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La colección de Ciencia Política de Tirant lo Blanch representa un proyecto editorial abierto a las líneas de investigación más novedosas desarrolladas por los profesionales de la disciplina. Desde este presupuesto, las obras que componen esta colección tienen como objeto fundamental trazar un panorama amplio de las materias propias de la Ciencia Política, sin olvidar por ello la necesaria interdisciplinariedad que conllevan estos estudios e investigaciones. Por tanto, este proyecto editorial no sólo pretende cubrir las áreas centrales en el estudio de la disciplina, sino también aquellos campos temáticos más marginales dentro de ésta o que ofrecen, en el caso español, una producción de menor envergadura desde el punto de vista científico y también docente.

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Ayala Virelas / Urquiza Martínez / Gómez Romo de Vivar (Coordinadores)

¿ALIANZAS CONTRA NATURA O ANTIHEGEMÓNICAS? LAS ALIANZAS PAN-PRD EN LOS ESTADOS MEXICANOS Diego Reynoso Orlando Espinosa Santiago (Coordinadores) PROMOCIONES EXCLUSIVAS PARA CLIENTES. LA PROFESIONALIZACIÓN LEGISLATIVA EN MÉXICO EVIDENCIAS EN CONGRESOS ESTATALES Y EL CONGRESO FEDERAL Fernando Patrón Sánchez Mª. Ofelia Camacho García SENTIDO Y ALCANCE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Ricardo Uvalle Berrones Maximiliano García Guzmán (Coordinadores) ÉLITES PARLAMENTARIAS LOCALES EN MÉXICO: ACTITUDES Y DESEMPEÑO Mónica Montaño Reyes Fernando Patrón Sánchez (Coordinadores) MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA A DEBATE Clicerio Coello Garcés Felipe de la Mata Pizaña Gabriela Villafuerte Coello (Coordinadores) HISTORIA Y BALANCE DE LA CIENCIA POLÍTICA EN MÉXICO Ricardo Uvalle Berrones Maximiliano García Guzmán (Coordinadores) EL PROCESO ELECTORAL DE 2015: INSTITUCIONES, PARTIDOS Y COMPETENCIA Víctor Alarcón Olguín Nancy García Vázquez (Coordinadores) NUEVAS TEORÍAS EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA: REPUBLICANISMO, LIBERALISMO Y COMUNITARISMO Abril Uscanga Barradas PARTIDOS POLÍTICOS EN UN CONTEXTO DE CRISIS. TEORÍA Y PRAXIS BAJO UNA MIRADA LATINOAMERICANA Enrique Cuna, Gonzalo Farrera y Alberto Escamilla (Coordinadores)

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DEMOCRACIA, GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

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El presente libro analiza desde diversas perspectivas académicas y prácticas, temas de impacto directo en el análisis que se hace de la democracia, el gobierno y la participación ciudadana, como conceptos totalmente vinculados y que en la realidad mexicana, requieren de repensarse en busca de nuevas formas de identidad entre los tres conceptos, que busque tener un impacto benéfico para la sociedad.

Democracia, Gobierno DEMOCRACIA, GOBIERNO Y y Participación Ciudadana PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Alma Rosa Ayala Virelas Humberto Urquiza Martínez Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar (Coordinadores)

Alma Rosa Ayala Virelas Humberto Urquiza Martínez Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar Coordinadores

ciencia política

Ciudad de México, 2018

Con las visiones de cada uno de dichos temas, se revisan aspectos concretos a partir de realidades y posturas novedosas que buscan explicar al lector, las formas de funcionamientos social en las cuestiones públicas.

Las perspectivas actuales que replantean los tres aspectos que son coincidentes en el libro, permiten generar nuevas condiciones del futuro de la democracia en su relación con el gobierno y la participación ciudadana en una sociedad que se está replanteando en dichas acciones.

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Democracia, Gobierno y Participación Ciudadana

Autores

Alma Rosa Ayala Virelas Alma Rosa Bahena Villalobos Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar Humberto Urquiza Martínez Laura Leticia Padilla Gil Monserrat Olivos Fuentes Paola Viridiana López Avila Rangel Vargas, Verónica Silsa Coordinadores

Alma Rosa Ayala Virelas Humberto Urquiza Martínez Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

Directores de la Colección:

ISMAEL CRESPO MARTÍNEZ Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia

PABLO OÑATE RUBALCABA Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia

© VV.AA.

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-516-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

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ÍNDICE Prólogo..................................................................................................... 9

La obsolescencia programada del Derecho Electoral Mexicano................. 11 Monserrat Olivos Fuentes

Mejoras regulatorias y tecnológicas en las elecciones de auxiliares de la autoridad municipal (jefes de tenencia y encargados del orden) en Morelia................................................................................................ 27 Alma Rosa Bahena Villalobos

Libertades sociales e individuales de la democracia 3.0............................. 55 Paola Viridiana López Ávila

La ciudadanía y los jóvenes....................................................................... 71 Alma Rosa Ayala Virelas

Las nuevas formas de representación política en un Estado Constitucional de Derecho............................................................................................ 97 Humberto Urquiza Martínez

Integración de los ayuntamientos en Michoacán a la luz de la legislación de 1825.................................................................................................. 119 Verónica Silsa Rangel Vargas

Hacia las elecciones municipales de 2018 en Guanajuato.......................... 135 Carlos Salvador Rodríguez Camarena Laura Leticia Padilla Gil

Armonía jurídica-institucional: una propuesta para la función gubernamental.................................................................................................... 175 Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

PRÓLOGO Nada es más grato para un docente universitario que constatar la formación, el desarrollo, talento y consolidación académica de sus alumnos, por ello, recibo con gran Beneplácito la invitación que me hacen los autores de la presente obra, a fin de realizar su introducción.

Los talentosos investigadores que participan en esta monografía son egresados del Doctorado Interinstitucional en Derecho, programa de reconocida calidad, que a través de la formación de recursos humanos impacta favorablemente a la ciencia jurídica mexicana. Prueba de ello, son las excelentes reflexiones y planteamientos que sobre la materia electoral realizan cada uno de los autores, en los nueve capítulos que componen el presente volumen. Reflejando asimismo, su preocupación para contribuir al fortalecimiento del Estado Constitucional y Democrático de Derecho en México, pues sus investigaciones llenan el vacío que existe en la doctrina sobre los temas abordados. Así, Monserrat Olivos en el primer apartado nos habla de la necesidad de orientar los esfuerzos legislativos hacia la actualización del nuevo modelo de justicia electoral, pues la normativa ha mutado a fin de propiciar contiendas electorales equitativas, reconociendo entre otros aspectos las candidaturas independientes, la reelección y el gobierno de coalición.

En nuestro tiempo, no se puede entender la democracia sin el uso de la nuevas tecnología y la participación de los jóvenes en la construcción de su ciudadanía, es por ello que Alma Bahena destaca la importancia de utilizar las herramientas tecnológicas en la elección de las autoridades auxiliares municipales, como una forma de incidir en la transparencia y publicidad de su designación.

Asimismo, Paola Viridiana en su artículo respectivo, concluye que el uso de las tecnologías y redes sociales, se traduce en la expresión de libertades sociales e individuales de la democracia.

Por su parte, Alma Rosa Ayala focaliza su atención en la formación de ciudadanía en la juventud, a fin de encontrar como señala esta autora, las formas de expresión y participación política propias de su contexto y su tiempo.

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Irina Graciela Cervantes Bravo

En su artículo sobre las “distintas formas de representación política”, Humberto Urquiza, nos habla de la convergencia que implica la inclusión de la representación de las autoridades de los pueblos originarios basados principalmente en un modelo tradicional y consuetudinario, así como las nuevas formas de representación en un Estado Constitucional y convencional que conlleva la observancia de principios y derechos fundamentales, además de controles constitucionales efectivos depositados en manos de la jurisdicción.

Las elecciones municipales son un tema de especial interés para los estudiosos del federalismo y la democracia, por ello desde una perspectiva distinta, dos autores en diferentes apartados estudian este nivel de gobierno. Desde una perspectiva histórico-jurídica Verónica Silsa, realiza un análisis de la integración de los Ayuntamientos y participación ciudadana con base en la Constitución Michoacana de 1825. En tanto el autor Carlos Rodríguez Camarena en su artículo respectivo construye una especie de diagnóstico respecto a las elecciones municipales del 2018 en el Estado de Guanajuato.

Laura Leticia Padilla ofrece en este libro, una serie de consideraciones a efecto de que el legislador en Guanajuato, desdoble las reformas constitucionales electorales, con la libertad configurativa que requiere el fortalecimiento de la democracia en esa entidad federativa.

Finalmente, el cierre de la obra viene de la mano de Guillermo Romo de Vivar, quien realiza un profundo análisis sobre el tema del mejoramiento de la administración pública y el ejercicio del gobierno, observando las bases constitucionales.

Quienes tengan la fortuna de adentrarse en la lectura de la obra, sabrán apreciar un estupendo trabajo de investigación que conjunta la colaboración de este grupo de autores, ofreciendo al lector una perspectiva fresca del derecho electoral, basada en la dogmática y pragmatismo jurídico, que busca facilitar el debate y construcción de conclusiones propias para lograr trasformar favorablemente nuestra democracia y justicia electoral.

Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo Docente-Investigadora de la UAN y Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit México, Octubre del 2017

LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA DEL DERECHO ELECTORAL MEXICANO Monserrat Olivos Fuentes1 SUMARIO: I. Introducción; II. El derecho electoral a través de los años; III. La obsolescencia programada del derecho electoral; IV. Conclusiones; V. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN El dinamismo que caracteriza a las sociedades contemporáneas ha generado que el sistema jurídico mexicano sea incierto y cambiante al tener que ajustarse a la realidad para salvaguardar derechos humanos en distintos contextos sociales, políticos y económicos.

En este sentido, el sistema electoral mexicano sustentado en principios, procedimientos, mecanismos y sanciones se construye y reconstruye para asegurar los derechos político electorales de los ciudadanos y transitar al fortalecimiento del Estado democrático y de derecho al que aspiramos.

En las últimas décadas, el fenómeno de las reformas, modificaciones, adecuaciones, derogaciones o abrogaciones del derecho electoral, generadas a posteriori de cada proceso electoral, una vez que se manifiestan en el incumplimiento ante las deficiencias, lagunas o ambigüedades, ha aumentado, generando un complejo

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Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, ambas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente funge como Titular de la Coordinación para la Atención a los Pueblos Indígenas en el Instituto Electoral de Michoacán. Email: monserratolivos@yahoo.com.mx.

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entramado jurídico que trata de garantizar al derecho electoral mexicano con mejores y mayores mecanismos.

Sin embargo, determinar de mejor manera las reglas del juego, a partir de consensos y disensos entre los legisladores que tienden a operar bajo la obsolescencia programada de estos instrumentos normativos, no resulta viable ya que posterior a los procesos electorales y sujeto al escrutinio público, carecerá total o parcialmente de vigencia, dando paso a nuevas reformas que solo servirán de paliativos, y en ocasiones, produce la asignación de un mayor presupuesto para cumplir con las obligaciones, que a su vez genera el engrose de las instituciones y hace más sofisticados los procesos electorales.

II. EL DERECHO ELECTORAL MEXICANO A TRAVÉS DE LOS AÑOS El derecho electoral presenta múltiples concepciones sin llegar a un consenso o a una definición unívoca. De esta forma, para efectos del presente trabajo destaca la concepción de Nohlen (2007) en la que sugiere que es el “conjunto de normas y reglas constitucionales, leyes y reglamentos que regulan la organización, administración y realización de las elecciones, así como la constatación de validez de los resultados electorales, y en su caso, el control legal y constitucional de los mismos, a través de impugnaciones”.

A partir de la clarificación de los elementos que integran al derecho electoral mexicano resulta importante analizar los precedentes en México, a efecto de conocer los diversos momentos sociales, políticos y económicos en los que ha transitado para entender el entramado jurídico que rige actualmente.

En primer término, aún y cuando la forma de gobierno dista mucho de la integración del México contemporáneo y no es posible hacer una comparación institucional, los primeros precedentes datan de la época prehispánica cuando la organización política de

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los aztecas, realizaba la designación del Tlatoani y de los Calpulleques o Jefes de Barrio.

Lucio Mendieta y Núñez (1981) señalaba que los reyes de México, Texcoco y Tacuba, quienes formaban la Triple Alianza, eran nombrados por elección directa, aunque debían pertenecer a la familia reinante, por lo que los once tlatoanis de México formaron parte de una monarquía.

En lo que respecta a la elección de los Calpulleque, unidad fundamental en la organización azteca Castillo (1978) hace alusión a que la designación pudo realizarse por el consejo de ancianos o tatas a alguna persona de respeto y edad, con la obligación de administrar el barrio y distribuir la tierra disponible en parcelas o calpullallis.

El segundo antecedente relevante se ubica en 1519 cuando Hernán Cortés fundara la Villa Rica de la Veracruz a efecto de integrar un ayuntamiento, esto permitió que una comunidad asentada en “poblazón” podía nombrar a los miembros de su ayuntamiento.

Al ayuntamiento también se le denominó municipio, consejo o regimiento, que se integró por un cabildo en el que eran nombrados delegados o representantes. Este órgano, que posteriormente denominó a sus integrantes regidores, los nombraba popularmente, adquirió tal importancia que los reyes castellanos intentaron intervenirlos nombrando a su vez regidores reales. (Pérez de los Reyes, 2016). La forma de organización despertó entre la población inconformidad, ante las disposiciones de la Corona que permitían que estas posiciones se pudieran vender al mejor postor, renunciar e incluso transferir. No obstante, se mantuvo aunque con ciertas variaciones que se observaron en los requisitos para ser regidores o en la insistencia de que las elecciones fueran libres en los ayuntamientos españoles o ayuntamientos de indios.

Posteriormente, en el siglo XIX y con la política expansionista de Napoleón, se origina la intervención armada francesa y destitución de los Monarcas Carlos IV y Fernando VII en territorio español, a partir de este suceso se producen cambios que implicaron la generación de la Junta Central Gubernativa abarcando los representantes indianos que requerían estar instalados en marzo

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Monserrat Olivos Fuentes

de 1810, incluso con diputados suplentes originarios de América residentes en Cádiz.

El 7 de mayo de 1810, el virrey de México y las demás autoridades locales reconocieron el derecho de elegir diputados a las Cortes extraordinarias del reino. Los ayuntamientos de las capitales provinciales designarían una terna en cada caso y de ella saldría el nombramiento del diputado de provincia. Las Cortes abrieron el 24 de septiembre de 1810 en la isla de león y en febrero de 1811 se trasladaron a Cádiz, en donde se incorporaron los diputados americanos.

En México se celebraron cinco elecciones de diputados a Cortes entre 1810 y 1822, a pesar de que entre 1814 y 1820 se mantuvo suspendida la vigencia de la Constitución de Cádiz. Entre los aspectos electorales, la regulación normaba la elección a diputados a través de una elección directa, no existían organismos electorales, no se levantaba un padrón o censos de electores y existían tres niveles del sufragio secreto.

A su vez existieron diversos documentos fundamentales en el que persistía el voto para la designación de las distintas autoridades de gobierno, atendiendo a las características, tales como en los Elementos Constitucionales de marzo de 1813 y la instalación del Supremo Congreso Nacional Americano; en el Congreso de Chilpancingo en el Reglamento para su integración, incorporó la elección de representantes por provincia, además del ideario de Morelos denominado “Sentimientos de la Nación” en el que incorpora la división del poder, la elección de vocales y sus requisitos, y finalmente, la obra más trascendente de la legislatura el “Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana”, en el que se reconoce el sufragio universal.

En el México independiente, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de 1824, reconoció tres poderes, el Legislativo (integrado por dos Cámara de Diputados y de Senadores) y el Ejecutivo representado por un presidente y por sustitución un vicepresidente.

Sirven de antecedentes las Siete Leyes Constitucionales de 1836, las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta de Reforma de 1847, y finalmente la Constitución de 1857, que con

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influencia liberal, en materia electoral presentó los siguientes aspectos: los derechos de petición, prerrogativas del ciudadanos, la calidad de ciudadano, requisitos para ser presidente, un sistema unicameral, el sufragio universal e igualitario y la continuidad del sistema de elección indirecto en primer grado. Los años siguientes se caracterizaron por la consolidación de la vida republicana, aunque la vida social se transformó ante los múltiples enfrentamientos, las amenazas extranjeras y el fracaso de las imposiciones políticas. No obstante, en la población persistía un sentimiento de esperanza, lo que permitió a Porfirio Díaz llegar al poder. (Zoraida, 2008).

Durante el porfiriato, que abarcó de 1877 a 1911, con sus distintas etapas, se caracterizó por claro oscuros que se manifiestan en la falta de apego a la legalidad y la vulneración de derechos humanos tales como la libertad de expresión, por un lado, y por otro, el hacer valer aspectos importantes de las Leyes de Reforma y del proyecto de secularización, continuó el establecimiento del derecho y la justicia modernas (reguló el amparo frente a sentencias judiciales) y dio pasos decisivos para el proyecto económico defendido por los liberales, que permitió la unificación del país, la creación de una identidad nacional y la defensa de la soberanía.

(Speckman, 2008, p. 337).

Una vez que se comienza a debilitar el gobierno de Díaz, ante el descontentó de grupos y de la población, en el año 1908, Francisco I. Madero comienza un movimiento social que se transformó en la revolución de 1910, la cual produjo la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917. En ella se plasma la conformación del Estado federal, republicano y democrático, la organización política, los elementos sociales que la integran, el reconocimiento de derechos humanos, convencionalismos sociales, estructuras de la realidad económica, cultural, social y política, entre otros aspectos.

A partir de su promulgación, el derecho electoral ha sido sujeto a diversas modificaciones que pueden agruparse en dos periodos: • El primer periodo de reformas electorales incorpora las reformas suscitadas en los años de 1946, 1951, 1973, 1977 y

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1988. La importancia de estas disposiciones legales radica en:  La sistematización de la regulación sobre los organismos electorales.  Los avances en la estructura del sistema de partidos políticos y sus prerrogativas.  Incorpora avances con relación a los derechos políticoelectorales.

• El segundo periodo de reformas electorales abarca las dispuestas en los años de 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2013-2014. En este periodo de más de dos décadas se establece:  Un sistema electoral que distingue las atribuciones de los órganos administrativos y jurisdiccionales.  Se crea el Instituto Federal Electoral como un organismo encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones. Más tarde, entre 1991 y 1997 se actualizan las reglas electorales.  Las reformas de 1996 se aplican a cuatro procesos (1997, 2000, 2003 y 2006), lo que evidenció la necesidad de su modificación del marco normativo para ajustarlo a los cambios sociales, políticos y económicos.  Incluye la normatividad que permite asegurar el principio de equidad en la contienda, en tratándose de la comunicación política.  La reforma 2013-2014 replantea un nuevo modelo electoral donde el Instituto Federal Electoral se convierte en el Instituto Nacional Electoral, con una lógica de centralización de la administración electoral, incorpora en el artículo 41, base V, apartado B, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuevas atribuciones tales como la:  La capacitación electoral.  La geografía electoral federal y local.

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 El padrón y lista de electores.  La ubicación de casillas y designación de mesas directivas federales y locales.  Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.  La fiscalización de ingresos de partidos políticos y candidatos.

Estas modificaciones sugieren que en el dinamismo que caracteriza al derecho, la generación de reglas que normen los procesos electorales y aseguren los derechos político electorales ha dado lugar a la construcción de un complejo sistema electoral mexicano, que en mayor medida, se encuentra sustentado en la desconfianza de los actores, los órganos administrativos y jurisdiccionales, los partidos políticos y demás instituciones encargadas de asegurarlos.

III. LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA DEL DERECHO ELECTORAL La obsolescencia programada es un concepto cuyo origen se ubica en el sector de la producción y manufactura de productos, las definiciones que se pueden encontrar parten de distintos enfoques, por ejemplo, Giles Slade (2006, p. 5) la entiende como “un conjunto de técnicas aplicadas para reducir artificialmente la durabilidad de un bien manufacturado con el fin de estimular el consumo repetitivo”.

Por su parte Barak Orbach (2004) señala que es una “estrategia mediante la cual se reduce el período de vida de un producto después de que ha sido lanzado al mercado. Mediante esta estrategia, el fabricante convence al consumidor de reemplazar un producto

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antiguo por uno nuevo, haciendo que el producto antiguo tenga un período de vida útil menor que su tiempo de vida útil real”.

A su vez, Jesús Soto Pineda (2015, p. 330) señala que es una “estrategia de manufactura implementada por las empresas para limitar la vida útil de los productos que fabrica, generando una expiración controlada en virtud de la cual dichos productos pasarán a ser inservibles y/o inútiles en una fecha conocida y planificada”.

En las tres definiciones se advierte que la obsolescencia programada ya sea como una técnica o estrategia tiene como objetivo limitar o reducir la vida útil de los productos para que exista un mayor consumo de cierto bien. La práctica bajo estas características se remonta a finales del siglo XIX con la aparición del desechable en Estados Unidos de America, con la comercialización de las pecheras y los cuellos de papel para hombres, los preservativos de goma o latex en el año de 1880, la navaja para afeitar y tirar en el año de 1895, compresa desechable en el año de 1920 o los Kleenex en el año de 1924. (Latouche, 2014).

No obstante, es hasta el año de 1932 cuando aparece el concepto con Bernard London (1932) cuando diseñó un sistema que permitiría acabar con la gran depresión, el cual consistía en la creación de productos obsoletos que tuvieran que ser reemplazados incentivando a quienes así lo hicieran, y en caso contrario, imponiendo sanciones a los omisos. Si bien no llegó a implementarse, estos precedentes permitieron que la práctica comenzara a popularizarse incorporando más productos con este tipo de características lo que influyó significativamente al aumento de la producción y a un consumo acelerado.

En la actualidad, existe distintas tipologías de acuerdo a sus características, al respecto se destaca la obsolescencia de acuerdo a su finalidad planteada por Latouche (2014) quien refiere la existencia de tres: • La obsolescencia técnica, entendida como la “desclasificación de las máquinas y aparatos debido al progreso técnico, que introduce mejoras de todo tipo”.

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• La obsolescencia simbólica, originada a partir de modificaciones que se introducen en diseño de los productos lo que favorece a un mayor consumo.

• La obsolescencia planeada, la cual implica un fallo técnico que se encuentra calculado por quienes lo producen.

Ahora bien, el concepto de la obsolescencia programada en el derecho electoral, se inscribe en la última década y bajo el contexto político, social y económico del Estado mexicano, cuando el derecho electoral presenta modificaciones a partir de diversos acuerdos políticos, en los cuales su vigencia está supeditada no a la efectividad de los mecanismos que aseguran los derechos político electorales, sino la generación de condiciones que les permitan llegar y mantener el poder.

José María Iglesias (1874), hace más de un siglo, ya sostenía que “cuantas veces se infringen en las elecciones de un estado preceptos claros y terminantes de su Constitución particular y de la general de la República, no es el pueblo quien comete en realidad esas infracciones, a sabiendas y bajo el amparo de una soberanía que no alcanza a tanto; sino un puñado de ambiciones audaces, que van buscando solamente su medro personal”.

Afirmaciones que son vigentes en nuestros días, baste observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de febrero de 2017, al consignar en el artículo 41 (precepto constitucional trascendental del derecho electoral mexicano por consignar, entre otros aspectos, la génesis de los partidos políticos o del máximo órgano administrativo electoral) ha sido objeto de 11 reformas publicadas en poco más de 30 años, en el siguiente orden cronológico: • 1ª reforma, publicada el 6 de diciembre del año de 1977.

• 2ª reforma, publicada el 6 de abril del año de 1990.

• 3ª reforma, publicada el 3 de septiembre de 1993. Con Fe de erratas DOF 06-09-1993.

• 4ª reforma, publicada el 19 de abril de 1994.

• 5ª reforma, publicada el 22 de agosto de 1996.

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Monserrat Olivos Fuentes

• 6ª reforma, publicada el 13 de noviembre de 2007.

• 7ª reforma, publicada el 10 de febrero de 2014.

• 8ª reforma, publicada el 7 de julio de 2014.

• 9ª reforma, publicada el 27 de mayo de 2015.

• 10ª reforma, publicada el 27 de enero de 2016.

• 11ª reforma, publicada el 29 de enero de 2016.

Más de la mitad de estas modificaciones fueron emitidas en los últimos diez años, quizá porque existe una percepción de los legisladores, partidos políticos y órganos administrativos y jurisdiccionales que considera que “en la medida en que las reglas pactadas son incumplidas por los propios actores políticos, es necesario reforzar las acciones o reformar los ordenamientos para aumentar los controles” lo que ocasiona que “el desempeño de las instancias y autoridades se torne más complejo, con mecanismos lentos y complicados para definir un sistema de gobierno y lograr la aprobación de iniciativas constitucionales o de la legislación secundaria”. (Alarcón, 2016).

Lo anterior, acompañado con la profunda desconfianza que persiste en las instituciones públicas. Por ejemplo, en el año 2015, el estudio de Latinobarómetro indica que el rango de confianza en que se mueven los partidos políticos, el congreso y el poder judicial (instituciones de la democracia en América Latina) en los últimos 20 años no ha superado los 4 de cada 10 latinoamericanos.

De igual manera, el referido informe, señala que en el caso mexicano, a pesar de que el 48% de la población apoya a la democracia, cerca de un tercio no están satisfechos con ella.

Por su parte, el Índice de Percepción de Corrupción emitido por la organización no gubernamental denominada Transparencia Internacional, señala que en los últimos diez años no ha rebasado la calificación de 3.6, donde 0 es la calificación que indica más percepción de corrupción y 10 menos índice de percepción de corrupción, como a continuación se refiere:

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La obsolescencia programada del Derecho Electoral Mexicano

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO EN MÉXICO AÑO DEL REPORTE

PUESTO

PUNTAJE

2006

70

3.3

2007

72

3.5

2008

72

3.6

2009

89

3.3

2010

98

3.1

2011

100

3.0

2012

105

3.4

2013

106

3.4

2014

103

3.5

2015

95

3.5

2016

123

3.0

Fuente: Elaboración de la autora con base en los informes globales de Transparency International del año 2006 al 2016.

Recuperados en la página de internet del organismo: http://www.transparency.org/research/cpi/overview.

La evidente inconformidad con las instituciones públicas y las reprobables calificaciones que han obtenido a partir de estudios internacionales, contextualizan la situación que permea en el sistema mexicano, enfatizando la desconfianza en los partidos políticos, los representantes populares y los órganos garantes electorales.

Más aún cuando posterior a las elecciones tan cerradas en la contienda electoral de 2006, queda de manifiesto que “en la medida que ha existido una precariedad en el cumplimiento de las reglas pactadas en un inicio por los actores, hay consecuencias, un reforzamiento de las acciones de creación o reforma de los ordenamientos que hacen más complejo el desempeño esperado de las instancias gubernamentales” aparejado a “crecimientos institucionales y presupuestales que no están acompañados de su justificación y no evidencian en términos de resultados más eficaces o expeditos en la toma de decisiones”. (Alarcón, 2016).

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Monserrat Olivos Fuentes

El alto nivel de complejidad en sus procedimientos y mecanismos para asegurar los derechos político electorales, no han solucionado los problemas desde sus causas, por lo que persiste un evidente hartazgo, apatía y falta de credibilidad en los órganos garantes del derecho electoral.

Lo electoral no es suficiente para democratizar al sistema, es innegable que la normatividad es perfectible y que siempre está sujeta a cambios ante la dinámica que presentan la sociedades contemporáneas, sin embargo, el legislar bajo un modelo de obsolescencia programada, es decir, bajo la planificación de que la normativa va a ser infringida, en que se optará por un nuevo diseño institucional sólo por ser más atractivo o que discrecionalmente se dejan espacios a efecto de corromper el sistema, no permitirá el avance de nuestra democracia.

En su momento Dworkin (2008) hacía referencia a que la concepción mayoritaria de la democracia es defectuosa, ya que no puede explicar por sí misma qué es lo bueno de la democracia.

El mero peso de los números por sí solo no aporta ningún valor a una decisión política. Necesitamos una aproximación más profunda y más elaborada que diga qué condiciones deben cumplirse y protegerse en una comunidad política antes de que la regla de la mayoría sea apropiada para dicha comunidad.

De manera que es indispensable la conjunción de sinérgias para caminar hacia la consolidación democrática y que permita la legitimidad en la toma de decisiones, como sostiene Greppi (2006), el valor de los procedimientos no radica en la simple producción del consenso, como en las concepciones orientadas a la satisfacción de preferencias, sino en la producción de un consenso razonado.

El planteamiento de una democracia deliberativa refiere un estadío de la democracia en una sociedad con altos estándares que permitan la superación de retos, como la igualdad de los ciudadanos para la participación en la toma de decisiones, debiendo enfocarnos no sólo en las reglas sino en las prácticas del razonamiento público, a los procesos de intercambio de razones que son del público y tiene lugar en público. La obsolescencia programada del derecho electoral es una práctica que ya no puede ni debe ser implementada, la sociedad exige y merece mejores mecanismos, herramientas y políticas que le permitan involucrarse en nuestro