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Sanciones a Abogados y Procuradores Con ocasión de su actuación ante la Administración de Justicia

Ricardo Juan Sánchez Profesor Titular de Derecho Procesal Facultad de Derecho Universitat de València

tirant lo b anch Valencia, 2009

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Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de I + D del Ministerio de Educación y Ciencia SEJ 2005-08384-C02-01

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“Y esta tendencia, la de favorecer al cliente por delante de la verdad científica, no es algo que sencillamente se tolere. Forma parte del código deontológico del abogado. Así lo aceptamos y quizá no pueda ser de otra manera. No es una aberración faltar a la objetividad observando sólo aquello que favorece al cliente y ninguneando todo aquello que le perjudica. No es una aberración faltar a la inteligibilidad dando rodeos o trufando la esencia con matices. Y no es una aberración faltar a la dialéctica experimental acentuando unas contradicciones e ignorando otras”. Jorge Wagensber, “Jueces y científicos, tras la misma verdad”, EL PAÍS, 8 de diciembre de 2007.

Índice Abreviaturas..........................................................................................

PRIMERA PARTE I. INTRODUCCIÓN ......................................................................

II. PREVISIONES LEGALES SOBRE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES CON OCASIÓN DE UN PROCESO .................. 1. La Ley Orgánica del Poder Judicial .................................... 2. La Ley de Enjuiciamiento Civil ........................................... 3. La Ley de Enjuiciamiento Criminal .................................... 4. La Ley de Procedimiento Laboral ....................................... 5. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ......

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III. CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES “PROCESALES” ... 1. Por los sujetos pasivos de las mismas ................................. a) Sanciones a las partes procesales .................................. b) Sanciones a los profesionales causídicos ....................... c) Sanciones a imponer a terceros intervinientes en los procesos ........................................................................... d) Sanciones a imponer al público asistente a las vistas judiciales u otros actos procesales ................................. 2. Por el titular de la potestad sancionadora .......................... a) Sanciones competencia exclusiva de los titulares de la potestad jurisdiccional ................................................... b) Sanciones a imponer también por los Secretarios Judiciales................................................................................ 3. Por el bien jurídico protegido por la norma sancionadora . a) El adecuado desarrollo del proceso ................................ b) La posición institucional de la Administración de Justicia .................................................................................... d) El caso particular de las “multas coercitivas”: ejercicio estricto de potestad jurisdiccional .................................

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SEGUNDA PARTE I. DIVERSIDAD DE REGÍMENES SANCIONADORES DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES ...........................................

ÍNDICE

II. ÚNICO RÉGIMEN “DISCIPLINARIO-PROCESAL”.............. 1. ¿Existen “obligaciones” procesales de los Abogados y Procuradores?............................................................................. 2. Aplicación del 247.3 LECiv a Abogados y Procuradores .... 3. Elementos comunes de las sanciones previstas en la LECiv y en la LOPJ ......................................................................... a) El ámbito objetivo y el bien jurídico tutelado ............... b) Las sanciones previstas en los dos textos legales ......... c) El procedimiento sancionador........................................ III. COMPATIBILIDAD ENTRE LA RESPONSABILIDAD “DISCIPLINARIA-COLEGIAL” Y LA RESPONSABILIDAD “DISCIPLINARIA-PROCESAL” .......................................................

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TERCERA PARTE I. ESTADO DE LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA SOBRE EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LOPJ DE 1985 ........

II. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR................................................................................

III. DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL RÉGIMEN DE LA LOPJ ..................................................................................... 1. Justificación del régimen sancionador ................................ 2. El bien jurídico tutelado por las normas sancionadoras .... a) El debido respeto a la institución de la Administración de Justicia ....................................................................... b) El correcto desarrollo del proceso (la policía de estrados) .................................................................................. 3. El carácter jurisdiccional de los acuerdos sancionadores .. 4. La constitucionalidad del procedimiento sancionador ....... a) Respeto al principio de contradicción ............................ b) Inexistencia de fase instructora e imparcialidad judicial ................................................................................... c) El acceso a la justicia ..................................................... 5. El principio de legalidad ...................................................... 6. No suspensión de las resoluciones recurridas en amparo .

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IV. ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS SANCIONES A ABOGADOS Y PROCURADORES ................................................................. 1. Razones terminológicas ....................................................... 2. Razones estructurales ..........................................................

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ÍNDICE

a) La naturaleza administrativa de los órganos sancionadores ................................................................................ b) La naturaleza administrativa de la sanción ................. b.1) La naturaleza administrativa del acuerdo sancionador ....................................................................... b.2) La naturaleza administrativa del “recurso de alzada” ...........................................................................

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V. LAS GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.........................................................................................

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VI. LA SITUACIÓN DESIGUAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES FRENTE A JUECES Y MAGISTRADOS Y MIEMBROS DEL MINISTERIO FISCAL .....................................................

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VII. CONCLUSIÓN: LA ACTIVIDAD SANCIONADORA SOBRE ABOGADOS Y PROCURADORES NO PUEDE CONSTITUIR UNA AUTÉNTICA “JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA” .......

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EPÍLOGO ..............................................................................................

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ANEXOS I. Resumen de jurisprudencia....................................................... II. Tabla comparativa de disposiciones.......................................... III. Clasificación de las sanciones ...................................................

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BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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Abreviaturas y siglas Art./s.: CGPJ: LECiv: LOPJ: LECrim: LPL: LJCA: p. : pp.: STC: TC: Tol: TS: TJS: MF:

Artículo/s. Consejo General del Poder Judicial. Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley de Procedimiento Laboral. Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. página. páginas. Sentencia del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Tirant On-line. Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia. Ministerio Fiscal.

PRIMERA PARTE I. INTRODUCCIÓN La facultad prevista en diversos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 de que los Jueces y Magistrados puedan imponer sanciones económicas a los profesionales causídicos y otros sujetos que intervienen en el proceso civil, ha comportado la revitalización de una cuestión que hasta ese momento había pasado más bien desapercibida tanto en el ámbito puramente doctrinal como en el profesional. La aprobación de la LECiv ha despertado tanto el interés de los procesalistas como la inquietud de los profesionales de la abogacía y la procura. Hasta la fecha la situación de la cuestión se circunscribía básicamente a las previsiones que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 contemplaba en sus artículos 448 a 453 (hoy números 552 a 557, tras la reforma de la LO 19/2003, de 23 de diciembre) y que habían motivado un limitado debate alrededor de los cauces a seguir para la impugnación de las correcciones adoptadas por los titulares de la potestad jurisdiccional exclusivamente respecto de Abogados y Procuradores. La citada reforma de la LOPJ el año 2003 también ha supuesto un motivo adicional de estudio y análisis de estas cuestiones, pues prevé similar facultad sancionadora a los Secretarios Judiciales. Pero se ha dado otro factor no normativo que pone de actualidad el tema: las cada vez más numerosas ocasiones en que el Tribunal Constitucional se viene pronunciando sobre esta cuestión con motivo de diversos recursos de amparo que mayoritariamente denuncian una vulneración del derecho a la libertad de expresión de los Abogados y Procuradores en sus escritos forenses y/o actuaciones ante los Tribunales de Justicia.

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Este va a ser el objeto del presente trabajo, analizar la potestad sancionadora de los Jueces y Magistrados prevista en los arts. 552 y ss. LOPJ y su repercusión en el ejercicio de las profesiones de la abogacía y la procura. Ahora bien, debemos afirmarlo contundentemente desde un principio: se trata de la facultad sancionadora que se ejerce instrumentalmente para garantizar el correcto desempeño de la función jurisdiccional; pero en ningún caso se trata del ejercicio jurisdiccional de la potestad sancionadora del Estado. Si bien el Tribunal Constitucional (y el Tribunal Supremo que en esta materia no ha cuestionado la doctrina de aquél) atribuye naturaleza jurisdiccional a los acuerdos sancionadores adoptados con base en los arts. 552 y ss. LOPJ y, consecuentemente, no cabe frente a los mismos recurso alguno en la vía judicial ordinaria y sólo son revisables en sede constitucional a través del recurso de amparo, como se va a exponer en el presente trabajo son diversos los elementos que actualmente concurren para que el Tribunal Constitucional revise su doctrina a este respecto. La doctrina del máximo intérprete de la Constitución se ha construido sobre un error material cometido en las primeras sentencias que sobre esta materia dictara el Tribunal Constitucional. La STC 38/1988, de 9 de marzo, no reparó que la entonces nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 6 de julio de 1985 había provocado un profundo cambio en la naturaleza jurídica de las llamadas Salas de Gobierno de los Tribunales respecto de lo que se preveía en la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que sí reconocía a dichos órganos ciertas funciones estrictamente jurisdiccionales. Se incurre en ese mismo error en la STC 110/1990, de 18 de junio, y desde entonces no se ha reparado en el mismo. En la actualidad, no sólo la auténtica naturaleza de los órganos sancionadores (los acuerdos sancionadores adoptados por los Jueces y Presidentes de Tribunal son recurribles en alzada ante las Salas de Gobierno de los Tribunales Superio-

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res de Justicia de las Comunidades Autónomas) permite discutir la postura del Tribunal Constitucional. Como se ha dicho la ampliación de esa potestad sancionadora a los Secretarios Judiciales tras la reforma de 2003 debiera haber motivado un cambio en las sentencias más recientes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Pero no ha sido así. En cambio, en las bases de datos pueden consultarse resoluciones judiciales que, contrariamente a lo dicho por aquellos Altos Tribunales, sí resuelven recursos contencioso-administrativos contra dichas sanciones. Si se atiende a la jurisprudencia del TC y del TS, tras la resolución de los recursos de alzada por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia sólo procederá, en su caso, el recurso de amparo, para lo que habrá que haber agotado la “vía judicial previa”, incluyendo la petición de nulidad de actuaciones del actual art. 241 LOPJ, si procediera, como ha recordado el propio TC en sus SSTC 232/2005, de 26 de septiembre y 155/2006, de 22 de mayo. A esta circunstancia cabe añadir la reciente reforma del amparo constitucional por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, y el endurecimiento de los requisitos para acceder al TC a través de dicho recurso, si atendemos a lo dispuesto en los nuevos art. 49.1 y 50 de la LOTC. A la vista de este artículo, nos atrevemos a decir que muchos de los recursos planteados por los letrados sancionados —y que han sido resueltos favorablemente a estos— no habrían sido admitidos a trámite. Pero además, del detenido análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se constata cómo éste ha ampliado el ámbito objetivo de aplicación de este régimen sancionador, pues no lo limita a los hechos acaecidos con ocasión de estrictas actuaciones procesales, sino también durante comparecencias “informales” en la secretaria judicial. Si es así, resulta contradictorio sostener que los acuerdos sancionadores constituyen auténticos actos procesales, ya de dirección procesal o de otra naturaleza.

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Aún más. No todas las normas sancionadoras que se analizarán tutelan idéntico bien jurídico. Si efectivamente quiere establecerse una “vinculación teleológica” de estas sanciones con el “desenvolvimiento” del proceso, no se explica cómo buena parte de aquellas normas, según el propio Tribunal Constitucional, lo que tutelan es el debido respeto a la Administración de Justicia, no al proceso como institución jurídica. Tampoco se explica según esa pretendida teleología qué justifica que se sancionen, como se ha dicho, comportamientos de los profesiones causídicos en situaciones no formalmente procesales. Estas son las cuestiones principales que se van a analizar a lo largo del presente trabajo. Pero además el análisis del régimen sancionador de la LOPJ sirve para poner de manifiesto la poca sistemática que existe en nuestro ordenamiento procesal en material general de sanciones a Abogados y Procuradores. ¿Regulan —aun parcialmente— los mismos comportamientos la LOPJ y la LECiv? ¿Dónde residen las diferencias entre las sanciones previstas en la LOPJ y la LECiv —particularmente el art. 247 en materia de buena fe procesal—? Este análisis nos llevará a concluir sobre la existencia de un único régimen “procesal” de responsabilidad de los Abogados y Procuradores, al margen siempre el disciplinario colegial y el estrictamente penal, por lo que no está justificada una dualidad de regulaciones de la actuación procesal de estos profesionales. Como se verá, para estos la LOPJ ya daba suficiente soporte legal para castigar ciertos comportamientos procesales, sin que la nueva LECiv haya añadido nada nuevo, salvo algunos aspectos puntuales (por ej. cuantificación de la multa). En cambio, la LECiv sí comporta una novedad respecto de otros intervinientes procesales, en particular para las propias partes formales. Así queda definido el objeto del presente trabajo, pero antes de proceder al detenido análisis de las cuestiones apuntadas, procedemos a reseñar las numerosas previsiones legales que otorgan potestad sancionadora a Jueces, Magistrados y Secretarios Judiciales.

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II. PREVISIONES LEGALES SOBRE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES CON OCASIÓN DE UN PROCESO 1. La Ley Orgánica del Poder Judicial La LOPJ contempla diversas situaciones en la que procederá la imposición de multas u otras sanciones correctoras. De una parte, se contempla el ejercicio de las facultades de policía de estrados o policía de sala destinadas a mantener el orden en las salas de vistas (arts. 190 a 195 LOPJ). Estas previsiones, como se deduce claramente del art. 193.2 LOPJ, son de aplicación exclusiva a cualquier sujeto presente en la sala a excepción de los representantes causídicos que actúen en juicio. Estos preceptos, además, extienden dichas facultades sancionadoras a los funcionarios del Secretario Judicial para el mantenimiento del orden en aquellas actuaciones que se “celebren únicamente ante él en las dependencias de la Oficina Judicial”. De otra parte, la LOPJ prevé sanciones en los arts. 552 a 557 LOPJ, que a pesar de la rúbrica del Título V del Libro V de dicha Ley (“De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas”), sólo se refieren a Abogados y Procuradores y constituyen objeto esencial del presente estudio. Además de las anteriores previsiones generales, la LOPJ contempla otras sanciones en los arts. 228 LOPJ (multa de 180 a 6.000 euros por el indebido planteamiento de un incidente de recusación); y 241 (de 90 a 600 euros por la desestimación del incidente de nulidad). En conclusión, la LOPJ contempla la posibilidad de que se sancione a cualquier sujeto interviniente en juicio y/o presente en Sala.

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2. La Ley de Enjuiciamiento Civil La LECiv es la ley procesal que contempla un mayor número de comportamientos sancionables por los Jueces y Magistrados —y, aunque discutible, por los Secretarios Judiciales—. Al igual que la LOPJ, la LECiv establece que los Jueces y Magistrados, con el fin de mantener el orden a la dirección de los debates podrán corregir las faltas de “quienes se hallen actuando ante ellos” (art. 186.1º). Pero no es esta la novedad que presenta la LECiv sobre la materia, sino una regulación más detallada y prolija de la faculta sancionadora de los titulares de la potestad jurisdiccional que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. De una parte, contiene una referencia genérica en el art. 247 LECiv a las correcciones que se deben imponer a “las partes” y a “los profesionales intervinientes” en el proceso por no respetar “la buena fe procesal”. De otra parte, consistan o no en concreciones del principio de buena fe procesal, la LECiv contiene referencias concretas a sanciones (multas) específicas en los siguientes supuestos que se citan a título de ejemplo: – Incidente de recusación planteado de mala fe (art. 112). – No actuar con diligencia en los actos de auxilio judicial (art. 176). – Provocar nuevos señalamientos (art. 183.5). – Mantener el orden en las vistas (art. 186). – Presentar indebidamente un incidente de nulidad (228.2). – Presentar documentos indebidamente (art. 270.2). – Alegar nuevos hechos con mala fe (art. 286). – No ejecutar una prueba en el tiempo previsto (art. 288). – No comparecer a una vista (arts. 292.1 y 4 y 304).

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– Impugnar documentos públicos con temeridad (art. 320.3). – Formular tachas indebidamente (art. 344.2). – No remisión de respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades públicas (art. 381.2). Otros artículos que cabe citar: arts. 190.2; 270.2; 589.3; 699; 709; 776.

3. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 La LECrim, bajo la rúbrica de “Facultades disciplinarias del Presidente del Tribunal” prevé que se puedan imponer multas “para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al Tribunal y a los demás poderes públicos” (art. 684). Este es el único precepto que contiene una norma general sobre el tema, que como se puede comprobar coincide con la previsión de la LOPJ. En cambio, sí hay diversas referencias, muchas menos que en la LECiv, a ciertas conductas que son sancionables “disciplinariamente” con la imposición de multas. No obstante, estas previsiones todavía reflejan un evidente anacronismo en la determinación de la cuantías a imponer en concepto de multa. La LECrim sanciona con multa las siguientes actuaciones: – Incidentes de recusación promovidos con temeridad o mala fe (art. 70). – Negativa de testigos a firmar la diligencia de notificación (art. 171). – No concurrir al primer llamamiento cuando existiere ese deber (art. 175). – No entregar los autos en plazo (art. 215). – Infringir el deber de denunciar (art. 259 y 262). – Revelar indebidamente el secreto del sumario (art. 301).

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– Facultativos que se nieguen a auxiliar a los tribunales (346). – Testigos que no concurren al primer llamamiento (420). – No notificación por el testigo del cambio de domicilio (art. 446). – Perito que no informe de su derecho de dispensa (art. 464). – Negarse a exhibir objetos o papeles (575). – No comparecencia de testigos y peritos (art. 661). – Negativa a declarar del testigo (art. 716). – Facultativo o sanitario que a requerimiento de la policía judicial no presta el auxilio solicitado (art. 770.1º). – Alegar hechos en falsos en el recurso de queja (art. 870). – No comparecencia de partes, testigos o peritos en juicio de faltas (art. 967). Estas son todas las previsiones que la LECrim contiene al respecto, si bien contiene otras escasas referencias a la imposición de sanciones al personal auxiliar (art. 181) o a los agentes de la policía judicial (art. 295). Pero estas sanciones obedecen a otro régimen sancionador distinto al que examinamos en este trabajo.

4. La Ley de Procedimiento Laboral La Ley de Procedimiento Laboral de 1995 puede considerarse el referente inmediato de buena parte de las previsiones que sobre la materia contiene la LECiv. De una parte, la previsión del art. 97.3 de que la sentencia que ponga fin a la primera instancia pueda imponer una “sanción pecuniaria” a los litigantes que hayan obrado “de mala fe o temeridad”, constituye una cláusula general y un claro antecedente de lo previsto en el art. 247 LECiv.

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Por otra parte, el art. 239.2 y 3 contempla la imposición de apremios económicos para las partes procesales y multas coercitivas a los terceros que deben colaborar en la ejecución de los pronunciamientos, anticipándose así lo que posteriormente ha previsto la LECiv, entre otros, en el art. 709. Además la LPL prevé sanciones en las siguientes situaciones: – Planteamiento de una cuestión de competencia con fines meramente dilatorios (art. 14). – No devolución de los autos en plazo (art. 48). – Negarse a recibir la cédula de citación (art. 57). – Incomparecencia injustificada al acto de conciliación (art. 66). – Actuaciones dilatorias (art. 150). – Revisión de las multas impuestas (arts. 202 y 226).

5. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa Se trata de la Ley procesal más parca al respecto, contemplando sólo la imposición de multas coercitivas frente a la Administración demandada que adopta una postura obstruccionista para el normal y efectivo desarrollo del proceso y su ejecución. En concreto, estas multas se prevén en los siguientes casos: – No remisión del expediente administrativo (art. 48. 7 y 9). – Incumplimiento de lo sentenciado (art. 112.a).

III. CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES “PROCESALES” Proponemos a continuación una clasificación de las sanciones que se pueden imponer con ocasión de actuaciones fo-