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laboral La colección «Laboral» es una ambiciosa iniciativa de la Editorial «Tirant lo blanch» y un equipo de expertos en Derecho Laboral que puntualmente acercarán al profesional en la materia temas de interés y actualidad en el siempre cambiante mundo del Derecho del Trabajo.

Juan Antonio Altés Tárrega

El presente estudio lleva a cabo un análisis de la viabilidad legal de las cooperativas de trabajo asociado como fórmula de autoempleo para el colectivo de trabajadores autónomos que, por la cantidad de trabajo realizada o su retribución, no pueden acomodarse a los requisitos ﬁscales y de seguridad social que rigen el trabajo autónomo. Además, presenta un análisis crítico de las denominadas cooperativas de facturación y de las cooperativas de impulso empresarial, en cuanto empresas que, conscientes de las diﬁcultades de este colectivo, aumentan su presencia en el mercado, procurando soluciones que en ocasiones son de dudosa legalidad, cuando no completamente ilícitas.

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NUEVAS MANIFESTACIONES DE COOPERATIVISMO ASOCIADO: LOS AUTÓNOMOS ESPORÁDICOS

250

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NUEVAS MANIFESTACIONES DE COOPERATIVISMO ASOCIADO: LOS AUTÓNOMOS ESPORÁDICOS

Colección Laboral (Fundada por IGNACIO ALBIOL MONTESINOS) Consejo científico:

JOSÉ MARÍA GOERLICH (Director) ÁNGEL BLASCO PELLICER JESÚS R. MERCADER UGUINA FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL REMEDIOS ROQUETA BUJ

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

NUEVAS MANIFESTACIONES DE COOPERATIVISMO ASOCIADO: LOS AUTÓNOMOS ESPORÁDICOS

JUAN ANTONIO ALTÉS TÁRREGA

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de València. Estudi General

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-583-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE 1. Antecedentes: planteamiento de la cuestión.............................................. 9 2. Apuntes sobre el concepto y el régimen jurídico de las cooperativas de trabajo asociado....................................................................................... 17 2.1. La cooperativa como empresa y su actividad de procurar empleo estable a los socios......................................................................... 20 2.1.1. Análisis de la cooperativa como empresa y su objeto social.. 21 2.1.2. El objetivo empresarial de procurar empleo estable a sus socios.............................................................................. 24 2.1.3. La pervivencia de las notas de dependencia y ajenidad.... 26 2.2. Notas sobre el régimen jurídico de los socios trabajadores............. 27 2.2.1. Diferenciación ente el socio trabajador y la “plantilla laboral externa”................................................................. 27 2.2.2. El vínculo jurídico del socio trabajador con la cooperativa.. 29 2.2.3. El trabajo en común de los socios trabajadores............... 33 2.2.4. Encuadramiento y cotización a la Seguridad Social......... 35 2.3. Otros supuestos de cooperativas.................................................... 39 2.3.1. Cooperativas de iniciativa social..................................... 39 2.3.2. Las cooperativas de servicios........................................... 41 3. El asociacionismo cooperativo de los trabajadores autónomos: fórmulas legales, alegales e ilícitas........................................................................... 45 3.1. Las cooperativas de facturación..................................................... 45 3.1.1. Funcionamiento de las cooperativas de facturación......... 46 3.1.2. Posibles ilícitos derivados de su actuación....................... 48 3.2. Las cooperativas de impulso empresarial....................................... 51 3.2.1. Objeto social................................................................... 56 3.2.2. Tipología de socios de las cooperativas de impulso empresarial.......................................................................... 60 3.2.2.1. Socios de estructura....................................... 61 3.2.2.2. Socios usuarios y tipos de vinculación............ 61 3.2.3. La financiación de la cooperativa.................................... 63 3.2.4. Régimen de seguridad social............................................ 65 3.2.5. Limitación territorial del ámbito de actuación................. 69 3.3. Cooperativas de trabajo asociado para trabajadores autónomos esporádicos o infrarretribuidos...................................................... 73 4. Consideraciones finales............................................................................. 79 Bibliografía..................................................................................................... 87

1. ANTECEDENTES: PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN La cuestión a la que quiero referirme en este trabajo no es nueva, pero, sin duda, como efecto de la reciente crisis global, en la actualidad ha adquirido mayor relevancia. La recesión económica, el endeudamiento y el freno al consumo propio de estos años de crisis ha supuesto la desaparición o reestructuración de muchas empresas, provocando un fuerte descenso del trabajo dependiente (en torno a un 10,3% entre los años 2007 y 2016)1; y un sustancial descenso en los salarios de quienes han mantenido o iniciado una relación laboral. De la misma manera, el trabajo de los profesionales que desarrollan su prestación de forma autónoma ha sido golpeado duramente por la crisis, en especial entre los años 2007 y 2010, en los que, a diferencia de lo que venía ocurriendo en épocas de receso económico, el trabajo autónomo (empresarios sin asalariados o trabajadores independientes) se vio más afectado que el trabajo asalariado, con un descenso del 12,8%, frente a un 8,1%, lo que se explica seguramente por el hecho de que los sectores más afectados inicialmente fueran aquellos en los que el trabajo autónomo posee un volumen más significativo, como la construcción o el sector servicios. Esta situación provocó que este colectivo tuviera que afrontar el descenso del volumen de la actividad desarrollada y el del precio de la misma, por lo que los ingresos derivados de esta actividad económica se han visto doblemente afectados, junto con un significativo aumento de la competencia. Como consecuencia del señalado incremento del paro y la pérdida de poder adquisitivo, en muchos casos, quienes perdieron su trabajo optaron, coyuntural o definitivamente, por el trabajo individual y autónomo como fuente única o complementaria de recursos e ingresos, en lo que se conoce como efecto refugio. Así, entre los años 2010 y 2013, el trabajo asalariado se recortó en un 9,8%, mientras que el empleo autónomo se incrementó en un 7,5%. Esta coyuntura no ha mejorado sustancialmente como consecuencia del repunte de la actividad económica. Se ha dejado de destruir empleo y ha aumentado el número de trabajadores asalariados (un 8,2% entre los años 2013 y 2016), pero no se ha logrado crear empleo de calidad y han aumentado las tasas de precariedad laboral, 1

Estos datos y el resto que se utilizan han sido extraídos de la Encuesta de Población Activa que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística.

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pero ha seguido aumentando igualmente el trabajo autónomo (un 1,6% en el mismo periodo). En este contexto, ha aumentado el número de trabajadores autónomos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que desarrollan su actividad en el plano de la economía de supervivencia, mediante trabajos esporádicos e infrarretribuidos. La situación de estos trabajadores es todavía más acuciante, dado que para poder ejercer legalmente su profesión, junto con los gastos que genera el desarrollo de su actividad, deben acometer los costes sociales y fiscales derivados de la misma, lo que ha mermado todavía más los ingresos percibidos. Efectivamente, el trabajador autónomo tiene unos costes fijos de cotización a la Seguridad Social2. Es cierto que, en algunos casos, esta obligación puede estar bonificada o verse reducida precisamente con el objetivo de fomentar el autoempleo3 y que, si se trata de actividades esporádicas, desaparece la nota de habitualidad que define la obligación de afiliación y cotización al RETA. Sin embargo, aunque sobre esta cuestión volveré luego, la ausencia de un criterio legal que determine la nota de habitualidad crea una situación de incertidumbre que no hace aconsejable ponerse en esta situación. Por otro lado, estos trabajadores deben asumir también el coste de una serie de requisitos de carácter administrativo (facturación, contabilidad) y fiscal (gestión del IVA y abono del IRPF sobre los ingresos netos) que igualmente desincentivan la realización de la actividad, sobre todo si, fruto de esta situación, no se llega a cubrir estos gastos con los ingresos percibidos y, ante esta situación, son muchos quienes finalmente deciden asumir el riesgo de desenvolverse en el ámbito de la economía sumergida. De lo expuesto se deduce que, en un panorama de crisis y desempleo como el que todavía persiste en nuestro país, ni las políticas institucionales dirigidas al crecimiento económico y la generación de empleo, ni la la legislación laboral dan una cobertura adecuada a este tipo de trabajo4 y 2

La cuota mensual mínima para el año 2017 es de 267,03 euros, según se desprende del art. 15 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017. Entre otras, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que establece una tarifa plana de 50 euros para todos los nuevos trabajadores autónomos. En este mismo sentido vid. HERNÁNDEZ BEJARANO, M. (2017), Nuevos modelos de cooperativas de trabajadores autónomos: un análisis de las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de facturación [en prensa], en M. C. RODRÍGUEZ

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que, seguramente, la situación planteada requiere una toma de conciencia por parte del legislador para adaptar o modificar la normativa fiscal y de seguridad social. En cualquier caso, en tanto se aclara esta cuestión y como medida alternativa, hay que contemplar la viabilidad de otros modelos, lo que ha llevado a poner el foco en la economía social y, en particular, en el trabajo cooperativo. La llamada economía social5, o tercer sector, en cuanto que se encuentra entre la acción económica pública y la privada capitalista, se ha beneficiado de un notable empuje en los últimos años. Esta visión de la economía no se basa en meros parámetros mercantilistas, sino que reintroduce los “valores”, poniendo en alza la consecución del bien común como el objetivo de la economía. En este sentido, la economía social se postula como parte de la solución a la crisis estructural de la economía mundial, al lograr cohesión social y crecimiento y desarrollo sostenibles, mediante la conjunción de tres tipos de intereses: el interés mutuo, en referencia a organizaciones empresariales de tipo cooperativo con gran capacidad demostrada para generar empleo; el interés general propio de las ONG que se ocupan de la defensa y protección de los derechos humanos y las personas; y el interés público, que implica la consecución de intereses sociales que requieren un importante gasto público6. Así, este modelo de actuación económica pretende, como reacción a la lógica capitalista, subsanar algunos defectos del mercado y corregir la distribución

PIÑERO ROYO y M. HERNÁNDEZ BEJARANO (Dirs.) Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, Albacete: Bomarzo. La autora señala como el apoyo institucional de la Unión Europea a las nuevas iniciativas económicas surgidas como consecuencia de los avances tecnológicos, mediante la promoción del trabajo autónomo y las empresas de pequeñas dimensiones (PYMES, microempresas, empresas familiares…) y las decisiones orientadas a evitar los efectos negativos de estos modelos negativos innovadores, especialmente a través de la consecución de un nivel de protección social, no parecen haber incidido sustancialmente sobre este colectivo. Sobre el génesis, la evolución y la conceptualización de la economía social vid. PÉREZ DE MENDIGUREN, J. C.; ETXEZARRETA ETXARRI, E. y GIURIDI ALDANONDO, L. (2008, marzo) ¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones afines. En XI Jornadas de Economía Crítica, Bilbao. Disponible enhttp://www.caritasburgos.es/documentos/documentacion/12Econom%C3%ADa%20social%20y%20solidaria.pdf Sobre estas consideraciones vid. MARTÍNEZ BECERRA, C. J. (2012), Epísteme de la economía: una aproximación desde la economía social, Revisa CIFE: Lecturas de economía social 14(20), pp. 13-26.

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de los recursos, poniendo en primer plano a las personas y no al capital y llevando a cabo su actividad bajo ciertos principios7. En este sentido, la Carta de Principios de la Economía Social de 2002, aprobada por la organización Social Economy Europe (denominada CEPCMAF en el tiempo de su aprobación), que integra a diversas organizaciones internacionales y europeas, recoge los siguientes valores fundamentales: • Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital • Adhesión voluntaria y abierta • Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen socios) • Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general • Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad • Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos • Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia. En el año 2011 se aprobó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (LES) y, desde entonces, se han puesto en marcha medias para promocionarla y favorecerla entre las que destacan las tributarias8 La LES tiene como referente estos principios y su integración en el ámbito comunitario9 y europeo a 7 8

Al respecto DÍAZ DE LA ROSA, A. (2006), Las cooperativas de iniciativa social, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (10), pp. 203 y 204. MONTESINOS OLTRA, S. (2017), Incentivos fiscales al emprendimiento y economía social [en línea], Lex Social 7(2), pp. 4-37. Disponible en Disponible en https://www.mendeley. com/viewer/?fileId=23233a70-5a78-a0c3-6af7-1240b79490bc&documentId=f5dca971ac13-3759-a74a-d9da7f048ec4. En este sentido ha de destacar el Informe del Parlamento Europeo sobre economía social —TOIA, P. (2009, 26 de enero), Informe sobre economía social [2008/2250(INI)], Comisión de empleo y Asuntos Sociales. Parlamento Europeo—. Recientemente, a nivel comunitario debe destacarse la Declaración de Madrid “La economía social, un modelo empresarial para el futuro de la Unión europea” de 23 de mayo de 2017, que da cuenta de la creciente importancia de esta economía, puesto que “en la actualidad, existen 2 millones de empresas de economía social en Europa, que dan empleo a más de 14,5 millones de personas, aproximadamente el 6,5% del total de trabajadores en la UE-27 y el 7,4% en la UE-151, y que representan el 8% del PIB de la UE”; y que “invita a la Comisión Europea a reforzar el papel de la economía social y sus valores económicos y sociales, teniendo en cuenta los principios recogidos en el Pilar Europeo

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la hora de diseñar el marco jurídico de reconocimiento y apoyo a la economía social. En su art. 2, señala que “se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”. Los principios a los que se refiere el mencionado art. 4: son “a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social. b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. d) Independencia respecto a los poderes públicos”10. Pues bien, dentro de las distintas organizaciones que se incluyen en la economía social, en relación con el tema que nos ocupa, ha destacado la acción del cooperativismo por su capacidad de absorber el desempleo11. Y es que, los estudios han venido demostrando que, en épocas de crisis, este tipo de asociacionismo constituye un instrumento muy eficiente en el reflotamiento de las empresas capitalistas, mediante su reconversión en cooperativas de trabajo12. Pero, además de esta característica, el empleo

de Derechos Sociales y la aportación positiva de las empresas de la economía social a la hora de afrontar los retos sociales y laborales actuales de la UE, en línea con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa (COM (2017) 2025, de 1 de marzo de 2017”. Sobre el concepto legal de la economía social vid. FAJARDO GARCÍA, G. (2009), La economía social en las Leyes, CIRIEC-España (66), pp. 5-25; y tras la aprobación de la Ley 5/2011, FAJARDO GARCÍA, G. (2012), El concepto legal de economía social y la empresa social, GEZKI (8), pp. 63-84. GONZÁLEZ DE PATTO, R. M. (2000), El nuevo régimen jurídico de las relaciones de trabajo en las cooperativas de trabajo asociado: ambivalencias en el proceso de laboralización del socio trabajador, Temas Laborales (53), p. 56. Vid. SCHUJMAN, M. (2015), Cooperativas que recuperan empresas, en G. FAJARDO GARCÍA (Coord.), Empresas gestionadas por sus trabajadores. Problemática jurídica y social (pp. 79-92), Valencia; CIRIEC-España; y VARGAS VASSEROT, C. (2016), Las cooperativas como solución a la crisis de empresas, en G. FAJARDO

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cooperativo, conforme acreditan el Informe sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis, elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en 201313, o el Informe Cooperativas y empleo: un informe mundial, elaborado por CICOPA en 201414 , posee mayor solidez y capacidad de supervivencia y resistencia a la crisis, posibilitando incluso la creación de empleo de calidad y estable15. De la misma manera, los estudios realizados en relación con los datos de empleo de la economía Social en España evidencian que las cooperativas de trabajo asociado se han visto menos afectadas por la crisis y que han creado empleos netos en algunos sectores de la actividad16. Pero es que, además, el fenómeno cooperativo ha estado muy presente a la hora de presentar soluciones concretas para este especial colectivo de trabajadores autónomos. Por un lado, porque su situación de vulnerabilidad ha provocado la irrupción en el mercado de una nueva fórmula de negocio o actividad empresarial que, adoptando un falso cooperativismo, pretende dar respuesta a las necesidades de este colectivo en una suerte de “huida del trabajo autónomo”17. Efectivamente, son varias las empresas que operan en España como cooperativas de trabajo asociado con el fin de gestionar fiscal y laboralmente la actividad de estos trabajadores autónomos, facilitándoles la facturación y la adscripción a la Seguridad Social a cambio de

GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 141-168), Valencia: Tirant lo Blanch. 13 TORIA, P. (2013, 12 de junio), Informe sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis (2012/2321(INI)), Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo. Disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0222+0+DOC+PDF+V0//ES 14 ROELANTS, B.; HYUNGSIK, E. y TERRASI, E. (2014), Cooperativas y empleo un informa mundial, CICOPA. Disponible en http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/cooperativas_y_ empleo_cicopa_es__web_1_pagina.pdf 15 Sobre el tema vid. MARISCAL, M. (2015), Las cooperativas y el empleo (CICOPA 2014) y la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis, en G. FAJARDO GARCÍA (Coord.), Empresas gestionadas por sus trabajadores. Problemática jurídica y social (pp. 37-40), Valencia; CIRIEC-España; VARGAS VASSEROT, C. (2016), Las cooperativas como solución a la crisis de las empresas, en G. FAJARDO GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 141168), Valencia: Tirant lo Blanch. 16 Vid. CHAVES ÁVILA, R. (2016), El empleo en España y en la economía social. Cooperativas y sociedades laborales, en G. FAJARDO GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 111-122), Valencia: Tirant lo Blanch, p. 121. 17 LÓPEZ GANDÍA, J. (2017), Cooperativas y Seguridad Social, Albacete: Bomarzo, p. 9.

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un porcentaje de los ingresos obtenidos que normalmente se cobran como gastos de gestión. Y, por otro lado, el trabajo autónomo se ha servido de la autogestión cooperativa como medio para mejorar o legalizar ciertos aspectos de su actividad profesional18 o para poner en marcha sus proyectos empresariales, minimizando el riesgo y los costes que ello implica. Estas últimas experiencias de cooperativismos, tanto aquellas que responden al modelo de regulación autonómica denominado de “impulso empresarial”, como las que se han creado ad hoc en otros territorios que no las han incluido en su regulación. En fin, este estudio pretende, por un lado, verificar si los trabajadores autónomos que se encentran en estas especiales circunstancias pueden acudir al derecho cooperativo para solucionar sus problemas, en especial a las denominadas cooperativas de trabajo asociado. Este tipo de asociacionismo permitiría suavizar u obviar algunas de los impedimentos con los que actualmente se topan para desarrollar su actividad, ya que les permitiría suavizar u obviar algunas de los impedimentos con los que actualmente se topan para desarrollar su actividad, ya que les permitiría acceder a un régimen de seguridad social y fiscal más flexible19. Y, por otro lado, pretende analizar la validez legal de las actuales sociedades cooperativas de trabajo para autónomos que están funcionando en el mercado. En cualquier caso, la respuesta a estas cuestiones requiere previamente recapitular el régimen jurídico de las cooperativas de trabajo asociado y de otras figuras similares, sino de una forma completa, sí, al menos, en aquellos aspectos con mayor incidencia sobre el objeto de estudio planteado.

Así, en los últimos años han comenzado a proliferar una suerte de cooperativas de trabajo que agrupan a profesionales de distintos ramos, con un objetivo económico e instrumental común, que por carecer de regulación específica se encuentran en un limbo legal, LOZANO LOZANO, A. (2016), Cooperativas de trabajadores autónomoscooperativas de impulso empresarial, en G. FAJARDO GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 713-726), Valencia: Tirant lo Blanch, p. 716. En especial sobre la fiscalidad de las cooperativas vid. ALONSO RODRIGO, E.; SANTA CRUZ AYO, I. (2016), Identidad, competitividad y creación de empleo: retos para una nueva fiscalidad de las cooperativas de trabajo asociado, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo (50), pp. 73-101.

2. APUNTES SOBRE EL CONCEPTO Y EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Lo primero que hay que señalar es que, en esta materia, como consecuencia de la competencia legislativa autonómica, no existe una regulación única y homogénea. Efectivamente, aunque el artículo 129.2 de la Constitución española ordena a los poderes públicos fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, no existe una referencia expresa en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española encargados de delimitar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, al asociacionismo cooperativo, más allá de las reservas de competencia estatal en relación con la legislación laboral y mercantil (arts. 149.1.6ª y 149.1.7ª CE). De esta manera, en parte por la presión ejercida por los sectores nacionalistas, junto a la normativa estatal, se fue estableciendo, al amparo del art. 149.3 CE, que permite que “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos”, una importante regulación en las distintas comunidades autónomas20. Originariamente, cinco autonomías optaron por atribuirse competencia exclusiva por medio de sus respectivos Estatutos (Andalucía, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana y Navarra). El resto de comunidades oscilaban entre la ausencia absoluta de competencias o asunción de competencias compartidas con el Estado mediante el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación estatal. Fue a partir de la década de los noventa cuando, por efecto de las distintas leyes de transferencia de competencias a la Comunidades Autónomas que se promulgaron en esos años, se homogeneizó esta diversidad, asumiendo todas las comunidades la competencia exclusiva sobre cooperativas y mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando la legislación mercantil21. 20

Para algún autor esta concesión a las autonomías puede afectar a la unidad de mercado, COLOMER VIADEL, A. (2016), El marco constitucional español de la economía de participación y solidaria, en G. FAJARDO GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 49-62), Valencia: Tirant lo Blanch, p. 55. Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución; Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de 1995 de Transferencia

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Con el fin de evitar concurrencias y conflictos, la vigente Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (LCo)22 establece que la legislación estatal se aplicará “a las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal” (art. 2 LCo), de lo que se deduce, como en su día señaló el Tribunal Constitucional en relación con el recurso de inconstitucionalidad planteado frente a diversos preceptos de la Ley del País Vasco 1/1982, de 11 de febrero, sobre cooperativas, que la normativa autonómica en esta materia se aplica “exclusivamente en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad”. En este sentido las normas autonómicas en su totalidad cuando delimitan su ámbito de aplicación se refieren a las cooperativas que se constituyan y desarrollen su actividad en sus territorios, sin perjuicio de que puedan llevar a cabo actividades accesorias o instrumentales y tener relaciones con terceros en otros territorios. El legislador estatal asume así, mediante la aplicación del principio de supraterritorialidad, la competencia en esta materia, dotándolo de la adecuada excepcionalidad, pues sólo se hace efectivo cuando el volumen de actividad fuera del territorio comunitario supera el realizado en la comunidad de origen. De lo contrario, esto es, si la legislación del territorio de origen fuera aplicable sin restricciones en otros territorios, se estaría dotando de efectos supracomunitarios a las decisiones autonómicas ejercidas dentro de su ámbito competencial, vulnerándose el principio de territorialidad “impuesto por la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas (artículo 137 de la Constitución) y responde a la necesidad de hacer compatible el ejercicio simultáneo de las competencias asumidas por las distintas Comunidades” (STC 44/1984, de 27 de marzo)23. Por tanto, el concepto y, sobre todo, el régimen jurídico de las cooperativas de trabajo asociado en España puede presentar variaciones en función de la concreta norma aplicable, si bien estas variaciones tienen como límite la propia esencia del entendimiento del trabajo asociado sin

de Competencias a la Comunidad Autónoma Gallega; y Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. Sobre la evolución de la regulación de las cooperativas de trabajo asociado vid. TORRES PÉREZ, F. J. (2016), La regulación de las cooperativas de trabajo asociado en la legislación española, en G. FAJARDO GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 167-182), Valencia: Tirant lo Blanch. En este caso el conflicto de competencias enfrentaba al Gobierno Vasco y al Gobierno de la Nación y tenía como base la ampliación del ámbito de actuación de una cooperativa de crédito.

Nuevas manifestaciones de cooperativismo asociado

que puedan llegar a desvirtuarlo. En cualquier caso, en general este trabajo toma como referente la norma estatal, si bien no se excluyen referencias a otras normas cuando sea necesario. Pues bien, el artículo 1.1 LCo suscribe que “la cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos resultantes de la presente Ley”. Dentro de estas, se encuentran las cooperativas de trabajo asociado. Este tipo de trabajo no se inscribe en ninguno de los polos de la tradicional dicotomía entre el trabajo dependiente y el trabajo independiente, sino que más bien se trataría de un híbrido que se sitúa entre ellos24 y viene siendo definido como “una asociación autónoma de personas con capacidad para trabajar que se han unido voluntariamente para conseguir y mantener un puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles, creando una empresa de propiedad común y controlada democráticamente”25. Este concepto material coincide con el concepto formal que recoge la normativa vigente. Así, el art. 80.1 LCo define la cooperativa de trabajo asociado como aquella que tiene “por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros”. 24

Si bien debería considerarse su configuración jurídica como categoría distinta con perfiles propios, evitando así la aplicación de las premisas clásicas del derecho del trabajo a un mercado globalizado y necesitado de nuevos mecanismos de protección del trabajo – HENRŸ, H. (2016), El derecho del Trabajo y la autogestión cooperativa en el contexto internacional global, en G. FAJARDO GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 33-47), Valencia: Tirant lo Blanch. FAJARDO GARCÍA, G. (2016-a), Concepto, causa y objeto de la cooperativa de trabajo asociado, en G. FAJARDO GARCÍA (Dir.) Cooperativa de Trabajo Asociado y Estatuto Jurídico de sus socios trabajadores (pp. 181-210), Valencia: Tirant lo Blanch, p. 187. En la elaboración de la definición se toma como referencia el concepto de cooperativa adoptado en la Declaración de identidad corporativa ACI (1995) de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI 1995), recogido posteriormente en el art. 2 de la Recomendación 193 OIT, de 20 de junio de 2002, sobre la promoción de las cooperativas, en base al cual “el término “cooperativa” designa una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática”.