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Apuntes de la asignatura

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO EN EL ÁMBITO VALENCIANO Y LOCAL 4,5 CRÉDITOS – UNIVERSIDAD DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CURSO 2017-2018

Rafael Moll Noguera

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Apuntes de la asignatura

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO EN EL ÁMBITO VALENCIANO Y LOCAL

4,5 CRÉDITOS – UNIVERSIDAD DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CURSO 2017-2018

Autor: Rafael Moll Noguera

ÍNDICE:

Tema 1. Introducción a las políticas de empleo 1.- Contexto socio-político.

2.-Tratados internacionales 3.- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 4.- Constitución Española de 1978 5.- Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 6.- La Unión Europea y las políticas de empleo + Práctica 1. Medidas de empleo en los programes electorales autonómicos y locales.

Tema 2. La Ley de Empleo.

1.- La ley de Empleo 2.- Elementos subjetivos: 3.- Elementos teleológicos: 4.- Elementos objetivos y materiales + Práctica 2. Propuestas alternativas al pleno empleo.

Tema 3. El SNE y el reparto competencial en materia de empleo 1.- El Sistema Nacional de Empleo 2.- Las funciones del sistema nacional de empleo + práctica 3. Programas de empleo en la Comunitat Valenciana.

Tema 4. Las políticas de intermediación 1.- Concepto de intermediación 2.- La actividad de las ETTs en la intermediación laboral 3.- Las agencias de colocación + Práctica 4. Comentario crítico sobre el actual funcionamiento de las administraciones públicas en su faceta de intermediación laboral

Tema 5. La dimensiรณn local.

1.- Competencias locales en materia de empleo.

2.- Estructura organizativa de las agencias de desarrollo local 3.- Los agentes de desarrollo local 4.- Los Pactos Territoriales de Empleo + prรกctica 5. Analizar algunas instituciones locales en materia de empleo.

Tema 1. Introducción a las políticas de empleo Esquema 1.- Contexto socio-político.

2.-Tratados internacionales 3.- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 4.- Constitución Española de 1978 5.- Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 6.- La Unión Europea y las políticas de empleo + Práctica 1. Medidas de empleo en los programes electorales autonómicos y locales.

1.- Contexto socio-político.

El empleo, el acceso al mismo y su mantenimiento en condiciones adecuadas y mejorables, en volumen y calidad, constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

La creación de empleo y la mejora de su calidad es uno de los objetivos fundamentales de los poderes públicos tanto en la Unión Europea como en los diferentes Estados que la integran, así como en la Comunitat Valenciana.

La economía española está sufriendo los efectos de una grave crisis que están siendo especialmente significativos en el mercado de trabajo, como lo pone de manifiesto el importante aumento del desempleo y la gran destrucción de empleo que se ha producido durante el último año y, de manera muy especial, en los últimos meses. Por ello, no es casualidad que todos los partidos lleven un programa de empleo a sus programas electorales, tanto a nivel nacional, como autonómico y local.

Como ponía de manifiesto la exposición de motivos de la ya derogada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, Diversos factores adicionales han afectado al mercado de trabajo en estos años: la evolución demográfica, primero con la presión ejercida por los jóvenes en el acceso a su primer empleo y, posteriormente, con el envejecimiento de la población activa ; el fenómeno inmigratorio, con la consiguiente llegada de importantes recursos humanos procedentes del exterior a nuestro mercado de trabajo ; de otra parte, el desarrollo fulgurante de las tecnologías

de la información y de la comunicación ; la nueva orientación de la política social (de la asistencia pasiva a los incentivos para la reinserción laboral), o la apertura a los agentes privados de los servicios de información, orientación e intermediación, constituyen un conjunto formidable de retos a los que se enfrenta una política de empleo tendente al pleno empleo.

Pero no sólo se ha transformado y se ha vuelto más complejo el mercado de trabajo en el que actúan los servicios públicos de empleo, también ha cambiado el entorno político e institucional.

El método tradicional de gestión estatal del mercado de trabajo ha dado paso a planteamientos más descentralizados con transferencias de funciones y servicios para la ejecución de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas. De otra parte, la financiación de estas políticas tiene un componente importante de fondos procedentes de la Unión Europea, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, aun cuando la gestión de las mismas se lleva a cabo por las Administraciones autonómicas.

En la actualidad, los servicios públicos de empleo han de actuar en un entorno más competitivo, complejo y dinámico y han de posicionarse en el mercado prestando un servicio de calidad a sus usuarios.

Por último, la globalización de la economía y el progreso de integración europea ya no permiten pensar y actuar sólo en clave nacional. La estrategia de coordinación de políticas iniciada en la Unión Europea -política económica, a través de las Grandes Orientaciones de Política Económica, y política de empleo, a través de las Directrices de Empleo y los Planes nacionales de acción para el empleo, en coordinación con la estrategia de inclusión social- obliga al Estado español a establecer objetivos cuantificados de actuación con desempleados, toda vez que la Unión Europea vincula la distribución de fondos europeos (Fondo Social Europeo) al logro de dichos objetivos, lo que necesariamente obliga al establecimiento de mecanismos que hagan posible su cumplimiento.

PRÁCTICA 1. Buscar los programas electorales de las cinco fuerzas con representación parlamentaria en las Cortes, autonómicos y de las tres capitales de provincia para extraer de los mismos el contenido que haga referencia a las políticas de empleo. Clasifícalas en políticas activas y pasivas de empleo, y compara las similitudes y diferencias desde una perspectiva crítica. Ver anexo 1.

El derecho que tienen las personas al trabajo aparece recogido en múltiples normas internacionales de gran importancia, así como en la Constitución España y en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

2.- Tratados internacionales Ya en la antigua Declaración de Filadelfia de 1944, se reconoció “la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan lograr (...) el pleno empleo y la elevación del nivel de vida” y, por ende, el mandato de la Organización Internacional de Trabajo (en adelante, OIT) de ocuparse de la creación de empleos.

La propia OIT aprobó el Convenio sobre el servicio del empleo, de 17 de junio de 1948, en el que se disponía que todo Estado miembro deberá mantener o garantizar el mantenimiento de un servicio público y gratuito de empleo cuya función esencial deberá ser la de lograr la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema del empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción.

Poco tiempo después, la 183ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos de fecha 10 de diciembre de 1948, en cuyos arts. 23.1 y 25.1 se reconocen los siguientes: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Por si este reconocimiento no fuera suficiente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, dispone que los Estados parte reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de vivir

desarrollando un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados parte para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona.

Asimismo, la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961 (ratificada por España en virtud de Instrumento de 29 de abril de 1980), dispone que las partes contratantes se comprometen: a reconocer, como uno de sus principales objetivos y responsabilidades, la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo; a proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a vivir mediante el ejercicio de un trabajo libremente elegido; a establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores y a proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas.

Con posterioridad, el Convenio de la OIT sobre desarrollo de los recursos humanos, de 23 de junio de 1975, impuso a todo Estado miembro la obligación de adoptar y llevar a la práctica políticas y programas completos y coordinados en el campo de la orientación y formación profesionales, estableciendo una estrecha relación entre este campo y el empleo, en particular mediante los servicios públicos del empleo.

Al margen de los tratados internacionales, la Conferencia Internacional del Trabajo, con la participación de los delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, adoptó por unanimidad, el 19 de junio de 2009, el documento titulado “Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo”.

En este instrumento de política global se abordan las repercusiones de la crisis financiera y económica internacional en los ámbitos social y del empleo. El documento promueve una recuperación productiva, centrada en la inversión, el empleo y la protección social.

El objetivo fundamental del Pacto Mundial para el Empleo es proveer una base acordada

internacionalmente para políticas diseñadas para reducir el período entre recuperación económica y recuperación con oportunidades de trabajo decente. Es un llamamiento a la acción mundial urgente: nacional, regional y global.

3.- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea Esta Carta, aprobada en Niza el 7 de diciembre de 2000, reafirma los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros, el Tratado de la Unión Europea y los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así, la Carta reconoce los siguientes derechos fundamentales en relación con el derecho al trabajo: a) Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada (art. 15). b) La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución (art. 23). c) Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación (art. 29).

4.- Constitución Española de 1978 El acceso al empleo de los ciudadanos constituye un derecho de relevancia constitucional.

El art. 35 de la Constitución Española (en adelante, CE) recoge, entre los derechos y deberes de los ciudadanos, el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y al acceso a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las de sus familias, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

De forma paralela y concordante, dentro de los principios rectores de la política social y económica, el art. 40 de la CE obliga a los poderes públicos a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, llevando a cabo, de manera especial, una política orientada al pleno empleo, así como a fomentar la formación y readaptación profesionales, sin descuidar la asistencia y las prestaciones suficientes en caso de desempleo.

Igualmente, el art. 49 de la CE encomienda a los poderes públicos la tarea de acometer una política de integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, amparándolos especialmente para el disfrute de los derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos.

5.- Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana El derecho al trabajo también está implícitamente reconocido por la norma institucional básica de la Comunitat Valenciana (en adelante, EACV), que fue aprobada por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y modificada posteriormente por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en cuyo art. 8 se dispone lo siguiente: “Los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la Convención Europea de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales, y en la Carta Social Europea. Los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su protección y respeto, así como por el cumplimiento de los deberes”.

De una manera más expresa, también se reconoce en el art. 19 del EACV el compromiso de la Generalitat Valenciana con la protección del derecho al trabajo en los siguientes términos: “En el ámbito de sus competencias la Generalitat impulsará un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible, basado en la incorporación de

procesos de innovación, la plena integración en la sociedad de la información, la formación permanente, la producción abiertamente sostenible y una ocupación estable y de calidad en la que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo (...) Queda garantizado el derecho de acceso de los valencianos a las nuevas tecnologías y a que la Generalitat desarrolle políticas activas que impulsen la formación (...)”.

6.- La Unión Europea y las políticas de empleo En 2013, los países de la UE aprobaron el marco financiero plurianual 2014-2020 en el que se establecen los límites y los principios del presupuesto anual de la UE para los siguientes años.

El marco financiero plurianual tiene como objetivos temáticos principales, entre otros:

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Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

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Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas

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Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola y del sector de la pesca y de la acuicultura

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Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral

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Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

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Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente

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Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública

El crecimiento europeo se concibe desde los primeros tratados desde una visión regional más que con una concepción nacional. Los desequilibrios territoriales se dan sobre todo dentro de los propios estados y es por ello que los rendimientos financieros que emanan desde las instituciones europeas se plantean sus actuaciones concretas en territorios diversos con la finalidad de suprimir las disparidades económicas y sociales que se dan dentro de la unión.

La realidad es que uno de cada cuatro regiones en total en la Unión Europea, entre las más de 300 regiones, tiene un PIB por habitante inferior al 75% de la Unión, por ello estas regiones han sido clasificadas de manera que, según su estatus económico, serán más beneficiarias de más ayudas financiadas por los fondos que se han dispuesto para el periodo 2014-2020 y que se distribuyen en los acuerdos de asociación con los Estados Miembros.

En este sentido, se encuadra la Estrategia europea 2020, que es la hoja de ruta que la Comisión y los Estados Miembros adoptaron en el 2010 para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cuyos objetivos concretos a alcanzar en 2020 serían: ▪

En materia de empleo: 75% de las personas deberían tener empleo entre 20 a 64 años.

▪

En investigación y desarrollo, en conjunto se debería alcanzar una inversión del 3% del PIB de la UE.

▪

En educación, la tasa de abandono escolar debería ser menor que el 10%. El 40% de las personas entre 30-34 años deberían de tener estudios universitarios.

▪

En materia de pobreza, sería reducir al menos 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

En términos presupuestarios, el nuevo paquete financiero se compone de 5 fondos estructurales y de inversión para el periodo 2014-2020, que son: 1. FEDER. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

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Objetivo: contribuir a reducir las desigualdades entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y reducir el subdesarrollo en las regiones menos desarrolladas.

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Finalidad: corregir los desequilibrios entre sus regiones.

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Financia: ▪

Ayudas directas a las inversiones realizadas en las empresas, en particular las PYMES para crear empleo sostenible.

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Infraestructuras vinculadas especialmente a la investigación y a la innovación.

▪

Instrumentos financieros para apoyar el desarrollo regional y local, favoreciendo la cooperación entre ciudades y regiones.

▪

Medidas de asistencia sanitaria.

2. FONDO SOCIAL EUROPEO. -

Objetivo: mejorar el empleo y las posibilidades de empleo en la UE. Principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas.

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Financiación: asciende a 10.000 millones de euros.

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En particular apoya las acciones de los estados en los siguientes ámbitos:

▪

Adaptación de los trabajadores y las empresas. Sistemas de aprendizajes a lo largo de la vida. Diseño y difusión de maneras innovadoras de realización del trabajo.

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Acceso al empleo para los solicitantes de empleo, las personas inactivas, las mujeres y los inmigrantes.

▪

Inclusión social de las personas desfavorecidas y lucha contra la discriminación en el mercado laboral.

▪

Fortalecimiento del capital humano mediante la reforma de los sistemas educativos y puesta en red de los establecimientos de enseñanza.

3. FONDO DE COHESIÓN. -

Objetivo: ayuda a los estados miembros cuya renta nacional bruta por habitante es inferior al 90% de la media. (España no está aquí).

4. FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL. -

Objetivo: promover un desarrollo rural sostenible como complemento de las políticas de apoyo al mercado. El fondo contribuye a mejorar la competitividad de los sectores agrarios y forestal, el medioambiente y la gestión del espacio rural así como la calidad de vida y de la diversificación de actividades en las zonas rurales.

5. FONDO MARÍTIMO Y DE PESCA. -

Objetivo: ayudar a los pescadores en la transición de la pesca sostenible. Ayudar a las regiones costeras a diversificar sus economías. Financiar proyectos para crear empleos en las zonas costeras y facilitar el acceso a la financiación.

En relación a la gestión de estos fondos estructurales, aun cuando los fondos están incluidos en el presupuesto de la UE, la manera en que se destinan se basa en una división de responsabilidades entre la Comisión y las autoridades de los Estados Miembros.

El proceso es el siguiente: 1.- La comisión negocia y aprueba los programas de desarrollo propuestos de los estados y asigna los créditos.

2.- Los estados y sus regiones administran los programas, los aplican seleccionando los proyectos, los controlan y evalúan.

3.- La comisión también sigue los programas, compromete y paga los gastos certificados y comprueba los sistemas de control establecidos.

4.- El estado miembro designa para cada programa operativo, tres tipos de autoridades: i. Autoridad de gestión que puede ser a nivel nacional, regional o local que administra ese programa. ii. Autoridad de certificación nacional, regional o local que certifica la situación de los gastos y las solicitudes de pagos antes de su envío a la comisión. iii. Autoridad de auditoría que se encarga de comprobar la eficacia del sistema de gestión y control.

En este contexto cabe destacar al papel de los Acuerdos de Asociación, que se identifican con los documentos estratégicos que cada estado miembro elabora en función de la situación de desarrollo de cada uno de los territorios o regiones que conforman su estado. Se redactan en función del contexto nacional, y han de contener un compromiso firme por parte de cada estado miembro, de alcanzar los objetivos previstos con los fondos europeos. En ellos, los estados establecen sus prioridades y proponen la distribución de los fondos que van a financiar los diferentes proyectos. Para su elaboración, el Estado deberá entablar comunicaciones con los interlocutores sociales, agentes económicos, medioambientales, etc., con la finalidad de que se consiga un documento consensuado y coherente para someter a la negociación con los representantes de la UE. Asimismo, debe mencionarse los Programas Operativos, que son los documentos presentados por los Estados Miembros y aprobados por la Comisión para implementar el Acuerdo de Asociación en cada una de las regiones con la finalidad de adecuar la aplicación de los fondos a la situación socioeconómica de cada región.

Cada región cuenta con su propio programa operativo de modo que las autoridades regionales juegan un importante papel a la hora de aplicar los fondos estructurales ya que serán las encargadas de transformar hechos concretos en su territorio.

En la comunidad Valenciana, la encontramos situada en el número de regiones más desarrolladas de la UE, a pesar de que en 2009 se le dotó por un importe de 2.100 millones de euros pero recibirá 4.000 millones de euros más además otros 103 millones de euros para promover el empleo juvenil.

En paralelo a los fondos, dentro del contexto comunitario existen los denominados Programas Comunitarios. Son los instrumentos por los cuales la UE interviene en la financiación de acciones y medidas de la aplicación de las distintas políticas que desarrolla.

Los programas recogen un marco general de actuación que comprende la definición clara de objetivos a corto y medio plazo, la justificación de la actuación de la medida, un calendario financiero de actuación, los requisitos de acceso de financiación y las acciones financiadas.

La participación en estos, permiten por un lado incrementar los recursos procedentes de la UE con el fin de poder realizar un mayor número de actuaciones a nivel local y por otro, incrementar la presencia del organismo que lo promueve en la UE, contribuyendo de esta forma al proceso de integración (v.gr empleo joven) ¿Cómo se accede a estos programas? Una vez aprobados los programas por parte de la Comisión, se publica la convocatoria en el diario oficial de la UE. No existe un esquema fijo de plazos, a veces tienen un carácter anual y otras se producen en dos o tres ocasiones durante la vigencia del programa. Casi siempre están dirigidas a la administración pública por lo que serán las Comunidades Autónomas las que presentan los proyectos directamente ante la Comisión. En los programas no existe asignación por UE aunque de hecho se respete un cierto equilibrio geográfico, valorando positivamente la calidad del proyecto, el número de socios que intervienen y el enfoque innovador.

Tema 2. La Ley de Empleo.

Esquema 1.- La ley de Empleo 2. -Elementos subjetivos: 3.-Elementos teleológicos: 4.- Elementos objetivos y materiales

+ Práctica 2. Propuestas alternativas al pleno empleo.

1.- La ley de Empleo La Ley de Empleo, hasta el año 2010, no había sufrido ningún cambio legislativo desde la Ley Básica de Empleo del año 2003. A partir del año 2010 se modifica hasta en más de 20 ocasiones, lo cual, da lugar a que estuviera muy desestructurada, muestra de ello, era la presencia en el articulado de la norma de preceptos numerados con ordinales bis, ter o quáter, lo que a su vez confirma la precipitación y falta de análisis de la que han adolecido bastantes de las reformas aprobadas.

Por ello, en 2015 se se ordena, con un texto refundido, el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. En este sentido, se puede afirmar que el gobierno recupera la ley de empleo como instrumento útil para luchar contra la alta tasa de empleo estructural.

El art. 1.2 de la Ley de Empleo nos muestra cuáles son los elementos subjetivos, materiales y teleológico de la norma.

2. -Elementos subjetivos: El art. 1 menciona al Estado y a las Comunidades Autónomas. dicha mención significa que ambos están habilitados dentro de sus respectivas competencias para diseñar y para poner en práctica los programas de política de empleo. Sin entrar en profundidad, al Estado le corresponde según el art. 3, la planificación, la coordinación y la creación del marco normativo de política de empleo, y a las Comunidades Autónomas les atribuye la ejecución y el desarrollo de las competencias transferidas.

El reverso de la moneda, es que, no se menciona en ese art. 1 de la ley de empleo ni a la UE ni a los poderes locales. Sería un error pensar que ello significa que desempeñas papeles irrelevantes. Respecto de los poderes locales, en el art. 4, se dice que se tendrá en cuenta la dimensión local de la política de empleo, y en sentido estricto significa que no pueden diseñar ni ejecutar políticas de empleo por cuenta propia, sino que, el estado o las Comunidades Autónomas serán las que tengan en cuenta las necesidades de los territorios. También, significa, la participación de los poderes locales en el diseño y la ejecución de las políticas de empleo. En relación a la Unión Europea, como se ha visto, tiene un papel trascendental en materia de fijación de objetivos generales y de financiación también en materia de empleo, destacándose como se verá la “estrategia europea de empleo”.

3.-Elementos teleológicos: Son varios los fines y objetivos de la política de empleo, diferenciados entre directos e intermedios.

En relación a los directos, según la definición legal del art. 1 de la ley de empleo, son: 1. La consecución de pleno empleo 2. La mejora de la calidad del empleo 3. La adecuación cuantitativa y cualitativa, de la oferta y demanda de empleo 4. La reducción de las situaciones de desempleo 5. La debida protección de las situaciones de desempleo La cuarta y la quinta se pueden reconducir a la uno, de modo que, solo existen tres finalidades.

Es de advertir que el pleno empleo, es la existencia, en un determinado marco geográfico, de una oferta global de puestos de trabajo, suficiente, para atender a todas las demandas de empleo.

Dicho de otro modo, es la situación de equilibrio, entre el volumen de demanda y volumen de oferta de empleo, en la que existen puestos de trabajo disponibles, para todos aquellos que, quieren y pueden trabajar. El paro ficcional, por el contra, es el derivado de los cambios de ocupación, en el mercado de trabajo, determinado por decisiones libres de los propios trabajadores.