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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JUAN CARLOS VEGAS AGUILAR

LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EL CONSENTIMIENTO COMO UN ELEMENTO MÁS HACIA LA REEDUCACIÓN Y LA REINSERCIÓN DEL PENADO

LA EJECUCIร N DE LA PENA DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (El consentimiento como un elemento mรกs hacia la reeducaciรณn y la reinserciรณn del penado)

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

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Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

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Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (El consentimiento como un elemento más hacia la reeducación y la reinserción del penado)

JUAN CARLOS VEGAS AGUILAR

Profesor de Derecho y Criminología Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

Valencia, 2018

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© Juan Carlos Vegas Aguilar

© De esta edición, Tirant lo Blanch y Publicacions de la Universitat de València Edita: Tirant lo Blanch Publicacions de la Universitat de València Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-223-2 (Tirant lo Blanch) ISBN: 978-84-9134-291-5 (PUV) MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas.

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A mis padres Francisco y Magdalena.

Y, por encima de todo, a mis Amelias y Alejandro, los verdaderos sufridores de este trabajo.

Índice I. INTRODUCCIÓN ......................................................................... 13 II. EL CONSENTIMIENTO: COMO MANIFESTACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LOS TRABAJOS FORZADOS O COMO EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE CUMPLIR LA SANCIÓN A) TRABAJOS FORZADOS: SU CONCEPTO SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES............................................ 19 1. Trabajos forzados en la normativa internacional........................... 20 2. Trabajos forzados en el ordenamiento jurídico español.................. 26 B) EL CONSENTIMIENTO: POSIBLE ELEMENTO DEL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS............................ 30 1. Requisitos necesarios para formar parte del contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías......................... 31 2. El consentimiento: ¿cumple con los requisitos necesarios para formar parte del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías?...................................................................................... 34 C) EL CONSENTIMIENTO: MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL PENADO DE COLABORAR EN EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA SANCIÓN PENAL........................................................ 38 D) A MODO DE CONCLUSIÓN: EL CONSENTIMIENTO COMO UN ELEMENTO DE LA EFICACIA DE LA SANCIÓN PENAL........ 42

III. LA INFORMACIÓN PREVIA AL CONSENTIMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE A) CRÍTICAS AL SISTEMA DE DOBLE CONSENTIMIENTO.............. 48 B) SOLUCIONES LEGALES ADOPTADAS............................................. 51 C) CRÍTICAS AL SISTEMA DE CONSENTIMIENTO ÚNICO.............. 54 1. El vacío normativo......................................................................... 55 2. Conformidad y Consentimiento: puntos de conexión.................... 56 3. Control judicial del consentimiento como requisito de validez....... 60 4. Disyuntiva entre consentimiento en abstracto o consentimiento informado...................................................................................... 63 a) Planteamiento de la cuestión................................................... 63

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Índice

b) Consentimiento en abstracto versus consentimiento con pleno conocimiento........................................................................... 64 a’) Consentimiento del acusado en la conformidad................. 69 b’) ¿Es posible deducir la necesidad del consentimiento informado del Real Decreto 840/2011?..................................... 70 i. Artículo 10.1 del Real Decreto 840/2011: del deber de la Administración penitenciaria de facilitar información general sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.................................................................................... 71 ii. Artículo 10.2 del Real Decreto 840/2011: información particular sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad................................................................... 74 iii. El deber de información de la Administración sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad............ 76 c’) A modo de conclusión: el consentimiento informado como contenido del derecho a la información del proceso penal y como instrumento necesario para el caso del consentimiento implícito........................................................................ 78 c) La información sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.............................................................................. 80 a’) Información que se ha de dar al acusado o al condenado para que éstos expresen un consentimiento informado...... 81 i. Información en la conformidad.................................... 81 ii. Información necesaria para los trabajos en beneficio de la comunidad: claves para su delimitación................... 82 b’) ¿Quién debe proporcionar la información para el consentimiento informado?............................................................ 84 i. Consentimiento informado en los trabajos en beneficio de la comunidad como condición para la suspensión de una pena privativa de libertad...................................... 85 ii. Consentimiento informado en los trabajos en beneficio de la comunidad como pena principal: posible función del Letrado de la Administración de Justicia................ 86 5. Momento procesal oportuno para proporcionar la información y para prestar el consentimiento....................................................... 89 a) Momento procesal oportuno para la información al condenado.... 89 b) Momento procesal para que el acusado exprese su consentimiento..................................................................................... 93 a’) Procedimientos penales en los que es posible imponer la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad como sanción principal alternativa................................................... 93 b’) Momento procesal oportuno para informar al acusado y para que emita su consentimiento en los casos de aplica-

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Índice

ción directa de los trabajos en beneficio de la comunidad: situaciones posibles, conflictos y soluciones....................... 97

IV. LA VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO Y LAS CONSECUENCIAS DE SU REVOCACIÓN A) REQUISITOS QUE VIENE EXIGIENDO LA JURISPRUDENCIA PARA LA VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO................................ 105 B) LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO................................. 110 C) EL INCUMPLIMIENTO..................................................................... 112 1. Causas del incumplimiento............................................................ 114 a) Ausentarse del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario al cumplimiento de la pena.................................................................... 115 b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible........................................................................................... 117 c) Oponerse o incumplir de forma reiterada y manifiesta las instrucciones del responsable de la ocupación.............................. 119 d) Que por cualquier otra razón la conducta del penado provoque que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro............................................................... 120 2. Consecuencias del incumplimiento................................................. 121 a) Consecuencias del incumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos como pena directa........................ 123 b) Consecuencias del incumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos como condición suspensiva de la pena privativa de libertad........................................................ 124 c) Consecuencias del incumplimiento en el supuesto de trabajos en beneficio de la comunidad como responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa................................................... 126

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................ 129

I. INTRODUCCIÓN El artículo 49 del Código Penal prescribe que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no se podrá imponer sin el previo consentimiento del penado1. La exigencia de este requisito supuso una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, ya que no se encuentra previsto para ninguna otra sanción de las contempladas en el citado texto normativo. Por este motivo, el consentimiento se ha convertido no solo en uno de los elementos fundamentales de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, sino en uno de los más característicos2

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Esta referencia al penado se debía a que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad solo se podía imponer, en sus inicios, como sanción sustitutiva de pena privativa de libertad. Por tal motivo, a las personas a las que se les aplicaba esta sanción ya tenían el status procesal de penado o condenado. Sin embargo, en la actualidad la denominación de penado es errónea, ya que los trabajos en beneficio de la comunidad se pueden imponer como pena directa a través de un proceso penal. En estos casos, el consentimiento lo deberá prestar el acusado y no el condenado. El legislador ha tenido un gran número de ocasiones para corregir esta disfunción, en las numerosas reformas que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ha sufrido, y, sin embargo, esta circunstancia ha pasado totalmente inadvertida.

En este sentido, sin ánimo de exhaustividad, citar a ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. la califica de “pena sui generis” en “La pena de trabajo en beneficio de la comunidad”, Cuadernos de política criminal, nº 70, año 2000, pág. 13; SERRANO BUTRAGUEÑO, I. señala que “es condición ‘sine qua non’ para la aplicación de esta pena el consentimiento del condenado” en Las penas en el nuevo Código penal, Granada, 1996, Ed. Comares, pág. 50; en el mismo sentido TORRES ROSELL, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, Reformas legales y problemas de aplicación, Valencia, 2006, Ed. Tirant lo Blanch, pág. 286; OLARTE HURTADO, A. lo considera un “requisito básico” en Alternativas a la cárcel en Euskadi, el trabajo en beneficio de la comunidad, Vitoria-Gasteiz, 2006, Ed. Gráficas Santamaría, pág. 92; TÉLLEZ AGUILERA, A. afirma que “sin duda la mayor singularidad de esta pena viene determinada por el hecho de que su imposición y ejecución requiera el previo consentimiento del penado” en Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, Madrid, 25, Ed. Edisofer S. L., pág. 127; GÓMEZ ARROYO, J. L. lo conceptúa como “la gran característica de esta pena” en “Apuntes sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad”, http,//noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200305-3055141031034991.html; BRANDARIZ GARCÍA, J. A. lo considera como “el requisito más característico de la pena de TBC” en La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, Valencia, 2009, Ed. Tirant lo Blanch,

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y diferenciadores de la misma —junto con la prestación que el reo debe llevar a cabo para su cumplimiento—. Tal es así que si el sujeto, al que se está enjuiciando, no manifiesta su voluntad para que se le aplique esta pena, no se le podrá imponer de ninguna de las maneras.

Tradicionalmente se ha considerado por parte de la doctrina, siguiendo una línea de pensamiento prácticamente unánime, que el fundamento de este requisito se encontraba en la prohibición, prevista tanto en los textos normativos internacionales como en nuestra Carta Magna, de los trabajos forzados. De esta manera, se ha venido entendiendo que en el caso de que se preste consentimiento los trabajos en beneficio de la comunidad no podrán ser calificados como trabajos forzados3; los cuales se hallan proscritos expresamente por el artículo 25.2 de la Constitución Española de 1978.

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pág. 287; por su parte BOLDOVA PASAMAR, M. A. lo entiende como “una importante novedad dentro del tradicional esquema del sistema de penas” en GARCÍA MARTÍN, L. (Coord.), BOLDOVA PASAMAR, M. A. y ALASTUEY DOBÓN, M. C., Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, Valencia, 1998, Ed. Tirant lo Blanch, pág. 127; DE LAMO RUBIO, J. afirma que es una “nota esencial en esta pena” en Penas y medidas de seguridad en el nuevo código, Barcelona, 1997, Ed. Bosch, pág. 157.

A título de ejemplo podemos citar a LÓPEZ GARRIDO, D. y GARCÍA ARÁN, M. los cuales aseguran que “La obligatoriedad de contar con el consentimiento del penado se asienta en la prohibición constitucional de que las penas ‘consistan’ en trabajos forzados (art. 25.2 CE), que indudablemente se violaría si el trabajo como pena se impusiera coactivamente. En cambio, no la viola el carácter obligatorio del trabajo como parte del régimen penitenciario, que es consecuencia de la pena y no su misma esencia” en El Código penal de 1995 y la voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996, Ed. Closas-Orcoyen S. L., pág. 62; SALINERO ALONSO, C. por su parte afirma: “esta pena no puede imponerse sin consentimiento del penado, requisito que se asienta en la prohibición constitucional de penas consistentes en trabajos forzados” en “El sistema de penas en el Código penal de 1995” en Jueces para la democracia, nº 30, año 1997, pág. 68; SERRANO BUTRAGUEÑO, I. asevera que “es condición ‘sine qua non’ para la aplicación de esta pena el consentimiento del condenado, por cuanto nuestra Constitución prohíbe los trabajos forzados” en Las penas en el nuevo Código penal, op. cit., pág. 50; BLANCO LOZANO, C. entiende que “el legislador, interpretando el término forzados en cuanto ausencia de consentimiento por parte del reo, exige en consecuencia que tal pena no podrá imponerse sin el consentimiento del penado” en Tratado de Derecho Penal Español: tomo I: el sistema de la parte general. Volumen 1: fundamentos del derecho penal español las consecuencias jurídico-penales, Barcelona, 2005, Ed. Bosch Editor; por su parte DE SOLÁ DUEÑAS, A. afirma que el consentimien-

La ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad

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Al respecto, es necesario puntualizar que el citado precepto constitucional hace alusión expresa a la prohibición de los trabajos forzados en el seno de las penas privativas de libertad. Sin embargo, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se encuentra catalogada como una pena privativa de derechos4. Así, en puridad, se podría defender que el artículo 25 de la Constitución no afecta de manera directa a la sanción ahora estudiada5.

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to del penado se sitúa en primer plano para salvar la prohibición de trabajos forzados en “Penas alternativas, formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad en el nuevo Código penal”, revista de derecho penal y criminología, nº 6, año 1996, pág. 1215. En el mismo sentido SÁNCHEZ GARCÍA, Mª. I. al asegurar que “no pueden imponerse sin su consentimiento -el trabajo forzado está prohibido constitucionalmente” en “El sistema de penas” en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 2, año 1996, pág. 11; También SANZ MULAS, N. señala sobre el consentimiento que “una pena de trabajos forzosos es claramente contradictoria al modelo de Estado que aquí tomamos como base (Estado de Derecho), y de ahí la necesidad de su aceptación por el penado” en Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de futuro en las realidades española y centroamericana, Madrid, 2000, Ed. Colex, pág. 346; Asimismo SEGARRA CRESPO, Mª. J. afirma lo siguiente: “La específica naturaleza de esta pena impide la solución normal al resto de las penas: imposición coactiva por el Estado.

En este caso ello no es posible dada la prohibición constitucional de los trabajos forzosos” en “La pena de trabajos en beneficio de la comunidad” en Cuadernos de derecho judicial, nº 4, año 2006 (Ejemplar dedicado a, Las penas y medidas de seguridad); ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. también apunta al respecto que “la función del consentimiento del penado en el trabajo en beneficio de la comunidad es esencial, pues resulta imprescindible para entender que no se trata de una pena de trabajos forzosos” en “La pena de trabajo en beneficio de la comunidad”, op. cit., pág. 18; Por su parte CALDERÓN CEREZO, A. y CHOCLÁN MONTALVO, J. A. señalan que “la prestación de servicios comunitarios debe ser, por tanto, consentida por el penado. Ello es consecuencia de la prohibición constitucional de que se hagan ejecutar contra la voluntad del penado trabajos forzosos” en Código penal comentado, Barcelona, 2004, Ed. Deusto, pág. 98.

Artículo 39 del Código Penal.

El art. 25.2 de la CE establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Por lo tanto, la referencia a los trabajos forzados que hace el citado precepto constitucional se enmarca dentro de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. En este sentido se pronuncia BOLDOVA PASAMAR, M. A. que afirma: “la prohibición de que las penas privativas de libertad puedan consistir en trabajos forzados del art. 25.2 CE no rige para la pena de trabajo en beneficio de la comunidad (…) el trabajo

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No obstante, parece lógico que esta prohibición debe extenderse también a las penas privativas de derechos, las cuales en un Estado Democrático y de Derecho tampoco podrán consistir en trabajos forzados, aunque nuestra Carta Magna no lo establezca de una manera específica6.

Lo que ocurre es que en la actualidad esa unanimidad doctrinal respecto a la idea de los trabajos forzados se empieza a difuminar.

Así, es posible encontrar autores que se cuestionan si realmente este pensamiento tiene la suficiente consistencia para seguir sosteniéndolo.

De esta manera se está llegando a objetar si la falta de consentimiento, en la imposición de esta pena, hace que se transforme en trabajos forzados o, por el contrario, el consentimiento obedece a razones de muy distinta naturaleza. Entre estos diversos motivos merece la pena destacar los siguientes, a saber: Ø La prohibición de penas degradantes o inhumanas (art. 15 CE);

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en beneficio de la comunidad formalmente no constituye una pena privativa de libertad, sino de derechos” en GARCÍA MARTÍN, L. (coord.), BOLDOVA PASAMAR, M. A. y ALASTUEY DOBÓN, M. C., Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, op. cit., pág. 127. Por su parte, la profesora JAREÑO LEAL, A. afirma que “El requisit del consentiment de la persona penada per imposar aquesta sanció evita els posibles conflictes amb el dit precepte constitucional — la autora hace referencia al art. 25.2 de la CE—; a més que el treball d’utilitat pública no és una manera d’executar la pena privativa de llibertat, sinó l’execució de la pena en si mateixa, és dir, la manera d’extinguir la responsabilitat penal” en “La pena de multa i les penes privatives de drets en el Codi penal de 1995”, Studia iuridica, nº 12, año 1995 (Dedicado a: El Codi Penal de 1995: part general), pág. 70.

En este sentido TÉLLEZ AGUILERA, A. señalando que “es una proscripción referida a la pena privativa de libertad (…) y no a todas las penas”, aunque matiza afirmando que “podría argumentarse, al respecto, que el legislador constitucional, guiado por la experiencia histórica, solo pensó en trabajos forzados en el ámbito de la privación de libertad, sin que pudiera imaginarse nuevas modalidades punitivas que exigieran un trabajo comunitario forzoso, por lo que no sería descabellado hacer extensible aquella prohibición a cualquier clase de pena, sea cual fuere la naturaleza de la misma” en Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, op. cit., pág. 127.

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Ø O el de la mayor implicación del penado en la realización de los trabajos lo cual, a su vez, determinará una mayor probabilidad de éxito en su resocialización y rehabilitación7.

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De esta manera, y sin ánimo de ser exhaustivo, podemos citar a MAPELLI CAFFARENA, B. y TERRADILLOS BASOCO. J., Las consecuencias jurídicas del delito, Madrid, 1996, 3ª edición, pág. 177, donde afirman que “a nuestro juicio, el trabajo forzado y obligado son dos cosas distintas. El primero tiene un carácter aflictivo, en tanto que el segundo se ejecuta bajo las mismas condiciones y garantías que el trabajo en libertad. Exigir siempre el consentimiento introduce una limitación a la aplicación de esta pena, muchas veces injustificada”. También TORRES ROSELL, N. señala sobre este asunto lo siguiente: “ni de lo dispuesto en los textos internacionales ni de lo previsto en la Constitución resulta, sin embargo, la exigencia del consentimiento del penado para la imposición de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. En consecuencia, la exigencia de consentimiento que se establece en el Código penal de 1995 no puede interpretarse como un requisito formal que permita diferenciar jurídicamente los trabajos en beneficio de la comunidad de los trabajos forzosos” en La pena de trabajos en beneficio de la comunidad… op. cit., pág. 293; en un sentido parecido BLAY GIL, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, Tesis dirigida por LARRAURI PIJOAN, E, año 2006, pág. 173; también BRANDARIZ GARCÍA, J. A. se pronuncia señalando que “tal vez cabría cuestionar la obligatoriedad constitucional de prever el requisito del consentimiento del penado” en La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, op. cit., pág. 301.

Como pone de manifiesto MORGENSTERN C., en Europa se dividen los países que requieren el consentimiento para imponer la pena, frente a aquellos otros que no les parece un requisito indispensable, todo como consecuencia de diferentes interpretaciones del artículo 4 (3) de la Convención Europea de Derechos Humanos, en “Estándares europeos sobre penas y medidas comunitarias”, en LARRAURI, E. y BLAY. E., Penas comunitarias en Europa, Madrid, 2011, Ed. Trotta, pág. 28. Esta misma autora señala sobre los trabajos en beneficio de la comunidad que “su consentimiento no es una condición definitiva para aplicar la medida, la cooperación es considerada crucial para el éxito de la misma” en Ibídem, pág. 27. CERVERA SALVADOR, S., “La ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Análisis del RD 1849/2009, de 4 de diciembre”, Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal aldizkaria, nº. 3, año 2010, pág. 637. Más recientemente es de interés sobre los fines del consentimiento en las penas comunitarias el trabajo de MURILLO AVALOS, C., Ejecución e incumplimiento de las penas comunitarias: La revocación de la suspensión de la pena de prisión con reglas de conducta y el quebrantamiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, Tesis dirigida por LARRAURI PIJOAN, E, año 2016, págs. 100-103, en http://www.tdx.cat/ handle/10803/398576; en la que se afirma que “la criminología ha puesto de manifiesto la importancia de contar con el consentimiento y la cooperación del

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Dejando a un lado el fundamento del consentimiento, tema que trataremos en el siguiente epígrafe, también debemos señalar que este requisito —imprescindible para imponer la pena de trabajos en beneficio de la comunidad— carece por completo de regulación. La única norma que hace referencia al mismo es el artículo 49 del Código Penal, ya citado. A nuestro parecer el hecho de encontrarnos ante un elemento fundamental para imponer una sanción penal, debería hacer considerar al legislador la necesidad de que se regule de una manera completa; dados los derechos fundamentales que hay en juego.

Esta regulación debería incluirse en la propia normativa del proceso penal, ya sea en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que una sanción penal solo puede imponerse a través de este instrumento. Partiendo de esta premisa, hemos analizado los aspectos procesales que pueden afectar a esta figura, y hemos puesto de manifiesto algunas ideas sobre su aplicación; siempre teniendo muy presentes los principios de legalidad y de seguridad jurídica, los cuales deben informar la aplicación de las penas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero antes de abordar estos asuntos comencemos por analizar el fundamento jurídico del consentimiento.

penado para conseguir los fines que se le atribuyen a la pena, especialmente el de rehabilitación”.

II. EL CONSENTIMIENTO: COMO MANIFESTACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LOS TRABAJOS FORZADOS O COMO EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE CUMPLIR LA SANCIÓN Para tratar este tema, se deberá analizar en primer lugar el concepto de trabajo forzado y, una vez fijado se examinará si el consentimiento es, en efecto, primordial en la determinación de que los trabajos en beneficio de la comunidad sean o no considerados como tales.

A) TRABAJOS FORZADOS: SU CONCEPTO SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define los trabajos forzados, en su primera acepción, como “aquellos en que se ocupa por obligación el presidiario como parte de la pena de su delito”, y en la segunda “ocupación o trabajo ineludible que se hace a disgusto”.

En el primero de los significados vemos que los trabajos forzosos se encuadran en el ámbito penitenciario, ya que se está haciendo referencia a la ocupación obligatoria que realizan los presidiarios. En cambio, en el segundo, se amplía el alcance de estos trabajos y se aplica a aquellos que son ineludibles y se realizan a disgusto. Como quiera que el presente trabajo se centra en el trabajo como sanción penal, consideramos que la definición que mejor se ajusta a dicho tema es la establecida en primer lugar, es decir, las ocupaciones a que se obliga realizar a los presidiarios como parte de la pena por el delito cometido.

Sin embargo no debemos quedarnos únicamente con el significado léxico de los trabajos forzosos, sino que es necesario buscar un concepto distinto analizado desde un punto de vista jurídico. Para ello se estudiarán, en primer lugar, algunos textos jurídicos internacionales,

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ratificados por España, que hacen referencia a esta clase de trabajos y, a continuación, se hará lo propio en la normativa y jurisprudencia interna con el objeto de encontrar un concepto que defina jurídicamente los trabajos forzosos.

1. Trabajos forzados en la normativa internacional El primer problema con el que nos encontramos es que, a pesar de que la CE hace referencia a ellos y los prohíbe, nuestra Carta Magna no establece qué debemos entender por trabajos forzosos. Esta circunstancia hace que, en cumplimiento del artículo 10.2 de este texto legal, debamos acudir a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país para interpretar, o extraer, un concepto sobre esta clase de trabajos.

Las referencias a los trabajos forzados en la normativa internacional son múltiples. Así, el art. 5 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea8 prohíbe la esclavitud y el trabajo forzado. De la misma forma, el art. 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 16 de diciembre de 19669, establece: “nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”10. Igualmente, el art. 4.2 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,

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Ratificado por el Estado español mediante Ley Orgánica 1/2008 de 30 de julio, BOE nº 184 de 31 de julio. Diario Oficial de la Unión Europea C 326/395 de 26 de octubre de 2012.

Ratificado mediante Instrumento de 27 de abril de 1977, BOE nº 103 de 30 de abril de 1977.

Además de establecer dicha prohibición, se delimita qué no se ha de entender por trabajo forzoso. De esta manera establece que “no se puede considerar trabajo forzoso, a los efectos de este párrafo: i) Los trabajos o servicios que (…) se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional; ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia; iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad; iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales”.