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JOSÉ MANUEL AZCONA PASTOR

LA TUTELADA POLÍTICA MIGRATORIA EN LA DICTADURA DEL GENERAL FRANCO (1939-1975) CONTROL IDEOLÓGICO Y PROPAGANDA OFICIAL

tirant

humanidades plural

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LA TUTELADA POLÍTICA MIGRATORIA EN LA DICTADURA DEL GENERAL FRANCO (1939‑1975) Control ideológico y propaganda oficial

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA TUTELADA POLÍTICA MIGRATORIA EN LA DICTADURA DEL GENERAL FRANCO (1939‑1975) Control ideológico y propaganda oficial JOSÉ MANUEL AZCONA PASTOR

tirant humanidades Valencia, 2017

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© José Manuel Azcona Pastor

© TIRANT HUMANIDADES

EDITA: TIRANT HUMANIDADES

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TELFS.: 96/361 00 48 - 50

FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com

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ISBN: 978-84-1706-907-0

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Índice Introducción..................................................................................................... 9 El derecho a emigrar........................................................................................ 11 Legislación y éxodo.......................................................................................... 17 La acción tutelar del Estado............................................................................ 21 Las prohibiciones del éxodo............................................................................ 31 Hasta la Guerra Civil Española (1936‑1939)................................................ 45 El Nuevo Estado franquista............................................................................. 51 El Instituto Español de Emigración y sus designios.................................... 53 Gobierno tutelador y control de ideología.................................................... 67 La emigración asistida..................................................................................... 97 La tutela asistencial.......................................................................................... 103 La tipología de la emigración femenina........................................................ 111 La estela de Eldorado....................................................................................... 115 La activación política, los conflictos.............................................................. 121 Cifras reglamentadas en el tardofranquismo................................................ 125 El retorno........................................................................................................... 133 Remesas, transferencia de capital y su importe............................................ 135 La esencia de la diáspora................................................................................. 143 Fuentes y bibliografía citada........................................................................... 149

Introducción Que los movimientos de población son un hecho estructural que modifica las sociedades desde sus cimientos, es bien conocido desde la Antigüedad. Que organizan los espacios urbanos y agrarios transformándolos, también. Y que generan nuevas panorámicas de conciencia y cambio de mentalidades, aún más. Sin embargo, la implicación de las migraciones en la gestación de idearios políticos son cuestiones menos estudiadas y en consecuencia, interesantes al prisma de la historiografía profesional. Por ejemplo, aún no se ha resuelto, como marco teórico, y pese a la existencia de interesantes trabajos al respecto, la relación entre las colonias españolas de emigrantes en Iberoamérica y el marco conceptual de la hispanidad. Que ambos hechos van de la mano nadie lo duda, pero la gestación de un cuerpo teórico con sustentación empírica, aún falta entre nuestros trabajos científicos.

Con este texto pretendemos contribuir al estudio del tratamiento político que la Dictadura del general Franco hizo de la diáspora española, con destino a las naciones de la entonces CEE (Comunidad Económica Europea), las más ricas y desarrolladas, y también a determinadas áreas geográficas de Iberoamérica. No obstante, la diáspora hacia aquellas Repúblicas hermanas se hallaba en franca decadencia a finales de la década de los sesenta, siendo sustituida por los grandes movimientos poblacionales dentro de España y con destino, como insistimos, a la Europa más próspera.

Este libro versa sobre estas cuestiones y sobre cómo el Régimen de Franco va a organizar una serie de instituciones para tutelar al emigrante español, intentar protegerlo en su periplo internacional diaspórico y procurar que transmitiese allende los mares y las fronteras europeas la buena nueva del Nuevo Estado franquista y todas sus circunstancias, especialmente aquellas que hacían referencia al desarrollismo económico de España en la década de los sesenta. El manto espiritual, vinculado a la Iglesia católica, no se dejaba fuera en

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Introducción

este cómputo de propósitos e iniciativas oficiales, cuyos resultados fueron del todo desiguales.

La utilización ideológica de la emigración española va a ser un hecho sustentador del Régimen de Franco, y no solo por el volumen de remesas económicas que generaba y que tanto ayudaban al crecimiento económico nacional, sino también porque la Dictadura pretendía que los protagonistas de la diáspora llevasen en su maleta, y lo transmitiesen a los cuatro vientos, las grandezas sobre la nueva España de las que hacía gala el General Francisco Franco.

Madrid, 14 de abril de 2016

El derecho a emigrar La discusión desatada durante los siglos XVIII y XIX, y cuyo debate se centró acerca de si debería aceptarse la idea de libertad para emigrar o no, continuó desarrollándose en los primeros años del siglo XX con toda intensidad. Al igual que entonces, la polémica contó con fieles partidarios y críticos detractores. Resulta curioso comprobar cómo el derecho a emigrar fue reconocido tarde en Europa. En el Antiguo Régimen y antes de la Revolución Francesa de 1789, la libre emigración entre Estados no estaba permitida y era considerada un acto ilegal. Las migraciones internacionales hasta aquella fecha fueron constantemente obstaculizadas, prohibidas, limitadas y frenadas a niveles jurídico-administrativos por todas las monarquías europeas, que consideraban la expatriación de sus súbditos como claro síntoma de decadencia.

La Constitución francesa de 1791 incluía por primera vez entre sus medidas legislativas, el derecho de los ciudadanos galos a trasladarse, ausentarse y cambiar libremente de residencia. Esta actuación influyó posteriormente en otras cartas constitucionales europeas y americanas1.

Numerosos gobiernos de la Europa del XIX vieron en la emigración la solución ideal a ciertos problemas de inestabilidad social, ya que favorecía la paz indispensable para el buen desarrollo de sus regímenes liberales y burgueses. De esta manera era posible exportar hacia nuevos países a aquellos ciudadanos reacios a aceptar el nuevo orden establecido en cada nación o que por su carácter fuesen un serio problema para sus respectivos modelos políticos. Durante el siglo XIX, no tuvo demasiados adeptos la corriente de opinión que consideraba que las instituciones de gobierno, tanto las nacionales 1

Azcona Pastor, José Manuel: Los paraísos posibles. Historia de la emigración vasca a Argentina y Uruguay en el siglo XIX, Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1992.

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como las locales, poseían la autoridad moral suficiente para prohibir, si ello fuese necesario, la emigración hacia América. Por el contrario, se impusieron las tesis liberales que propugnaban la total libertad del individuo a la hora de elegir su modo de vida.

Aunque la liberal Constitución de Cádiz de 1812 tuvo como consecuencia directa la abolición de la pena de confiscación de bienes impuesta a quienes se expatriaban sin expresa autorización, al tiempo que admitía la independencia migratoria, con la restricción de perder los derechos de ciudadanía y naturalización, toda la legislación de la época, hasta 1853, mantiene una larguísima carrera de obstáculos equivalente a la más absoluta prohibición2. En estas circunstancias, la determinación individual para salir de la Península Ibérica era recortada hasta los niveles más bajos del orden social tales como la pérdida de la nacionalidad. Por otra parte, la Constitución de 1869 es la primera que reconoce la libertad del individuo a emigrar, si bien la de 1876 volvió a prohibirla reconociendo, eso sí, el derecho a la inmigración. Finalmente, la Conferencia Internacional de Migraciones celebrada en 1889 se expresó de tal forma que quedó parcialmente zanjada la polémica de independencia migratoria, al menos en lo que a los círculos oficiales legislativos se refiere. Allí se dijo: Afirmamos el derecho de todo hombre a la libertad fundamental que le concede cada nación civilizada de inmigrar, emigrar y disponer de su persona y de su destino como le plazca.

Sin embargo, la controversia de liberalización migratoria continuó dividiendo a la sociedad española de principios del siglo XX. Una buena parte de ella defendía las tesis que desde tiempos del precursor del Derecho Internacional, Padre Francisco de Vitoria, estaban en boga. El dominico español del siglo XV propugnó la idea de que la negación del derecho a expatriarse a cualquier país era justificado motivo para emprender una guerra, ya que la especie humana 2

Baste mencionar: Real Decreto de 19/V/1816; Real Circular de 23/XII/1817; Real Circular de 22/VII/1819; Real Decreto de 31/VIII/1819; Real Decreto de 23/III/1825.

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constituía una sociedad universal. Mientras unos se reafirmaban en esta postura, otros, sin embargo, afilaban y esgrimían sus dañinas plumas para, desde las más variadas páginas de difusión, expresarse en los términos en que lo hizo el escritor de principios de siglo, Eduardo Calvet: Es desde luego inútil que nosotros, los españoles, proclamemos la libertad absoluta de emigrar, porque nos saldrían al encuentro, no sólo los Gobiernos y Parlamentos de las diversas naciones de Europa, sino las leyes llenas de restricciones de las repúblicas de destino más frecuentes para la gran emigración […]

Esta consideración es suficiente para la demostración plena de que la libertad absoluta de emigrar no es reconocida como principio de ningún país, y que se han tomado todo linaje de precauciones, apelando sin miramiento a repulsivas mistificaciones contra los agentes destinados a promover la emigración. Si esto acontece en países más progresivos, con mayor razón se ha de imitar en nuestra nación, pues difícilmente habrá ninguna otra que tenga los motivos que España para justificar procedimientos restrictivos […] Cuando una nación tiene, como la nuestra, tanto territorio inculto y despoblado, tanto latifundio y provincias desiertas, grandes como un reino, ir a roturar territorios ajenos, y a poblarlos, me parece una orientación detestable3.

Por una parte, Calvet hacía referencia a las trabas que, tras la Primera Guerra Mundial, pusieron los países de acogida de la emigración española. Por otra, insistía en la situación de penuria por la que atravesaba España en el arranque de la pasada centuria, debido a la cual no era justo permitir las salidas ultramarinas. Efectivamente, durante los treinta y seis primeros años del siglo XX se mantuvo prácticamente intacto el modelo agrario latifundista (más del 33%, según el catastro de 1930), que trajo consigo la despoblación del medio rural. En consecuencia, los terrenos incultos se hicieron con gran parte de la Península Ibérica (Extremadura, Andalucía, Castilla).

Sin embargo, el concepto de libertad para emigrar que en la España de principios de siglo se discutía (derecho inalienable del hombre para hacer lo que más conviniese a sus intereses laborales, económicos, familiares o incluso políticos), era sustancialmente diferente a esa otra facultad que la legislación contemplaba. En efecto, ninguna 3

Número 76 del Boletín del Consejo Superior de Emigración (BCSE).

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normativa legal admite el principio de independencia migratoria en un sentido absoluto, máxime a partir de 1914, fecha en la que la mayoría de los Estados establecen barreras a la inmigración, reglamentan los movimientos humanos y protegen a los expatriados. El interés de la justicia, la defensa de cada territorio y la conveniencia de los propios viajeros trasatlánticos, motivaron ciertas prohibiciones a esa libertad emigratoria. Así lo puso de manifiesto la Comisión de Emigración de la Oficina Internacional del Trabajo reunida en Ginebra en agosto de 1921. Su propósito fue “elaborar una reglamentación de la emigración respetando plenamente los derechos de cada Estado”.

Debía encargarse, en definitiva, de “confeccionar un informe sobre las medidas a adoptar con objeto de reglamentar las migraciones de los trabajadores fuera de su país”4. Esta delegación estaba formada por representantes gubernamentales, patronales y obreros de los dieciocho principales países de emigración, entre los que, por supuesto, se encontraba representada España, cuyo portavoz fue el delegado patronal, Conde de Montornés.

Tras estudiar detenidamente todas las normativas migratorias europeas, los resultados de aquella comisión se concretaron en la elaboración de un informe en el que se preveían las categorías de personas a quienes les estaba prohibido salir de sus respectivos países.

Estas fueron las siguientes: 1. El servicio militar.

2. Las persecuciones judiciales.

3. La minoría de edad.

4. Disposiciones especiales referentes a la mujer.

5. La vejez y la incapacidad permanente.

6. La enfermedad y la invalidez.

7. La negación de entrar en el país de destino.

8. La ausencia de documentación.

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Informe de la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1921, en el B.C.S.E., 1922.

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9. El incumplimiento de obligaciones.

10. Profesión no cualificada de los emigrantes.

11. Falta de recursos a la llegada.

12. Emigración colectiva.

13. Anticipo de los gastos de viaje.

14. Obligación de embarcarse en ciertos puertos.

15. Emigrantes repatriados anteriormente a expensas del Estado.

16. Razones de orden general.

Las instituciones occidentales, así como sus líderes políticos, no fueron ajenos durante el siglo pasado al debate sobre la legitimidad migratoria, o si por el contrario eran precisas una serie de medidas y actuaciones legales para poner fin, o cuando menos frenar, esa salida de sus gobernados a Ultramar. Sin embargo, los principios del liberalismo imperantes en la sociedad del XIX hicieron que la solución se decantase a favor de la independencia total y absoluta de cada individuo para elegir libremente su lugar de residencia. En los primeros años del siglo XX, también se mantuvieron aquellas posturas liberales, por lo que las referencias a esta cuestión fueron escasas o finalmente eludidas. Las razones se encuentran en la publicación, en diciembre de 1907, de la gran Ley de Emigración que cortó prácticamente de raíz esta bizantina polémica al configurar un corpus legal migratorio que dejaba poco margen para las disputas. En ella, Alfonso XIII decretaba, sancionaba y reconocía la “libertad de todo español para emigrar” (Art. 1).

Legislación y éxodo El fenómeno migratorio puede ser considerado, ya desde el siglo XIX, como una actividad claramente asentada. Ante esta manifestación social, las autoridades españolas en general, se vieron impotentes. La avalancha de personas dispuestas, pese a todo, a dar el salto, en muchas ocasiones definitivo, a las tierras de Ultramar caló hondo en las conciencias de los responsables del Gobierno, quienes comenzaron a trabajar a fin de asegurar principalmente la integridad del emigrado en su periplo hacia las costas americanas.

Durante el siglo XIX y primeros años del XX, hubo serios intentos dirigidos a impedir y evitar la práctica migratoria. En este sentido existe una larga serie de Reales Ordenanzas, Reales Decretos y Circulares, dirigidos a limitar los permisos de embarque (12/I/1865), contener la emigración (18/VII/1881), impedir la clandestinidad (28/II/ 1882), reglamentar el embarque a las Repúblicas americanas (10/IX/1883), cortar los abusos cometidos por los reclutadores (19/I/1887), autorizar los embarques a Ultramar (7/X/1902), documentar a los individuos expatriados (7/X/1902), perseguir la clandestinidad (4/XI/1903) o proteger a los menores de edad de las argucias de los enganchadores (15/XI/1905), principales beneficiarios del negocio migratorio.

Uno de los principales objetivos a conseguir por las autoridades fue el de evitar en lo posible la clandestinidad de los embarques de nuestros pasajeros de tercera y por ello lucharon tenazmente. A comienzos del siglo XX, las salidas ilegales continuaron siendo norma común en los puertos, tanto continentales como peninsulares. Por este motivo, el 21 de diciembre de 1907 nacía la Ley de Emigración dispuesta a regular todos los aspectos referentes a la emigración peninsular a Sudamérica. Y que suele considerarse como la primera ley global de emigración española. Respetó la libertad de emigrar pero imponiendo ciertas restricciones como las que afectaban a los hombres en edad de recluta militar o a las mujeres casadas o a los

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menores de edad que deseaban empezar la aventura emigratoria sin compañía alguna, y en cuyo caso se les exigía la tramitación de un permiso de viaje.

De la ley también surgió el Consejo Superior de Emigración y de su reglamentación (Ley de 30 de abril de 1908) nació el Cuerpo de Inspectores de Emigración que iban a velar por el cumplimiento de la legislación vigente en los puertos de embarque y desembarque5.

Además, se intentaba evitar situaciones dramáticas, como las que envolvían a los emigrantes españoles (tal y como denunciaba la prensa) en las fazendas cafetarelas de Brasil y Hawai por aquella época6.

A partir de la fecha de su publicación, todos los españoles con pretensiones migratorias quedaron sometidos a la nueva normativa. La acción de la ley iba dirigida, fundamentalmente, a asegurarles unas condiciones de vida dignas, tanto en tierra como en alta mar.

Igualmente se pretendía evitar que fuesen engañados por los agentes clandestinos de reclutamiento.

Como decimos, y es importante reseñarlo, la legislación establecía también unos órganos especiales encargados de velar por el puntual cumplimiento de esas normas tutelares del Estado, centradas en asegurar a nuestros emigrantes unas condiciones dignas de transporte, una “total” independencia con respecto a quienes lo iban a realizar y evitar que pudiese ser explotada su credulidad y buena fe.

Aquellos organismos fueron el Consejo Superior y el Negociado de Emigración, dependientes ambos del ministerio de la Gobernación; las Juntas de Emigración creadas a propuesta del Consejo Superior y en los puertos que el Consejo designó previamente; los Inspectores de Emigración, funcionarios creados al efecto por el ministerio de la Gobernación y, finalmente, los Cónsules.

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Cañabate Pérez, J., La Ley de inmigración de 1907, un ejemplo de intervencionismo científico. Disponible en www.upf.edu/iuslabor/_pdf/2014-2/Canabate. pdf. Consultado el 19/03/2016.

González Martínez, E., Café e inmigración: los españoles en Sâo Paulo, 18801930, Madrid, Cedeal, 1992.

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Entre los servicios que las nuevas instituciones habían de realizar, amén de la vigilancia del transporte, de los de tutela, representación o repatriación, se incluían los del estudio detallado de las causas que propiciaban la emigración, de las condiciones de empleo y salarios en los países de destino, elaboración de estadísticas del fenómeno migratorio, divulgación de toda esa información y fomento en la creación de sociedades y patronatos con objeto de ayudar, defender y tutelar a los emigrantes tanto en España como en el extranjero. Sin embargo, la promulgación de la normativa legal de 1907 no supuso, al menos durante algún tiempo, un cambio definitivo en el desarrollo de la diáspora hacia América. Por el contrario, continuaron existiendo irregularidades en la aplicación de la normativa hasta entonces vigente. Como fenómeno social que era, requería de un periodo de tiempo prudencial para ser perfectamente conocida y posteriormente aplicada. Es por ello por lo que no es de extrañar que la rigurosidad de esta disposición legal no alcanzase, durante sus primeros pasos, a consolidar de forma tajante todas aquellas funciones que en un principio se propusieron cumplir los creadores de la normativa.