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( 57 (2020 Jurisprudencia seleccionada.

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EQUIPO DE REDACCIÓN: LAS PALMAS: Víctor Caba Villarejo María Rosa Rubio Ramos Humberto Guadalupe César García Otero TENERIFE: Antonio María Rodero García José Félix Mota Bello Eduardo Ramos Real Pedro Hernández Cordobés María Pilar de la Fuente García Óscar Bosch Benítez Vicente Máximo Garrido García Carlos Ortega Melián

Revista JURÍDICA

57 (2020

DE CANARIAS

Jurisprudencia Seleccionada de Canarias

Edita: Tirant lo Blanch Director: Víctor Caba Villarejo www.revistajuridicacanaria.com

sumario

OBRAS QUE NO CONSTITUYEN ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES ¿NECESITAN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS? Aurelio Puche Ramos

´ Dirigida por Víctor Caba Villarejo Dirigida por Víctor Caba Villarejo

Dirigida ARTÍCULO por VÍ

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Publicación trimestral Publicación trimestral Publicación Nº 57/trimestral Abril 2020 Nº 54/ julio 2019 Nº 55/ Octubre 2019 Índice

Índice ctor Caba Villarejo

ARTÍCULOS ARTÍCULOS – OBRAS QUE NO CONSTITUYEN ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES ¿NECESITAN LAS DOS CARASDE DE LA LA MONEDA. EUROVila COMO PATRÓN MONETARIO, seleccionada por Ada –– CIBERDELINCUENCIA, por Mª Ángeles Caba ..............................................................................

3 AUTORIZACIÓN JUNTA DE EL PROPIETARIOS?, por Aurelio Puche Ramos ........................ 4 Lucía Mariscal González ....................................................................................................................

5 JURISPRUDENCIA JURISPRUDENCIA LAS PALMAS JURISPRUDENCIA LAS PALMAS – CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo..................................................................................... 18 LAS PALMAS –TENERIFE CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo ....................................................................................

54 – CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo ....................................................................................

71 TENERIFE – CIVIL, seleccionada por Antonio María Rodero García....................................................................... 97 TENERIFE –LAS CIVIL, seleccionada por Antonio María Rodero García ......................................................................

106 PALMAS – CIVIL, seleccionada por Antonio María Rodero García ......................................................................

123 LAS PALMAS – PENAL, seleccionada por Rosa Rubio Ramos.................................................................................... 146 LAS PALMAS –TENERIFE PENAL, seleccionada por Rosa Rubio Ramos ...................................................................................

177 – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por César García Otero .........................................

184 TENERIFE – PENAL, por José Félix Mota Bello. . ..................................................................................................... 185 TENERIFE –LAS PENAL, por José Félix Mota Bello......................................................................................................

208 PALMAS – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés...........................

216 LAS PALMAS – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por César García Otero.......................................... 217 LAS PALMAS –TENERIFE CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por César García Otero .........................................

225 – PENAL, seleccionada por Rosa Rubio Ramos ...................................................................................

236 TENERIFE – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés........................... 245 TENERIFE –LAS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés...........................

254 PALMAS – PENAL, por José Félix Mota Bello......................................................................................................

266 LAS PALMAS – SOCIAL, seleccionada por Humberto Guadalupe Hernández.............................................................. 260 LAS PALMAS –TENERIFE LABORAL, seleccionada por Humberto Guadalupe Hernández ..........................................................

284 – SOCIAL, seleccionada por Humberto Guadalupe Hernández .............................................................

284 TENERIFE – SOCIAL, seleccionada por Eduardo Jesús Ramos Real...................................................................... 309 TENERIFE – LABORAL, seleccionada por Eduardo Jesús Ramos Real..................................................................

328 – SOCIAL, seleccionada por Eduardo Jesús Ramos Real .....................................................................

318 DOCTRINA DE LA DGRN DOCTRINA DE LA DGRN – Comentarios, seleccionados por María Pilar de la Fuente García........................................................ 336 DOCTRINA DE LA DGRN – Comentarios, seleccionados por María Pilar de la Fuente García .......................................................

359 – Comentarios, seleccionados por María Pilar de la Fuente García.......................................................

354 DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO CANARIAS – Comentarios, seleccionados por ÓscarDE Bosch Benítez....................................................................... 435 DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS – Comentarios, seleccionados por Óscar Bosch Benítez ......................................................................

421 – Comentarios, seleccionados por Óscar Bosch Benítez ......................................................................

404 DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS – Seleccionada por Vicente Máximo Garrido García......................................................................... 466 por Pedro Vicente Máximo Garrido García ........................................................................

450 –– Seleccionada Seleccionada por Carballo Armas............................................................................................

456 CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS – Seleccionada por Carlos Ortega Melián.............................................................................................. 522 – Seleccionada por Pedro Carballo Armas............................................................................................

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ARTÍCULO

OBRAS QUE NO CONSTITUYEN ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES ¿NECESITAN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS?

Aurelio Puche Ramos

SUMARIO: 1. REGULACIÓN LEGAL. 1.1. En el Código civil. 1.2. En la Ley de Propiedad Horizontal.

2. PRESUPUESTO DEL ART. 10.3,B: ALTERACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES. 2.1. Opinión de la doctrina. 2.2. Criterio del Tribunal Supremo. 2.2.1. Obras ejecutadas por locales comerciales. 2.2.2. Obras en fachada. 2.2.3. Elementos o instalaciones desmontables.

2.2.4. Obras intrascendentes: cerramientos. 2.2.5. Afectación no esencial de elemento común. 2.2.6. Instalación de aparatos de aire acondicionado. 2.2.7. Obras menores. 3.

SUPUESTOS DEL ART. 10.3,B) LPH. 3.1. Concepto de “estructura o fábrica del edificio”.

3.2. Concepto de “cosas comunes”. 3.3. Cerramiento de las terrazas. 4. CONCLUSIONES.

ABSTRACT: Pretende este artículo aclarar la duda de si las obras que no constituyan alteración de los elementos comunes necesitan autorización de la Junta de propietario y, en caso afirmativo, qué mayoría sería necesaria.

PALABRAS CLAVES: obras/elementos comunes/autorización/Junta de propietarios

1. REGULACIÓN LEGAL Ya venía regulada esta situación en el Código civil, con la misma redacción desde su publicación, que luego sirvió de inspiración al legislador de 1960 cuando se publica la LPH. 1.1. En el Código civil Dentro de la regulación de la comunidad de bienes dispone el art. 397 Cc que ninguno de los copropietarios puede hacer alteraciones en la cosa común, aunque de

ellas pudieran resultar ventajas para todos, salvo que concurra el consentimiento de todos los demás.

La alteración a que se refiere este precepto ha de ser interpretada en su sentido propio de innovación o modificación, es decir, como alteración material, atendiendo a los demás preceptos del Código civil, especialmente a los arts. 394, 395 y 398. De tal manera que requiere unanimidad de todos los condóminos toda innovación que modifique el destino de la cosa o impida el uso a que cada uno tiene derecho, incluso aquellas que, en caso contrario, afecten a la sustancia de la cosa, en la forma o en la materia. En definitiva, si las modificaciones tienen la entidad suficiente para alterar la configuración de la cosa común o su forma y sustancia, necesitarán el consentimiento de todos1.

En interpretación de este precepto, ha afirmado la jurisprudencia que la apreciación del término “alteración de la cosa” es una cuestión de hecho que pertenece a la decisión del Tribunal instancia2.

Constituye doctrina jurisprudencial la que afirma que “las alteraciones materiales a que se refiere esta norma son aquellos actos que afectan a la sustancia de la cosa o modifican su destino, pues para los actos que van más allá de la administración y suponen una disposición o alteración de la cosa objeto de copropiedad es precisa la unanimidad de todos los codueños.”3, así como la que añade que la “alteración no sólo es alusiva a actos materiales, sino a aquellos que tienen repercusión jurídica, pues el artículo 397 no distingue”4.

Para la STS 8 mayo 20085 “la delimitación del concepto de alteración material del art. 397 CC tiene que ponerse en relación con el art. 394 CC, que concede el derecho de servirse de la cosa común, pero siempre con el debido respeto al triple límite que en el mismo se establece, es decir, el destino de la cosa, el interés de la comunidad y el derecho de los demás copropietarios para estimar que los actos que excedan de dichos límites suponen una alteración a los efectos del art. 397 CC.” 1.2. En la Ley de Propiedad Horizontal Prohíbe el párrafo segundo del art. 7.1 LPH a los propietarios “realizar alteración alguna” en el resto del inmueble, en clara referencia a los elementos comunes, después de que el párrafo primero les autorice a modificar los elementos arquitectónicos que forman parte de su propiedad privada, siempre y cuando respeten tres límites, entre

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3

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5

MIQUEL GONZÁLEZ, J. Mª, Comentario del Código Civil. Tomo II. Ministerio de Justicia. Madrid (1991), págs. 1089 y 1090.

STS de 9 marzo 1993 (ROJ STS 19154/1993, Pnte. Jaime Santos Briz).

SSTS de 7 mayo 2007 (ROJ STS 2678/2007, Pnte. Xavier O’Callaghan Muñoz), de 8 mayo 2008 (ROJ STS 3264/2008, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos) y de 17 noviembre 2015 (ROJ STS 4896/2015, Pnte. Eduardo Baena Ruiz).

SSTS de 19 diciembre 1985 (ROJ STS 1704/1985, Pnte. Matías Malpica González Elipe), de 8 julio 1988 (ROJ STS 5328/1988, Pnte. José Luis Albacar López), de 13 noviembre 2001 (ROJ STS 8845/2001, Pnte. Xavier O’Callaghan Muñoz) y de 3 febrero 2009 (ROJ STS 154/2009, Pnte.

Antonio Salas Carceller).

ROJ STS 3298/2008, Pnte. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.

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otros, que “no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores,…”

Tal prohibición trae causa una de las obligaciones que la LPH impone a todos los propietarios en el art. 9.1.a), concretamente “respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos”.

El art. 10.1 regula las obras obligatorias o necesarias, por lo que no necesitan autorización de la Junta, ya sean impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de algún propietario, entre las que incluye en el apartado d) “la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, así como la constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana”.

Con parecido tenor, la letra b) del apartado 3 exige además de autorización administrativa, previa autorización de la Junta de propietarios aprobada por doble mayoría de tres quintos del total de los propietarios las obras que consistan en “la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio”.

El precedente más inmediato de este apartado lo constituye anterior art. 12, derogado por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas6, que le dio la actual redacción al art. 10, art. 12 que con la misma redacción disponía “La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones del mismo…”, con la única diferencia que equiparaba dichas obras a la modificación del título constitutivo, por entender que le afectaba, por lo que exigía unanimidad para su aprobación conforme preveía el entonces art. 17.1.

La Exposición de Motivos de esta Ley 8/2013 justificaba su derogación, en la necesidad de flexibilizar esa exigencia de unanimidad “… con el objeto de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender algunos de sus más importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisión por unanimidad o por mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante autorizar o, en algunos casos, exigir.”

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BOE nº 153, de 27 junio 2013.

6 AURELIO PUCHE RAMOS REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 57, abril-junio (2020), págs. 3-16

La parecida redacción existente entre este art. 10.1,d) y el art. 10.3,b) plantea la inevitable duda de en qué se diferencian ambos preceptos, pudiendo llegar a la conclusión de que las obras que consistan en la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes quedan sometidas a tres regímenes jurídicos distintos7: a) General: el previsto en el art. 10.3.b), por tanto, cuya ejecución necesita previa autorización de la Junta de propietarios aprobada por doble mayoría de tres quintos del total de los propietarios. Entendemos que aquí no cabe ninguna remisión a la Ley del Suelo, pues la contenida en dicho apartado es fruto de una defectuosa técnica legislativa, además de que constituye el mismo régimen que previa el anterior art. 12. b) Especial: el previsto en el art. 10.1.d LPH, sólo en el caso en que el inmueble en que se vayan a ejecutar se incluya en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana, por tanto, obra obligatoria que se puede ejecutar sin necesidad de acuerdo de la Junta. c) Residual: el previsto en el vigente art. 17.6 LPH, en cuyo caso requerirá unanimidad, excepcional sólo para aquellos casos en que la obra altere el título al incrementar el número de propiedades privativas, siempre que no tengo encaje en el régimen especial anterior.

2. PRESUPUESTO DEL ART. 10.3,B: ALTERACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES Según el Diccionario de la RAE alterar consiste en “cambiar la esencia o forma de algo”.

El Alto Tribunal la ha definido como “cualquier alteración o disposición de las cosas comunes que implique un cambio de utilización y disfrute de las mismas o de sus elementos se rige por el sistema de unanimidad”8.

Para la STS de 4 abril 20149 la valoración de esta alteración no responde a los criterios interpretativos meramente subjetivos de las partes, sino a parámetros objetivables.

Lo que no cabe duda es que este precepto sólo exige autorización de la Junta para las obras que supongan una alteración, por lo que en principio no la necesitarán aquellas intervenciones que, a sensu contrariu, no sean constitutiva de la misma, es decir, las que no impliquen una alteración de los elementos comunes.

7

Siguiendo a FLORES RODRÍGUEZ, “La alteración sustancial de los elementos comunes del inmueble en régimen de propiedad horizontal cuando obedece a una finalidad comercial”, Actualidad Civil, nº 1, Enero 2014, pág. 105. En cambio, para ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA SERVER, Acuerdos y actuaciones en propiedad horizontal, 2016, Edit. Aranzadi, págs. 122 y 123, el régimen previsto en el art. 10.3,b) tiene lugar sólo en el caso de que concurran los requisitos del citado art. 17.6 de la Ley del Suelo de 2008, hoy art. 26.6 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana vigente.

8 STS de 2 abril 1993 (EDJ 1993/3322, Pnte. Eduardo Fernández-Cid de Temes), con cita de las SSTS de 3 y 23 diciembre 1982, de 15 febrero y de 4 noviembre 1988.

9 STS de 4 abril 2014 (ROJ STS 2463/2014, Pnte. Francisco Javier Orduña Moreno).

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO 7 REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 57, abril-junio (2020), págs. 3-16

2.1. Opinión de la doctrina No especifica el precepto analizado el grado de alteración que debe considerarse relevante, por lo que, para determinar si cualquier alteración, por mínima que fuera, tiene cabida en el mismo, habrá que interpretarlo conforme al principio de buena fe del art. 7.1 y la prohibición del abuso del derecho del art. 7.2, ambos de Cc10.

La totalidad de la doctrina científica, sin excepciones, coincide en sostener que no toda obra en los elementos comunes necesita autorización de la Junta, dado que no es suficiente con la realización de cualquier alteración para integrar el supuesto de hecho de este precepto y aplicar las exigencias de una mayoría tan cualificada, pues esa no es la finalidad del mismo11, ya que una aplicación rigurosa podría suponer exigir ese quorum a un propietario para que pudiera clavar un tornillo o argolla en un pilar o muro de carga12, por lo que ya en sede del anterior art. 12 se planteó, siguiendo los criterios jurisprudenciales, la necesidad de flexibilizar la exigencia de la unanimidad13.

A tal efecto, podemos distinguir varias clases de alteraciones14, a saber: a) alteraciones no sustanciales, no graves, intrascendentes o ligeras: aquellas “que no perturban ni varían el objeto y el uso de la cosa común, ni causan un perjuicio a la Comunidad, ni impiden a los demás copropietarios usarla según su derecho, han de permitirse por tratarse del ejercicio del derecho que a cada propietario le corresponde para usar de la cosa conforme a su destino y no de una conducta que comprometa la estructura o fábrica del edificio”15.

Este tipo de alteración puede ser mínima, menor, inocua, no grave, etc., por lo que no quedan sujetas a limitación alguna. b) alteraciones sustanciales y graves: se tratan de aquellas que comprometan seriamente los elementos comunes del edificio, cuyas consecuencias deben medirse conforme a un juicio de razonabilidad16.

Son las únicas que tienen encaje en el supuesto previsto en el art. 10.3,b LPH.

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ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA SERVER, ob. cit., pág. 128.

PASTOR ALVAREZ, Mª C, La realización de obras por la Comunidad en los elementos o servicios comunes del edificio: (Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la propiedad horizontal), edit.

Tirant lo Blanch, 2001, pág. 91.

ECHEVARRÍA SUMMERS, F.M., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, Coord. Bercovitz Rodríguez-Cano, 4ª ed, Thomson-Aranzadi, 2010, pág. 434.

CABALLERO GEA, J.A. La propiedad horizontal: problemática judicial, Aranzadi, 1983, pág. 180 y siguientes y RIVERA FERNÁNDEZ, M y HORNERO MÉNDEZ, C. Propiedad Horizontal: ¿es siempre necesaria la unanimidad para alterar un elemento común?, Colección de Jurisprudencia Práctica, Edit. Tecnos, 1997, pág. 11.

Esta clasificación es de FLORES RODRÍGUEZ, La alteración sustancial …, ob. cit, págs. 98 a 75 y en La alteración estética de los elementos comunes del edificio, Actualidad Civil, nº 11, 2014, Editorial LA LEY. CARRASCO PERERA, A. “Elementos comunes. Elementos privativos”, en Carrasco Perera, Cordero Lobato, y González Carrasco, Derecho de la construcción y la vivienda (2012), 7ª ed., Editorial Aranzadi, Navarra, pág. 220.

FLORES RODRÍGUEZ, J. La alteración sustancial …, ob. cit., págs. 98 a 75.

8 AURELIO PUCHE RAMOS REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 57, abril-junio (2020), págs. 3-16

2.2. Criterio del Tribunal Supremo La mayoría de los pronunciamientos analizados tienden a no considerar alteración toda obra que afecte a los elementos comunes, si bien algunos pocos consideran que si, en función del caso concreto sometido a su consideración.

En el mismo sentido que la doctrina, la Sala Primera se inclina por entender que no integra el supuesto previsto en el anterior art. 12, hoy art. 10.3,b) y, por tanto, sin necesidad de autorización de la Junta de propietarios, la ejecución de determinadas obras en elementos comunes, utilizando varios criterios para ello, que pasamos a analizar detalladamente.

En general, estima que “no se encuentra en ninguna de las prohibiciones legalmente establecidas” la obra consistente en la sustitución y mejora de bajante de pluviales por mixta de pluviales y residuales en un patio comunitario que no ha sufrido deterioro alguno y que está en situación de “beneficiar a los actuales vecinos y a quienes en el futuro deseen engancharse a las mismas”, por lo que no requieren unanimidad sino mayoría (STS de 16 diciembre 2014)17.

2.2.1. Obras ejecutadas por locales comerciales18 Partiendo de la doctrina jurisprudencial que, en interpretación del hoy derogado art.

12, afirma que la unanimidad que exigía dicho precepto “deben ser interpretadas de modo flexible, cuando se trata de locales comerciales situados en edificios en régimen de propiedad horizontal”19, la STS de 9 diciembre 201020 señala que “la más reciente jurisprudencia, al analizar situaciones relativas a locales comerciales que se encuentran ubicados en Comunidades de Propietarios, ha venido flexibilizando las exigencias normativas en materia de las mayorías necesarias para la aprobación de acuerdos con el objeto de posibilitar la actividad de los locales comerciales, que no es otra que servir de sede de diferentes negocios económicos, más o menos duraderos en el tiempo, con proyección comercial. En definitiva, para el desarrollo de las actividades comerciales que les son propias, puede resultar imprescindible la instalación de elementos que van a afectar a otros elementos comunes y cuya instalación no puede dejarse al arbitrio de que una minoría de copropietarios, sin razón legal que lo justifique, impidan su realización”.

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ROJ STS 5094/2014, Pnte. José Antonio Seijas Quintana.

Vid. en general PUCHE RAMOS, A. “¿Necesitan los locales comerciales autorización de la junta de propietarios para realizar obras en elementos comunes? Doctrina del Tribunal Supremo”. Práctica de Tribunales: Revista de derecho procesal civil y mercantil, nº 122, 2016, pág. 7 y siguientes, edit. La Ley. 19 SSTS de 15 noviembre 2010 (ROJ STS 7559/2010, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos, de 14 febrero 2011 (ROJ STS 533/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos), de 1 junio 2011 (ROJ STS 4256/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos), de 17 enero 2012 (ROJ STS 282/2012, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos), de 5 mayo 2015 (ROJ STS 1729/2015, Pnte. José Antonio Seijas Quintana), de 16 marzo 2016 (ROJ STS 1206/2016, Pnte. Francisco Javier Orduña Moreno) y de 7 abril 2016 (ROJ STS 1489/2016, Pnte. Francisco Javier Orduña Moreno).

20 ROJ STS 6370/2010, Pnte. Román García Varela.

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Pero esta tendencia a la flexibilización de la exigencia de unanimidad no viene acompañada por el Tribunal Supremo de la conveniente fijación del quorum que considera necesario para ello, pues sólo la STS de 15 octubre 201321 aclara que al no constituir la obra litigiosa “alteración de un elemento común, no se precisaba de la unanimidad para la adopción del acuerdo, aunque sí una autorización de la mayoría”.

Estimando la doctrina del abuso del derecho, la STS de 17 noviembre 201122 considera que la ejecución de cinco perforaciones en el muro de carga, elemento estructural conforme al art. 396 Cc, para la instalación de fontanería, comporta un beneficio real para la demandada cuya obtención es necesaria para hacer posible la habitabilidad y para el disfrute de la vivienda afectada, por lo que tales perforaciones no conllevan ninguna alteración o afectación de la estructura o estabilidad de dicho elemento común, por lo que ningún beneficio obtiene la Comunidad de Propietarios en el supuesto de remoción del muro de carga al estado anterior a la realización de las obras litigiosas.

En cambio, en otras ocasiones la Sala Primera estima que algunas obras ejecutadas por los locales si constituyen alteración de los elementos comunes. Así ocurrió en la STS de 13 junio 201123 para la colocación de una red de tuberías, dado que no son de escasa entidad “y suponen, más que uso ordinario de los elementos comunes, disponer en beneficio propio de una parte sustancial del mismo en detrimento de otros copropietarios o de la propia Comunidad que no podrá en el futuro tener la libre disposición del espacio ocupado por uno de ellos”.

En lo que se refiere a las obras que consistan en la instalación de una chimenea o tubo de extracción, como ocurrió en la STS 17 enero 201224 para la instalación de una chimenea para la evacuación de humos y gases y aparato de aire acondicionado que afecta a elementos comunes pues, pese a no afectar a la estructura y seguridad del edificio, altera su configuración exterior y causa un perjuicio visual o estético calificado como relevante, incluso si dichas instalaciones estuvieran autorizadas por los estatutos.

Igualmente, en la STS de 9 mayo 201325 respecto a la instalación de una chimenea de salidas de humos desde un local hasta la azotea, por el patio de luces, dado que la alteración de la configuración es sustancial, pues atraviesa el forjado del patio y eleva la chimenea a lo largo de cinco plantas, que reflecta la luz, produce un fuerte impacto visual e interrumpe el espacio existente entre las dos ventanas del piso de la actora.

Finalmente, en la STS de 7 abril 201626 que considera que la alteración de la estructura del edificio es clara y sustancial, pues se pretende realizar dicha instalación mediante la rotura del forjado del mismo.

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ROJ STS 4922/2013, Pnte. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

ROJ STS 8162/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos.

ROJ STS 4042/2011, Pnte. José Antonio Seijas Quintana.

Citada en nota 19.

ROJ STS 2256/2013, Pnte. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Citada en nota 19.

10 AURELIO PUCHE RAMOS REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 57, abril-junio (2020), págs. 3-16

2.2.2. Obras en fachada En pocas ocasiones, el Supremo se inclina por autorizar obras en fachada, especialmente cuando se trata de locales y en aplicación de la doctrina jurisprudencial precedente o cuando no afecta a la estética del edificio.

Así, la STS de 6 abril 200627 entiende que la instalación de anuncios o carteles en fachada por parte de los locales es inherente a cualquier actividad negocial y constituye un uso lícito de los elementos comunes, en cuanto no se perjudiquen los derechos de los demás propietarios ni alteren el decoro arquitectónico del inmueble, siempre que no exceda de los parámetros exteriores del local.

En el mismo sentido, la STS de 14 febrero 201128 sostiene que la colocación en la fachada de los letreros identificadores de la actividad que se desarrolla en el local para la adaptación del mismo al negocio que en él se desarrolla, no atentan contra la estética del edificio y, por tanto, no suponen una alteración de la fachada general del edificio.

Finalmente, la STS de 1 junio 201129 considera la mampara como “de tan insignificante ejecución”, pues constituye una obra que es consecuencia del cerramiento autorizado de la terraza, que no perjudica, ni estética ni económicamente la parte del elemento común afectado.

Por el contrario, la STS de 12 diciembre 201230 estima que la obra, consistente en la ejecución de una estructura o entramado metálico en la terraza ático de su propiedad que daba a una de las fachadas principales del edificio, pese a no afectar a la estructura y seguridad del edificio, alteran la configuración exterior de este y causan un perjuicio visual o estético calificado como trascendente e importante.

Asimismo, para la STS de 4 abril 201431 la interpretación sistemática de los arts.

7 y 11 LPH no permite que la debida autorización de la Comunidad de Propietarios quede condicionada o reconducida exclusivamente al alcance de dicha alteración en la estructura o seguridad del edificio, sino que basta con esta alteración se produzca en la configuración estética o estado exterior que presente la fachada del edificio, por lo que estima su existencia dado que el pintado de los huecos de las ventanas es distinto al resto de la fachada.

2.2.3. Elementos o instalaciones desmontables Con relativa frecuencia la Sala Primera emplea el carácter desmontable para no exigir autorización de la Junta, en las SSTS de 5 mayo 200032 para la instalación de un cartel luminoso en la cubierta, de 22 mayo 200733 en el caso de la instalación de una base repetidora de telefonía móvil también en la cubierta, de 1 junio 201134 para la

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ROJ STS 2295/2006, Pnte. Pedro González Poveda, con cita de las SSTS de 14 noviembre 1985, de 15 febrero 1988, de 5 diciembre 1989, de 24 marzo y de 31 marzo 1995 y de 19 noviembre 1996.

Citada en nota 19.

ROJ STS 3129/2011, Pnte. José Antonio Seijas Quintana.

ROJ STS 8147/2012, Pnte. José Antonio Seijas Quintana.

STS de 4 abril 2014, citada en nota 9.

ROJ STS 3711/2000, Pnte. Jesús Eugenio Corbal Fernández.

ROJ STS 3243/2007, Pnte. José Antonio Seijas Quintana Citada en nota 29.

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instalación de una cámara de televisión en la fachada y de 4 octubre 201135 en el caso del cerramiento de una terraza privativa.

Sin embargo, la STS de 18 julio 201136 no comparte el carácter desmontable de una antena de telefonía móvil en la azotea del edificio, pues constituye una alteración estructural debido al modo en que tal instalación va a ser ejecutada.

2.2.4. Obras intrascendentes: cerramientos En el concreto caso de los cerramientos el Supremo utiliza su carácter intrascendente para no exigir la autorización de la Junta, fijando con valor de doctrina jurisprudencial que “esta Sala ha considerado como obras intrascendentes que no afectan a los elementos comunes aquellos cerramientos que no son perjudiciales para los restantes propietarios ni menoscaban o alteran la seguridad del edificio ni su configuración hacia el exterior”37.

Así, la STS de 25 mayo 200738 confirma la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda respecto a la petición de los propietarios demandantes de que se acordara la demolición de la obra consistente en el cerramiento del contorno del patio de la terraza, debido a que “no consta en las actuaciones que dicho cerramiento haya modificado elementos arquitectónicos que menoscaben o alteren la seguridad del edificio, ni su configuración hacia el exterior y tampoco que se hubiera perjudicado a otro propietario, por lo que se trata de una obra intrascendente, lo que posibilita su continuidad”.

En el mismo sentido, pero sin recurrir a la intrascendencia de la obra, la STS de 6 abril 200639 recuerda la doctrina jurisprudencial que afirma que las obras e instalaciones de cerramiento análogo o idéntico a la enjuiciada, un cerramiento de una calle particular para el acceso de vehículos a la Comunidad mediante la colocación de dos portillas metálicas, “no suponen alteración del título constitutivo por lo que para su aprobación no se requiere la unanimidad de los copropietarios”.

De igual manera, la STS de 2 octubre 201340 considera que no constituyen alteración el cierre de los pasillos, pues dicha cláusula “está debidamente autorizada en los estatutos comunitarios y no infringe norma alguna de “ius cogens”, pues no priva de uso al resto de los comuneros, no altera la configuración externa, no afecta a su estructura ni su estabilidad, ni mucho menos implica una situación de riesgo para caso de incendios o similar situación de urgencia que pudiera surgir”.

35 36

37 38 39 40

ROJ STS 6574/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos.

ROJ STS 5547/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos.

SSTS de 10 octubre 2007 (ROJ STS 7016/2007, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos) y de 30 septiembre 2010 (ROJ STS 4968/2010, Pnte. José Antonio Seijas Quintana).

ROJ STS 3416/2007, Pnte. Román García Varela.

Citada en nota 27.

ROJ STS 4744/2013, Pnte. José Antonio Seijas Quintana.

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2.2.5. Afectación no esencial de elemento común La STS de 15 octubre 201341 sostiene que no hay alteración en la obra ejecutada en el forjado, elemento estructural, pues ha afectado a la parte no esencial del mismo, concretamente el entramado existente entre las vigas, que ha sido mejorado ostensiblemente por el propietario demandado, dado que el sistema constructivo del forjado original carecía de la portabilidad.

Para la Sala, de la redacción del hoy derogado art. 12 se desprende que “no cualquier obra en el forjado es necesario que se autorice por unanimidad, sino solo las que se definan como alteración del mismo”, por lo que concluye que es suficiente una autorización de la mayoría.

No obstante, con respecto a las obras en forjado constituye doctrina jurisprudencial aquella que afirma que “la ejecución de obras en elementos comunes, tales como los forjados, los cuales conforman la estructura del edificio, requieren del consentimiento unánime de la comunidad sin que la permisividad de tales obras se encuentre condicionada a la existencia o no de perjuicio para los propietarios o afecten o no a la estructura, seguridad o configuración exterior del edificio comunitario.”42

2.2.6. Instalación de aparatos de aire acondicionado Se ha fijado con valor de doctrina jurisprudencial que “la colocación de estos aparatos, que cuando no necesitan de obras de perforación, no se considera como alteración de elementos comunes, pues, en el supuesto contrario, se impediría el uso y disfrute de los adelantos técnicos en todos los edificios no preparados para dicho particular, que no es la interpretación correcta que acepta la sociedad, habida cuenta de la actuación generalizada de los comuneros sobre esta materia en nuestro país, por lo que corresponde acudir a la realidad social impuesta en el artículo 3.1 del Código Civil”43.

En cambio, el Alto Tribunal se ha inclinado por considerar que la instalación de estos aparatos si constituye alteración, como ocurrió en la STS de 15 diciembre 200844 debido a que para su ejecución por el local litigioso se han abierto huecos de las dimensiones dichas mediante el rompimiento de la fachada o muro común, con la consiguiente alteración del mismo, y cambio del uso no previsto inicialmente.

2.2.7. Obras menores La STS de 13 mayo 201645 recuerda el criterio de la doctrina científica de que las obras menores no necesitan autorización aprobada unanimidad, no obstante no aplicable al caso concreto al tratarse de la ejecución de cuatro lucernarios en cubierta 41

Citada en nota 21.

SSTS de 17 noviembre 2011 (ROJ STS 7979/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos) y de 28 marzo 2012 (ROJ STS 2153/2012, Pnte. Francisco Marín Castán).

43 SSTS de 22 octubre 2008 (ROJ STS 5456/2008, Pnte. Román García Varela), de 16 mayo 2008 (ROJ STS 2944/2008, Pnte. Román García Varela) y de 15 diciembre 2008 (ROJ STS 6762/2008, Pnte. José Antonio Seijas Quintana).

44 Citada en la nota anterior.

45 ROJ STS 2779/2016, Pnte. Eduardo Baena Ruiz.

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del edificio de uso individual para el propietario demandado, aunque para la mejora de eficiencia energética.

3. SUPUESTOS DEL ART. 10.3,B) LPH El art. 10.3,b) analizado en este trabajo contiene los mismos supuestos que el derogado art. 12, en su redacción original de la LPH de 1960 como art. 11, incluyendo expresamente un supuesto novedoso como el cerramiento de las terrazas.

La relación de todos estos supuestos no constituye un numerus clausus, dada la expresión “cualquier otra alteración”, por lo que habrá que estar a cada caso concreto.

3.1. Concepto de “estructura o fábrica del edificio” Surge la duda de si con la referencia a los conceptos de “estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes”, se está refiriendo el legislador a lo mismo o, por el contrario, a cosas distintas.

Por elementos estructurales hay que entender los que relaciona ad exemplum en el art. 396 Cc, en el art. 17.1,a) de la LOE y en el Anejo III del CTE, a saber, cimentación, pilares, vigas, forjados, muros de carga, soportes, losa y zapatas, incluyendo este último también la estructura portante y la estructura horizontal.

Para la Sala Primera “en la estructura del inmueble se incluye todo lo que forma parte de la armadura de fábrica del edificio, como los forjados”46.

La expresión “fábrica del edificio” es más jurídica que constructiva, pues no existe ninguna norma que lo conceptúe como tal. Tan sólo el Anejo A del DB SE-F Fábrica la define como “conjunto trabado de piezas asentadas con mortero”.

3.2. Concepto de “cosas comunes” Esta expresión se corresponde con la que emplea el Código civil en la regulación de la comunidad de bienes, al referirse a ella en varias ocasiones, como hemos visto en el citado art. 39747.

Parece evidente, pues que, con esta expresión, también empleada en el art. 6 LPH al distinguir entre servicios y cosas comunes, se está refiriendo el legislador a los elementos comunes, que si emplea expresamente con más frecuencia en el resto de su articulado e incluso el art. 396 Cc, para distinguirlo de los elementos que integran su propiedad privada que, por cierto, nunca denomina privativos.

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en sentencias de 27 noviembre 201348 referida al garaje y de 26 noviembre 200749 referida a la fachada.

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SSTS de 17 febrero 2010 (ROJ STS 777/2010, Pnte. Román García Varela) y de 17 noviembre 2011, citada en nota 42.

47 También se refieren a la cosa común los arts. 272, 1.522 y 1.965.

48 ROJ STS 5642/2013, Pnte. Xavier O’Callaghan Muñoz.

49 ROJ STS 7762/2007, Pnte. José Almagro Nosete.

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3.3. Cerramiento de las terrazas No relacionada en el anterior art. 12, el legislador de 2013 incluyó expresamente el cerramiento de terraza como un ejemplo de alteración de elementos comunes que necesitan autorización de la Junta de propietarios.

El art. 396 Cc no relaciona expresamente a las terrazas como elemento común, aunque si las menciona cuando se refiere a las fachadas “… con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores”.

Pese a ello, las SSTS de 30 marzo 200750 y de 14 octubre 199151 le ha atribuido naturaleza comunitaria, dado que dicho precepto no es una lista cerrada o de numerus clausus, pero posiblemente referido a “la terraza que sirve de cubierta del edificio y el forjado52” de cubierta, que si viene relacionada como un elemento común en el art.

396 Cc. Para la Sala Primera dicho concreto espacio constituye un elemento común por destino, con lo que ha admitido que se pueda atribuir el uso privativo de la misma a algún propietario, pero no de la cubierta que siempre lo será por naturaleza53, pues también ha admitido que el resto del espacio que ocupa la terraza tenga naturaleza privativa54.

Pero el art. 10.3,b) exige autorización de la Junta para la ejecución de la obra que constituya un cerramiento de dicho elemento, independientemente de que la terraza sea privativa o comunitaria, en la medida en que afecte a la “configuración o estado exteriores” del edificio ex art. 7.1, para el caso de que sea privativa, o a la “imagen o configuración, los elemento de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores”, como elementos integrante de las fachadas, elemento común, a que se refiere el art. 396 Cc. Y ello, aunque la terraza sea propiedad privativa, pues “no supone que sus titulares tengan capacidad de disposición sobre las mismas en cuanto a su configuración exterior, y, en este sentido, no caben obras que modifiquen su aspecto, ni su cierre con entera libertad”55.

En efecto, el Alto Tribunal ha afirmado que “resulta jurídicamente indiscutible que el cerramiento de terrazas supone una alteración en un elemento común, cual es la fachada del edificio, …”56, habiendo exigido expresamente autorización de la Junta para dicha obra en sentencias de 24 octubre 201157 y de 6 noviembre 201358 por la instalación una carpa exterior permanente y de considerables dimensiones.

50 51 52

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ROJ STS 2042/2007, Pnte. Clemente Auger Liñán.

ROJ STS 17229/1991, Pnte. Alfonso Villagómez Rodil.

STS de 18 junio 2012 (ROJ STS 5771/2012, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos).

SSTS de 8 abril 2011 (ROJ STS 2488/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos), de 18 junio 2012 citada y de 24 abril 2013 (ROJ STS 2162/2013, Pnte. José Antonio Seijas Quintana).

De hecho, la STS de 3 marzo 2010 (ROJ STS 769/2010, Pnte. Román García Varela) considera que esa es la regla general.

Así se afirma en la citada STS de 3 marzo 2010.

STS de 7 julio 2010 (ROJ STS 4862/2010, Pnte. Román García Varela).

ROJ STS 7046/2011, Pnte. Juan Antonio Xiol Ríos.

ROJ STS 5310/2013, Pnte. Francisco Marín Castán.

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En cambio, la STS de 4 octubre 201159 entiende que no había alteración de la configuración exterior en el cerramiento de una terraza privativa, pero debido a que “las obras han sido realizadas con elementos desmontables, porque de uno u otro modo, y de acuerdo con el artículo 217 de la LEC no se habría probado el hecho legitimador de la acción”.

4. CONCLUSIONES 1. De la propia redacción del art. 10.3,b LPH se desprende que sólo y exclusivamente necesitan autorización de la Junta de propietarios la ejecución de obras que constituyan una alteración de los elementos comunes, por lo que no es necesaria tal autorización cuando se trate de obras que no alteren los mismos.

2. La dificultad estriba en qué se ha de entender por dicha alteración, cuya valoración para el Tribunal Supremo no responde a los criterios interpretativos subjetivos, sino a parámetros objetivables, por lo que habrá que estar a cada caso concreto.

3. La totalidad de los autores coinciden en que no toda obra en los elementos comunes necesita autorización de la Junta, dado que no es suficiente con la realización de cualquier alteración para integrar el supuesto de hecho de previsto en el citado artículo, pues esa no es su finalidad.

4. La doctrina del Alto Tribunal se inclina por no considerar alteración toda obra que afecte a los elementos comunes, si bien en algunas ocasiones, en función del caso concreto, si estima su existencia.

5. A tal fin, recurre a varios criterios que, como regla general, no constituyen alteración, como es el caso de las obras ejecutadas por locales comerciales, algunas obras en fachada, elementos o instalaciones desmontables, cerramientos intrascendentes, afectación no esencial de elemento común, instalación de aparatos de aire acondicionado y obras menores.

6. En interpretación del anterior art. 12 LPH, en estos casos la tendencia jurisprudencial era la de flexibilizar la exigencia de unanimidad, habiendo fijado en algunos pronunciamientos que es suficiente con la mayoría que, al no haber especificado que era la simple, debe entenderse que la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación, es decir, mitad más uno de los presentes.

Entendemos que, tras la reforma operada por la Ley 8/2013 que rebajó la exigencia de unanimidad a doble mayoría de tres quintos del total de los propietarios, esa flexibilización carece de sentido, por lo que toda obra que no constituya alteración de elementos comunes no necesita autorización de la Junta de propietarios, dentro de los límites y criterios jurisprudenciales que han sido objeto de este estudio.

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Citada en nota 35.

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JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA CIVIL DE LAS PALMAS Seleccionada por Víctor Caba Villarejo Magistrado. Presidente de la Sección Quinta (civil) de la Audiencia Provincial de Las Palmas de G.C. SUMARIO PROCESAL 19. Oposición a ejecución por motivos formales. Subsanación. Cosa juzgada. Art. 552.3 LEC................................................................................................................. 19 20. División de cosa común. Procedimiento de Jurisdicción Voluntaria............................ 24 21. Oposición a ejecución hipotecaria. Pago. Extinción del crédito hipotecario mediante la existencia de póliza de seguro de vida para la amortización del préstamo hipotecario.......................................................................................................................... 29 22. Ejecución de título judicial. Auto de adjudicación de bien subastado. Recurso de apelación................................................................................................................... 31 23. Recurso de apelación. Improrrogabilidad de plazos procesales. Petición de soporte magnético de grabación de la vista oral.................................................................... 35 24. Tercería de dominio. Entrega de obra futura. Se desestima...................................... 39 FAMILIA 25. Modificación de medidas.......................................................................................... 42 26. Pensión compensatoria. Pérdida de oportunidad...................................................... 44 PROPIEDAD HORIZONTAL 27. Impugnación de acuerdos. Legitimación. Art. 18 LPH. Cómputo de las abstenciones............................................................................................................................ 47 DERECHOS FUNDAMENTALES 28. Derecho al honor. Registro de morosos. incumplimiento del principio de calidad de datos incluidos en el registro de morosos. Indemnización....................................... 53 OBLIGACIONES Y CONTRATOS 29. Contrato simulado. Compraventa. Precio irrisorio. Nulidad de la donación como negocio jurídico disimulado del único bien inmueble de la donante......................... 63 30. Contrato de seguro. Seguro de daños concertado por comunidad de propietarios.

Legitimación de la entidad aseguradora para accionar contra el comunero causante del daño vía art. 43 LCS............................................................................................ 68 31. Titulación de activos. Legitimación activa de la entidad emisora del crédito hipotecario. Nulidad de cláusulas abusivas de vencimiento anticipado y comisión por posición deudora. Resolución del contrato de préstamo ex art. 1124 CC. Legitimación pasiva de los fiadores. Subsistencia del derecho real de hipoteca Ejecución............ 79 DERECHOS REALES 32. Derecho de propiedad. Venta de cosa ajena. Adquisición del titular registral. Art. 34 LH............................................................................................................................. 90

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PROCESAL 19. Oposición a ejecución por motivos formales. Subsanación. Cosa juzgada. Art. 552.3 LEC La cuestión controvertida pasa por resolver si el artículo 552.3 de la LEC, impide una nueva ejecución hipotecaria, una vez que, iniciada otra anterior, se produjo firmemente su sobreseimiento y archivo del proceso sin finalizarla.

El art. 552 LEC, en el apartado 3 establece que “una vez firme el auto que deniegue el despacho de la ejecución, el acreedor sólo podrá hacer valer sus derechos en el proceso ordinario correspondiente, si no obsta a éste la cosa juzgada de la sentencia o resolución firme en que se hubiese fundado la demanda de ejecución”.

Precepto que según el TS no ampara corregir, subsanar, completar o, en definitiva, rehabilitar un título que no se puede ejecutar, sino que obliga, mediante el proceso ordinario correspondiente, a obtener una nueva resolución estimatoria de una pretensión que, consecuentemente, permita o sirva de título para ejecutar.

Por tanto el derecho de quien fuera ejecutante puede ser objeto de reclamación en procedimiento declarativo ordinario, sin que sea factible pretender amparar una nueva ejecución de naturaleza hipotecaria, dado que finalizado el proceso de ejecución hipotecaria � Rollo nº 927/2017. Ejecución hipotecaria nº 068/2017-01. Auto de catorce de febrero de 2020. Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas GC. Ponente D. Carlos García Van Isschot

HECHOS PRIMERO. El titular del Juzgado de Primera Instancia Nueve de Las Palmas de Gran Canaria, Ilustrísimo Señor Magistrado don Juan Luis Egea Marrero, dictó Auto nº 297/2017, de 26 de julio, en el referido procedimiento cuya parte dispositiva dice así: “ESTIMO la OPOSICIÓN a esta ejecución, interpuesta por el Procurador de los Tribunales don en nombre y representación de la entidad CONSFAL, S.L., D. acordando, el ARCHIVO de la EJECUCIÓN HIPOTECARIA, contra CONSFAL, S.L., NO hay COSTAS. Mándese copia de esta resolución, al expediente de ejecución 68-2017, debiéndose

de acordar su ARCHIVO. Notifíquese a las partes.”.

SEGUNDO. Dicho Auto nº 297/2017, de 26 de julio, lo recurrió en apelación la parte ejecutada “Consfal, S.L.”, oponiéndose “Caja Cooperativa De Arquitectos, Sociedad Cooperativa Limitada”, la cual entidad ejecutante, a su vez, formuló impugnación contra dicha resolución, y emplazados que fueron dichos litigantes ante esta Audiencia Provincial de Las Palmas se personaron, en tiempo y forma, y tras darle la tramitación oportuna por auto del 21 de febrero de 2019, decidiose “LA SALA ACUERDA la suspensión de la tramitación del recurso hasta JURISPRUDENCIA CIVIL DE LAS PALMAS 19 REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 57, abril-junio (2020), págs. 18-96