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Es ésta una colección viva sobre LOS DELITOS, aportación conjunta de la Editorial Tirant lo Blanch y un equipo de expertos en Derecho Penal, que pretende prestar atención a los problemas de mayor interés suscitados por el llamado «Código Penal de la democracia».

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Cristina Guisasola Lerma

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LA LIBERTAD CONDICIONAL

La libertad condicional, institución consolidada en nuestra legislación penal y penitenciaria, sufre una sustancial modificación tras la reforma penal operada por LO 1/2015: se elimina su condición de forma de cumplimiento de la pena, en concreto, de última fase de cumplimiento de la pena de prisión, pasando a ser regulada como una modalidad de suspensión de la pena de prisión. La complejidad de la nueva regulación penal, la armonización con la legislación penitenciaria y las repercusiones prácticas del cambio de naturaleza jurídica —en particular la pérdida del tiempo cumplido en libertad condicional, en caso de revocación de la misma, lo que traerá sin duda un endurecimiento en su concesión— justifican el análisis que aquí se pretende realizar. De igual modo, también se analizará el trasfondo ideológico y político-criminal de esta reforma. La autora aborda asimismo la relación entre la libertad condicional y la medida de seguridad de la libertad vigilada a efectos de delimitar sus ámbitos de aplicación y sus problemas de cohabitación, finalizando con una aproximación a la figura del probation officer, una crítica a la falta de métodos criminológicos para la valoración del riesgo delictivo y una propuesta de revisión y reforma de aspectos esenciales de la actual regulación de la libertad condicional.

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LA LIBERTAD CONDICIONAL Nuevo régimen jurídico conforme a la LO 1/2015 CP

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LA LIBERTAD CONDICIONAL Nuevo régimen jurídico conforme a la LO 1/2015 CP

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA LIBERTAD CONDICIONAL: Nuevo régimen jurídico conforme a la LO 1/2015 CP

CRISTINA GUISASOLA LERMA Profa. Titular Derecho penal Universidad Jaume I (Castellón)

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Director de la Colección: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC Catedrático de Derecho Penal Universitat de València

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-2027-2017 ISBN: 978-84-9169-205-8 IMPRIME: Guada Impresores Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A mis hijos, Alejandro y Paula

ÍNDICE ÍNDICE DE ABREVIATURAS........................................................................ 11

I. PLANTEAMIENTO.......................................................................... 13

II. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN, ¿UNA CUESTIÓN PACÍFICA?.................................................................... 15 1. Sus orígenes en la legislación penitenciaria y penal...................... 15 2. La libertad condicional como modalidad de suspensión tras la reforma penal operada por LO 1/2015, de 30 de marzo.............. 19

III. MODALIDADES Y REQUISITOS DE LIBERTAD CONDICIONAL.................................................................................................. 23 1. Libertad condicional básica u ordinaria (art. 90.1 CP)................ 23 2. Libertad condicional anticipada (art. 90.2 CP)............................ 38 3. Libertad condicional cualificada (art. 90.2 in fine CP)................. 39 4. Libertad condicional de internos primarios (art. 90.3 CP)........... 40 5. Concesión de la libertad condicional para mayores de 70 años y enfermos muy graves con padecimientos incurables (art. 91 CP). 42 6. Libertad condicional para casos de delincuencia organizada o terrorista (art. 90.8 CP).................................................................. 45 7. Suspensión de la ejecución de la «pena de prisión permanente revisable» y adopción de la libertad condicional......................... 47 8. Libertad condicional de extranjeros condenados......................... 52

IV. ASPECTOS PROCEDIMENTALES Y REPERCUSIONES PRÁCTICAS DERIVADAS DEL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL............................................................ 57 1. Iniciación del expediente de libertad condicional......................... 57 2. Suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional..................................................................... 61 2.1. Órgano jurisdiccional competente...................................... 61 2.2. Criterios de concesión. Algunos datos acerca de la concesión de la libertad condicional en España........................... 61 2.3. Notificación y legitimación de la víctima para recurrir la resolución.......................................................................... 65 2.4. Plazo de la suspensión: problemas del nuevo régimen temporal previsto en el art. 90.5 CP......................................... 68 2.5. Prohibiciones y medidas asociadas a la suspensión y concesión de la libertad condicional (art. 83 CP)........................ 70 2.6. Control y seguimiento........................................................ 73 3. Causas de revocación.................................................................. 75 4. Remisión definitiva pena............................................................. 78 5. Régimen transitorio..................................................................... 78

Índice

V. LA RELACIÓN ENTRE LA LIBERTAD CONDICIONAL Y LA MEDIDA DE LIBERTAD VIGILADA DE POSIBLE CUMPLIMIENTO SUCESIVO.................................................................................. 83

VI. EL CRIMINÓLOGO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO: APROXIMACIÓN A LA FIGURA DEL PROBATION OFFICER.............. 95

VII. RECAPITULACIÓN Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA........... 101 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 105

ÍNDICE DE ABREVIATURAS AAP Auto de la Audiencia Provincial. AP Audiencia Provincial. Art. Artículo. CE Constitución Española. CGPJ Consejo General del Poder Judicial. CP Código Penal. CGPJ Consejo General del Poder Judicial. D.A. Disposición Adicional. DGIP Dirección General de Instituciones Penitenciarias. GEPC Grupo de Estudios de Política Criminal. IIPP Instituciones Penitenciarias. JVP Juez de Vigilancia Penitenciaria. LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal. LEV Ley del Estatuto de la Víctima. LO Ley Orgánica. LOGP Ley Orgánica General Penitenciaria. LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial. PANCP Propuesta de Anteproyecto de nuevo Código Penal. PCP Proyecto de Código Penal. RP Reglamento Penitenciario. SAP Sentencia de la Audiencia Provincial. STC Sentencia del Tribunal Constitucional. STC Sentencia del Tribunal Constitucional. STS Sentencia del Tribunal Supremo. TBC Trabajos en beneficio de la comunidad. TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos. TC Tribunal Constitucional. Tol Tirant On Line. TS Tribunal Supremo. VVAA Varios autores.

I. PLANTEAMIENTO Con la introducción del sistema progresivo en el derecho penitenciario español, evolucionado posteriormente en el sistema de individualización científica, la libertad condicional, como forma de cumplimiento que permite que el penado pase el último periodo de la condena en libertad cumpliendo determinadas condiciones, se ha configurado como una institución sólida y consolidada en nuestra legislación penal y penitenciaria. Sin embargo la última modificación del Código Penal operada por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo (en adelante LO 1/2015) supone un cambio trascendental al eliminar su condición de forma de cumplimiento de la pena, en concreto, la última fase de cumplimiento de la pena de prisión, lo que justifica sobradamente el presente estudio. Y es que entre las modificaciones introducidas por la citada Ley en el ámbito de la pena y su ejecución destacan, junto a la polémica previsión de la pena de prisión permanente revisable, la reforma sustancial del régimen de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad, previsto en el capítulo III, Título III del CP. En particular se instaura un sistema unitario de suspensión, quedando integrada en el mismo la sustitución de las penas privativas de libertad —solo conserva su autonomía en el art. 89 la sustitución por la expulsión para penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero— así como la libertad condicional, anulando así su carácter de cuarto grado penitenciario. Pese a que en el Preámbulo de la LO 1/2015 se hablaba de que se introducían únicamente tres modificaciones1 en la nueva regulación, son «V. La nueva regulación mantiene, sin modificaciones, los supuestos de concesión de libertad condicional de la legislación anterior. Se introducen, sin embargo, tres modificaciones de extraordinaria relevancia. En primer lugar, se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios, es decir, a aquéllos que cumplen su primera condena en prisión, que hayan sido condenados a una pena corta de prisión. En estos casos, se adelanta la posibilidad de obtener la libertad condicional al cumplimiento de la mitad de la condena. Esta modificación refleja el sentido general de la reforma en el sistema de penas: se introducen mecanismos e instituciones que pretenden ofrecer una respuesta contundente a los delincuentes multirreincidentes; y, de un modo coherente, se ofrecen nuevas posibilidades de obtener la libertad a los penados primarios que presentan un pronóstico favorable de reinserción. En segundo lugar, la libertad condicional pasa a ser regulada como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, el tiempo en libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena, sino que la concesión de la libertad condicional determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena durante un determinado período de 1

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numerosos los cambios sufridos en la citada institución, los cuales plantearán problemas interpretativos y aplicativos de los que ya cabe advertir y que serán objeto de estudio en el presente trabajo. Desde el momento de entrada en vigor de la reforma el pasado 1 de julio de 2015, conviven pues en nuestro ordenamiento dos regímenes jurídicos en materia de libertad condicional y en función de la situación jurídico-penal de cada penado será de aplicación uno u otro régimen. La complejidad de la nueva regulación penal, la armonización con la legislación penitenciaria —hasta la fecha no modificada— y las repercusiones prácticas del cambio de naturaleza jurídica justifican el análisis que aquí se pretende realizar, que incluirá el trasfondo ideológico y político-criminal de esta reforma.

tiempo: si, durante ese tiempo, el penado no reincide y cumple las condiciones impuestas, se declarará extinguida la pena pendiente de cumplimiento; por el contrario, si durante ese período de libertad condicional (o de suspensión de la ejecución del resto de la pena) comete un nuevo delito o incumple gravemente las condiciones impuestas, la libertad será revocada y deberá cumplir toda la pena que restaba. Por esta razón, el régimen de la libertad condicional pasa a estar regulado, en gran parte, por remisión a la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena. Y, finalmente, se introduce la regulación del régimen de revisión de la prisión permanente revisable como un supuesto de libertad condicional o de suspensión de la ejecución de la pena. Si el tribunal concede la libertad, fija un plazo de “suspensión” de la ejecución durante el cual el penado queda sujeto a condiciones: el incumplimiento de las mismas o la comisión de nuevos delitos determina —durante este período de suspensión— la revocación de la misma y el reingreso del penado en prisión. Para la revisión de la prisión se establece un doble régimen. Cumplida una parte de la condena que oscila entre veinticinco y treinta y cinco años de condena, el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes.»

II. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN, ¿UNA CUESTIÓN PACÍFICA? 1. Sus orígenes en la legislación penitenciaria y penal La libertad condicional fue introducida en nuestro país por Ley de 23 de julio de 19142, «ante la necesidad de acomodar la legislación a los modernos criterios de ejecución de las penas» —según rezaba su Exposición de Motivos— y debido a su previsión en la mayor parte de naciones europeas3, demostrada su «bondad y eficacia para la corrección del culpable». Regulada en su art. 1 se establecía la libertad condicional para los penados sentenciados a más de un año de privación de libertad que se encontraran en el cuarto periodo de la condena —requisito que se repetirá en sucesivos textos penales— que hubieran extinguido las tres cuartas partes de aquella y que fueran «acreedores de a dicho beneficio por pruebas evidentes de intachable conducta y ofrezcan garantías de hacer vida honrada en libertad», pudiendo revocarse si en dicho periodo reincidía u observaba mala conducta. En lo que concierne a su naturaleza, el art. 5 establecía que la libertad condicional se concedería «como medio de prueba de que el liberado se encuentra corregido», subyaciendo el carácter moralista de la institución. No es hasta el Código Penal de 1928 cuando se regula por vez primera en el texto punitivo la libertad condicional, prevista para los condenados a penas de reclusión y prisión que llegaran al último periodo de su condena,

Si bien se considera un antecedente de la libertad condicional el programa progresivo implantado en el presidio de San Agustín en Valencia por su director Montesinos entre los años 1835 y 1850, que preveía en el último período la liberación del preso que hubiera dado muestras de actitud para el trabajo y buena conducta. Dicha práctica no fue generalizada al resto de presidios españoles y quedó como una experiencia aislada (TÉBAR VILCHES: El modelo de libertad condicional español, Navarra, 2006, pág. 44). Por otro lado, el trabajo exterior de los penados en la colonia penal de Ceuta, dedicado a obras municipales, obligó a la instauración de un período de gracia y recompensas que se tradujo en la tramitación de indultos parciales equivalentes, hasta la promulgación de la Ley de 1914, Vid. sobre el particular, GARCÍA VALDÉS, C. «Sobre la libertad condicional: dos o tres propuestas de reforma» en La Ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo, Tecnos, 2002, pág. 1065; TAMARIT SUMALLA, J. M.: Curso de Derecho penitenciario 2005, pág. 342. 3 Véase in extenso en RENART GARCÍA, con referencias bibliográficas: La libertad condicional: nuevo régimen jurídico (adaptada a la LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas). Madrid, 2003, págs. 39 y ss. 2

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con pruebas evidentes de intachable conducta. Se mantenían los requisitos previstos en la ley especial, siendo los reglamentos los que contemplaban la exigencia de redención de partes alícuotas así como la posibilidad de adelantamiento de su concesión. Podemos afirmar pues de lo expuesto que, hasta ese momento, la institución de la libertad condicional tenía un marcado carácter «premial» a modo de recompensa o concesión gracial. Con posterioridad, el Código Penal de 1932 incorpora nuevamente la exigencia de que el condenado lo sea a más de un año de privación de libertad, que se encuentren en el último periodo de la condena, extinguidas las tres cuartas partes de ésta, siendo acreedores de dicho beneficio por pruebas evidentes de intachable conducta. Cabe destacar que el legislador en la Exposición de Motivos se refiere expresamente a la ejecución de las penas, señalando que «las penas privativas de libertad se ejecutarán conforme al sistema progresivo teniendo por últimos períodos el de libertad intermedia y el de libertad condicional». A partir de aquí, el Código Penal de 1944 sigue una línea continuista respecto de los textos punitivos anteriores, siendo desarrollado el sistema progresivo en el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956 que lo dividía en cuatro fases: régimen cerrado, régimen ordinario, régimen abierto y libertad condicional. La redacción prevista en el CP de 1944 se mantiene en los textos punitivos posteriores —tanto en la revisión del Código en 1963 como en el texto refundido de 1973— si bien se configura como instrumento de naturaleza penitenciaria. Con la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979 se adopta el sistema de individualización científica (art. 72.1.) separado en grados, sin necesidad de que el interno pase obligatoriamente por todos los periodos del sistema, constituyendo la libertad condicional la última fase de cumplimiento de las penas de prisión, conforme determine el Código Penal. De suerte que el legislador considera que la libertad condicional es un grado penitenciario, en concreto el cuarto y último. Adicionalmente se observa un importante avance del inicial carácter moralista de la institución hacia objetivos resocializadores, con la previsión inicial en el párrafo primero de su artículo primero que establece que: «Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados». De forma que con dicha previsión se acentúa el mandato constitucional, recogido en el art. 25.2 de la Constitución Española de 1978 que dispone que las penas privativas de

La libertad condicional

libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La libertad condicional puede considerarse pues como un instrumento de naturaleza penitenciaria para la consecución de los ideales resocializadores de nuestro sistema penitenciario. Afirmada la vinculación de la libertad condicional con el fin resocializador, se impone en ámbitos doctrinales y jurisprudenciales4 la consideración de la libertad condicional como un derecho subjetivo del interno, siempre que cumpla los requisitos legales establecidos. No obstante, la regulación de la libertad condicional en distintos cuerpos normativos no está exenta de problemas, el principal la falta de armonización entre ambas legislaciones, la penitenciaria y la penal, problema que veremos perdura hasta nuestros días: de un lado, los textos prelegislativos que precedieron al Código Penal de 1995 ubican la libertad condicional en un capítulo titulado genéricamente «De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad», junto a la suspensión, aunque en secciones independientes, regulación que se mantiene tras la aprobación del Código Penal hasta su reforma de 2003, como a continuación se detallará. De otro, el Reglamento Penitenciario de 1996 (en adelante RP) regula la libertad condicional en el Título VIII junto a los beneficios penitenciarios, si bien en capítulos diferenciados. De lo expuesto puede apreciarse, tal y como reflejó GARCÍA VALDÉS5, impulsor y redactor de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la desorientación legislativa respecto a la naturaleza de la libertad condicional, lo que conduce a una heterogeneidad de posturas doctrinales acerca de si esta institución es una forma sustitutiva (Código Penal), un grado de ejecución o tratamiento (LOGP) o un beneficio penitenciario (RP). Pues bien, a mi juicio, su consideración como beneficio penitenciario está descartada por varios motivos, no solo porque el texto legal es inequívoco al calificar la libertad condicional como grado de tratamiento, sino porque entendemos que la regulación conjunta en el Título VIII del Reglamento Penitenciario no equivale a regulación unitaria6: el art. 202.2. RP no deja lugar a dudas: «Constituyen, por tanto, beneficios penitenciarios, el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular».

Criterio dominante en la VII Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Véase acerca de su configuración como derecho subjetivo, TÉBAR VILCHER: ob. cit., págs. 120 y ss. GARCÍA VALDÉS,: ob. cit., pág. 1066. RENART GARCÍA, F.: ob. cit., págs. 73 y ss.

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Algunas voces doctrinales7 se separan de la tesis que la vincula con el cuarto grado y otorgan prevalencia a la perspectiva de su función sustitutiva de la ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo a su ubicación sistemática en el Código Penal. Sin embargo es un número significativo de autores el que discrepa con la configuración de la libertad condicional como forma sustitutiva por cuanto esta institución no pretende evitar los efectos desocializadores de la prisión, que es lo que fundamenta en gran medida la suspensión y la sustitución —sino que el condenado que reúna los requisitos legales y demuestra una evolución pueda cumplir el último tramo de su condena en libertad, siendo pues ésta una forma de cumplimiento de la pena8. La imposición de reglas de conductas supuso su alejamiento del carácter premial para acercarse más a una libertad a prueba. En esta dirección, manteniendo la naturaleza de grado penitenciario y, dada la ubicación en el Código Penal, para impedir que pueda entenderse como forma sustitutiva de ejecución de las penas privativas de libertad, GARCÍA VALDÉS9 propuso la siguiente rúbrica del Capítulo III del Título III: «De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional», la cual fue incorporada por la LO 15/2003 de 25 de noviembre, de reforma del CP. En conexión con la cuestión de la naturaleza jurídica de la institución, el citado autor plantea la polémica acerca de si es posible, revocada la libertad condicional, volver a concederla. A este respecto, y con base a lo dispuesto en el art. 72.4 LOGP que afirma «En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor de su progresión», nada obsta, según el autor, para que, como cualquier otro grado penitenciario, pueda estar en él en diversos momentos de la condena.

MAPELLI CAFFARENA en MAPELLI/TERRADILLOS: Las consecuencias jurídicas del delito, 1996, pág. 145. BUENO ARÚS: «Los beneficios penitenciarios a la luz del CP y de la legislación penitenciaria vigente» en El nuevo Código Penal: libro homenaje a Torío, 1999, pág. 575. Entre otros, SÁNCHEZ YLLERA: en VIVES ANTÓN: Comentarios al CP de 1995, pág. 511. BARBER BURUSCO, S.: «La libertad condicional conforme a la LO 1/2015, de 30 de marzo: ¿Instrumento diseñado para prolongar el control penal»?, en Estudios penales y criminológicos, 2016, págs. 665 y ss. CERVELLÓ DONDERIS, V.: Derecho penitenciario, Valencia, 2016, págs. 319 y ss. GARCÍA VALDÉS, C.: ob. cit., pág. 1066.

La libertad condicional

2. La libertad condicional como modalidad de suspensión tras la reforma penal operada por LO 1/2015, de 30 de marzo La libertad condicional, regulada en los arts. 90 a 92 del Código Penal, sufre una sustancial modificación tras la reforma operada por LO 1/2015 dado que se elimina su condición de forma de cumplimiento y pasa a ser regulada como una modalidad de suspensión de la pena de prisión. El nuevo artículo 90 reza así: «El juez de vigilancia acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado cuando cumpla los siguientes requisitos…». Si bien se mantiene la rúbrica del Capítulo III del Título III: «De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional» y su previsión en secciones diferenciadas, con la reforma penal el régimen de la libertad condicional pasa a estar regulado, en gran parte, por remisión a la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena. Ello supone, sin duda, la desnaturalización de esta figura, anulando su carácter de cuarto grado como última fase de cumplimiento y, con ello, del sistema de individualización científica establecido por la legislación penitenciaria —como modelo de ejecución penitenciaria— hasta el momento no cuestionado ni por la doctrina ni por la praxis penitenciaria10, no habiendo propuestas de reforma de la institución objeto de estudio en este sentido. El único motivo que deja apuntado el legislador para sepultar los avances conseguidos en la materia es que la modificación de la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad pretende «incrementar la eficacia de la justicia penal», sosteniendo, en relación a las modificaciones en materia de libertad condicional que «se introducen mecanismos e instituciones que pretenden ofrecer una respuesta contundente a los delincuentes multirreincidentes», sin precisar cuales son. Probablemente está ya avanzando el endurecimiento de dicha institución por cuanto en casos de revocación se dispone que «el tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena» (artículo 90.6 del CP), pero en todo caso denota la falta de precisión técnica a la hora de justificar las reformas y es reflejo de una política criminal dirigida a un endurecimiento penal

Recuerdo la contundencia de GARCÍA VALDÉS refiriéndose a la «negativa reconversión de la libertad condicional en una modalidad de suspensión, craso error donde los haya» en las Jornadas penitenciarias celebradas en Segovia en marzo de 2016.

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innecesario si atendemos a las estadísticas que reflejan la disminución del número de delitos. Mas, como ya expusimos al comentar el Anteproyecto legislativo de reforma penal de 201211 la diferente naturaleza y fundamento de la libertad condicional y de la suspensión hacen muy difícil la asimilación de ambas figuras12: de entrada la libertad condicional se ha venido configurando como la última fase de cumplimiento de la pena de prisión del condenado cuando existe un pronóstico de reinserción favorable que permite el resto del cumplimiento en un régimen de libertad; la finalidad de la suspensión es otra: evitar el ingreso en prisión de delincuentes primarios cuando, cumplidos determinados requisitos, se entiende que ésta deviene innecesaria. A este respecto se ha afirmado como la reforma se proyecta desde una perspectiva errónea, al confundir ambas instituciones unificándolas en una única figura, perdiendo la esencia con la que surgió la libertad condicional, que no es otra que la conexión de los penados con la sociedad, acercándolos progresivamente a la libertad13. Otras son las diferencias que nos permiten mantener que la libertad condicional y la suspensión son dos instituciones diferentes, como es el órgano competente para su concesión: la suspensión de la pena sigue siendo competencia de jueces y tribunales en sentencia o cuando esta sea firme (art. 82 CP), mientras que en el texto finalmente aprobado se mantiene al Juez de Vigilancia Penitenciaria como el órgano competente para conceder la libertad condicional, eliminando la contradicción existente en el texto inicialmente proyectado que hacía referencia a dos órganos jurisdiccionales diferentes14. Sin embargo, el precepto sigue incurriendo en contradicciones que plantearán problemas de carácter procesal, dado

RODRÍGUEZ YAGÜE/GUISASOLA LERMA/ACALE SÁNCHEZ: «Libertad condicional: arts. 90, 91, 92 y 93» en Estudio crítico sobre el Anteproyecto de reforma 2012, pág. 384. En este sentido la mayoría de la doctrina manifestada a este respecto: entre otros, SALAT PAISAL, M.: «Libertad condicional» en Comentarios a la reforma penal de 2015 (dir. Por QUINTERO OLIVARES), págs. 189 y ss.; CERVELLÓ DONDERIS: Derecho penitenciario ob. cit., págs. 320 y ss. FERNÁNDEZ BERMEJO, D.: «La desnaturalización de la libertad condicional a la luz de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal» en La Ley Penal n. 115, julio-agosto, 2015, pág. 17. De un lado al Juez de Vigilancia Penitenciaria (JVP) para la concesión y de otro a los Jueces y Tribunales en relación a las variables a considerar para otorgar o no la misma, referencia a estos últimos que podía encontrar su justificación en la nueva naturaleza atribuida a la libertad condicional, como forma de suspensión de la pena —en tanto es a los que corresponde según el Código Penal la decisión sobre la suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad.