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REVISTA DE DERECHO Y POLร TICA

Tecnolรณgico de Monterrey

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Nº 18/ JUNIO 2016

JuríPolis REVISTA DE DERECHO Y POLÍTICA

CONTENIDO EDITORIAL JURISDICCIÓN AMBIENTAL: ¿ES NECESARIO CREAR TRIBUNALES AMBIENTALES? Manuel de Jesús CORADO DE PAZ EL CASO VENEZOLANO. ¿CONTROL DE CONVENCIONALIDAD O CONTROL DE LA CONVENCIÓN? Gonzalo Federico PÉREZ SALAZAR ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS SOCIEDADES POSTMODERNAS: ENTRE LAS GARANTÍAS Y LA EFICACIA Vicente Fernández Fernández José Agustín CELORIO GONZÁLEZ LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO Luis Antonio CORONA NAKAMURA Genaro HERNÁNDEZ VELAZCO DERECHO A LA SEGURIDAD HUMANA Y SEGURIDAD PÚBLICA: DESAFÍOS PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA David Alfonso MATA ALDANA LA TUTELA EFECTIVA DEL SUFRAGIO ACTIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD SIN CONDENA EN LA ARGENTINA. EL CASO “MIGNONE” Y EL ROL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Gustavo VIVO EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Fredy Alonso CUBILLOS POVEDA EL SISTEMA JURISPRUDENCIAL FRANCÉS Luz Maricela COELLO CERINO INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

DIRECTORIO Profesor David Noel Ramírez Padilla Rector del Tecnológico de Monterrey Ing. Alfonso Pompa Padilla Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México Dr. Pedro Luis Grasa Soler Director General, Campus Ciudad de México Dr. Julio E. Rubio Barrios Director de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales Dra. Iliana Rodríguez Santibáñez Directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales COMITÉ EDITORIAL Director Vicente Fernández Fernández Consejeros Mario I. Álvarez Ledesma (México) Manuel de Jesús Corado de Paz (México) Luis Andrés Cucarella (España) José Heriberto García Peña (Cuba) Gustavo López Montiel (México) Patricio Maraniello (Argentina) Luca Mezzetti (Italia) Wendy Molina Andrade (Ecuador)

Margarita Palomino Guerrero (México) Aníbal Quiroga León (Perú) Iliana Rodríguez Santibáñez (México) Karen Sigmond (Estados Unidos) Lázaro Tenorio Godínez (México) Sérgio Tibiricá Amaral (Brasil) Eduardo Andrés Velandia Canosa (Colombia)

JURÍPOLIS, Nº. 18, enero-junio 2016, publicación semestral. Editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cd. de México, a través de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, domicilio Av. Eugenio Garza Sada Nº. 2501, Col. Tecnológico, C.P. 64 849, Monterrey N.L., Editor Responsable Vicente Fernández Fernández, Datos de contacto: vff@itesm.mx, teléfono: (55) 54832294. Número de Reserva de Derechos 04-2014-041012312200-102 expedido la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN 2395-9827. El editor, no necesariamente comparte el contenido de los artículos y sus fotografías, ya que son responsabilidad exclusiva de los autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos publicados en este número sin la previa autorización que por escrito emita el editor.

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EDITORIAL Con este número 18 iniciamos una nueva etapa de Jurípolis, Revista de Derecho y Justicia, al ser Tirant Lo Blanch la editorial encargada del trabajo de edición, logrando con ello que la revista sea trabajada por una editorial de prestigio y con un servicio de consulta en línea que permitirá una mayor divulgación de las colaboraciones que se publican en la revista.

Los trabajos que ahora se publican, han pasado por un proceso de dictaminación que permite mantener la calidad y rigor académico que siempre ha caracterizado a Jurípolis y, asimismo, la pluralidad de las colaboraciones, al provenir de académicos e investigadores mexicanos y de otros países.

En el primero de los artículos, se hace un estudio y análisis sobre la necesidad de que se creen tribunales especializados en materia ambiental, en razón del grado de especialización que le caracteriza, así como la relevancia que día con día va adquiriendo en el derecho nacional e internacional.

La justicia constitucional y convencional ha tenido un desarrollo relevante en los últimos años. El trabajo que ahora se presenta, busca responder a la interrogante de si se trata de un control de convencionalidad o de un control de la convención, haciendo hincapié en el caso de la justicia venezolana.

El estudio de los derechos humanos ha sido un tema por demás explorado, de tal manera que en el artículo que ahora se publica, se observa un análisis desde una óptica diferente, en el sentido de plantearse si los mecanismos existentes están diseñados para hablar o no de un respeto y aplicación efectiva, o bien, si aún estamos en un problema real de eficacia de los derechos humanos.

En la democracia mexicana ha aflorado en los tiempos recientes un tema por demás relevante y trascendente: las candidaturas independientes. Expertos en el tema hacen un estudio puntual sobre su regulación y repercusión en el sistema político mexicano, sobre todo por la construcción de este tipo de candidaturas para la elección presidencial del año 2018.

Con una visión que tiene sus bases en El Salvador, se presenta un estudio por demás interesante, sobre la violencia que ha venido socavando el derecho a la seguridad humana y a la seguridad pública, no solamente en el país centroamericano objeto del estudio, sino prácticamente en toda Latinoamérica. El siguiente trabajo se mantiene en el mismo tenor, ahora desde el estudio de caso en Argentina, en donde se destaca la actuación de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, se cierra con una colaboración de Colombia, en la que se aborda el derecho al medio ambiente, de manera específica en el caso de las comunidades indígenas,

siendo un tema que es afín a varios países latinoamericanos, precisamente porque en la mayoría de ellos se han venido vulnerando los derechos de este tipo de comunidades.

Las siete colaboraciones que se incluyen en este número, acercan al lector al estudio de los derechos humanos y su eficacia, compartiendo las preocupaciones en México y otros países latinoamericanos.

Dr. Vicente Fernández Fernández Director de Jurípolis

Editorial

JURISDICCIÓN AMBIENTAL: ¿ES NECESARIO CREAR TRIBUNALES AMBIENTALES? Manuel de Jesús CORADO DE PAZ1

SUMARIO: I. Nota introductoria. II. ¿Qué es la jurisdicción ambiental? III. Costa Rica: El tribunal ambiental administrativo. IV. Bolivia: El tribunal agroambiental. V. El Salvador: Juzgados ambientales. VI. Chile: El tribunal ambiental. VII. El caso mexicano: ¿Es necesario crear un tribunal ambiental? VIII. ¿Un tribunal ambiental internacional? IX. Conclusiones. X. Fuentes de consulta.

I. NOTA INTRODUCTORIA Los problemas que se presentan en la materia ambiental, en los que la conflictiva de intereses es diversa y en los que las normas aplicables son rigurosamente técnicas, requieren de una atención especial por parte de los órganos encargados de conocer, revisar y dirimir las controversias, sin embargo, hasta este momento, son pocos los Estados que han contemplado la creación de órganos especializados que se aboquen a esta tarea.

En virtud de lo anterior, nuestro objetivo estriba en presentar, grosso modo, la manera en que algunos países latinoamericanos han construido una nueva realidad respecto a la jurisdicción ambiental, mediante la creación de órganos ubicados en diversas esferas y con particularidades que los distinguen, pero que comparten una preocupación: la necesidad de especialización en áreas tan complejas como lo es la materia ambiental.

Así pues, nuestro recorrido comprende cuatro realidades diversas, a saber: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, y Chile, que ya han colocado a la temática ambiental en un peldaño diverso en lo tocante a la jurisdicción y, por ende, respecto al acceso a la justicia; enseguida, abordaremos el debate que se ha suscitado en México respecto a la creación de tribunales ambientales y; finalmente, haremos referencia a algunas voces que se han escuchado recientemente, encaminadas a la creación de un tribunal ambiental de carácter internacional.

1

Doctor en Derecho Público. Director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores. Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Miembro Honorario de las Asociaciones Brasileña, Colombiana, Panameña y Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Correo electrónico: coradodepaz.manuel@ciijus.org

II. ¿QUÉ ES LA JURISDICCIÓN AMBIENTAL? En cuanto al término jurisdicción, se afirma que su raigambre latina proviene de jurisdictio–onis, poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes, o para aplicarlas en juicio. O bien, si se atiende a las voces latinas jus, derecho, recto y dicere, proclamar, declarar, decir, significa proclamar el derecho2.

Por su parte, el vocablo ambiental, se refiere al ambiente y éste, de acuerdo con Raúl Brañes3, debe ser entendido como un sistema, vale decir, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementos aislados, que constituyen el sistema. Esto implica, por otra parte, que el ambiente debe ser considerado como un todo, o como también suele decirse “holísticamente” (del griego holos, todo), pero teniendo claro que ese “todo” no es “el resto del Universo”, pues algo formará parte del ambiente sólo en la medida en que pertenezca al sistema ambiental de que se trate.

Sobre el particular, la ley marco en materia ambiental en México4 dispone que debemos entender por ambiente “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.

En consecuencia, la jurisdicción ambiental debe entenderse como la potestad que poseen ciertos órganos competentes del Estado para conocer, revisar y dirimir los conflictos que se suscitan en el ámbito del Derecho Ambiental.

En este tenor, cabe señalar que dicha jurisdicción, generalmente, ha sido ejercida de manera accesoria, sin embargo, como enseguida veremos, esta situación ha ido transformándose con el transcurso del tiempo, a grado tal que las discusiones ya no solamente se acotan a los espacios nacionales sino que han traspasado esas barreras, llegando así al ámbito internacional, pues los problemas ambientales no conocen fronteras, sin embargo, aún hay mucho por construir en este rubro.

III. COSTA RICA: EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO El Tribunal Ambiental Administrativo fue creado en 1995 mediante la Ley Orgánica del Ambiente (Ley Nº 7554) y comenzó sus funciones dos años después, en 1997, su sede se encuentra en San José, pero su competencia se extiende a todo el territorio nacional.

Este Tribunal es un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, tiene competencia exclusiva e independencia funcional en las atribuciones que desempeña; y 2

Flores García, Fernando, “Voz: Jurisdicción”, en Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo V I-J, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1172/10.pdf 3 Brañes, Raúl, Manual de derecho ambiental mexicano, segunda edición, México, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 20.

4 Véase artículo 3º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, última reforma publicada el 09 de enero de 2015, consultado el 30 de marzo de 2015, en http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_090115.pdf

Manuel de Jesús CORADO DE PAZ

sus resoluciones agotan la vía administrativa, es decir, son irrecurribles, y son de acatamiento estricto y obligatorio.

El Tribunal Ambiental Administrativo está conformado por tres miembros propietarios y tres suplentes nombrados por el Consejo Nacional Ambiental5, duran en sus funciones seis años y son juramentados por el Presidente del referido Consejo.

Los requisitos para ser miembro de este Tribunal exigen ser profesional con experiencia en materia ambiental, sin embargo, es suficiente con que un miembro propietario y su respectivo suplente, sean abogados.

El Tribunal debe realizar sus funciones tomando como referencia los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba. Además, cuando el caso planteado lo amerite, tiene la obligación de asesorarse por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental6; y puede ser asesorado por cualquier organismo, nacional e internacional o por personas físicas o jurídicas.

Este Tribunal es competente para i) conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; ii) conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; iii) establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; y iv) establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la Gestión Integral de Residuos y cualquier otra ley que así lo establezca (inciso adicionado por el artículo 58 aparte c) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010).

De esta manera, el Tribunal Ambiental Administrativo es el órgano especializado encargado de velar por el cumplimiento de la legislación relativa al ambiente y los recursos naturales en Costa Rica, tarea que lleva a cabo a través de dos mecanismos esenciales: la emisión de resoluciones sobre las denuncias recibidas, instruyendo de oficio o a instancia de parte, procedimientos ordinarios administrativos; y las barridas ambientales, que consisten en operativos realizados en regiones específicas en las zonas más críticas del país, con el fin de detectar problemas ambientales no denunciados por las comunidades, mediante los siguientes mecanismos: i) revisiones minuciosas de proyectos para determinar si se está cumpliendo con la legislación ambiental o no; y ii) exámenes sobre si la viabilidad ambiental solicitada se está respetando y corresponde con lo que se está ejecutando en el campo.

5

Órgano deliberativo y de consulta, con funciones de asesoramiento al Presidente de la República en materia ambiental.

6 Órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.

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IV. BOLIVIA: EL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia hace énfasis en la temática ambiental al disponer que la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras, constituye uno de los fines y funciones esenciales del Estado; y que uno de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, estriba en vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

Aunado a lo anterior, en su capítulo quinto, denominado “Derechos Sociales y Económicos” establece que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Cuyo ejercicio debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

De esta manera, en dicho Estado, cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Asimismo, dicho ordenamiento establece que la educación debe estar orientada a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien, refiriendo además que es un deber de las bolivianas y bolivianos proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.

Por lo que atañe a la jurisdicción, en el Estado Plurinacional de Bolivia existe un Tribunal Agroambiental, los requisitos para ser integrante de éste son los mismos que se exigen a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia7, además de contar con especialidad en estas materias y haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria, la profesión libre o la cátedra universitaria en el área, durante ocho años. Es menester señalar que en la preselección de los candidatos se garantizará la composición plural, considerando criterios de plurinacionalidad.

La elección de los Magistrados se lleva a cabo mediante sufragio universal. Para tal efecto, la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

Los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos; y serán elegidos los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. El Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos.

El Tribunal Agroambiental se rige por principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad; y sus atribuciones consisten en resolver los re-

7

Haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura.

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cursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales; conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales; conocer y resolver en única instancia los procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas; así como organizar los juzgados agroambientales.

V. EL SALVADOR: JUZGADOS AMBIENTALES En la República de El Salvador, mediante Decreto Nº 684 de fecha 22 de mayo de 2014, se erigió la jurisdicción ambiental a cargo, en primera instancia, de Juzgados Ambientales, y en segunda, de una Cámara Ambiental.

Dicho Decreto creó tres Juzgados Ambientales, uno con sede en San Salvador y con competencia para los Departamentos de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente, Cabañas, Chalatenango y La Paz; otro con sede en Santa Ana y con competencia para los Departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate; y uno más con sede en San Miguel y con competencia para los Departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután; así como una Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en San Salvador, con competencia a nivel nacional para conocer en grado de apelación de las sentencias y los autos que pongan fin al proceso en los Juzgados Ambientales de Primera Instancia, así como de las resoluciones que la ley señale expresamente. Además, es competente para conocer, en primera instancia, de las demandas que se incoen contra los funcionarios públicos y el Estado en su calidad de garante subsidiario.

Estos órganos tienen competencia exclusiva para conocer y resolver las acciones civiles de cualquier cuantía en las que se deduzca la responsabilidad civil derivada de actos que atenten contra el medio ambiente.

VI. CHILE: EL TRIBUNAL AMBIENTAL Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, su creación deriva del rediseño de la institucionalidad ambiental iniciada en 2008 con la creación del Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Ley Nº 20.417.

De esta manera, el 26 de octubre de 2009, el Ejecutivo se comprometió a presentar al Parlamento un proyecto a efecto de crear dicho tribunales, compromiso que fue cumplimentado el 28 de noviembre de esa anualidad.

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Los fundamentos presentados por la presidenta Michelle Bachellet al momento de entregar al Congreso el proyecto referido fueron los siguientes: “Desde otra perspectiva, consideramos que los elementos en juego a la hora de abordar la reforma a la institucionalidad y gestión ambiental son la certeza jurídica para la inversión; la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental. (…)

Los jueces cumplen un rol esencial en el sistema de contrapesos de un sistema democrático, pero también tienen un rol esencial e insustituible en la protección de los derechos de las personas.

Es decir, actúan como instrumentos al servicio de la democracia para limitar los desbordes del poder público, en especial de la administración en relación a las competencias conferidas por el legislador, y por la otra, como instrumento al servicio de la tutela de derechos, ahí donde la exigencia de tutela efectiva resulta indispensable.

Esto explica por qué resulta necesario crear un tribunal, pero concretamente el de un tribunal especializado. Medio Ambiente es un buen espacio para conjugar ese equilibrio. En él está en juego el bienestar de la comunidad, pero también el derecho de personas específicas que puedan verse afectadas por las decisiones de la autoridad pública.

Por tal motivo el Ejecutivo ha accedido a la creación de un Tribunal Ambiental, pero en el contexto de un acceso a una tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos en estas materias, de modo de no restringir su competencia solo al control de las decisiones de la Superintendencia, sino que también ampliarlo a todo el contencioso de la Ley Nº 19.300, permitiendo de ese modo, el igual acceso a la jurisdicción a todos los ciudadanos.”

Los Tribunales Ambientales fueron creados por la Ley Nº 20.600, publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de junio de 2012, su función es resolver las controversias medioambientales de su competencia, así como de aquellos que sean sometidos a su conocimiento por la Ley y están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

Estos Tribunales son órganos colegiados, se integran por tres ministros titulares (dos de ellos deben tener título de abogado, haber ejercido la profesión por lo menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Derecho Administrativo o Ambiental, el ministro restante debe ser un licenciado en Ciencias con especialización en materias medioambientales y por lo menos con diez años de ejercicio profesional) y dos suplentes (uno de ellos deberá tener título de abogado, haber ejercido la profesión por lo menos ocho años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Derecho Administrativo o Ambiental, el otro ministro deberá ser un licenciado en Ciencias con especialización en materias medioambientales y con ocho años de ejercicio profesional)8, todos nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, de una nómina propuesta por la Corte Suprema.

El cuerpo legal invocado con antelación creó tres Tribunales Ambientales, distribuidos geográficamente, con la competencia territorial que en cada caso se indica: i) Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta, y con competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo (norte del país); ii) Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Santiago, y con competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del 8

En la primera composición del Tribunal un ministro titular era Ingeniero Comercial, y un suplente, Ingeniero Civil, conformación que aún se mantiene.

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Libertador General Bernardo O’Higgins y del Maule (centro del país); y iii) Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia, y con competencia territorial en las regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena (sur del país).

Los Tribunales Ambientales son competentes para i) conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación; ii) conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado; iii) conocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente; iv) autorizar medidas provisionales, así como suspensiones y las resoluciones de la Superintendencia que apliquen algunas sanciones; v) conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo; vi) conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros o Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando sus observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental; vii) conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los actos administrativos que dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, cuando estos infrinjan la ley, las normas o los objetivos de los instrumentos señalados; viii) conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental.

VII. EL CASO MEXICANO: ¿ES NECESARIO CREAR UN TRIBUNAL AMBIENTAL? En México se ha hecho manifiesta la necesidad de establecer una jurisdicción ambiental, a través de la creación, en el ámbito federal, de un Tribunal Ambiental, así como de tribunales ambientales locales, debido a la falta de especialización existente en esta área, dado el carácter técnico e interdisciplinario del derecho ambiental.

Neófito López Ramos9, tomando como punto de partida lo dispuesto en la primera parte del párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”, refiere que la creación de tribunales ambientales es una obligación del Estado, pues el derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental al encontrarse consagrado en el artículo 4º, párrafo quinto, de nuestra Constitución, aunado a ello cabe señalar que 9

Cfr. López Ramos, Neófito, El acceso a la justicia ambiental y la necesidad de crear un tribunal ambiental, disponible en: http://ceja.org.mx/IMG/Articulos_26_El_acceso_a_la_justicia.pdf JuríPolis

derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de febrero de 2012, el texto de dicho numeral establece que el Estado debe garantizar ese derecho, situación que viene a robustecer lo anteriormente expresado, pues para hacer efectivo un derecho se requiere contar con la vía procesal correspondiente, así como con un tribunal que dirima la controversia.

Además, dicho autor señala que la necesidad de crear un tribunal ambiental deriva de la insuficiencia que ha demostrado la actividad administrativa de regulación de la política ambiental y de su aplicación por sí y ante sí, aunado a ello refiere que estamos ante una demanda que se extrae de la realidad social, pues el desarrollo nacional integral y sustentable a que alude el artículo 25, primer párrafo, de nuestro máximo ordenamiento se vincula de manera irrestricta a la protección del ambiente.

En este tenor, en años recientes, esta propuesta llegó nuevamente al Senado, considerando la creación de un tribunal ambiental ubicado dentro del Poder Judicial de la Federación, y conformado con magistrados especializados y cinco salas regionales, en igual número de circunscripciones territoriales; sin embargo, es necesario señalar que desde el encuentro internacional de derecho ambiental Cambio Climático y Sustentabilidad COP 16 y Rumbo a Río +20, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comentó que en reuniones internacionales sobre esta materia habían surgido ideas relativas a la creación de un tribunal especializado; y ya en 2003, el entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante la inauguración del II Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, propuso analizar la creación de tribunales ambientales en México.

Si bien es cierto la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reformó el artículo 23 de su Reglamento Interior, para incorporar en su fracción III, una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, con sede en el Distrito Federal, este hecho constituye solamente un peldaño para la consolidación de la jurisdicción ambiental, tal como ocurre con la creación de Juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental, derivada de la publicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, vigente a partir del 7 de julio de 2013, cuyo artículo tercero transitorio dispone que tales juzgados deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de su entrada en vigor; sin embargo, la tarea principal aún sigue pendiente y consiste en configurar un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de impartir justicia en materia ambiental, no de manera accesoria, la trascendencia de la materia lo amerita al ser el ambiente un presupuesto para el ejercicio de nuestros derechos.

VIII. ¿UN TRIBUNAL AMBIENTAL INTERNACIONAL? Jorge Rivero Evia10 refiere que la jurisdicción supranacional11 es la potestad dimanante de una porción de soberanía que un Estado nacional cede en favor de un órgano judicial

10

Rivero Evia, Jorge, “Voz: Jurisdicción supranacional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola, Figueroa Mejía, Giovanni A. (Coords.), Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo II, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3633/8.pdf

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erigido más allá de las fronteras estaduales, que presenta las siguientes características: i) se genera a través de un acto de derecho internacional (resolución o tratado); ii) se ejerce por conducto de tribunales o cortes, integradas por jueces o magistrados independientes; c) su función es la realización del derecho (principalmente convencional) en el caso concreto juzgando de modo complementario e irrevocable.11 En este tenor, los tribunales arbitrales ad hoc, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en temas relativos a la protección de la fauna y la explotación marinas, la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Asuntos Ambientales o Cámara del Medio Ambiente12 en la Corte Internacional de Justicia, así como el sistema reglamentario de disputas de la Organización Mundial del Comercio, son muestra fehaciente del desarrollo de la justicia ambiental internacional, sin embargo, carecen de la especialización en sentido estricto.

Tratándose de la Corte Internacional de Justicia, dado que su competencia es de carácter general y obligatoria en materia contenciosa en la jurisdicción que le fuera conferida por los Estados, y que puede emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que le solicite cualquier organismo internacional, o del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ha intervenido emitiendo opiniones consultivas de gran trascendencia en materia ambiental13 y se ha pronunciado en algunos casos, sin embargo, pese a las expectativas que generó la creación de la Cámara del Medio Ambiente, su actuación en este tema ha sido limitada debido a las dudas sobre la voluntad de los Estados así como a la poca participación de la sociedad civil.

De acuerdo con Edgardo Torres López14, las propuestas para constituir un Tribunal Ambiental, datan de 1992, cuando el Dr. Amedeo Postiglione, Juez de la Corte de Casación Italiana, presentó para su discusión en un seminario realizado en Río de Janeiro, Brasil, en el “Forum Global 92”, en el marco de la Conferencia Paralela con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de Junio de 1992, la iniciativa de constituir una Corte Internacional de Justicia para el Ambiente15.

En Latinoamérica se han escuchado diversas voces en el sentido de considerar la necesidad de crear un Tribunal de esta naturaleza, recientemente, en el marco de la II Conferencia de los Pueblos que tuvo verificativo en Cochabamba, Bolivia, y previo a la COP21 de París,

11

Sergio García Ramírez refiere que la existencia de órganos jurisdiccionales internacionales, supranacionales o transnacionales es relativamente reciente.

12 Creada en virtud del artículo 26, apartado 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuyo tenor es el siguiente: “1. Cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir una o más Salas compuestas de tres o más magistrados, según lo disponga la propia Corte, para conocer de determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito y las comunicaciones”.

13 Entre ellas destaca la relativa a la protección del ambiente en tiempos de guerra.

14 Torres López, Edgardo, Por un Tribunal de Justicia Ambiental Internacional, disponible en: http://www. ejal.org/index.php/es/ult-noticias/437-articulo-qpor-un-tribunal-de-justicia-ambiental-internacionalq. html 15 Dicha iniciativa quedó registrada en la publicación “The Global Village Without Regulations: Ethical, Economical, Social and Legal motivations for an International Court of the Environment”.

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los participantes discutieron la creación de un tribunal internacional para juzgar delitos ambientales16.

Sobre el particular, Baltasar Garzón, jurista y ex magistrado español, pugnó por crear una Corte Penal de Justicia Climática, sin embargo, como dicha implementación llevaría tiempo, consideró conveniente incorporar el delito de “ecocidio17” en el Estatuto de Roma18, toda vez que el artículo 8, apartado 2, inciso b), fracción iv, de dicho Estatuto ya hace alusión a la destrucción medioambiental, pero en el marco de un conflicto armado, al señalar que se entiende por “crímenes de guerra”, otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, entre los que se encuentran lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea; aunado a que el numeral 7, apartado 1, inciso k), entiende por “crímenes de lesa humanidad” otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

IX. CONCLUSIONES Al llegar a este apartado es necesario enfatizar la evolución que hemos atestiguado en la temática que nos concierne, poco a poco los Estados han comenzado a comprender la necesidad de especializar a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las controversias que se suscitan en la materia ambiental, dada las características propias de la disciplina jurídica específica, principalmente las referidas a su carácter técnico e interdisciplinario.

Así, las realidades representadas nos demuestran ese devenir, transitando de lo administrativo a lo jurisdiccional, de lo accesorio a lo principal. Sin duda los esquemas planteados han configurado escenarios sui generis, como es el caso de la composición de algunos tribunales ambientales, en los que no todos sus integrantes son abogados.

La creación de tribunales ambientales es más que necesaria, el ambiente es un presupuesto de los derechos humanos y su universo es demasiado amplio y complejo para ser abordado de manera accesoria, como una materia más; además, la importancia de los elementos que se vinculan con esta materia, de la que nosotros mismos formamos parte, lo amerita.

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Bolivia presentaría en la COP21 de París dos alternativas relacionadas con el acceso a la justicia ambiental: la creación de un tribunal independiente o, en su defecto, la implementación de una instancia en la Corte de La Haya especializada en materia ambiental. Además la defensa de la Madre Tierra.

17 Ataques medioambientales que causan o pueden causar miles de víctimas.

18 Este documento reconoce los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Véase artículo 5, apartado 1, del Estatuto de Roma Manuel de Jesús CORADO DE PAZ

Sin embargo, en el caso de México, nuestra postura consiste en que la creación de los tribunales ambientales debe tener lugar dentro del Poder Judicial, tanto federal como local, dada la concurrencia de facultades en esta materia, no en el ámbito del Poder Ejecutivo; además, consideramos que su composición requiere de profesionales del Derecho, por lo que sus integrantes deben ser abogados, sin que esto sea óbice para dotar a los juzgadores de especialistas en otras áreas vinculadas que coadyuven con su labor, proveyendo información de carácter técnico.

Finalmente, por lo que atañe a la creación de un tribunal ambiental de carácter internacional, recordemos que el Derecho Ambiental no nació en el ámbito local sino en el internacional, aunado a que los problemas ambientales no se circunscriben a un territorio específico, por el contrario, sus efectos traspasan las fronteras políticas, por ende, la creación de un tribunal de esta naturaleza, diverso a los existentes, vendría a llenar un vacío en este contexto, dado que en muchas ocasiones las leyes y órganos nacionales se ven superados por el carácter sistémico del medio ambiente.

X. FUENTES DE CONSULTA DE INTERNET CORADO DE PAZ, Manuel de Jesús, ¿Tribunales Ambientales?, disponible en: http://www.diariodechiapas.com/opinion/el-cristalazo/17067-tribunales-ambientales FLORES GARCÍA, Fernando, “Voz: Jurisdicción”, en Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo V I-J, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1172/10. pdf LA RAZÓN, Sociedad, Entrevista, Baltasar Garzón: Se debe incluir el ecocidio para proteger el ambiente, disponible en: http://www.la-razon.com/sociedad/Entrevista-Baltasar_Garzon-incluir-ecocidio-proteger-ambiente_0_2361363876.html LÓPEZ RAMOS, Neófito, El acceso a la justicia ambiental y la necesidad de crear un tribunal ambiental, disponible en: http://ceja.org.mx/IMG/Articulos_26_El_acceso_a_la_justicia.pdf OLIVEIRA DO PRADO, Rafael Clemente, “La ecologización de la Corte Internacional de Justicia”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, 2011, pp. 45-76, Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=402740626002 RIVERO EVIA, Jorge, Voz: Jurisdicción supranacional, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, MARTÍNEZ RAMÍREZ, Fabiola, FIGUEROA MEJÍA, Giovanni A. (Coords.), Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo II, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/ libros/8/3633/8.pdf TORRES LÓPEZ, Edgardo, Por un Tribunal de Justicia Ambiental Internacional, disponible en: http:// www.ejal.org/index.php/es/ult-noticias/437-articulo-qpor-un-tribunal-de-justicia-ambiental-internacionalq.html

LEGISLACIÓN Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Orgánica del Ambiente (Ley Nº 7554). Disponible en: http://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/costa_rica/costarica_7554.pdf

JuríPolis

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Decreto Nº 684, disponible en: http://www. asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/creanselos-tribunales-ambientales/archivo_documento_legislativo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917, última reforma publicada el 10 de julio de 2015, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, disponible en: http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, disponible en: http://www.un.org/es/documents/icjstatute/ Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, disponible en: http://www.un.org/spanish/law/icc/ statute/spanish/rome_statute(s).pdf Ley Nº 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, publicada el 26 de enero de 2010, última modificación el 28 de junio de 2012, Ley. Nº 20.600.

Ley Nº 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, publicada el 28 de junio de 2012, última modificación el 05 de enero de 2016, Ley Nº 20880.

SITIOS WEB Tribunal Administrativo Ambiental, disponible en: http://www.tribunalambiental.net/index.php Tribunal Ambiental, disponible en: http://www.tribunalambiental.cl/2ta/

Manuel de Jesús CORADO DE PAZ

EL CASO VENEZOLANO. ¿CONTROL DE CONVENCIONALIDAD O CONTROL DE LA CONVENCIÓN? Gonzalo Federico PÉREZ SALAZAR1

SUMARIO: I. Introducción. II. Breves nociones sobre el control de convencionalidad. III. El control de convencionalidad en Venezuela. IV. Del diálogo judicial. V. Al falso diálogo en Venezuela. VI. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN En un mundo globalizado2, como el actual, es usual ver un gran esfuerzo por los distintos actores en esa ecuación por la utilización de un lenguaje común que permita el entendimiento básico en temas esenciales como política, comercio, comunicaciones, ambiente, internet, cultura, bioética, derechos humanos, entre otros3. Es fácil entender esa predisposición de mantener una aparente uniformidad lingüística en los derechos humanos, por ser resultado de una de sus principales características, a saber, su universalidad4.

Lo anterior nos sitúa en un contexto de rápida, necesaria y expansiva interacción entre los distintos sujetos que intervienen en los sistemas internacionales, regionales o nacionales de protección de los derechos humanos, que a los fines del presente trabajo se puede dar de dos maneras, que no las únicas. La primera de ellas se patentiza con la recepción

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Coordinador de la Especialización en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Monteávila.

Director del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monteávila.

Profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Monteávila y del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

2 Zagrebelzky, Gustavo; El juez constitucional en el Siglo XXI; en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2725/7.pdf. En el plano constitucional sostiene que la globalización es la “condición por el que acontecimientos lejanos y cadenas casuales del más variado género, producen consecuencias para la protección local de los bienes constitucionales y viceversa”.

3 Esa forma de lenguaje común se plasma en códigos modelos, encuentros académicos, redes sociales, convenios internacionales o regionales, blogs, bases de datos, diccionarios, etc.

4 Claro está que en materia de derechos humanos más allá de la uniformidad del lenguaje, lo más importante es la protección efectiva.

de las interpretaciones que las altas cortes internacionales hacen sobre el tratado que las soporta, por parte de las altas cortes nacionales y demás tribunales nacionales, lo que se ha denominado recientemente (en el Sistema Interamericano) como el “control de convencionalidad”. La segunda, se verifica cuando se produce un “diálogo judicial” entre altas cortes internacionales, entre altas cortes internaciones y altas cortes nacionales o entre altas cortes internacionales y los tribunales nacionales, que puede conducir, a su vez, en lo que la doctrina, mayormente angloamericana, ha denominado como el préstamo constitucional (borrowing), circulación jurisprudencial, trasplantes legales (legal transplantation) o cruces de fertilización (cross-fertilization).

En la mayoría de los casos ese diálogo judicial tiene por finalidad lograr esa ansiada uniformidad en el tratamiento de aspectos medulares sobre los derechos humanos, en otros sirve como prevención ante futuras regulaciones internas de aspectos previamente resueltos. En todo caso, el diálogo judicial es necesario y aunque en la mayoría de las veces es positivo, en algunos casos sirve como alerta o llamados de atención5.

El objeto del presente trabajo es evidenciar el tratamiento que le ha dado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (SC-TSJ) a los temas del control de convencionalidad, propios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y al diálogo judicial —o falso diálogo— que ésta ha mantenido recientemente, en el marco de la denuncia realizada por el Gobierno de Venezuela de la Convención Ame-

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En ese orden de ideas, puede citarse las opiniones adicionales y concurrentes de algunos Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en el Expediente 15-0083910007-CO, Resolución Nº 2015011568, con ocasión del Recurso de Habeas Corpus que intentó la defensa de un ciudadano Venezolano-Croata para evitar su extradición a Venezuela. Se puede consultar en: http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&cmbDespacho=0007&txtAnno=2015&strNomDes pacho=Sala%20Constitucional&nValor2=644651&lResultado=1&lVolverIndice=IndiceDespSent &param01=Sentencias%20por%20Despacho&param2=60&strTipM=T&strDirSel=directo. En ese fallo justiciaron la negativa de extradición de un ciudadano a Venezuela, por los siguientes motivos: “1. El hecho que Venezuela haya denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye una amenaza grave al respeto efectivo de los derechos fundamentales. Un país que adopta una política que reduce los instrumentos que tutelan derechos fundamentales, tanto en su dimensión individual como social, no brinda las garantías y la confianza que requiere un proceso de extradición. Enviar a un ciudadano a un país que ha denunciado una Convención que tutela derechos fundamentales, no brinda la confianza suficiente para admitir que el ciudadano que se entrega a otra jurisdicción, será tratado conforme a las garantías básicas que merece cualquier ciudadano, no importa su nacionalidad.

Estimo que esta denuncia del Pacto de San José abre una serie de interrogantes que no me brindan una razonable convicción en el sentido que este ciudadano sometido a este proceso de extradición, se le dará el reconocimiento efectivo de todas sus garantías judiciales en un sentido amplio. El poder penal requiere la vigencia efectiva del derecho internacional de los derechos humanos, lo que no se aprecia en este caso. Por eso el informe del Consejo Económico y Social (E/c.12/Ven./CO3) del 19 de junio señala su preocupación por dicha denuncia, porque puede afectar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

2. El segundo punto es de gran relevancia, es el tema de la independencia de la judicatura; diversos informes señalan una debilidad notable de la independencia de la judicatura, situación que nuevamente no asegura el respeto de los derechos fundamentales de una persona sometida a un procedimiento de extradición, en las condiciones del caso que se examina (…)”.

Gonzalo Federico PÉREZ SALAZAR

ricana de los Derechos Humanos (CADH). Para lograrlo debo responder a las siguientes interrogantes: ¿Los tribunales venezolanos aplican el control de convencionalidad?, ¿Cuál ha sido el efecto práctico de la denuncia de la CADH por parte del Gobierno de Venezuela, respecto de la aplicación de la convención?, ¿Cómo ha sido la recepción de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) contra Venezuela, por parte de sus tribunales?; ¿Se ha roto el diálogo judicial entre la Corte IDH y los tribunales venezolanos?

Reconozco que no son temas sencillos y que son polémicos, en razón de que nos sitúa en una pugna entre materias propias del Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derechos humanos, por lo que debe ser abordado desde una óptica multidisciplinaria, pues tocan temas como el de soberanía, cumplimiento de obligaciones internacionales, ius cogens, pacta sunt servanda, sistema de fuentes del derecho, argumentación e interpretación, separación de poderes y jurisdicción.

Parar lograr el objetivo, lo dividiré en cuatro partes. En la primera de ellas, presentaré algunas consideraciones básicas sobre el control de convencionalidad, partiendo de la base de su creación pretoriana por la Corte IDH, su desarrollo doctrinario y su acogida en el sistema. En la segunda, abordaré el tema de la recepción por parte de la SC-TSJ, con ocasión de tres sentencias dictadas por la Corte IDH, que fueron declaradas inejecutables mediante la creación de una suerte de control de la Convención. En la tercera, presentaré algunas nociones sobre el “diálogo judicial”, a propósito de las experiencias que la doctrina foránea ha conseguido en casos específicos de cortes internacionales y tribunales nacionales. En la cuarta, abordaré el tema del falso diálogo entre cortes, como resultado de la aplicación solapada del control de la convencionalidad por parte de la SC-TSJ, a pesar de la denuncia que formuló el Gobierno de Venezuela de la CADH. Es necesario advertir al lector que al abordar la temática propuesta lo podrá enfrentar con el derecho visto al revés, parafraseando con ello el libro de Eduardo Galeano. A pesar de ello, considero indispensable que se conozca la realidad del tratamiento de estos temas en Venezuela y me consideraré satisfecho si con ello pude prevenir nuevos intentos de desconocimiento del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

II. BREVES NOCIONES SOBRE EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD El criterio mayormente acogido por la doctrina le atribuye el origen del control de convencionalidad a la propia jurisprudencia de la Corte IDH, en un primer momento, producto de las consideraciones expuestas en dos votos concurrentes del Juez Sergio Ramírez García en el caso: Myrna Mack Chang vs Guatemala, de 25 de noviembre de 2003, reiterado en el caso: Tibi vs Ecuador, de 7 de septiembre de 2004, y formalmente acogida por la mayoría de ese cuerpo colegiado en el caso: Almonacid Arellano vs Chile, de 26 de septiembre de 20066.

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Ese criterio fue reiterado en otros casos, entre los cuales destaco: Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, de 24 de JuríPolis