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Derecho al cine Una introducción cinematográfica al Derecho Constitucional Coordinador

Abraham Barrero Ortega Autores

Miguel Álvarez Ortega Abraham Barrero Ortega Miguel Ángel Presno Linera Blanca Rodríguez Ruiz Octavio Salazar Benítez Prólogo

Javier Pérez Royo

Valencia, 2011

Copyright ® 2011 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant. com (http://www.tirant.com).

Director de la Colección:

Javier de Lucas Catedrático de Filosofía del Derecho

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Nota introductoria................................................................ Abraham Barrero Ortega Profesor titular de Derecho Constitucional Universidad de Sevilla

Prólogo. Encuentro entre ficciones: Derecho y cine.......... Javier Pérez Royo Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Sevilla

Cine y valores constitucionales: el Derecho en movimiento....................................................................................... Octavio Salazar Benítez Profesor titular de Derecho Constitucional Universidad de Córdoba Exigencias jurídico-políticas de dignidad: una aproximación filmográfica a los derechos fundamentales.......... Miguel Álvarez Ortega Profesor ayudante doctor de Filosofía del Derecho Universidad de Sevilla El poder ejecutivo: el partido que gobierna como príncipe moderno........................................................................... Miguel Ángel Presno Linera Profesor titular de Derecho Constitucional (Acreditado como Catedrático) Universidad de Oviedo El poder judicial o de cómo asegurar eficazmente el impero de la ley.................................................................... Abraham Barrero Ortega Profesor titular de Derecho Constitucional Universidad de Sevilla

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Derecho al cine

Índice

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Índice El cine y la construcción del género: entre lo convencional y lo crítico.................................................................. Blanca Rodríguez Ruiz Profesora titular de Derecho Constitucional Universidad de Sevilla

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Abraham Barrero Ortega

estas alturas del guión no hace falta insistir demasiado en las posibilidades que el cine ofrece para la enseñanzaaprendizaje de las Ciencias sociales en general y del Derecho en particular. El cine ayuda a observar la realidad desde diferentes perspectivas y niveles de lectura; descubre la riqueza de las culturas diferentes a la propia, evitando el etnocentrismo estrecho y empobrecedor; facilita el conocimiento de la cultura popular y de masas en general. El cine, en tal sentido, es algo más que un producto de ocio y consumo. Genera hábitos de observación, reflexión, análisis, comprensión, síntesis, relación e interpretación. La utilización del cine puede resultar muy útil a fin de profundizar en las asignaturas de contenido jurídico. Facilita la comprensión de esos contenidos y anima a la discusión. En último extremo, servirse del cine para la enseñanza del Derecho implica dar entrada al factor emocional con ocasión de esa

enseñanza. Y ello, sin duda, tiene una doble consecuencia muy positiva. Por un lado, el alumno se siente interesado, interpelado, conmovido, por lo que estudia; por otro lado, lo comprende mejor. La emoción, además, no es mera sensación en tanto que se funda en una cierta comprensión del objeto que la causa; tiene, por así decirlo, un componente de racionalidad que permite, a partir de un adecuado entrenamiento, guiarla. Gracias a magníficas películas, de excelentes cineastas, entendemos mejor la sociedad, las relaciones de poder, las mentalidades e implicaciones jurídicas de la vida cotidiana. En este contexto, el docente podría desempeñar el papel de orientador, moderador y mediador. Por lo que respecta a la enseñanza-aprendizaje del Derecho Constitucional, el cine posibilita la crítica, la contestación y hasta el compromiso democrático. Reflexionar y debatir a partir de una buena película puede contribuir a la adquisición de conocimientos y habilidades en torno

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Nota introductoria

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Abraham Barrero Ortega

al poder político y los derechos fundamentales en tanto exigencias éticas y políticas mínimas inherentes a una verdadera Constitución. Pero, asimismo, el cine puede favorecer la asimilación de una serie actitudes y valores; puede fomentar la socialización de los ciudadanos en el sistema democrático, dando por sentado que el sistema de enseñanza diseñado por el constituyente tiene un compromiso con la democracia (art. 27.2 CE). Esa socialización es legítima desde la perspectiva constitucional. Los trabajos incluidos en esta obra colectiva persiguen este propósito: auspiciar, debatir y reflexionar en torno a lo constitucional a través del cine. La estructura de la obra sigue, por lo demás, la clásica distinción entre

parte orgánica (poderes) y parte dogmática (derechos), con el añadido de un capítulo sobre la perspectiva de género en el cine. Cada contribución incluye una breve orientación bibliográfica y un apéndice de películas citadas. Mil gracias a Miguel Álvarez, Miguel Ángel Presno, Blanca Rodríguez y Octavio Salazar por su amistad y buen humor, así como a Tirant Lo Blanch por hacerlo todo tan fácil. Y gracias, una vez más, a Javier Pérez Royo por haber sabido crear en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla el ambiente intelectual propicio para sacar adelante ésta y otras iniciativas similares. Es el momento de que el lector juzgue si el esfuerzo de los autores y de la editorial ha merecido la pena.

Encuentro entre ficciones: Derecho y cine Javier Pérez Royo

na de las cosas que nos distingue a los seres humanos de los demás individuos del reino animal es que nuestra vida, a diferencia de la de ellos, descansa en ficciones. Los seres humanos no podemos convivir sin explicarnos a nosotros mismos el por qué y el cómo de nuestra convivencia. Necesitamos inventar ficciones explicadoras y justificadoras de nuestra convivencia. Ficciones sobre el origen del poder, sobre por qué unos mandan y otros obedecen, sobre como se relacionan y deben relacionarse personas de distinto sexo y un infinito etcétera. Sin nuestra capacidad fabuladora no hubiéramos podido transitar nunca de la pura coexistencia animal a la convivencia humana. Los seres humanos somos animales políticos, es decir, animales que, sin desconocer su condición animal, aspiran a que no sea esa condición animal sino la traduc-

ción política de la misma la que presida su convivencia. La traducción política de nuestra condición animal es el elemento constitutivo de la libertad, que es algo que no existe en el reino de la naturaleza. En el reino de la naturaleza existen el azar y la necesidad, pero no la libertad. La libertad únicamente existe en las sociedades humanas y existe porque nos ponemos límites a nosotros mismos. La política consiste, antes que nada, en el establecimiento de límites a nuestra condición animal para hacer posible la convivencia. El límite no es, en consecuencia, un elemento negador u obstaculizador de la libertad, sino que es su elemento constitutivo. El límite es la invención de los seres humanos para hacer posible la libertad personal. Ni el primero ni la segunda tienen nada de natural. Todo lo contrario. Son artificios creados por los seres humanos, con la finalidad de no quedar a merced de

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Prólogo

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la naturaleza y permitir que los seres humanos puedan adquirir progresivamente un mayor control de la naturaleza y de sus propias relaciones como seres humanos. La invención del límite, y como consecuencia de ello el acceso a la libertad, es lo que ha permitido a los seres humanos liberar energías, dedicadas hasta entonces únicamente a conseguir la propia supervivencia de su condición animal, para hacer uso de las mismas con la finalidad de hacer avanzar su componente diferenciador de los demás individuos del reino animal, su condición política. En este proceso de liberación de energía de la pura reproducción física de nuestra condición animal para conseguir la máxima potenciación posible de nuestra condición política ha consistido la trayectoria de la presencia humana en el planeta. En esto es en lo que ha consistido lo que denominamos genéricamente civilización, que no es otra cosa que acentuar nuestra condición política frente a nuestra naturaleza animal. Ese proceso nos ha permitido ir obteniendo un dominio progresivo de la naturaleza y, a través de dicho dominio, ampliar considerablemente nuestra libertad. Dicha ampliación de la libertad ha conllevado a su vez la ampliación de los límites. Los

seres humanos nos hemos liberado de nuestra dependencia de la naturaleza (no superado nuestra dependencia de la naturaleza porque eso es imposible), pero dicha liberación de la naturaleza ha comportado una progresiva dependencia de la sociedad. La supervivencia de los seres humanos sigue dependiendo de la apropiación de la naturaleza, pero la inmensa mayoría de los seres humanos, tanto más cuanto más desarrolladas son las sociedades en las que viven, no entran en contacto con la naturaleza en ese proceso de apropiación, sino que entran en contacto con los demás individuos con los que conviven, por lo general a través de instituciones creadas por ellos mismos para facilitar la convivencia. Los límites han acompañado a los seres humanos a lo largo de su presencia en el planeta. Y lo han hecho de manera progresivamente creciente. Cuanto mayor ha sido el tamaño de las sociedades y cuanta más densidad ha tenido el tejido de las mismas, tanto más necesaria ha sido la imposición de nuevos límites y, como consecuencia de ello, tanto mayor ha sido también la expansión de la libertad individual. Las sociedades democráticas contemporáneas con sus Estados Constitucionales han sido hasta la fecha las sociedades en

Prólogo

cia en la sociedad democrática. El ordenamiento jurídico contempla a cada ser humano ininterrumpidamente desde antes del nacimiento hasta después de su muerte. No hay paso que se pueda dar en la vida en sociedad para el que no exista una norma jurídica. La sociedad democrática es una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas. Cualquier conducta de un ser humano está contemplada por el Derecho, bien de manera expresa, que es lo más frecuente, bien de manera implícita, ya que nuestra convivencia descansa en el axioma de que no hay ninguna conducta humana que no pueda acabar siendo residenciada ante un juez, así como también en que el juez no puede no dar una respuesta a la demanda que se le formula pretextando que no existe en el ordenamiento jurídico una norma con base en la cual tomar la decisión. Si actuara de esa manera, el juez cometería el delito de prevaricación. Siempre hay en el ordenamiento, mejor dicho, no puede no haber en el ordenamiento, una norma para cualquier conducta de un ser humano en sociedad. Si no hay una norma que expresamente contemple esa conducta, la norma tiene que ser deducida a través de las llamadas técnicas de integración del ordenamiento, la analogía y los principios gene-

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las que se ha producido simultáneamente la máxima expansión de la libertad personal y la máxima expansión de los límites a los que tienen que ajustar su conducta los seres humanos en la convivencia. Nunca ha sido tan grande la autonomía personal como lo es en las sociedades democráticas de hoy, pero nunca ha impuesto tantos límites la voluntad general, la ley, al ejercicio de dicha autonomía personal. A esa combinación de autonomía personal con el límite de la voluntad general es precisamente a lo que llamamos libertad, que justamente por eso, no tiene nada de natural. La libertad no es el resultado de la naturaleza, sino del artificio inventado por los seres humanos mediante la Política y el Derecho. El ordenamiento jurídico de los Estados Constitucionales contemporáneos ha sido hasta la fecha la mejor expresión de esa combinación entre autonomía personal y límites jurídicos a través de la cual se constituye la libertad individual. Como es sabido, el ordenamiento jurídico no es una simple yuxtaposición de normas, sino que es un todo unitario, coherente y completo, que no admite la existencia de lagunas y contradicciones en su seno. Esta es la gran ficción en la que descansa nuestra conviven-

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rales del derecho. Pero respuesta hay siempre. O si se prefiere, no puede no haber nunca. El ordenamiento jurídico es una respuesta universal para cada una de las relaciones que entablen o que puedan entablar los seres humanos en su vida en sociedad. La capacidad de respuesta del ordenamiento jurídico no tiene límites. Es, además, una respuesta carente de contradicciones. Cada relación entre los seres humanos tiene una única respuesta. Respuesta que se alcanza espontáneamente porque los sujetos de una relación jurídica coinciden con su conducta en la interpretación de la norma del ordenamiento que regula dicha relación. O que se alcanza tras un proceso contradictorio mediante la decisión de un juez imparcial cuando los sujetos de la relación jurídica han discrepado con sus conductas en la interpretación de la norma. En la inmensa mayoría, en el 98 o 99% de las relaciones jurídicas, hay coincidencia y no surge el conflicto. En una pequeña minoría no es así y la sociedad tiene que tener previsto un mecanismo de respuesta, que restaure la unidad y ausencia de contradicciones del ordenamiento jurídico. El porcentaje de relaciones conflictivas es reducido, pero el número de las mismas se cuenta por millones en cualquier socie-

dad democrática de tamaño medio y en decenas de millones en las de grandes dimensiones. Cada una de esas relaciones conflictivas supone una agresión que tiene relevancia para los individuos sujetos de la misma, pero también para la comunidad en la que viven. Para el individuo la relación jurídica conflictiva, en especial si acaba siendo residenciada ante un tribunal de justicia, puede ser uno de los momentos que acabe teniendo más consecuencias para su vida en sociedad. La diferencia entre la libertad y la cárcel, entre la dignidad y la ruina, puede depender de cómo se resuelva un conflicto en el que se ve envuelto. Y ello es así tanto cuando el conflicto es de naturaleza penal, que es el que más terror suele inspirar, como cuando es de naturaleza civil, laboral o administrativo, cuyas consecuencias no es infrecuente que sean para un ciudadano tan importantes o más que las de muchos procesos penales. Pero no sólo para el ciudadano individualmente considerado es importante el conflicto y su eventual solución por vía judicial. También lo es para la comunidad de la que forma parte. Pues en todo proceso, sea de la naturaleza que sea, hay siempre y de manera insoslayable una dimensión moral y hay, por tanto,

Prólogo

cineastas de manera ininterrumpida. Y continuará haciéndolo de manera indefinida. El contraste es inabarcable e inagotable. La gran ficción del ordenamiento jurídico y la realidad de una sociedad que no puede existir sin esa gran ficción, pero que al mismo tiempo no puede identificarse con ella, abre un escenario infinito a la creación literaria y cinematográfica. Se produce el encuentro entre la gran ficción que es el Derecho y la desviación de esa ficción que se produce en la sociedad expresada en la forma de una ficción cinematográfica. La ficción cinematográfica exige como contrapunto la ficción jurídica. Sin esta última no sería inteligible. Justamente por eso, no hay manera de dar razón de manera omnicomprensiva de las relaciones entre Derecho y cine, pues el encuentro entre la ficción jurídica y la ficción cinematográfica es prácticamente inevitable, aunque dicho encuentro no tenga siempre la misma intensidad. Quiere decirse, pues, que la aproximación al tema tiene que ser por fuerza parcial. Hay que aproximarse siempre delimitando el problema o la perspectiva desde la cual se va a analizar el encuentro entre la ficción jurídica y la ficción cinematográfica. De lo contrario, lo que se diga no

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siempre el riesgo de que se cometa una injusticia, que no tiene simplemente alcance privado. La decisión judicial de un conflicto no se mide simplemente en dinero o libertad. La decisión de un conflicto supone al mismo tiempo la decisión de la sociedad sobre el comportamiento de uno o varios de sus miembros. La sociedad a través del juez decide quién ha ignorado o no sus propias responsabilidades. Si este juicio no es imparcial y limpio, entonces la comunidad inflige a uno de sus miembros un daño moral y lo sella, en cierta medida, con el estigma de quien se ha puesto con su conducta fuera de la ley. El daño más grave se produce cuando un inocente es condenado como autor de un delito, pero es también muy grave en cualquier tipo de proceso. La tensión entre un ordenamiento jurídico en el que no existen contradicciones y una sociedad en la que las contradicciones no dejan de aparecer permanentemente es uno de los más fértiles terrenos para la ficción literaria y cinematográfica. El contraste entre el ideal que expresa la norma y la desviación de dicho ideal que se produce en la realidad es de una riqueza tan extraordinaria y permite descubrir tantos registros acerca de la condición humana que no ha dejado de inspirar a novelistas y

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puede ir más allá de generalidades sin interés. Es lo que han hecho los autores de este libro: articular su reflexión sobre las relaciones entre Derecho y cine en torno a algunos de los conceptos centrales con base en los cuales se ha construido el Estado Constitucional democrático. Las reflexiones tienen una clara vocación pedagógica. Hay una pretensión de hacer entender mejor el Estado Constitucional democrático a través de la aproximación al mismo desde la ficción cinematográfica. Tal pretensión pedagógica es más visible en las contribuciones de los cuatro profesores varones, que dedican sus trabajos a los derechos fundamentales (Mi-

guel Álvarez Ortega), los valores constitucionales (Octavio Salazar Benítez), el poder ejecutivo (Miguel Ángel Presno Linera) y el poder judicial (Abraham Barrero Ortega), que en el trabajo de la única profesora que participa en este proyecto (Blanca Rodríguez Ruiz), que dedica su análisis a la aproximación del cine al género no solamente como un concepto descriptivo, sino también como una categoría analítica, como una herramienta crítica de análisis de las relaciones entre mujeres y varones desde la perspectiva de los roles que el orden socio-jurídico adjudica a unas y otros. Espero que las disfruten y que su lectura les estimule a ir más al cine.

Octavio Salazar Benítez

El sentido de la vida: luces, cámaras y acción El Derecho se ocupa de la vida. Nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Incluso con anterioridad y con posterioridad a dichos momentos prevé consecuencias que nos afectan. En este sentido, Stefano Rodotá parte de la definición de vida dada por Montaigne —“un movimiento inigual, irregular y multiforme”— para mostrar su permanente tensión con un Derecho que pretende la regularidad y la uniformidad. Una tensión que no deja de elevarse a medida que nuestras vidas se hacen más complejas, necesitadas de una mayor protección jurídica aunque paradójicamente cada vez más escurridizas ante las pretensiones reguladoras del ordenamiento. Porque debemos tener en cuenta que el Derecho refleja, y en algunos casos trata de someter a límites, nuestras pasiones y miserias, nuestros

vicios y virtudes. Tiene mucho que ver con el drama y en ocasiones también con la comedia (“la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”). Marca nuestro territorio de ciudadanos, nuestros derechos y deberes, la manera en que nos es permitido relacionarnos con los demás, los efectos de nuestros actos y hasta de nuestros silencios. Es como una especie de hilo que nos atraviesa y que sólo se hace visible en las situaciones conflictivas o bien en aquellos casos que recurrimos a él para dar cobertura jurídica a nuestras elecciones. Esa presencia se hace extrema —y por lo tanto más cercana al drama— cuando el Derecho tiene que desplegar su elemento coactivo para restaurar el orden o para sancionar al que incumple las normas. Es sin duda el

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Cine y valores constitucionales: el Derecho en movimiento

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Octavio Salazar Benítez

Derecho Penal donde con más contundencia detectamos la fuerza, el poder, que encierra el ordenamiento, el cual, y aunque pueda parecer paradójico, ha de recurrir a la amenaza de coacción como un factor de garantía de nuestras libertades. El cine, al igual que el Derecho, también se ocupa de la vida. La refleja, la reproduce, la retrata, la somete a crítica. Una película es, al mismo tiempo, un espejo y una ventana. En ella vemos reflejados nuestros dilemas, las preguntas que nos acechan, lo que hemos vivido y lo que no nos hemos atrevido a vivir. Con el cine nos emocionamos y hasta sufrimos porque hace que nos veamos a nosotros mismos. De esta manera se convierte en memoria e incide de manera singular en la construcción de nuestra identidad. Pero, al mismo tiempo, el cine es una ventana abierta a “los otros”. Todo ello no quiere decir que no sea también espectáculo o entretenimiento, y por supuesto una industria, sino que por encima de todo constituye un elemento socializador de primera magnitud. Y lo es no sólo como reflejo sino también como creador de la realidad. Como afirmaba Luchino Visconti, el arte es política y, por tanto, el cine también lo es. Y no me refiero a su utilización interesada desde el poder, de la que

existen muchos y en algunos casos espléndidos ejemplos, sino a que toda buena película encierra un posicionamiento ideológico. Lo hay incluso en las imágenes de la salida de los obreros de la fábrica rodadas por los hermanos Lumiére en 1895. Hasta la película más aparentemente ligera contiene una visión antropológica, social o política que implica una opción de su creador y que coloca al espectador frente a un determinado segmento de la realidad. La más insignificante “comedia romántica” podría servirnos para debatir cómo nos refleja, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres en el contexto de nuestras relaciones. Así, una película tan comercial como Pretty Woman merecería un análisis desde la igualdad de género o un recorrido por las heroínas y princesas de Disney nos podría servir para detectar como el orden patriarcal sigue condicionando las factores de socialización de los más pequeños. De la misma manera que películas de animación recientes nos podrían servir para debatir sobre temas tan candentes como el derecho a la diferencia —Happy feet—, el medio ambiente —Wall-E— o la necesidad de controlar los excesos del poder en cualquier colectivo, aunque se trate de un grupo de juguetes —Toy Story 3—.

Cine y valores constitucionales

tos formales, aporta contenidos sustantivos que son los que hacen posible la convivencia de las libertades y el pluralismo. Por todo ello, el Derecho Constitucional es una materia troncal y, me atrevía a afirmar, que la más troncal de todas. Hasta el punto que no sólo los estudiantes de Derecho sino en general toda la ciudadanía debería conocer las raíces y el tronco del sistema en el que habitan. El régimen democrático, que como bien afirma Pasquino, es el más exigente de todos, requiere de una ciudadanía no sólo formada en determinados valores sino también comprometida con ellos. Y ello supone una labor pedagógica a la que ningún sistema constitucional ría renunciar. El cine es una herramienta pedagógica idónea para incidir en esa educación para la ciudadanía que, obviamente, ha de tener un especial singularidad en los futuros juristas. A través de las películas no sólo podemos acercarnos a los momentos históricos decisivos para la consolidación del Estado constitucional, a los entresijos del poder o a la casi escenificación dramática que supone un proceso judicial, sino que también, y sobre todo, podemos detectar y analizar los valores constitucionales. En ocasiones es muy complicado cons-

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El Derecho Constitucional es, sin duda, el derecho más “político” que existe. Se sitúa, como bien ha explicado Javier Pérez Royo, en el punto de intersección entre la Política y el Derecho. No en vano el Derecho Constitucional de hoy empezó a forjarse sobre los restos del Derecho Político de ayer. Esa adjetivación se explica con rotundidad si atendemos a los dos ejes que articulan esta rama del Derecho: el poder y la ciudadanía. Algo que dejó claro el art. 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 al afirmar que no existe Constitución si el poder no está dividido y si los derechos no están garantizados. Junto a ese carácter esencialmente político, el Derecho Constitucional se caracteriza por sentar las bases del ordenamiento jurídico. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento, lo cual implica que contiene los principios y valores inspiradores del sistema, los límites y los necesarios equilibrios, los pilares y las puertas que es posible ir abriendo en el proceso de construcción democrática que se inicia con su entrada en vigor. La Constitución contiene también una suerte de fundamentación ética del sistema, en la medida en que más allá de procedimientos y requisi-

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truir teóricamente los principios que fijan e inspiran el sistema, más allá de la reflexión filosófica sobre los mismos, y sobre todo es complicado darles forma para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda apreciarlos. En ese sentido, el cine nos puede servir para superar esa abstracción y para ponerle nombres y apellidos a valores como la igualdad, la justicia o el pluralismo. A través de los mecanismos psicológicos y emocionales con los que juega una película, es mucho más fácil aprender y aprehender toda la hondura del sistema constitucional. Una exigencia ineludible porque una democracia requiere que la ciudadanía sienta los valores que la sustentan y sea capaz de proyectarlos en su vida cotidiana. La democracia no sólo es el más exigente de los regímenes políticos sino que también es el más dinámico. El hecho de apoyarse en el respeto a la dignidad humana y a los derechos que derivan de ella hace que se encuentre en permanente estado de adaptación, de transformación, de búsqueda de respuestas a nuevos interrogantes y desafíos. En este sentido, podemos afirmar que la democracia es un proceso flexible. Por ello no hay manifestación artística que mejor la refleje y cuestione que el cine. Las imágenes en movi-

miento, en las que además se condensan y entremezclan otros lenguajes artísticos, son las que mejor traducen la ebullición del alma humana, la complejidad de la vida social, las aristas del poder. Son las que, además, con más facilidad nos inquietan, nos sorprenden, nos hacen interrogarnos. De ahí que debieran convertirse en aliadas esenciales en la formación no sólo del jurista sino, en general, de toda la ciudadanía. Además de todas estas razones, que por sí solas justificarían no sólo el recurso al cine sino incluso la introducción de materias específicas o de cursos de especialización sobre sus relaciones con el Derecho, no podemos perder de vista que las jóvenes generaciones han crecido y se han educado en la cultura del imagen. Es necesario pues que desde el ámbito docente hagamos un esfuerzo por acercarnos a sus lenguajes, por usar en beneficio de nuestros objetivos las herramientas que ellos usan cotidianamente. Las películas pueden servirnos para generar debates, para confrontar Derecho y realidad, para ponerlas en relación con casos prácticos de derechos fundamentales, para repasar determinados momentos históricos o para tratar de analizar críticamente el poder. Al mismo tiempo, el cine pue-

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democracia militante, es decir, comprometida con los valores superiores del ordenamiento.

Dogville: el poder y las normas La ciudadanía representa la esencia del constitucionalismo en la medida que, como bien ha explicado Javier Pérez Royo, convierte a los individuos en iguales. Por lo tanto, ciudadanía más igualdad vendrían a ser el músculo del sistema. Además la ciudadanía supone un contenido sustantivo, un ideal normativo, en cuanto designa no sólo un estatuto jurídico sino que también modela deberes, virtudes y comportamientos. Este ideal normativo parte de la responsabilidad hacia lo colectivo, del entendimiento de la felicidad como política y, por lo tanto, de la necesidad de desarrollar unos hábitos que permitan la convivencia pacífica. En este sentido, la ciudadanía está condicionada y, a su vez, encuentra el fundamento, en los horizontes éticos del sistema constitucional. Como bien ha escrito Zagrebelsky, “la democracia no promete nada a nadie, pero exige mucho de todos. No es un ídolo sino un ideal que se corresponde con una idea de la dignidad humana. Su recompensa está

en su realización”. Este modelo de ciudadanía es necesario para controlar el poder, para contribuir a la efectiva garantía de las libertades, para corregir desigualdades y desequilibrios y, por supuesto, para generar espacios en los que todos y todas podamos contribuir a la definición de los “intereses generales”. En el caso español, esos faros vienen marcados fundamentalmente por dos artículos. De una parte, por la proclamación del Estado Social y democrático de Derecho y de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1 CE). De otra, por la consideración de “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás” como “fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10.1 CE). Estas dos previsiones, además, están atravesadas por el mandato que establece el art. 9.2 y que, sin duda, constituye la apuesta más rotun-

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de ser en el ámbito del Derecho Constitucional un instrumento clave para poner las bases de una

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da del constituyente español por la capacidad transformadora de lo público y por una ciudadanía apoyada en la efectiva garantía de sus derechos, así como en su permanente implicación en la vida política, económica, cultural y social. Del art. 9.2 podemos deducir la concepción de la ciudadanía como ideal normativo y, por tanto, la responsabilidad de todos y de todas, no sólo de los poderes públicos, en mantener y desarrollar un sistema basado en la libertad, la igualdad y el pluralismo. Todo ello además desde la asunción de que los derechos humanos no constituyen una categoría dogmática, estable y cerrada, sino que más bien son, en palabras de Joaquín Herrera, “procesos de lucha por la dignidad”. Unos procesos que, a su vez, están guiados por el principio de igualdad y la prohibición de discriminación (art. 14 CE). Uno de los objetivos prioritarios en la enseñanza del Derecho Constitucional es desentrañar la fórmula del art. 1 CE y, a través de los adjetivos que se añaden al Estado, sentar las bases jurídicas y políticas mediante las cuales se organiza nuestra convivencia. Ello supone hacer un recorrido histórico por la evolución del Estado moderno —tanto por los acontecimientos que lo fueron diseñando como por las apor-

taciones teóricas que incidieron en esa construcción— y, en definitiva, una reflexión sobre el mismo concepto de poder. Ello ha de llevarnos necesariamente a un territorio que sobrepasa los límites del Derecho Constitucional y que nos sitúa en el ámbito de la Filosofía Política, ya que supone incidir en la naturaleza del ser humano, en la necesidad o no de normas para garantizar una convivencia pacífica o en el equilibrio siempre inestable entre libertad y seguridad. Muchas películas nos permiten aproximarnos a estos conceptos. Por ejemplo, El señor de las moscas, basada en la novela de William Golding, nos puede servir para reflexionar sobre el origen de la sociedad, la naturaleza del hombre (Hobbes, Rousseau) y sobre la conexión entre poder y violencia. La historia del grupo de cadetes que, tras finalizar el curso en una academia militar, sufren un accidente de avión y tienen que organizar su supervivencia en una isla desierta, nos sitúa frente a la concepción de las normas como límite de nuestra naturaleza egoísta y frente a la necesidad de dotar de una cierta racionalidad a la convivencia —contrato social— si queremos evitar la violencia y el miedo. La obediencia al Derecho, la legitimidad de las normas, el

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mas— ese es el western. Más allá de su ubicación en un espacio y tiempo concretos, las buenas películas del Oeste son un auténtico tratado sobre el origen de la sociedad, la naturaleza humana y la necesidad de acudir a la ley para limitar la violencia y proteger a los más débiles. No cabe duda de que la obra maestra de John Ford, El hombre que mató a Liberty Valance es el mejor ejemplo sobre como el salvaje oeste es un auténtico estado de naturaleza o sobre como es neceario un gran pacto que establezca la ley y el orden. Otras muchas películas del género pueden ilustrarnos sobre como el Derecho permite transitar a la sociedad organizada y superar la sed de veganza, desde clásicos como Incidente en Ox-Bow, El árbol del ahorcado o Camino de la horca a la última película de los Cohen, con un título tan significativo como Valor de ley. El cine ambientado en el Oeste americano también nos ofrece una lectura sobre la concepción del ser humano y la idea de civilización. En este sentido, habría que recordar todas las películas en que el protagonismo se sitúa en las poblaciones aborígenes que, en la mayoría de los casos, fueron arrasadas en cuanto que no se ajustaban al patrón de “humanidad” propio del colonizador. Dos películas nos pueden

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fundamento de su carácter coactivo, son temas que aparecen en la estupenda Las normas de la casa de la sidra, basada en la novela “Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra” de John Irving. Aunque el tema central de la película también nos llevaría a tenerla como referente en una lección específica de Derecho Constitucional —la mirada de un joven que siempre ha vivido en un hospicio cuyo director practica abortos—, tiene aún mayor interés el discurso que plantea en torno al Derecho. El joven protagonista de la película abandona el hospicio y empieza a trabajar recogiendo manzanas con un grupo de temporeros en la “casa de la sidra”. En el barracón donde duermen un cartel establece las normas de convivencia, las cuales son reiteradamente incumplidas porque los trabajadores no se sienten obligados por ellas. Esta historia nos plantea una cuestión esencial en nuestra materia: la legitimidad del poder y, por tanto de la normas, la cual nos lleva a su vez a la participación política y, en definitiva, a una reflexión sobre la democracia. Si hay un género que ha reflejado con agudeza todos los debates en torno al concepto de poder y de Derecho —la violencia, la venganza, el sentido de la justicia, el origen de las nor-