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Laura Flores Anarte

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

LAURA FLORES ANARTE ESTADO DEL BIENESTAR Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD EN ESPAÑA: ¿HACIA LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER?

La relación entre las mujeres y el Estado ha sido tradicionalmente controvertida. Por un lado, las instituciones se han erigido como instrumento fundamental en la perpetuación de las relaciones desiguales de poder propias del sistema patriarcal que tradicionalmente ha colocado a la mujer en una posición de subordinación y desventaja social con respecto a los varones. Por otro lado, hace ya más de cuatro décadas que las agendas políticas de la mayor parte de los países del mundo occidental incluyen —con distinto grado de contundencia en función del momento y el país— la igualdad entre hombres y mujeres como un objetivo a alcanzar por los poderes públicos a través de la articulación de políticas públicas de distinta naturaleza. Esta obra es una revisión profunda de la evolución de esa relación existente entre las mujeres y la acción de los poderes públicos que, centrada en el estudio del caso español, busca dar una respuesta a la pregunta de hasta qué punto han sido favorables a la emancipación de la mujer las distintas formas de abordar la igualdad de género que se han ido adoptando en nuestro país desde que, con la proclamación de la Constitución de 1978, se rompiera con la situación desigualdad jurídica entre los sexos que había caracterizado prácticamente todos los períodos anteriores de nuestra historia constitucional. Para ello, se analizan pormenorizadamente las políticas públicas de igualdad que se vienen articulando en España desde la creación del Instituto de la Mujer, a principios de la década de los ochenta, hasta la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

monografías

ESTADO DEL BIENESTAR Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD EN ESPAÑA: ¿HACIA LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER?

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ESTADO DEL BIENESTAR Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD EN ESPAÑA: ¿HACIA LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER?

LAURA FLORES ANARTE

tirant lo blanch Valencia, 2020

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Índice INTRODUCCIÓN................................................................................... 11

CAPÍTULO 1

EL DILEMA DE LA CIUDADANÍA INCOMPLETA DE LA MUJER La génesis del modelo de ciudadanía moderno: La teoría del contrato social............................................................................................ 16 La mujer en el contrato social: la quiebra de los principios ilustrados. 20 La separación de las esferas pública y privada.................................... 23 El contrato sexual oculto.................................................................... 27 La división sexual del trabajo............................................................. 30 La necesidad de reescribir el contrato social....................................... 36

CAPÍTULO 2

LA JUSTICIA DE GÉNERO MÁS ALLÁ DE LA JUSTICIA REDISTRIBUTIVA Génesis y razón de ser del Estado del bienestar................................... 45 El sesgo patriarcal de los Estados del bienestar................................... 50 La desmercantilización como premisa insuficiente.............................. 55

CAPÍTULO 3

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DEL BIENESTAR COMO FUNCIONALES AL PATRIARCADO El sistema dual de protección social.................................................... 64 El maternalismo y su institucionalización a través de políticas públicas................................................................................................ 74 La paradoja del Estado del bienestar.................................................. 80

CAPÍTULO 4

BREVE CRONOLOGÍA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA La igualdad formal............................................................................. 90 Antecedentes: el derecho como origen de desigualdad................... 90 La igualdad en la Constitución española............................................ 95 La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional........ 101

Índice

La insuficiencia del derecho antidiscriminatorio................................. 109 La igualdad de género en el orden internacional y comunitario.......... 112 El desarrollo institucional de la igualdad de género en España........... 123 Las leyes de igualdad en España......................................................... 130

CAPÍTULO 5

LA POTENCIALIDAD GÉNERO-TRANSFORMATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Breve aproximación a la noción de políticas públicas......................... 151 El debate igualdad versus diferencia aplicado a las políticas públicas: el dilema Wollstonecraft................................................................ 152 Redistribución, reconocimiento y representación en la teoría política de la justicia de género de Nancy Fraser....................................... 160 Estrategias de aproximación a la igualdad de las políticas públicas.... 164 Igualdad de oportunidades............................................................ 165 Acción afirmativa.......................................................................... 166 Gender mainstreaming.................................................................. 167 Potencialidad transformativa de las políticas públicas: una aproximación integral y estructural a la desigualdad......................... 170

CAPÍTULO 6

ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES Sobre el grado de vinculación y coercitividad de las disposiciones legales sobre igualdad de género......................................................... 173 Políticas públicas de redistribución..................................................... 185 Medidas de igualdad de trato y no discriminación........................ 191 Medidas de igualdad de oportunidades......................................... 195 Medidas de corresponsabilización de género................................. 213 Medidas de redefinición del espacio público y el espacio privado.. 230 Políticas públicas de reconocimiento.................................................. 238 La educación en las leyes de igualdad........................................... 239 La imagen de la mujer en la publicidad y los medios de comunicación......................................................................................... 243 Salud y autonomía sexual y reproductiva...................................... 244 Ámbito institucional..................................................................... 246 Políticas públicas de representación.................................................... 259 Algunas consideraciones teóricas sobre la representación desde la perspectiva de la paridad......................................................... 259 Estrategias para fomentar la paridad electoral.............................. 271 El debate sobre la constitucionalidad de las cuotas....................... 274

Índice

9 Otras medidas para fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos de poder..................................................................... 277

CONCLUSIONES.................................................................................... 279 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 283

INTRODUCCIÓN La configuración de la sociedad responde a patrones de división jerárquicos que son el resultado de procesos de opresión y de distribución de poder que colocan a las personas y a los colectivos en situaciones favorables o de dominación. En este contexto, la opresión de género se presenta como una exclusión de las mujeres de la ciudadanía, que es originaria y estructural y que se superpone a todas las demás. Las mujeres han ocupado históricamente y continúan ocupando una posición subordinada en el acceso a los bienes materiales e inmateriales necesarios para la satisfacción de derechos y libertades. Los Estados sociales o del bienestar surgen y se van a desarrollar en el mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial con vocación de corregir las desigualdades derivadas del sistema económico capitalista. La evolución de un Estado cada vez más intervencionista y el reconocimiento de la potencialidad de las políticas públicas implementadas por este para influir en las pautas de comportamiento de la población y en el devenir de la sociedad en general, llevan a que, poco a poco, se vaya interviniendo en más ámbitos para compensar con su actuación a aquellos sectores más desfavorecidos o vulnerables. En este sentido, el papel del Estado como garante de los derechos y la autonomía de los individuos se revela como decisivo para la situación de las mujeres en tanto la autonomía de estas se sigue viendo en la actualidad mucho más comprometida que la de los hombres, condicionadas por la subordinación y la dependencia con respecto al varón fruto de los estereotipos culturales que se han construido en torno al dimorfismo sexual. En este contexto, la influencia del Estado del bienestar en la posición que ocupa la mujer en la sociedad afecta directamente a su situación material1, contribuye a la configuración de las relaciones

«Mi principal tesis es que la vida de la mujer depende más de la política de los Estados que la de los hombres, y que está determinada por la misma. Hay muchas razones para que sea así […]: 1) Las mujeres están más íntimamente integradas en la reproducción privada y pública que los hombres; en otras palabras, en la familia y en los sectores públicos, que son los ámbitos donde tiene lugar y se

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entre los géneros, estructura los conflictos políticos y contribuye a la conformación y movilización de determinadas identidades e intereses (Orloff, 1993: 303-304). De esta manera, las mujeres se instituyen como prominentes receptoras de los beneficios del Estado del bienestar (Pateman, 2000), beneficios que, bien suplen su deficitaria participación en el mercado laboral mediante prestaciones monetarias, o bien la facilitan, rebajando la carga doméstica a través de servicios públicos de diversa naturaleza. Al mismo tiempo, sin embargo, no podemos obviar que los Estados del bienestar se fundan sobre las democracias liberales que se habían constituido a través del mito fundacional del contrato en el que las mujeres no accedían a la ciudadanía civil o accedían a la misma de manera incompleta y mantienen esta estructura en el sistema de derechos que implantan a través de un modelo de ciudadanía social excluyente por lo que, en última instancia, reproducen la desigual distribución de poder que se encuentra en la base de la subordinación de la mujer en todos los ámbitos. Sin embargo, los analistas generalistas de los sistemas de protección social no han reconocido la insuficiencia del paradigma redistributivo que subyace a la esencia de los Estados del bienestar para dar respuesta a las exigencias de igualdad, lo que lleva a que, en muchas ocasiones, las políticas públicas propias de los sistemas de provisión social aunque, en un primer momento puedan contribuir a mejorar la situación de las mujeres, supongan a medio plazo una perpetuación de los estereotipos de género que se encuentran en la base de la subordinación. Este trabajo es una reflexión sobre la relación que se entabla entre las mujeres y el Estado del bienestar. Es un análisis y una crítica a las políticas públicas de igualdad de género que se articulan en el seno del controla la reproducción. Esto afecta a sus condiciones de usuarias y empleadas. 2) Las mujeres no tienen el mismo regulador corporativo que los hombres, en ellas y las autoridades, que pueda articular y defender sus intereses […] En una gran medida, la posición, el ingreso y la influencia de los hombres están determinadas por el mercado. Es así como los Sindicatos concentran sus esfuerzos en el mercado y en la producción industrial y de esta forma en favor de los hombres […] Los intereses de las mujeres […] no están defendidos por organizaciones como lo están los intereses de los hombres, y es el Estado, a través de su política de igualdad, el que ahora intenta abrir el camino a las mujeres para que entren en el sistema político representativo» (Hernes, 2003: 47).

Introducción

mismo que pretende identificar sus deficiencias e incoherencias para con la consecución de un modelo de sociedad totalmente igualitario. Para ello, el primer capítulo se retrotrae a la génesis del Estado como forma de organización política a partir de una crítica feminista al mito del pacto fundacional del Estado moderno en la que se buscan las causas estructurales de la subordinación de la mujer. El segundo capítulo parte de una genealogía de los estudios generalistas de los Estados del bienestar que da paso a la crítica que, desde los estudios feministas, señalan las insuficiencias tanto de las categorías propuestas para dar cuenta de los efectos que los sistemas de provisión social tienen sobre las mujeres, como de la propia noción de justicia redistributiva que subyace a los Estados del bienestar para superar otras situaciones de desigualdad más allá de la de clase, como la de género. A continuación, en el tercer capítulo se identifican los principales mecanismos a través de los cuales las políticas públicas del Estado del bienestar resultan funcionales al mantenimiento del modelo de división sexual del trabajo que se encuentra en la base de la subordinación femenina. Los capítulos cuarto, quinto y sexto, por su parte, pasan a centrarse ya en concreto en las políticas públicas de igualdad articuladas por el Estado español. Para contextualizar el análisis, el capítulo cuarto aborda un recorrido por la institucionalización de la igualdad, ofreciendo una resumida visión cronológica de la adopción de las distintas medidas en la que cobran todo el protagonismo los distintos agentes sociales implicados en el desarrollo institucional de la igualdad de género. Por su parte, en el capítulo quinto se manejan las tesis de distintas autoras con el objetivo de explorar y dilucidar en qué medida las políticas públicas de igualdad propias del Estado del bienestar pueden tener éxito en la modificación de los patrones conductuales de la población en aras de una sociedad igualitaria desde la perspectiva de género y se identifican distintos indicadores a partir de cuyo análisis se podrá determinar ese potencial. Finalmente, en el capítulo sexto, se toma como muestra la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres para, aplicando los indicadores desarrollados en el capítulo precedente, anali-

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zar las distintas medidas en ella contenidas con el objetivo de tratar de determinar hasta qué punto las mismas contribuyen efectivamente a la emancipación de la mujer en los términos a los que se aspira o si, por el contrario, de su propia formulación se puede deducir que no van a tener el efecto esperado, pudiendo incluso llegar a contribuir a la perpetuación de los estereotipos de género que en principio aspiran a desterrar.

CAPÍTULO 1

EL DILEMA DE LA CIUDADANÍA INCOMPLETA DE LA MUJER La ciudadanía es el modelo de subjetividad política propio del Estado de derecho, en tanto en base a la misma se articulan las relaciones entre los sujetos y el poder político. En tanto se es ciudadano se es titular de determinados derechos inherentes a la personalidad del individuo que actúan como límites al ejercicio abusivo del poder y reconocen a sus titulares como miembros de la comunidad, de la sociedad civil. Al mismo tiempo, la condición de ciudadano otorga a los integrantes de una comunidad la facultad de participar de la voluntad general del Estado a través de las instituciones articuladas al efecto. Este modelo de consideración de los miembros de una comunidad política como sujetos-ciudadanos surge en Europa tras la caída del Antiguo Régimen gracias a la Revolución francesa y a la difusión de los principios ilustrados, aunque sería teorizado con posterioridad. Quizá la formulación teórica más difundida de la noción de ciudadanía sea la elaborada por T.H. Marshall (1950) que define la ciudadanía como el estatus conferido a aquellos individuos que son considerados como miembros plenos de una determinada comunidad2. Las mujeres, sin embargo, se han encontrado tradicionalmente excluidas de la categoría de ciudadanía en tanto no han sido tenidas en cuenta como sujetos políticos ni como individuos autónomos ti-

En su difundido ensayo Cizenship and Social Class, Marshall distingue tres fases que se corresponden con el reconocimiento de tres categorías de derechos que se irán adquiriendo en cada una de las fases hasta alcanzar la ciudadanía plena: la ciudadanía civil se adquiriría junto con el derecho de propiedad y los derechos relativos a la libertad personal, así como con el establecimiento de un sistema judicial que sirviera de garantía frente a las intromisiones en los mismos, todo ello propio del Estado liberal que surge tras el período revolucionario del siglo XVIII; la ciudadanía política se correspondería con el reconocimiento de los derechos de voto y de organización política, que datan del siglo XIX; y, como corolario de este desarrollo de la ciudadanía moderna, la ciudadanía social vendría dada por el reconocimiento de los derechos sociales y económicos propios de los Estados del bienestar que empiezan a surgir tras la Segunda Guerra Mundial, ya mediado el siglo XX.

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tulares de derechos por considerarse que, en tanto mujeres, carecían de las cualidades necesarias para serlo, cualidades que quedaban reservadas para los varones. Así, el estatus legalmente subordinado que las mujeres ostentan en la sociedad en el momento en que surgen los estados constitucionales modernos, relegadas a la esfera doméstica en una suerte de minoría de edad y con mínimas opciones de participar en el ámbito público, sin tener reconocida legalmente la capacidad de ser propietarias, las excluye de origen de la posibilidad de participar en el Estado moderno como «ciudadanas». Se configuran, de esta manera, dos modelos distintos de ciudadanía como dos caras de una misma moneda: la ciudadanía por antonomasia, sin adjetivos, sobre la que teoriza T.H. Marshall, construida sobre la base de la autonomía (Rodríguez Ruiz, 2010: 91) y ligada a una particular concepción del sujeto político caracterizado como racional, autónomo, libre de responsabilidades de cuidados (Orloff, 2009: 333), que correspondería a los varones. Por otro lado, se constituye de manera residual la ciudadanía incompleta de las mujeres, definida por la dependencia con respecto al varón, considerado como un estatus deficitario, incompleto y jerárquicamente inferior al modelo de ciudadanía asignado al varón.

LA GÉNESIS DEL MODELO DE CIUDADANÍA MODERNO: LA TEORÍA DEL CONTRATO SOCIAL Cada forma de organización política que las distintas comunidades humanas han ido experimentando a lo largo de la Historia se ha basado en una serie de principios éticos y filosóficos que le dan carta de naturaleza. Así, las formas de organización política previas a los estados constitucionales herederos del período revolucionario se basaban en unos postulados que partían de la existencia de una desigualdad de facto entre los seres humanos que justificaba y legitimaba la ordenación jurídica de un régimen político en términos de desigualdad, es decir, que se traducía en la desigualdad de iure de los individuos de la comunidad. Basándose en la concepción aristotélica de la desigualdad como principio de ordenación de las relaciones humanas que el filósofo utilizara para justificar la existencia de la esclavitud, las relaciones sociales en la Edad Media estaban caracterizadas por la pertenencia de los sujetos a distintos estamentos por razón de

Estado del bienestar y políticas públicas de igualdad en España...

nacimiento y la consiguiente atribución de determinados derechos en función de dicha pertenencia (Pérez Royo, 2018: 35). El pensamiento ilustrado viene a rechazar este presupuesto de desigualdad natural que justificaba la conformación del orden social estamental de las monarquías absolutas por considerarlo contrario a la razón; viene, de hecho, a invertirlo: para los teóricos ilustrados el presupuesto fundamental de las relaciones humanas lo constituyen la igualdad y la libertad personal. Consecuentemente, una vez desechada la idea de la desigualdad natural entre los individuos, a la hora de organizarse políticamente ya no es válido el sometimiento de unos sujetos a otros en virtud de determinados privilegios adquiridos por el nacimiento, sino que la única forma válida de relacionarse será el acuerdo de voluntades entre todos los individuos integrantes de una comunidad. Esta será la premisa fundamental de la que partan diversos teóricos para formular la teoría del contrato social como instrumento explicativo de la constitución del Estado moderno3. Existen numerosas variables de este mito fundacional del contrato social, según las perspectivas de diversos autores (Locke, Rousseau, Hobbes o Pufendorf, entre otros), cuyas ideas comunes podemos resumir de la siguiente manera: partiendo de la existencia de un estado de naturaleza en el que los hombres viven libres sin sometimientos, el poder político surge y se justifica a través de un acuerdo, un contrato o pacto originario a través del cual los individuos, racionalmente, deciden someterse al imperio de la ley a cambio de que el gobierno constituido les confiera seguridad y una serie de derechos, constituyéndose de esta manera la sociedad civil. Se trata de un relato idílico que sirve de base para explicar la relación del Estado con sus nacionales y de estos entre sí, relaciones que se articulan sobre los principios de libertad e igualdad.

Como bien explica Javier Pérez Royo, «La vida de los seres humanos descansa en ‘ficciones’. No en mentiras, sino en ficciones, es decir, en entes de razón inventados por nosotros mismos para hacer posible la convivencia. Porque, a diferencia de los demás individuos del reino animal que coexisten sin necesidad de tener que explicarse a sí mismos el porqué y el modo de su coexistencia, nosotros no podemos hacerlo. Los seres humanos tenemos que explicarnos a nosotros mismos el porqué y el modo de nuestra convivencia. Tenemos que justificar nuestra forma de organización social y política» (https://www.eldiario.es/zonacritica/ Peor-jugar-fuego_6_919068098.html).

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Como es sabido, la realidad histórica se desarrolló en consonancia con este cambio de paradigma ideológico y, a finales del siglo XVIII, las revoluciones americana y francesa vienen a culminar con la caída de la Monarquía absoluta, un régimen que había quedado obsoleto, y a inaugurar una nueva forma de organización política que, en sus rasgos más esenciales, pervive hasta nuestros días: el Estado constitucional. En este nuevo modelo político, basado en los principios de igualdad y libertad personal, los sujetos ya no son súbditos sino ciudadanos, titulares de derechos que pueden oponer ante los abusos de un poder político que ya no es impuesto, sino fruto del acuerdo de voluntades. Sin embargo, este fundamento naturalista de la igualdad de todos los hombres tan característico de la razón ilustrada y que a día de hoy se sigue enseñando en las facultades de Derecho y Filosofía como ficción explicativa del origen del poder político en el Estado moderno como si la categoría hombre que utilizaron los teóricos del contrato estuviera siendo utilizada como sinónimo de seres humanos, en realidad sirvió simultáneamente para excluir a la mujer de este nuevo orden político en lo que las filósofas feministas Celia Amorós y Ana de Miguel (2005) califican como «el memorial de los agravios» (p. 30): Las mujeres, que habían sido sujetos activos de la Revolución francesa participando activamente en hitos revolucionarios como la toma de la Bastilla, las Jornadas de octubre o la marcha sobre Versalles (Nuño Gómez, 2010: 50), que habían luchado codo con codo junto a los varones bajo las proclamas revolucionarias de igualdad y fraternidad aparentemente universales en la creencia de que el derrocamiento del régimen absolutista traería consigo un nuevo modelo de Estado formalmente igualitario e inclusivo, al fin se vieron excluidas políticamente tanto de la participación activa en la configuración del nuevo régimen político como de la consideración subjetiva en términos de igualdad con los varones ciudadanos. Como apunta la constitucionalista Mar Esquembre (2010), «las promesas emancipatorias, basadas en la libertad y la igualdad de los individuos […], se formularon abstractamente en términos universalizadores pero se revelaron excluyentes cuando se concretaron normativamente» (p. 50). Las proclamas de igualdad y libertad solo afectaron a la liberación de las sujeciones producto de la sociedad estamental, cuestionando el poder del monarca absoluto, mientras se mantuvo la legitimación de la sujeción femenina y del ejercicio del poder de los hombres sobre

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las mujeres. Y es que las mujeres de todos los estamentos y clases sociales quedaron excluidas tanto de la consideración de sujetos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano como de la participación en la Asamblea Constituyente en la que se aprobaría la Constitución revolucionaria de 1791, una Constitución que prohibiría la participación de las mujeres como sujetos políticos en el nuevo Estado al que daba cobertura, un nuevo Estado en el que quedaría prohibida prácticamente cualquier forma de intervención de las mujeres en la vida pública, relegando así su papel en la sociedad al ámbito doméstico. El estatus jurídico que el Estado moderno conferiría a las mujeres va a quedar de esta manera circunscrito a una suerte de minoría de edad perpetua, quedando éstas sujetas de por vida a la autoridad paterna, marital o tutorial (Valcárcel, 2002: 15). Como señala Ana de Miguel (2015), «las solemnes declaraciones de derechos que afirmaban “Todos los hombres nacen libres e iguales” debían haber añadido: excepto las mujeres, o haber sustituido la palabra “hombre” por la de “varón”» (p. 215). Esta subordinación que podía resultar admisible o al menos coherente con la lógica de pensamiento que sustentaba las anteriores formas de organización política, era «sencilla de irracionalizar según el modelo de construcción de la subjetividad jurídica» y parecía no poder sostenerse de acuerdo a las premisas del pensamiento ilustrado, pues suponía «la negación misma de los supuestos de la razón ilustrada que había hecho posible el proyecto emancipador del individuo» (Esquembre Cerdá, 2010: 67). En efecto, los pensadores que habían hecho una defensa del principio de igualdad como principio rector de todas las relaciones sociales hacen una excepción en su modelo de racionalidad únicamente en lo relativo al sexo: en realidad cuando hablan de hombres libres e iguales se están refiriendo únicamente a varones, quedando las mujeres excluidas desde un primer momento de este acuerdo de voluntades (Cobo Bedía, 1995; Pateman, 1995) de tal forma que nunca adquirieron la ciudadanía en igualdad de condiciones con los hombres. No obstante, para justificar el mantenimiento de esta exclusión basada únicamente en el sexo fue necesario armar un nuevo discurso que la justificara en un momento en el que el nuevo paradigma cultural y filosófico utilizaba el uso de la razón para rechazar con fuerza el resto de las sujeciones:

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El pensamiento ilustrado había desmontado la legitimación tradicional precedente y, sobre unas bases epistemológicas basadas en la razón universal como argumento igualitario, no hubiera resultado aval legítimo enarbolar criterios consuetudinarios vinculados al sexo de cada persona para defender un planteamiento ilustrado del trabajo servil de las mujeres. La nueva fórmula de racionalidad que se instituyó necesitaba justificar una exclusión que no dejaba de ser una forma de supervivencia de la denostada lógica estamental en función, eso sí, de un estatus biológico-sexual. Nace, entonces, al amparo del conocido contrato social, el opacado contrato sexual (Nuño Gómez, 2010: 39).

Esta exclusión basada en un nuevo discurso que quiebra con la premisa de igualdad cuando se topa con el sexo encuentra su máximo exponente en la teoría política de Rousseau, para quien la naturaleza complementaria de los hombres y las mujeres justifica la exclusión de la mujer del ámbito público y, por consiguiente, de la ciudadanía civil.

LA MUJER EN EL CONTRATO SOCIAL: LA QUIEBRA DE LOS PRINCIPIOS ILUSTRADOS Uno de los más representativos autores que difundieron la teoría del contrato social y abanderaron la defensa de los principios de la Ilustración fue el pensador ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dedica sus obras a hacer una defensa apasionada, enérgica y radical de la libertad y la igualdad. Para el ginebrino la razón debe ser concebida como un instrumento de transformación de la sociedad, como una herramienta para desenmascarar y corregir las desigualdades y las sujeciones sociales que se hacen pasar por naturales ante ojos menos atentos, porque una sociedad avanzada es una sociedad en la que reina la igualdad. Sin embargo, en su defensa de una nueva universalidad inclusiva de todos los sujetos considerados como iguales, Rousseau adolece de una importante quiebra o excepción en su lógica que resta coherencia a toda su teoría: la desigualdad sexual, en Rousseau, es señalada como natural y por tanto, las injusticias a las que se encuentran expuestas las mujeres por el hecho de serlo no son denunciadas por el pensador ilustrado en su defensa de una nueva subjetividad que —si bien en su crítica a la razón ilustrada pretende hacer pasar por universal frente a la razón para una minoría privilegiada que, a su juicio, propugna la Ilustración— en realidad no es más