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Ricardo Rodríguez Luna

Coordinador

RICARDO RODRÍGUEZ LUNA

DERECHO Y SOCIEDAD

Coordinador ESTUDIOS EN TORNO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA

La relación entre el Derecho y la sociedad se concreta en la vida cotidiana de las personas cuando éstas ejercen sus derechos en ámbitos tan diversos como son, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos, los derechos colectivos, la violencia de género o el uso de las nuevas tecnologías. En este libro se estudian algunas de estas esferas de interacción, sin embargo, el Derecho se asume como algo más que un conjunto de reglas lógico-formales, se considera conformado por la gama de personas e instituciones que integran el sistema de justicia y actúan en nombre del Estado, así como por las disciplinas que lo analizan desde diversas ópticas, como es el caso de la sociología o la antropología jurídica. Desde esta perspectiva, se estudia cómo impacta la aplicación del Derecho en la vida cotidiana de las personas y en el ejercicio de sus derechos, particularmente en algunos ámbitos en donde actualmente se manifiesta en toda su expresión la relación derechos–justicia–ciudadanía, como son: Derecho, sistema penal y derechos humanos; derechos de las mujeres y sistema penal; derechos colectivos; y, derechos y nuevas tecnologías.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

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DERECHO Y SOCIEDAD ESTUDIOS EN TORNO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA

DERECHO Y SOCIEDAD Estudios en torno al ejercicio de los derechos y la justicia

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHO Y SOCIEDAD Estudios en torno al ejercicio de los derechos y la justicia Coordinador

RICARDO RODRÍGUEZ LUNA Autores

Fernando Tenorio Tagle Leandro Eduardo Astrain Bañuelos Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria José Jafet Noriega Zamudio Ana Villafuerte Islas Julio César Kala Rosario González Arias Marcela Aedo Rivera

Héctor Chincoya Teutli Eduardo Pérez Alonso Felipe Macías Gloria Patricia Campos Rodríguez Ada Marina Lara Meza Ricardo Rodríguez Luna Federico César Lefranc Weegan Abril Adriana Guerrero Hernández

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Ricardo Rodríguez Luna (Coordinador)

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-824-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice INTRODUCCIÓN Ricardo Rodríguez Luna

I. Derecho, sistema de justicia penal y derechos humanos................ 14 II. Derechos de las mujeres y sistema de justicia penal....................... 18 III. Derechos colectivos....................................................................... 20 IV. Derechos y nuevas tecnologías...................................................... 24 V. Lista de referencias....................................................................... 25

I. DERECHO, SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS VIOLENCIA, CONFLICTO, GUERRA Y EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO......................................................................................... 29 Fernando Tenorio Tagle

DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA RESTAURATIVA: EL NUEVO PARADIGMA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO Leandro Eduardo Astrain Bañuelos

I. Introducción................................................................................. 41 II. Proceso penal democrático: agenda pendiente del Estado mexicano................................................................................................. 44 III. Justicia restaurativa y sistema acusatorio adversarial.................... 45 IV. Retos en la búsqueda de la Justicia Restaurativa........................... 51 V. Conclusiones................................................................................. 52 VI. Lista de referencias....................................................................... 53 EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES FRENTE AL ESTADO Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

I. Introducción................................................................................. 55 II. El juicio político............................................................................ 58 III. La Comisión de delitos por hechos de corrupción: derecho penal garantista y derecho penal del enemigo aplicados a servidores públicos y particulares...................................................................... 61 IV. Las sanciones administrativas para los servidores públicos y particulares.......................................................................................... 65

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Índice

V. Facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el sistema nacional anticorrupción.................................................... 68 VI. Las denuncias formuladas por ciudadanos por posibles actos de corrupción.................................................................................... 70 VII. La transparencia para la investigación en materia administrativa. 71 VIII. La administración pública como víctima en los actos de corrupción............................................................................................... 72 IX. Conclusión.................................................................................... 74 X. Lista de referencias....................................................................... 74

ALCANCES DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO MEXICANO José Jafet Noriega Zamudio

I. Consideraciones previas................................................................ 77 II. Antecedentes históricos................................................................. 78 III. Referentes de derecho internacional del principio de presunción de inocencia....................................................................................... 79 IV. El principio de presunción de inocencia en el sistema procesal penal acusatorio............................................................................... 81

V. Alcances jurisprudenciales............................................................ 82 VI. Retos y desafíos en el sistema procesal punitivo............................ 84 VII. Conclusiones................................................................................. 85 VIII. Lista de referencias....................................................................... 86 LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA Ana Villafuerte Islas

I. Introducción................................................................................. 89 II. La Unidad y la prisión preventiva................................................. 90 III. Proceso de implementación........................................................... 94 IV. Conclusiones................................................................................. 99

V. Lista de referencias....................................................................... 100 BREVES CONSIDERACIONES ENTORNO A LA POLÍTICA PENAL Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO Julio César Kala

I. Consideraciones previas................................................................ 103 II. Estado de Derecho........................................................................ 103 III. Política Pública............................................................................. 106 IV. Política penal en el Estado de Derecho.......................................... 107 V. Política de seguridad pública......................................................... 109

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Índice

VI. En torno a la prevención............................................................... 110 VII. Hacia la disminución de la violencia, justicia restaurativa............. 114 VIII. Lista de referencias....................................................................... 119

II. DERECHOS DE LAS MUJERES Y SISTEMA PENAL ¿SE LLEVARON LA JUSTICIA Y NOS DEJARON LA LEY? PROBLEMATIZANDO EL SISTEMA PENAL DESDE LA MIRADA FEMINISTA Rosario González Arias

I. Introducción................................................................................. 125 II. El derecho penal como construcción de un orden social androcéntrico.............................................................................................. 127 III. El feminismo jurídico y la deconstrucción del poder punitivo....... 131 IV. Un debate aún inconcluso............................................................. 137 V. Lista de referencias....................................................................... 139

JUSTICIA JUVENIL EN CHILE: UN ANÁLISIS EN CLAVE FEMINISTA Marcela Aedo Rivera

I. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile (N° 20.084)......................................................................................... 141 II. El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile y las adolescentes: el problema de ser pocas.......................................... 143 III. Sistema penal y sexismo................................................................ 147 IV. Modelo de responsabilidad y las adolescentes: la falsa neutralidad de la CIDN................................................................................... 151 V. Las adolescentes privadas de libertad: cuando la invisibilidad tiene género........................................................................................... 155 VI. Las adolescentes privadas de libertad en Chile: las pocas olvidadas................................................................................................ 158 VII. Conclusiones: reflexiones y estrategias para enfrentar la discriminación sexual en el marco de un modelo de responsabilidad......... 163 VIII. Lista de referencias....................................................................... 166

LA VIOLENCIA FAMILIAR: CONSIDERACIONES JURÍDICO/SOCIALES COMO PRESUPUESTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA SU PREVENCIÓN Y CONTROL Héctor Chincoya Teutli

I. Introducción................................................................................. 171 II. La familia como concepto polisémico........................................... 172 III. La mujer adulta: el grupo de población más expuesto a la violencia familiar......................................................................................... 174

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Índice

IV. La violencia familiar: concepto jurídico y penal............................ 175

V. Modalidades de la violencia familiar............................................. 184 VI. Modelo de interpretación para el análisis de la violencia familiar. 188 VII. Factores de riesgo asociados con la posibilidad de sufrir violencia en la familia.................................................................................. 192 VIII. Repercusiones de la violencia familiar sobre la víctima................. 194 IX. Radiografía de la violencia familiar en la ciudad de México......... 196 X. Conclusión en relación a la hipótesis de trabajo............................ 206 XI. Hallazgos...................................................................................... 206 XII. Lista de referencias....................................................................... 208

III. DERECHOS COLECTIVOS LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL CONSTITUCIONALISMO GUANAJUATENSE: ASIGNATURA PENDIENTE EN LA AGENDA LEGISLATIVA, DESDE UNA VISIÓN PRAGMÁTICA EFECTIVA Eduardo Pérez Alonso

I. Introducción................................................................................. 213 II. Bosquejo internacional.................................................................. 214 III. Derechos colectivos en la legislación secundaria del estado de Guanajuato......................................................................................... 217 IV. Concepción jurídico-doctrinal de las acciones colectivas............... 218

V. Interpretación jurisdiccional......................................................... 219 VI. Obligación internacional de garantizar el acceso a la justicia en sede local...................................................................................... 222 VII. Conclusiones................................................................................. 223 VIII. Lista de referencias....................................................................... 224 LAS “CAJAS DE AHORRO”. UNA EXPERIENCIA COLECTIVA EN GUANAJUATO.................................................................................. 227 Felipe Macías Gloria Patricia Campos Rodríguez

LAS VOCES DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Ada Marina Lara Meza

I. Los derechos colectivos en América Latina................................... 251 II. Los derechos colectivos en México............................................... 255 III. La voz desde la comunidad. La experiencia de la joven comunera Yunuen......................................................................................... 260 IV. Lista de referencias....................................................................... 265

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Índice

EL RECONOCIMIENTO DE LA DIFERENCIA EN MÉXICO Ricardo Rodríguez Luna

I. Introducción................................................................................. 267 II. La identidad: reivindicación por excelencia en la actualidad......... 268 III. El reconocimiento indígena en México......................................... 274 IV. Apunte final.................................................................................. 283

V. Lista de referencias....................................................................... 284

IV. DERECHOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMA PENAL. LA PRETENSIÓN DE NORMAR EL CIBERESPACIO COMO DEMOSTRACIÓN DE UNA IMPOSIBILIDAD EPISTEMOLÓGICA Federico César Lefranc Weegan

I. Introducción................................................................................. 291 II. Un nuevo marco social histórico para los sistemas penales........... 293 III. La interiorización de los discursos del riesgo y de la inseguridad.. 294 IV. La inversión de la lógica............................................................... 297

V. Alcances y límites. El imperativo tecnológico................................ 301 VI. Lista de referencias....................................................................... 304 EL CASO ANAS MODAMANI EN ALEMANIA: ¿PROTECCIÓN A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA O CENSURA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN? Abril Adriana Guerrero Hernández

I. Introducción................................................................................. 305 II. Marco conceptual......................................................................... 306 III. El caso Anas Modamani en Alemania........................................... 307 IV. Legislación alemana sobre difamación y calumnias....................... 309 V. Legislación mexicana sobre difamación, calumnias y libertad de expresión...................................................................................... 311 VI. Conclusión.................................................................................... 316 VII. Lista de referencias....................................................................... 317

Introducción Ricardo Rodríguez Luna Primavera de 2018

SUMARIO: I. Derecho, sistema de justicia penal y derechos humanos. II. Derechos de las mujeres y sistema de justicia penal. III. Derechos colectivos. IV. Derechos y nuevas tecnologías. V. Lista de referencias

El objeto de estudio de este libro lo constituye el análisis de diversos ámbitos de interacción entre la sociedad y el derecho, más precisamente, se analiza cómo en determinados contextos converge el ejercicio de los derechos y el sistema de justicia. Este último, sin embargo, no se limita a comportamientos individuales que tiene que ver con las reglas lógico-formales del Derecho, sino que es considerado como un ámbito de interacción y un sistema de comunicación (Arnaud y Fariñas, 1996: 31); en consecuencia, conformado por la gama de personas e instituciones que lo integran y que actúan en nombre del ejercicio de las facultades exclusivas del Estado, así como por aquellas disciplinas que lo estudian desde diversas ópticas, ejemplo claro de éstas son la sociología jurídica, la filosofía del derecho, la antropología jurídica o la criminología (Atienza, 2001; Treves, 1998).

Comprender los vínculos que continuamente se establecen entre la sociedad y la justicia constituye uno de los fundamentos de la investigación de carácter socio-jurídico. Vínculos que son cotidianos cuando las personas poseen la calidad de demandantes, denunciados, víctimas, testigos o responsables de alguna conducta jurídicamente reprochable; también, porque sus demandas son atendidas en juzgados, procuradurías, por la policía o por servicios de atención a víctimas; de igual forma, porque la ciudadanía plantea reivindicaciones sociales a las autoridades y porque el sistema de justicia incide, de una u otra forma y en diferentes grados, en los derechos del individuo.

Desde esta perspectiva, este libro se divide en cuatro bloques analíticos, cada uno conformado por diferentes capítulos que exploran en diversos sentidos la relación ciudadanía, derecho y justicia:

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I. DERECHO, SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DERECHOS HUMANOS El capítulo primero de este apartado constituye un marco general de referencia de este bloque analítico, donde Fernando Tenorio Tagle analiza diversos vínculos entre la violencia, el derecho y el poder. Con base en autores destacados como Walter Benjamin, René Girard o Gorgio Agamben, plantea el estudio de la violencia como una realidad “que se mantiene como constante en todos los ámbitos” de la actual aldea global. Situación que ha motivado una creciente reflexión y la visibilización de diversas violencias, como la trata de personas, la violencia de género o contra niños y niñas; pero también las que están envueltas en torno a fenómenos como la corrupción o en casos tan emblemáticos como Ayotzinapa. Formas de ejercicio del poder que conducen a la exclusión social y “la apreciación de inferioridad del sujeto excluido”.

La ley como expresión de fuerza también se analiza como ritualidad en un contexto de carencia de referentes éticos en las actuales sociedades y se vincula con un sentido antropológico de apocalipsis.

Desde esta perspectiva, Tenorio Tagle considera que en nuestras sociedades, “radicalizando la técnica, se podría alcanzar la peor de las matanzas”; presagia el destino de muchos países como laboratorios en los que se desatará el derecho penal del enemigo. Finaliza planteando una inquiete cuestión “¿Cuánto perderá el homo sapiens siguiendo la regla arcaica, por demás engañosa, matar para vivir?”

En el segundo capítulo, Leandro Eduardo Astrain Bañuelos aborda el estudio de las reformas constitucionales que han marcado la vida jurídica del país en los últimos años. De manera particular, se destacan cinco reformas que rompen “con paradigmas que se consideraban inamovibles, y con las cuales se fortalece el reconocimiento y respeto a los derechos humanos”: a). La elevación a rango constitucional, el año 2005, del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes; b). La reforma del año 2008 en materia penal y de seguridad pública, en la que se adoptó, a su vez, un nuevo sistema acusatorio adversarial; c). La reforma al juicio constitucional de amparo del año 2011; d). En este mismo año se elevaron a nivel constitucional los derechos humanos, se adoptó el control de convencionalidad y el principio pro persona como criterio de inter-

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pretación de las normas; y e). La creación, el año 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estas reformas impactan a tal grado que nos sitúan en una nueva realidad jurídica y social en México, entre otras cuestiones, porque los Derechos Humanos se convierten en centro de la actividad de todo jurista, sea litigante, investigador, profesor u operador del sistema de justicia penal. Desde esta perspectiva, específicamente se centra la atención en la justicia restaurativa, planteada como una nueva posibilidad de resolución de conflictos. Se constituye como una alternativa porque las partes se involucran activamente en la resolución del conflicto y se otorga un papel protagónico a quienes están directamente implicadas en la problemática. Este trabajo concluye, entre otras cuestiones, vislumbrando un gran reto: “lograr un cambio en la idiosincrasia del mexicano que le permita comprender las bondades y beneficios que representan los mecanismos alternativos de solución de controversias”. Todo ello, en un contexto jurídico y social en donde la Constitución ha dejado de considerarse “como la cúspide del sistema y se ha convertido en la base a partir de la cual se debe construir todo el orden jurídico”.

En este mismo marco de reformas constitucionales, en el capítulo tercero, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria estudia el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, cabe decir que del artículo 109 de la Constitución mexicana se desprende que el estudio jurídico y la aplicación de dicho sistema responden a las materias administrativa, penal y fiscal. En este contexto, la autora se adentra específicamente en tres aspectos destacables, por un lado, en el procedimiento a través del cual se pretende fincar responsabilidad a los servidores públicos y particulares por actos u omisiones considerados como faltas administrativas. Por otro lado, se estudia el tema de la imputación de delitos cometidos por hechos de corrupción hacia servidores públicos y particulares; y, por último, se analiza el sistema de vigilancia fiscal para servidores públicos y particulares.

Se considera que el Sistema Anticorrupción ha cambiado “el paradigma jurídico del Derecho Administrativo y del Derecho Penal pues, por mandato constitucional, ambas materias se complementarán con la finalidad de combatir de manera eficaz el fenómeno de la corrupción”. No deja de observarse que la implementación del Sistema con-

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lleva ciertas desigualdades en su aplicación, ya que “por una parte puede funcionar para la protección de algunos servidores públicos con poder político, y por la otra, se convierte en un derecho administrativo-penal del enemigo, mediante el cual se puede sancionar severamente al servidor público y/o particulares y criminalizarlos hasta su exclusión social”.

En el cuarto capítulo, José Jafet Noriega Zamudio analiza los alcances del principio de presunción de inocencia en el sistema procesal penal acusatorio en México, expresamente reconocido en las reformas constitucionales del año 2008. Una vez asumida una concepción acusatoria y adversarial del proceso penal, se estudian de manera particular los criterios jurisprudenciales al respecto, el impacto que tiene el reconocimiento de la presunción de inocencia como regla procesal, como norma de procedimiento y atribución de las autoridades ministeriales y judiciales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define el principio de presunción de inocencia como el conjunto de actos que tienen la finalidad de asegurar la solución justa de una controversia, “aunado a que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de los individuos”; su inobservancia viola el debido proceso.

En este sentido, Noriega Zamudio muestra cómo la Suprema Corte ha sostenido que “la presunción de inocencia se mantiene vigente durante todo el proceso y hasta que se dicte sentencia definitiva”.

Destaca así mismo, la necesidad de que en México, no obstante este reconocimiento constitucional, “se consolide el andamiaje normativo secundario e, inclusive, protocolario”.

Por su parte, en el capítulo quinto, Ana Villafuerte Islas toma como punto de partida de su estudio una contundente afirmación sostenida por la Corte Interamericana de Derecho Humanos: “no existe evidencia empírica que demuestre que las políticas que se sustentan en mayores restricciones al derecho a la libertad personal, tengan una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia, o resuelvan en un sentido más amplio los problemas de seguridad ciudadana”.

Bajo este principio y desde una óptica de las políticas públicas, se analiza la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. El interés en el estudio de

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esta Unidad surge dados sus mismos objetivos: “evaluar la peligrosidad de los individuos bajo arresto por delitos de alto impacto, con la intención de aportar elementos al juez de control, como autoridad facultada para ordenar la prisión preventiva, en aquellos casos que considere que así lo ameritan”.

La idea de peligrosidad ha sido muy debatida a nivel teórico e incluso la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a la subjetividad de dicha noción, no obstante, llama la atención su empleo como parte de los objetivos de la Unidad de Seguimiento. Sin embargo, Villafuerte Islas, al abordar su estudio desde una visión de las políticas públicas, sostiene que esta iniciativa “significa superar una jerarquización implícita entre los elementos a considerar en las estrategias a nivel nacional: participación en el proceso, coherencia y coordinación de los actores involucrados”; implica también una adecuación en las iniciativas nacionales y el ámbito local. Y concluye que la implementación de la Unidad plantea cambios significativos en el ámbito de la justicia penal.

En el capítulo sexto, y último de este primer bloque temático, Julio César Kala analiza diversos aspectos de la política criminal y la prevención del delito. Como punto de partida se específica que la política criminal o criminológica tiene el objetivo de enfrentar las problemáticas del sistema de justicia penal y, en consecuencia, es política penal, “y no criminal por la connotación que este adjetivo otorga a una parte de la política pública”; tampoco es criminológica ya que no se deriva de un análisis de esta naturaleza. A partir de esta idea se destaca la actual crisis de las políticas de seguridad pública y en particular de aquellas que pretenden prevenir el delito.

De esta forma, se llega al análisis de la justicia restaurativa como un “paradigma en el que se busca la restauración de las relaciones sociales a través de la disminución del ejercicio de la violencia tanto de los particulares como del aparato público”. En este sentido se plantea como una forma de solución del conflicto penal y un movimiento de reforma en lo que respecta a los fines de la pena, entre otras cuestiones, porque busca la activa intervención de las partes, víctima y victimario, así como la participación de la comunidad. Se destaca la importancia que este modelo otorga al protagonismo de la víctima, así como a la necesidad de buscar alternativas a la solución

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del conflicto. Todo ello, se concluye, puede contribuir a fomentar una nueva concepción del delito y del conflicto, para ello, la comunidad es fundamental.

II. DERECHOS DE LAS MUJERES Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL En este segundo bloque temático, Derechos de las Mujeres y Sistema de Justicia Penal, se abordan tres temas específicos: se cuestiona la eficacia del derecho y el sistema de justicia para cumplir con la efectiva protección de los derechos de las mujeres; se estudia la situación de las adolescentes en el contexto del sistema penal chileno; y, por último, se aborda el tema de la violencia familiar en México.

En el primer capítulo, Rosario González Arias plantea desde una mirada feminista diversos cuestionamientos en torno al sistema de justicia penal. Como punto de partida, se asume que el derecho se ha abierto actualmente a la realidad del feminismo jurídico, misma que define como el conjunto de reivindicaciones de los movimientos de mujeres en favor de la igualdad que han tenido un impacto social, se han elaborado teóricamente y que han conseguido trasladar al terreno jurídico y del derecho positivo las inquietudes del movimiento de las mujeres. Desde esta perspectiva, recuerda el potencial analítico de la perspectiva de género y subraya un punto por demás importante: “la cuestión pasa ahora por incorporar dicha perspectiva en la práctica, más allá del plano meramente teórico, en todas las áreas del conocimiento humano”.

Desde esta forma, González Arias desataca la capacidad transformadora de la perspectiva de género en el ámbito concreto del sistema penal, entendido éste “como una trama de relaciones, nunca inocentes, en las que el poder no está ausente”. Concluye planteando algunas interrogantes que invitan a reflexionar en torno a una ciencia jurídica favorecedora de los cambios sociales, en un contexto en el que además, los fenómenos acontecen en forma casi vertiginosa y aparecen nuevos tipos penales, por ejemplo, los relacionados a las nuevas tecnologías: sexting, stalking, ciberbulling, grooming, etc. “En el fondo del tema subyace la cuestión de la traslación social del derecho, es decir, cómo dialoga la ley con la realidad social, lo que deja

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en evidencia la permanente tensión entre el discurso jurídico y esa realidad. Todo lo anterior abunda en la necesidad de seguir problematizándolo desde la perspectiva de género mientras continúa abierta la pregunta de si el derecho penal es la respuesta para las mujeres”.

En el segundo capítulo, Marcela Aedo Rivera analiza la justicia juvenil en Chile con un enfoque feminista, así, en primer término, nos sitúa en el contexto de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile (N°20.084), misma que introdujo en este país “un modelo de responsabilidad penal especial para los y las adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años”. Al respecto, sostiene que este modelo se articula en torno al menor varón, “lo que nuevamente pone en evidencia el carácter particularmente incompleto de la ciudadanía de las menores de edad”. A partir de aquí se reflexiona en torno a algunas estrategias de intervención ante la discriminación sexual: Reconocimiento de la específica discriminación de las niñas; en el ámbito de la ejecución de penas, especialmente privativas de libertad, se considera necesario que las adolescentes cuenten con una infraestructura específica y separada de varones y mujeres adultas, así como también, con protocolos de salud; de preferencia se debe contar con personal femenino y capacitado en las necesidades especiales de las niñas, así como reforzar el desarrollo de sus derechos. Más allá de estos cambios, se considera necesario “reconocer que sigue implicando una contradicción la utilización de determinados instrumentos penales y la defensa de los derechos de los y las menores de edad. Partiendo de esta idea es necesario reducir al máximo la intervención de la justicia penal juvenil y desarrollar los derechos de los/as menores en todos aquellos ámbitos que les son propios”.

En el capítulo tercero, Héctor Chincoya Teutli realiza diversas consideraciones en torno al establecimiento de presupuestos básicos para el diseño y control de una estrategia preventiva orientada a la violencia familiar. A partir de la obtención de datos estadísticos en la materia, a manera de hipótesis, sostiene la existencia de cierta tendencia a recurrir por vía penal “cualquier conducta que parezca estar relacionada con la violencia familiar”, aun cuando los hechos denunciados, cuestión importante, no cumpla con los elementos que exige el tipo penal de la violencia familiar. En relación con este planteamiento, se destaca la existencia de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi-

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cia de la Nación relativa a la actualización de determinados elementos del tipo de violencia familiar: “la conducta tiene que ser reiterada y de tal manera grave, que dañe la integridad física o psicológica de la víctima”.

De esta forma, se concluye del análisis derivado de “13 mil 856 exordios del período comprendido entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2015 [...] que una porción de las denuncias presentadas por dicho delito ante el Ministerio Público [...] son constitutivas de un tipo penal diverso del de violencia familiar”. Así mismo, se destacan diversos hallazgos: actualmente, la noción de familia se ha flexibilizado y es posible hablar de “arreglos familiares y/o formas de convivencia” a partir del establecimiento de vínculos de diversa naturaleza; en el periodo 2005-2014 las denuncias por el delito de violencia familiar se triplicaron; la modalidad de violencia familiar mayormente denunciadas ante el Ministerio Público fue la violencia física; se identificó la relación de pareja como el principal vínculo entre la víctima y quien agrede; “se encontró que la violencia física grave no tiene elevados porcentajes de incidencia en los exordios de las averiguaciones previas analizadas”.

III. DERECHOS COLECTIVOS El tercer bloque temático, denominado Derechos Colectivos, está conformado por cuatro capítulos, en el primero, Eduardo Pérez Alonso analiza las acciones colectivas en el marco constitucional del Estado de Guanajuato. El autor recuerda que en sentido estricto, los derechos e intereses difusos y colectivos son “trasindividuales, de naturaleza indivisible de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho”. Ahora bien, existen derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, estos se caracterizan por su individualidad y divisibilidad, y “por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su protección y defensa en forma colectiva”.

En este trabajo se sostiene que la Constitución del Estado de Guanajuato, “no contiene el reconocimiento expreso a las acciones colectivas como un mecanismo de control constitucional”, no obstante,