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El libro que el lector tiene en sus manos "El INAI. Resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes)", tiene por objeto identiﬁcar las cuestiones claves de algunos de los casos más importantes en materia del derecho de acceso a la información pública en México.

Directores

Luis Efrén Ríos Vega / Irene Spigno

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

LUIS EFRÉN RÍOS VEGA IRENE SPIGNO Directores

EL INAI. RESOLUCIONES RELEVANTES Y POLÉMICAS (12 CASOS LÍDERES)

Desde su creación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ha destacado en su papel principal de garantizar los derechos de las personas de acceso a la información pública y a la protección de sus datos personales en el Estado mexicano. En un contexto de transición política, la lucha por estos derechos no ha sido fácil. Las prácticas autoritarias de una sociedad, en cambio, plantean la necesidad de fortalecer las condiciones para garantizar la libertad informativa.

monografías

EL INAI. RESOLUCIONES RELEVANTES Y POLÉMICAS (12 CASOS LÍDERES) Prólogo: Francisco Javier Acuña Llamas

EL INAI. RESOLUCIONES RELEVANTES Y POLÉMICAS (12 CASOS LÍDERES)

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL INAI. RESOLUCIONES RELEVANTES Y POLÉMICAS (12 CASOS LÍDERES) Directores

LUIS EFRÉN RÍOS VEGA IRENE SPIGNO Academia IDH Universidad Autónoma de Coahuila Autores

FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS JAIME CÁRDENAS GRACIA RAFAEL ESTRADA MICHEL DENISE GUILLÉN LARA PERLA GÓMEZ GALLARDO MARÍA DE LOS ÁNGELES GUZMÁN GARCÍA OLIVIA ANDREA MENDOZA ENRÍQUEZ CECILIA MORA-DONATTO SANTIAGO NIETO CASTILLO VÍCTOR S. PEÑA JOSÉ AGUSTÍN PINEDA VENTURA LUIS EFRÉN RÍOS VEGA JAIME IVÁN RODRÍGUEZ LOZANO IRENE SPIGNO

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-109-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Academia Interamericana de Derechos Humanos Luis Efrén Ríos Vega Director General

Irene Spigno Secretaria Académica

Wendoolyd Balderas Cardona Secretaria Administrativa D.R.© INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DOMICILIO: AVENIDA INSURGENTES SUR 3211, ALCALDÍA COYOACAN, COLONIA INSURGENTES CUICUILCO, C.P. 04530 CIUDAD DE MÉXICO.

Índice Presentación............................................................................................. 11 Luis Efrén Ríos Vega Irene Spigno

Prólogo.................................................................................................... 15 Francisco Javier Acuña Llamas

Capítulo 1 La Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.... José Agustín Pineda Ventura

Capítulo 2 Análisis de Resolución de Recurso de Revisión de acceso a la información (Protección de derechos sociales, económicos y culturales)....................... María De Los Ángeles Guzmán García

Capítulo 3 Análisis de la Resolución RDA 3447/15, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto del sujeto obligado Servicio de Administración Tributaria.... Olivia Andrea Mendoza Enríquez

Capítulo 4 Caso San Fernando Tamaulipas (Ponderación de derechos entre la información reservada y el derecho a la verdad en casos graves de violación a derechos humanos)................................................................................... Perla Gómez Gallardo

Capítulo 5 Análisis de la Resolución RPD 0078/15. Cancelación de Datos Personales relativos a la Cédula de Identidad Personal del Registro de Menores de Edad......................................................................................................... Denise Guillén Lara

10 Capítulo 6 Radilla Pacheco vs. Archivo General de la Nación. El ejercicio del derecho a conocer el pasado.................................................................................. Cecilia Mora-Donatto

Índice

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Capítulo 7 Bitácoras de vuelo en helicóptero del Presidente de la República.............. Jaime Cárdenas Gracia

121

Capítulo 8 El acceso a la investigación del caso Ayotzinapa...................................... Rafael Estrada Michel

143

Capítulo 9 La democracia contra el sigilo ministerial. El INAI ante el caso Odebrecht.... Santiago Nieto Castillo

155

Capítulo 10 Derrame en el Río Sonora: salud, transparencia y la apertura que se resiste... Víctor S. Peña

177

Capítulo 11 La publicidad en las investigaciones penales por corrupción. El caso Oceanografía........................................................................................... Luis Efrén Ríos Vega

Capítulo 12 El derecho de consulta de los pueblos indígenas vs. el derecho de acceso a la información pública: el caso de la hidroelétrica las cruces.................... Irene Spigno Jaime Iván Rodríguez Lozano

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Presentación Luis Efrén Ríos Vega Irene Spigno Academia Idh

El derecho a la información constituye un derecho fundamental de las personas y se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, supranacionales y nacionales en materia constitucional y de derechos humanos. Ya desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre reconocían los tres aspectos fundamentales de este derecho: el derecho a atraer información, el derecho a informar y, finalmente, el derecho a ser informado. Doctrina y jurisprudencia son concordes en afirmar que la interpretación que se le tiene que dar a este derecho tiene que ser muy amplia: tanto en términos conceptuales (es decir, con referencia al concepto de información), así como con referencia a sus titulares. No se trata, sin embargo, de un derecho absoluto; como sucede con otros derechos fundamentales, sus límites son determinados en una parte por el orden jurídico federal nacional y en otra parte por los compromisos internacionales firmados por el Estado Mexicano. La Constitución mexicana, vigente desde 1917, en su versión actual reconoce el derecho de acceso a la información en su artículo 6. La versión originaria de esta disposición se limitaba a prever que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Sin embargo, esta disposición ha sufrido varias reformas: la primera de ellas en 1977, con la que al final del artículo se agregó “[y]; el derecho a la información será garantizado por el Estado”1; y

Véase en este sentido el Decreto que reforma y adiciona los artículos 6º, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977.

Luis Efrén Ríos Vega - Irene Spigno

la segunda, 30 años después, mediante la cual se incorporará al texto constitucional la disciplina del derecho de acceso a la información2. Esta disposición constitucional ha tenido su correlato en actuación legislativa primero en el 2002 con la “Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental”3, posteriormente abrogada en 2016 por la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”4. La normativa de 2002 creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Publica (IFAI), configurándolo como un órgano de la Administración Pública Federal caracterizado por una autonomía operativa, presupuestaria y decisional. Entre sus funciones se destacaban la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información, la resolución sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información y la protección de los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Por su parte, la normativa federal de 2016 ha sustituido el IFAI con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. A lo largo de su actividad, el INAI se ha venido destacado en sus tareas de garantizar los derechos de las personas de acceso a la información pública y a la protección de sus datos personales en el Estado mexicano; así como en la promoción de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. El libro que estamos presentando “El INAI. Resoluciones relevantes y polémicas(12 casos líderes)” quiere destacar esta importante tarea, desarrollada primero por el IFAI y ahora por el INAI, a través del análisis de 12 resoluciones que pueden ser consideradas como las más

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Se trata en particular del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, modificada por última vez el 27 de enero de 2017.

Presentación

importantes en materia de garantía del derecho de acceso a la información pública en México. Las investigaciones académicas que aquí se recogen se articulan en 12 capítulos en los cuales se abordan las siguientes temáticas: La acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (Capítulo 1, autoría de José Agustín Pineda Ventura); el Servicio de Administración Tributaria como sujeto obligado a proporcionar información pública (a la luz del análisis de la Resolución RDA 3447/15, desarrollada por Olivia Andrea Mendoza Enríquez en el Capítulo 2); la protección de derechos sociales, económicos y culturales (objeto del Capítulo 3, a cargo de María De Los Ángeles Guzmán García); la ponderación de derechos entre la información reservada y el derecho a la verdad en casos graves de violación a derechos humanos (analizado en el Capítulo 4 el caso San Fernando Tamaulipas por Perla Gómez Gallardo); la cancelación de datos personales relativos a la Cédula de Identidad Personal del Registro de Menores de Edad (a través del análisis de la Resolución RPD 0078/15, desarrollada en el Capítulo 5, por Denise Guillén Lara); el ejercicio del derecho a conocer el pasado (objeto del Capítulo 6, en el cual Cecilia Mora-Donatto analiza el caso Radilla Pacheco vs. Archivo General de la Nación); las bitácoras de vuelo en helicóptero del Presidente de la República (objeto de estudio del Capítulo 8, elaborado por Jaime Cárdenas Gracia); el acceso a la investigación del caso Ayotzinapa (Capítulo 8, por Rafael Estrada Michel); la democracia contra el sigilo ministerial y el caso Odebrecht (abordado por Santiago Nieto Castillo en el Capítulo 9); salud vs. Transparencia, con referencia al caso del derrame en el Río Sonora (objeto del Capítulo 10 a cargo de Víctor S. Peña); la publicidad en las investigaciones penales por corrupción a la luz del caso Oceonografía (Capítulo 11, autoría de Luis Efrén Ríos Vega); y, el derecho de acceso a la información pública con referencia al derecho de consulta de los pueblos indígenas (analizado por Irene Spigno y Jaime Iván Rodríguez Lozano en el Capítulo 12). Finalmente, queremos agradecer a todos los colaboradores de esta obra: a los autores, que con sus investigaciones contribuyen al desarrollo del estudio del derecho de acceso a la información pública a través de los casos más importantes del INAI; y un especial agradecimiento a los auxiliares de investigación de la Academia Idh, y en

Luis Efrén Ríos Vega - Irene Spigno

particular a Lillian Sánchez Calderoni y a Ana Daniela García Hernández, por su trabajo en la edición de los textos que con mucho entusiasmo ponemos a su disposición.

Prólogo Francisco Javier Acuña Llamas La densidad institucional del INAI, se mide en la naturaleza argumentativa y el alcance de sus resoluciones. El INAI, organismo nacional de la transparencia y la protección de datos personales, también conocido como el órgano garante nacional de la transparencia y la privacidad (a partir de los datos personales de la sociedad), desarrolla tareas diversas y paralelas, tareas que efectúa con facultades y atribuciones variadas. En otras palabras, el INAI no solamente emite resoluciones al resolver cada semana cientos de recursos de revisión. Miles al año. El INAI, desarrolla una actividad transversal y longitudinal por la irrigación constante de la gestión pública de las 862 instituciones (sujetos obligados) de la Federación y, en potencia, por la vía las competencias de atracción y del recurso de inconformidad podría llegar a los más de 8000 sujetos obligados de los Estados de la República, incluidas las administraciones municipales. Sin embargo, las actuaciones más trascendentes de los órganos constitucionales de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales son sus resoluciones. En ellas se condensa su función cuasi-jurisdiccional. Las resoluciones individualizan un caso nacido por la insatisfacción de un ciudadano ante la respuesta de una dependencia pública. La dependencia o institución pública (sujeto obligado) pudo haber respondido correctamente reservando información o alegando inexistencia de dicha información o justificando la negativa a entregar la información. En cualquier caso, las resoluciones del Inai, derivadas de un recurso de revisión por acceso a la información pública o por acceso a la información personal efectuada por el titular de los datos personales, son la consecuencia del ejercicio de dos derechos fundamentales. La resolución a cada caso o recurso explica el trance de un contacto insatisfactorio entre un ciudadano y el Estado a través de sus

instituciones y siempre se origina por una respuesta rechazada por el reclamante de la información. Las resoluciones que se abordan en este texto son de aquellas que se refieren a casos de gran impacto cívico y político. Se trata de un conjunto de resoluciones que reflejan las complejas situaciones que la autoridad de Inai debe remediar con salidas que impliquen el equilibrio entre “el derecho a saber” y “el derecho a la privacidad”. Extremos de un mismo fin. Las dos puntas de la hebra. En cada uno de estos doce casos se expone el arte que debe intentar el INAI al resolver cada caso y, especialmente esos que dividen a la sociedad por tener sobre los mismos visiones contrapuestas. Al margen de las polémicas jurídicas que cada recurso de estos genera, se debe además contemplar que, en un clima democrático, el gobierno y los demás poderes públicos, organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos deben atender las resoluciones del “Órgano Garante” de Transparencia y Protección de Datos, que no pueden combatir esas resoluciones y que de la manera en que se evidencie el cumplimiento de tales resoluciones en términos de mandatos, se producirán consecuencias, si hubiera rebeldía o si hubiera demora en atenderlas o inclusive modificaciones a las instrucciones establecidas. Habrá que hacer después otro texto con casos de incumplimiento para seguir explorando y documentando los efectos primarios y secundarios del ejercicio de ambos derechos. Agradezco a Luis Efrén Ríos Vega Director General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila por convocar a un elenco interdisciplinario de reconocidos académicos a quienes invitó a reflexionar por escrito en opúsculos (en textos cortos) para de esa forma hacer academia aplicada a la evaluación externa e independiente de los comportamientos institucionales del Inai. Reconozco además a cada uno de los autores de los comentarios de cada recurso, por su voluntad de abrir un hueco en su apretada agenda para expresar impresiones y saludables críticas a la manera que el Inai resolvió cada caso y con ello vino a enfrentar polémicas y controversias mediáticas. El Inai busca simplemente favorecer la discusión pública de sus resoluciones para escuchar voces externas, voces ilustradas que podrán enriquecer nuestra manera de asumir el

Presentación

mandato compartido que supone la colegialidad del Inai como representativo de estos organismos públicos, singulares, que en promedio llevan apenas quince años de vida institucional. Así agradezco a la Doctora Perla Gómez Gallardo analizar la resolución al caso de San Fernando RDA1924/14 contra la Procuraduría General de la República; a la Doctora Cecilia Mora Donato comentar el caso Rosendo Radilla Pacheco RDA 2943/16 en contra del Archivo General de la Nación; a la Maestra Olivia Andrea Mendoza examinar el caso de la Constructora Maxinez, S.A. de C.V RDA/3447/15, en contra del Servicio de Administración Tributaria; al ex integrante del Consejo Consultivo del Inai Víctor Samuel Peña Mancilla opinar sobre el caso Derrame en el Río Sonora y Bacanuchi RDA 3785/15 en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al doctor Rafael estrada Michel examinar el caso de Ayotzinapa en contra de la Procuraduría General de la República RDA5151/14; a la Maestra Denise Guillén Lara integrante del Consejo Consultivo del Inai comentar el caso Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, la baja de los datos personales sensibles (cancelación) de dos menores y demás recomendaciones del INAI RPD0078/15; a Rafael Martínez Puon el caso Eliminación del registro de sus datos personales de la “Plataforma México” en contra del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) RPD0507/14; a la Doctora María de Los Ángeles Guzmán García el caso de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos RRA1919/16; al Doctor Santiago Nieto Castillo el caso de Odebrecht en contra de la Procuraduría General de la República RRA4436/18; al Doctor Jaime Cárdenas Gracia el recurso sobre Bitácoras de Vuelos del Presidente Enrique Peña Nieto en contra de la oficina de la Presidencia de la República RRA2045/16; al Doctor José Agustín Pineda el caso de La Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior 6/2018; al Doctor Luis Efrén Ríos Vega el caso Oceanografía S.A. de C.V. (Pemex Exploración y Producción) RDA 2207/14; y finalmente a la Doctora Irene Spigno —que co-dirige la presente obra— y al Maestro Jaime Iván Rodríguez Lozano el caso Hidroelectrica Las Cruces RDA 2156/14.

Capítulo 1

La Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior José Agustín Pineda Ventura SUMARIO: I. Antecedentes. II. Ley de Seguridad Interior. III. La Acción de Inconstitucionalidad. 1. Acción de Inconstitucionalidad promovida por el INAI. IV. Conclusiones. Bibliografía.

I. ANTECEDENTES La Ley de Seguridad Interior surge de la necesidad de regular la actuación de las fuerzas armadas que llevaban casi doce años realizando actividades, que de acuerdo a sus leyes orgánicas, no les correspondería realizar. ¿Qué nos ha dejado el hecho de que las fuerzas armadas hayan salido a las calles a llevar a cabo tareas que no son propias de su formación castrense? La realidad que vivimos en la última década se conforma de miles de desaparecidos, fosas comunes encontradas por todo el país; la delincuencia organizada se ha hecho de más plazas a lo largo del territorio mexicano, se ubican muerte y delincuencia a niveles descomunales, que en realidad no podemos alcanzar a percibir si es causa o efecto que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública para las que no se encuentran facultadas ni capacitadas. Felipe Calderón, ex presidente de la República mexicana (20062012), decidió emprender acciones para reestablecer la seguridad, aunque señaló que no sería fácil ni rápido, que tomaría tiempo, costaría mucho dinero; situación que incluyó, por desgracia, vidas humanas. Enfatizó que era una lucha que tendríamos que librar unidos los mexicanos para ganarle a la delincuencia. Aun con el ejército en las calles, no se logró el objetivo esperado, la criminalidad aumentó sus cifras de forma considerable, las violaciones a los derechos humanos han sido tema de todos los días, los ho-

José Agustín Pineda Ventura

micidios y desapariciones no dan tregua a las autoridades investigadoras, las carpetas de investigación son extraviadas y, cuando llegan ante los jueces, carecen de los elementos necesarios para llevar a cabo un proceso exitoso, concluyendo con la liberación de los inculpados, en los pocos casos en los que se cuenta con detenciones. En este sentido se comenzó a propagar la idea de que era necesario contar con una Ley de Seguridad Interior para justificar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de policía civil como la única solución a la inseguridad, pero también el hecho de que las fuerzas armadas realizaran tareas de seguridad pública que como sociedad trivializáramos. La reflexiones que obtuvimos con los debates que se dieron en el año 2017 durante la discusión de la iniciativa de una ley para regular la seguridad interior, coincidieron en que México requiere capacitación para las policías civiles e inversión de capital en salarios para que los policías puedan gozar de una vida digna, ya que las fuerzas armadas deben servir al país para defender la seguridad nacional frente a amenazas externas, para proteger la soberanía nacional y no para salir a investigar y perseguir delitos. Asimismo, se pretendía que ésta contara con mecanismos sólidos de control para garantizar que las operaciones se llevaran a cabo con absoluto respeto y protección a los derechos humanos. De esta manera, fueron muchos los llamados al Congreso de la Unión para evitar la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Interior, participaron organizaciones civiles de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales que pidieron a los legisladores revisar el dictamen y hacerles notar que resultaba peligroso para la democracia, intentaron por diversos medios resaltar que la iniciativa atentaba gravemente contra los derechos humanos, que carecía de mecanismos para llevar a cabo las operaciones que se establecen en la Ley. También el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió un comunicado el 7 de diciembre del año 2017, en el cual sostenía su posición respecto al artículo 9 del dictamen al indicar que “trasgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales deben imperar para el ejercicio del derecho