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LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO PRIVADO

MARÍA SERRANO FERNÁNDEZ Profesora Titular de Derecho Civil Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Valencia, 2012

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A mis hijos: Miguel, Gonzalo y Javier

ÍNDICE Planteamiento LOS IMPULSOS AL PROCESO DE UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO EUROPEO I. EL DERECHO POSITIVO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA .......................................................................................

II. LAS INICIATIVAS DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS .................................................................................................

III. LOS IMPULSOS ACADÉMICOS ...................................................

IV. EL DERECHO COMPARADO........................................................

LAS REGLAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL DERECHO PRIVADO EUROPEO I. UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA ..................................

13 17 28 32

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Capítulo I EL DERECHO EUROPEO I. EL MODELO CODIFICADO ..........................................................

Introducción .....................................................................................

1. Interpretación y prueba documental ........................................

1.1. Admisibilidad de la parol evidence rule o regla de la palabra .......................................................................................

1.2. La validez de las llamadas merger clauses: la función del pacto sobre la forma...........................................................

2. La interpretación integrativa del contrato ...............................

2.1. La aparición de esta figura en el Derecho alemán y su posterior difusión en las legislaciones latinas ..................

2.2. La construcción de esta categoría jurídica en el Derecho español................................................................................

3. Normas de interpretación subjetivas y normas de interpretación objetivas. Su posible jerarquización ..........................................

Introducción ...............................................................................

3.1. La solución del Derecho español .......................................

3.2. Análisis de la cuestión en el Derecho francés e italiano ..

II. EL MODELO ANGLOSAJÓN ........................................................

Introducción: Una aproximación al common law ..........................

45 45 48 48 57 69 69 81 88 88 89 93 97 97

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ÍNDICE

1. Interpretación y prueba documental ........................................

Planteamiento ............................................................................

1.1. La regla de la parol evidence rule .....................................

1.2. Las llamadas cláusulas de incorporación o merger clauses ......................................................................................

2. La interpretación integrativa del contrato en el sistema del common law ...............................................................................

2.1. La distinción entre express terms and implied terms ......

106 106 110 114 117 117

Capítulo II LAS SOLUCIONES ADOPTADAS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE UNIFICACIÓN DEL DERECHO MATERIAL PLANTEAMIENTO ..............................................................................

I. LA DELIMITACIÓN DEL MATERIAL HERMENÉUTICO: ACTOS DE UNA PARTE O VOLUNTAD COMÚN. NORMAS DE INTERPRETACIÓN SUBJETIVAS Y OBJETIVAS. EL JUICIO DE RAZONABILIDAD....................................................................

1. La solución acogida en la Convención de Viena .......................

1.1. El párrafo primero del artículo 8 CV ................................

1.2. El párrafo segundo del artículo 8 CV: el juicio de razonabilidad .................................................................................

2. La delimitación del material hermenéutico en los Principios de Unidroit ......................................................................................

2.1. El párrafo primero del artículo 4 PU ......................

2.2. El párrafo segundo del artículo 4 PU: el canon de razonabilidad ...........................................................

2.3. El material hermenéutico: ¿las declaraciones unilaterales de voluntad?.................................................

3. La determinación del material hermenéutico en los Principios del Derecho Europeo de los Contratos ......................................

3.1. La búsqueda de la común intención de las partes. Limitaciones al principio voluntarista (art. 5:101.1) ..............

3.2. El criterio del reasonable man (art. 5: 101.2). La noción de persona razonable (art. 1:302)...........................................

3.3. El valor de las declaraciones unilaterales de voluntad ...

4. El Marco Común de Referencia.................................................

Introducción ...............................................................................

4.1. Las reglas de interpretación previstas en el 8:101 ..........

II. INTERPRETACIÓN Y PRUEBA DOCUMENTAL: LA CUESTIÓN RELATIVA A LA ADMISIBILIDAD DE LA PAROL EVIDENCE RULE Y DE LAS MERGER CLAUSES ..........................

Planteamiento .................................................................................

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ÍNDICE

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1. La solución acogida en la Convención de Viena .......................

2. La vigencia de la parol evidence rule y de las merger clauses en el ámbito de los Principios de Unidroit ....................................

3. Interpretación y prueba documental en los Principios del Derecho Europeo de los Contratos ................................................

4. Interpretación y prueba documental en el Marco Común de Referencia ..................................................................................

4.1. La cuestión relativa a la admisibilidad de la parol evidence rule ......................................................................................

4.2. Validez y eficacia de las merger clauses ............................

III. LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO ..........................................

Planteamiento .................................................................................

1. La solución adoptada en la Convención de Viena: el juicio de razonabilidad .............................................................................

2. El mecanismo de integración previsto en los Principios de Unidroit ......................................................................................

3. La integración del contrato en los PECL ..................................

4. El Marco Común de Referencia: Análisis del 9.101 .................

4.1. La determinación del conjunto de efectos que surgen del contrato ..............................................................................

4.2. La integración del contrato en el Marco Común de Referencia ..................................................................................

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BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Planteamiento

LOS IMPULSOS AL PROCESO DE UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO EUROPEO I. EL DERECHO POSITIVO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Uno de los rasgos que caracterizan el Derecho contemporáneo es, sin duda, los intentos de formulación de un Derecho privado europeo, la delimitación de su contenido y su posible codificación1. No obstante, hasta hace algunos años era aventurado hablar de esta nueva categoría jurídica, de modo que parece necesario investigar cuáles pueden haber sido las causas que han motivado el empeño en torno a la construcción de este nuevo derecho.

Al respecto, cabe señalar que el origen del debate sobre la existencia y los contornos del Derecho privado europeo hay que buscarlo en la progresiva intervención del Derecho comunitario en ámbitos del Derecho privado de naturaleza patrimonial; dicha intervención tenía como objetivo lograr la construcción de un mercado único en el que estuviera garantizado la libre circulación de personas y bienes.

Como pone de manifiesto Sánchez Lorenzo2, desde sus orígenes el Derecho comunitario ha incidido en el Derecho privado aunque de forma indirecta o tangencial, hasta bien avanzada la década de los ochenta. Dichas relaciones entre ambos derechos se había circunscrito a la llamada integración negativa, esto es, a tratar de evitar que las disposiciones de los Derechos privados nacionales pudieran suponer una restricción injustificada a la libertad de circulación. En tal sentido, el art. 14.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea proclama que el mercado interior consiste en un espacio sin

1

2

Sobre esta cuestión, entre otros, ARROYO I AMAYUELAS, «Estudio Preliminar: Las perspectivas de un Derecho Privado Europeo», en Textos Básicos del Derecho Privado Europeo. Recopilación, Madrid 2002; CÁMARA LAPUENTE: Derecho Privado Europeo, Madrid 2003; SÁNCHEZ LORENZO: «Derecho Privado Europeo» en Estudios de Derecho Privado Europeo Granada 2002 o ZIMMERMANN: «Rasgos fundamentales de un Derecho contractual europeo», en Estudios de Derecho Privado Europeo trad. de VAQUER ALOY. Madrid 2000.

Op. cit. Prefacio.

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fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada con las disposiciones del presente Tratado. Dicha integración negativa se justificaba pues en la medida que los Derechos privados nacionales no podían incorporar normas, medidas o prácticas que de forma directa o encubierta implicaran una discriminación por razón de la nacionalidad, perjudicando así el intercambio de mercancías, servicios o capitales.

Sin embargo, tradicionalmente el Derecho privado nacional había introducido obstáculos a dichas libertades, las cuales se reputaban legítimas al alegarse la existencia de intereses públicos dignos de tutela, dificultando con ello el funcionamiento del mercado interior. Por ello, se estimó necesario sustituir el mecanismo de la integración negativa por otra fórmula más efectiva que hiciera factible una libertad de mercado de carácter transnacional, de forma que no se restringiera la circulación de personas o de bienes. Dicho objetivo exigía, sin duda, intensificar las competencias comunitarias en materia de aproximación de legislaciones a través de la llamada integración positiva; con dicho nombre se designa aquellas medidas que persigue la protección de determinados grupos o intereses materiales concretos mediante la homogeneización de la normativa de los países. En ese contexto, se advierte que las diferencias existentes en las legislaciones de los Estados miembros en torno a los niveles de protección de los consumidores perjudica la comercialización de bienes y servicios, dificultando con ello la consecución de un mercado interior. Por esta razón, se afirma que es preciso incrementar la protección de los consumidores a fin de que el tráfico de bienes discurra por unos mismos cauces jurídicos, dotando con ellos al mercado de la necesaria seguridad3.

Desde esta perspectiva, el impulso institucional que supuso las reformas de Maastricht y Ámsterdam, así como la publicación de un conjunto de Directivas referidas a los contratos celebrados con consumidores4 consolidaron un proceso de crecimiento del Derecho 3

4

Sobre esta cuestión véase MARTÍNEZ DE ALDAZ: Derecho comunitario y protección de los consumidores: introducción jurídica a una política comunitaria, Madrid 1990 y «Perspectivas y problemas de una política de protección a los consumidores», Anuario Jurídico de La Rioja, 1998, págs.

11-24.

Sin ánimo de ser exhaustivos podemos citar las siguientes: Directiva 85/577/ CEE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de

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privado comunitario, tanto en lo referente a la cantidad de disposiciones comunitarias que inciden directamente en cuestiones de Derecho privado, como en el desarrollo de una jurisprudencia paralela del TJCE referida a ese sector del ordenamiento jurídico.

Esta progresiva intervención del Derecho comunitario en el ámbito del Derecho privado resultaba previsible en la medida que este ordenamiento constituye el marco jurídico en el cual se lleva a cabo la comercialización de bienes y servicios. Como ya se ha apuntado, la intensificación de las relaciones económica entre los países miembros de la Comunidad Europea ha traído consigo la necesidad de llevar a cabo una acción directa en el ámbito del Derecho privado patrimonial, a fin de configurar un marco jurídico único que garantice el buen funcionamiento del mercado interior.

En ese proceso de unificación del Derecho privado, la Directiva se erigió en el acto normativo por excelencia. Como es sabido, dicho instrumento define los objetivos cuya consecución es necesaria, dejando libertad a los Estados miembros a fin de que puedan optar por la fórmula de trasposición más adecuada. Al mismo tiempo, al ser una norma de mínimos pone a disposición de los países la posibilidad de elevar el nivel de protección establecido por la norma comunitaria.

Estas características determinan que, a menudo, los resultados de la aproximación legislativa de los Estados miembros sean muy relativos debido a un conjunto de factores. A título de ejemplo podemos citar los siguientes: primero, con frecuencia las trasposiciones se producen con retrasos de muchos años, lo cual relativiza el caráclos consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos mercantiles. Directiva 87/102/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 relativa a la aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo. Directiva 90/314/CEE, del Consejo, de 13 de junio de 1990 referida a los viajes combinados. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.

Directiva 94/47/CEE del Parlamento y del Consejo, de 26 de octubre de 1994 relativa a la protección de los adquirentes en lo referente a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. Directiva 97/7/CEE del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo de 1997 sobre protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. Directiva 99/44/CEE del Parlamento y del Consejo, de 25 de mayo de 1999 que regula determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo.

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ter vinculante de las Directivas5. Segundo, dicho instrumento presenta una eficacia jurídica limitada al reservar su aplicación directa al ámbito de las relaciones verticales entre el particular y el Estado; de este modo, resulta inadecuada para garantizar una armonización jurídica en el ámbito del Derecho privado, o lo que es lo mismo, en las relaciones entre particulares. En tercer lugar, en numerosas ocasiones los Estados, llegado el momento de trasponer las Directivas, introducen niveles de protección más elevados a partir de ese mínimo común; este hecho genera un efecto perverso pues produce como resultado una gran diversidad de regulaciones y, en consecuencia, de niveles de protección. En cuarto lugar, por su propia naturaleza las Directivas constituyen un tipo de legislación en la que abundan los conceptos generales o abiertos: cláusulas abusivas, buena fe, producto defectuoso, publicidad engañosa, daños etc. Por ello, la interpretación de las Directivas y su desarrollo judicial determina que puedan existir particularismos o generar dificultades de interpretación del Derecho nacional a la luz de las nuevas normas comunitarias6.

A estos aspectos negativos, hay que añadir que cuatro décadas de armonización mediante esta norma comunitaria han configurado un panorama jurídico al cual se le pueden hacer dos críticas fundamentales: la primera se refiere a su parcialidad. En efecto, las Directivas han producido una normativa fragmentaria de forma que a veces regulan una cuestión dejando fuera otras íntimamente relacionadas7.

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6 7

De hecho, el legislador español no ha traspuesto ninguna de las Directivas comunitarias en el plazo previsto; el retraso ha oscilado desde 9 meses, en la Directiva 98/6 CE de 16 de febrero de 1998 hasta 40 meses en la Directiva 93/13 de 5 de abril de 1993. Ello ha motivado, en ocasiones, la responsabilidad patrimonial del Estado frente a terceros; así en la sentencia de 19 de noviembre de 1991 (TJCE 1991/296) o en la sentencia de 28 de noviembre 2002 (sala tercera) (TJCE 2002/354) donde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa, al no haber adoptado en el plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

SÁNCHEZ LORENZO, op. cit., pág. 91.

Apunta CÁMARA LAPUENTE: op. pág. 55 que, con frecuencia, esa fragmentación se ha producido más que por efectiva falta de competencia, por

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La segunda es la incoherencia entre las disposiciones de diversas Directivas, síntoma de la falta de un marco general de Derecho privado en la que insertar esas soluciones limitadas8. Como es sabido, esta norma se incorpora a los sistemas jurídicos nacionales a través de leyes especiales. Pues bien, la aplicación de éstas por parte de los tribunales de cada país ha incrementado dichas deficiencias9.

II. LAS INICIATIVAS DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS Como se ha dicho, este crecimiento del Derecho comunitario en materias típicas de Derecho privado se realizó de forma fragmentaria y poco sistemática, teniendo que hacer frente además a problemas lingüísticos e interpretativos importantes lo cual, en última instancia, ha desvirtuado la tradicional coherencia de los sistemas jurídicos nacionales.

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criterios de menor resistencia en las negociaciones de la Directiva. A título de ejemplo, cita este autor la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa que no consiguió incluir en su texto el régimen de la publicidad comparativa por la oposición británica. Sólo tras largos años de negociaciones, la Directiva 97/55/CE logró armonizar también esta materia. Por su parte, ARROYO I AMAYUELAS: op. cit., pág. 29, señala que las Directivas se transponen en los respectivos sistemas nacionales en forma de leyes especiales, de manera que provocan una gran inflación legislativa. Además, al regular sólo parcialmente determinados sectores del Derecho tal regulación fragmentaria crea, por una parte, un sistema no coherente de Derecho privado y, por otra, en la mayoría de los casos destruye los principios generales del ordenamiento jurídico en el cual han de ser aplicados. A juicio de esta autora, otros problemas derivados de la utilización de Directivas son su dificultad de interpretación y el déficit de comunicación ya que apenas existen recopilaciones de normas que eviten el recurso sistemático al diario oficial.

La precisión que exige bastantes reglas de Derecho privado determina que las Directivas sean cada vez más “reglamentistas”, en el sentido de detalladas lo que restringe, a la postre, su propio nivel de adaptabilidad en los ordenamientos nacionales. CÁMARA LAPUENTE: op. cit., pág. 55.

Ello ha venido motivado por el hecho de que, en ocasiones, los tribunales plantean cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de las Directivas; pero no siempre es así, de modo que con frecuencia la interpretación de las Directivas por los tribunales de justicia no es uniforme.

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Impulsadas por el convencimiento de que era necesario superar las limitaciones del Derecho privado comunitario, han surgido en la última década un conjunto de iniciativas cuyo objetivo ha sido establecer un marco jurídico único que regule el tráfico de bienes10. Al mismo tiempo, las instituciones comunitarias han iniciado un proceso de elaboración de un Derecho privado europeo11. Se expondrán, a continuación, los principales hitos de este proceso de unificación.

En primer lugar, la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 1989 sobre un esfuerzo para armonizar el Derecho privado de los Estados miembros. En dicho documento se solicitaba que se diera comienzo a los trabajos de preparación indispensables para la elaboración de un Código europeo común de Derecho privado, al tiempo que se hacía un llamamiento a los Estados miembros para que manifestaran si deseaban participar en la unificación propuesta como objetivo y, en su caso, organizaran un comité de expertos.

Posteriormente, una nueva Resolución de Parlamento de 6 de mayo de 1994 sobre armonización de determinados sectores del Derecho 10

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En tal sentido, ZIMMERMANN en la presentación a la primera edición alemana de su obra Textos básicos del Derecho privado europeo, op. cit., pág. 7, ya señalaba que numerosas comisiones legislativas internacionales y grupos de investigación están profundizando en la labor de desarrollo y creación, a la manera de los restatement, de principios básicos del Derecho contractual europeo, del derecho de responsabilidad civil o el derecho de trust. Existen además, ambiciosos proyectos de investigación que tratan de encontrar el núcleo común (common core) a todos los ordenamientos jurídicos privados nacionales; también hay muchas organizaciones de carácter científico que han invertido considerables medios en orden a la consecución de un código de las obligaciones. Incluso, concluye este autor, existen cambios en la forma en la que se lleva a cabo la formación del jurista.

Sin embargo, como pone de manifiesto ARROYO I AMAYUELAS: op. cit., pág. 24, la idea de un Derecho común, superador de la disgregación legislativa que actualmente existe debido a los códigos nacionales del siglo XIX, es muy anterior a la propia existencia de la Unión Europea y, en su origen, se proyecta incluso más allá del continente. Se inicia a finales del siglo XIX y entre los proyectos más significativos tendentes a hacerla posible cita esta autora: el anteproyecto italo-francés de las obligaciones y los contratos de 1927 y la propuesta de redactar unas reglas uniformes sobre la compraventa internacional de bienes muebles efectuada en 1929 al consejo de dirección de UNIDROIT y que acabarían desembocando en los convenios sobre Ley uniforme sobre venta internacional de bienes muebles corporales y Ley uniforme sobre la formación del contrato de venta internacional de bienes muebles corporales.

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privado de los Estados miembros contenía un nueva declaración a favor de la codificación del Derecho privado europeo.

Un nuevo impulso a ese proceso de unificación es, sin duda, el Consejo de la Unión Europea celebrado en Tampere (Finlandia) los días 15 y 16 de octubre de 1999 en el cual se insistió en la necesidad de lograr una mayor convergencia del Derecho civil. Al respecto, entre las conclusiones adoptadas se incluye la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia civil, acordándose que el Consejo elaboraría un informe sobre dicha cuestión antes de finales de 200112.

Como veremos a lo largo de las páginas siguientes, estos actos no representan iniciativas aisladas sino que se han ido sucediendo un conjunto de resoluciones que han allanado el camino a la importantísima Comunicación de la Comisión sobre Derecho contractual más coherente: plan de acción de 12 de febrero 2003. No obstante, con carácter previo una nueva Resolución del Parlamento europeo de 16 de marzo de 2000 declara que la mayor armonización del Derecho civil se ha convertido en esencial para el mercado interior, reclamando a la Comisión la elaboración de un estudio sobre esa materia.

Esta incesante producción legislativa en materia de Derecho privado nos revela que aún cuando sean muchas las dificultades que hay que superar, es evidente que Europa se mueve en pos de la consecución de un Derecho europeo y no sólo, como antaño, en un entorno estrictamente académico sino también en un ámbito institucional.

Precisamente, en respuesta a la petición formulada por el Parlamento europeo en la ya citada Resolución de 16 de marzo de 2000, la Comisión publicó el 11 de julio de 2001 una Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo sobre Derecho contractual europeo; el propósito de este documento era iniciar un proceso de consulta sobre los medios que se debían utilizar para resolver, a nivel europeo, los problemas derivados de las divergencias existentes entre los diversos derechos contractuales nacionales de la Unión Europea. Para conseguir dicho objetivo se estimó que era necesario implicar en el debate sobre esta cuestión no sólo al Parlamento

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Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999; apartado VII: Mayor convergencia del Derecho civil.

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y al Consejo, sino también a otros interesados como empresas, profesionales de la justicia, académicos y grupos de consumidores, así como recopilar información sobre la necesidad de una acción comunitaria de mayor alcance13. Como es sabido, dicha Comunicación recibió una amplia contestación y propició la celebración de jornadas y congresos dedicados a reflexionar sobre las opciones propuestas; igualmente, fueron numerosos los trabajos y artículos doctrinales que analizaron las alternativas planteadas14.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2001 el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre Aproximación del Derecho civil y mercantil de los Estados miembros. Dicho documento pone de relieve la necesidad de potenciar la armonización en estos ámbitos, especialmente tras la implantación del euro y la expansión del comercio electrónico y lamenta que la Comisión se haya circunscrito al Derecho contractual. En consecuencia, en dicha Resolución se pide a la Comisión que establezca un plan de acción detallado, con medidas a corto, medio y largo plazo y un calendario predeterminado.

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La Comisión ofrece cuatro opciones para afrontar dicha acción: 1. La no actuación de la Comunidad Europea, dejando actuar al mercado para, de este modo, lograr la convergencia a través de la competición. 2. Fomentar principios comunes no vinculantes. 3. Mejorar la legislación preexistente.

4. Aprobar un instrumento legislativo bien opcional opt-in bien vinculante salvo que se exprese su exclusión opt-out. Como podemos apreciar, la Comisión se mostró muy prudente al objeto de no mostrar preferencia por ninguna de las alternativas propuestas y no prejuzgar el caudal de información que pretendía recibir de los sectores apelados.

A nivel académico destaca la respuesta conjunta de la Commission on European Contract Law, también conocida como Comisión Lando y el Study Group on European Civil Code liderada por Von Bar: «Communication on European Contract Law: Joint Response of Commisión on Europeant Contrac Law and Study Group on European Civil Code», en European Review of Private Law 2/2002, págs. 183-248. En la doctrina española son muchos los trabajos que han surgido en los último años sobre el proceso de unificación del Derecho privado; entre otros: ARROYO I AMAYUELAS, E./ VAQUER ALCOY, A: «Un nuevo impulso para el Derecho Privado Europeo»: La Ley II/ 2002, págs. 1788-1795. CAMPUZANO DÍAZ, B: «¿Hacia un Derecho Contractual Europeo?», Anuario de Derecho Europeo 2/2002, págs. 54-65.

GARCÍA GARNICA, Mª C: «Consideraciones sobre la unificación del Derecho privado europeo», Aranzadi Civil II/2002, págs. 2419-2441 y PARRA LUCÁN, Mª A: «Apuntes sobre la unificación del Derecho privado en Europa: ¿Es posible un Código civil europeo?», Actualidad Civil 3/2002, págs. 1163-1176.

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El 16 de noviembre de ese mismo año, el Consejo de Justicia, Asuntos de Interior y Protección Civil de la UE emitió un Informe sobre la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia civil; al mismo tiempo, se solicitaba a la Comisión que analizara, con la mayor brevedad posible, los resultados de la consulta y presentara todas las recomendaciones y observaciones que estimara pertinentes.

En respuesta a dichos requerimientos del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión aprobó una Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo de 12 de febrero de 2003 Sobre un Derecho contractual más coherente: plan de acción15. Como ya se ha dicho, dicho documento ha supuesto un nuevo e importantísimo avance en ese proceso de construcción que ya se vislumbra imparable; dicho texto, conocido como Action plan, se estructura en dos partes: en la primera de ellas se describen los problemas derivados de las diferencias existentes entre los diversos derechos nacionales y en la segunda se explican las medidas propuestas por la Comisión.

Los problemas descritos en dicha Comunicación se agrupan en dos grandes categorías; la primera se refiere a la aplicación uniforme de la legislación comunitaria16 y la segunda a cuestiones relativas al funcionamiento del mercado interior17.

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En relación a dicho documento puede consultarse: BAR VON/ SWANN: «Response to the Action Plan on Europan Contract Law: A More Coherent Europan Contract Law (COM (2003) 63)» en European Review of Private Law 5-2003, págs. 595-622; GAMBARO: «The Plan d’Action of the European Commission-A Comment», en European Review of Private Law 6/2003, págs. 768-781 y HESSELINK: «The European Commission’s Action Plan: Towards a More Coherent European Contract Law?», en European Review of Private Law 4/2004, págs. 397-419.

Entre los problemas mencionados en este primer apartado se alude a la circunstancia de que el Derecho contractual de la UE trata de manera diferente situaciones idénticas, sin que ello esté justificado. Como ejemplo se cita las distintas modalidades de desistimiento que existen en las Directivas sobre venta a domicilio, utilización de inmuebles a tiempo compartido o ventas a distancias; igualmente se pone de manifiesto la existencia de requisitos de información divergentes en las Directivas sobre protección de consumidores. Al mismo tiempo, la Comunicación advierte que muchas contribuciones criticaron la utilización de términos jurídicos abstractos, tales como daños, contratos, uso fraudulento etc los cuales están definidos en algunas Directivas, pero en otras no, o lo hacen de forma muy vaga. Por último, otros problemas se refieren a las incoherencias que existen en los

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Para solucionar este conjunto de problemas, la Comisión propone tres tipos de medidas. La primera se refiere a la mejora de la calidad del acervo comunitario en el ámbito del Derecho Contractual gracias a una terminología común que se expresará en el denominado Common Frame of Reference (CFR). En segundo lugar, se sugiere promover la elaboración de cláusulas contractuales tipo a nivel comunitario; por último, se alude a la posibilidad de adoptar un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual europeo.

Centrando nuestra atención en la primera de las medidas citadas, el Action Plan consideró que la creación de un marco común de referencia que estableciera unos principios y una terminología común, en el ámbito del Derecho contractual europeo, constituiría un paso muy importante para mejorar el acervo en materia contractual18.

Con la adopción del mismo se perseguirían tres objetivos. En primer lugar, la Comisión podría utilizar ese marco común de referencia en el ámbito del Derecho contractual cuando revise el acervo existente

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textos de transposición nacionales debido a que las Directivas contiene conceptos que son extraños a la legislación nacional existente.

Al respecto, se afirma que las divergencias entre las disposiciones obligatorias de los Estados miembros constituye un problema, en la medida que no es siempre posible la elección de la legislación aplicable. Ello es especialmente gravoso para la parte contratante, que como sucede con las PYMES, no están en una posición lo suficientemente fuerte como para imponer la legislación que desean que se les aplique. Una consecuencia de esta situación es el hecho de que dichas empresas renuncian a actividades en el extranjero, o están en una posición de desventaja con respecto a las empresas nacionales.

Este Marco Común de Referencia se pretende que sea un documento accesible al público, que ayudaría a las instituciones comunitarias a garantizar una mayor coherencia del acervo actual y futuro en el ámbito del Derecho contractual europeo. Igualmente, se considera que dicho instrumento debe responder a las necesidades y expectativas de los operadores económicos de un mercado interior que aspira a convertirse en la economía más dinámica del mundo. Por último, se afirma que si el Marco Común de Referencia se acepta ampliamente, como el modelo del Derecho contractual europeo que mejor responde a las necesidades de los operadores económicos, es muy posible que sea aceptado también como criterio de referencia por los poderes legislativos nacionales de la UE y, en su caso, por terceros países que deseen establecer nuevas normas en materia de Derecho contractual o revisar las existentes. Por tanto, a modo de conclusión el Actio Plan considera que dicho documento podría reducir las divergencias entre los Derechos contractuales de la UE.

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y se propongan nuevas medidas. En segundo lugar, puede llegar a ser un instrumento para la consecución de un mayor grado de convergencia de los Derechos contractuales de los Estados miembros y, en su caso, de terceros países. En tercer lugar, la Comisión basará sus reflexiones en torno a si son necesarias medidas no específicamente sectoriales, como por ejemplo, un instrumento facultativo para resolver los problemas relativos al Derecho contractual europeo en el marco común de referencia19.

Posteriormente, un nuevo hito en ese proceso de construcción de un Derecho privado europeo es la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 11 de octubre de 2004 sobre Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro, en el que se pone de manifiesto que las contribuciones al Plan de Acción han subrayado la necesidad de mejorar la calidad y coherencia del acervo comunitario en el ámbito del Derecho contractual y destacan que el Marco Común de Referencia (MCR) puede contribuir a alcanzar dicho objetivo20. En consecuencia, la Comisión continuará elaborando dicho marco.

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Posteriormente, el Parlamento Europeo publicó una Resolución de 2 de septiembre de 2003.

Existe en la actualidad una amplia bibliografía sobre esta cuestión; entre otras puede consultarse: AAVV «A Common Frame of referente-How should it be filled», ERA-Forum, vol. 4, No., 99-145. BAR VON: «Working Togheter Toward a Common Frame of Reference», Jurídica International X, 2005, págs. 17-26. y «An introduction to the Academic Common Frame of Reference», ERA —Towards a Common Frame of Reference— Speakers contributions, Trier (19 september 2007), http:// www.era.int/web/en/resources/5_1095_6261_file_en.8992.pdf; «Coverage and Structure of the Academic Common Frame of Reference», en European Review of Contract Law 3/2007, págs. 350-361. BEALE: «The European Commission’s Common Frame of Reference Project: a progress report», en European Review of Contract Law, 2/2006, 303-314 y «The Future of the Common Frame of Reference», en European Review of Contract Law, 3/2007, págs. 257-276.

GRUNDMANN: «The Structure of the DCFR-Which Aproach for Today’s Contract Law?» en European Review of Contract Law, 4/2008, 225-247.

LANDO: «The Structure and the legal Values of the Common Frame of Reference (CFR)» en European Review Contrat Law 3/2007, págs. 245-256.

LEIBLE: «Vías para la unificación del Derecho privado europeo» (trad.

Infante Ruiz), en Anuario de Derecho civil 2006, vol. 59, nº 4, págs. 15891610 y «Qué hacemos con el marco común de referencia? Alegato a favor de un instrumento opcional» (trad. Miquel Sala) en Derecho Privado Europeo,