monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA
JOSÉ ANTONIO TOMÉ GARCÍA
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE CONTROL DE ESTANCIA EN LOS CIE (2014-2018)
I. COL LEGII
MATRI TENSIS SIGIL.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE CONTROL DE ESTANCIA EN LOS CIE (2014-2018)
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE CONTROL DE ESTANCIA EN LOS CIE (2014-2018)
JOSÉ ANTONIO TOMÉ GARCÍA
Investigador del proyecto de investigación «Movilidad humana: entre los derechos y la criminalización» [DER 2016-74865 R]
tirant lo blanch Valencia, 2019
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© José Antonio Tomé García
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Índice ABREVIATURAS..................................................................................... 11 PREFACIO................................................................................................ 13 PRESENTACIÓN..................................................................................... 15
INTRODUCCIÓN: EL CONTROL JUDICIAL DEL INTERNAMIENTO EN LOS CIE I. LOS JUECES DE CONTROL DE ESTANCIA EN LOS CIE.............. 19 II. FUNCIONES ENCOMENDADAS A LOS JUECES DE CONTROL.. 31 III. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS JUECES DE CONTROL.. 41 IV. RELACIÓN DE RESOLUCIONES MENCIONADAS EN ESTE TRABAJO (2014-2018)..................................................................... 46
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUECES DE CONTROL DE ESTANCIA EN LOS CIE (2014-2018) I. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LOS CIE (TÍTULO I RCIE)................................................................................................. 53 1. Los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario (art. 1.2º RCIE)....................................................................... 53 2. Instalaciones y medios básicos (arts. 6 y 7 RCIE).......................... 55 3. Administración (art. 12 RCIE)...................................................... 67 4. Servicio de asistencia sanitaria (art. 14 RCIE)............................... 67 5. Servicio de asistencia social, jurídica y cultural (art. 15 RCIE)...... 77 6. Consideraciones sobre el grado de aplicación del RCIE y otras fuentes normativas e interpretativas, incluidas las resoluciones del Juzgado de control, en el CIE de Las Palmas de Gran Canaria, con relación a su estructura, organización y gestión (Título I RCIE).... 84 7. Consideraciones sobre la estructura, organización y gestión de los CIE de Algeciras y Tarifa (Título I RCIE)...................................... 98 II. ESTATUTO JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS INTERNADOS (TÍTULO II RCIE).............................................................................. 133 1. Los extranjeros internados en los CIE estarán privados únicamente del derecho deambulatorio (Preámbulo RCIE).......................... 133 2. Derecho de los internos a ser informado de las resoluciones judiciales y administrativas que les afecten (art. 16.2. a) RCIE).......... 134 3. Derecho a que sea preservada la dignidad de los internos (art. 16.2 b) RCIE)............................................................................... 149
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4. Derecho de los internos a ser designados «por su nombre, salvo manifestación expresa en contrario del interesado» (art. 16.2. b) RCIE)............................................................................................ 153 5. Las personas internadas en el CIE tienen derecho a solicitar protección internacional en España (art. 16 Ley 12/2009, de 30 de octubre)........................................................................................ 155 6. Derecho de los internos a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada (art. 16.2 e) RCIE)......................................................... 166 7. Derecho de los internos a la asistencia de abogado, que se le proporcionará de oficio en su caso (art. 16.2 h RCIE)........................ 168 8. Derecho de los extranjeros sometidos a internamiento «a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes» (art. 16.2 l RCIE)......................................... 173 9. Derecho a ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano, de forma gratuita si careciese de medios económicos (art. 16.2 j RCIE).......................................................................... 173 10. Derecho de los extranjeros sometidos a internamiento a presentar quejas y peticiones en defensa de sus derechos e intereses legítimos (art. 16.2 n) RCIE)................................................................ 176 11. Consideraciones sobre el grado de aplicación del RCIE y otras fuentes normativas e interpretativas, incluidas las resoluciones del Juzgado de Control, en el CIE de Las Palmas de Gran Canaria, con relación al estatuto jurídico de los internos (Título II RCIE)... 179 III. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN: INGRESOS, SALIDAS, TRASLADOS Y CONDUCCIONES (TÍTULO III RCIE)................... 182 1. No procede solicitar la autorización de ingreso en un CIE sin que existan personas del mismo sexo en dicho establecimiento........... 182 2. Retirada de objetos no autorizados en el momento del ingreso (art. 28 RCIE)............................................................................... 183 3. Información de los derechos y obligaciones al nuevo interno (art. 29 RCIE)....................................................................................... 184 4. Reconocimiento médico que se ha de efectuar al interno cuando ingresa en el CIE (art. 30 RCIE).................................................... 202 IV. NORMAS DE CONVIVENCIA Y RÉGIMEN INTERIOR (TÍTULO IV RCIE)............................................................................................ 205 1. Visitas de familiares y otras personas (art. 42 RCIE)..................... 205 2. Comunicaciones telefónicas (art. 43 RCIE)................................... 210 V. FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO Y MECANISMOS DE CONTROL E INSPECCIÓN (TÍTULO V RCIE)......................... 220 1. Todas las personas que presten servicios en los centros deberán ir identificadas de forma visible (art. 49.3 RCIE).............................. 220 2. Formación y reglas de conducta del personal de los centros (arts. 48 y 49 RCIE)............................................................................... 222
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VI. MEDIDAS DE SEGURIDAD (TÍTULO VI RCIE)............................... 223 1. Entrada en el CIE de unidades policiales por razones de orden público......................................................................................... 223 2. Objetos prohibidos y no autorizados (art. 56 RCIE)..................... 224 3. Instalación de cámaras de seguridad en los CIE............................ 226 4. Contención o separación preventiva de internos (art. 57 RCIE).... 228 VII. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (TÍTULO VII RCIE)...................... 229 1. Visitas a los centros de las organizaciones para la defensa de los inmigrantes. (art. 59 RCIE)........................................................... 229 2. Participación y colaboración de las ONGS en el CIE de Las Palmas de Gran Canaria (arts. 58 y 59 RCIE).................................... 241
BIBLIOGRAFÍA CITADA........................................................................ 243
ABREVIATURAS AJI Auto Juzgado de Instrucción AAP Auto Audiencia Provincial Art. Artículo CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado CFGE Circular Fiscalía General del Estado CGAE Consejo General de la Abogacía Española CGPJ Consejo General del Poder Judicial CIE Centro de Internamiento de Extranjeros EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal FD Fundamento de Derecho FDE Fiscal Delegado de Extranjería FGE Fiscalía General del Estado ICALPA Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas ICAM Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ICAB Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial LOEX Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social MNP Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RCIE Reglamento CIE (Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros) RJ Razonamiento Jurídico SJME Servicio Jesuita a Migrantes-España STS Sentencia Tribunal Supremo
PREFACIO Cuando hablamos de los Centros de Internamiento para Extranjeros, en primer lugar, debemos recordar que se tratan de establecimientos públicos, dependientes del Ministerio del Interior, gestionados por la Dirección General de la Policía y custodiados por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, donde se mantiene privados de libertad, por un máximo de sesenta días, a los extranjeros en situación administrativa irregular a la espera de su expulsión. En segundo lugar, dispone el artículo 62. 6º LOEX que, será el Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre el Centro, el competente para el control de la estancia de los extranjeros, asimismo, conocerá de las “peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente”. Conforme al citado artículo, el Juez de Instrucción puede actuar en diversos momentos del procedimiento, como garante de los derechos fundamentales del extranjero. Sin embargo, parte de estas resoluciones o intervenciones judiciales, son desconocidas, al no ser publicadas en las tradicionales bases de datos de jurisprudencia. Conocer estas resoluciones dictadas por los Juzgados con competencia en funciones de control de la estancia de los extranjeros en los CIE, brindará a la Abogacía una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos de los extranjeros internados, dada la relevancia, tanto para la mejora de las condiciones de vida de los internos en los CIE, como para el reconocimiento y respeto de sus derechos. Recordemos que, hasta la fecha, estos centros siguen siendo objeto de controversia social y jurídica desde su establecimiento por la Ley Orgánica 7/1985; por ello, la Sección de Derechos Humanos y la Sección de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, conociendo la preocupación que genera en nuestro colectivo profesional, presentamos “RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE CONTROL DE ESTANCIA EN LOS CIE (2014-2018)”, del Profesor José Antonio Tomé García, una obra útil que coadyuvará con
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Carlos Brito Siso, María Elena García Cazorla y Juan Manuel Campo Cabal
la tarea de defensa y protección de los derechos de los extranjeros internados en los CIE. Carlos Brito Siso Presidente Sección de Derechos Humanos ICAM María Elena García Cazorla Juan Manuel Campo Cabal Presidentes Sección de Extranjería ICAM
PRESENTACIÓN El objetivo de este trabajo es, fundamentalmente, dar publicidad a las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción que, en nuestro país, tienen encomendadas funciones de control de la estancia de los extranjeros en los CIE. Dichas resoluciones, en ocasiones, han tenido gran relevancia, tanto para la mejora de las condiciones de vida de los internos en los CIE, como para el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales. Sin embargo, no es fácil el acceso a las mismas. La razón de dicha dificultad radica en que la mayoría de los autos dictados por los mencionados Juzgados no se publican en las tradicionales bases de datos de jurisprudencia. El conocimiento de dichas resoluciones se obtiene, sobre todo, gracias al trabajo desempeñado por ONGS, que se dedican a la protección de los Derechos Fundamentales de las personas migrantes. Es el caso, por ejemplo, de «Pueblos Unidos», miembro del Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJME), ONG a la que queremos, desde estas páginas, mostrar nuestro especial agradecimiento, puesto que nos ha proporcionado muchas de las resoluciones que recogemos en este trabajo. También, a efectos de tener conocimiento de las citadas resoluciones, debemos resaltar la importancia que tienen los informes emitidos, tanto por la mencionada ONG, como por otras (como es el caso de «Karibu — Amigos del pueblo africano—», «SOS racismo Madrid» o el Centro social «Fundació Migra Studium», también del SJME), así como la consulta de la página web «migrar con derechos», que dispone de una sección específica de jurisprudencia en la que se recogen algunos de los autos dictados por los mencionados Juzgados. Dando a conocer las resoluciones de los Juzgados de Control de Estancia en los CIE pretendemos colaborar también, en cierta medida, con uno de los objetivos que dichos Juzgados de Control persiguen (tal y como se recoge en una de las conclusiones a las que llegaron dichos jueces en un «Encuentro» que tuvieron en junio de 2016): elaborar un «protocolo de actuación para que los Jueces de control procedan a tramitar los expedientes de una manera uniforme y de un “corpus” que contuviera las resoluciones de los diferentes Jueces de Control a fin de identificar y difundir buenas prácticas».
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José Antonio Tomé García
Vamos a centrar nuestra exposición en las resoluciones dictadas a partir del año 2014 (hasta junio de 2018, fecha de conclusión de este trabajo), puesto que las pronunciadas con anterioridad fueron ya publicadas, primero, por CRISTINA MANZANEDO, en su conocido trabajo «Resoluciones de los Juzgados de control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 2009-2013» («Revista de derecho migratorio y extranjería», núm. 34, 2013, págs. 249-259) (vid., también, «CIE Informe 2013, «Criminalizados, Internados, Expulsados», SJME, https://www.entreculturas.org/files/files/documentos/ estudios_e_informes/InformeCIE2013.pdf, págs. 49 y ss.) y, posteriormente, en nuestra monografía sobre el «Internamiento preventivo de extranjeros conforme al nuevo reglamento de los CIE» (edit. Colex, Madrid, 2014, págs. 316 y ss.). No obstante, sí nos haremos eco de algunas resoluciones anteriores al 2014, que siguen teniendo, en nuestros días, especial relevancia. Expondremos el contenido de dichas resoluciones agrupadas por razón de la materia sobre la que versan, teniendo en cuenta, a estos efectos, la estructura del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros de 14 de marzo de 2014 (RCIE). Y acompañamos dicha exposición de una serie de comentarios basados en los datos que nos han proporcionado los informes más recientes elaborados por las ONG antes mencionadas (Pueblos Unidos y Fundació Migrastudium del SJME, Karibu), por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), y por la FGE en sus Memorias. Como introducción al citado trabajo también analizaremos todo lo relacionado con los Juzgados de Control de Estancia de los extranjeros en el CIE: sus principales funciones y el procedimiento que han de seguir dichos Jueces en el ejercicio de su función de control, temas sobre los que existe un importante vacío legal, que origina diversos problemas o dudas a los que intentaremos dar solución. Por otra parte, debemos señalar que este trabajo se encuadra en el Proyecto de Investigación «Movilidad humana: entre los derechos y la criminalización» (DER 2016-74865 R), que dirige la profesora MARGARITA MARTÍNEZ ESCAMILLA, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, y en el que tengo el honor de participar junto con otros juristas especialmente preocupa-
Resoluciones dictadas por los juzgados de control de estancia en los CIE (2014-2018)
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dos por la defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes en nuestro país. Precisamente fue idea de la citada profesora la realización de este trabajo puesto que, en su opinión, que compartimos, «resulta imprescindible que el Consejo General del Poder Judicial publique y mantenga actualizada la jurisprudencia de los juzgados de control de los CIE, pues de lo contrario difícilmente pueden conocerse y hacerse valer sus resoluciones». Sin embargo, no nos consta que el CGPJ haya cumplido con dicha tarea y esta es la razón por la que nos hemos lanzado a realizar este trabajo. Por último, no podemos dejar de resaltar en esta presentación, el relevante papel que, en todos estos años, han desempeñado los denominados Jueces de Control de Estancia en los CIE (aunque no todos). Por citar sólo algunos ejemplos, podríamos mencionar la labor del magistrado, recientemente jubilado, D. RAMIRO GARCÍA DE DIOS, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid; del Magistrado D. ANTONIO VIEJO LLORENTE, también al frente de uno de los juzgados a los que se les encomendó la función de control del CIE de Madrid-Aluche (nombrado hace unos días Secretario General del Ministerio de Justicia); de la Magistrada Dª. Mª. VICTORIA ROSELL AGUILAR, titular del Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, a la que le sigue correspondiendo hoy día las funciones de control del CIE de Barranco-Seco; o, de forma más reciente, la Magistrada Dª BELÉN BARRANCO ARÉVALO, titular del juzgado de instrucción núm. 1 de Algeciras, en funciones de control jurisdiccional del CIE de Algeciras y Tarifa. José Antonio Tomé García Investigador del proyecto de investigación «Movilidad humana: entre los derechos y la criminalización» [DER 2016-74865 R] Madrid, 31 de julio de 2018
INTRODUCCIÓN: EL CONTROL JUDICIAL DEL INTERNAMIENTO EN LOS CIE I. LOS JUECES DE CONTROL DE ESTANCIA EN LOS CIE Dispone el art. 62.6º LOEX que «el Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente»1. A diferencia de lo que sucedía antes de que la LOEX fuera reformada por LO. 2/2009, de 11 de diciembre, en la actualidad se distingue entre el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento, que será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la detención, y el Juez encargado de controlar dicho internamiento en los términos indicados, que será el Juez de Instrucción donde esté ubicado el centro o lugar de internamiento. De esta forma se ha querido dar solución a los numerosos problemas que surgían en la práctica cuando el ingreso se producía en un CIE alejado del partido al que pertenecía el Juez de Instrucción que había autorizado el internamiento, creándose una figura similar a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria2. Además, como hemos señalado, el art. 62.6º
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En coherencia con dicho precepto, el apartado segundo del art. 87 LOPJ (apartado añadido tras la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la LOEX), dispone que «los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales». Antes de la reforma efectuada por la LO. 2/2009, se afirmaba que, en innumerables casos, la situación de indefensión del extranjero internado tenía su origen
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en el hecho de que el juez de instrucción que dictaba la orden de internamiento y el letrado defensor no estaban en la misma ciudad o provincia que el centro de internamiento donde se encontraba el extranjero. La distancia entre la ciudad donde se incoaba el expediente de internamiento y aquella en la que se realizaba el internamiento limitaban de forma importante la asistencia jurídica que le debía de prestar su abogado y la posible ayuda de sus familiares y amigos («Observatori del sistema penal i els drest humans», Universitat de Barcelona, «Primer informe sobre los procedimientos administrativos de detención, internamiento y expulsión de extranjeros en Cataluña», Barcelona, 2003, http://www.ub.edu/ ospdh/sites/default/files/documents/inf%20extrangeria.pdf, pág. 42). En esta línea, MARTÍNEZ ESCAMILLA se manifestaba en los siguientes términos: «(…) de nuevo las personas internadas en los CIE tienen peor condición que quienes cumplen pena de prisión en un Centro penitenciario, pues en éste existe un control sobre la ejecución de la pena encomendado a un órgano judicial, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, cuyo cometido específico es garantizar los derechos de los internos y controlar el sometimiento a la legalidad de la Administración. Nótese que las funciones judiciales cuya efectividad estamos reclamando coinciden en gran medida con las que cumple el Juez de Vigilancia respecto a los centros penitenciarios. Y en este sentido buena parte de las razones que en su día inspiraron la creación de los Juzgados de Vigilancia abogarían por la creación de una jurisdicción especial para controlar los pormenores del internamiento. La relación de sujeción tan intensa, el que se produzca en un contexto cerrado donde el ejercicio de derechos está mediatizado por la Administración, a lo que se une la especial vulnerabilidad de estas personas, son razones que abogarían por la creación de una jurisdicción especializada, mejor conocedora de las peculiaridades de este tipo de privación de libertad y cuya función de control de la legalidad y garantía de derechos le esté expresamente encomendado y debidamente articulado con obligaciones como la visitas periódicas a los centros, entrevistas con los internos, etc. Las similitudes señaladas podrían sugerir encomendar esta labor a la jurisdicción de vigilancia, pero otra serie de consideraciones desaconsejarían esta opción, pues se correría el peligro de que el Juez de Vigilancia, acostumbrado a controlar la ejecución de la pena de prisión, trasladara a los CIE el mismo esquema del régimen penitenciario, siendo que ni los extranjeros son delincuentes, ni los lugares donde están internados deberían ser centros penitenciarios. Podría defenderse la creación de una jurisdicción especializada, nueva y diferente de la de vigilancia con las funciones a las que se ha hecho alusión, sin que resulte una crítica de peso “la marginalidad” del fenómeno. Probablemente si tuviéramos los datos nos sorprendería el número de internamientos que se producen a lo largo del año, tratándose de un recurso cuyo uso, a pesar de su excepcionalidad formalmente declarada, parece ir en aumento. En cualquier caso, si la creación de una jurisdicción especial no resultara viable, al menos debería seguirse la recomendación hecha hace tiempo del Defensor del Pueblo en el sentido de encomendar “a uno de los juzgados de cada una de las