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3ª EDICIÓN

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

textos legales

Ley de Propiedad Intelectual

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Ley de Propiedad Intelectual 3ª Edición

FERNANDO BONDÍA ROMÁN

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com incorporada a la ficha del libro. En www.tirant.com dispondrá de un servicio con los textos legales básicos y sectoriales actualizados como complemento de su libro. Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-420-5 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE PRÓLOGO........................................................................................ 11 PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN....................................................... 15 PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN........................................................ 21 1. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REGULARIZANDO, ACLARANDO Y ARMONIZANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA................. 29 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL LIBRO I. DE LOS DERECHOS DE AUTOR............................................... 31 TÍTULO I. Disposiciones generales................................................ 31 TÍTULO II. Sujeto, objeto y contenido........................................... 32 CAPÍTULO I. Sujetos................................................................... 32 CAPÍTULO II. Objeto................................................................... 33 CAPÍTULO III. Contenido.............................................................. 36 Sección 1.ª Derecho moral....................................................... 36 Sección 2.ª Derechos de explotación.......................................... 37 Sección 3.ª Otros derechos...................................................... 46 TÍTULO III. Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones legales................................................................................... CAPÍTULO I. Duración................................................................. CAPÍTULO II. Límites.................................................................. CAPÍTULO III. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales........

56 56 57 72

TÍTULO IV. Dominio público......................................................... 72 TÍTULO V. Transmisión de los derechos.......................................... 72 CAPÍTULO I. Disposiciones generales.......................................... 72 CAPÍTULO II. Contrato de edición.................................................... 78 CAPÍTULO III. Contrato de representación teatral y ejecución musical........... 84 TÍTULO VI. Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales..... 88 TÍTULO VII. Programas de ordenador............................................. 93

ÍNDICE

LIBRO II. DE LOS OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA PROTECCIÓN «SUI GENERIS» DE LAS BASES DE DATOS..................... 99 TÍTULO I. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes........... 99 TÍTULO II. Derechos de los productores de fonogramas................... 108 TÍTULO III. Derechos de los productores de las grabaciones audiovisuales.................................................................................... 112 TÍTULO IV. Derechos de las entidades de radiodifusión................... 116 TÍTULO V. La protección de las meras fotografías........................... 118 TÍTULO VI. La protección de determinadas producciones editoriales. 118 TÍTULO VII. Disposiciones comunes a los otros derechos de propiedad intelectual........................................................................ 119 TÍTULO VIII. Derecho «sui generis» sobre las bases de datos.......... 120 LIBRO III. DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN ESTA LEY............................................................................................ 124 TÍTULO I. Acciones y procedimientos............................................ 124 TÍTULO II. El Registro de la Propiedad Intelectual.......................... 132 TÍTULO III. Símbolos o indicaciones de la reserva de derechos........ 133 TÍTULO IV. Las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley..................................................................................... 133 TÍTULO V. Protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos............................................... 169 TÍTULO VI. Régimen sancionador de las entidades de gestión......... 173 LIBRO IV. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.............................. 177 Disposiciones adicionales.................................................................. 182 Disposiciones transitorias.................................................................. 185 Disposición derogatoria..................................................................... 193 Disposición final.............................................................................. 196

ÍNDICE

2. LEY 3/2008, DE 23 DE DICIEMBRE, RELATIVA AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DEL AUTOR DE UNA OBRA DE ARTE ORIGINAL...................................................................................... 197 3. LEY 21/2014, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.......... 207 4. REAL DECRETO-LEY 12/2017, DE 3 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, EN CUANTO AL SISTEMA DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA........................................................................ 231

NORMATIVA GENERAL Y SECTORIAL VINCULADA CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SELECCIÓN) POR ORDEN CRONOLÓGICO 5. REAL DECRETO DE 24 DE JULIO DE 1889 POR EL QUE SE PUBLICA EL CÓDIGO CIVIL........................................................................... 247 6. LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 SOBRE HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN............................... 249 7. LEY 9/1975, DE 12 DE MARZO, DEL LIBRO................................... 253 8. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.......................................................... 255 9. LEY 11/1988, DE 3 DE MAYO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES.................. 257 10. LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL..................................................................................... 259 11. LEY 28/1998, DE 13 DE JULIO, DE VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES.................................................................................. 263 12. LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS............................ 265 13. LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. 267

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14. LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO........................... 269 15. LEY 20/2003, DE 7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL........................................................................ 277 16. LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL.................................. 279 17. LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, PARA EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL...................................................................... 281 18. LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN............................................................................ 283 19. REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO................................................................ 287 20. LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES............................... 289 ÍNDICE ANALÍTICO.......................................................................... 297

PRÓLOGO Desde los inicios de la presente legislatura, también en las anteriores, se ha venido anunciando la voluntad del legislador de promulgar una nueva ley de propiedad intelectual que supere la actual y venga a satisfacer los intereses, no necesariamente contrapuestos, de todos los sectores sociales afectados: autores y demás titulares de derechos, industrias, prestadores de servicios (de la sociedad de la información y de otra naturaleza), usuarios o consumidores de productos y servicios amparados por los derechos de propiedad intelectual. Es decir, los intereses de la sociedad en su conjunto, que reclaman la protección y el estímulo de la creatividad, de la innovación y de la ciencia, pero también un fácil y asequible acceso a la cultura, al conocimiento y a la información. Parece, pues, que a lo largo de esta legislatura tendremos una nueva ley, aunque es posible que iniciativas procedentes de la Unión Europea puedan retrasar el proceso de su elaboración definitiva hasta que no se conozcan los borradores o propuestas de nuevas directivas que se preparan, como, entre otras, la relativa al mecanismo de compensación por la excepción de la copia privada. Ya existe en avanzado estado de elaboración una Propuesta de Directiva sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, de 24 de mayo de 2011 (está pendiente de publicarse la propuesta modificada), que son aquellas cuyo titular no puede ser identificado o localizado. Acaba de publicarse una Propuesta de Directiva sobre gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual [COM (2012) 372 final, 11.7.2012] que, aunque está muy centrada en el campo de las obras musicales y las licencias multiterritoriales a ellas referidas, contempla aspectos generales para todo tipo de entidades de gestión, en especial los relativos a la flexibilización de las relaciones entre los titulares de derechos y las entidades de

Prólogo

gestión, así como a la transparencia y publicidad de sus actividades. Otra directiva está en periodo de incorporación a los ordenamientos internos de los Estados miembros, que vence el 1 de noviembre de 2013, la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2011 por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE (versión codificada) relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. También parece ineludible la reforma de la directiva que contempla los límites o excepciones a los derechos de explotación. Es decir, el proceso de unificación de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la UE resulta imparable y exige la adopción de sucesivas normas armonizadoras, pero ello no debería paralizar el proceso de instauración de un nuevo marco jurídico nacional que se adecue a la realidad social, que no ponga trabas al desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías de la información y que acabe con la ambigüedad e inseguridad jurídica que se deriva del actual. Existen varias publicaciones que suelen ofrecer con cierta extensión la muy amplia normativa sobre propiedad intelectual. La que aquí se presenta recoge fundamentalmente el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 (TRLPI), que desde la fecha de su promulgación ha sufrido varias modificaciones. Obviamente el texto propuesto contempla todas ellas, pero también refleja, inmediatamente a continuación del vigente y con caracteres tipográficos diferenciados, el texto derogado de los artículos que han sido objeto de modificaciones con posterioridad a su entrada en vigor y, en el caso de que hubiera habido varias, solamente la última. De este modo se proporciona instantáneamente su consulta a efectos de cuestiones de Derecho transitorio y, sobre todo, para la adecuada comprensión de la norma. También se incluyen otros textos legales o reglamentarios vinculados con la propiedad intelectual, tanto de carácter general

Prólogo

como sectorial, pero no todo el cuerpo normativo completo, sino solamente una selección de aquellas normas que afectan directa y especialmente a la propiedad intelectual, que son las que resultan de más frecuente uso y aplicación para el estudioso de la materia y, por tanto, las únicas que verdaderamente suelen interesar. Inevitablemente, esta elección de textos y selección de preceptos implica cierta dosis de subjetivismo que quizá pueda, en alguna ocasión puntual, reducir la utilidad de esta publicación. Eso puede suceder igualmente con cualquier otra de naturaleza semejante, por muy amplia que sea y por muchas pretensiones de exhaustividad que tenga, pues solo se podrá agotar o completar la normativa considerada mediante herramientas electrónicas, salvo que nos enfrentemos a gruesas ediciones de ejemplares difícilmente manipulables. No se incluyen, sin embargo, los numerosos instrumentos internacionales de protección de la propiedad intelectual ni la normativa de desarrollo del TRLPI, por reciente que sea (como el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual o las Órdenes ECD de 28 de febrero y 16 de marzo de 2012), pues ello iría en contra del objetivo que se persigue. Tampoco, por la misma razón, el texto de las directivas ya incorporadas, aunque sí figura la Directiva 2011/77/UE sobre ampliación del plazo de protección para los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas por su incidencia en la legislación vigente. En cualquier caso, se recoge aquí en la forma indicada una edición que será de utilidad a quienes precisen consultar de manera habitual una legislación que abarca las más amplias actividades del quehacer diario, ya sean juristas, profesores, alumnos, profesionales de las industrias culturales o de la información o, en general, cualquier persona interesada. Con ello se pretende proporcionar un instrumento fácilmente manejable que posibilite un rápido acceso

Prólogo

y una ágil consulta de los preceptos fundamentales y básicos que comprenden el marco jurídico nacional vigente de la propiedad intelectual.

Fernando Bondía Román Madrid, julio de 2012

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN Esta segunda edición obedece a la promulgación de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI), y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En su disposición final cuarta se anuncia que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, es decir, antes del 1 de enero de 2016, el Gobierno deberá realizar los trabajos preliminares necesarios (o sea, ha de suponerse, presentar un texto) para acometer «una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento». Pero mientras tanto, tal como se dice en la Exposición de Motivos, existen problemas cuya solución no debe dilatarse y que requieren la adopción a corto plazo de medidas dirigidas a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual. De ahí, pues, la oportunidad y necesidad de la modificación operada. Pese a que esta reforma pueda parecer un parche que no tiene justificación suficiente por su ámbito reducido y por el planteamiento de cuestiones que posteriormente deberán ser reconsideradas a la vista de la nueva ley anunciada o de pronunciamientos judiciales pendientes, creo que su conveniencia no puede ser puesta en entredicho o censurada. El proceso de cambios legislativos en ámbitos que, como el de la propiedad intelectual, requieren frecuentes adaptaciones a las nuevas realidades sociales que genera el desarrollo de la tecnología, suele hacerse de manera progresiva y parcial, sin introducir mutaciones radicales en el ámbito considerado y tratando de hacer frente, si no a todas las cuestiones que suscita el devenir de la realidad, sí a aquellas que no admitan demora sin perjuicio grave para los titulares de derechos de pro-

Prólogo a la segunda edición

piedad intelectual o, lo que es lo mismo, para el desarrollo de la cultura, la creatividad y la innovación. Parece por tanto prudente y aconsejable adelantarse con esta modificación puntual a una reforma integral de la legislación relativa a la propiedad intelectual, sobre todo cuando se lleva lustros trabajando en ella sin que existan datos que avalen la pronta presentación de un texto, pese a la declaración de intenciones o voluntarismo del legislador, y estando ante una legislatura que parece ha de darse por finiquitada en lo que se refiere a la presentación de nuevas propuestas legislativas. Otra cosa es el juicio técnico que pueda merecer la modificación operada, así como la efectividad de las medidas adoptadas para tratar de resolver los problemas contemplados. En relación con el ajuste conceptual y sistemático de varios preceptos de la Ley 21/2014, debe señalarse que su redacción es, además de desmesurada y más propia de un reglamento que de una ley, abigarrada, tortuosa y críptica, resultando a veces verdaderamente difícil desentrañar el sentido, alcance o significado de la disposición normativa, así como su encaje y compatibilidad con otros artículos de la ley. Pero, lamentablemente, esta forma de legislar ni es nueva ni queda reducida al ámbito de la propiedad intelectual, pues lleva décadas produciéndose y ha mancillado textos normativos tan paradigmáticos, señeros y venerables como el Código civil. El objetivo declarado de la reforma consiste fundamentalmente en reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual mediante la adopción de decisiones relativas a las tres materias siguientes: la copia privada, las entidades de gestión colectiva y la infracción de derechos a través de internet, aunque algunas de las medidas dirigidas a tal fortalecimiento no parece que se muestren, a primera vista y sin perjuicio de lo que revele su aplicación práctica, muy eficaces o ajustadas plenamente a Derecho, al menos si atendemos a los dictámenes emitidos por, entre otros, el Consejo

Prólogo a la segunda edición

de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido se sigue manteniendo el sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su conformidad con lo dispuesto en el Derecho europeo (Directiva 2001/29/ CE). Pero al margen de lo anterior, en realidad dicho sistema resulta seriamente devaluado a la vista de la extraordinaria reducción del límite de la copia privada, que constituye el fundamento de la compensación y, en consecuencia, determina su cuantía. En relación con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, se trata de establecer mecanismos que garanticen un mayor control y transparencia de las mismas sin esperar, con buen criterio, a la transposición de la Directiva 2014/26/UE (para lo cual no había materialmente tiempo). Con tal propósito se recoge una batería de disposiciones dirigidas básicamente a las obligaciones de las entidades para con la Administración pública, con sus asociados y con los terceros o usuarios de su repertorio, destacando en relación con estos últimos la creación de la tan necesaria ventanilla única de facturación y pago. Asimismo se amplían las facultades de inspección, vigilancia y control por parte de las Administraciones competentes, con sus correspondientes potestades sancionadoras, siendo relevantes las competencias atribuidas a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para velar por que las tarifas generales establecidas por las entidades sean equitativas y no discriminatorias. Todo ello debe merecer un juicio favorable más allá de las imperfecciones o defectos que se puedan apreciar o denunciar. Como la función de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración en el entorno digital, encomendada a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual,

Prólogo a la segunda edición

no se había revelado eficiente, se acomete una nueva regulación del fenómeno no solo en el ámbito administrativo de la Comisión (art. 158 ter LPI), que sigue sin actuar frente a los internautas o usuarios que se descargan contenidos ilícitos, sino también en tema de responsabilidad civil (art. 138 LPI) y en sede procesal mediante una nada desdeñable modificación de los arts. 256 y 259 LEC. En realidad este aspecto es el más relevante y decisivo de toda la reforma, en la medida en que se establece un sistema de responsabilidad indirecta al considerar también como infractor a quien induzca la conducta infractora, coopere con la misma o pueda controlar la conducta del infractor y se beneficie económicamente de ella. Es de esperar que esta nueva regulación contribuya a que España deje de liderar, junto con otros Estados, los ranking mundiales de descargas de archivos piratas a través de internet. Además de lo anterior, se incluyen otros temas no menores que han sido objeto de modificación por la Ley 21/2014, entre los que conviene mencionar el relativo al límite o excepción de la ilustración con fines docentes o investigadores y el que afecta a los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos. Este último otorga a los editores el derecho a percibir de los agregadores una compensación o remuneración equitativa que, sorprendentemente, tiene carácter irrenunciable, el cual normalmente se aplica a los derechos remuneratorios de los autores y artistas en cuanto titulares originarios, no a titulares derivativos como los editores, pese a que nos encontremos ante una obra colectiva. Este derecho irrenunciable quizá no satisfaga a todos los editores y no parece que tenga mucho recorrido. Sobre el límite a los derechos de propiedad intelectual que contempla la libre utilización de obras y demás objetos o prestaciones protegibles con fines educativos o de investigación científica, se amplía considerablemente el ámbito de su aplicación, pues la

Prólogo a la segunda edición

regulación anterior lo hacía impracticable, y se permite la libre utilización de partes de libros de texto y manuales universitarios siempre que los autores y editores perciban de los centros usuarios una remuneración equitativa, que tiene también el carácter de irrenunciable (para autores y editores en este límite, a diferencia del relativo a los agregadores de contenidos, que no se aplica conjuntamente con los autores, y del límite de la copia privada, que es irrenunciable solo para autores y artistas). La efectiva aplicación de esta excepción dependerá de la cuantía de la remuneración que se establezca, pues cantidades desorbitadas que comprometan seriamente el presupuesto de las universidades e impidan la correcta prestación del servicio público de la educación superior no son de recibo. Finalmente, la Ley de modificación LPI ha servido también para incorporar al Derecho español la Directiva 2011/77/UE (con un retraso de 14 meses) y la Directiva 2012/28/UE (con un retraso de 2 meses, el mínimo habido desde que comenzó la armonización europea en propiedad intelectual con los programas de ordenador en el año 1991). La primera directiva amplía determinados plazos de duración de la protección sobre los fonogramas y se garantiza que también se beneficien de la ampliación los artistas intérpretes o ejecutantes que intervienen en los mismos. La segunda trata de la obras huérfanas, que son aquellas cuyo autor se desconoce o se conoce pero no se puede localizar, y permite que, tras una búsqueda diligente, determinadas instituciones culturales y organismos de radiodifusión puedan digitalizarlas para su acceso y disfrute por los ciudadanos. Debe llamarse la atención sobre la entrada en vigor de la Ley 21/2014 pues, aunque el grueso de la misma lo ha hecho el 1 de enero de 2015, existen cinco artículos que lo harán a lo largo de 2015, por lo que se impone la consulta de su disposición final quinta.

Prólogo a la segunda edición

A la espera, pues, de una nueva LPI, las modificaciones producidas en el Texto Refundido LPI de 1996 deben merecer, en mi opinión, una valoración positiva al margen de objeciones puntuales como algunas de las señaladas y otras más que quizá se puedan añadir. Resulta verdaderamente complicado acertar en una regulación que satisfaga a todos los sectores implicados y que además colme sus expectativas, legítimas sin duda, pero necesariamente parciales y, por tanto, sesgadas. En principio y por principios, la conformación de las leyes viene determinada por los intereses generales y el bien común que, en el caso de la propiedad intelectual, se manifiestan en ajustar la protección que requieren los autores y demás titulares de derechos con el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el desarrollo de la sociedad del conocimiento; desideratum que, por otra parte, no debe hacernos olvidar la influencia de lobbys, grupos de presión o clientelares presentes en la regulación de la materia considerada, como también en cualquier otra, aunque bien es verdad que en la propiedad intelectual se manifiesta con especial virulencia. Por último, no queda sino recordar que las características de esta edición persiguen, al igual que la primera, que por su tamaño y contenido sea fácilmente transportable y manipulable, ofreciendo el marco legal nacional vigente (con el texto derogado de los artículos que han sufrido modificaciones y, en el caso de varias, solamente la última), sin normas reglamentarias, internacionales o comunitarias, así como una selección de preceptos de otras leyes nacionales vinculadas con la propiedad intelectual que resultan de más frecuente uso o aplicación.

Fernando Bondía Román

Florida de Liébana (Salamanca), enero de 2015