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VII CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO PONENCIAS Y CONCLUSIONES DEL CONGRESO SOBRE LAS REFORMAS DE 2018, ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA DIGITALES, CELEBRADO EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA EGAP, SANTIAGO DE COMPOSTELA, EN JULIO DE 2019
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
JORGE A. CERDIO HERRÁN
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
LUIS LÓPEZ GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
MARTA LORENTE SARIÑENA
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
JAVIER DE LUCAS MARTÍN
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
VÍCTOR MORENO CATENA
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
FRANCISCO MUÑOZ CONDE
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
ANGELIKA NUSSBERGER
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
HÉCTOR OLASOLO ALONSO
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
LUCIANO PAREJO ALFONSO
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
TOMÁS SALA FRANCO
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
IGNACIO SANCHO GARGALLO
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
TOMÁS S. VIVES ANTÓN
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
RUTH ZIMMERLING
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
VII CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO PONENCIAS Y CONCLUSIONES DEL CONGRESO SOBRE LAS REFORMAS DE 2018, ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA DIGITALES, CELEBRADO EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA EGAP, SANTIAGO DE COMPOSTELA, EN JULIO DE 2019
Coordinadores Miguel Abel Souto José Manuel Lorenzo Salgado Nielson Sánchez Stewart
tirant lo blanch Valencia, 2020
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Esta monografía se integra en el proyecto DER2018-093931-B-100 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía, Innovación y Universidades), Programa operativo FEDER 2014-2020 “Una manera de hacer Europa”
© Varios autores
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1355-214-9 MAQUETA: Innovatext Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice I. PONENCIAS A) Sección profesional, financiera, administrativa, constitucional, económica y tecnológica LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO AUTORREGULADOR PARA LA ABOGACÍA Y LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS RECONOCIDOS POR EL ARTÍCULO 27.1 DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera sección del congreso).......................................................................... 17
MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA EN RELACIÓN CON LOS PAÍSES DE ALTO RIESGO EN EL MARCO DE LA LUCHA ANTIBLANQUEO DEL RDL 11/2018, Daniel Eduardo Márquez Lasso y Amelia González Méndez............... 43 SOBRE LA CONFORMIDAD DEL CASTIGO POR AUTOBLANQUEO DE LAS GANANCIAS PROCEDENTES DEL DELITO FISCAL CON EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, José Manuel Iglesias Casais......................................................................................
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LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Mª Teresa Carballeira Rivera.............................................................................................. 103
EL REAL DECRETO-LEY 11/2018: PROBLEMAS CONSTITUCIONALES QUE PLANTEA, Antonio-Carlos Pereira Menaut..................................................................... 147 ESTADÍSTICAS SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA DE LA LEY DE 2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y SU REFORMA DE 2018, Mercedes Tato Rodríguez..................................................................... 167 PELIGROS QUE PARA EL BLANQUEO REPRESENTAN LAS LOTERÍAS Y LOS JUEGOS DE AZAR ELECTRÓNICOS SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, José Caamaño Alegre.............................................................................................................. 211
B) Sección penal EL BLANQUEO DE DINERO, LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA TITULARIDAD REAL SEGÚN LA DIRECTIVA 843/2018 Y EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección del congreso)..................................................................................................................... 235
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Índice
EL TIPO AGRAVADO DEL BLANQUEO POR PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN Y EL ACCESO DE LOS GRUPOS TERRORISTAS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES SEGÚN LA DIRECTIVA 843/2018. Miguel Ángel Núñez Paz...................................................................................................................... 273
EL USO DE LAS TARJETAS DE PREPAGO PARA EL BLANQUEO Y LA FINANCIACIÓN TERRORISTA Y LA DIRECTIVA 843/2018, Diego José Gómez Iniesta............. 295 EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES, Carlos Martínez-Buján Pérez............................................................................................... 331
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN ESPAÑA HASTA 2019, Carmen López Andión.............. 359 RELACIONES DEL BLANQUEO DE DINERO CON EL DELITO FISCAL Y LA TRIBUTACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, Juan José Nieto Montero........................... 391 EL COMPLIANCE Y LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL ART. 26 DE LA LEY 10/2010, MODIFICADO POR EL RDL 11/2018. SU INTEGRACIÓN EN EL MODELO DE COMPLIANCE PENAL CORPORATIVO (ART. 31 BIS Y SS. CP), Javier G. Fernández Teruelo................................................................................................. 423
EL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LOS DELITOS DESCRITOS EN LOS ARTÍCULOS 368 A 372 DEL CP Y LAS NUEVAS TENDENCIAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ADVERTIDAS POR LAS DIRECTIVAS DE 2018, José Manuel Lorenzo Salgado (relator general del congreso).......................................... 439
II. COMUNICACIONES LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO O LAVADO: ESPECIALIDADES PROPIAS ANTE UN FENÓMENO GLOBALIZADO, Jhésica Álvarez González...................................... 471 PROTOCOLO DE TOMA DE DECISIONES Y MODELOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS EMPRESAS EN RELACIÓN CON EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO, María Álvarez Rodríguez ............................................................... 477 PENAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN ARGENTINA, CHILE, ECUADOR, ESPAÑA, MÉXICO Y PERÚ, Laura Casal Fernández................................................................ 479 EL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO Y EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, Tomás Farto Piay............................................................................................. 485
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Índice
EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN ESPAÑA, Iván García González........ 487 EL ESTABLECIMIENTO DE CANALES PARA LA DENUNCIA DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Andrea Garrido Juncal....... 491 ALGUNAS INSUFICIENCIAS DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO, Daniel González Uriel.......................................................... 495 LOS FINES DE LA PENA DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO, Noa López Vidal.......................................................................................................................................... 501
LA EXPANSIÓN PUNITIVA EN RELACIÓN A LOS HECHOS PREVIOS EN EL BLANQUEO DE DINERO, Paula Mayo Caamaño............................................................. 505 BLANQUEO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL: ¿HAY UNA RELACIÓN VERDADERAMENTE JURÍDICO-PENAL ENTRE AMBOS?, Francisco Antonio Valdez Silva... 507
III. CONCLUSIONES A) Sección profesional, financiera, administrativa, constitucional, económica y tecnológica LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO AUTORREGULADOR PARA LA ABOGACÍA Y LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS RECONOCIDOS POR EL ARTÍCULO 27.1 DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO, Nielson Sánchez Stewart....... 513 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA EN RELACIÓN CON LOS PAÍSES DE ALTO RIESGO EN EL MARCO DE LA LUCHA ANTIBLANQUEO DEL RDL 11/2018, Daniel Eduardo Márquez Lasso y Amelia González Méndez............... 515 SOBRE LA CONFORMIDAD DEL CASTIGO POR AUTOBLANQUEO DE LAS GANANCIAS PROCEDENTES DEL DELITO FISCAL CON EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, José Manuel Iglesias Casais...................................................................................... 517 LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Mª Teresa Carballeira Rivera.................................................................................................................. 519
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Índice
EL REAL DECRETO-LEY 11/2018: PROBLEMAS CONSTITUCIONALES QUE PLANTEA, Antonio-Carlos Pereira Menaut..................................................................... 523 ESTADÍSTICAS SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA DE LA LEY DE 2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y SU REFORMA DE 2018, Mercedes Tato Rodríguez..................................................................... 525 PELIGROS QUE PARA EL BLANQUEO REPRESENTAN LAS LOTERÍAS Y LOS JUEGOS DE AZAR ELECTRÓNICOS SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, José Caamaño Alegre.............................................................................................................. 527
LOS CANALES DE DENUNCIA DEL RD-L 11/2018 Y EL LLAMADO DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS, Carlos Ruiz Miguel........................................................ 531
B) Sección penal EL BLANQUEO DE DINERO, LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA TITULARIDAD REAL SEGÚN LA DIRECTIVA 843/2018 Y EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, Miguel Abel Souto............................................... 537 EL TIPO AGRAVADO DEL BLANQUEO POR PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN Y EL ACCESO DE LOS GRUPOS TERRORISTAS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES SEGÚN LA DIRECTIVA 843/2018, Miguel Ángel Núñez Paz...................................................................................................................... 539
EL USO DE LAS TARJETAS DE PREPAGO PARA EL BLANQUEO Y LA FINANCIACIÓN TERRORISTA Y LA DIRECTIVA 843/2018, Diego José Gómez Iniesta............. 541 EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES, Carlos Martínez-Buján Pérez............................................................................................... 545
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN ESPAÑA HASTA 2019, Carmen López Andión.............. 547 RELACIONES DEL BLANQUEO DE DINERO CON EL DELITO FISCAL Y LA TRIBUTACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, Juan José Nieto Montero........................... 549 EL COMPLIANCE Y LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL ART. 26 DE LA LEY 10/2010, MODIFICADO POR EL RDL 11/2018. SU INTEGRACIÓN EN EL MODELO DE COMPLIANCE PENAL CORPORATIVO (ART. 31 BIS Y SS. CP), Javier G. Fernández Teruelo................................................................................................. 551
Índice
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DIFERENCIAS Y AFINIDADES ENTRE EL BLANQUEO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Juan Carlos Ferré Olivé............................................... 553 EL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LOS DELITOS DESCRITOS EN LOS ARTÍCULOS 368 A 372 DEL CP Y LAS NUEVAS TENDENCIAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ADVERTIDAS POR LAS DIRECTIVAS DE 2018, José Manuel Lorenzo Salgado...................................................................................................... 555
I. PONENCIAS
A) Sección profesional, financiera, administrativa, constitucional, económica y tecnológica
LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO AUTORREGULADOR PARA LA ABOGACÍA Y LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS RECONOCIDOS POR EL ARTÍCULO 27.1 DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO Nielson Sánchez Stewart Abogado Doctor en Derecho Ex Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española Relator de la sección profesional, financiera, administrativa, constitucional, económica y tecnológica
La Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, en la redacción dada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, establece en su artículo 6.3 que en el caso de los profesionales independientes del derecho, los Estados miembros podrán designar al organismo autorregulador de la profesión como la autoridad a la que se ha de informar de cualquier hecho que pudiera constituir indicio de blanqueo de capitales y, a tal efecto, establecerán las formas apropiadas de cooperación entre dicho organismo y las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales. En el concreto supuesto de los Abogados, sería de aplicación el artículo 9.1 a) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales cuando regula las competencias de los Consejos de Colegios, atribuyendo como función esencial a los Colegios Profesionales la de ejercer cuantas funciones le sean
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Nielson Sánchez Stewart
encomendadas por la administración y colaborar con ésta mediante la realización de actividades que sean propias de sus fines. El considerando 19 de la Directiva contenía la siguiente manifestación: “(19) La Directiva se refiere, por una parte, a “las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales” a las cuales deben notificarse las operaciones sospechosas y, por otra parte, a las autoridades que estén facultadas por disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las actividades de cualquiera de las instituciones o personas sujetas a lo dispuesto en la Directiva (“autoridades competentes”). Se sobreentiende que la Directiva no obliga a los Estados miembros a crear dichas “autoridades competentes” en caso de que no existan, y que los colegios de abogados y otros organismos autorreguladores de profesionales independientes no entran dentro del concepto de “autoridades competentes”.”
Agregando el considerando siguiente: “(20) En el caso de los notarios y profesionales independientes del ámbito jurídico, y para atender adecuadamente a la obligación de observar el secreto profesional que tienen con sus clientes, debe autorizarse a los Estados miembros a designar al colegio de abogados u otro organismo autorregulador de profesionales independientes como el organismo al que dichos profesionales deben notificar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Los Estados miembros deben determinar las normas por las que se regirá el tratamiento de estas notificaciones y su posible transmisión a las “autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales” y, en general, las formas apropiadas de cooperación entre los colegios de abogados u organismos profesionales y dichas autoridades.”
La Directiva de 2001 –Segunda Directiva– al modificar la Primera, entre otras disposiciones, sustituyó su artículo 6 que quedó del tenor siguiente: “Artículo 6 1. Los Estados miembros velarán por que las entidades, instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva y sus directivos y empleados colaboren plenamente con las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales: a) informando a dichas autoridades, por iniciativa propia, de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales; b) facilitando a dichas autoridades, a petición de éstas, toda la información necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación aplicable.
La creación de un organismo autorregulador para la abogacía y los órganos centralizados ...
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2. La información a que hace referencia el apartado 1 será remitida a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre situada la persona, entidad o institución que facilite dicha información. En principio, se encargarán de remitir la información la persona o personas que hayan sido designadas por las entidades, instituciones y personas, de conformidad con los procedimientos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 11. 3. En el caso de los notarios y otros profesionales independientes del Derecho contemplados en el punto 5 del artículo 2 bis, los Estados miembros podrán designar al organismo autorregulador pertinente de la profesión de que se trate como la autoridad a la que se ha de informar acerca de los hechos a que se refiere la letra a) del apartado 1 y, en tal caso, establecerán las formas apropiadas de cooperación entre dicho organismo y las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales.”1
Esta modificación fue consecuencia de la ampliación del elenco de sujetos obligados que, en su origen, estaba circunscrito a las entidades de crédito e instituciones financieras. Se había comprobado que “Los autores del blanqueo de capitales tienden a recurrir cada vez más a empresas no financieras. Esta tendencia se ve corroborada por los trabajos del GAFI sobre técnicas y tipología de blanqueo de capitales.”2
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El texto original de la disposición era: Artículo 6 Los Estados miembros velarán para que las entidades de crédito y las instituciones financieras, sus directivos y empleados, colaboren plenamente con las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales: – informando a dichas autoridades, por iniciativa propia, de cualquier hecho que pudiera ser indicio de un blanqueo de capitales; – facilitando a dichas autoridades, a petición de éstas, toda la información necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación aplicable. Las informaciones a que hace referencia el párrafo primero serán remitidas a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra situada la entidad que facilite dichas informaciones. Esta transmisión la realizarán, en principio, la persona o personas que hayan sido designadas por las entidades de crédito y las instituciones financieras de conformidad con los procedimientos contemplados en el punto 1 del artículo 11. Las informaciones que se faciliten a las autoridades, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero, podrán utilizarse únicamente para la lucha contra el blanqueo de capitales. No obstante, los Estados miembros podrán disponer que dichas informaciones puedan ser igualmente utilizadas para otros fines. Considerando 14 de la directiva.
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Nielson Sánchez Stewart
Así, se incluyó mediante la agregación a la Directiva de 1991 de un artículo 2 bis a las siguientes personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión: auditores, contables externos y asesores fiscales; agentes de la propiedad inmobiliaria; notarios y otros profesionales independientes del Derecho cuando participen: “a) ya asistiendo en la concepción o realización de transacciones por cuenta de su cliente relativas a: i) la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; ii) la gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes al cliente; iii) la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; iv) la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas; v) la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades fiduciarias, empresas o estructuras análogas; b) ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo (sic), en cualquier transacción financiera o inmobiliaria;”
También pasaron a ser sujetos obligados las “personas que comercian con artículos de valor elevado, como piedras y metales preciosos, u objetos de arte, subastadores, siempre que el pago se realice en efectivo y su cuantía sea igual o superior a 15000 euros” y los casinos. La Segunda Directiva fue traspuesta a la legislación interna por la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5. En dicha ley no se recoge ninguna mención a los organismos autorreguladores a pesar de que, como no podía ser de otra manera se amplió el número de sujetos obligados incorporándose a la lista, entre otros, a “Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales. d) Los notarios, abogados y procuradores… cuando: 1º. Participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; la organización de las aportaciones necesarias para