1_9788490869000

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jorge A. Cerdio Herrán

Angelika Nussberger

José Ramón Cossío Díaz

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LAS TRANSFORMACIONES DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA

BELÉN ANDRÉS SEGOVIA

Valencia, 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Belén Andrés Segovia

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es ISBN: 978-84-9086-900-0 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

A mis padres, Vicente y MarĂ­a Rosa y a mi maestra, Beatriz

NOTA PRELIMINAR El presente estudio constituye sustancialmente el Trabajo Fin de Máster que defendí el 23 de septiembre de 2014, en la Facultat de Dret de la Universitat de València, ante un Tribunal compuesto por los Profesores Dres. María José Alonso Más, Ignacio Sevilla Merino y el Catedrático Juan Francisco Mestre Delgado. Agradezco a todos ellos las valiosas observaciones que me realizaron y que han contribuido a mejorar el presente texto.

Debo mostrar mi agradecimiento a mi maestra y directora de este trabajo, la Profesora Dra. Beatriz Belando Garín, sin la cual este libro no hubiera sido posible. También al Catedrático Vicente Escuín Palop, por su apoyo constante en mi labor académica.

Finalmente, hago extensiva mi gratitud a aquellas personas e instituciones que han permitido esta investigación. En primer lugar, esta publicación se ha realizado en el marco de las labores de investigación realizadas en el Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+i, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España sobre “Pluralismo y contenidos en la nueva regulación española de los mercados audiovisuales” (ref. DER2012-37122), que me ofrece la oportunidad de colaborar, en calidad de técnico de investigación jurídica, en todas las tareas que se han ido sucediendo desde el año 2013. En especial, quisiera agradecer la ayuda que me brindaron algunos componentes del proyecto que leyeron con paciencia algunas de estas páginas y cuyas reflexiones han constituido siempre un estímulo para mí. En segundo lugar, quisiera agradecer, la amabilidad con la que me recibió la Catedrática Elisensa Malaret i Garcia en la sede del Consell de l´Audiovisual Català en Barcelona, de cuya experiencia pude comprender y valorar la procedencia de un Consejo del Audiovisual en la Comunitat Valenciana. En tercer lugar, quisiera mostrar mi reconocimiento al Instituto de Derecho Iberoamericano (IDIBE), en especial a su presidente, Dr. Dr. José Ramón De Verda Y Beamonte, por apoyarme en mi estudio en torno al Derecho Audiovisual, confianza que tuvo como resultado mi nombramiento como jefa de esta sección en el Instituto. En cuarto lugar, a los miembros del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Com-

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Nota preliminar

plutense de Madrid, que me dieron la oportunidad de perfeccionar este trabajo en su sede y cuyos consejos me permitieron crecer tanto personal como profesionalmente. Por último, en quinto lugar, quisiera agradecer a Don Lorenzo Martín Retortillo Baquer, la oportunidad que me brindó de poder defender este trabajo el 13 de mayo de 2015, en el Seminario del maestro Eduardo García de Enterría bajo el título “El servicio público audiovisual: en especial, el caso de la televisión pública valenciana”, cuyo debate ha enriquecido el presente texto.

ABREVIATURAS AA.VV ATC BOE CAC CE CEE CEDH CEMA CNMC CP DOCE DOCV EACV ERE EPRA ERT ERTV ET FJ FFJJ IEE INAP LGCA LTCan LDT OTAN RAP RAAP RCCE RCDP RCSEECI RDCE

Autores Varios Auto del Tribunal Constitucional Boletín Oficial del Estado Consell Audiovisual Català Constitución Española Comunidad Económica Europea Convención Europea de Derechos Humanos Consejo Estatal de Medios Audiovisuales Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Código Penal Diario Oficial de la Comunidad Europea Diario Oficial de la Comunitat Valenciana Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana Expediente de Regulación de Empleo European Plataform of Regulatory Authorities Ellinikí Radiofonía Tileórasi Estatuto de Radio y Televisión Estatuto de los Trabajadores Fundamento Jurídico Fundamentos Jurídicos Instituto de Estudios Económicos Instituto Nacional de la Administración Pública Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del Tercer Canal Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Telecomunicaciones Organización del Tratado del Atlántico Norte Revista de la Administración Pública Revista Aragonesa de Administración Pública Revista Científica de Comunicación y Educación Revista Catalana de Dret Públic Revista de Comunicación de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana Revista de Derecho Constitucional

16 RDL RDLRMT

Abreviaturas

Real Decreto Ley Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo RDUE Revista de Derecho de la Unión Europea Rec. Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia REPNE Revista de Estudios Políticos Nueva Época REDA Revista Española de Derecho Administrativo RTC Recurso del Tribunal Constitucional RTRC Revista Teoría y Realidad Constitucional RTS Recurso del Tribunal Supremo RTVE Radio y Televisión Española RTVV Radio y Televisión Valenciana RTVV S.A.U Radio y Televisión Valenciana Sociedad Anónima Unipersonal RVAP Revista Vasca de Administración Pública STC Sentencia del Tribunal Constitución SSTC Sentencias del Tribunal Constitucional STEDH Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos SSTEDH Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos STSJ Sentencias del Tribunal Superior de Justicia STJCE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea SSTJCE Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea STJCV Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana TC Tribunal Constitucional TCE/Tratado CE Tratado de la Comunidad Europea TDT Televisión Digital Terrestre TDT-L Televisión Digital Terrestre Local TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea TIC Tecnologías de la Información y de la Comunicación TJCE Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea TSJ Tribunal Superior de Justicia TUE Tratado de la Unión Europea UE Unión Europea UER Unión Europea de Radiodifusión UGT Unión General de Trabajadores

PRÓLOGO El libro que tengo la oportunidad de presentar es fruto de un intenso trabajo de investigación que se realiza en el programa de doctorado de la Universitat de València en el curso 2014 y que tuve el honor de dirigir.

El trabajo analiza uno de los acontecimientos recientes de mayor impacto en el entorno cultual de la Comunitat Valenciana, el cierre de la cadena de televisión regional (Radiotelevisión Valenciana). El libro sin embargo, no pretende limitarse a describir las causas de una muerte anunciada, ni tampoco evaluar las devastadoras consecuencias que para los valencianos tiene esta decisión, sino ir más allá. La autora propone ahondar en las razones que justifican la intervención pública en el ámbito audiovisual: el derecho a la información y a ser informado, el pluralismo, la defensa de la cultura, etc., desde un profundo conocimiento de la jurisprudencia nacional y comunitaria.

Desde estos parámetros, Belén Andrés examina las razones que justifican la existencia de una televisión pública autonómica, partiendo para ello del propio concepto de servicio público audiovisual contenido en el art. 41 de la Ley 7/2010, General de Comunicación audiovisual. Un servicio público, que en el contexto autonómico se dirige a proveer el fomento del audiovisual local y de proximidad, la difusión de las lenguas propias así como el fomento del sentido de comunidad.

Estos elementos configuran los principios que han de respetar las televisiones públicas autonómicas y al que deben dirigirse la financiación pública que las soporte. Es necesario recordar que por más que hayan ido irrumpiendo estos años otros espacios de intercambios de productos audiovisuales u otros soportes, lo cierto es que la televisión sigue siendo el medio de comunicación con mayor incidencia social, aunque en algunos estratos de población éste compita en importancia con otros como internet. Ante este hecho, mantener una televisión pública autonómica configurada como un espacio público de intercambio de ideas y opiniones, donde tengan cabida todo tipo de colectivos y sectores, es esencial en un Estado democrático. Las experiencias de nuestro entorno demuestran que aquellos países que han optado por

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Beatriz Belando Garín

una televisión pública potente (caso de Francia o Reino Unido), ésta ha contribuido a difundir los valores nacionales y el fomento de la cultura.

Finalmente, el libro aborda en su último capítulo los sucesivos desaciertos jurídicos que dieron lugar al cierre de canal 9 todo ello desde una perspectiva crítica no exenta de optimismo. La autora consigue que el lector no se pierda en la vorágine legislativa que afecta a este sector y consigue conducirnos a la esencia de su trabajo: es posible una televisión valenciana pública y de calidad, sostenida con fondos públicos.

No quisiera concluir sin mencionar que con este trabajo Belén Andrés demuestra sensibilidad para los problemas que afectan a su entorno más inmediato, lo que es prueba de una cualidad imprescindible en cualquier jurista, su entronque con la realidad. Abordar el mundo de la televisión autonómica es, sin duda, un tema de enorme actualidad, que la autora analiza de forma rigurosa. A pesar de lo significativo de este reto, Belén Andrés consigue superarlo con creces demostrando que éste es el primer paso de una prometedora carrera académica.

BEATRIZ BELANDO GARÍN Valencia, 25 de mayo de 2015

INTRODUCCIÓN La estructura comunicativa española de la última década del siglo XX, supuso un gran avance en el derecho a la información (art. 20 CE). En este sentido, mediante delegación competencial del Estado a las Comunidades autónomas, se abre la posibilidad de crear televisiones públicas de carácter autonómico, diseñando un procedimiento universal repleto de novedades. Una de ellas fue la previsión por el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana del año 1982, por el que se posibilita la creación de medios de comunicación social destinados a fomentar la intercomunicación entre valencianos y, a potenciar su identidad cultural y lingüística (art. 371).

La aprobación de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento y del Consejo, de 10 de marzo de 2010 de servicios de comunicación audiovisual y su transposición en materia de televisión en España en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, va a suponer una importante transformación especialmente en la forma de entender la gestión de la televisión pública. La incorporación de esta medida en la Ley 3/2012 de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, hace que la regulación de la televisión valenciana, ya no pivote sobre el concepto de “servicio público”, sino sobre la libertad de creación de empresas, dejando sin cobertura aspectos de los contenidos audiovisuales vinculados al concepto de servicio público, así como las cuestiones relativas a su financiación pública.

Su análisis en este momento resulta relevante en la sociedad, ante la ausencia del que era el principal canal de televisión pública valenciana. Por este motivo, el objetivo del presente trabajo es estudiar la transformación que ha experimentado la televisión pública valenciana en los últimos años; y, en particular, examinar las causas que llevaron al cierre del ente Radiotelevisión pública Valenciana (1989-2013).

Para conseguir el objetivo propuesto, la obra se estructura en cuatro capítulos:

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Posteriormente será modificado por el artículo 56 del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana de 10 de abril de 2006 y la Ley del Sector Audiovisual de 19 de abril de 2006.

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Introducción

El primero de ellos evalúa la incidencia de la Constitución Española en el Derecho audiovisual, como norma suprema que contiene una serie de prescripciones y límites que deben ser tenidos en cuenta por los poderes públicos. Asimismo, se analizará el marco competencial que permite al Estado dictar una ley básica en esta materia y su correspondiente desarrollo por las Comunidades Autónomas.

El segundo bloque analiza la configuración del servicio de la televisión pública autonómica. El objetivo del presente capítulo es estudiar el tratamiento que recibe la televisión pública en el marco autonómico; y, en particular, examinar aquellas características que deben concurrir en la financiación —procedente de fondos estatales y autonómicos— que son destinados a los prestadores de este servicio, para que esta ayuda pública no sea considerada contraria al Derecho de la Unión. En concreto, se toma en consideración las previsiones de la normativa española sobre los recursos financieros tales como los de origen comercial —publicidad— y estatal destinados al organismo encargado de prestar este servicio público.

A continuación el tercer bloque, aborda la televisión pública valenciana. En este sentido, se examina la evolución e incorporación de la Radiotelevisión pública valenciana. Se hace referencia al nuevo marco de regulación estatutario y de la Ley del Sector Audiovisual —ambos de 2006—, que intenta afianzar la repercusión de la revolución tecnológica e incorpora la previsión de un Consell del Audiovisual Valenciano. Finalmente se expone, la regulación de la financiación de la televisión pública valenciana —en particular, del ente Radiotelevisión valenciana (en adelante RTVV)— justificada dentro de los cánones de prestación del servicio público.

Finalmente, se evalúan las causas que producen el decaimiento del servicio público de la televisión en la Comunitat Valenciana hasta su desaparición del panorama audiovisual. Posteriormente, estudiaremos como de su cierre se derivan consecuencias jurídicas muy interesantes, de las que este estudio pretende dar cuenta, en torno a la renuncia del servicio público. Adicionalmente, trataremos la reciente aprobación de la Ley 5/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, del Servicio Público de Radio y Televisión Valenciana, por cuanto supone la posible creación de una nueva radio y televisión pública valenciana en aquellos casos que desde el punto de vista económico sea viable y las deficiencias que supone la aprobación de la misma.

Introducción

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Por lo tanto hemos considerado necesaria la realización de una propuesta de lege ferenda, para una nueva radio y televisión pública valenciana, con el objeto de garantizar la difusión de los contenidos más plural y ajustada a las necesidades de la sociedad valenciana ante la ausencia de un servicio público de radio y televisión valenciana.

Capítulo I

MARCO CONSTITUCIONAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. REGULACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 2.1. Los medios de comunicación como garante y soporte de otros derechos y libertades constitucionales. 2.2. El pluralismo político y social de los medios de comunicación. 2.2.1. El pluralismo “en” los medios de comunicación. 2.2.2. El pluralismo “de” los medios de comunicación. 2.3. Los límites del artículo 20 de la CE. 3. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN. 3.1. Competencia Estatal para dictar normas básicas.

3.2. Competencias de desarrollo y ejecución de las Comunidades Autónomas. 3.3.

Competencias asumidas por la Comunitat Valenciana a través del su Estatuto de Autonomía.

1. INTRODUCCIÓN Los medios de comunicación audiovisual constituyen uno de los fenómenos más característicos de la actual “sociedad de la información”2.

Es indudable en tal caso, que nos encontramos ante instrumentos dotados de una considerable relevancia en cuanto al suministro de aquellos mensajes que conforman el momento histórico presente3.

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Sobre este tema se pronuncia Byung-Chul Han, cuando establece que, “la sociedad de la transparencia es la sociedad de la información. En este sentido, la información es, como tal, un fenómeno de la transparencia, porque le falta toda negatividad. Es un lenguaje positivizado, operacionado. Heidegger lo llamaría el lenguaje del ‘engranaje’ o del emplazamiento: ‘el hablar es emplazado para que corresponda a la posibilidad de encargar lo que se hace presente en todas las direcciones. El hablar así emplazado se convierte en información’”. Véase, HAN, Byung-Chul, La sociedad de la transparencia, Herder, Barcelona, 2013, pp. 7780.

En este mismo sentido, podemos transcribir la síntesis que realiza HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado Democrático de Derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 2000, p. 459, en relación a las tareas susceptibles de ser atribuidas a los medios. En tal caso, hace referencia a que “las tareas que los medios de comunicación de masas habrían que cum-

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Belén Andrés Segovia

Dada su importancia en la estructuración de la sociedad, los medios de comunicación audiovisual han sido objeto de atención por el Derecho desde sus inicios a través del Texto Fundacional4. Adicionalmente, en este sentido, la Constitución Española contiene un conjunto de límites que deben ser respetados por los poderes públicos —estatales y autonómicos— y por la correspondiente legislación de desarrollo dependiendo de la materia que se trate. Por estos motivos, resulta imprescindible para una mejor comprensión, el análisis del régimen jurídico de los medios de comunicación desde el origen hasta su posición jurídica actual.

2. REGULACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 El análisis de la configuración, regulación y funcionamiento de los medios de comunicación, nos conduce a examinar, en primer lugar, los medios de comunicación como garante y soporte de otros derechos y libertades constitucionales; en segundo lugar, el pluralismo político y social de los medios de comunicación; y, en tercer lugar, el contenido y limitaciones del artículo 20 de la Constitución.

2.1. Los medios de comunicación como garantes y soporte de otros derechos y libertades constitucionales La Constitución Española incluye, entre el conjunto de derechos y libertades garantizados y reconocidos en el Título I, la configuración de los medios de comunicación como una herramienta necesaria para

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plir en los sistemas políticos estructurados en términos de Estado de derecho” entre los que se incluye la “Vigilancia sobre el entorno sociopolítico, informando sobre desarrollos que probablemente repercutirán, positiva o negativamente, en el bienestar de los ciudadanos”.

Véase, BARATA I MIR, Joan, Democracia y audiovisual: Fundamentos normativos para una reforma del régimen español, Marcial Pons, Barcelona, 2006, p.

133 y BASTIDA FREISEDO, Francisco José, “Medios de comunicación social y democracia en veinticinco años de Constitución”, Revista Española de Derecho Constitucional núm. 71, 2004, p. 175.

Las transformaciones de la televisión pública valenciana

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el desarrollo y el ejercicio de los derechos fundamentales5. De este modo, los medios de comunicación, se convierten en primer lugar, en el soporte de un conglomerado de derechos constitucionales tales como la libertad ideológica (art. 16 CE) o el derecho a la libertad de participación (art. 23 CE). De igual forma, en segundo lugar, los medios de comunicación se caracterizan por ser un instrumento que garantiza la divulgación de la cultura6, la educación, o el fortalecimiento de una sociedad democrática, más libre y plural7. En definitiva, los medios de comunicación, en concreto los audiovisuales, se configuran como prestadores de un servicio incluido dentro del sector que abarca las comunicaciones en masa8 de innegable valor económico y social.

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En este sentido, tiene cabida la STC 9/1981, de 31 de marzo, del Tribunal Constitucional, cuando hace mención a que: “la Constitución tiene la significación primordial de establecer y fundamentar un orden de convivencia política general de cara al futuro, singularmente en materia de derechos fundamentales y libertades públicas”, es decir en ella el Tribunal Constitucional da cuenta de la relevancia que tienen los Derechos Fundamentales y en alguna medida los medios de comunicación, a fin de mantener nuestro sistema político y democrático. En este sentido, también se pronuncian las SSTC de 18 de noviembre de 1993, de 13 de diciembre de 1966, de 2 de febrero de 1981, de 5 de agosto de 1983, de 31 de enero de 1991 y de 4 de julio de 1999, respectivamente.

BUSTAMANTE RAMÍREZ, Enrique, “Libertad de expresión, pluralismo, cultura y los derechos de los ciudadanos en el audiovisual español” en la obra de BOIX PALOP, Andrés y VIDAL BELTRÁN, José María (Coord.) La nueva regulación del audiovisual: medios, derechos y libertades, Aranzadi, Valencia, 2014, pp. 45-60.

En este sentido se pronuncia, BUSTAMANTE RAMÍREZ, Enrique, en la ponencia sobre “Democracia e información: cambios en el sistema mediático y crisis” en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat, el 21 de mayo de 2013.

XAMBÓ I OLMOS, Rafa, “Los medios de comunicación en el País Valenciano”, en la obra AA.VV. La societat Valenciana 2002, Afers, Arxius de ciències sociales, núm. 7, Valencia, 2002, p. 225, donde afirma que “las características sobre el tipo de cultura que genera la presencia de los medios de comunicación masiva, su dinámica de funcionamiento y las consecuencias que de ello se derivan para la sociedad, para el conjunto de prácticas sociales, para la emergencia de un nuevo tipo humano y muchas otras cuestiones en relación con las transformaciones que se efectúan en el ámbito cultural y comunicativo, los distintos procedimientos de análisis, interpretaciones y juicios de valor sobre esta nueva forma cultural, serán el centro de un debate que se producirá a ambos lados del Atlántico”, conferencia sobre el Tancament de Radio Televisió Valenciana, grup de Algemesi al Debat, Universitat de Valencia, 2014.

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Así pues, entre los derechos y libertades fundamentales reconocidos, en los artículos 14 a 30 de la Constitución, encontramos un precepto de gran importancia en esta materia, el artículo 20 de la CE, que tiene como objeto el reconocimiento y la protección de la libertad de expresión9 en sus diversas manifestaciones. De la misma forma, reconoce y garantiza el derecho a expresar y difundir libremente las opiniones, ideas y pensamientos, avatares sobre los que se sustenta la actuación de los medios de comunicación. No obstante, en su núcleo normativo alberga al menos los siguientes principios: Derecho a la libre expresión de ideas, pensamientos y opiniones (en adelante libertad de expresión); Derecho de difusión libre mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción del derecho de expresión (en adelante derecho de difusión); Derecho a comunicar libremente información veraz (en adelante derecho a informar); Derecho a recibir libremente información veraz (en adelante derecho a ser informado); Derecho a la cláusula de conciencia; y Derecho al secreto profesional. Adicionalmente, se puede observar que algunos de estos principios muestran diferentes grados de eficacia, por cuanto, en primer lugar se encuentran aquellos derechos que en su regulación no se hace invocación a la ley y en segundo lugar, otros en los que se hace referencia al desarrollo legislativo.

2.2. El pluralismo político y social de los medios de comunicación El marco constitucional de los medios de comunicación está regido por el pluralismo político, configurado como un valor superior en el ordenamiento jurídico. Este pluralismo mantiene dos vertientes distintas: el pluralismo “en” los medios de comunicación, con la correspondiente referencia al artículo 20.3 CE, y el pluralismo “de” los medios de comunicación, que queda vinculado a su proceso de creación. Es por ello, que tiene sentido detenernos en estos momentos para reseñar las implicaciones de tales vertientes y su relación con el sector audiovisual.

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El Tribunal Supremo en un principio dio prevalencia al ejercicio de la libertad de expresión, tales como las Sentencias de 17 noviembre 1986 (RJ 1986\6653); 21 febrero 1987 (RJ 1987\605), 6 marzo 1987 (RJ 1987\1459 y RJ 1987\1460), 7 marzo 1987 (RJ 1987\1461), 10 marzo 1987 (RJ 1987\1469), 13 marzo 1987 (RJ 1987\1488 y RJ 1987\1489); 24 abril 1987 (RJ 1987\3156) y 10 julio 1987 (RJ 1987\5422).

Las transformaciones de la televisión pública valenciana

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2.2.1. El pluralismo “en” los medios de comunicación El artículo 20.3 CE establece las bases sobre las cuales se puede estructurar el sistema español de medios de comunicación social públicos. Así, el apartado tercero del referido precepto indica que “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Dicho de otro modo, el artículo 20.3 de la CE configura una serie de garantías e instrumentos que posibilitan el acceso de determinados grupos sociales y políticos a una plataforma audiovisual, con el fin de poder hacer efectiva la transmisión de sus mensajes.

La primera de las garantías es legal y supone exigir que la regulación de los medios de comunicación públicos se lleve a cabo mediante Ley. De acuerdo con este principio rector, el Tribunal Constitucional tuvo pronto la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión y de esta jurisprudencia podemos extraer determinadas reflexiones. La principal, gira en torno al propio Tribunal Constitucional por cuanto estima que el artículo 20.3 CE, contiene un mandato que concede a los grupos sociales y políticos significativos al menos el derecho a exigir que no se haga nada por impedirles el acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, no cabe derivar de esta obligación el derecho a exigir el apoyo con fondos públicos a determinados medios privados de comunicación social o la creación o en su caso, el sostenimiento de un determinado medio del mismo género y de carácter público (STC 6/1981). En este sentido, el derecho de acceso será en cada caso articulado por el legislador, que no es absolutamente libre para ello, pues “la denegación discriminatoria o arbitraria por carente de fundamento legal del acceso que la ley haga posible entrañará el consiguiente menoscabo del derecho del grupo así afectado a la libertad de expresión que la Constitución garantiza” (STC 63/1987, F.J. 6º). Por consiguiente, tanto en las citadas sentencias, como en el art. 20.3. CE, hay una clara distinción entre medios de comunicación públicos10 y privados11.

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ROSADO IGLESIAS, Gema, La Televisión Pública en España, régimen jurídico y control, Cedecs Rubí, Madrid, 1999, p. 243.

Llegados a este punto resulta necesario precisar que el control únicamente se refiere a medios públicos, ya que el texto no realiza ninguna alusión a los medios

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Belén Andrés Segovia

La segunda garantía derivada del artículo 20.3 CE, es la necesidad de una regulación legal que posibilite el efectivo acceso a los medios de comunicación. Ello conduce a una serie de premisas. En primer lugar, encontramos el libre acceso a la televisión pública. Así pues, el art.

8.1 de la Ley 4/1980, del Estatuto de Radio y Televisión (en adelante ERTV), dispone que el Consejo de Radiotelevisión Española tiene la competencia de determinar el porcentaje de horas en las que se emitirá la programación, para lo cual tendrá en cuenta criterios objetivos tales como la representación parlamentaria, la implantación sindical o el ámbito territorial de actuación12.

Asimismo, desde un ámbito general, en cumplimiento de este mandato13, se prevé la constitución de una Comisión Parlamentaria del

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privados. En este sentido, se observa por un lado, el derecho de acceso a los grupos sociales de carácter significativo, y por otro, habla de pluralismo, pero siempre referido a los medios públicos. Pese a este breve apunte, no se ha creado un modelo concreto de los medios de comunicación de carácter privado sino más bien, se ha ido configurando posteriormente y por tanto, la referencia constitucional a los medios públicos, no excluye a un sector importante de medios de comunicación. De este modo, comparto la idea expresada por el profesor Andrés Boix, en cuanto a que “esta capacidad de control público sigue dando muestras de notable vigor, ya sea mediante las normas estatales que enmarcan el proceso de apertura de la televisión local y autonómica, ya sea a partir de la regulación concreta del sector en cada autonomía, ya por medio de las concesiones a los diversos grupos que se han realizado, ya por la vía de introducir competencias que van más allá del control sobre los concesionarios y que suponen una verdadera policía de contenidos, aunque ésta sea ejercida por autoridades independientes y en sus grandes trazos la orientación de la misma provenga en muchos de los casos de instituciones europeas”, en BOIX PALOP, Andrés, “La traslación de pautas de control público al nuevo audiovisual de proximidad”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 14, 2007, p. 2.

MAGDALENO ALEGRÍA, Antonio, “El derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos en el estado social y democrático de derecho”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, núm. 18, 2006, p. 235.

GARRORENA MORALES, Ángel y MONTORO FRAGUAS, Antonio, “La Comisión del Congreso para el control de la radiotelevisión pública en España”, Revista de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 2, 1990, pp. 112-113, sostienen que “el citado artículo 26 ERTV establece que la Comisión Parlamentaria sobre RTVE sea constituida conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de los Diputados. Por el artículo 46 de este Reglamento podemos deducir que la Comisión sobre RTVE es de carácter Permanente, ya que a esta categoría pertenecen, además de algunas expresamente cualificadas como tales