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Este libro tiene por finalidad abordar diversas temáticas relacionadas con el Acuerdo de Escazú, especialmente, los denominados derechos de acceso a la información ambiental, participación ambiental y la justicia ambiental, no puede sino ser una gran contribución a los debates actualmente en curso así como a la futura implementación ya sea de las normas respectivas incorporadas en el texto de la nueva Constitución o bien de las propias normas contenidas en el Acuerdo de Escazú.

Gonzalo Aguilar Cavallo

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EL ACUERDO DE ESCAZÚ, SOCIEDAD DEL SABER Y DEMOCRACIA AMBIENTAL

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EL ACUERDO DE ESCAZÚ, SOCIEDAD DEL SABER Y DEMOCRACIA AMBIENTAL 9 788411 691826

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

GONZALO AGUILAR CAVALLO

En estas páginas se encontrarán diversos análisis sobre el contenido del Acuerdo de Escazú y su contraste con el ordenamiento jurídico chileno en miras a saber si este último satisface los estándares mínimos.

978-84-1169-182-6

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EL ACUERDO DE ESCAZÚ, SOCIEDAD DEL SABER Y DEMOCRACIA AMBIENTAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania) Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL ACUERDO DE ESCAZÚ, SOCIEDAD DEL SABER Y DEMOCRACIA AMBIENTAL

GONZALO AGUILAR CAVALLO Proyecto de Investigación Fondecyt Regular No 1190423 “Análisis de los estándares internacionales sobre el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental y su concreción en el derecho interno”

tirant lo blanch Valencia, 2023

Copyright ® 2023 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: https://editorial.tirant.com/cl ISBN: 978-84-1169-183-3 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Tabla de abreviaturas.........................................................................

Presentación.......................................................................................

Capítulo Primero Génesis y desarrollo del Acuerdo de Escazú....................................

Capítulo Segundo El derecho humano al acceso a la información ambiental y la jurisprudencia interamericana................................................................

Capítulo Tercero El derecho humano a un medio ambiente sano, el acceso a la información ambiental y el ius commune...............................................

Capítulo Cuarto El acceso a la información ambiental, la legislación chilena y el Acuerdo de Escazú...........................................................................

Capítulo Quinto El contenido y los alcances contemporáneos del derecho de acceso a la participación ambiental...........................................................

105

Capítulo Sexto El derecho humano a un medio ambiente sano, la participación pública y el ius commune................................................................

135

Capítulo Séptimo Cambio climático, acceso a la información y participación ambiental.............................................................................................

157

Capítulo Octavo El acceso a la participación ambiental, la legislación chilena y el Acuerdo de Escazú...........................................................................

181

Capítulo Noveno Acuerdo de Escazú: el derecho al acceso a la justicia ambiental.....

213

Capítulo Décimo Los desafíos del acceso a la justicia ambiental en Chile..................

239

Índice

Capítulo Décimo Primero Empresas y protección del medio ambiente: mecanismos de solución de conflictos.............................................................................

279

Capítulo Décimo Segundo El Acuerdo de Escazú: el derecho a la protección de los defensores de derechos ambientales..................................................................

289

Capítulo Décimo Tercero Diálogo entre los principios del medio ambiente y una nueva Constitución para Chile..................................................................

319

Conclusiones.......................................................................................

349

Bibliografía.........................................................................................

363

Jurisprudencia....................................................................................

391

TABLA DE ABREVIATURAS Acuerdo de Escazú Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa CEDH Corte Europea de Derechos Humanos CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIJ Corte Internacional de Justicia CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos CPJI Corte Permanente de Justicia Internacional CPLT Consejo para la Transparencia CPR Constitución Política de la República DADDH Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre DIA Declaración de Impacto Ambiental DIMA Derecho internacional del medio ambiente DIDH Derecho internacional de los derechos humanos DIP Derecho Internacional Público DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas EIA Evaluación de Impacto Ambiental EPA Agencia de Protección Medioambiental ECIJ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia HRC Consejo de Derechos Humanos IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas NNA Niñas, niños y adolescentes ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

10 OCDE OEA OIT OMS ONU PIDCP PIDESC RSEIA SBAP SEIA SNIFA TEDH

Gonzalo Aguilar Cavallo

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Organización de los Estados Americanos Organización Internacional del Trabajo Organización Mundial de la Salud Organización de las Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental Tribunal Europeo de Derechos Humanos

PRESENTACIÓN El medio ambiente y el cambio climático han ingresado definitivamente en la esfera de los derechos humanos, tanto en su vertiente constitucional como internacional. El primero en ser abordado por el derecho de los derechos humanos ha sido el medio ambiente y su creciente interacción con los derechos de las personas hasta el punto de reconocerse por instrumentos jurídicos vinculantes el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente limpio, seguro, saludable y sostenibles. Luego le correspondió su turno, hace ya algunas décadas, al cambio climático y sus efectos sobre los derechos humanos. Los informes de expertos y de organizaciones internacionales han alertado incesantemente acerca de la necesidad de los Estado de adoptar medidas de mitigación y de adaptación a las consecuencias perniciosas sobre el goce de derechos humanos, tales como el acceso al agua, el acceso a la alimentación y el acceso a la vivienda, entre otros, especialmente, respecto de grupos que requieren especial atención del Estado. El Acuerdo de Escazú se encuentra en el entrecruzamiento entre estos dos ámbitos, el medio ambiente y el cambio climático, tanto desde una perspectiva netamente ambiental como desde una óptica de los derechos humanos. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido por el nombre de la ciudad de Costa Rica —Escazú— en la que fue aprobado, fue adoptado el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo de Escazú regula materias que son claves para el devenir del medio ambiente y del cambio climático. A saber, este instrumento internacional vinculante consagra el derecho al acceso a la información, el derecho al acceso a la participación y el derecho al acceso a la justicia ambiental, junto con reconocer por primera vez en un tratado, los derechos de los defensores de los derechos humanos ambientales. Sin duda, todos estos derechos ambientales son fundamentales para alcanzar el goce pleno del derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio, seguro, saludable y sostenible así como para garantizar una eficiente lucha contra las consecuencias nocivas del cambio climático para los derechos humanos. En Chile y el mundo la necesidad de fortalecer los instrumentos que integren el derecho al acceso a la información, a la participación

María Elisa Quinteros Cáceres

y a la justicia ambiental se ha revelado crucial para poder asegurar una protección mínima del medio ambiente y ante las consecuencias del cambio climático. Por ello, Chile se irguió durante la Conferencia de Río+20, como uno de los principales líderes en favor de negociar y acordar un instrumento que finalmente sería el Acuerdo de Escazú. A pesar de haber sido uno de los líderes de este proceso de negociación, el gobierno de Sebastián Piñera rechazó firmarlo siquiera aduciendo un número de razones entre las cuales se encuentra que el ordenamiento jurídico nacional ya contempla la normativa que dicho tratado consagra. Afortunadamente, con el cambio de gobierno, este criterio se modificó y el nuevo gobierno de Gabriel Boric ha procedido a firmarlo en marzo de 2022. Desde la óptica en la que me encuentro directamente involucrada, la Convención Constitucional ha tomado en consideración de los valores, principios y derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú, y con un fin de transformar a la constitución chilena en una Constitución ecológica, ha hecho el esfuerzo de intentar incorporar el sello de dicho Acuerdo al texto de borrador de la nueva Constitución. La incorporación en el nuevo texto constitucional de los derechos ambientales, particularmente, información, participación y justicia ambiental, además de la protección de los defensores de derechos humanos ambientales, no generará sino un complemento y una sinergia adecuada para mejorar el estándar mínimo de protección ambiental así como las herramientas apropiadas para luchas contra los efectos del cambio climático. Desde esta perspectiva, este libro que abordar diversas temáticas relacionadas con el Acuerdo de Escazú, especialmente, los denominados derechos de acceso a la información ambiental, participación ambiental y la justicia ambiental, no puede sino ser una gran contribución a los debates actualmente en curso así como a la futura implementación ya sea de las normas respectivas incorporadas en el texto de la nueva Constitución o bien de las propias normas contenidas en el Acuerdo de Escazú. Este libro es el resultado de un proyecto de investigación Fondecyt Regular N° 1190423, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y reúne el detalle de los principales hallazgos que la referida investigación jurídica arrojó. El investigador

Presentación

responsable de este Proyecto Fondecyt fue el profesor Gonzalo Aguilar Cavallo del Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca y por lo tanto el autor de las páginas que estoy presentando es igualmente Gonzalo Aguilar Cavallo. Este proyecto tuvo como co-investigador al destacado profesor Humberto Nogueira Alcalá, y como asistente de investigación a la profesora María Ignacia Sandoval, ambos del Centro de Estudios Constitucionales de Chile. La obra contiene trece capítulos a lo largo de los cuáles el autor analiza cada uno de los objetivos que se plantearon en el proyecto. En efecto, en el capítulo primero se analiza el origen del Acuerdo de Escazú, destacando los hitos relevantes en su discusión, aprobación y entrada en vigencia. Luego, en el segundo capítulo se desarrolla acceso a la información ambiental y la jurisprudencia interamericana desde la óptica del contenido y alcance del derecho y su relación con la protección ambiental. Además, en el tercer capítulo se hace referencia al derecho a un medio ambiente sano y su interdependencia con el acceso a la información ambiental, haciendo hincapié en la evolución de estos derechos. Adicionalmente, el cuarto capítulo se concentra en el desarrollo del acceso a información ambiental en la legislación chilena y análisis de la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Además, de contrastar si la norma interna chilena y su aplicación es concordante con los estándares provenientes del Acuerdo de Escazú. Junto con ello, en el quinto capítulo busca analizar el sentido y alcance del derecho a la participación ambiental, desde el derecho internacional del medio ambiente y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente, su relación con el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Posteriormente, el capítulo sexto se centra en el estudio del rol que tiene la participación ambiental con respecto a la protección del medio ambiente y su relevancia para una sociedad democrática. Luego, el séptimo capítulo ahonda en la trascendencia del acceso a la información y participación ambiental como mecanismos jurídicos para hacer frente al cambio climático y para la protección de los derechos de grupos de especial consideración. Además, el octavo capítulo reflexiona sobre la participación ambiental en la legislación chilena y análisis de la jurisprudencia la Corte Suprema y Tribunales Ambientales. Además, de contrastar si la norma interna chilena y su aplicación es concordante con los estándares provenientes del Acuer-

María Elisa Quinteros Cáceres

do de Escazú. Junto con esto, el noveno capítulo se analiza el derecho de acceso a la justicia ambiental revisando su sentido y alcance en el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, el décimo capítulo analiza críticamente los mecanismos judiciales y extrajudiciales de solución de conflictos ambientales y eficacia para dar respuesta a dichas controversias. Luego, el capítulo décimo primero se centra en el estudio de los mecanismos extra-estatales de solución de controversias ambientales y medidas de reparación. Adicionalmente, en el capítulo décimo segundo desarrolla la figura de los defensores ambientales y los estándares del Acuerdo de Escazú respecto del ejercicio de sus derechos. Y para culminar esta obra, en el décimo tercer capítulo se propone cómo deberían consagrarse los principios ambientales en la Nueva Constitución. Este libro ha sido elaborado por su autor con la finalidad de transformarse en un aporte para la comunidad en general que tenga interés sobre el contenido del Acuerdo de Escazú y su contraste con el ordenamiento jurídico chileno en miras a saber si este último satisface los estándares mínimos que se pueden extraer del Acuerdo de Escazú. Aún más, la Convención Constitucional, en su Comisión temática Nº 5 sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, se encuentra discutiendo normas constitucionales sobre derechos de acceso en materia ambiental. Por todas estas razones, esta obra será con toda seguridad un aporte para la discusión, en la medida que trata materias trascendentales para una sociedad democrática de derecho en el siglo XXI. En Santiago, a 4 de mayo de 2022

María Elisa Quinteros Cáceres Presidenta Convención Constitucional

Capítulo Primero

GÉNESIS Y DESARROLLO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ Sumario: 1. Introducción. 2. Orígenes del Acuerdo de Escazú. 3. Rasgos distintivos.

1. INTRODUCCIÓN El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico regional vinculante que aborda los denominados derechos de acceso ambiental, i.e. el derecho al acceso a la información ambiental, el derecho al acceso a la participación ambiental y el derecho al acceso a la justicia ambiental. Notablemente también este tratado incorpora la regulación de los derechos de los defensores ambientales. Este tratado internacional sobresale por diversos motivos que serán examinados a lo largo de esta obra. Sin duda, este Acuerdo ha sido uno de los grandes avances en materia de protección ambiental que ha experimentado la región latinoamericana en los últimos años y cuya ratificación e implementación interna por parte de los Estados de la región servirá para ir apuntalando no sólo una democracia ambiental sino también un Estado ecológico a parte entera1. Los valores, los principios y los derechos que están consagrados en el Acuerdo de Escazú son vitales para ello en un contexto regional que clama desesperadamente por poner la preservación del medio ambiente y de la naturaleza en el centro de las preocupaciones estatales. Los efectos del cambio climático en los distintos países de la región no hacen sino acentuar la urgente relevancia de poner en práctica valores, principio y derechos como los que Escazú reconoce. Con todo, quisiéramos comenzar este examen con una referencia a la génesis del Acuerdo de Escazú, su origen, su fundamento y sus discusiones, deliberaciones y rasgos distintivos.

SERGEEVA (2020). [Disponible en: https://climateandhealthalliance.org/blog/ the-escazu-agreement-how-the-idea-of-a-healthy-environment-became-a-stumbling-block/]. [Fecha de consulta: el 20 de abril de 2022].

Gonzalo Aguilar Cavallo

2. ORÍGENES DEL ACUERDO DE ESCAZÚ En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (“Río+20”) celebrado en Brasil durante el año 2012, surge la necesidad y preocupación de tomar medidas a nivel regional latinoamericano para hacerse cargo de los efectos de la crisis climática. Así las cosas, Chile fue uno de los impulsores de este tratado regional cuyos inicios se produjeron mediante la suscripción de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe2. En efecto, en la Cumbre de Río+20 (2012), a instancias de Chile y otros países latinoamericanos, se iniciaron las negociaciones destinadas a concluir un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo Regional), que tendría por objeto la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Este Principio 10 es el instrumento internacional generalmente reconocido como aquel que consagró los denominados derechos de acceso, i.e. el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación en la toma de decisiones y el derecho de acceso a la justicia ambiental. Además, estos derechos de acceso, generalmente resumidos bajo la consigna de derechos participatorios, son relevantes en la medida que fortalecen la realización del derecho humano al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible3. Como se ha dicho, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible, (Río + 20, 20-22 de junio de 2012), Chile lideró una Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe4. En la Declaración se estableció que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

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Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Doc. N.U. A/CONF. 216/13, de fecha 25 de julio de 2012. [Disponible en: https://accessinitiative.org/sites/default/files/declaracion_principio_10_espanol.pdf].]Fecha de consulta: 29 de abril de 2022]. Vid. Doc. A/HRC/22/43, para. 40; Doc. A/HRC/RES/19/10. Doc. A/CONF.216/13.

El Acuerdo de Escazú, sociedad del saber y democracia ambiental

actuaría como secretaría técnica, para avanzar en la consecución de un convenio regional u otro instrumento5. La Declaración de Río de 1992, especialmente, el principio 10, ha constituido la base jurídica internacional para desarrollar los derechos de acceso. El principio 10 indica: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Durante el año 2012 hubo dos hitos relevantes. Primero se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidad para el Desarrollo Sostenible (Río+20) y el segundo la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Este segundo hito permite ser el puntapié inicial del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Esta Declaración sobre el Principio 10 indica que: “A veinte de años de la Cumbre de la Tierra subrayamos que el Principio 10 de la Declaración de Río, reconoce que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Para ello toda persona deberá tener acceso adecuado a la información así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos. A su vez, que de modo de cumplir con dicho principio los Estados debemos facilitar y fomentar la educación, sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos y proporcionar acceso efectivo a los procedimientos señalados.

SEVERINO (2015), pp. 95-106.

Gonzalo Aguilar Cavallo

Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, la democracia y un medio ambiente sano; y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, involucrar al público respecto de los problemas ambientales, aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo”6. Finaliza la Declaración diciendo: “Es necesario alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Por ello, manifestamos nuestra voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres, buenas prácticas hasta un Convenio Regional abierto a todos los países de la Región y con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada. América Latina y el Caribe puede y debe dar un paso significativo en esta materia. Para ello, los Gobiernos nos comprometemos a elaborar e implementar un Plan de Acción 2012-2014, con el apoyo de CEPAL como secretaria técnica, para avanzar en la consecución de un convenio regional u otro instrumento. Como un insumo para dicho plan, nuestros gobiernos solicitan a la CEPAL que realice un estudio sobre la situación, mejores prácticas y necesidades en materia de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe”7.

En noviembre de 2014, a través de la Decisión de Santiago, los países signatarios dieron inicio a la fase de negociación del Acuerdo Regional, creando un Comité de Negociación con miras a concluir su labor a más tardar en diciembre de 2017. En el año 2015 se elaboró la propuesta preliminar del Acuerdo Regional. Así durante los años

Declaración Sobre Aplicación Del Principio 10 De La Declaración De Río Sobre Medio Ambiente Y Desarrollo, 2012. [Disponible en: https://accessinitiative.org/ sites/default/files/declaracion_principio_10_espanol.pdf].]Fecha de consulta: 29 de abril de 2022]. Declaración Sobre Aplicación Del Principio 10 De La Declaración De Río Sobre Medio Ambiente Y Desarrollo, 2012. [Disponible en: https://accessinitiative.org/ sites/default/files/declaracion_principio_10_espanol.pdf].]Fecha de consulta: 29 de abril de 2022].

El Acuerdo de Escazú, sociedad del saber y democracia ambiental

2015, 2016 y 2017 estos países llevaron a cabo el proceso propiamente tal de negociación. El 4 de marzo de 2018 el Acuerdo de Escazú fue finalmente adoptado bajo la denominación oficial de Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe “luego de 2 años de reuniones preparatorias (2012-2014) y nueve reuniones del Comité de Negociación establecido en 2014, el cual tuvo una participación significativa del público”8. El Acuerdo de Escazú está abierto para la firma o adhesión de los 33 países miembros de América Latina y el Caribe. El tratado estuvo abierto para la firma entre 2018 y 2020. El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021 y a la fecha de confección de estas líneas contaba con 12 ratificaciones. A este respecto, Harrington ha señalado que la “entrada en vigor formal del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) ofrece una tremenda oportunidad para el cambio social, regulatorio y positivo legal. Representa un momento crítico para la región de América Latina y el Caribe, así como para la comunidad internacional en su conjunto, en términos de la capacidad para la aplicación efectiva y la consolidación de los laudables términos del Acuerdo de Escazú, como una cuestión que releva de la práctica y el derecho nacional”9. Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, este se negó a firmar el tratado, a pesar que Chile había sido uno de los países que había liderado esta iniciativa. De acuerdo con Hernández, las razones dadas por el gobierno de Sebastián Piñera serían que el Acuerdo “afectaría la soberanía nacional, debido a las competencias otorgadas a la Corte Internacional de Justicia, y que sería redundante para nuestro país,

Gonzalo Aguilar Cavallo

desde el momento en que tiene sus propias instituciones medio ambientales” que funcionan10. Sin embargo, esta situación se revirtió con la elección del gobierno de Gabriel Boric, quien firmó este tratado con fecha 18 de marzo de 2022 y ha presentado la iniciativa al Congreso Nacional para su aprobación. Esta es una noticia extremadamente positiva para la sociedad chilena, ya que, como sostiene Hernández, el Tratado complementará y revitalizará nuestro insuficiente marco institucional medioambiental, reconociendo el derecho a la información y a la participación en los procesos de toma de decisiones de las comunidades afectadas ante el modelo extractivista prevaleciente, junto con una protección adecuada y necesaria de los defensores medioambientales de nuestro país11.

3. RASGOS DISTINTIVOS Sin duda que este tratado internacional representa un avance para las democracias y Estados constitucionales de Latinoamérica y el Caribe. Los rasgos distintivos más relevantes que se pueden destacar son, por un lado, el Acuerdo de Escazú reconoce expresamente el derecho a un medioambiente sano. De hecho, David Boyd, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, sostuvo que el “Acuerdo de Escazú obliga a los Estados partes a garantizar el derecho a un medio ambiente saludable. Proporciona a los ciudadanos y las comunidades las herramientas necesarias para hacer responsable a los Estados de proteger y satisfacer este derecho fundamental”12. Junto con ello, tal como ha sostenido Zaineb Ali,

HERNÁNDEZ (2020). [Disponible en: https://www.glaciareschilenos.org/notes/ escazu-agreement-and-its-implementation-in-our-country/?lang=en]. [Fecha de consulta: el 25 de abril de 2022]. HERNÁNDEZ (2020). [Disponible en: https://www.glaciareschilenos.org/notes/ escazu-agreement-and-its-implementation-in-our-country/?lang=en]. [Fecha de consulta: el 25 de abril de 2022]. “UN experts hail landmark environmental treaty in Latin America and the Caribbean”, 9 November 2020. [Disponible en: https://www.ohchr.org/en/pressreleases/2020/11/un-experts-hail-landmark-environmental-treaty-latin-americaand-caribbean]. [Fecha de consulta: el 25 de abril de 2022].