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PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA Análisis jurídico, criminológico y de ámbito publicitario de las disposiciones finales de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA

Análisis jurídico, criminológico y de ámbito publicitario de las disposiciones finales de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Mª SONSOLES VIDAL HERRERO-VIOR Coordinadora

tirant lo blanch Valencia, 2022

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Acceso al trabajo de campo asociado a esta publicación

ÍNDICE PRÓLOGO...................................................................................................

Antonio García-Pablos de Molina

PRESENTACIÓN........................................................................................

Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior

CUESTIONES GENERALES DE LA LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTENGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA........................................

Catalina-Gabriela Gamazo Olaguíbel Miryam Menéndez de Llano Casa Cristina Ramírez Sañudo

I. Génesis y contenido................................................................... 17 II. Razón de ser de la ley: compromisos internacionales y relevancia de la materia................................................................... 18 III. Conexión con los derechos humanos y el interés superior del menor........................................................................................ 20 IV. Ámbito objetivo: protección integral, violencia y buen trato.. 22 V. Ámbito subjetivo: menores de edad y personas obligadas........ 24 CAPÍTULO I LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA: MEDIDAS DE INTERVENCIÓN, NIVELES DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS...................................................................................

Ana Isabel Berrocal Lanzarot

I. Introducción.............................................................................. 27 II. Ámbito de aplicación subjetivo, objetivo y fines de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia................................................................................... 36 III. Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.............................................................................. 41 IV. Niveles y ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas............................................................................... 51 V. Referencias bibliográficas....................................................... 111

Índice

CAPÍTULO II ENTORNOS SEGUROS DE ACTUACIÓN Y OBLIGACIONES EN LA LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES Y ADOLESCENTES FRENTE A LA VIOLENCIA. UNA ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO FAMILIAR................................................................................................. 115 Ana Isabel Berrocal Lanzarot

I. Consideraciones previas. ......................................................... II. Entornos seguros de actuación. ............................................. III. Obligaciones y deberes de las Administraciones Públicas. ... IV. Referencias bibliográficas. ....................................................

115 116 157 165

CAPÍTULO III PROYECCIÓN CRIMINOLÓGICA Y JURÍDICO-PENAL DE LA PROMOCIÓN DEL SUICIDIO, LA AUTOLESIÓN Y LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE MENORES DE EDAD............................................. 171 Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior

I. Introducción............................................................................ II. La salud mental en la infancia y la adolescencia, una preocupación compartida a escala internacional............................... III. El suicidio en la infancia y la adolescencia, una cruda realidad.......................................................................................... IV. Conductas autolesivas en la infancia y la adolescencia.......... V. Los trastornos alimentarios en la infancia y la adolescencia.. VI. Promoción, fomento, facilitación o incitación al suicidio, a la autolesión y al trastorno alimentario de menores de edad a través de la tecnología............................................................. VII. Prevención del suicidio, la autolesión y los trastornos alimentarios a través de la tecnología en la infancia y la adolescencia..................................................................................... VIII. Conclusiones...................................................................... IX. Referencias bibliográficas.....................................................

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196

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CAPÍTULO IV EL DERECHO PROCESAL AL SERVICIO DE LAS VÍCTIMAS, LOS MENORES Y LAS PERSONAS NECESITADAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. MODIFICACIONES PROCESALES EN LA LECRIM POR LA LEY 8/2021.................................................................................. 215 Álvaro Vidal Herrero

I. Introducción............................................................................

215

Índice

II. La prueba preconstituida del artículo 449.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la declaración del menor en el juicio oral.......................................................................................... III. Personación de víctimas del delito para el ejercicio de la acción penal o de perjudicados para la acción civil de los arts. 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.................... IV. Limitaciones a la exención de la obligación de denuncia del artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal................ V. Limitaciones a la dispensa de la obligación de declarar como testigos de los parientes de art. 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...................................................................... VI. Las órdenes de protección del artículo 544.ter, apartados 6 y 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal................................. VII. Referencias bibliográficas....................................................

216

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CAPÍTULO V TUTELA PENAL Y CRIMINOLÓGICA DEL ABUSO Y AGRESION SEXUAL A MENORES DE DIECISEIS AÑOS EN LA LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA............................ 249 Fernando Santa Cecilia García

I. Introducción y bien jurídico................................................... 249 II. Diferentes tipos penales......................................................... 254 III. Disposiciones comunes y complementarias........................... 268 IV. Valoración criminológica y político-criminal........................ 281 V. Valoración final..................................................................... 290 VI. Bibliografía........................................................................... 291 CAPÍTULO VI VARIACIONES LEGALES EN MATERIA PUNITIVA EN EL CODIGO PENAL INTRODUCIDAS POR LA LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA..................................... 297 Carmen Yolanda Valero Fernández

I. Introducción........................................................................... II. Finalidad de la pena.............................................................. III. Modificaciones punitivas introducidas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en el Código Penal............................... IV. La prescripción, tras la modificación sufrida por la LOPIVI, en el Código Penal...................................................................

297 300 301 329

Índice

V. Registro central de delincuentes sexuales y de información sobre violencia contra la infancia............................................... 330 VI. Conclusiones......................................................................... 332 VII. Referencias bibliográficas.................................................... 335 CAPÍTULO VII SEXUALIZACIÓN, OBJETIVIZACIÓN Y ESTEREOTIPOS EN LA LOPIVI ¿PUEDE LA LEY PROTEGER AL MENOR EN LA ERA DIGITAL?.................................................................................................. 339 Carmen Llovet Rodríguez Ana Pérez Escoda Gemma Barón Dulce

I. Introducción............................................................................ II. Regulación de la publicidad comercial dirigida al menor de edad en España,....................................................................... III. Publicidad que coadyuva a generar cualquier forma de violencia....................................................................................... IV. Publicidad que atenta contra la dignidad de la persona, en especial la que vulnera los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española......................................................... V. Estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homofóbico o transfóbico, o por razones de discapacidad.......................... VI. Conclusiones y recomendaciones.......................................... VII. Referencias bibliográficas....................................................

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PRÓLOGO ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA

Catedrático Emérito de Derecho Penal y de Criminología Universidad Complutense de Madrid

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como Ley Rhodes y comúnmente denominada LOPIVI, ha supuesto el corolario de uno de los compromisos de la Agenda 2030, con el objetivo de poner fin de forma efectiva a cualquier suerte de maltrato contra los más vulnerables: los menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de una especial protección. La intención del legislador muestra, sin duda, una enorme sensibilidad por la infancia y la adolescencia, hasta el punto de querer dar respuesta a cualquier forma de violencia ejercida sobre el menor de edad, sobre la base de la idea de «buen trato», un concepto amplio -pero también ambiguo- que unifica los objetivos de la hoja de ruta que supone la Agenda 2030 a nivel internacional. Cualquier persona que lea con detenimiento esta norma jurídica, podrá apreciar con cierta sorpresa, la enorme competencia otorgada a las Administraciones Públicas en materia de protección de menores, circunstancia que, cuando se pone en relación con un concepto tan amplio de violencia como el que marca la ley, termina por infravalorar la tutela judicial efectiva que sólo corresponde a los jueces y tribunales. Lo que impide de facto que esta norma, que tiene como principal objetivo «violencia cero sobre la infancia y la adolescencia», llegue a ser de forma eficaz plenamente protectora para el menor de edad. El verdadero sentido de esta ley se recoge en sus Disposiciones Finales, en que se reforman preceptos, entre otros, del Código Civil, del Código Penal, y de las principales leyes en materia procesal, como son la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esta obra se analizan y clarifican, desde una perspectiva jurídica y criminológica, las cuestiones de fondo que han sido objeto de modificación legislativa, alejada de un planteamiento ideológico o político,

Antonio García-Pablos de Molina

pues, en definitiva, lo fundamental es la protección de los más vulnerables. Ello ilustrará a quien lo lea, sea o no lego en Derecho. No puedo dejar de mencionar la gran sensibilidad que muestran los autores en el abordaje de las distintas cuestiones que afectan a los menores de edad objeto de maltrato en la infancia y/o en la adolescencia. Cuánto dolor produce el abuso o la desatención cuando se es pequeño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, hasta interferir en su desarrollo integral, tanto a nivel neurobiológico, psicoemocional como social. Las secuelas que produce dejan una huella profunda en la persona que perdurará en la edad adulta hasta el final de su vida. La infancia -como la adolescencia- debe ser de tal forma que sea digna de ser de nuevo apelada en el indecible futuro que nos sale al encuentro. Por eso, cualquier decisión que se tome respecto de un menor debe ser ponderada y muy cuidadosa, siempre a la luz del principio del interés superior del menor -principio de protección por excelencia-, por agentes debidamente preparados, sensibilizados con la etapa temprana de la vida, y comprometidos con el cuidado de los más vulnerables. Y, en todo caso, alejada de planteamientos demagógicos e ideológicos. Evocando a un reconocido filósofo alemán, la niñez es el comienzo de la vida, un misterio por ser un comienzo, y un comienzo en tensión. Sin embargo, la actitud de un menor que sufre será la de seguir abierto al misterio de la vida, y seguir confiando infantilmente. Porque niñez significa confianza, apertura, disponibilidad, dejar disponer de sí mismo, estar de acuerdo con lo que venga, receptividad, esperanza ante el misterio, a pesar de las tensiones. Ojalá, el mensaje del legislador cale hondo en los destinatarios de esta ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y con nuestro buen hacer ayudemos al menor que sufre a comprender la aventura maravillosa de permanecer siempre niño, de ser cada vez más niño.

PRESENTACIÓN Ha transcurrido ya un año desde que entrara en vigor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), y, a día de hoy, continúa latente la pregunta sobre el verdadero espíritu de la ley. Sin duda ha sido una de las medidas estrella del poder ejecutivo español, en pro de los postulados de la Agenda 2030 en su intento de «poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños», entre cuyos objetivos está el de «promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas». Algo sin duda esperanzador, pues nadie, y menos aun los más vulnerables e indefensos, pueden ser objeto de agresión por mínima que sea. Sin embargo, persiste la duda con relación a los instrumentos y modos por los que apuesta la ley para lograrlo. Siendo una norma tan prolija en su articulado, no termina de ser plenamente protectora para el menor de edad. Se echa de menos una definición de la infancia y la adolescencia. Si toda la sociedad tuviera claro qué significa «ser niño», o al menos se respetara su originaria inocencia y pureza, no haría falta una ley de protección integral de los más pequeños. La ley presenta cierto equilibrismo en su gramática y redundancia en su contenido: muchas de las cuestiones que trata ya están contempladas por nuestro ordenamiento jurídico, de los más garantistas del mundo. En ocasiones, resulta confusa cuando se refiere a los poderes públicos, aunque deja claro el protagonismo concedido a los servicios sociales en detrimento de la autoridad judicial, algo paradójico, pues es a la administración de justicia, especialmente al Ministerio Fiscal, a quien corresponde por ley velar de forma imparcial e independiente por el interés superior del menor, regular las consecuencias de las rupturas familiares que afectan a los menores, y a los jueces y tribunales protegerles ante cualquier conato de violencia contra ellos. No obstante, esta obra no pretende en absoluto hacer una crítica a la ley, ni son unos comentarios a la misma, sino analizar desde la perspectiva jurídica, criminológica y publicitaria las modificaciones que introduce en sus Disposiciones Finales y que afectan a otros cuer-

Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior

pos normativos, como es el civil, el penal, el procesal o el publicitario, enriquecido por la experiencia profesional de los autores. Animo al lector a no pasar por alto el trabajo de campo que se acompaña con esta publicación y que puede visualizarse a través del código QR incorporado. Se elaboró nada más entrar en vigor la LOPIVI por el Equipo de Investigación que ha impulsado el Proyecto de Innovación Docente nº 122 (convocatoria 2021/2022) en que se encuadra esta obra, y que fue continuación del nº 366 (convocatoria 2020/2021) inmediatamente anterior, en el marco del cual se ha creado el Observatorio de la Criminalidad en la Infancia y la Adolescencia. Se diseñó con el objetivo de ofrecer datos sobre los índices de violencia sufridos y/o perpetrados durante la infancia y/o la adolescencia por ciudadanos españoles durante los siete años inmediatamente anteriores a la aprobación de la ley. Los datos obtenidos resultan esclarecedores. Pueden suponer un punto de inflexión para quienes trabajan día a día con el futuro de la sociedad, y el impulso de iniciativas y estudios que contribuyan a mejorar la vida de los más vulnerables, los menores.

Mª SONSOLES VIDAL HERRERO-VIOR

Coordinadora académica de la publicación I.P. de los Proy. Inn. Doc. nº 122 y 336 Universidad Complutense de Madrid

CUESTIONES GENERALES DE LA LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTENGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA CATALINA-GABRIELA GAMAZO OLAGUÍBEL MIRYAM MENÉNDEZ DE LLANO CASA CRISTINA RAMÍREZ SAÑUDO

Alumnas del Doble Grado de Derecho y Filosofía Universidad Complutense de Madrid

La presente obra, desarrollada en el marco del Proyecto de Innovación Docente nº122 (convocatoria 2021/2022) de la Universidad Complutense de Madrid, se propone exponer y analizar, desde una perspectiva jurídica y criminológica, las principales modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, comúnmente conocida como LOPIVI, de una importancia y novedad notorias, que entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021.

I. Génesis y contenido. La LOPIVI es el resultado de un largo proceso de gestación que comenzó en 2010, cuando el Comité de los Derechos del Niño recomendó a España la adopción de un marco normativo e institucional apropiado para afrontar la violencia que sufren los menores de edad de forma eficiente y conforme a las exigencias de los derechos humanos. En 2014 el Pleno del Congreso de los Diputados acordó la creación de una Subcomisión de estudio ad hoc, cuyas conclusiones y propuestas dieron lugar a la aprobación en 2017 de una proposición no de ley, por la que se instaba al Gobierno a iniciar los trabajos para la elaboración de una ley orgánica cuyo fin fuese la erradicación de la

Catalina-Gabriela Gamazo, Miryam Menéndez y Cristina Ramírez

violencia ejercida sobre el menor de edad. Asimismo, en 2015 se llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que introdujo como principio rector de la actuación de la Administración el amparo de los menores de edad contra la violencia. A pesar de estos avances, en 2018 el Comité de los Derechos del Niño reiteró a España la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia ejercida contra los infantes y adolescentes, análoga en su alcance normativo a la ley ya aprobada en el ámbito de la violencia de género. Finalmente, en 2021 se aprueba la LOPIVI, un gran paso en materia de protección de las personas menores de edad en España, convirtiéndose así en el primer Estado del mundo con una legislación de este calado. Esta ley de voluntad holística lleva a cabo una aproximación integral a la violencia sobre infantes y adolescentes, de acuerdo con la naturaleza multidimensional de sus principales factores condicionantes y efectos. En concreto, la ley establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima, concediendo una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación. Con todo, esta ley requiere de un desarrollo ulterior y complementario tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.

II. Razón de ser de la ley: compromisos internacionales y relevancia de la materia. La aprobación de la LOPIVI era urgente y necesaria porque venía exigida, por un lado, por los compromisos internacionales adquiridos por España y, por otro lado, por la importancia de la materia que trata. En primer lugar, según se expone en el Preámbulo, la ley responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento jurídico los compromisos internacionales asumidos por España. La protección del menor de edad es reconocida como una obligación prioritaria de los poderes públicos en diversos tratados internacionales, siendo especialmente significativos los siguientes.

Cuestiones generales de la ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección...

Dentro del ámbito de las Naciones Unidas, sobresale la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990, siendo también relevantes los tres protocolos facultativos de la citada Convención, así como las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. Además, la LOPIVI viene a dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, que se pretenden alcanzar para el año 2030, especialmente, se dirige al cumplimiento del Objetivo 16, Meta 2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños». Por su parte, la Unión Europea consagró la protección de los derechos del niño como objetivo general de la política común con la modificación introducida por el Tratado de Lisboa en el artículo 2.3 del Tratado de la Unión Europea. En este ámbito, la reforma completa la incorporación al ordenamiento jurídico español de los artículos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, letras a), b) y g), de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos y la explotación sexuales de los menores y la pornografía infantil, y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. Asimismo, el Consejo de Europa ha elaborado estándares internacionales cuyo fin es garantizar la protección de los derechos de los menores, destacando, entre otros, el Convenio nº 185 sobre la Ciberdelincuencia hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, el Convenio nº 197 sobre la lucha contra la trata de seres humanos hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, el Convenio nº 201 para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, y el Convenio nº 210 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Además, en su Estrategia para los derechos de los menores, el Consejo de Europa ha realizado un llamamiento a todos los Estados miembros para eliminar toda forma de castigo físico sobre las personas menores de edad. En segundo lugar, la aprobación de la LOPIVI responde también a la relevancia de la materia que trata: la protección integral de las

Catalina-Gabriela Gamazo, Miryam Menéndez y Cristina Ramírez

personas menores de edad, que conecta de forma directa con el buen desarrollo de la sociedad. Según establece el Preámbulo, la violencia ejercida sobre infantes y adolescentes es una realidad abominable y lamentablemente extendida en una multiplicidad de ámbitos (familiar, escolar, social, etc.), siendo sobradamente conocidas las graves repercusiones de la violencia sufrida por las personas menores de edad, según señala el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General nº 13 del año 2011 sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. En concreto, las personas menores de edad con discapacidad son especialmente sensibles y vulnerables a este tipo de violencia.

III. Conexión con los derechos humanos y el interés superior del menor. Por todo lo anterior, la enorme importancia y magnitud de la LOPIVI se debe a que la lucha para poner fin a la violencia ejercida contra la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos. Por un lado, atendiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los otros referentes normativos mencionados, España tiene el deber de impulsar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona menor de edad a desarrollarse libre de cualquier forma de violencia. Por otro lado, la protección integral de los menores de edad frente a la violencia afecta de forma directa a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 15 de la Constitución Española, lo que implica una protección constitucional reforzada, que se concreta en que el desarrollo legal de estos derechos ha de llevarse a cabo por medio de una ley orgánica. Con todo, es importante indicar que no todos los preceptos de la ley afectan a los derechos humanos, sino solo los señalados en la Disposición Final Decimonovena, teniendo los demás preceptos naturaleza ordinaria. En estrecha conexión, es esencial no perder de vista la trascendencia del interés superior del menor, que subyace a cada uno de los preceptos de la LOPIVI como principio rector de la legislación en materia de infancia y adolescencia. El alcance y significación del interés superior del menor comienza a cobrar relevancia con la ya mencionada reforma de 2015 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código