EL RECURSO DE AMPARO
1953
EL RECURSO DE AMPARO
Pablo Pérez Tremps
tratados
EL RECURSO DE AMPARO
PABLO PÉREZ TREMPS
tirant lo b anch Valencia, 2004
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Para Paula, Claudia y Tomรกs
Presentación y agradecimientos El objeto de este volumen es ofrecer una visión del recurso de amparo fundamentalmente práctica, con un método descriptivo y dirigida, en especial, a quienes como Abogados pueden verse en la tesitura de interponer un recurso de amparo. Por ello, a penas se realizan consideraciones doctrinales, que se limitan a ser apuntadas y a extraer, en algunos casos, consecuencias de las mismas que pueden resultar relevantes para la práctica del Derecho. La idea de elaborar este trabajo tiene demasiados años, ya que nació a raíz de mi experiencia como Letrado del Tribunal Constitucional entre febrero de 1988 y septiembre de 1991. Desde entonces, y por unas razones u otras, el trabajo se ha ido realizando “a plazos” hasta que la insistencia de Cora Zapico y de Salvador Vives me ha hecho concluirlo, en la medida en que estos trabajos se concluyen. Mi agradecimiento a ellos por esa insistencia. Ayudó, por otra parte, a la conclusión de la obra el impulso que supuso el que el propio Tribunal Constitucional auspiciara la realización de los comentarios a su Ley Orgánica que se publicaron bajo la coordinación de Juan Luis Requejo. El encargo que me hizo de comentar varios artículos, casi todos dedicados al amparo, me facilitó el seguir con el trabajo emprendido hacía años. Quisiera aprovechar estas líneas para revivir brevemente mi estancia en el Tribunal Constitucional. Los tres años y medio en que allí trabajé fueron, sin duda, los más “productivos” de mi vida profesional. La experiencia que supone para un profesor enfrentarse a la realidad diaria del “recurso” es algo inapreciable. Pero a ello no sólo contribuyó esa realidad. Los medios materiales y el personal que presta sus servicios en el Tribunal Constitucional ayudaron decisivamente. El ambiente y método de trabajo de los Letrados hicieron realidad, fuera de la Universidad, el sueño de muchos universitarios: el trabajo en equipo. A todos mis compañeros de entonces quiero agradecerles lo mucho que me enseñaron y lo agradable que fue compartir horas de trabajo, papeles y algún que otro café con cruasán. Los Magistrados con los que tuve el placer de trabajar no sólo me enseñaron sino que, además, me permitieron, como a todos, trabajar con libertad de criterio, dejándome que me equivocara y, así, poder aprender más. Y un especial recuerdo quiero dejar aquí de quien fuera Presidente del Tribunal, Francisco Tomás y Valiente, Paco Tomás para todos nosotros. Fue un magnífico Presidente y un buen jefe, combinando rigor con tolerancia y afecto. Su muerte fue un ejemplo clamoroso del daño que la violencia hace a la
PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
inteligencia, además de un duro golpe a la libertad que él defendió y que a otros nos enseñó a proteger. Por último, quiero también dar las gracias a Cora que, además de animarme, me ha ayudado, como siempre, con su lectura crítica y cartesiana. Itziar Gómez Fernández ha contribuido, asimismo, con su lectura a la mejora del trabajo, y Miguel Ángel Montañés me ha resuelto más de una duda.
PABLO PÉREZ TREMPS
Abreviaturas AcAJG
AcTRAE
Ant. Art. ATC CC CDFUE CE CEDH CGPJ DUDH EPCG F.J. LAJC LEC LECr LEOMF LHL LJCA LO LODP LOGP LOILP LOLS LOPJ
Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 18 de junio de 1996, sobre Asistencia Jurídica Gratuita en los procesos de amparo constitucional Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 20 de enero de 2000, por el que se aprueban normas sobre tramitación de los recursos de amparo a que se refiere la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General Antecedente Artículo Auto del Tribunal Constitucional Código Civil Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978 Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 Consejo General del Poder Judicial Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 Estatuto del Personal de las Cortes Generales, de 26 de junio de 1989 Fundamento Jurídico Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por R.D. de 14 de septiembre de 1882 Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Ley Orgánica Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, de Iniciativa Legislativa Popular Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
ABREVIATURAS
LOPP LOREG LOTC LPL LRJAPPAC
OIT RA RCD R.D. ROPTC RS STC STEDH STS TC TCE TEDH TJCE TS TUE V.P.
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común Organización Internacional del Trabajo Recurso de amparo Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 Real Decreto Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, aprobado por Acuerdo de 5 de julio de 1990 Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994 Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tratado de la Comunidad Europea Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Tribunal Supremo Tratado de la Unión Europea Voto particular
C A P Í T U L O I
EL RECURSO DE AMPARO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
SUMARIO 1. La introducción del recurso de amparo en la Constitución y su desarrollo 2. Las características procesales básicas del recurso de amparo 3. La naturaleza del recurso de amparo: garantía de derechos e instrumento de interpretación de la Constitución 4. Las fuentes que regulan el recurso se amparo 4.1. La Constitución. 4.2. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 4.3. Otras leyes. 4.4. Los Acuerdos del Tribunal Constitucional 5. Algunas indicaciones sobre la estructura y metodología del trabajo Bibliografía
1. LA INTRODUCCIÓN DEL RECURSO DE AMPARO EN LA CONSTITUCIÓN Y SU DESARROLLO Uno de los elementos característicos del sistema español de justicia constitucional es la existencia del recurso de amparo como mecanismo de protección de ciertos derechos reconocidos en la norma fundamental. Optando, como optó el constituyente, por seguir el modelo de justicia constitucional concentrada, esto es, residenciándola en un órgano ad hoc como es el Tribunal Constitucional, la introducción del recurso de amparo no resultaba obligada desde el punto de vista conceptual ya que no se trata de una figura procesal que venga impuesta por dicho modelo, como pone de manifiesto, por ejemplo, el sistema italiano de justicia constitucional. De hecho, no faltó alguna voz que durante la discusión de la Constitución mantuviera que no era conveniente configurar el recurso de amparo otorgando su conocimiento al Tribunal Constitucional. Sin embargo, varias razones abonaron la tesis que defendía su creación como competencia atribuida al Tribunal Constitucional. Así, en primer lugar, aunque es verdad que el recurso de amparo no resulta consustancial al modelo de justicia constitucional concentrada, también lo es que son muchos los sistemas que, siguiendo dicho modelo, sí han incorporado instituciones homologables al recurso de amparo español. Son significativos a este respecto los casos de Austria y, sobre todo, de la República Federal de Alemania, sistema éste que tuvo una gran influencia en el diseño del Tribunal Constitucional español. En segundo lugar, aunque corta, la tradición histórica española en materia de justicia constitucional también contribuía a la introducción del recurso de amparo. En efecto, el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República había incorporado el recurso de amparo como competencia propia,
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llegando a ser uno de los campos en los que el trabajo del citado Tribunal tuvo mayor virtualidad, a pesar de su corta experiencia y de que el sistema de protección de derechos fundamentales no llegara a articularse de forma completa durante la Segunda República. Menos relevancia, en cambio, parecen tener los precedentes “remotos” que en ocasiones se invocan, tales como el Justicia Mayor de Aragón e instituciones similares Más allá del interés histórico que estas instituciones puedan presentar, su conexión con el recurso de amparo carece de hilo conductor directo alguno, aunque pueda identificarse una común finalidad garantista. En tercer lugar, en el momento de elaborarse la Constitución, existía en España lo que podría denominarse una cierta “cultura del amparo” que se había extendido en los años anteriores como reflejo del constitucionalismo latinoamericano y de la doctrina generada en torno a él. Esa “cultura del amparo” consiste en concebir el recurso de amparo como un mecanismo de protección de derechos muy arraigado en el mundo jurídico de lengua hispana, por más que los modelos de “amparo” existentes en los distintos países latinoamericanos sean muy distintos entre sí. En cuarto lugar, uno de los rasgos característicos de la vigente Constitución es la fuerte carga garantista de los derechos fundamentales con la que fue concebida, como manifestación de la cultura jurídica europea de la postguerra y, sobre todo, como reacción frente a la falta de respeto y de protección de los derechos fundamentales que caracterizaron el precedente régimen político del Franquismo. El recurso de amparo debía cumplir una función de garantía. Pero, a la vez, también debía servir como instrumento para impregnar el ordenamiento jurídico de los valores constitucionales que los derechos y libertades representan. Estas razones, entre otras, explican, pues, que a la hora de redactar la Constitución resultara políticamente pacífica la introducción del recurso de amparo en el sistema de justicia constitucional, aunque pudieran existir discrepancias sobre su configuración técnica. Y lo cierto es que dicha introducción se ha manifestado con posterioridad no sólo como uno de los elementos centrales —casi característico— de la justicia constitucional en España, sino, también, y sobre todo, como el elemento más importante con el que se ha contado para hacer efectiva la voluntad normativa de la Constitución y para impregnar de valores y principios constitucionales todo el ordenamiento jurídico y su aplicación judicial. Ahora bien, constatado lo anterior, también es cierto que los mayores problemas con los que se enfrenta la justicia constitucional en España provienen precisamente del recurso de amparo. La razón no es tanto que se cuestione
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la institución en cuanto tal, sino la carga de trabajo que supone para el Tribunal Constitucional. Basten algunos datos: como puede verse más detenidamente en los Cuadros 1 a 4, de los 77120 asuntos que han ingresado en el Tribunal Constitucional desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2002, 74482, es decir, el 96,58%, han sido recursos de amparo; de los 63285 recursos de amparo resueltos en ese mismo período, sólo 4062, el 6,36%, lo han sido por sentencia; y de las sentencias dictadas, a su vez sólo 2031, el 50,57%, han tenido un fallo total o parcialmente estimatorio. Por otra parte, el incremento de recursos de amparo planteados ante el Tribunal Constitucional ha sido prácticamente constante y muy significativo. Todo ello hace que sea pacífica la apreciación de que el recurso de amparo ocupa seguramente un lugar desproporcionado en el trabajo y en el uso de energías del Tribunal Constitucional. Una consecuencia de ello es el tiempo que transcurre entre la presentación de la demanda y su resolución mediante sentencia, que, unido al empleado en la vía judicial previa, suma varios años. No deja de ser preocupante que ya haya habido condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por el retraso en la impartición de justicia incluida la jurisdicción de amparo (SSTEDH Díaz Aparicio, de 11 de octubre de 2001, y Soto Sánchez, de 25 de noviembre de 2003). Ya en 1988, la modificación introducida por la LO 6/1988 en la LOTC, en especial en su art. 50, tuvo como finalidad básica intentar aliviar esa carga de trabajo simplificando el trámite de admisión de los recursos de amparo. Sin embargo, y sin poder negar el efecto de racionalización del trabajo que tuvo la reforma, ésta pronto se manifestó insuficiente, haciendo que la cuestión siga viva, planteándose tanto en la dimensión interna de la organización del trabajo del Tribunal, como en la voluntad de algunos sectores doctrinales de aumentar aún más las facultades de inadmisión mediante la correspondiente reforma de la LOTC, e, incluso, en la existencia de un cierto debate sobre la posibilidad y la conveniencia de reducir el ámbito material del recurso de amparo. En esta misma línea, y aunque con carácter muy parcial, se han adoptado algunas medidas legislativas colaterales cuya finalidad, en parte al menos, ha sido descargar de trabajo al Tribunal Constitucional. El caso más claro ha sido, posiblemente, la “resurrección” parcial del incidente de nulidad de actuaciones producida por la reforma del art. 240 LOPJ introducida por la LO 13/1999 —hoy arts. 240 y 241—, reforma que tiende a reducir el altísimo número de recursos de amparo basados en la indefensión causada por decisiones judiciales y que se ha ido completando con otras reformas posteriores, la última de las cuales es la introducida por LO 19/2003. A esta misma filosofía responden los recursos que, por infracción del art. 24 de la CE, ha introducido la LEC en sus arts. 469 y 477.
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2. LAS CARACTERÍSTICAS PROCESALES BÁSICAS DEL RECURSO DE AMPARO Sin perjuicio de que, a lo largo del presente trabajo, se analicen detenidamente las características básicas del recurso de amparo en cuanto mecanismo procesal de protección de derechos, conviene desde ahora tener presentes cuáles son esas características con el fin de comprender de forma adecuada su regulación y aplicación. Existen discrepancias doctrinales sobre el carácter necesario o no, desde el punto de vista constitucional, de las características del recurso de amparo y, como es lógico, sobre el alcance exacto de las mismas. Dejando a un lado esas discrepancias, y a la vista de la regulación que hacen la Constitución y la LOTC, el recurso de amparo puede definirse por cinco características básicas: a) se trata de una acción procesal; b) es una acción procesal extraordinaria; c) es una acción procesal extraordinaria y subsidiaria; d); es una acción procesal extraordinaria, subsidiaria y flexible; e) y, por último, es una acción procesal extraordinaria, subsidiaria, flexible y definitiva aunque, como se verá más adelante, esta última afirmación deba matizarse. Desde el punto de vista conceptual, y contra lo que se desprende de su denominación, la primera nota que define el recurso de amparo constitucional es la de tratarse, más que de un recurso propiamente dicho, de una acción constitucional. En efecto, el recurso de amparo no representa en términos estrictos la reproducción de una acción dentro de un proceso ante un órgano superior de un determinado orden jurisdiccional —característica básica de los recursos ordinarios—, sino que se sustancia ante un órgano ajeno al Poder Judicial como es el Tribunal Constitucional y con un objeto concreto y determinado: garantizar un derecho fundamental. Ello hace del recurso de amparo una acción autónoma. El Tribunal Constitucional puso de manifiesto esta particular naturaleza del recurso de amparo desde el comienzo de sus trabajos afirmando de manera reiterada que éste “no es una instancia de revisión del derecho aplicado por los Jueces y Tribunales y ni siquiera tiene la condición de la casación” (ATC 106/1980, F.J. 4.º), “no es... una nueva instancia” (STC 2/1981, F.J. 7.º a]) o que “este Tribunal no es una tercera instancia a la que corresponde revisar, con carácter general, los hechos declarados probados y el derecho aplicado en la resolución judicial impugnada” (STC 11/1982, F.J. 4.º). No obstante lo anterior, la propia dinámica procesal hace que, a menudo, el objeto del recurso de amparo coincida total o parcialmente con lo que previamente fue objeto de discusión ante jueces o tribunales ordinarios. Esta coincidencia deriva del carácter subsidiario que posee, al que más adelante se hará referencia. Baste, por ahora, con señalar que, en la medida en que sólo puede acudirse al Tribunal Constitucional si previamente se ha buscado la protección
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del derecho vulnerado ante los jueces y tribunales ordinarios, eso hace que exista con frecuencia una identidad, al menos parcial, entre la pretensión deducida ante los jueces y tribunales ordinarios y la substanciada ante la jurisdicción constitucional, identidad que, como es lógico, alcanza no sólo a la pretensión, sino también a su fundamentación. La segunda característica que hay que destacar del recurso de amparo es, como se ha visto, su carácter extraordinario. Por una parte, como se deduce de lo dispuesto por el art. 53.2 CE, y expresamente establece el art. 41.3 LOTC, no cualquier cuestión puede suscitarse ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, sino sólo y exclusivamente pretensiones “dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades”, y más en concreto los reconocidos en el art. 14, Sección 1.ª del Capítulo II del Título I y la objeción de conciencia del art. 30.2 CE (art. 53.2 CE). En consecuencia, tanto el fundamento de la acción —vulneración de ciertos derechos fundamentales—, como su finalidad —garantizar esos derechos— hacen del recurso de amparo una acción extraordinaria. Y, también esta característica es recordada constantemente por el Tribunal Constitucional, excluyendo cualquier pretensión que no se base en la denuncia de lesión de los derechos protegidos en amparo o que persiga salvaguardar bienes jurídicos distintos de esos mismos derechos. STC 6/1998 (F.J. 4.º) “...no es ocioso recordar lo declarado en la STC 159/1997, dictada por el Pleno del Tribunal, conforme a cuya doctrina “el recurso de amparo tiene como “finalidad esencial” (STC 1/1981, F.J. 2.º) la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades contemplados en el art. 53.2 CE a los que exclusivamente se circunscribe su ámbito (SSTC 10/1985, 32/1987 y 54/1993, entre otras), de tal modo que a lo único que este Tribunal puede dar respuesta en dicho proceso es a la existencia o no de una vulneración de los mencionados derechos y libertades fundamentales, sin que le resulte posible hacer pronunciamiento alguno que exceda de dicho ámbito”.
La tercera nota básica del recurso de amparo es su carácter subsidiario. En efecto, la garantía que el Tribunal Constitucional otorga a los derechos y libertades fundamentales es, como ya se ha adelantado, una garantía última en el orden jurídico interno. Para poder acceder a ella, primero debe acudirse ante los jueces y tribunales ordinarios, que, en cuanto poderes públicos vinculados por la Constitución (arts. 9.1 CE y 5.1 LOPJ) y, en concreto, por los derechos y libertades (arts. 53.1 CE y 7.1 LOPJ), son los “garantes naturales” de esos derechos y libertades. Dicho de otra manera, el sistema español de defensa de los derechos fundamentales, al partir de la idea de la eficacia directa de la Constitución, conduce a que sean todos los órganos jurisdiccionales los que deben proteger los derechos fundamentales, haciendo efectiva su vinculación
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en todo tipo de relaciones jurídicas. Esta vinculación se hace efectiva no sólo mediante las garantías específicamente diseñadas para proteger esos mismos derechos, sino en cualquier procedimiento jurisdiccional. STC 227/1999 (F.J. 1.º) “...solamente una vez agotadas las oportunidades que ofrezca el sistema de acciones y recursos podrá plantearse el sedicente agravio en sede constitucional, nunca directamente. Aun cuando el rigor de esta regla general admita alguna excepción que no es el caso, lo dicho refleja la función subsidiaria que tiene encomendado el amparo constitucional, conectado a su vez con el principio medular de la independencia judicial, desde la incoación hasta la terminación de cada procedimiento, en cuyo desarrollo nadie aparece autorizado para interferir (SSTC 247/1994 y 31/ 1995). Ese carácter subsidiario, dejando actuar en primera línea a los Jueces y tribunales que uno a uno ejercen y en conjunto conforman el Poder Judicial, por ser los guardianes naturales y primeros de los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas, se refleja en el requisito que es exigible a la pretensión para su viabilidad procesal: el agotamiento de la vía judicial, utilizando en ella todos los recursos disponibles.”
En consecuencia, sólo cuando se ha buscado la tutela de derechos fundamentales ante los jueces y tribunales, invocando efectivamente esos derechos, y esa búsqueda ha resultado insatisfactoria, puede acudirse ante el Tribunal Constitucional en amparo. Así se desprende, en especial, de los arts. 43.1, 44.1.a) y 46.1.b) LOTC y de la continua y reiterada jurisprudencia constitucional, que, ya en la temprana STC 31/1981 (F.J. 1.º) definió el recurso de amparo como “un medio último y subsidiario de garantía” Cuáles sean las acciones y recursos que deban agotarse es un problema que sólo cabe resolver en cada caso concreto a la vista del origen de la vulneración y de otras circunstancias concretas. Obvio es decir que el agotamiento sólo es exigible en aquellos casos en que efectivamente existan remedios ante los jueces y tribunales, pero no cuando se carezca de ellos o resulten inviables. La cuarta característica del recurso de amparo que cabe destacar es la de su flexibilidad procesal. En tanto en cuanto el recurso de amparo es una garantía de derechos fundamentales, la interpretación de sus requisitos formales debe estar presidida por una cierta flexibilidad que, sin causar lesiones a derechos de terceros ni vulnerar el principio constitucional de seguridad jurídica, permita cumplir eficazmente esa función de tutela. Así, ya la STC 281/1982 se refirió al amparo como “un recurso concebido en términos escasamente formalistas” (F.J. 1.º). Por lo demás, ésta es la línea seguida por el Tribunal Constitucional en su práctica y jurisprudencia, buscando un equilibrio, no siempre fácil de hallar, entre cumplimiento de los requisitos legales y flexibilidad en su interpretación, que, en todo caso, presupone dicho cumplimiento.
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La quinta y última característica del recurso de amparo es su carácter definitivo o “último” (STC 31/1981, F.J. 1.º). En efecto, el recurso de amparo culmina y cierra el complejo sistema interno de protección de los derechos fundamentales, lo que viene confirmado por el carácter irrecurrible de las sentencias del Tribunal Constitucional proclamado por los art. 164.1 CE y 93.1 LOTC, sin perjuicio de la posibilidad de aclaraciones. Ahora bien, tal y como se adelantó, el carácter definitivo de la actuación del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales debe matizarse. En efecto, aunque ese carácter definitivo es claro en el ámbito interno, no lo es tanto en el ámbito “externo”. El proceso de internacionalización de los derechos humanos ha llevado, como es sabido, no sólo a su reconocimiento por convenios y tratados sino, también, a la creación de instrumentos de protección de esos derechos, algunos de los cuales poseen incluso naturaleza jurisdiccional. Por lo que a España respecta, hay que destacar que en el ámbito del Consejo de Europa, del que forma parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos asegura el respeto, por parte de los Estados, de los derechos garantizados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. La protección que dispensa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es precisamente frente a los Estados signatarios del Convenio, España entre ellos. Desde el punto de vista formal, el parámetro de control que utiliza el TEDH y el que usa el Tribunal Constitucional son distintos: en el primer caso, es el CEDH, mientras que en el segundo el parámetro es la Constitución, en concreto, como se ha visto, los arts. 14 a 29, además de la objeción de conciencia. Sin embargo, y aunque técnicamente tampoco sea un recurso, el carácter subsidiario de la intervención del TEDH respecto de los mecanismos internos de protección (art. 35.1 CEDH), y la interrelación existente entre la declaración constitucional de derechos y los convenios internacionales, formalizada en España en el art. 10.2 CE, hacen que, por lo que respecta a los derechos protegidos en amparo, la intervención del Tribunal Europeo sea en cierto sentido revisora de la previa actuación del Tribunal Constitucional ya que el amparo ante éste resulta exigible para cumplir con esa exigencia de subsidiariedad. Y buena prueba de ello se encuentra en la actuación del Tribunal Constitucional que, en su STC 245/1991 (caso Bultó II), consideró que la simple declaración de vulneración de derechos por parte del TEDH obligaba a reparar esa lesión, ello sin perjuicio del carácter meramente declarativo de las sentencias de dicho Tribunal y de la previa existencia de una decisión del propio Tribunal Constitucional en la que se estimaba que en el caso concreto no existía lesión de derechos constitucionalmente garantizados (ATC 173/1983, caso Bultó I).
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STC 245/1991 (FF.JJ. 2.º y 3.º) “Desde la perspectiva del Derecho Internacional y de su fuerza vinculante (art. 96 CE), el Convenio ni ha introducido en el orden jurídico interno una instancia superior supranacional en el sentido técnico del término, de revisión o control directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni tampoco impone a los Estados miembros unas medidas procesales concretas de carácter anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de la violación del Convenio declarada por el Tribunal... El que el Convenio Europeo, como instrumento internacional, no obligue a España a reconocer en su ordenamiento jurídico la fuerza ejecutoria directa de las decisiones del TEDH ni tampoco a introducir reformas legales que permitan la revisión judicial de las Sentencias firmes a consecuencia de la declaración por el Tribunal de la violación de un derecho de los reconocidos por el Convenio, que es a la conclusión a la que llega nuestro Tribunal Supremo, y que en este proceso defiende el Ministerio Fiscal, no significa que en el plano de nuestro sistema constitucional de protección de los derechos fundamentales los poderes públicos hayan de permanecer indiferentes ante esa declaración de violación del derecho reconocido en el Convenio, ni que sea conforme a nuestro sistema constitucional el mantenimiento, por medio de la denegación de nulidad y la anulación de la suspensión de las condenas dictadas cautelarmente por la Audiencia Nacional, de una situación que puede implicar lesión actual de derechos fundamentales de los recurrentes. 3. En efecto, que el Convenio Europeo no obligue a España a reconocer en su ordenamiento jurídico interno la fuerza ejecutoria directa de las Sentencias del TEDH no implica la carencia de todo efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribunal sobre la existencia de infracción de un derecho reconocido en el Convenio. Ha de tenerse en cuenta que el Convenio no sólo forma parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1 de la CE, sino que además, y por lo que aquí interesa, las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la CE, deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España (art. 10.2 CE), entre los que ocupa un especial papel el CEDH. El TEDH es el órgano cualificado que tiene por misión la interpretación del Convenio, y sus decisiones son además obligatorias y vinculantes para nuestro Estado, cuando sea Estado demandado. De ello se sigue que, declarada por Sentencia de dicho Tribunal una violación de un derecho reconocido por el CEDH que constituya asimismo la violación actual de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, corresponde enjuiciarla a este Tribunal, como Juez supremo de la Constitución y de los derechos fundamentales, respecto de los cuales nada de lo que a ello afecta puede serle ajeno. Por tanto ha de valorarse, en el plano de nuestro Derecho interno, si existen medidas para poder corregir y reparar satisfactoriamente la violación de ese derecho fundamental, en especial cuando se trata de la violación del derecho fundamental a la libertad del art. 17.1 CE, que sigue siendo actual y por ello no puede ser reparada por su equivalente económico”.
En conclusión, pues, aunque el recurso de amparo es un remedio último del ordenamiento, debe tenerse presente que en cierto sentido las decisiones del Tribunal Constitucional en este campo pueden ser revisadas por el TEDH. Cuestión distinta y más compleja es la que suscita la inserción de España en la Unión Europea y las posibles consecuencias que ello comporta para la justicia constitucional, en general, y para el recurso de amparo, en concreto. Dada esa complejidad, este tema será analizado más detenidamente en páginas posterio-
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res (v. cap. II, apdo. 4.2). No obstante, sí cabe adelantar que, frente a lo que sucede en relación con el CEDH y con la tutela dispensada por el TEDH, no existe en la actualidad una dependencia lógico-procesal entre decisiones internas dictadas en recursos de amparo y decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, eventualmente, del Tribunal de Primera Instancia, aunque sí pueda existir una cierta dependencia lógico-material. Algo diferente puede ser este planteamiento en el caso de que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea llegue a convertirse en derecho plenamente eficaz como consecuencia de la aprobación de la Constitución Europea y deje de ser un documento sólo “proclamado” y, por tanto, de eficacia jurídica débil.
3. LA NATURALEZA DEL RECURSO DE AMPARO: GARANTÍA DE DERECHOS E INSTRUMENTO DE INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Para comprender en sus justos límites la posición que el recurso de amparo tiene en el sistema jurídico, conviene hacer referencia a un cierto debate doctrinal existente sobre la naturaleza de este mecanismo de protección de derechos. Por un lado, cabe entender estrictamente el recurso de amparo como un mecanismo de salvaguarda de derechos constitucionalmente garantizados, esto es, como un instrumento procesal de protección de situaciones subjetivas. Pero, por otro, también puede observarse el recurso de amparo como un mecanismo de garantía e interpretación de la Constitución, esto es, como algo que, trascendiendo de las situaciones subjetivas, se proyecta más allá, alcanzando una dimensión objetiva. Esta doble perspectiva no oculta un simple debate más o menos teórico y doctrinal, sino que, tras él, se esconden algunas de las claves para entender la propia dinámica del recurso de amparo y su configuración procesal. La primera idea que hay que tener clara a este respecto es que esas dos dimensiones, la subjetiva y la objetiva, no son dimensiones contrapuestas y excluyentes entre sí. Por el contrario, se trata de dos dimensiones de una misma realidad, y que, en cierta forma, no hacen más que traducir en términos procesales esa misma doble dimensión que poseen los derechos fundamentales como situaciones subjetivas y como principios o valores constitucionales. STC 25/1981 (F.J. 5.º) “...Ello resulta lógicamente del doble carácter que tienen los derechos fundamentales. En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en
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cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1.1). Esta doble naturaleza de los derechos fundamentales, desarrollada por la doctrina, se recoge en el art. 10.1 CE, a tenor del cual “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social”. Se encuentran afirmaciones parecidas en el derecho comparado, y, en el plano internacional, la misma idea se expresa en la DUDH (preámbulo, párrafo primero) y en el CEDH (preámbulo, párrafo cuarto)”.
El recurso de amparo es, pues, y al mismo tiempo, un mecanismo de protección de derechos subjetivos, predicables de personas concretas, y un mecanismo de garantía e interpretación de la Constitución entendida como norma jurídica. El propio Tribunal Constitucional así lo ha reconocido también desde sus mismos inicios. STC 1/1981 (F.J. 2.º) “La finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades que hemos dicho, cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias. Junto a este designio, proclamado en el art. 53.2, aparece también el de la defensa objetiva de la Constitución, sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin que transciende de lo singular. Para ello, el Tribunal Constitucional actúa como intérprete supremo (art. 1 LOTC), de manera que su interpretación de los preceptos constitucionales, es decir, la definición de la norma, se impone a todos los poderes públicos”.
Posteriormente el Tribunal ha vuelto sobre esta idea de la doble naturaleza del recurso de amparo, desarrollándola y extrayendo de la misma consecuencias procesales, como es que el interés “objetivo” de un asunto puede llevar al Tribunal a pronunciarse sobre el mismo aunque haya quedado sin objeto como consecuencia de una satisfacción extraprocesal. STC 69/1997 (F.J. 4.º) “...hemos de tener en cuenta que dicho recurso (de amparo), si bien tiene como finalidad esencial la protección, en sede constitucional, de los derechos fundamentales y libertades a que alude el art. 53.2 CE, obedece también al designio de la defensa objetiva de la Constitución, “sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin que trasciende de lo singular” (STC 1/1981, F.J. 2.º); de tal manera que, aun admitiendo en hipótesis la concurrencia de la modalidad extintiva del proceso constitucional conocida como satisfacción extraprocesal de la pretensión, ello no impediría que este Tribunal, dada la relevancia constitucional que la presente queja pone de relieve, y que extravasa el ámbito subjetivo del recurso de amparo, analizase y decidiera sobre la existencia de la lesión en que tal queja se fundamenta, para atender así a la dimensión objetiva
EL RECURSO DE AMPARO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA…
del recurso de amparo constitucional, reconocida por la doctrina constitucional en las SSTC 163/ 1986, F.J. 1.º, in fine; 129/1989, F.J. 3.º; y 245/1991, F.J. 5.º; asentada en este caso en la trascendencia objetiva que reviste la correcta depuración de los presupuestos procesales del proceso laboral, como es en este caso la conciliación previa a la tramitación de dicho proceso”. (En el mismo sentido, STC 203/2000, F.J. 2.º).
Es verdad que, en ocasiones, el dar una mayor o menor intensidad a una de esas dos dimensiones puede conducir a interpretar de una forma u otra algún elemento del recurso de amparo (eso sucede, por ejemplo, con los mecanismos de admisión de recursos, tal y como se verá en el cap. VIII, apdo. 2). Pero, hay que insistir en que, más allá de que ambas dimensiones deban valorarse a la hora de comprender la institución, no resultan excluyentes entre sí sino, si acaso, absolutamente interdependientes. En efecto, la protección de los derechos singulares de una persona cobra sentido no sólo en cuanto mecanismo de garantía individual y concreto, sino también como medio para hacer realidad unos derechos y libertades que son valores generales del sistema constitucional (art. 10.1 CE). Pero, al mismo tiempo, los derechos y libertades, en cuanto valores, serán realmente eficaces en la medida en que se traduzcan en situaciones subjetivas concretas y específicas. En definitiva, la libertad individual tiene sentido como manifestación del valor libertad, pero el valor libertad adquiere su plenitud sólo en la medida en que se convierta en la libertad de todas y cada una de las personas. Dicho lo anterior, la configuración constitucional y, sobre todo, legal del recurso de amparo se ha hecho básicamente desde la perspectiva subjetiva ya que, como se desarrollará en capítulos posteriores, su finalidad es proteger “a todos los ciudadanos... frente a las violaciones de los derechos y libertades” (art. 41.2 LOTC), pudiéndose hacer valer sólo “las pretensiones... dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades” (art. 41.3 LOTC). Dicho de otra manera, no caben recursos de amparo tendentes exclusivamente a asegurar una defensa genérica de la Constitución. En general, pues, el recurso de amparo depende lógicamente de la defensa subjetiva. En consecuencia, la visión procesal del recurso de amparo debe realizarse siempre desde esa configuración legal como “remedio”. STC 83/2000 (F.J. 2.º) “...como señala el art. 41.2 LOTC, el recurso de amparo tiene como objeto la protección de los ciudadanos frente a las violaciones de sus derechos y libertades fundamentales, pero este mismo precepto, en su apartado tercero, dispone que “en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se formuló el recurso”. Por esta razón este Tribunal ha señalado de forma reiterada que el objeto del recurso de amparo es únicamente reparar o, en su caso, prevenir,