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Rafael Martínez Puón

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ELECTORAL

Esta obra tiene como propósito, además de explicar la importancia de la profesionalización de las organizaciones públicas en el mundo y de exponer cuál es el estado actual en México, centrar la atención sobre la profesionalización de una función sumamente especializada como lo es la función electoral. Concretamente lo que acontece con el Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. Con más de 25 años de funcionamiento, este servicio profesional está considerado como de los más sólidos del país y como un referente de buenas prácticas en la gestión de personal, por lo que en el libro encontraran las razones y argumentos principales de sus orígenes, la evolución que ha tenido, la transformación de sus principales mecanismos, y sus efectos positivos en la organización de elecciones, así como algunas tendencias de hacia dónde posiblemente se dirige. Si bien es cierto que esta obra pudiera estar dirigida a público conocedor de la materia electoral también está pensada para todo servidor público, director de recursos humanos, estudioso de la administración pública, y político interesado en la profesionalización de la función pública en su conjunto. Por lo que en él encontraran no solamente elementos teórico conceptuales sino también aspectos prácticos, que pueden ser útiles para cualquier tipo de organización pública.

monografías

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ELECTORAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ELECTORAL

RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN

Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-980-4 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Dedicado a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, por su capacidad tĂŠcnica, imparcialidad y compromiso.

Índice Prólogo.................................................................................................... 11 Introducción............................................................................................. 25 1. La profesionalización en las instituciones del Estado.......................... 31 2. El estado actual de la profesionalización en México........................... 45 3. Capacidades estatales requeridas para la implementación de las elecciones: la profesionalización de la función electoral............................ 55 4. Del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral............ 71 5. El Servicio Profesional Electoral 1992-2014....................................... 89 5.1. Orígenes del Servicio Profesional Electoral 1992-1998................ 93 5.2. Reformas de Segunda Generación 1999-2009............................. 109 5.3. Reformas de Tercera Generación 2010-2014............................... 132 6. El Servicio Profesional Electoral Nacional (OPLE)............................. 175 6.1. ¿Cuál era la situación de los OPLE una vez decretada la reforma de 2014?................................................................................ 177 6.2. Proceso de incorporación de los OPLE al SPEN.......................... 202 6.3. Principales cambios y resultados en los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional (Sistema INE-Sistema OPLE)....... 206 6.4. ¿Qué hacen los miembros del servicio profesional y cuál es su situación actual?.......................................................................... 238 7. Desafíos y perspectivas....................................................................... 249 8. Conclusiones...................................................................................... 263 Bibliografía.............................................................................................. 269 Documentos institucionales................................................................. 276 Direcciones electrónicas....................................................................... 279

Prólogo Estamos ante un libro excepcional. Como en cualquier obra, podrá discutirse su estructura o su prosa, la forma en que evolucionan sus párrafos o la presentación de datos, pero no su pertinencia, su importancia ni su valentía. No sólo está aquí la historia del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE y luego INE) llevada hasta el recuento de los desafíos que hoy enfrenta su paso hacia el sistema nacional que involucra a todos los órganos electorales del país (los así llamados OPLE), sino la reflexión de uno de los mejores especialistas mexicanos en la materia, que sabe de sobra que las letras trascienden a quien las escribe. Ruego al lector que no tome estas líneas a la ligera. No es un halago fácil. Comienzo por el autor: que sea Rafael Martínez Puón quien escribe este libro es, al mismo tiempo, una garantía y un obstáculo. Algún lector inadvertido de las credenciales de quien ha sido a lo largo de diez años Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral —luego Nacional— podría confundirse y creer que está ante una suerte de informe o, peor aún, ante un recuento indulgente de las decisiones tomadas en ese lapso. No es así. Por el contrario, la experiencia acumulada por el funcionario se ha puesto al servicio del académico; de alguien que se ha dedicado, como nadie, a estudiar los servicios civiles de carrera de México y del resto del mundo y que ha producido una larga lista de libros imprescindibles para la bibliografía especializada en la materia. Este, que el lector tiene en las manos, forma parte de esa misma zaga que incluye obras fundamentales, como La profesionalización de la administración pública en México. Dilemas y perspectivas (Ministerio de Administraciones Públicas de España, 2003), o Servicio Profesional de Carrera. ¿Para qué? (Miguel Angel Porrúa, 2005) que fue el resultado de sus estudios doctorales dirigidos por Carles Ramió en Cataluña, o Directivos versus Políticos. La importancia de la función directiva en las administraciones públicas (Miguel Angel Porrúa, 2011), prologado por Francisco Longo, uno de los más grandes especialistas globales del tema, o La profesionalización de la función pública: ideas para Latinoamérica (Universidad de los Andes, 2013),

Mauricio Merino

entre otras publicaciones de divulgación y en medio de una larga lista de artículos científicos publicados en revistas de primer orden. De hecho, sorprende que Rafael Martínez Puón sea un funcionario público. O para decirlo con más tino: que además de su muy productiva e incansable labor académica plasmada en los libros y en las aulas de nuestra máxima casa de estudios —donde ha formado ya a varias generaciones de estudiantes de administración pública— sea un servidor público apreciado y reconocido. Y como si algo faltara a esa trayectoria, Martínez Puón fundó y sigue siendo el director general de la Revista Buen Gobierno que, desde el 2006 y hasta la fecha, ha publicado más de 200 artículos de especialistas y profesionales de la gestión pública dentro y fuera de México y ha sembrado su impronta como una publicación indispensable para quienes nos ocupamos de estas materias, tanto por su capacidad de tejer la experiencia con el conocimiento académico, cuanto por el listado de textos, autores y editores de España y de América Latina que han desfilado durante más de diez años por esas páginas. ¿Cómo consigue Rafael Martínez Puón entrelazar sus dos vocaciones? ¿Cómo es posible —nos hemos preguntado varios de sus colegas—que en ambas haya producido tantos y tan buenos resultados, que han servido por igual para trasladar las fronteras del conocimiento académico acumulado en administración pública y para consolidar, en la práctica, el mejor servicio profesional de carrera de toda la historia de México? Porque de eso estamos hablando: de la mejor experiencia que se haya vivido jamás en materia de profesionalización en un área específica de la vida pública del país. La respuesta a aquellas preguntas está en la combinación de esas vocaciones. La práctica cotidiana ha sido, para Martínez Puón, una fuente constante de información y experiencia para el profesor e investigador, mientras que su labor académica le ha otorgado calidad y conocimiento a las decisiones que va tomando el servidor público. El autor es así, sin hipérbole, la encarnación de lo mismo que estudia y reclama: un servidor público que no ha renunciado a seguir estudiando, a seguir preguntando, a seguir debatiendo y a seguir corrigiendo lo que hace, a la luz del conocimiento y de la experiencia comparada para hacerlo mejor. El profesional en el mejor sentido del término.

Prólogo

A esas cualidades, Martínez Puón añade otra de igual calado: el compromiso personal con los buenos propósitos que persigue y que él mismo plantea, en un juego de espejos, como una condición básica para avanzar en la profesionalización de toda la administración pública. Una tesis que, ya de entrada, nos propone una reflexión de fondo. En su epígrafe, cita a Gardner: “Una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional” y en el cuerpo del libro, esta idea se desarrolla con amplitud. Uno de los desafíos para el futuro del Servicio Profesional Electoral es: “Contar con buenos profesionales y buenas personas —dice Martínez Puón— sobre la base de una mejora, construcción y reforzamiento de aspectos como la inteligencia colectiva, el clima laboral, mejores niveles de convivencia en detrimento del conflicto, el trabajo en equipo, el liderazgo colaborativo, la comunicación vertical y horizontal, el sentido de identidad y pertenencia y la salud física y emocional. (...) El Servicio Profesional Electoral Nacional tiene que ser pionero en esto”. Tiene razón. La profesionalización del servicio público no puede ni debe desconectarse de los propósitos públicos que persigue y que le otorgan identidad ni, mucho menos, hundirse en una lucha interna por conquistar espacios de autoridad y de poder. Que los servidores públicos sean “buenas personas”, como subraya el autor, no quiere decir que rijan su vida privada de conformidad con los cánones establecidos por las buenas conciencias —según la magnífica formulación acuñada por Carlos Fuentes— mientras compiten entre sí por ganar más puestos y más presupuestos para acrecentar sus áreas de influencia personal. No se trata de eso en absoluto. Lo que cada servidor público haga o deje de hacer con su vida privada no es cosa que deba interesarnos a los demás, mientras esa conducta sea lícita. De hecho, sería un despropósito exigir que todos los servidores públicos sean buenos padres y madres de familia o querer determinar sus actividades personales, sus preferencias privadas o su orientación sexual, aunque sus resultados sean pésimos. La administración pública no es una iglesia ni tampoco un partido político. No es eso lo que preocupa a Martínez Puón, sino algo mucho más fino: que las oficinas públicas donde interactúan los profesionales sean fuente de encuentro y no de ruptura, a partir de una convivencia basada en la identidad compartida y el compromiso ético. Buenas personas en cuanto capaces de asumir personalmente, como cosa propia,

Mauricio Merino

los objetivos que han de conseguirse entre todos para beneficio de muchos otros; buenas personas en el sentido de admitir plenamente que cualquier desviación, cualquier negligencia, cualquier abuso, será causa de daño para la sociedad a la que se han dispuesto a servir. Personas honorables e integras. El servicio profesional de carrera está basado en el mérito, que es una palabra difícil. De esto me ha ocupado en otros lugares. El diccionario lo define como la “acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza” y también como el derecho a obtener un reconocimiento. Pero no nos dice quién establece los parámetros para medir esas conductas ni quién otorga el reconocimiento. El mérito es una medida de comparación y un método de selección. Hay que tener méritos para ascender en una jerarquía. Asumimos que un general ha acumulado más méritos que un coronel; que el doctor obtuvo el grado porque demostró más conocimientos que un licenciado; que un nivel III del sistema nacional de investigadores se distingue, por sus méritos, de un nivel I. Los méritos son siempre selectivos y son, a la vez, un medio de autoridad para quienes los conceden. ¿Pero cuáles son los méritos que debe acumular una persona para ocupar una posición de autoridad en el servicio público? ¿Cómo y quién ha de calificarlos y de evaluarlos? Aquí voy al contenido del libro: que sean los méritos el único criterio deseable para asignar y evaluar plazas en la administración pública solamente sirve para plantear el problema, no para resolverlo. Lo que Martínez Puón va explicando en las páginas que siguen a este proemio es la historia de la definición y la calificación de los méritos que reclama la función electoral mexicana y por eso el relato es, a un tiempo, apasionante y aleccionador. Se trata de una historia que sintetiza el enorme esfuerzo que ha hecho el país para ir aclarando y decantando quiénes y por qué pueden participar de esas funciones, en una larga marcha que ha involucrado la defensa de los principios democráticos sobre las tentaciones autoritarias, la traducción de esos principios en estatutos jurídicos, normas, reglamentos y lineamientos de operación que han sido puestos a prueba y corregidos una y otra vez a lo largo de más de veinticinco años, y la puesta en acto de procedimientos y rutinas administrativas capaces de darle vida a las normas. Una historia que puede leerse entrelíneas como la tensión permanente entre la coyuntura política y la exigencia técnica, cruzada

Prólogo

por los imperativos de la transición: de la transición votada que ha vivido México durante este mismo periodo. He aquí, también, la primera lección de esta historia: que la administración pública no es ni puede ser una arena totalmente ajena al entorno político en el que se inscribe. Pero a esta debe añadirse una más, de inmediato: quienes administran responden e interactúan siempre con ese entorno, pero no lo dominan ni lo protagonizan. La administración pública de un Estado democrático digno de este adjetivo no es botín de los vencedores sino el instrumento para hacer cumplir los objetivos legítimos que una sociedad se ha trazado, con los medios que tiene a su alcance. Quienes integran la administración pública contribuyen con su tarea a diseñar esos objetivos, a darles viabilidad y también a ponerles límites, pero no son ellos quienes los determinan. Gestionar los asuntos públicos no es lo mismo que asumir la dirección del Estado. En la democracia, este privilegio se gana con votos y los votos exigen pluralidad, contrapesos y competencia. El Servicio Profesional Electoral ha tenido la misión de garantizar que esos votos se cuenten y que la voluntad expresada en las urnas no esté sometida sino a la decisión de los ciudadanos. Por eso el principio más importante que recorre la narración de Martínez Puón es el de imparcialidad. Que los servidores públicos responsables de crear las condiciones materiales para el ejercicio universal, libre, secreto y directo del voto no carguen los dados a favor de ninguno de los partidos y que mantengan, al mismo tiempo, la más estricta equidistancia de cada uno de ellos. Se dice rápido, pero asegurar que ese principio se cumpla a pie juntillas en todas y cada una de las actividades que deben cumplir las autoridades electorales ha sido, de lejos, la obra más complicada de todo el entramado institucional destinado a pavimentar el paso del singular al plural en la vida política del país. La definición de los méritos de quienes integran ese cuerpo profesional ha estado condicionada, así, al principio de imparcialidad hasta nuestros días. Para asegurar que se cumpla y, al mismo tiempo, para garantizar que los funcionarios electorales tengan las credenciales técnicas necesarias para desempeñar las tareas que les son asignadas, es que se ha desarrollado el conjunto de normas y procedimientos de los que da cuenta esta obra. Para decirlo rápido: ese conjunto de reglas y de estructuras destinadas a verificar los méritos ciertos de

Mauricio Merino

quienes forman el servicio profesional ha servido para afirmar que nadie llegue y nadie se quede sin acreditar, invariablemente, las competencias indispensables para ocupar un cargo y sin honrar el principio de imparcialidad. Esa doble exigencia se ha entrelazado, además, con el desafío de crear y consolidar un sistema de profesionalización sólido y de largo aliento, que no dependa de los vientos políticos del país. Por eso ha sido una tarea tan compleja. De un lado, se ha propuesto crear confianza entre los actores políticos; de otro, ha diseñado las herramientas indispensables para seleccionar, capacitar y evaluar a los funcionarios electorales; y finalmente, ha hecho posible que ambas cosas se desenvuelvan en el ambiente de un servicio civil de carrera cada vez más robusto, en una secuencia cuyas dificultades se plasman en este libro, en el que se va desgranando la combinación entre construcción de confianza y capacidades técnicas, a partes iguales. Protegido por su amplio bagaje académico, Martínez Puón revisa primero el marco teórico y comparado que debe tenerse en cuenta para entrar por la puerta grande a estos temas. La existencia de servicios profesionales bien asentados ha probado ser, en el mundo, una condición para la eficacia de los gobiernos, para combatir la corrupción que se desprende de la captura patrimonial de los puestos y para arraigar las prácticas democráticas. Tener administraciones públicas eficientes integradas por profesionales probados es, junto con la calidad y la profundidad de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, uno de los pilares fundamentales de la estabilidad del Estado. La experiencia comparada prueba que si alguno de esos pilares se rompe, los países pierden viabilidad y las democracias —como lo demostró en su momento Juan Linz— se quiebran. No es casual que los primeros intentos serios por avanzar en la profesionalización del servicio público hayan comenzado hasta el siglo XXI, luego de la alternancia en la presidencia de la República y luego de que el Servicio Profesional Electoral se encontrara ya consolidado ni, tampoco, que la transición democrática se haya visto amenazada por el desencanto y la desafección de los ciudadanos en la misma medida en que aquellos esfuerzos de profesionalización más allá de las fronteras del IFE se fueron minando.

Prólogo

Si se mira con atención, se verá que la hechura y la operación cotidiana del Servicio Profesional Electoral se convirtieron desde finales de los años noventa en la clave de bóveda del sistema que le abrió camino institucional a la pluralidad política del país y, a la vez, la impronta de esa mudanza fue el principal incentivo para hacer de ese sistema el mejor evaluado de México. Otra lección que no debe pasar inadvertida: la profesionalización del órgano electoral federal fue —en palabras de José Woldenberg— la columna vertebral del éxito en la organización de los comicios y fue, también, el ejemplo a seguir para otras instituciones públicas; y al mismo tiempo, ha sido el único que ha resistido la prueba del tiempo. Lo que Martínez Puón narra más adelante ha sido un camino de ida y vuelta entre la necesidad de garantizar la confianza en los procesos electorales y las exigencias propias de la función electoral en cualquier parte del mundo, una de cuyas dimensiones indispensables está en las capacidades técnicas de quienes asumen la gravísima responsabilidad de garantizar la viabilidad y la validez de los votos. Una tarea bien lograda en nuestro país, a pesar de las múltiples modificaciones que ha sufrido la función electoral entre 1992 y 2014, tal como lo describe el cuarto capítulo de este libro. Esa secuencia da paso al capítulo más extenso de este libro, en el que el autor pasa revista a cada una de las etapas que ha vivido el Servicio y anticipa la última, que habría de convertirlo a partir de 2014 en un Servicio Profesional Nacional, al sumar al personal de los OPLE. Es en este quinto episodio donde el lector encontrará las principales tensiones y el intrincado recuento de decisiones y acciones que fueron construyendo ese sistema, así como los problemas que todavía lo desafían. En este punto el texto entra a los detalles técnicos, a las cifras, a la descripción de los procedimientos, a los ajustes normativos: el territorio en el que mejor se mueven los especialistas. Me detengo en este capítulo para subrayar la doble lección que ofrece: de un lado, el esfuerzo enorme que se ha hecho para poner la técnica al servicio de los objetivos sustantivos de la institución y de los principios que la rigen. Y de otro, la obligación de recorrer todo el camino para llegar al resultado, sin atajos. Visto con rigor, el Servicio Profesional Electoral es un conjunto de normas y procedimientos técnicos que han buscado perfeccionar las competencias de los funciona-

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rios que realizan actividades sustantivas del proceso de organización electoral, así como garantizar el cumplimiento estricto de las normas y de los principios que regulan la materia. Es un andamiaje cuya justificación descansa, sin embargo, en sus aportaciones a la construcción de la confianza. En una frase: la técnica al servicio de la democracia. Esta es, quizás, la aportación más relevante de la obra de Martínez Puón que es válida no sólo para el IFE y luego para el INE, sino para cualquier órgano público. La profesionalización no es un propósito en sí misma, sino una herramienta que ha de ponerse a disposición del éxito de las instituciones, exactamente del mismo modo en que los sistemas de control interno se justifican si, y solo si, contribuyen a lograr los objetivos de las organizaciones donde se desarrollan. En este sentido, los servicios de carrera no pueden ni deben evaluarse al margen de los órganos donde se inscriben. Su utilidad y su pertinencia son subsidiarias de la calidad de los resultados que toda la organización ofrece y que la justifican. No se busca la profesionalización para presumir la hechura de sistemas cada vez más sofisticados de gestión pública ni para exhibir las credenciales académicas de sus integrantes, sino para contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos institucionales, para garantizar el apego a los principios, respaldar el éxito de la organización en su conjunto y garantizar, también, el reconocimiento al esfuerzo realizado. El mérito no debe ser nunca excluyente, sino la energía para potenciar el trabajo hecho a conciencia. La primera condición para el diseño de un servicio de carrera es, así, el conocimiento exacto de los objetivos institucionales. No se impone desde arriba ni al margen de las circunstancias donde opera: no es un añadido sino una de las piezas principales de la organización, en tanto que se ocupa de garantizar que las personas que encarnan sus funciones sustantivas estén bien seleccionadas y cada vez más preparadas para realizarlas con los más altos parámetros de calidad. La profesionalización atañe a las personas que le dan vida a las organizaciones y, en consecuencia, no puede conseguirse si las propias organizaciones no saben con absoluta precisión qué problema público quieren resolver, cuáles son sus objetivos y qué medios tienen para hacerlo. El mejor servicio de carrera no es el más sofisticado sino el más útil y el que mejor encaja con los propósitos centrales de la organización.

Prólogo

Por eso es necesario recorrer todo el camino, que comienza inexorablemente por el examen de las propias organizaciones públicas. En su formulación más simple, el método se inicia por la organización del trabajo y la distribución de las tareas: qué se tiene que hacer y quién lo debe hacer es la pregunta que cualquier organización pública debe responderse, antes de intentar siquiera avanzar un paso por la ruta de la profesionalización. Organizar el trabajo equivale a distribuir con tino las obligaciones y también, a detectar las competencias profesionales que debe poseer cada uno de sus integrantes. Cuando la organización sabe cuáles son los objetivos que persigue, cuáles son los resultados que entregará en cada periodo y cuáles son las condiciones con las que habrá de conseguirlos, puede entonces avanzar hacia el diseño de los perfiles profesionales de quienes le darán vida a cada una de sus actividades. Proceder en el sentido inverso es simular. El proceso de profesionalización puede iniciarse tras el diseño de las organizaciones y de la distribución sensata de las cargas de trabajo, llevadas hasta el punto final de los individuos que habrán de conformarla. Lo que sigue es describir los puestos: un sueño asentado en criterios de objetividad y pertinencia para salir en busca de las personas que puedan colmarlo. Cada descripción es un ideal que sirve, al principio del camino, para reclutar y seleccionar a quienes buscan ingresar o ascender a los cargos de la organización; en la ruta, para evaluar su cumplimiento y capacitarlos con las herramientas que resulten necesarias; y al final, para tomar decisiones sobre su desempeño y volver a comenzar. Por eso es imposible, e incluso absurdo, eludir cualquier etapa. Si se ha optado por la profesionalización es porque la organización ya sabe lo que quiere y qué perfiles necesita para conseguirlo. Y una vez que se ha iniciado, el acento debe ponerse en la búsqueda tenaz de la confluencia idónea —esa palabra utópica que sirve, como diría Galeano, para caminar— entre los perfiles diseñados y las personas que los ocupan. En el cuerpo de su libro, Martinez Puón cuenta el episodio conocido como “la noche de los cuchillos largos”, que vivió el IFE en 1995 y que “dio lugar a que se removiera de sus puestos a 246 funcionarios de juntas locales y distritales, porque se presumía que todavía mantenían relaciones partidistas”. Fue un momento emblemático para la institución y una clave para comprender el sentido de la profesionalización, dentro y fuera de esa institución, que amerita por sí mismo un

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largo ensayo. La salida de esos funcionarios no obedeció a la falta de idoneidad entre los perfiles y las competencias sino a la desconfianza; los partidos que exigieron la depuración frasearon sus demandas de forma negativa: sabían lo que no querían y sabían a quiénes no querían. Fue un reclamo ad hominem. Pero aquel despido repentino y colectivo no sirvió para responder a la pregunta principal: ¿si estos no, entonces quiénes sí? Cuando alguien deja un puesto por malas razones, lo cuestión que brota de inmediato es quién debe ocuparlo y por qué buenas razones pues, de lo contrario, el manto de la sospecha pesará eternamente sobre quienes vengan después. Cuando tuve el privilegio de servir al IFE como presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera desde 1996 y hasta el 2003, me topé con las heridas todavía abiertas de aquella noche de los cuchillos largos y con el velo de la desconfianza sobre las personas que habían llegado a suplir a los defenestrados. Por fortuna, los representantes de partido con los que trabajé comprendieron que era imprescindible romper el círculo vicioso de la desconfianza basada en las personas, para construir una nueva ruta de profesionalización basada en los perfiles. En consecuencia, iniciamos una nueva etapa venturosa en la que privilegiamos la búsqueda de aquel ideal de idoneidad, sobre una doble base de imparcialidad y competencias técnicas. Nadie volvería salir por razones de pura antipatía política, pero nadie volvería a entrar por simpatía política. Quienes ocuparan cargos sustantivos en el IFE tendrían que acreditar sus credenciales profesionales de manera indiscutible y quienes llegaran, tendrían que demostrar sus competencias y apegarse a los principios de la institución. Punto. De ahí nació la obligación de diseñar nuevos sistemas de reclutamiento, nuevos requisitos de ingreso, nuevos concursos y nuevas herramientas para garantizar que aquella apuesta por la imparcialidad, la experiencia, las destrezas y los conocimientos tuviera éxito, en función de los resultados que debía cumplir la institución: la técnica al servicio de la democracia. Y en el otro extremo, nació también la necesidad de depurar los instrumentos de capacitación y evaluación para perfeccionar las competencias de quienes seguían formando parte de la organización y para afirmar que mantuvieran siempre y en todo momento, las cualidades suficientes para pertenecer a ella. De esa siembra fue brotando poco a poco un nuevo sentimiento de confianza y de reconocimiento entre los partidos que acompañaron el proceso