TEMAS SELECTOS
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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Jorge A. Cerdio Herrán Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Owen M. Fiss Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luciano Parejo Alfonso
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Javier de Lucas Martín Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
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José Antonio Guevara Bermúdez Javier Dondé Matute
México, D.F., 2016
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Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/
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José Antonio Guevara Bermúdez y Javier Dondé Matute
© EDITA: TIRANT LO BLANCH MÉXICO DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 MÉXICO D.F. Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9086-675-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color ©
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES Magisterio Nacional núm. 133, Col. Tlalpan Del. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F. ISBN: 978-607-8447-09-1
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UNIVERSIDAD DE TLAXCALA Ave. Universidad S/N Colonia Centro CP 90000 Tlaxcala, Tlaxcala ISBN: 978-607-8432-46-2 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
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A MANERA DE PRÓLOGO: EL LARGO Y SINUOSO CAMINO DE MÉXICO HACIA LA JUSTICIA INTERNACIONAL Después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hace relativamente poco tiempo, México mostró dos caras en relación con la justicia. Por una parte, hacia dentro, la defensa férrea de la soberanía nacional produjo una suerte de clausura que mantuvo a la justicia mexicana impermeable a toda clase de circunstancias que pudieran modificar su lógica de funcionamiento, básicamente allanada a los designios del Ejecutivo, aunque a través de un conjunto de normas sustantivas y de procedimiento que plagadas de prejuicio emanaban del Legislativo, así como de formas de interpretación y aplicación en extremo formalista a cargo del Poder Judicial. Por la otra, hacia fuera, fue notable el activismo de la diplomacia mexicana en la construcción de un sistema de justicia de jurisdicción universal, a través de su participación en la redacción de las declaraciones, pactos, convenciones y demás instrumentos internacionales que desde entonces y hasta la fecha han venido dando forma a la conciencia jurídica internacional. Desde la segunda posguerra, la intensa actividad internacional en torno a la justicia mostró un impresionante despliegue que se manifestó en la aparición de un horizonte normativo e institucional supranacional que poco a poco constituyó un espacio nuevo, o renovado, para lo que simplemente no cabía en la justicia doméstica: la Corte Internacional de Justicia, Nüremberg y los tribunales ad hoc que le siguieron, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, las convenciones interamericana e internacional para prevenir y sancionar la tortura, el Estatuto de Roma, los múltiples instrumentos e instancias que configuraron la moderna lex mercatoria y, desde luego, lo que Bobbio y Treves denominaron proceso de multiplicación y especificación de los derechos humanos positivado en diversos instrumentos internacionales y sometido a jurisdicciones regionales y a una universal en la materia. La política exterior mexicana no fue ajena a estos procesos; de distintas maneras, jugó más bien un rol activo XV
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que, a caballo entre el apoyo y la reserva, metió al país en la espiral de la justicia internacional. Paradójicamente, por décadas la justicia doméstica mexicana funcionó, sin contrapeso, como un sistema que permitió castigar a los enemigos, empoderar y premiar a los amigos y aliados, fabricar culpables y exonerar criminales, todo ello en función de los intereses al mando del Estado y sostenido en una suerte de parroquialismo jurídico que ha solido calificar de extranjerizante y de riesgo para la soberanía cualquier intento de incorporar normas de origen internacional o de someter al Estado mexicano a las jurisdicciones extraterritoriales. Esta actitud mantuvo —y ha servido para mantener— tesis como la de la llamada doble jurisdicción o la de la supremacía constitucional que hasta hoy, sorprendentemente, continúan un debate —por ende, igualmente parroquial— sobre el lugar de la justicia internacional, sus órganos y tratados, en relación con la justicia nacional, sus instituciones y su know how. Paulatinamente, los caminos que trazan ambas historias —la de la espiral de la justicia internacional y la del parroquialismo nacionalista— han debido converger, por mor de la globalización, a la luz de la necesidad de transparentar, hacer rendir cuentas y, de modo más bien lento y no siempre progresivo, reformar a la justicia nacional. Los primeros pasos en ese proceso de convergencia se dieron de la mano de los preparativos que exigió la apertura económica del país hacia el exterior en los años ochenta y que fueron señalando el camino para un conjunto de reformas que impactaron ámbitos tradicionalmente mantenidos bajo estricto control del Estado —de manera especial, el electoral y el de la justicia— que dieron lugar, por una parte, a procesos de ciudadanización de la administración pública que culminaron con la creación —y con ello produjeron la generación de verdaderas expectativas de cambio— del Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; por la otra, ya en los noventa, con un proceso de reingeniería institucional en el Poder Judicial, tanto en lo federal como en lo local, que ha buscado hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un verdadero tribunal constitucional y de los poderes judiciales instancias que otorgaran certeza y predictibilidad al sistema jurídico nacional. México se abría al mercado internacional y abandonaba en ese ámbito el proteccionismo que marcó a los regímenes nacionalistas de los años setenta. El beneficio esperado de dicha apertura implicó, sin
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embargo, encarar consecuencias que la inercia transformadora en el plano económico iba a producir en otros espacios. La creación de los nuevos órganos autónomos se potenció con el ascenso y consolidación de una sociedad civil que, si bien ubicada predominantemente en la Ciudad de México, fue planteando nuevas agendas. Así vimos nacer y crecer movimientos sociales centrados en las elecciones y en la transición democrática, otros con preocupaciones ambientalistas, los movimientos de mujeres y, de modo protagónico, los movimientos y exigencias de las víctimas de la delincuencia. En el arco de tiempo que puede trazarse entre siglos, vimos también de qué manera la emergencia de esas nuevas agendas se reflejó en la preparación de un conjunto de reformas constitucionales que ya en al año 2000, y durante el sexenio del ex presidente Fox, comenzaron a introducir en el texto constitucional, de modo implícito al principio y siempre en conflicto con las posiciones más conservadoras, la noción de derechos humanos. Cabe recordar que ya desde el tiempo en el que se firmaron los tratados comerciales con Europa y con el norte de América, la cláusula de respeto a los derechos humanos se convirtió, al menos por un tiempo, en una condicionante importante que sin duda impulsó transformaciones inéditas, tanto en el plano normativo como en el de la política exterior. En el primero de estos planos, el cambio se materializó en la adición de la llamada cláusula de inclusión en el párrafo final del actual artículo primero constitucional, en las reformas al artículo segundo en materia de derechos de las personas indígenas, en los derechos de niñas, niños y adolescentes y de las mujeres introducidos en el artículo cuarto, en la reforma al artículo dieciocho en materia de derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal —donde, por cierto, por primera vez se introduce en el texto constitucional el término derechos fundamentales. En el segundo plano fue notoria la apertura política del Estado mexicano al escrutinio internacional, el establecimiento de nuevas relaciones con los sistemas de protección de derechos humanos de la onu y de la oea, la disposición para que se abriera en México una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para que los relatores de ambos sistemas vinieran periódicamente y realizaran observaciones críticas sobre el país. También esa apertura fue notoria en la ratificación del Estatuto de Roma en el año 2005, que aun con las reservas que hasta la fecha se mantienen, ha
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avanzado el camino para que la Corte Penal Internacional conozca de crímenes de su competencia cometidos en nuestro territorio nacional. En ese contexto, hacia finales del sexenio de Fox se prefiguraba igualmente un intenso trabajo para transformar a la justicia penal hacia un modelo basado en el proceso adversarial y en el debido proceso. Pero también, ya para entonces, los estragos de una política criminal errada llevada a cabo desde los inicios de ese mismo sexenio, dejaban ver con mucha claridad saldos negativos que terminaron por oponer en el debate público a la seguridad y los derechos humanos. Una muestra interesante de esta tensión puede apreciarse en la firma y ratificación, el mismo año 2005, de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada. Quizá por ello, la herencia que el combate a la delincuencia organizada quedó a su gobierno marcó a la administración Calderón como escenario de una suerte de impasse que ralentizó la apertura política hacia el exterior y profundizó la tensión entre la seguridad y los derechos humanos. No obstante que las inercias que derivaron finalmente en las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en materia penal y de derechos humanos respectivamente fueron, como es evidente, irrefrenables, ninguno de estos dos campos pudo evitar las resistencias de una gubernamentalidad de corte denodadamente autoritaria. En el primer caso, la propia reforma penal constitucional muestra una cicatriz en la convivencia inexplicable de un proceso penal adversarial, que debía ser gobernado por el debido proceso, y un derecho penal de excepción que fue justificado como la mejor salida frente a la delincuencia organizada. El segundo caso, el de la llamada reforma del verano de 2011, enfrentó esas resistencias en el contexto de un discurso presidencial de descalificación de la función jurisdiccional, del intento de sabotear la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la omisión legislativa frente al desarrollo de legislación secundaria que debió seguir a la reforma constitucional. En todo caso, el saldo de la política criminal llevada adelante por Felipe Calderón, marcado por consecuencias muy serias que se miden en términos de personas muertas —más de sesenta mil—, desaparecidas —más de veinte mil—, desplazadas —más de cien mil—, y por un contexto de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, motivaron que en buena medida las discusiones académicas sobre la justicia internacional dieran paso también al activismo que ha
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encontrado, tanto en la Corte Penal Internacional como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un escenario para la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Si alguna esperanza podría haberse figurado en ese sentido cuando, a principios del actual gobierno del presidente Peña, se reconoció el amplio movimiento de víctimas del país, pronto las reacciones del Estado frente a los informes recientes del Relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Ayotzinapa, del informe preliminar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unas semanas y respecto de las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —aderezadas por los desplantes nacionalistas de algunas organizaciones de víctimas que se rasgan las vestiduras ante la intervención extranjera y que hacen llamados al reconocimiento del valor de las fuerzas armadas y la policía nacionales—, anuncian una nueva era de clausura y de tensión con la jurisdicción internacional. Vale recordar también que ha sido este periodo en el que diversas resoluciones de la Corte han debilitado notablemente los alcances de la reforma de derechos humanos al revivir el debate sobre la supremacía constitucional, y que aún duerme el sueño de los justos la posibilidad de reformar el artículo 21 constitucional para superar la reserva que de facto ha impuesto México en torno a la jurisdicción plena de la Corte Penal Internacional. En este contexto, inaugurar una línea de investigación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) para concentrarse en estos temas resulta, además de un acierto académico, una oportunidad para producir, desde el ámbito universitario, incidencia política. Este libro representa un primer acercamiento del Grupo de Trabajo sobre Justicia Internacional y Derechos Humanos a diversos temas relacionados con la Corte Penal Internacional y constituye una invitación de sus coordinadores, José Guevara y Javier Dondé, para que quienes se interesan en la jurisdicción criminal supranacional discutan, profundicen, intercambien y produzcan conocimientos y reflexiones sobre este importante asunto. Los coordinadores del libro y quien esto escribe, todos miembros del Grupo de Trabajo sobre Justicia Internacional y Derechos Humanos de la UATx, agradecemos la generosidad del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de Tirant lo Blanch para que esta coedición haya
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sido posible. Estamos seguros de que esta publicación marca el inicio de un fructífero esfuerzo académico que se encamina a liderar la investigación nacional en estos temas. Enhorabuena. Luis González Placencia Grupo de Trabajo sobre Justicia Internacional y Derechos Humanos Universidad Autónoma de Tlaxcala Tlaxcala, Tlaxcala, verano de 2015
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INTRODUCCIÓN El sistema de la Corte Penal Internacional (cpi) lleva un poco más de diez años de funcionamiento, al haber entrado en vigor el instrumento que la crea el 1º de julio de 2002. Si bien tardó un par de años en que se establecieran las instalaciones de la Corte, se nombraran sus principales funcionarios incluidos los 18 jueces y su Fiscal y los primeros empezaran a llegar, a la fecha, prácticamente todas sus atribuciones han sido ejercidas por sus diferentes órganos: la Secretaría, la Fiscalía, la Presidencia, así como las Salas de Cuestiones Preliminares, de Juicio y de Apelaciones. Las resoluciones de la cpi de todos estos años exigen aproximaciones académicas y estudios regulares de las normas estipuladas en el Estatuto de Roma, para analizar si el tribunal se orienta a cumplir con uno de los objetivos para los cuales fue creado: combatir la impunidad de los peores crímenes de trascendencia para la comunidad internacional, es decir, la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Por lo anterior, los coordinadores de esta obra hemos considerado oportuno invitar a un grupo de especialistas a reflexionar con nosotros sobre diferentes temas en torno al Derecho penal internacional aplicable al complejo funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Esta obra cuenta, por un lado, con un conjunto de artículos que se refieren a desafíos de la Corte Penal Internacional en lo relativo a su tarea central de combatir la impunidad, en lograr una interpretación acertada sobre cierta categoría de crímenes de su competencia, imputar adecuadamente la responsabilidad de cierta clase de personas, emplear correctamente las pruebas sobre las que la Corte se tiene que basar para fincar responsabilidades penales individuales, así como los derechos de las víctimas. Un segundo conjunto de artículos de la obra se refiere a tres ensayos que buscan descifrar si en México se han cometido, o se están cometiendo, crímenes de la competencia de la Corte, particularmente XXI
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aquellos en contra de mujeres y niñas, así como de periodistas y migrantes. El ensayo de José R. Grijalva permite al lector aproximarse a uno de los principales desafíos de la cpi en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales: la soberanía estatal. El punto de inflexión o de contacto entre las atribuciones de la Corte y dicha soberanía estatal es, precisamente, la complementariedad. Se trata de un principio que consiste en que solamente la Corte podrá conocer de un crimen de su competencia cuando haya constatado que el Estado que tendría competencia no haya querido o podido investigar, procesar y castigar a los responsables. Es decir, la actuación de la jurisdicción penal internacional descansa en el buen funcionamiento de las instituciones del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. En el ensayo se argumenta que la inexistencia de impunidad, además, contribuye, como señala el autor, a garantizar la paz y seguridad internacionales. La contribución de Isabel Montoya Ramos, por su parte, analiza con un alto nivel de detalle el concepto de conflicto armado de carácter no internacional o interno. El análisis se hace a partir de los antecedentes normativos de la definición del Estatuto de Roma, sin embargo, también describe el proceso de negociaciones de dicho instrumento y cómo se llegó a un resultado que refleja dos umbrales o formas de interpretar el contexto de un conflicto de esa naturaleza. También se analizan los elementos legales del conflicto armado interno en las diferentes decisiones de la Corte Penal Internacional: en las órdenes de arresto y de comparecencia de acusados, en las decisiones de confirmación de cargo y en las sentencias de fondo. En su ensayo, Javier Dondé Matute reflexiona sobre una de las formas de imputación penal que la Corte Penal Internacional ha empleado y que ha generado abundantes discusiones en el ámbito académico e internacional: la empresa criminal común. Esta figura se analiza a partir de los precedentes dictados por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, de los dos artículos principales del Estatuto de Roma en los que se establecen las formas de responsabilidad penal individual, así como la jurisprudencia de la Corte. Se propone establecer la manera correcta de aplicar la figura de la empresa criminal común por la Corte Penal Internacional, sin vulnerar las disposiciones de su propio instrumento fundante: el Estatuto de Roma.
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INTRODUCCIÓN
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El ensayo de José Antonio Guevara Bermúdez analiza la forma en que el Estatuto de Roma, otros instrumentos complementarios y la primera sentencia de la cpi regulan las pruebas. Se analizan tanto los aspectos jurídicos como prácticos de una figura establecida por los órganos la Corte, que, en principio, busca auxiliar en el ejercicio de sus funciones: los intermediarios. Se hace una crítica a las atribuciones de los mencionados intermediarios y una propuesta para su regulación por dicho tribunal internacional. Paulina Vega González se aproxima con detalle a la forma en la que Estatuto de Roma regula; asimismo, cómo la Corte Penal Internacional ha hecho valer los derechos de las víctimas en sus procedimientos y jurisprudencia. Se analiza quiénes pueden ser consideradas víctimas en los procedimientos, las bases jurídicas para participar en los mismos, las modalidades de dicha participación, así como la forma en que la Corte las ha reconocido en las diferentes etapas: la investigación, la audiencia de participación de cargos, la fase del juicio, la etapa de apelaciones y de reparaciones. Se hace además una interesante reflexión sobre los derechos que podrían ejercer las víctimas si la Fiscalía anunciara la apertura de un examen preliminar de la situación de México. La obra cuenta otro bloque de artículos enfocados en el análisis de los crímenes cometidos en México a partir de 2006, fecha en que entró en vigor el Estatuto. Se analiza la situación de los crímenes cometidos en contra de tres diferentes colectivos y si pudieran ser considerados de la competencia de la Corte Penal Internacional. Francesca Tronco analiza la situación de las mujeres y niñas en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas” declarada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 y que a la fecha sigue vigente, con el objeto de discernir si en efecto se pueden calificar ciertas conductas como los homicidios contra mujeres como crímenes de lesa humanidad. Gabriel Soto Climent hace una reflexión en torno a si las agresiones cometidas en México en contra de periodistas pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad y busca constatar que, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, se reúnen los diferentes elementos de los crímenes que permitirían el ejercicio de la jurisdicción de dicho tribunal. Por su parte, el ensayo de Nancy J. López versa sobre si en México se pudiera hablar que los crímenes cometidos en contra de población
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migrante, podrían constituir crímenes contra la humanidad. También se analiza si la información sobre agresiones a periodistas reúnen los elementos del crimen contenidos en el Estatuto de Roma y si sería factible argumentar que estamos frente a esa naturaleza de crímenes. Con esta obra, los coordinadores buscamos despertar aún más la inquietud de investigadores, académicos y expertos en el estudio del Derecho penal internacional y en particular su subsistema jurídico creado a partir del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Además, con esta obra colectiva también pretendemos contribuir a la discusión sobre si en México estamos frente a crímenes de lesa humanidad y si, en efecto, la Corte Penal Internacional pudiera anunciar la apertura de un examen preliminar para dicho país. Dr. Javier Dondé Matute Dr. José Antonio Guevara Bermúdez
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APROXIMACIONES A LOS DESAFÍOS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL PENAL: SOBERANÍA Y COMPLEMENTARIEDAD José R. Grijalva Eternod 1. Introducción Escribir sobre los retos que la Corte Penal Internacional (cpi o la Corte) enfrenta en la actualidad no es tarea simple frente al incesante desarrollo de conflictos internos e internacionales. Este contexto evidencia que los desafíos que enfrenta la cpi –así como el Derecho internacional penal–1 no sólo son complejos sino también diversos y con amplias diferencias entre sí. La existencia de conductas criminales no contempladas en el Estatuto de Roma (er); la falta de consolidación de procesos que permitan a las víctimas un acceso efectivo a la verdad; los rigurosos requisitos para realizar un examen preliminar; el rol de la Fiscalía en la calificación –o descalificación– de la conducta estatal frente a violaciones graves a los derechos humanos; la estrategia de la Corte en la construcción de procesos de paz y en el desarrollo de una justicia restaurativa que repare eficazmente a las víctimas, etc.,2 son sin duda pendientes que deberán asumirse con la pretensión de darle a la cpi la posibilidad de cumplir con eficacia uno de los principales objetivos por el cual ésta se creó: combatir eficazmente la impunidad 1 Para efectos de este trabajo utilizo el concepto Derecho internacional penal para referirme al conjunto de normas internacionales diseñado tanto para proscribir los crímenes internacionales como para imponer a los Estados la obligación de perseguir y castigar a los responsables, en los términos que propone Cassese. Vid. A. Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 15. 2 Un análisis de estos y otros desafíos en Joaquín Mejía R. y Gerardo Ballesteros, Tres miradas latinoamericanas a la justicia penal internacional. Colombia, Honduras y México, Guaymuras, Tegucigalpa, 2014.
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de los graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Como resulta imposible, para efectos de este estudio, realizar un análisis exhaustivo de todas las problemáticas mencionadas, pretendo analizar lo que a mi entender parece ser la causa principal (o el común denominador) de éstas y otras cuestiones que desde finales del siglo xix han acechado el desarrollo de una verdadera justicia internacional penal: la falta de reconocimiento de la primacía de la justicia sobre la soberanía de los Estados. Dicho inconveniente, para nada menor, se materializa en la actualidad en un principio de complementariedad que se discute frente a los ideales transicionales rescatados en el er, cuyo objetivo era establecer un orden mundial basado en el respeto y garantía de los derechos humanos. Por ello, el propósito de este trabajo se inserta precisamente en este cuestionamiento: ¿pueden las aspiraciones establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos convivir con un principio que, en la práctica, ha ocasionado que la primacía otorgada a las jurisdicciones nacionales impida no solamente la investigación, enjuiciamiento y sanción de personas responsables de cometer los crímenes más graves de trascendencia internacional para la comunidad internacional en su conjunto, sino que también ha obstaculizado la consolidación de la justicia internacional penal que al día de hoy parece aún supeditada a una idea primitiva de soberanía que pretende anteponerse a la necesidad de generar una cultura de paz basada en la seguridad internacional y el respeto a los derechos humanos? Los defensores del principio de complementariedad3 sostienen que es precisamente para ello que se creó la Corte Penal Internacional: para salvaguardar los derechos de las víctimas de crímenes graves contra los derechos humanos en aquellos casos excepcionales en que el Estado no cumple con su obligación de reprimir dichas violaciones; es decir, cuando no ejerce eficazmente su poder soberano. Sin embargo, esta práctica estatal –que poco tiene de excepcional– conrevisión de estas posturas en Mauro Politi, The International Criminal Court and National Jurisdictions, Ashgate, Reino Unido, 2008; Jann Kleffner, Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions, Oxford University Press, Nueva York, 2008; Kai Ambos, The Colombian Peace Process and the Principle of Complementarity of the International Criminal Court. An Inductive, Situation Based-Approach, Springer, Londres, 2010. 3 Una
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tradice los fundamentos sobre los cuales se construyó un sistema de jurisdicción complementaria para la cpi y que en la práctica se han constituido como limitaciones para alcanzar los objetivos establecidos por la comunidad internacional en su conjunto. En consecuencia el presente trabajo analizará, en primer lugar, el binomio soberanía-derechos humanos con el objetivo de establecer cómo el desarrollo de un Derecho Internacional de los Derechos Humanos, basado en intereses comunes a la sociedad mundial, ha afectado de tal manera el concepto tradicional de soberanía que el Estado ya no puede invocar la exclusividad o preeminencia de jurisdicción sobre asuntos que impliquen violaciones a dichos valores colectivos. En segundo lugar, se realizará un estudio histórico de las razones y propósitos que llevaron a la creación de la cpi, el cual permitirá evidenciar que, aunque la intención original de dicho organismo era propiciar transiciones hacia regímenes democráticos, la estructura final parece inclinarse en sentido contrario al cimentarse en un sistema selectivo de Derecho internacional penal que, desde la lógica del poder militar, geopolítico y económico, incorpora agendas prioritarias a los intereses de las víctimas. En tercer lugar, se examinará la ruta que ha seguido el Principio de Complementariedad con la intención de mostrar los debates que se suscitaron con respecto al alcance de la jurisdicción de la cpi, para con ello, finalmente, definir qué sistema de jurisdicción sería una alternativa viable a la aplicación del principio de complementariedad como base de la activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 2. Telón de fondo: soberanía vs. derechos humanos A principios del siglo xx el Derecho internacional clásico,4 surgido con la Paz de Westfalia y consolidado durante los siglos xviii y xix, 4 La etapa clásica del Derecho internacional abarca, por lo general, el periodo comprendido entre la firma de los Tratados de Westfalia (1648) y el final de la Segunda Guerra Mundial (1945). Por su parte, el periodo contemporáneo del Derecho internacional se inicia con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, presentándose, desde entonces, diversos momentos de suma importancia en el desarrollo progresivo del ordenamiento internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la firma de los Pactos de Nueva York y la creación de la Corte Penal Internacional, por mencionar algunos.
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regulaba las relaciones entre Estados soberanos al ser éstos los que, mediante su consentimiento, producían las normas que delimitaban sus competencias pudiendo modificarlas libremente mediante acuerdos, ya que no existía una categoría definida entre ellas. De esta manera, los Estados, únicos sujetos de este Derecho internacional, eran los legisladores y los destinatarios de las normas jurídicas internacionales, generando con ello un sistema caracterizado por una falta de consideración a los seres humanos como posibles actores de las relaciones suscitadas en dicha comunidad internacional. Así lo afirmaba Dionisio Anzilotti, quien en 1905 aseguraba que la existencia en Derecho internacional de sujetos distintos a los Estados era simplemente inconcebible. En el mismo sentido se pronunciaba Lassa Francis L. Oppenheim, quien sostenía que los derechos humanos no gozaban de la protección del Derecho internacional porque éste regulaba únicamente las relaciones entre Estados, por lo cual no podía reconocer derechos a los individuos.5 Incluso después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de la creación de la Sociedad de Naciones y de la Organización Internacional del Trabajo establecidas por el Tratado de Versalles, las normas internacionales se dirigían únicamente a unas cuantas áreas de la actividad humana, siendo pocos los tratados internacionales establecidos, mientras que las prácticas de los Estados que daban lugar a la creación de obligaciones consuetudinarias eran difíciles de precisar.6 Lo anterior quedaba reafirmado por la entonces Corte Permanente de Justicia Internacional, que en el caso Lotus había declarado que los Estados eran prácticamente libres de hacer cualquier cosa que no estuviera prohibida expresamente por el Derecho internacional, lo cual imponía escasos límites a la acción estatal.7 En resumen, el Derecho internacional se encontraba definido por el principio de soberanía e independencia de los Estados. Sin embargo, esta situación fue cambiando por una nueva visión de las relaciones internacionales en la que se estimaba que los dereJuan Antonio Carrillo Salcedo, Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 2004, p. 12. 6 Al respecto, se puede consultar la obra de Philippe Sands, Lawless World: Making and Breaking Global Rules, Penguin Books, Londres, 2005, pp. 1-23. 7 Sentencia de 7 de septiembre de 1927 en el caso S.S. Lotus, en CPJI Serie A núm. 10, p. 18. 5 Cfr.
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