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tirant lo blanch

Vademécum

DE DERECHO PENITENCIARIO

FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA Juez de Vigilancia Penitenciaria

ROSARIO DE VICENTE MARTÍNEZ Catedrática de Derecho Penal

Valencia, 2015

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© FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA ROSARIO DE VICENTE MARTÍNEZ

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A mis hijos Gemma y Ă lvaro, fugitivos del mundo del Derecho F. de Marcos A nuestros alumnos de Derecho penitenciario R. de Vicente

Abreviaturas A/AA AN AP CE CP D DA DGIIPP ET JCVP JI JP JVP LECRIM LOGP LOPJ RD RDL RP RSP S/SS SAN SGIIPP TC TCJ TS

Auto/s Audiencia Nacional Audiencia Provincial Constitución española Código penal Decreto Disposición Adicional Dirección General de Instituciones Penitenciarias Estatuto de los Trabajadores Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria Juzgado de Instrucción Juzgado de lo Penal Juez de Vigilancia Penitenciaria Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley Orgánica General Penitenciaria Ley Orgánica del Poder Judicial Real Decreto Real Decreto Ley Reglamento Penitenciario Reglamento de Servicio de Prisiones Sentencia/s Sentencia Audiencia Nacional Secretaría General de Instituciones Penitenciarias Tribunal Constitucional Tribunal de Conlictos de Jurisdicción Tribunal Supremo

A ACTIVIDAD PENITENCIARIA La actividad penitenciaria es una actividad reglada sometida, por tanto, a los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. Dicha actividad se debe de ejercer respetando la personalidad humana de los internos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena. La actividad penitenciaria tiene dos ines: incardinar todas las ac­ tividades tendentes a la reinserción y reeducación de los internos y servir de centro de retención y custodia de las personas sometidas a pena privativa de libertad. Regulación normativa: artículos 1 a 3 LOGP; artículos 2 a 4 RP. Jurisprudencia: SSTC 2/1987, de 21 de enero (Tol 340215), 28/1988, de 23 de febrero (Tol 80139), 150/1991, de 4 de julio (Tol 80562), 209/1993, de 28 de junio (Tol 82231), 72/1994, de 3 de marzo (Tol 82480), 119/1996, de 8 de julio (Tol 83052), 2/1997, de 13 de enero (Tol 71551), 81/1997, de 22 de abril (Tol 71555).

ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS O CONDENAS La acumulación jurídica de penas o condenas supone la ijación de un límite máximo de cumplimiento en el supuesto de concurrencia de una pluralidad de aquéllas de cumplimiento simultáneo. Regulación normativa: artículo 76 CP. Jurisprudencia: STS 197/2006, 28 de febrero de 2006 (Tol 817518).

ACUMULACIÓN MATERIAL DE PENAS O CONDENAS Vid. Refundición de condenas o refundición penitenciaria.

ADELANTAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL El adelantamiento de la libertad condicional es un beneicio peni­ tenciario. Dos meses antes de la fecha de cumplimiento de las 2/3 partes de la condena de los penados clasiicados en tercer grado de tratamiento, la Junta de Tratamiento valorará la procedencia de ele­ var al Juez de Vigilancia Penitenciaria propuesta de adelantamiento de la libertad condicional, siempre que concurran los requisitos es­ tablecidos en los artículos 90 y 91 del Código penal, esto es, que el penado se encuentre en el tercer grado de tratamiento, que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta, que haya observado buena conducta y que exista respecto de los sentencia­ dos un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, siempre que haya desarrollado continuadamente y de forma excep­ cional actividades laborales, culturales o ocupacionales. Regulación normativa: artículos 90 y 91.1 CP; artículo 205 RP. Jurisprudencia: AAP de Cádiz de 16 de agosto de 2003 (Tol 312677).

ADELANTAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL ADICIONAL Concurriendo los requisitos de la libertad condicional anticipada en el penado, una vez superada la mitad de condena, a propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fis­ cal y de las demás partes, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá adelantar la concesión de la libertad condicional en relación a las dos terceras partes del cumplimiento, hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena, siempre que habiendo desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales o ocupacionales aquél, se acredite, además, la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso.

Regulación normativa: artículos 90 y 91.2 CP; artículo 205 RP. Jurisprudencia: AAP de Madrid de 27 de julio de 2010.

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA La Administración penitenciaria es aquel sector de la Administra­ ción que tiene por cometido el cooperar con la ejecución de la pena de prisión, de ciertas penas privativas de derechos (trabajo en be­ neicio de la comunidad) y de determinadas medidas de seguridad, así como con la ejecución de las medidas cautelares privativas de libertad (detención y prisión provisional). El in primordial de su actividad es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y pe­ nados (vid. Actividad penitenciaria). Salvo en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene transferida la competencia, la ejecución de la legislación penitencia­ ria corresponde al Estado, que la desarrolla a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, incardinada en el Ministe­ rio del Interior. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cata­ luña, tal actividad se lleva a cabo a través de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, adscrita al Departamento de Justicia. Regulación normativa: artículo 1 LOGP; RD 400/2012, de 17 de febrero; RD 873/2014, de 10 de octubre; Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

ADMINISTRADOR El Administrador tiene rango de Subdirector y es a quien se le en­ comienda la gestión económica de la prisión: efectuar las transfe­ rencias de los saldos de peculio de los internos, extender los talones de las cuentas bancarias del centro penitenciario junto con la ir­

ma mancomunada del Director, rendir las cuentas ante los órga­ nos competentes con el visado del Director y el informe de la Junta Económico­Administrativa, etc. Regulación normativa: artículo 282 RP.

AEROSOLES Dentro de los medios coercitivos (vid. Medios coercitivos), se re­ coge el uso de aerosoles de acción adecuada. Sin embargo, por las diicultades en su aplicación por las condiciones de seguridad para preservar la integridad física exigidas, se ha desechado su uso. Así la Instrucción DGIIPP de 7 de abril de 1994 suspende su uso, que se alza por Instrucción DGIIPP 14/1994 de 15 de julio. La Instruc­ ción DGIIPP 21/1996 ija unas condiciones de uso de aquéllos que hacen poco práctico el recurso a tal medio (el uso debería ser prefe­ riblemente en espacios abiertos, por tiempo poco prolongado y con reconocimiento médico posterior del interno sobre el cual se hubiere aplicado). Esta última Instrucción es derogada por la Instrucción SGIIPP 6/2006, que ya no hace referencia a tal medio coercitivo. Regulación normativa: artículo 45 LOGP; artículo 72.1 RP.

AISLAMIENTO EN CELDA El aislamiento en celda es una sanción, la más grave del catálogo de sanciones, por suponer una separación absoluta respecto del resto de la población reclusa del interno sancionado en una celda, con exclusión de sus contactos con el mundo exterior. Como sanción autónoma no puede sobrepasar los 14 días, ni los 21 en caso de incremento por repetición de infracción, ni de 42 días en supuestos de cumplimiento sucesivo. La sanción de aislamiento en celda debe ser utilizada solamente en casos extremos —cuando se maniieste una evidente agresividad o violencia por parte del interno, o cuando éste reiterada y gravemente

altere la normal convivencia en el centro— ya que implica una con­ inación separada del resto de los reclusos en una celda con condi­ ciones especiales. Regulación normativa: artículos 42.2 a) y b) y 76.2 d) LOGP; artículo 111 RP. Jurisprudencia: SSTC 2/1987, de 21 de enero (Tol 340215), 128/1996, de 9 de julio (Tol 78643), 52/2004, de 13 de abril (Tol 397354).

AISLAMIENTO PROVISIONAL Es un medio coercitivo que consiste en el coninamiento en solita­ rio de un interno en una celda por un tiempo indeinido en tanto cesa la alteración regimental que motivó su aplicación (vid. Medios coercitivos). Regulación normativa: artículo 72 RP. Jurisprudencia: STC 2/1987, de 21 de enero (Tol 340205).

ALARMA SOCIAL Por alarma social cabe entender el estado de opinión pública negati­ vo que genera una determinada tipología delictiva y que enlaza con el concepto de prevención general como uno de los ines de la pena (vid. Prevención general). Lo que no cabe es recurrir a tal concepto a la hora de adoptar la medida cautelar de prisión provisional, pues vulneraría la presunción de inocencia. Jurisprudencia: SSTC 47/2000, de 17 de febrero (Tol 24429), 191/2004, de 2 de noviembre (Tol 508781).

ALIMENTACIÓN Sobre la Administración pesa el deber de proporcionar una alimen­ tación adecuada y controlada sanitariamente. Al tiempo, en la medi­

da de lo posible, sin que constituya un derecho incondicionado, han de respetarse las convicciones religiosas y ilosóicas. Se trata ésta de una de las áreas, la confección de los racionados, en las cuales se fomentará la participación de los internos. Los alimentos tienen consideración de objetos prohibidos, de forma que no pueden introducirse en los paquetes que reciben los inter­ nos. En el servicio de Economato (vid. Economato), que tiene un carácter complementario, se pueden adquirir una variada gama de productos alimenticios. Y en algunos casos, cabe también acudir al servicio de Demandadero para tal in (vid. Demandadero). Regulación normativa: artículo 21 LOGP; artículos 51.1, 55.2, 230.4 y 307 a 312 RP. Jurisprudencia: AAP de Palencia de 20 de abril de 1999; AAAP de Madrid de 6 de julio de 2006, de 22 de enero de 2010 (Tol 3599101), de 28 de febrero de 2011 (Tol 3720982).

AMONESTACIÓN Es una de las sanciones aplicables a las faltas leves y, aunque no hay un concepto legal de aquélla, cabe entender que consiste en la reprensión del interno en orden a hacerle ver la gravedad de los he­ chos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro. Regulación normativa: artículo 42.2 f) LOGP; artículo 233.3 RP.

APLICACIÓN ARTÍCULO 10 LOGP Es la aplicación del régimen de vida cerrado (vid. Régimen cerrado) a los internos preventivos y que responde a la peligrosidad de aqué­ llos exteriorizada en el delito imputado o bien a su inadaptación al régimen de vida ordinario (vid. Régimen ordinario). La aplicación

de ese régimen de vida se comunica al Juez de Vigilancia Peniten­ ciaria y al Juez o Tribunal del que dependa el interno preventivo, si bien el control de tal medida corresponde al primero. Regulación normativa: artículo 10 LOPG; artículo 97 RP. Jurisprudencia: AAP de Cádiz de 20 de enero de 2010.

ARQUITECTURA PENITENCIARIA La Arquitectura penitenciaria es la aplicación de los recursos técni­ cos de tal área del conocimiento al diseño de las prisiones, coordi­ nándose los aspectos espaciales y funcionales de aquéllas. El modelo que se adopta en nuestro país, dentro del concepto de establecimiento polivalente, es el denominado de Centros Tipo, que se caracteriza por la existencia de una estructura urbana modular en la que se integran ediicios, calles y plazas; y todo ello enmarcado en una serie de anillos concéntricos de seguridad alrededor de un recinto interior. En este modelo existirían unos Ediicios externos, que son los utilizados por personas no internas; unos Ediicios de servicios, que son los utilizados por internos de forma no continua­ da (Cocinas, Talleres Productivos y Deportivo­Cultural); y Edii­ cios con presencia permanente de internos (Módulos Polivalentes, Módulos Residenciales, Módulo de Régimen Cerrado, Enfermería e Ingresos, Salidas y Tránsitos) (vid. Centro Tipo). Regulación normativa: artículos 10 a 14 RP.

ASISTENCIA LETRADA Los internos no tienen derecho a la asistencia letrada de oicio sino tan sólo en el caso de tener que formular un recurso de apelación contra las decisiones del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Fuera de estos casos, ya ante las actuaciones de la Administración, ya del Juz­ gado de Vigilancia Penitenciaria, no tienen reconocido tal derecho.

No obstante, sin el carácter de asistencia letrada de oicio, algunos Colegios de Abogados, con colaboración de la correspondiente Co­ munidad Autónoma, prestan un servicio de asesoramiento gratuito a los internos. Regulación normativa: DA 5ª LOPJ. Jurisprudencia: SSTC 83/1997, de 22 de abril (Tol 71556), 42/2008, de 10 de marzo (Tol 1273863).

ASISTENCIA POSTPENITENCIARIA En el momento de la excarcelación de una persona detenida, presa o penada, le será entregado un certiicado acreditativo del tiempo que estuvo privada de libertad o de la situación de libertad condicional, en su caso, así como, si lo solicita el interno o debe proseguir su tra­ tamiento médico, informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica. Si careciese de medios económicos, la Administración penitenciaria le facilitará los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos. Si la privación de libertad lo fue por tiempo superior a seis meses, puede tener derecho al subsidio de excarcelación, que tiene una du­ ración de seis meses, prorrogables por otros dos periodos de igual duración, hasta un máximo de dieciocho meses. Regulación normativa: artículo 30 RP; artículo 205 y DA 66 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de junio); Instrucción SGIIPP 2/2014.

ASISTENCIA RELIGIOSA Los internos tienen reconocido el derecho a la libertad religiosa, debiendo la Administración facilitar los medios para el ejercicio de aquélla. Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confe­

sión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas, pu­ diendo habilitarse un espacio para la práctica de los ritos religiosos, sin que pueda ser obligado ningún interno a asistir o participar en los actos de una confesión religiosa. Los internos tienen reconocido el respeto a la alimentación, los ritos y los días de iesta de su respectiva confesión, en la medida que sea posible. Regulación normativa: artículo 54 LOGP; artículo 230 RP; Instrucción SGIIPP 6/2007. Jurisprudencia: AAP de Asturias de 7 de mayo de 2012 (Tol 3619956).

ASISTENCIA SANITARIA El derecho a la vida y la salud de las personas que se encuentran internados en centros penitenciarios constituye una obligación que la Administración debe garantizar. La atención sanitaria es una actividad básica de los establecimientos penitenciarios. Las características de la población reclusa, así como la prevalencia de determinadas patologías, hacen que la sanidad ten­ ga una importancia singular. La atención sanitaria se enmarca dentro de un concepto de aten­ ción integral del recluso, cuyo eje es la Atención Primaria. Todos los centros penitenciarios cuentan con una enfermería dotada de los medios técnicos precisos para desarrollar con eicacia su labor. Al frente está un equipo de profesionales sanitarios —médicos, enfer­ meros y auxiliares— organizados en equipos de Atención Primaria que son los responsables de garantizar la atención sanitaria gratuita a todos los internos. Además de la atención en consulta ordinaria o urgente, la actividad de los profesionales sanitarios se centra en promover la educación para la salud y en realizar labores preventivas entre los internos.

La institución penitenciaria asegura además la atención médica es­ pecializada hospitalaria y extra­hospitalaria a través de conciertos con los Servicios Públicos de Salud dependientes de las Comunida­ des Autónomas. También se han implantado servicios de diagnós­ tico por telemedicina. Regulación normativa: artículo 3.4 LOGP; artículos 207 a 209 RP. Jurisprudencia: STC 48/1996, de 23 de marzo (Tol 104646); AJVP núm. 2 de Alicante de 5 de abril de 2013 (Tol 4033879).

ASISTENCIA SOCIAL PENITENCIARIA La asistencia social penitenciaria comprende todas aquéllas acti­ vidades dirigidas a solucionar los problemas de los internos y sus familiares como consecuencia de la privación de libertad, al tiempo que pretende contribuir al desarrollo integral de aquéllos. Tal labor se lleva a cabo a través de los Trabajadores sociales. Los servicios sociales penitenciarios han de coordinarse con las re­ des públicas de asistencia social, pudiendo colaborar con la Admi­ nistración entidades públicas o privadas de asistencia a los internos. Regulación normativa: artículos 74 y 75 LOGP; artículos 62 y 227 a 229 RP; Instrucción SGIIPP I 2/2012. Jurisprudencia: STSJ de Cataluña de 28 de febrero de 2003 (Tol 279816).

B BAJA EN REDENCIÓN La baja en redención es la declaración hecha por el Juzgado de Vi­ gilancia Penitenciaria relativa al cese en la generación de redención de penas por el trabajo (vid. Redención de penas por el trabajo),

pronunciamiento judicial que puede obedecer o bien a la reiteración de la mala conducta, entendiéndose que aquella media cuando, el interno comete una segunda falta grave o muy grave sin haber obte­ nido previamente la invalidación de la anteriores, siendo necesario que la primera sanción sea irme cuando se comete la segunda, o bien a que se haya quebrantado la condena. Regulación normativa: artículo 65.3.b) del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956. Jurisprudencia: STC 186/2003, de 27 de octubre (Tol 319143); SAP de La Rioja de 4 de junio de 1998.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Todos los objetos o artículos que contengan alcohol se consideran productos no autorizados y en ningún caso podrán venderse en el economato del centro penitenciario. Regulación normativa: artículo 303.2 RP.

BENEFICIOS PENITENCIARIOS Los beneicios penitenciarios son todas aquellas medidas que per­ miten la reducción de la duración de la condena impuesta en senten­ cia irme o de la del tiempo efectivo de internamiento. Legalmente los factores que se tienen en cuenta para su concesión son: la buena conducta, el trabajo, la participación en actividades de reeducación y reinserción social y la evolución positiva en el proceso de reinserción. Los beneicios penitenciarios son el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular. Existe otro beneicio penitencia­ rio, de carácter residual, que es la redención de penas por el trabajo, aplicable a aquellos condenados a penas privativas de libertad bajo el Código penal de 1973.

Estas medidas constituyen un importante estímulo para los internos para llevar una buena conducta y obtener una convivencia ordenada en el centro penitenciario. Regulación normativa: artículos 202 a 206 RP. Jurisprudencia: AAP de Barcelona de 24 de agosto de 2007; AAP de Madrid de 27 de julio de 2010.

BIBLIOTECAS En cada Centro penitenciario debe haber una biblioteca que faci­ lite el acceso de los internos a la formación educativa. Para cumplir con tal cometido deberán tener unos medios adecuados, como por ejemplo los libros necesarios para cubrir las necesidades culturales, educativas y profesionales de los internos que tendrán acceso a ella por el sistema de servicio ambulante. Los mismos internos podrán participar en la gestión de la biblioteca y proponer la adquisición de libros con los fondos de la misma, incluso de idiomas extranjeros cuando exista un importante número de internos extranjeros que participan del idioma que se requiere. Esta posible participación, ac­ tiva el proceso motivador en la integración del interno en la cultura, o al menos eso se pretende. En las bibliotecas se ponen a disposición de los internos, libros, dia­ rios y ordenadores (sin transmisión por diskettes, cintas o conexio­ nes a redes de comunicación —como por ejemplo internet—), todo ello para favorecer un proceso evolutivo que ayude a la consecución del proceso reeducador y de reinserción. Regulación normativa: artículo 57 LOGP; artículos 127 a 129 RP.

BUEN ORDEN REGIMENTAL Se trata de un principio propio del ámbito penitenciario y que hace referencia al cumplimiento de las normas propias del régimen peni­

tenciario, esto es las normas que permiten una normal convivencia en prisión. Precisamente uno de los objetivos del régimen discipli­ nario sería la salvaguarda de tales disposiciones. Regulación normativa: artículo 41 LOGP; artículo 231 RP.

C CACHEOS El cacheo del interno es una medida de seguridad interior que con­ siste en registrar a una persona de forma minuciosa con el in de en­ contrar objetos o sustancias prohibidas que el interno puede ocultar en su persona o entre las ropas que viste. Los cacheos, consuetudi­ naria práctica de las prisiones españolas desde tiempos inmemora­ bles, se realizan sobre el cuerpo de las personas para detectar objetos prohibidos y sólo deben hacerse por razones de seguridad con mo­ tivos concretos y fundados, excluyendo los sistemáticos, generales y arbitrarios. Se trata de una medida que, en el ámbito penitenciario, puede es­ tar justiicada no sólo en razones muy concretas y especíicas, sino incluso en consideraciones de carácter general que atienden a la ne­ cesidad de preservar la seguridad y el buen funcionamiento interno de los Centros Penitenciarios, y muy concretamente, a evitar la cir­ culación de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos entre los internos. Los cacheos pueden ser de tres tipos en función del criterio mante­ nido por el Centro Directivo: 1. Cacheo ordinario: el funcionario procede a extraer de los bolsillos del interno lo que lleve, registra la ropa, pasando las manos, palpan­ do, a lo largo de los brazos, tronco y piernas. El cacheo ordinario se realiza mediante palpaciones y no requiere que interno se desnude para su realización.

2. Cacheo de urgencia: se trata de buscar un objeto determinado. En estos casos el funcionario pasa sus manos a lo largo del brazo, tronco y piernas del interno. Se trata de un cacheo supericial sobre las extremidades. 3. Cacheo con desnudo integral: se practica cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Reglamento. El fun­ cionario coloca al interno cara a la pared, le saca todo lo que lleve en los bolsillos, procede al registro de toda su ropa y una vez desnudo se comprueba que no oculta nada entre las piernas, dedos, pelo, orejas o boca. Regulación normativa: artículo 23 LOGP; artículo 68 RP. Jurisprudencia: SSTC 35/1996, de 11 de marzo (Tol 82970), 218/2002, de 25 de noviembre (Tol 224825); SAN de 1 de marzo de 2004 (Tol 433.241).

CACHEOS CON DESNUDO INTEGRAL El cacheo con desnudo integral ha sido objeto de una intensa po­ lémica porque resulta indudable que incide en el ámbito de la inti­ midad corporal del interno por ello sólo debe ser realizado cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las perso­ nas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Estableci­ miento. La medida siempre debe tener carácter excepcional y exige cumplir los criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana. La competencia para autorizar la realización de cacheos con des­ nudo integral reside en el Jefe de Servicios y debe ser realizado por funcionarios del mismo sexo que el interno, preservando en todo momento la intimidad, por tanto, debe realizarse en lugar cerrado y sin estar delante otros internos. Regulación normativa: artículo 68 RP.

Jurisprudencia: SSTC 57/1994, de 28 de febrero (Tol 82465), 204/2000, de 24 de julio (Tol 62170), 218/2002, de 25 de noviembre (Tol 224825), 196/2006, de 3 de julio (Tol 964377), 171/2013, de 7 de octubre (Tol 3992608); AAP de Madrid de 30 de mayo de 2012 (Tol 3655544).

CANCELACIÓN DE SANCIONES Las sanciones se cancelan a los seis meses, tres meses o un mes, según sean muy graves, graves o leves, a computar desde el cumpli­ miento de la sanción, siempre que en tales plazos el interno no haya incurrido de nuevo en una falta muy grave o grave. Regulación normativa: artículo 260 RP.

CÁRCEL La cárcel es el lugar donde se cumplen las penas y medidas de segu­ ridad privativas de libertad. Las cárceles españolas están diseminadas por todo el territorio na­ cional lo que permite que los internos cumplan su condena en la institución más próxima a su lugar de origen y evitar así el desarrai­ go familiar y social (vid. Centro Penitenciario; vid. Establecimiento Penitenciario; vid. Prisión).

CELDA La celda es un habitáculo destinado a ser ocupado por el detenido, preso o penado. Si bien es cierto que tanto la Ley Orgánica Ge­ neral Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario establecen con carácter general que cada interno ocupará una celda individual, asimismo admite la posibilidad de convivencia de varios internos en la misma celda por insuiciencia temporal de alojamiento u otras ra­ zones. La legislación penitenciaria no consagra un derecho subjetivo a habitación o celda individual.