CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONVERGENCIA INTERPRETATIVA Saúl Mandujano Rubio
y democracia
Prólogo Alfonso Herrera García
derecho y democracia
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONVERGENCIA INTERPRETATIVA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONVERGENCIA INTERPRETATIVA
SAÚL MANDUJANO RUBIO
Ciudad de México, 2018
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CLICERIO COELLO GARCÉS Visitador Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Este libro pertenece a la colección “Investigaciones Jurídicas y Político Electorales” del Instituto Electoral del Estado de México.
D.R. © Mtro. Saúl Mandujano Rubio, 2018. D.R. © Instituto Electoral del Estado de México, 2018. Paseo Tollocan, núm. 944, col. Santa Ana Tlapaltitlán C.P. 50160, Toluca, México www.ieem.org.mx © EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-015-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice Prólogo .............................................................................................. 11 Introducción ...................................................................................... 19
Capítulo 1 Hacia la constitucionalización del Derecho internacional 1. El carácter convencional y los modos de formación de la normativa internacional....................................................................................... 29 2. Aspectos generales del sistema de recepción de los tratados en el derecho interno.......................................................................................... 34 3. Aproximar la relación entre el Derecho constitucional y el Derecho internacional....................................................................................... 40 4. La jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos en el orden jurídico nacional.................................................................... 46 5. El bloque y parámetro de constitucionalidad como mecanismo de armonización del sistema de fuentes....................................................... 52
Capítulo 2 Precedente, concepto, naturaleza y características del control de convencionalidad 1. Primeras aproximaciones al concepto de control de convencionalidad. 59 2. Elementos y particularidades del control de convencionalidad............ 65 3. Impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno........................................................... 71 4. Control interno o difuso de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano............................................................................................. 77 5. Diálogo jurisprudencial entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las autoridades nacionales................................................ 83
Capítulo 3 El margen de apreciación nacional y la configuración legal de los derechos político-electorales 1. Origen y justificación de la doctrina sobre el margen de apreciación nacional............................................................................................... 89
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2. Sobre la configuración legal de los derechos político-electorales del ciudadano............................................................................................ 96 3. Entre la limitación y la restricción de los derechos político-electorales, como consecuencia de su configuración legal....................................... 102 4. La configuración legal de los derechos político-electorales en un esquema de complementación internacional........................................... 112
Capítulo 4 De la ponderación a la proporcionalidad como herramientas en el control difuso de convencionalidad 1. Praxis judicial y la interpretación de un derecho mediante la ponderación y la proporcionalidad................................................................... 117 2. Racionalidad de la ponderación y la solución de conflictos entre principios de base constitucional y convencional....................................... 122 3. El principio de proporcionalidad y el control material del legislador a través de la actividad jurisdiccional..................................................... 135
Capítulo 5 Argumentación principalista y control difuso de convencionalidad: de la interpretación conforme a la interpretación pro persona 1. Interpretación constitucional y convencional mediante la argumentación principalista................................................................................. 153 2. Interpretación conforme y su importancia hermenéutica en el control difuso de convencionalidad en materia electoral.................................. 156 3. El principio pro persona como criterio de interpretación y selección normativa en la protección de los derechos político-electorales........... 169 4. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad como principios interpretativos en la tutela de los derechos político-electorales..................................................................................................... 182
Capítulo 6 Estándares internacionales y la armonización interpretativa en la protección de los derechos político-electorales 1. Efectos de la cosa interpretada y el alcance de los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos............................ 195 2. Convergencia interpretativa y control de convencionalidad en la protección de los derechos humanos......................................................... 201 3. Estándares interamericanos y la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano..................................................................... 207
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4. Reparación integral y la restitución de los derechos político-electorales del ciudadano................................................................................. 223
Capítulo 7 Control difuso de convencionalidad y convergencia interpretativa en materia electoral 1. Justicia electoral y su aproximación al control de convencionalidad.... 233 2. Control de convencionalidad ex officio y la interpretación garantista en materia electoral............................................................................. 240 3. Hacia la convergencia interpretativa en el control de convencionalidad aplicado en materia electoral........................................................ 262
Consideraciones finales ...................................................................... 271 Bibliografía ........................................................................................ 275
Prólogo En el 2018, México cumplirá dos décadas desde que reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se conmemorarán 10 años de la primera sentencia condenatoria que dicha Corte dictó en su contra.1 En este representativo contexto, no puede ser más oportuna la publicación del libro que el lector tiene en sus manos: Control de convencionalidad y convergencia interpretativa, que tengo el privilegio de prologar, a generosa invitación de su autor. El Maestro Saúl Mandujano Rubio ostenta sobradas credenciales para acometer el tema que se ha planteado. Además de haberse desarrollado en la labor docente y editorial desde hace varios años, se ha desempeñado exitosamente en el servicio público, actualmente en su condición de consejero del Instituto Electoral del Estado de México. En esta institución, por virtud de su encargo, ha participado en la toma de decisiones relacionadas con la administración electoral en una de las entidades federativas más complejas, en términos de su amplia población votante. Estos particulares perfiles académicos y profesionales del autor constituyen un valor añadido a las tesis y propuestas que aquí se desarrollan. El control de convencionalidad en materia electoral ha adquirido carta propia de identidad en la justicia constitucional e internacional
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El instrumento de aceptación se firmó por el entonces presidente Ernesto Zedillo el día 9 de diciembre de 1998, y fue depositado ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 16 de diciembre, de conformidad con el artículo 61.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sentencia en el caso Castañeda Gutman, por la que se condenó parcialmente al Estado mexicano, se emitió el 6 de agosto de 2008. Es importante considerar que en el momento presente se encuentran pendientes de sentencia dos casos contra México bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana: el caso Selvas Gómez y otras (abusos policiales con tortura y violencia sexual en contra de varias mujeres durante una movilización social en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006); y el caso Nitza Paola Alvarado y otras (desaparición forzada de tres personas por parte de agentes militares, en el Ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada).
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de los derechos humanos, así como, más genéricamente, en el control jurídico del poder. La aplicación de la convencionalidad en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es anterior a la incorporación formal de este control al entero sistema jurídico mexicano, con motivo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el expediente varios 912/2010 (recepción del caso Radilla), emitida prácticamente un mes después de la célebre reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011.2 El control de convencionalidad relacionado con los derechos políticos ha cobrado particular importancia en México de la mano de una ingente labor jurisprudencial de los tribunales electorales, como se desprende de los múltiples ejemplos y casos prácticos que se abordan en este libro. El profesor Mandujano Rubio explicita los criterios fundacionales del control de convencionalidad y los que le dieron un contenido más amplio en los años posteriores, más allá de la arena electoral. Por este motivo, en realidad sus reflexiones no se limitan a esta materia, sino que explican de forma más completa aspectos esenciales de la reforma de los derechos humanos. De este modo, consigue abonar a la comprensión teórica, conceptual y práctica de diversas categorías e instituciones introducidas por una reforma que es democráticamente neurálgica, y —por la manera en que fue diseñada por el poder reformador—, también una de las más complejas de nuestro constitucionalismo. El control de convencionalidad es un concepto fundacionalmente interamericano. Ello entre otras cosas significa que el origen de su fundamentación es externa. También significa que este control no tiene por qué explicarse desde la lógica institucional de un determinado ordenamiento nacional, dentro del cual, sin embargo, debe cobrar ejecución. Nuestro autor es consciente de ello. Afirma que las razones esenciales de dicho control son “de Derecho internacional”: el efecto útil de las obligaciones internacionales y la imposibilidad de alegar el
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Se da cuenta de varios casos que reflejan esa temprana evolución del control de convencionalidad en materia electoral, en el libro: Vv. Aa., Declaración de Oaxaca. Sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad [José Alejandro Luna Ramos y Constancio Carrasco Daza, coords.], México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015.
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derecho interno para incumplirlas. En otras palabras, es inadecuado hacer operativo el control de convencionalidad exclusivamente a partir de las posibilidades formales que ofrecen los esquemas internos, y mediante comprensiones clásicas, exclusivamente constitucionalistas de los derechos. Cabe destacar que en el entramado del Derecho internacional de los derechos humanos aplicable al Estado mexicano, la Convención Americana no es el único instrumento relevante. Pero sí es un tratado que tiene una especial posición jurídica en la medida en que admite el acceso de personas a una jurisdicción supranacional en sentido estricto. A partir de una demanda contra un Estado parte, siempre que se cumplan los requisitos de la fase previa ante la Comisión Interamericana, es posible acceder a la Corte. La Corte Interamericana cuenta con competencia para conocer de casos relativos a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención cuando un Estado ha reconocido su competencia. Ahora bien, para el caso del Derecho electoral mexicano, el profesor Mandujano considera tres maneras en las que, en términos generales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha aproximado a las normas internacionales: a) invocación de tratados para construir premisas normativas; b) migración de criterios supranacionales para la resolución de casos sometidos a su jurisdicción; y c), propiamente, el control de convencionalidad, cuando ha sido preciso analizar una disposición jurídica, de lo cual puede derivar su inaplicación y la consecuente anulación de actos jurídicos fundados en tal disposición. En esa tesitura, nuestro autor pone en el centro de sus consideraciones la noción de “convergencia interpretativa”. En virtud de este concepto, apuesta por la inhibición de las instancias internacionales mediante el cumplimiento del principio de subsidiariedad y un adecuado control de convencionalidad en sede interna. Estas acciones pueden resultar suficientes para implementar la protección de los derechos humanos, incluso con la posibilidad de ofrecer una tutela jurídica más amplia que la que pueden ofrecer sus referentes normativos internacionales. La convergencia interpretativa de las normas de derechos humanos no tiene solamente una manifestación vertical, sino también una
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horizontal, que fomenta la retroalimentación jurisprudencial de las Cortes. En este proceso, la Corte Interamericana no se ubica en el vértice superior, y, por tanto, no exige el cumplimiento incondicional de su jurisprudencia en todos los casos. Representativos ejemplos de esta convergencia son las citas que la Corte Interamericana ha dedicado en sus resoluciones a la Suprema Corte de México en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile,3 o más recientemente, en la paradigmática opinión consultiva OC 24/2017 sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, notificada el pasado 9 de enero de 2018.4 Hay una característica del libro que, por su innegable utilidad, merece destacarse especialmente: su propósito pedagógico. La inclusión de narrativas alusivas a casos prácticos, ejercicios de reflexión y cuestionarios, preparan una comprensión didáctica de los temas, concretamente en cuanto hace a la aplicación de distintas metodologías y técnicas interpretativas, propias de la materia electoral. Tampoco puede dejar de llamarse la atención sobre el certero conjunto de advertencias críticas que realiza Saúl Mandujano en torno a la situación que actualmente vive el control de convencionalidad en México. Sus consideraciones ponen puntualmente de relieve la problemática que padece este control en nuestro sistema jurídico. De la superación de muchas de estas dificultades dependerá su ejecución adecuada en el futuro inmediato, y del mayor o menor tiempo en
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Véase: Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafos 126, 137 y 145; en los que se cita la sentencia a la acción de inconstitucionalidad 2/2010, de 16 de agosto de 2010, párrafos 263, 264, 333, 336 y 338. En este caso, las citas de la Corte Interamericana a la Suprema Corte de México son numerosas. Véase: Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17, de 24 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Costa Rica. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, párrafos 95, 106, 114, 120, 132, 140, 148, 206, 221; en los que se citan la sentencia al amparo directo 6/2008, de 6 de enero de 2009, pp. 6, 7, 17, 18 y 20; y la jurisprudencia de la Primera Sala de la propia Suprema Corte, 1a./J. 43/2015, de rubro: Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, tomo I, p. 536.
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conseguir su realización efectiva por parte de los poderes públicos. He seleccionado cuatro que estimo inequívocamente relevantes. La primera es la relativa a lo que el autor denomina como “desbordante entusiasmo” de los operadores llamados a cumplir el control difuso de convencionalidad. Desde su incorporación al sistema jurídico, este control ha encontrado reacciones esencialmente emotivas sobre la presencia del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro ordenamiento. La pretensión de insertar en los actos de autoridad en todo caso, bajo cualquier circunstancia, sin la comprensión y el análisis profundo que merece la dimensión convencional de los derechos, lejos de afianzar su protección, los coloca en un riesgo de banalización. En mi opinión, ese “entusiasmo” ciertamente visible en numerosas disertaciones judiciales, y en no pocas ocasiones, también en las académicas, debe alejarse de tendencias retóricas y aproximarse decididamente a las metodologías más adecuadas para la aplicación efectiva de las normas internacionales. Se trataría de abogar por una reconducción del discurso a una aplicación informada y técnicamente depurada, que permita internalizar coherentemente los estándares internacionales de derechos humanos, no sólo en el ordenamiento, sino con miras a su inserción en la cultura jurídica mexicana. En segundo lugar, con toda razón nuestro autor afirma que el hecho de mencionar, citar o solamente invocar tratados en las sentencias, no es ejercer un genuino control de convencionalidad. Referir los preceptos internacionales sin desarrollar una interpretación, y —añado— sin trabajar un argumento jurídicamente relevante, sin advertir los contextos o la línea jurisprudencial interamericana en la que se enmarca, resta mérito a la aproximación internacionalista de nuestro sistema jurídico. Como sostiene Mandujano, este control no debería servir para “adornar un fallo”, sino —agrego— para cultivar estándares de protección jurídica de los derechos humanos que permitan una garantía verdaderamente eficaz en un sistema congruente y sólido de precedentes jurisdiccionales. En tercer lugar, como afirma nuestro autor, en la actualidad se advierte una inestabilidad en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte en torno al papel que juegan las normas internacionales de derechos en el sistema de fuentes. Esta condición sale a relucir con
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frecuencia en casos complejos, incluso tras la sentencia recaída a la contradicción de tesis 293/2011, que buscó clarificar las relaciones normativas entre la Constitución y los tratados en materia de derechos. Coincido con ese diagnóstico, y que —al momento en que se escriben estas líneas— tiene otra manifestación: la contradicción de tesis 351/2014, a resolverse por el pleno de la Suprema Corte en los próximos meses. En este asunto, revisará su propia posición en torno a la manera en que debe operar el control de convencionalidad en el juicio de amparo.5 Este asunto constituye también una nueva oportunidad para repensar actuaciones adecuadas de diálogo jurisprudencial con nuestro sistema regional de derechos humanos.6 En cuarto y último lugar, destaco el análisis que el libro hace respecto al “margen de apreciación nacional”. Este es un aspecto de singular relevancia para las jurisdicciones supranacionales de derechos humanos, y respecto del cual mantengo un enfoque explicativo no exactamente coincidente con el del libro, particularmente en lo concerniente a la actuación de los jueces internos. En mi opinión, este margen es una doctrina internacional que, por tanto, es ajena al campo de actuación del juez nacional, quien no está llamado a motivar limitaciones al alcance de la norma convencional en nombre de un pretendido “margen”. En este sentido, estamos en presencia de una herramienta hermenéutica que pertenece al ámbito de actuación de las cortes suprana-
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En otra parte, he desarrollado consideraciones críticas sobre esa posición, establecida en la sentencia al amparo directo en revisión 1046/2012. Permítaseme por ello la remisión al ensayo: “El control difuso de regularidad de las leyes en el juicio de amparo directo: complejidades conceptuales y frente al sistema interamericano de derechos humanos”, en el libro: El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917. Pasado, presente y futuro [Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alfonso Herrera García, coords.], México, UNAM / Instituto de Investigaciones Jurídicas, tomo II, 2017, pp. 299-316. Algunas ideas al respecto se han desarrollado en la “nota introductoria” al libro: Diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales. In memoriam Jorge Carpizo [Eduardo Ferrer MacGregor y Alfonso Herrera García, coords.], Valencia / México, Tirant Lo Blanch / Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Corte Interamericana de Derechos Humanos / UNAM, 2013, pp. 13-19.
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cionales de derechos humanos. La inexistencia del precedente internacional no habilita a los jueces nacionales a definir dicho margen, sino simplemente a decidir conforme a los materiales normativos que estime aplicables. Ello, con independencia del margen que eventualmente pueda, o no, ser definido por el tribunal internacional. Sin duda, se trata de una cuestión de gran interés en las discusiones que pone sobre la mesa esta obra. Concluyo este prólogo con una invitación al lector no sólo a aproximarse al estudio del control de convencionalidad con apoyo en las espléndidas herramientas que aporta este libro, sino a reflexionar acerca de las mejores maneras de implementarlo en el ejercicio cotidiano del poder público. Saúl Mandujano se propuso coadyuvar a esta tarea y lo consigue con creces. Merece por ello una efusiva felicitación y también la expectativa de más contribuciones sobre estos trascendentales temas en el futuro. Aportaciones como la que ya nos ofrece este libro, correspondientes a una cultura jurídica en constante evolución, permanente autocrítica, y siempre comprometida con el mejoramiento de las condiciones democráticas de México. Alfonso Herrera García Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid Profesor de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana
Introducción Previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y antes de la incorporación formal del control difuso de convencionalidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya emitía sentencias con base en los ejes centrales que conforman la promoción y defensa de los derechos fundamentales en el ámbito internacional. Superada la postura legalista de sus inicios, en parte debido a las limitaciones normativas existentes, el TEPJF experimentó un proceso evolutivo natural en el ánimo de lograr una aproximación a las normas convencionales, la Sala Superior y posteriormente las Salas Regionales decidieron fundamentar algunos fallos en los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país. Después del caso Jorge Hank Rohn resuelto en el año 2007, pero sobre todo gracias a la reforma constitucional de 2011, el control de convencionalidad en materia electoral se extendió de manera significativa. Abiertas a un sistema de recepción de las normas internacionales, con matices de intensidad diferenciada, las Salas del TEPJF realizan una aproximación a las disposiciones convencionales en tres formas distintas: a) Invocación de tratados para la construcción de la premisa normativa; b) Migración de criterios supranacionales para motivar la resolución de casos; c) Control de convencionalidad para inaplicar leyes y anular actos que infrinjan los acuerdos internacionales de derechos humanos. Mirado con rigor, el control difuso de convencionalidad no se finca solo en la posibilidad de invocar tratados para ampliar el corpus normativo o migrar a criterios de tribunales internacionales para respaldar una sentencia. Dicho con autoridad, esta clase de control parte necesariamente de verificar la conformidad entre la disposición convencional y la norma o el acto de origen nacional. Sin ese examen de compatibilidad el control de convencionalidad pierde significado, pues se incumple con el deber de velar por el efecto útil de los tratados. Invocado para inaplicar leyes y anular aquellos actos que infrinjan los tratados de derechos humanos, el control de convencionalidad forzosamente implica un ejercicio de contraste entre lo dispuesto en una norma o un acto electoral y un tratado internacional suscrito por
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el Estado mexicano. La inaplicación de normas o la invalidez de actos por su presunta incompatibilidad con lo establecido en los instrumentos internacionales, constituye en esencia el resultado posible de un control difuso de convencionalidad en estricto sentido. Sin desmerecer el acercamiento al derecho internacional, es pertinente señalar que las Salas del TEPJF no siempre aplican el control difuso de convencionalidad. Tiene mérito acudir a fuentes de origen externo con el propósito de extender la premisa normativa aplicable a un caso concreto, también lo hay cuando se citan criterios jurisdiccionales de cortes extranjeras para fortalecer la argumentación, pero por si solos, éstos modos no entrañan un control de convencionalidad mientras no se acompañen de una labor de contraste. Aludido con desbordante entusiasmo, es preciso hacer una pausa en el control difuso de convencionalidad aplicado en la materia electoral y analizar las condiciones de su realización. Por un lado, mesurar la inclinación de querer fundamentar todo en la norma internacional, sin mayor reflexión de los textos normativos, por otro, insistir en la necesidad de evitar la dispersión de criterio y asegurar el apego a los estándares interamericanos. El principio de certeza jurídica demanda que los tribunales sean predecibles, congruentes en su proceder y consistentes en la exigencia de una argumentación sólida y objetiva. Justo por esa razón, la aplicación de tratados debe partir de un bloque de convencionalidad como parámetro de control difuso, que obliga a los jueces nacionales a tomar en consideración la jurisprudencia interamericana en la solución de casos donde resulte aplicable un acuerdo internacional de derechos humanos. Como parámetro para el control de convencionalidad, las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) constituyen un desarrollo normativo, por tanto, deben seguirse sus líneas jurisprudenciales temáticas. Las decisiones judiciales a nivel estatal tendrán que adecuarse a lo establecido en la jurisprudencia interamericana, salvo en aquellos casos en donde la norma y su interpretación nacional otorguen mayor protección. Motivada por un sentido práctico de incrementar la efectividad de los derechos fundamentales, es una atribución de la Corte IDH fijar el alcance de las normas contenidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Columna vertebral en los mecanismos específicos