacionadas con la propagación del COVID-19 en favor de sus empleados.

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2. Una breve referencia sobre el genérico deber de prevención de riesgos laborales por parte del empresario La preocupación por garantizar una protección adecuada a los trabajadores, configurando medidas eficaces que prevengan y eviten accidentes y enfermedades causadas por la actividad productiva, no sólo ha motivado una intensa actividad legislativa, en la que ha tenido mucho que ver la incorporación de España a la Unión Europea, sino también, la adopción de otra serie de instrumentos8, tanto a nivel nacional como europeo, cuyos resultados positivos en orden a reducir los índices de siniestralidad laboral empiezan ya a surtir efecto9. A nivel europeo, se han adoptado diversas directivas con el fin último de hacer efectivo el mencionado propósito de conferir una protección adecuada a los trabajadores. Ya sea en términos genéricos, caso de la Directiva 89/391/CEE de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los

Sin pretensiones de exhaustividad, de entre los diversos instrumentos adoptados merece la pena destacar, por lo que a España se refiere, el “Plan de actuación para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los accidentes de trabajo”, aprobado por el Gobierno en el año 2005, en el que se hacía hincapié en la necesidad de elaborar una Estrategia Española para establecer el marco general de las políticas preventivas a corto y medio plazo. Necesidad que se materializó con la aprobación, por vez primera en nuestro país, de una estrategia de lucha contra la siniestralidad laboral, rubricada “Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012”, cuya finalidad era la de dotarnos de un instrumento que de una de forma integral, racional y coherente, nos permitiera combatir la siniestralidad laboral. Dando continuidad a líneas de actuación iniciadas en la anterior etapa, se ha aprobado la “Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020”, vigente en la actualidad, la cual, sin dejar de incidir en la ideas u objetivos marcados por su antecesora, pretende además afrontar los nuevos retos relacionados con la situación actual de las condiciones de trabajo; así como replantearse la política preventiva respecto a actividades y sectores que, pese a los esfuerzos realizados, continúan, presentando elevados índices de siniestralidad. Según se establece en el documento “Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020”, basándose en datos facilitados por EUROSTAT, la evolución de los índices de incidencia de accidentes de trabajo en España y en el Unión Europea, “[…] en la UE-15 el índice de incidencia estandarizado de accidentes de trabajo se redujo en un 19% entre 2007-2010, con un descenso en nuestro país para ese mismo periodo, y en base al indicador estandarizado, de un 24%”.

Análisis normativo de las medidas laborales y de Seguridad Social …

trabajadores en el trabajo, en la que se establecen los principios generales en materia de seguridad y de salud de los trabajadores; o bien de forma específica, esto es, respecto de determinados colectivos de trabajadores que presentan mayores factores de riesgo, como ocurre con la Directiva 91/383/CEE de 25 de junio de 1991, referida a la relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal; o la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, respecto de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o se encuentre en periodo de lactancia, entre otras. Centrándonos en la primera de las Directivas citadas, su art. 6 prevé las obligaciones generales del empresario en esta materia, indicando que aquel adoptará las medidas necesarias para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de prevención de los riesgos profesionales, de información y de formación, así como la constitución de una organización y de medios necesarios. Asimismo, a tal fin, tendrá en cuenta los siguientes principios generales de prevención: – Evitar los riesgos laborales. – Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. – Combatir los riesgos en su origen. – Adaptar el trabajo a la persona. – Tener en cuenta la evolución de la técnica. – Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. – Planificar la prevención. – Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual – Dar las debidas instrucciones a los trabajadores A nivel interno, el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene su origen en la propia Constitución Española (en adelante, CE), donde se prevé, de una parte, el derecho fundamental a la vida e integridad física y moral —art. 15 CE—; y, de otra, en el art. 40.2 CE, que en forma de principio rector de la política social y económica, proclama un mandato expreso dirigido a los poderes públicos, según el cual, éstos deberán velar por la seguridad

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e higiene en el trabajo. Así configurado, el aludido mandato constitucional comporta la necesidad de llevar a cabo una política de protección de la salud de los trabajadores que, en la práctica, se traduce en la adopción de toda una batería de medidas de muy diversa índole orientadas a la prevención de los riesgos derivados del trabajo, y que, a nivel interno, tiene su máxima expresión en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL). Descendiendo a un plano de mayor concreción, artículo 14 de la LPRL dispone, literalmente que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. La contrapartida de este derecho, como es bien sabido, es la existencia de un correlativo deber del empresario de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores (art. 14.2 LPRL). Desde esta perspectiva, las empresas deberán adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio prevención, de acuerdo con la evaluación de riesgos y en atención al tipo de actividad que desempeña la empresa. El deber de protección que pesa sobre el empresario se desglosa en una serie de obligaciones específicas, previstas en a lo largo de articulado de la norma legal, a través de las cuales se concreta ese deber genérico. Como ha destacado la doctrina más autorizada, conforman este haz de específicas obligaciones: evitar el riesgo; evaluar los riesgos que no se puedan evitar y de planificar la acción preventiva en la empresa; proporcionar al trabajador los equipos de trabajo y los medios de protección adecuados; dar información, consultar y dar participación a los trabajadores; proporcionar formación a los trabajadores individuales en materia preventiva; elaborar un plan de emergencia; adoptar las medidas necesarias en caso de riesgo grave e inminente para los trabajadores; vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores; documentación; protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y constituir un sistema de prevención10

SALA FRANCO, T., “El deber empresarial de protección al trabajador en materia de seguridad y salud laboral”, DS, Volumen 4, 1996, p. 9. El texto completo