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TRATADO DE DERECHO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 2ª Edición

JUAN IGNACIO PEINADO GRACIA (Director) TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO (Coordinadora)

2ª Edición

TOMO I

JUAN IGNACIO PEINADO GRACIA (Director) TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO (Coordinadora)

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TRATADO DE DERECHO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

La nueva edición del Tratado de Derecho de Sociedades Cooperativas ofrece a los lectores, profesionales del sector y académicos, un estudio completo y preciso del régimen aplicable a esta modalidad societaria organizado en relación a los temas de importancia práctica. Ello hace que la Obra que se presenta aglutine los aspectos societarios de la entidad cooperativa, junto a los administrativos, procesales, laborales y fiscales a fin de proporcionar un tratamiento cabal. El trabajo se completa con un análisis de las modalidades cooperativas existentes en razón del objeto que desarrollan y las que son de naturaleza especial. La singularidad de este estudio se halla en su metodología. Pues el amplio elenco de reconocidos autores que participan en esta Obra responde al objetivo propuesto, cual es un íntegro tratamiento de las sociedades cooperativas desde la regulación contenida en la norma nacional (Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas) hasta la prevista en cada uno de los textos autonómicos vigentes. Así como, el examen de las normas laborales, administrativas, fiscales y tributarias que, en cada caso, han de observarse. El resultado que el lector tiene ante sí le permite conocer cualquier etapa que puede superar la sociedad cooperativa, partiendo de su creación, el desenvolvimiento del fin mutualista, el asociacionismo, la extinción, situaciones de concurso e, incluso, la resolución de conflictos. El Tratado de Derecho de Sociedades Cooperativas proporciona a los interesados en el sector cooperativo los instrumentos intelectuales y prácticos fundamentales para conocer, interpretar y solventar las cuestiones suscitadas en la materia.

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TRATADO DE DERECHO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS TOMO I

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

TRATADO DE DERECHO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS TOMO I 2ª Edición

Director:

JUAN IGNACIO PEINADO GRACIA Coordinadora:

TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO

Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-008-8 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A la memoria de los profesores MenĂŠndez y Olivencia, Maestros de la Moderna Escuela espaĂąola de Derecho Mercantil

Prólogo a la segunda edición Nada es lo mismo1 La lágrima fue dicha. Olvidemos el llanto y empecemos de nuevo, con paciencia, observando a las cosas hasta hallar la menuda diferencia que las separa de su entidad de ayer. y que define el transcurso del tiempo y su eficacia. ¿A qué llorar por el caído fruto, por el fracaso de ese deseo hondo, compacto como un grano de simiente? No es bueno repetir lo que está dicho Después de haber hablado, de haber vertido lágrimas, silencio y sonreíd: nada es lo mismo. Habrá palabras nuevas para la nueva historia y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde.

I Cuando el editor Mario Muchnik en 1999 decidió publicar sus memorias contando la historia de muchas de las obras que por su impulso habían visto la luz (y también ajustando alguna cuenta pendiente) decidió titularlas como «Lo peor no son los autores»2, y ese título podríamos adoptarlo para este breve prólogo que acompaña a esta edición seis años después de que viera la luz el Tratado. Efectivamente, la llamada a los autores de aquella

Ángel González, De: «Grado elementeal» —I. «El orden las cosas»— 1962. Citamos por la edición antológica del autor Podemos en la colección Letras Hispánicas de Cátedra, 12ª edición, Madrid, 2004, pág. 85. 2 Lo peor no son los autores, edit. Taller de Mario Muchnick, Madrid, 1999. 1

Juan Ignacio Peinado Gracia

primera edición ha tenido una unánime voz de respuesta afirmativa. Todos a los que la muerte ha respetado están en esta segunda edición. En esta edición hemos fortalecido el contenido incorporando dos nuevos tratamientos. De una parte, el relativo a las cooperativas de transporte. Del mismo, se ha ocupado Achim Puetz, profesor Titular de Derecho mercantil en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana y Secretario del Instituto de Derecho del Transporte. Un nuevo apartado dedicado a la labor de la administración pública en referencia a las cooperativas ha sido desarrollado por la profesora Isabel González, Catedrática de Derecho administrativo en la Universidad de Málaga. Pero si lo peor no son los autores, tampoco lo es la Coordinadora de la obra, la profesora acreditada como Titular de Universidad, Dr.ª Vázquez Ruano, de la Universidad de Jaén. Aprovecho este prólogo para agradecer su insustituible valor en la misma.

II La primera edición de este Tratado, consideramos que vino a cubrir un espacio editorial existente. Esta segunda sigue teniendo su propio espacio al margen de otras beneméritas aportaciones. En efecto, dos obras, entre muchas de gran valor, han compendiado todo el conocimiento patrio sobre cooperativas. Nos referimos a los comentarios de Vicent Chuliá y Paz Canalejo hace casi tres décadas, y el gran Curso escrito por los Profesores Morillas Jarillo y Feliú Rey, que ve en estos días su tercera edición. También los profesores Vargas, Gadea y Sacristán han realizado una meritoria aportación, cuyo segundo tomo se publicó el pasado año. Junto a las referencias anteriores, otros trabajos han aparecido en el panorama español dedicados a determinadas instituciones o aspectos patológicos del derecho de cooperativas: fusiones, derechos de reembolso, estatuto del socio, entre otros. Junto a los mismos, también ha habido algún estudio sistemático de leyes autonómicas, como el dedicado a la norma andaluza que dirigieron Morillas Jarillo y Vargas Vasserot. La particularidad del Tratado que el lector tiene en sus manos es el saber abordar de forma unitaria todo el panorama legislativo (plurilegislativo) que tenemos en España. Con un tratamiento por instituciones, se presenta un completo tratamiento sea cual sea su referencia territorial, al tiempo que la información sobre otras normas que puedan inspirar las soluciones estatutarias a su alcance.

Prólogo a la segunda edición

III Lo que acabamos de citar como una fortaleza y una ventaja diferencial respecto de otros trabajos en la materia (el tratamiento de la dispersión normativa) es, al mismo tiempo, la debilidad de nuestra legislación sobre cooperativas. En efecto, la ausencia de una única referencia legal, hurta a las cooperativas españolas un mayor y mejor tratamiento dogmático y legislativo, una más homogénea jurisprudencia; además de crear un estatuto legal diferenciado (aunque con grandes proximidades) que dificulta no sólo el conocimiento, sino la regulación misma de fenómenos económicos a caballo entre diversas comunidades autónomas. Y no es sólo la difícil compatibilidad con la unidad de mercado o las dificultades operativas, es que, en nuestra opinión, esta dispersión normativa es contraria a la propia naturaleza mercantil de estas sociedades y, consecuentemente, al diseño constitucional de la distribución competencial entre Estado y Comunidades autónomas. Y junto a lo anterior es que no hay necesidad. Resulta, creemos, difícil justificar que el estatuto jurídico de las cooperativas tiene distintas necesidades en unas regiones u otras. Obviamente que esto no empece la legítima labor de promoción y fomento del sector, la cual sí puede y debe adquirir perfiles propios en cada Comunidad autónoma, conforme a sus particularidades sociales y económicas. En efecto, el sector cooperativo encuadra muy diversas actividades con perfiles e incidencias dispares/diferentes. El simple argumento numérico nos permite ver cómo el cooperativismo agrario o el cooperativismo de trabajo asociado, por tomarlos de ejemplo, tienen una presencia muy variada en las diferentes zonas del territorio patrio. Desconocerlo es ignorar o querer ignorar la realidad. Pensar que esa particularidad se trata y mejora con el estatuto jurídico de la sociedad cooperativa, entendemos es querer desconocer esa misma realidad.

IV En línea con lo anterior, la calificación mercantil de las sociedades cooperativas (que ya defendíamos en la primera edición) ha tenido en el último lustro un gran apoyo. La Propuesta de Anteproyecto de Código Mercantil —Código Mercantil— (Exposición de Motivos III-11 y arts. 140.2, 211-1.2, entre otros) optó por hacer expresa la calificación mercantil de este tipo de sociedades.

Juan Ignacio Peinado Gracia

En esta segunda edición hemos incluido un epígrafe exponiendo el significado y consecuencias de la opción tomada por la Comisión General de Codificación del que somos autores la Dr.ª Vázquez Ruano y yo mismo. Independientemente de la suerte que corra el texto de Código mercantil elaborado por la Comisión General de Codificación3, sí supone un gran paso —por la autoridad de su autoría— en el debate sobre la mercantilidad de la sociedad cooperativa. Asentar esta naturaleza, extraerla del debate técnico o incluso de la oportunidad política, permitiría una construcción constitucional tendente a la homogeneidad del estatuto jurídico básico de estas sociedades, una adecuada inserción en el juego de competencias marcado por el art. 149.1.6 CE4 y una aportación a la unidad de mercado. E, insistimos, con un amplio margen de acción política en cada Comunidad autónoma conforme a sus intereses particulares. Pese a la opción del Código mercantil por la mercantilidad de las sociedades cooperativas, en dicho texto no se recogió régimen legal alguno de estas sociedades. Esta circunstancia fue destacada por el Consejo de Estado en su Dictamen de 29 de enero de 2015 sobre el Código. En dicho Dictamen se ponía de manifiesto, además, un elenco de cuestiones que se producirían en el caso de que se aprobase la mercantilidad por la forma, como preveía el Código, conviviendo con normas especiales que se alejarían gravemente del modelo del propio Código. De esta forma, no sólo las cooperativas quedarían fuera del esfuerzo codificador, sino que mantendrían un régimen inarmónico con el mismo. A modo de ejemplo, el Código y la legislación vigente presentan un problema de descoordinación en materia de registros y de la adquisición de la personalidad jurídica. En cuanto se trata de sociedades mercantiles por razón de la forma (artículo 211-1.f), las sociedades mercantiles son sujetos inscribibles en el Registro Mercantil (art. 140-2.1.º.b). Sin embargo, la normativa vigente con carácter nacional sobre cooperativas (Ley 27/1999) vincula la adquisición de esa personalidad a un registro administrativo. Razonablemente hay que pensar que la naturaleza mercantil de estas socie-

PEINADO/RONCERO, «La unidad de mercado, el código de Derecho mercantil (q.e.p.d.) y otras melancolías», La Ley Mercantil, 2015, febrero. El TC en la STC de 24 de julio de 1983 se abstuvo de entrar a calificar la naturaleza mercantil de las cooperativas, calificación que habría sido necesaria dado que la mercantilidad es un criterio utilizado en la Constitución para determinar la competencia en materia legislativa del Estado sobre la base del principio de unidad de mercado.

Prólogo a la segunda edición

dades obliga a que sea el Registro mercantil el que aporte la personalidad propia del tipo de cooperativa. La cuestión no es baladí porque propicia un cierto sofisma. La inscripción administrativa de estas sociedades, obedecía a las necesidades económicas y políticas de los años treinta. En plena lucha ideológica se afirmaba que estas sociedades carecían de ánimo de lucro y que, consecuentemente, no podían ser mercantiles5. Probablemente, el elemento ideológico que vinculaba el mundo cooperativo del socialismo utópico al sindicalismo y, en ocasiones, a algunas de las mejores obras de la Iglesia Católica, influyeron en un debate que poco tuvo de jurídico6. Pero esas circunstancias ideológicas no pueden usarse como argumento actual para negar la mercantilidad, ni siquiera para hacerla cuestionable. Las cooperativas son mercantiles y lo que es una anormalidad conceptual es que se inscriban y adquieran su personalidad por un registro distinto del mercantil.

V En defensa de la unidad de mercado y ante la ausencia de régimen legal en su seno, el Ministerio de Justicia dictó la Orden Ministerial de 6 de noviembre de 2014. En la misma, se venía a sostener que para establecer el régimen jurídico de las cooperativas había que partir de dos ámbitos regulatorios distintos. Por una parte, su aspecto societario: los derechos y obligaciones de los socios, la función y especialidades del capital social, los órganos sociales y las competencias y funcionamiento de los mismos. Éste ámbito es, sin duda, mercantil.

No es este el lugar para discutir sobre el ánimo de lucro en las sociedades y, particularmente, en las mercantiles. Ni tampoco del correcto entendimiento de lo que es ánimo de lucro y su convivencia con el afán de solventar de forma mutualista necesidades básicas y capacidades. Después del mandato de Gabriel Maura en la dictablanda de Berenguer, se suceden los gobiernos provisionales de Alcalá Zamora y Azaña, para quedar este último al frente del Gabinete. El Ministro de Trabajo, que con el Registro administrativo vincula a las cooperativas a su ámbito de influencia, sería desde el 14 de abril de 1931, Francisco Largo Caballero. Nuevamente no es éste el momento, pero resulta de gran interés reparar en que Largo Caballero en su vertiente sindicalista demostró un gran interés por las cooperativas, estando detrás de la creación de la Cooperativa Socialista de Consumo y de la Mutualidad Obrera Madrileña. Ello demuestra que hasta el peor escribano hace de vez en cuando una línea recta.

Juan Ignacio Peinado Gracia

El otro aspecto de la regulación legal de las cooperativas se vincula a la necesidad de impulsar el movimiento cooperativo por medio de disposiciones de apoyo y promoción y dedicadas, entre otros, a aspectos de su financiación. La naturaleza de estas normas dista de lo anterior centrado en su papel, como operador del mercado, y supone una normativa en la que las Comunidades autónomas pueden y deben tener pleno desarrollo legislativo y administrativo. Para el desarrollo del primer ámbito normativo, el Ministerio de Justicia constituyó en el seno de la Comisión General de Codificación una ponencia especial presidida por la Dr.ª Mercedes Vérgez y a la que se adscribieron como vocales los Drs. Embid Irujo, Morillas Jarillo y, quien esto escribe, Peinado Gracia.

VI La ponencia especial en el seno de la Comisión General de Codificación desarrolló sus trabajos durante algo más de dos años y entregó, finalmente, tanto un estudio introductorio como un texto articulado. El texto de la Ponencia especial toma algunas decisiones básicas de interés. Así, no recoge expresamente los principios cooperativos formulados por la Alianza cooperativa internacional, habida cuenta que por sí mismos no son fuente del derecho y su incidencia y efectividad depende de que estén inmanentes en las normas nacionales. Y, por ello, «lo que necesita es una regulación adecuada, que sin rodearla de consideraciones morales, lo que haga es ponderar aquellos aspectos de su estructura y de su funcionamiento que potencian el significado especial de la participación del socio en la empresa social, como único modo de hacer efectivo». El texto articulado contiene un Capítulo primero, donde se recogen las Disposiciones generales; el Capítulo segundo se dedica a la Constitución de la sociedad; el tercero regula la posición de los socios; el cuarto se refiere a órganos sociales; el quinto desarrolla el régimen económico de la sociedad; el sexto recoge todo lo relativo a la documentación, depósito y verificación de cuentas; el séptimo a modificación de estatutos y modificaciones estructurales; el octavo a disolución, liquidación y extinción de la sociedad; el noveno a las formas de integración y colaboración empresarial que se desarrollan a través de estas sociedades; para dedicar los Capítulos diez y once a las distintas clases de sociedades; y, finalmente, un Capítulo doce dedicado a la sociedad cooperativa y la administración pública.

Prólogo a la segunda edición

Sin embargo, hasta donde alcanza nuestro conocimiento este texto prelegislativo todavía espera la mejor ocasión para continuar su andanza, no respondiendo sino a la oportunidad política del momento, circunstancia quizás ajena a los propios trabajos de la benemérita Comisión General de Codificación.

VII Acabamos, ya, como empezamos. ¡Cuanta razón la de Mario Muchnik!: «lo peor no son los autores». Málaga, 17 de septiembre de 2018 (festividad del Beato Juan Ventura Solsana)7.

Juan Ignacio Peinado Gracia

El Beato Juan Ventura Solsana fue recogido por Dios para llevarlo a su gloria en Castillo de Villamalefa (Castellón de la Plana), otro 17 de septiembre en 1936. En esta labor recolectora, nuestro Señor tuvo la insustituible colaboración de un comando que consideraba razonable fusilar a quienes no tenían otra culpa (sin que haya culpa que merezca esa pena) que haber sido bendecidos por la fe y la vocación. El Beato pidió hablar y lo hizo para, a imitación de Cristo, perdonar a quienes iban a matarlo. Éstos no se conmovieron de su inicial intención y lo fusilaron. Luego, demostrando una histórica memoria, acudieron a su casa, expulsaron a su octogenaria madre y saquearon la vivienda. En esta época, Largo Caballero, que ya había abandonado la vía parlamentaria a favor de la vía revolucionaria, ocupaba la presidencia del Gobierno y el Ministerio de la Guerra.

Prólogo a la primera edición8 I Las primeras palabras de esta obra no deben ser para el lector de este Tratado de Derecho de Cooperativas sino que han de ser necesariamente de gratitud hacia todos los que habéis hecho posible con vuestras colaboraciones, dedicación y paciencia que este Proyecto que inició hace ahora algunos años, finalmente se haya culminado. Los autores en primer término, pero nuestros editores han sufrido un proceso largo. Así, mi sincero agradecimiento por el buen trabajo que cada uno de los autores y colaboradores ha realizado y que ha concluido con la edición de este Tratado que pretende ser un referente en la materia de Cooperativas.

II Unido a ello, es preciso tener un especial recuerdo para los compañeros y amigos que no han podido ver el resultado de este proyecto común. Me refiero a los profesores Adolfo J. Aurioles y Fernando Valenzuela. De quienes, pese a habernos quedado un profundo vacío, permanece su huella personal y profesional como ha sucedido en esta Obra. Ambos han sido ejemplo de responsabilidad y entrega al trabajo y —lo que es aún más admirable— han sido personas destacadas por haber hecho el bien. No es ésta la sede idónea para dar noticia detallada de cuánto les debo a ambos, empezando por su generoso cariño porque a buen seguro eran por idéntico motivo acreedores de cuantos participamos en esta obra. Así, os tenemos siempre en nuestro recuerdo y os dedicamos el Tratado.

III La obra colectiva que se presenta, el Tratado de Derecho de Cooperativas, pretende que el lector (destinatario general, profesionales o académicos) encuentre en el mismo un estudio pormenorizado del régimen jurídico aplicable a la figura societaria cooperativa. En el panorama biblio-

Esta obra se inscribe dentro del Proyecto de Investigación de Excelencia SEJ 2007/3251 «Reforma del Derecho Cooperativo en las Nuevas tendencias de la Economía Social» (I+D+I 24824890 RNARVBUEJ).

Juan Ignacio Peinado Gracia

gráfico español contamos con importantes aportaciones que fijan su objetivo en el mundo de las cooperativas. Al tiempo, y en referencia al régimen legal anterior, la ciencia sobre el Derecho de Cooperativas tiene un hito único y definitivo en la obra que todos hemos conocido como «el Vicent Chuliá y Paz Canalejo». Hoy, sin embargo, consideramos que era necesario un trabajo en el que se abordasen las diversas instituciones del Derecho de cooperativas atendiendo tanto a las normas autonómicas como a la nacional9. Donde se analicen las cuestiones jurídicas de forma extensa no sólo de orden societario, sino también laboral, administrativo, procesal o fiscal. Y que, a su vez, se ocupe de la cooperativa general y de los diversos tipos especiales de las mismas. Abordando también la Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España.

IV El Tratado que se presenta aborda el Derecho de cooperativas atendiendo a la totalidad de los tópicos legales del régimen jurídico de nuestro sistema plurilegislativo. Así, los autores se han ocupado diligentemente de analizar tanto el contenido de la norma nacional, como cada una de las legislaciones autonómicas. Esto permite al lector conocer las coincidencias y similitudes entre las regulaciones de las Comunidades Autónomas y, asimismo, advertir las posibles particularidades o, en su caso, las lagunas normativas existentes. Este es un punto relevante. Una de las cuestiones relevantes en el debate doctrinal sobre las cooperativas atiende a su naturaleza jurídica. En mi opinión, y no usamos formas plurales pues responde a la convicción propia de quien esto escribe, las sociedades cooperativas son sociedades mercantiles. La Constitución Española contiene exclusivamente una mención expresa a las cooperativas al señalar que «Los poderes públicos […] fomentarán, mediante la legislación adecuada, las sociedades cooperativas […]» (art. 129.2). Pese a la extendida calificación doctrinal de las sociedades cooperativas como sociedades mercantiles tal consideración no ha tenido el oportuno eco ni en la legislación postconstitucional ni en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto es así fruto de, en nuestra opinión, un mal enten-

Necesario es citar también la obra de referencia conforme al sistema vigente: MORILLAS/FELIÚ: Curso de Cooperativas. Madrid: Tecnos, 2.ª Edición, 2002.

Prólogo a la primera edición

dimiento del art. 124 C.com10. se ha venido negando legalmente la naturaleza mercantil de estas sociedades por lo que no se ha encontrado arraigo alguno de la materia entre las que el art. 149.1 reserva a la competencia exclusiva del Estado. En esta situación resultaba de aplicación el artículo 149.3 CE según el cual «las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos…» De forma progresiva todos los Estatutos de autonomía han reclamado para sí la competencia legislativa en la materia, de forma tal que hoy resulta difícil sostener políticamente una relectura del bloque de constitucionalidad corregida por una norma de menor rango cual es el art. 124 C.com. La dispersión normativa, y ruptura de la unidad de mercado, generada por el ejercicio de las competencias legislativas por las CC.AA. quizás hoy sólo pueda ser corregida acudiendo al mecanismo constitucional de una ley armonizadora (art. 150.3 CE). Es común considerar que el proceso de dispersión normativa que el mundo cooperativo ha sufrido no puede volver a la unidad. Tan sólo vías de aproximación como la señalada del art. 150.3 CE parecen factibles. Y sin embargo, y nuevamente es una opinión personal, uno no deja de tener una optimista esperanza de que la razón triunfe sobre la ambición. Tampoco podemos ignorar que, aún haciendo abstracción del argumento meramente político, las opciones legales tomadas van configurando el propio discurso factible sobre la materia11, y los desarrollos constitucionales tolerados van convirtiéndose en un impedimento de otra radicalmente distinta

Aunque no puede desconocerse el anacrónico manifiesto de la Exposición de Motivos del Código de Comercio al señalar que carecen de naturaleza mercantil: «porque obedecen, ante todo, a la tendencia manifestada en las poblaciones fabriles de nuestro país, y principalmente en las de Alemania, Inglaterra y Francia, de asociarse los obreros con el único objeto de mejorar la condición de cada uno, facilitándoles los medios de trabajar, de dar salida a sus productos o de obtener con baratura los artículos necesarios para su subsistencia. Y como no es el afán de lucro el que impulsa lo que se ha dado en llamar movimiento cooperativo, no pueden tampoco reputarse como mercantiles estas sociedades, mientras no resulte claramente de sus estatutos o del ejercicio habitual de algunos actos de comercio que merecen aquella denominación.». Véase la STS de 1 de febrero de 1992, que apoya su calificación como no mercantil de la cooperativa en el hecho de que «la Constitución otorgó a las Comunidades Autónomas la competencia sobre Cooperativas, lo que nunca habría podido hacer si se tratase de entidades mercantiles, al tener el Estado la competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, según establece el artículo 149.1.6.ª de la Constitución». Puede verse una completa revisión jurisprudencial en MORILLAS JARILLO, Las sociedades Cooperativas, Madrid, 2008.

Juan Ignacio Peinado Gracia

interpretación del juego de naturaleza y competencia legislativa en nuestra Constitución12.

V Hemos insistido en el número anterior en el carácter de personales de las opiniones formuladas. Éste creemos que es otro valor importante del texto que estas palabras introducen, pues la harmonización de los trabajos se refiere a la orientación de la investigación, a la exhaustividad de su tratamiento, pero preservando en todo momento la opinión personal del autor. En ocasiones, sin ir más lejos en el ánimo de lucro por ejemplo, el resultado ha sido que no hay coincidencia exacta entre unas opiniones y otras, tal situación consideramos que es una riqueza de esta obra con naturaleza de Tratado.

VI El tratamiento jurídico de la sociedad cooperativa en el ordenamiento nacional es complejo si se tiene en cuenta que, junto a la Ley 27/1999 de cooperativas general de 16 de julio, conviven diversas normas de ámbito autonómico. Nos referimos a la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas; la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón; la Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas; la Ley 1/2003 de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears; la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha; la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León; la Ley 18/2002, de 5 de julio, de Cooperativas de Cataluña; la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi; la

No procede, en nuestra opinión, entrar en este punto en el debate sobre el «ánimo de lucro» en la cooperativa, sobre el que ha gravitado en gran medida el debate sobre la mercantilidad de la cooperativa, toda vez que nos parece anacrónico negárselo al tiempo en el que las operaciones con terceros van generalizándose (y distribuyéndose con normalidad sus resultados, siendo las principales objeciones de orden tributario) al tiempo que muta la comprensión del carácter mutualista (interno) y su orientación al mercado (externo). De interés la síntesis de argumentos que realiza CARRERAS ROIG, «Consideraciones en torno al posible carácter mercantil de las sociedades cooperativas y acerca de las limitaciones a la realización de operaciones con terceros no socios de estas entidades», REVESCO, núm. 106, 2011, págs. 55-73.